Rectificaciones
sobre el origen de la guerra civil
I. LA
MODERACIÓN DE LA CEDA
¿Cuál fue la actitud de la CEDA? Esta cuestión, y la
de su (improbable) equiparación con la democracia
cristiana posterior a la II Guerra Mundial, han suscitado
bastante estudio, ya que es una de las claves de la
historia de esos años. Que no era un partido
democrático, o no plenamente, lo reflejan frases como
éstas de Gil-Robles: «De la facilidad con que pude
actuar en el Parlamento han deducido muchos que soy un
parlamentarista decidido y contumaz. ¡Qué poco me
conocen los que tal dicen! Quienes me veían asistir con
ininterrumpida asiduidad a las tareas de la Cámara,
intervenir en los debates, promover incidentes,
interpelar a los ministros y provocar tumultos no
hubieran comprendido la violencia inmensa, la repugnancia
casi física que me causaba actuar en un medio cuyos
defectos se me revelaban tan palpables. Mi formación
doctrinal, mis antecedentes familiares, mi sensibilidad
se rebelaban a diario contra el sistema en que me veía
obligado a actuar». Aunque no se rebeló. Tomo la cita
de S. Carrillo, quien la usa para mostrar la peligrosidad
fascista de Gil-Robles, blasonando él, a su vez, de
perfecto demócrata1.
Frases como ésta las compensa el líder cedista con
otras de sentido opuesto en las que se presenta como un
educador de la derecha en el espíritu democrático.
Gil-Robles atacó entonces pocas veces de palabra al
parlamentarismo, y ninguna de obra. Carrillo, y el PSOE
lo atacaron muy reiteradamente de palabra y de obra: no
sufrían el vicio del «cretinismo parlamentario» ni las
«ilusiones democráticas» como se decía expresivamente
en el lenguaje marxista.
La CEDA era, más que un partido, un conjunto de ellos,
como su nombre indica (confederación de derechas), y
abarcaba diversas posiciones, con el denominador común
de la defensa -legalista- de la religión, la propiedad
privada, la familia y la unidad española. La
orientación doctrinal la marcaba El Debate, su órgano
oficioso, muy ligado a la Iglesia. Las ideas sociales de
la CEDA se inspiraban en encíclicas papales como la
Rerum Novarum de León XIII.
Para realizar su ansiada armonía, los gilroblistas
pensaban en un sistema corporatista o corporativista, no
bien definido, cifrado en una intervención decisiva del
Estado en la vida económica y social. El ideal
corporativo sería una evolución necesaria de las
democracias en crisis, e integraba a la CEDA en una
amplia corriente derechista internacional, que iba desde
los fascismos o el corporatismo portugués a tendencias
conservadoras británicas y hasta liberales
norteamericanas. El diario cedista juzgaba positivamente
el New Deal rooseveltiano2. Y tratando de conciliar
democracia y corporatismo, El Debate expresaba el deseo
de que la evolución española siguiera el camino de la
británica3.
En marzo de 1933, en Barcelona, Gil-Robles afirmó su
«discrepancia radical del fascismo en cuanto a su
programa, en cuanto a las circunstancias en que aparece y
en cuanto a la táctica que lo inspira»4.
La CEDA creía defendible su ideario tanto en república
como en monarquía, sin especial fervor por ésta, ya que
«el 12 de abril no sólo cayó la Monarquía española,
cayó todo un sistema social y político que estaba
minado en su base, que estaba totalmente podrido».
También quería salvaguardar la tradición neutralista
hispana ante las contiendas europeas5.
En la CEDA convivían fuerzas diversas, algunas
extremistas, así como minorías abiertamente
republicanas. Igual que en los demás partidos, las
juventudes formaban el sector más radicalizado, con sus
lemas autoritarios y gestos de corte o similitud
fascista, tan subrayados en muchas historias. Y admite
Gil-Robles citándoles: «Somos antiparlamentaristas...
el bien común no puede ser interpretado a través de la
asamblea elegida por un sufragio universal
inorgánico»6. Pero la práctica, ya lo hemos observado,
era diferente: ni milicias, ni desfiles de uniforme, ni
acciones violentas o sabotajes a las concentraciones de
partidos contrarios, ni asesinatos o detenciones
ilegales, ni espionaje sobre las ideas.
La CEDA, en fin, sin ser un movimiento democrático,
puede considerarse más cerca de serlo que el PSOE e
incluso que las izquierdas republicanas.
En tales condiciones, ¿podría funcionar la democracia?
Quizá. Una vez establecidas las reglas del juego, la
disciplina de las urnas y el control mutuo entre los
partidos tienden a consolidar el sistema y a relegar a un
nebuloso porvenir las aspiraciones utópicas, hasta
marginarlas. El plan de Lerroux de atraer a la CEDA al
juego republicano, no parece en absoluto descabellado.
Pero la historia siguió otro camino y las reglas fueron
rotas, a causa de la ilusión socialista de que había
llegado la oportunidad para alcanzar sus ideales de
«emancipación proletaria».
II. LA CARICATURIZACION DE LA CEDA
Esta visión de la CEDA choca de tal modo con opiniones
muy divulgadas, que requieren una consideración
crítica. Tratar a aquélla de fascista está hoy
desacreditado, pero todavía historiadores como W.
Bernecker, en su libro Guerra en España (1996), rechazan
la tesis de la moderación de la CEDA, defendida por R.
Robinson, y prefieren la autoridad de José R. Montero y
de P. Preston, que sostienen lo contrario. Montero
elaboró un estudio sociopolítico en dos tomos, en los
que, desde el marxismo, estigmatiza la identificación de
la CEDA con «el modo de producción capitalista» y su
supuesta fascistización durante 1934. En los años 60 y
70 proliferaron en España los estudios según
metodologías marxistas, o que así se presentaban, y
llamados, con cierta mofa, «marxismo cañí». Conviene
señalar, no obstante, que la derecha solía mirar esos
estudios con respetuoso temor intelectual. Por desgracia,
aquella vasta marxistización del pensamiento no dejó
ninguna idea u obra de alguna envergadura, declinó sin
pena ni gloria y terminó esfumándose entre el polvo
levantado por la caída del muro de Berlín. Pero es
Preston quien ha mantenido con mayor insistencia la idea
de una CEDA fascista, por lo que será tratado aquí con
algún detenimiento.
En su obra La destrucción de la democracia en España,
el británico apoya la pretendida creencia socialista de
que la CEDA tenía peligrosidad similar a la del
hitlerismo, y avala a Largo y a Prieto, dejando a
Besteiro malparado como iluso o algo peor. Podría
creerse que, al igual que en otros contenciosos
historiográficos, la visión obtenida dependerá del
tipo de citas a que se acuda, o de los datos
seleccionados en abono de una u otra tesis, pues en la
Historia, es sabido, se encuentra de todo. Pero no parece
que éste sea el caso. Más bien da la impresión de que
las tesis de La destrucción de la democracia sólo se
mantienen a costa de omisiones e ilogismos excesivos.
III. RECTIFICACIONES A PRESTON
Creo haber probado que el PSOE sentía más bien
desprecio por la derecha, y que el supuesto miedo a su
«nazismo» era un recurso propagandístico. Preston, por
contra, señala: «Gil Robles acababa de volver del
Congreso de Nuremberg y parecía muy influido por lo que
había visto. Sus impresiones aparecieron en el boletín
interno de la CEDA, describiendo favorablemente su visita
a la Casa Parda, a las oficinas de propaganda nazi y a
los campos de concentración y cómo había visto a las
milicias mazis adiestrándose. Aunque expresaba vagas
reservas sobre los elementos panteístas del fascismo,
concretaba los elementos más dignos de emulación en
España: su antimarxismo y su odio a la democracia
liberal y parlamentaria». Hubo, en efecto, un momento
pasajero en que Gil-Robles se planteó si sus juventudes
tendrían que «armonizar las nuevas corrientes (nazis)
con los principios inmortales de nuestra católica
tradición». Pero ese momento se limitó a septiembre de
19337.
Si bien Gil-Robles sentía despego por el régimen
parlamentario, nunca se identificó con los métodos
nazis, y su actitud hacia Hitler no se deja resumir en
«vagas reservas sobre los elementos panteístas». Al
desdeñar sus convicciones cristianas, Preston comete el
mismo error que si desdeñase las convicciones marxistas
en el PSOE, simplemente porque no las compartiese o
entendiese. El cristianismo era determinante en la CEDA,
y por ello el «panteísmo» nazi constituía un
fundamental motivo de distanciamiento.
De los partidos ultras, el hitleriano era el que menos
aprecio despertaba en la CEDA. El Debate, contra lo que
sugiere La destrucción, no lo tuvo por modelo. De hecho
condenó puntos capitales de aquél, cosa que el
estudioso británico silencia: la política belicista, el
culto a la fuerza, el racismo, la persecución religiosa;
y mostraba franca alarma ante el rumbo nazi. El
corresponsal del periódico en Berlín, deslumbrado por
el dinamismo nazi, advertía no obstante, con ocasión
del «Día del partido» en Nuremberg: «La tensión
patriótica de esta muchedumbre unánime da miedo»; y
pronosticaba una catástrofe europea. La reglamentación
alemana del trabajo motivaba en El Debate algo más que
reticencia: «¡Qué peligroso resultaba un Estado
omnipotente para vigilar los principios morales!». Y el
totalitarismo hitleriano le inspiraba comentarios como
éste: «No pasa un día sin que las noticias de Alemania
aludan a la propagación de un espíritu de violencia en
la clase juvenil. La juventud entrega su libertad y su
independencia a esa vaga idea nacionalista que la
convierte en instrumento servil, en cosa de un Estado
opresor y absoluto». Y seguía en tono de gran dureza
para concluir lúgubremente: «su más grave consecuencia
será el estallido bélico»8. Faltan en El socialista
condenas semejantes en relación con la URSS. Importa la
fecha del comentario, 29 de septiembre del 34, en
vísperas de la insurrección izquierdista, porque
excluye claramente los métodos hitlerianos incluso en
una situación límite como la que se anunciaba. Y, en
efecto, las llamadas de El Debate contra los insurrectos
de octubre invocaron la ley, las libertades y la
integridad de España. La limitada simpatía de la CEDA
por el nazismo provenía sólo de que veía en él un
valladar frente a la revolución y al expansionismo
soviético, postura muy compartida en las derechas
europeas del momento.
Especialmente ominosa suena la referencia a los campos de
concentración. Pero los campos se presentaban como
instituciones de reeducación por el trabajo, con
principios similares a los de la ley de Vagos y Maleantes
de Azaña. Era un siniestro engaño, cierto, pero no
todavía los campos de exterminio en que se convirtieron
durante la guerra mundial. Y también distaban aún mucho
de la mortífera explotación del Gulag soviético, que
llevaba años funcionando. Al omitir estas diferencias,
nada banales, Preston crea en el lector apresurado una
impresión falsa, como si Gil-Robles aplaudiera los
campos de exterminio.
Debe recordarse que en 1933 y 1934 los actos hitlerianos
más brutales estaban todavía inéditos o se habían
ejercido, en la Noche de los cuchillos largos,
precisamente, contra el ala extrema del propio movimiento
nazi, las milicias S.A., lo que podría tomarse como
indicio de una tendencia menos fanatizada. Y si bien el
nazismo fue desde el principio un régimen cruel y
antidemocrático, en aquellos años no podía aun
compararse con el régimen soviético. Lenin y Stalin
habían apilado ya una gigantesca montaña de cadáveres,
y la destrucción de las libertades y derechos humanos en
Rusia había sido más profunda y sistemática que en
Alemania o en Italia (en esta última, la represión
había sido muy poco sanguinaria). Ante estos hechos, la
«comprensión» de las derechas europeas -no solo la
española- hacia el nazismo resulta mucho más explicable
que el abierto entusiasmo de las izquierdas por Stalin.
Callar estos aspectos significa hacer ininteligible la
época.
La destrucción afirma que ya antes de las elecciones de
1933 «no era difícil encontrar paralelismos (de los
sucesos que en Alemania llevaron a Hitler al poder) con
la situación española. La prensa católica aplaudía la
destrucción de los movimientos socialista y comunista en
Alemania. La derecha española admiraba al nazismo por su
énfasis en la autoridad, la patria y la jerarquía,
todas ellas preocupaciones centrales de la propaganda de
la CEDA (...) Justificando la táctica legalista en
España, El Debate señalaba que Hitler había llegado al
poder legalmente». La campaña electoral cedista
resulta, en La destrucción, «técnicamente reminiscente
de los procedimientos nazis»9. Todo esto es forzar las
cosas. Era y es racionalmente imposible ver paralelismos
entre la extrema agresividad y violencia nazis y la
posición defensiva, legalista y pacífica de la derecha
católica española. La CEDA nunca empleó la mezcla de
intimidación, desfiles y mítines de masas con técnicas
de auténtica hipnosis colectiva típicos del nazismo. Ni
realizó atentados o apedreó a votantes, como sí
hicieron los socialistas y la Esquerra, con su saldo de
muertos y heridos. Estos datos deben pesar más que las
vagas alusiones a «reminiscencias nazis». ¿Qué
habría escrito el estudioso británico si las
intimidaciones y atentados hubiesen procedido de la
derecha y las víctimas fueran socialistas? Habiendo
ocurrido al revés, pasa por alto el asunto.
La alusión a la autoridad, la patria y la jerarquía,
tampoco es convincente. Esos principios son defendidos,
sobre todo en períodos de desorden social, por los
movimientos conservadores, sin que ello los asimile al de
Hitler. Y, curiosamente, serían socialistas y comunistas
los que bien pronto iban a exaltar desmesuradamente
dichos valores.
Afirma Preston: «Una considerable sospecha rodeaba las
intenciones de la CEDA cuando comenzó la campaña (...)
La extrema belicosidad de Gil Robles no era muy
tranquilizadora». La extrema belicosidad partió
indiscutiblemente de los socialistas, la Esquerra y
otros; Gil-Robles fue el único que llamó a la paz y la
concordia en la contienda electoral. Y el PSOE, poco
intranquilizado por la CEDA, cuyo éxito no esperaba,
lanzó sus dardos más bien contra Lerroux. Insiste el
historiador: «Quedaba claro que la CEDA estaba dispuesta
a ganar a costa de todo»10. ¿Que será este «todo»?
La masiva votación obtenida sorprendió a la CEDA tanto
como a las izquierdas, y Gil-Robles no la buscaba:
anunció que no deseaba un éxito «imprudente», actitud
refrendada cuando en vez de explotar su victoria se
contentó con apoyar a Lerroux, al que había superado en
apoyo popular y diputados. Cosa que, dicho sea de pasada,
vino muy bien al PSOE y a la Esquerra para organizar su
insurrección.
Sumándose a juicios extremistas, Preston califica de
«injusto»11 el resultado electoral para el PSOE,
porque, aunque este partido mantuvo (más o menos) sus
votos de 1931, bajó de 113 a 60 diputados. Olvida que la
ley electoral promotora de semejantes injusticias había
tenido los mismos efectos para la derecha en 1931; y que
se trataba de una ley impuesta por la izquierda en pleno
y contra la opinión de la derecha. Es difícil ver la
injusticia. Además el PSOE no mantuvo sus electores en
sentido proporcional, porque el electorado de 1933
duplicaba al de 1931, debido al sufragio femenino, y por
tanto un partido necesitaba duplicar sus votos para
mantener la misma fuerza política.
En esa línea sugiere el historiador que las elecciones
habrían sido amañadas, destacando denuncias menores
hechas por la izquierda y olvidando las denuncias sobre
violencias izquierdistas. Aunque hubo pactos electorales
para todos los gustos, La destrucción se fija en los de
la derecha con los radicales, definiendo a estos últimos
como «grandes maestros de la falsificación
electoral»12. Pero el gobierno que presidió las
elecciones era de centro izquierda y presidido por
Martínez Barrio, un radical de izquierda hostil a la
CEDA, y sobre cuya honradez nadie ha arrojado sombras. No
hay duda razonable de que los votos del Partido Radical y
los demás fueron genuinos. Nadie les hubiera consentido
falsear significativamente los comicios, por mucha
«maestría» que quiera suponérseles.
Las reacciones antidemocráticas a estas elecciones por
parte de casi todos los partidos de izquierda tampoco
ocupan el espacio debido en La destrucción, con ser
decisivas para la historia de aquellos tiempos.
Este breve muestrario de omisiones y desvirtuaciones creo
que indica el precio a pagar por sortear a ultranza una
versión historiográfica mal enfocada.
El muestrario podría alargarse mucho. Señalaré sólo
otro ejemplo. El congreso de las juventudes de la CEDA en
El Escorial, en abril de 1934, en La destrucción, «un
gesto amenazante», «un gesto antirrepublicano» dentro
del supuesto estilo nazi. Lo probarían los gritos de
«¡Jefe, jefe!» que acogieron a Gil Robles, y las
frases de éste: «Somos un ejército de ciudadanos (...)
dispuestos a dar la vida por nuestro Dios y por nuestra
España (...) El poder vendrá a nuestras manos (...)
Nadie podrá impedir que imprimamos nuestro rumbo a la
gobernación de España». Suena más o menos a fascismo.
Pero la cosa cambia al completar las frases: «Somos un
ejército, de ciudadanos, no un ejército que necesite
uniformes y desfiles militares», «Somos los más firmes
defensores de la legalidad establecida». Al exaltar el
patriotismo español, el Jefe advirtió: «No temo que en
España este movimiento nacional derive por cauces
violentes; no creo que (...) pretenda resucitar la Roma
pagana o haga la exaltación morbosa de los valores de la
raza». Estas apelaciones a la paz y la legalidad, y
contra el racismo, omitidas en La destrucción, no son
lenguaje nazi e indican algo muy distinto de lo que
Preston da a entender. No menos demostrativo fue el
ambiente en que Gil-Robles habló, una concentración
juvenil fácilmente inflamable, y más después de los
ataques que había sufrido desde la izquierda: «Hemos
tenido todas las dificultades: agresiones, bombas,
huelgas generales, amenazas y coacciones de todo
género», dijo Gil-Robles, y no exageraba. Hechos así
caldeaban los ánimos y los tornaban propicios a las
reacciones furiosas. Pese a ello, la CEDA se mantuvo
sobria y moderada. El observador puede preguntarse sobre
la reacción del PSOE ante un hostigamiento tal a sus
mítines. Nada de ello, con su evidente importancia, es
siquiera insinuado por Preston13.
La ausencia, en fin, de un peligro fascista la revela el
mismo Preston al citar del Cuaderno de la Pobleta una
charla de Azaña con Fernando de los Ríos, en enero del
34, triunfante ya en el PSOE la línea insurreccional:
«Me hizo relación de las increíbles y crueles
persecuciones que las organizaciones políticas y
sindicatos padecían por obra de las autoridades y de los
patronos. La Guardia Civil se atrevía a lo que no se
había atrevido nunca. La exaperación de las masas era
incontenible. Les desbordaban. El Gobierno seguía una
política de provocación, como si quisiera precipitar
las cosas. ¿En qué pararía todo? En una gran
desgracia, probablemente. Le argüí en el terreno
político y en el personal. No desconocía la bárbara
política que seguía el Gobierno ni la conducta de los
propietarios con los braceros, reduciéndolos al hambre.
Ni los desquites y venganzas que, en otros ramos del
trabajo, estaban haciéndose. Ya sé la consigna. «Comed
República» o «que os dé de comer la República».
Pero todo esto y mucho más que me contara, y las
disposiciones del Gobierno, y la política de la mayoría
de las Cortes, que al parecer no venía animada de otro
deseo que el de deshacer la obra de las Constituyentes,
no aconsejaba, ni menos bastaba a justificar, que el
Partido Socialista y la UGT se lanzasen a un movimiento
de fuerza». Azaña aconsejó a De los Ríos meter en
razón a las masas, con vistas a ganar las próximas
elecciones. Y Preston arguye con cierta candidez: «Es
difícil ver, dada la intransigencia de los patronos,
cómo podía la dirección socialista pedir a sus
seguidores que fueran pacientes». Al parecer, las masas
gastaron una pesada broma a la dirección socialista,
empujándola casi a empellones a sublevarse para luego
dejarla sola en su revuelta14.
Este relato lo considera Preston «revelador en
extremo»; y lo es, aunque no en el sentido que él cree.
Azaña encubre sus posiciones de 1934, menos legales y
pacíficas de lo que él indica en el Cuaderno de la
Pobleta; pero también descubre mucho. A sus denuncias de
la «increíble y cruel» conducta de la Guardia Civil
cabría objetar que, con todo, no hubo bajo los gobiernos
reaccionarios matanzas como las del bienio azañista (San
Sebastián, Sevilla, Arnedo, Casas Viejas y otras). No
hablemos de la supuesta consigna «¡Comed república!».
Nótese que Azaña y De los Ríos fustigan a un gobierno
radical, no derechista, pero que estaría creando los
motivos esgrimidos por el PSOE para justificar su
rebelión... contra la derecha. Pese a tales desmanes,
Azaña exhorta encarecidamente a su interlocutor a
permanecer en la vía legal, con lo que demuestra no
creer en una amenaza para las libertades ni, por tanto,
en un peligro fascista.
Descartando, pues, ese imaginario peligro, la política
democrática -aunque no la revolucionaria- de las
izquierdas sólo podía consistir en unirse y preparar
los comicios venideros, como insistía Azaña (y como,
por lo demás, terminaron haciendo, aunque ya en un
ambiente envenenado por el golpe de octubre, y con un
programa no democrático de frente popular). De hecho,
nada convendría más a la izquierda que aquellas -de ser
generales- tropelías de la derecha contra los obreros,
pues con ellas la CEDA haría el trabajo a sus enemigos
para las siguientes elecciones. Sin duda hubo desmanes
patronales, que la izquierda explotó muy a fondo y que
perjudicaron seriamente a la derecha, cuyos líderes eran
muy conscientes del daño.
Muchos patronos actuaron de forma abusiva bajo los
gobiernos radicales, y no sólo en regiones pobres como
Andalucía o Extremadura, sino en la más rica Cataluña.
El historiador A. Balcells recoge en su Cataluña
contemporánea el testimonio de Carles Cardó, canónigo
de la catedral de Barcelona y hombre próximo a la Lliga:
«Al día siguiente de la victoria de las derechas (...)
los fabricantes de cierta cuenca fluvial de Cataluña
rebajaron los salarios (...) alegando aquel vulgar
"Ya hemos ganado", que les dejaba en una talla
moral inferior a la de sus operarios. Los casos de
represalias contra aparceros y rabassaires son numerosos.
Sabemos de un solo pueblo de las tierras tarragonesas en
que se hicieron más de 300 DESNONAMENTS, bien entendido
que afectaron todas a familias afiliadas a partidos de
orden, las cuales han votado en bloque por el Frente de
Izquierdas» (Cardó escribe poco después de las
elecciones de febrero de 1936). Y narra otros hechos
similares15.
Apenas concluida la primera vuelta de las elecciones, El
Debate advertía: «La anarquía a breve plazo prevé el
corresponsal de L'Echo de Paris en el supuesto de que las
derechas (...) quisieran abusar de su victoria y caer en
pasados errores. Nos parece que el corresponsal ha visto
las cosas con claridad, y que la razón le acompaña en
sus previsiones». Y llamaba a una conducta prudente,
evitando el revanchismo y el «catastrofismo» de los
monárquicos. En un artículo del boletín CEDA, el mismo
año, Gil-Robles acusaba a los patronos explotadores y
vengativos: «A los que ahora se lamentan de lo que está
ocurriendo, yo he de preguntarles: ¿pero es que creéis
que no tenéis vosotros más culpa que el señor Largo
Caballero?», y otro número del Boletín les trataba de
«cómplices de la revolución»16.
Pero los atropellos patronales no fueron ni con mucho tan
generales ni su influjo tan decisivo como cuenta la
propaganda. En 1936 no será la derecha, sino el centro,
el que caiga por tierra, mientras que la CEDA ganará
votos.
Si el peligro de fascismo era falso, ¿lo era el
revolucionario? Cree Preston que sólo después de las
elecciones de noviembre de 1933 recuperó Largo Caballero
«el tono revolucionario que había adoptado antes en el
cine Pardiñas y en la Escuela de Verano de
Torrelodones», cuando aquel tono había ido in
crescendo, y lo usaban también Prieto y El Socialista,
portavoz del partido. O afirma que a finales de año la
«retórica» de Largo «no iba (...) acompañada de
intenciones revolucionarias serias. No se hicieron planes
concretos para un levantamiento y, en diciembre (...),
los socialistas permanecieron ostentosamente fuera de un
intento de insurrección de la CNT»17. Las intenciones
eran tan serias que ya los socialistas se armaban, y
Prieto y Largo batallaron con Besteiro. Aducir la
abstención del PSOE en la sangrienta insurrección -no
«intento» de ella- anarquista de diciembre, supone
olvidar algo tan elemental como que el PSOE excluía la
improvisación ácrata y que, en el plan socialista,
sería el PSOE el que arrastrase a la CNT. Tampoco fue la
«retórica» de Largo una reacción al «injusto»
fracaso electoral, como dice el autor, cuya idea de lo
«justo» y de la democracia en este terreno admite
discusión. Y al definir como «estridente retórica
revolucionaria» la actitud de la Juventud Socialista
(con sus atentados, asesinatos, entrenamiento y
agitación violentos), amplía insospechadamente el
significado de la retórica. Como vemos, la hipercrítica
de Preston hacia la CEDA, se trueca en ingenuidad ante el
PSOE.
Dice de Gil-Robles: «levantaba sospechas por haber
colaborado con la dictadura de Primo de Rivera». La
actividad política de aquél en tiempos de Primo fue
insignificante. En cambio Largo Caballero, consejero de
estado con el dictador, no levanta sospecha alguna. O da
fe a la frase socialista de «cuando en España no había
legislación social, se pagaban salarios misérrimos y
todos los conflictos los resolvía la Guardia Civil».
¿Ocurriría tan triste situación antes de 1931 con el
PSOE como única izquierda permitida y amparada por la
dictadura? O cita como un hecho: «El cincuenta por
ciento de la población de Sevilla se acostaba con hambre
todas las noches»... y en la página siguiente da por
bueno el testimonio de Bowers cuando afirma no haber
hallado desórdenes en todo el país. ¿Es verosímil que
viviendo grandes masas en condiciones tan insoportables,
no hubiese algún que otro disturbio? Pero había mucha
menos hambre y muchos más disturbios de los que indica
el libro. En la huelga campesina del 34 acepta sin
crítica las versiones de M. Nelken o de Ramos Oliveira.
Y así sucesivamente18.
Para entender la época, también es imprescindible
comparar la actitud de la CEDA con la del PSOE con
respecto a los dos grandes totalitarismos de entonces. Si
la derecha católica repudiaba la violencia, el racismo y
las concepciones estatales nazis, el PSOE aprobaba las
ideas y el terror soviéticos. Como en el resto de
Europa, en España apenas preocupaba a los socialistas el
inmenso cúmulo de vícticas del régimen comunista y la
asfixia total de las libertades en la URSS. La excepción
era Besteiro, casi el único en advertir con espanto que
la revolución sumergiría a España en un baño de
sangre. Largo y Prieto aceptaban el terror como una
necesidad histórica. He aquí una muestra típica de
esta postura en La vida penal en Rusia, del intelectual
socialista Jiménez de Asúa, tenido por moderado.
Jiménez pone por las nubes el sistema soviético.
Conocedor de cómo se aplicaban las leyes en la URSS,
censura suavemente «las arbitrariedades de los órganos
administrativos» (la GPU), pero advierte que la crítica
al stalinismo, «permitida en el área limitada de lo
abstracto, se paraliza frente al fenómeno concreto de un
pueblo que ha removido desde los cimientos al capote su
organización vital», por lo que elude cuidadosamente
«caer en el frenesí crítico», ya que «en horas de
revolución, la serenidad no puede exigirse»19. Y frente
a la necesidad histórica y los costes del progreso, los
demás argumentos desfallecían entre los marxistas, y no
solo entre ellos. Una actitud frecuente en ámbitos
izquierdistas republicanos y masones lo reflejan estas
palabras atribuidas a López Ochoa: «El comunismo no es
para nosotros un coco, somos partidarios del progreso
humano (...) Quién sabe si yo podría ser tan buen
general del Ejército rojo como del republicano»20.
Lógicamente, la angustia de Besteiro, aún más
acentuada, afectaba también a la CEDA, que tenía muy
presente la experiencia soviética. En verdad, la
revolución rusa, reciente en 1934, había estremecido al
mundo, como titulaba John Reed su célebre reportaje, y
sus consecuencias, desarrollo y expansionismo mundial,
provocaban pesadillas en los conservadores. Pero el autor
de La destrucción, que sobrevalora en mucho el supuesto
miedo del PSOE al fascismo, desestima el miedo, mucho
más fundado y razonable, de la CEDA a la revolución
social.
Tan frecuentes desvirtuaciones indican que el libro de
Preston debe partir de un enfoque irreal. Y, en efecto,
éste aparece al comienzo de la obra: «Durante la II
República, los partidos parlamentarios de la izquierda
introdujeron una serie de reformas que amenazaban
directamente la estructura económica y social existente
en España antes de 1931. Las actividades tanto de la
derecha legalista como de la llamada catastrofista entre
1931 y 1939 fueron ante todo la respuesta a esas
ambiciones reformistas de la izquierda (...) Este libro
es un examen del papel jugado por el partido socialista
en la organización del desafío reformista, de la
resistencia decidida a la reforma llevada a cabo por los
representantes políticos de la oligarquía (...) y de
los efectos del conflicto subsiguiente en el movimiento
socialista y en el régimen democrático español»21.
Las reformas en cuestión son las llamadas sociales, así
como los estatutos de autonomía, la reforma del
ejército o la separación de la Iglesia y el estado.
Pero no se descubre en ellas un grave trastorno para las
estructuras sociales. La reforma agraria, tenida por la
más demoledora para las bases de la oligarquía, fue
abordada sin convicción y con timidez por las
izquierdas, no porque temiesen a las derechas, por
entonces muy débiles políticamente, sino por una mezcla
de inseguridad sobre sus efectos, desconfianza entre los
partidos, e ineptitud. El gobierno reaccionario salido de
las elecciones del 33 no sólo mantuvo dicha reforma,
sino que la aceleró, y el partido fascista de José
Antonio exigía un fuerte impulso al reparto de tierras.
También mantuvieron los radicales las instituciones del
primer bienio. Siguieron actuando los «jurados mixtos»
establecidos por el PSOE para regular la contratación
colectiva e incluso fue admitida en ocasiones una «ley
de Términos Municipales» a la que otorgaban los
socialistas valor desmesurado, y que molestaba a las
derechas, pero también perjudicaba a miles de
trabajadores, y era saboteada por los republicanos de
izquierdas, para exasperación de Largo.
Otra reforma clave fue la de las autonomías regionales,
aunque sólo Cataluña logró su estatuto mientras duró
el régimen. El pronunciamiento de Sanjurjo en 1932 tuvo
como uno de sus motivos el de impedir el estatuto
catalán. Pero este pronunciamiento fue desatentido por
casi toda la derecha, y más tarde los gobiernos
reaccionarios mantuvieron el estatuto. Lo mantuvieron
incluso, y esto es decisivo, tras la intentona de
Companys en octubre del 34, cuando fue suspendido, pero
no abolido. En realidad un buen sector de la derecha
defendía la manera tradicional de gobernarse España,
con fueros que otorgaban a diversas regiones un amplio
autogobierno, y podía ver en las autonomías una
actualización de aquella forma de estado. La oposición
a los estatutos no se dirigía contra el principio en
sí, sino más bien contra el separatismo de sectores de
la Esquerra, y del PNV y el consiguiente peligro de
disgregación nacional. También a las izquierdas, en
especial al PSOE, les inquietaban las autonomías, por
motivos semejantes y por otros doctrinales (liberales o
marxistas): retrasaron cuanto pudieron el estatuto vasco
y marginaron el gallego.
La reforma del ejército levantó ampollas en grupos
castrenses, pero era moderada y con sus principios las
derechas podían estar de acuerdo, y lo estaban la
mayoría de los militares. Por supuesto, no fue abolida
por Lerroux, ni cuando Gil-Robles se encargó del
ministerio de la Guerra, en 1935. Como tampoco hubo
marcha atrás en la separación de la Iglesia y el
Estado. La expulsión de los jesuitas o la prohibición
de enseñar para las órdenes religiosas, si bien
concebidas por Azaña como una garantía para la
república, quebrantaron la enseñanza, vulneraron el
principio de la igualdad ciudadana y provocaron la
indignación de una considerable masa popular, no solo ni
principalmente de la oligarquía.
Sólo minorías de la derecha se opusieron cerril y
destructivamente a unas reformas que ni siquiera contaban
con un claro consenso en los republicanos. Si bien la
CEDA tenía otras ideas que la izquierda sobre cómo
afrontar la crisis de los tiempos, pensaba realizarlas en
un proceso lento y constitucional. Y que las reformas
distaban de amenazar seriamente al conjunto de la
derecha, lo prueba la actitud de los radicales y de los
cedistas en el poder.
No fueron, pues, las reformas, sino su aplicación
irregular, inhábil y agresiva para gran parte de la
sociedad -como reconocerían luego diversos políticos
izquierdistas-, lo que sembró el descontento, y no
sólo, ni mucho menos, entre los oligarcas. La reforma
militar llegó con aires de humillación al ejército,
con arbitrariedades políticas y subversión en los
cuarteles. La reforma agraria se rodeó de exaltaciones
extremistas y de medidas como la instalación de braceros
sin respeto a los derechos de propiedad, para alarma de
propietarios grandes y pequeños. En Cataluña y
Vasconia, los nacionalistas cultivaban una propaganda
vejatoria para la opinión española, sin reciprocidad
por parte de ésta. El laicismo venía coreado por una
agitación en extremo ofensiva para los creyentes, y por
atentados, incendios y destrucciones. Cabe señalar la
singularidad de que quienes quemaban templos y asaltaban
centros políticos y periódicos derechistas, acusaran a
sus víctimas de fanatismo e intolerancia. Debe
reconocerse que, de haber sido los católicos españoles
la mitad de intolerantes de como suele presentárseles,
estos actos habrían levantado oleadas inmediatas de
disturbios y represalias, y en muchos países sin duda
habría ocurrido así.
Y debe recordarse que, al caer Primo de Rivera, la
monarquía buscó la vuelta al constitucionalismo, el
cual, por su propia dinámica, tendría que llevar a cabo
reformas parejas a las republicanas. Con la república
las reformas quizá se aceleraron, pero es difícil que
con la monarquía no se hubieran abierto paso igualmente.
En definitiva, sólo si la derecha hubiera reaccionado de
modo subversivo a las reformas -lo que sólo hizo una
pequeña minoría- se habrían convertido éstas en el
problema decisivo del régimen. La cuestión clave fue,
insistamos en ello, la de la democracia: ¿iba a
evolucionar el régimen por medio de las elecciones y las
libertades, o bien por la imposición violenta de unos
partidos sobre otros?
No, las reformas no eran lo bastante radicales o temibles
como para que la derecha terminara por sublevarse y
correr un serio riesgo de ser aplastada. Si al final se
rebeló, en 1936, fue por otras causas, como veremos con
detalle en El derrumbe de la IIRepública. el peligro
para ella fue el ambiente creado y la marcha
revolucionaria de la CNT, del PCE y, sobre todo, del PSOE
y de la Esquerra. Se produjo, y no por las derechas, un
creciente socavamiento de la legalidad, y una amenaza
revolucionaria a cada paso más concreta. A ella
respondió la derecha radicalizándose, si bien muy
lentamente. Hasta el alzamiento de 1936, la CEDA no
ocasionó ninguna crisis seria del régimen, y salvó a
éste de la de octubre de 1934. Hasta finales de 1933, y
excepto la «sanjurjada», las crisis fermentaron en las
izquierdas mismas: alzamientos anarquistas,
bolchevización y ruptura del PSOE con la ley, etc. El
«golpe» de la CEDA consistió en ganar un alto número
de votos. Y desde entonces fueron las izquierdas las que
siguieron vulnerando sin tregua la legalidad.
La sobrevaloración del impacto de las reformas se
combina en La destrucción con una doctrina implícita,
reminiscente de un marxismo desleído, cuyos resultados
vienen contenidos en el planteamiento: lucha de clases
entre los partidos de «la oligarquía» y los que
representaban a «la clase obrera» y a «las clases
populares». Preston cree en esas representatividades.
Aunque bien podría dudar. El vasto sostén popular al
principal partido de la «oligarquía» debiera
suscitarle incertidumbre pero, si lo hace, la supera de
modo simple: «En un régimen democrático la ventaja
numérica habría jugado normalmente a favor del partido
de la clase trabajadora (...) Sin embargo, para finales
de 1933, Acción Popular había demostrado que unos
amplios recursos financieros y una propaganda hábil
también podía conseguir apoyo popular»22. Así, el
influjo cedista provendría de una propaganda
manipuladora, engrasada con chorros de dinero. El PSOE,
de suyo se entiende, a nadie manipulaba y sería con toda
naturalidad «el partido de los trabajadores». Pero
¿cómo explicar que millones de personas se dejasen
embaucar por una oligarquía tan cruel, oscurantista y
explotadora como la que él describe, de la cual tenía
la gente larguísima experiencia práctica? ¿Cómo es
que esa gente no seguía a los partidos que naturalmente
la representaban e iluminaban acerca de sus intereses,
partidos muy fuertes, con grandes recursos financieros y
dueños, durante dos años largos, de los resortes del
poder? Por otra parte, los anarquistas también se
decían representantes del pueblo trabajador,
despreciaban a la república por antipopular y
antiobrera, y la hostigaban a fondo. ¿Por qué no da
Preston el mismo crédito a su propaganda que a la del
PSOE, cuando la CNT tenía entre los obreros no menos
respaldo que la UGT? Problemas básicos que La
destrucción, lamentablemente, deja de lado.
IV. CONCLUSIÓN
En resumen, la cuestión del origen de la guerra civil
puede plantearse así: ¿surgió la guerra del cerrilismo
y las conspiraciones derechistas contra las reformas, o
del impulso revolucionario del PSOE y antidemocrático de
las izquierdas burguesas? Los hechos examinados indican
que fue lo segundo, y que la CEDA se inquietaba por una
amenaza revolucionaria que, al revés que la fascista,
era auténtica y no fraguada por la propaganda. El PSOE
profetizó que la lucha de clases escindiría
inexorablemente al país entre los partidarios de la
dictadura proletaria y los de la burguesa o «fascista»,
y calculó que ellos, los proletarios eran los más
fuertes. La profecía tendía a cumplirse por sí sola:
en la medida en que la agitación social tomara cariz
revolucionario, la derecha sería empujada a posiciones
extremas. Sin embargo, y a despecho de esa enorme
presión izquierdista, así como de los esfuerzos de
atracción de la extrema derecha, la CEDA eludió la
tentación dictatorial.
Debe admitirse, pues, que el principal partido de la
derecha respetó las reglas del juego mejor que sus
contrincantes, y que propugnó reiteradamente la
concordia, o al menos una suavización de las tensiones
que volvían irrespirable la política. La
fascistización de un amplio sector derechista, invocada
por la teoría del PSOE y por las argucias justificativas
de la Esquerra, no iba a producirse en España hasta
meses después de las elecciones de 1936, y en
circunstancias muy especiales. En conjunto la actitud
cedista fue tolerante y paciente en grado sumo. Es
difícil que en cualquier país un potente sector social
hubiera soportado sin rebelarse un acoso como el sufrido
por la parte del pueblo representada en la CEDA.
Cabe especular, finalmente, sobre si la contención de la
CEDA ayudó a la paz. Quizás tuvo, precisamente, el
efecto contrario, dado que su moderación fue juzgada
como debilidad y cobardía por muchos de sus enemigos,
estimulando los ímpetus de la revolución. Pero en
cuanto a esto no puede haber seguridad.
Pío Moa
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