El gobierno
español contra Pinochet
Las
declaraciones efectuadas desde Finlandia por el canciller
español, Abel Matutes, en respuesta al emplazamiento de
arbitraje que hizo el Ministro de Relaciones Exteriores
de Chile para resolver el problema de jurisdicción
suscitado entre los dos países, son desconcertantes.
Puesto en la perspectiva de evaluar la conducta de
España en todo el incidente relacionado con el intento
de juzgar en ese país al ex presidente Pinochet se
encuentra una línea central que es como la columna
vertebral de todas esas conductas: el desprecio reiterado
y contumaz del Derecho Internacional.
En primer lugar, la pretensión de Garzón de tener
jurisdicción para juzgar a un chileno, por actos
presuntamente cometidos en Chile y que afectan a chilenos
(la decisión de la Cámara de Lores ha limitado la
posibilidad de extradición a esos casos), constituye un
ilícito internacional.
La Convención contra la Tortura que invoca Garzón no
consagra ninguna jurisdicción universal, ni menos una
que se le confiera a los tribunales españoles. La
situación en términos de Derecho internacional es muy
clara, como lo sostuvo la Carta Internacional de
Justicia:«el punto de partida se sitúa en el acto de
que la competencia estatal es ciertamente territorial. No
puede ser ejercida fuera del territorio, sino en virtud
de una regla permisiva que se derive del Derecho
Internacional consuetudinario o de un convenio».
Adicionalmente, en 1996 la Corte Internacional ratificó
esta posición diciendo:«Salvo la existencia de una
norma de Derecho Internacional que lo permita, el Estado
no puede ejercer su poder en el territorio de otro
Estado. La premisa básica según el Derecho
Internacional para establecer las competencias
legislativa y jurisdiccional radica en la
territorialidad». No hay ningún tratado ni norma de
derecho internacional que haya autorizado la
jurisdicción de España.
Por otra parte, la última actividad de Garzón de exigir
la presencia en España del general Pinochet para
acreditar a los abogados que deben representarlo es
verdaderamente una irresponsable jugarreta y un escarnio
de la justicia.
Al margen de la poca seriedad de la acción de este juez
tan atípico, su pretensión implica una violación
flagrante del derecho al debido proceso que tiene el
general Pinochet y que está consagrado en el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos. Además, representa una
denegación de justicia de los tribunales españoles, lo
que, a su vez, constituye igualmente un ilícito
internacional.
Es sabido que el Derecho Internacional atribuye
responsabilidad a un Estado por los ilícitos en que
incurren sus poderes. La responsabilidad del Estado
español está pues comprometida por los ilícitos de
Garzón.
Para resolver el problema de la jurisdicción, el
gobierno chileno ha invocado el artículo 30 de la
Convención contra la Tortura, que de manera imperativa
dice: «Las controversias entre dos o más Estados parte
con respecto a la interpretación o aplicación de la
presente convención, que no puedan solucionarse mediante
negociación, se someterán a arbitraje a petición de
uno de ellos».
La Convención no abre una alternativa para España. Se
trata de un compromiso suscrito por un plenipotenciario
español que compromete la fe de ese Estado. Por ello, la
declaración de Matutes es desconcertante porque oculta
simplemente la voluntad de desconocer obligaciones
internacionales contraídas. Pero hay más. Matutes, en
una actitud muy equívoca, ha pretendido invocar normas
internas españolas para no aceptar el arbitraje. Tal
argumento representa un nuevo agravio al Derecho
internacional.
Todo esto refleja un cuadro no sólo anormal de nuestras
relaciones con España, sino francamente inamistosas. No
comparto la idea de que la respuesta a esa anormalidad
sea la ruptura de las relacionas diplomáticas. En el
mundo actual, precisamente los países que tienen
controversias agudas necesitan mantener vivo el
instrumento de sus relaciones diplomáticas. Sin embargo,
la diplomacia tiene símbolos, lenguajes y mensajes. Y es
necesario señalar a España que estamos agraviados. El
estado de cosas existente no justifica la presencia de un
embajador como jefe de la misión de Chile en Madrid.
Nuestra misión debe ser rebajada a nivel de encargado de
negocios y retirar sin plazo al embajador de Chile en
España.
El rebajar el nivel de nuestra misión en Madrid es un
imperativo de dignidad. Hay, además, otra conclusión
que es obvia. La conducta del gobierno español y la
conducta de Garzón confirman que en España no hay
ninguna posibilidad de dar un trato justo al general
Pinochet.
Pedro Daza Valenzuela
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