El gobierno español contra Pinochet

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El gobierno español contra Pinochet

Por Pedro Daza Valenzuela

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El gobierno español contra Pinochet

Las declaraciones efectuadas desde Finlandia por el canciller español, Abel Matutes, en respuesta al emplazamiento de arbitraje que hizo el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile para resolver el problema de jurisdicción suscitado entre los dos países, son desconcertantes.

Puesto en la perspectiva de evaluar la conducta de España en todo el incidente relacionado con el intento de juzgar en ese país al ex presidente Pinochet se encuentra una línea central que es como la columna vertebral de todas esas conductas: el desprecio reiterado y contumaz del Derecho Internacional.

En primer lugar, la pretensión de Garzón de tener jurisdicción para juzgar a un chileno, por actos presuntamente cometidos en Chile y que afectan a chilenos (la decisión de la Cámara de Lores ha limitado la posibilidad de extradición a esos casos), constituye un ilícito internacional.

La Convención contra la Tortura que invoca Garzón no consagra ninguna jurisdicción universal, ni menos una que se le confiera a los tribunales españoles. La situación en términos de Derecho internacional es muy clara, como lo sostuvo la Carta Internacional de Justicia:«el punto de partida se sitúa en el acto de que la competencia estatal es ciertamente territorial. No puede ser ejercida fuera del territorio, sino en virtud de una regla permisiva que se derive del Derecho Internacional consuetudinario o de un convenio».

Adicionalmente, en 1996 la Corte Internacional ratificó esta posición diciendo:«Salvo la existencia de una norma de Derecho Internacional que lo permita, el Estado no puede ejercer su poder en el territorio de otro Estado. La premisa básica según el Derecho Internacional para establecer las competencias legislativa y jurisdiccional radica en la territorialidad». No hay ningún tratado ni norma de derecho internacional que haya autorizado la jurisdicción de España.

Por otra parte, la última actividad de Garzón de exigir la presencia en España del general Pinochet para acreditar a los abogados que deben representarlo es verdaderamente una irresponsable jugarreta y un escarnio de la justicia.

Al margen de la poca seriedad de la acción de este juez tan atípico, su pretensión implica una violación flagrante del derecho al debido proceso que tiene el general Pinochet y que está consagrado en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Además, representa una denegación de justicia de los tribunales españoles, lo que, a su vez, constituye igualmente un ilícito internacional.

Es sabido que el Derecho Internacional atribuye responsabilidad a un Estado por los ilícitos en que incurren sus poderes. La responsabilidad del Estado español está pues comprometida por los ilícitos de Garzón.

Para resolver el problema de la jurisdicción, el gobierno chileno ha invocado el artículo 30 de la Convención contra la Tortura, que de manera imperativa dice: «Las controversias entre dos o más Estados parte con respecto a la interpretación o aplicación de la presente convención, que no puedan solucionarse mediante negociación, se someterán a arbitraje a petición de uno de ellos».

La Convención no abre una alternativa para España. Se trata de un compromiso suscrito por un plenipotenciario español que compromete la fe de ese Estado. Por ello, la declaración de Matutes es desconcertante porque oculta simplemente la voluntad de desconocer obligaciones internacionales contraídas. Pero hay más. Matutes, en una actitud muy equívoca, ha pretendido invocar normas internas españolas para no aceptar el arbitraje. Tal argumento representa un nuevo agravio al Derecho internacional.

Todo esto refleja un cuadro no sólo anormal de nuestras relaciones con España, sino francamente inamistosas. No comparto la idea de que la respuesta a esa anormalidad sea la ruptura de las relacionas diplomáticas. En el mundo actual, precisamente los países que tienen controversias agudas necesitan mantener vivo el instrumento de sus relaciones diplomáticas. Sin embargo, la diplomacia tiene símbolos, lenguajes y mensajes. Y es necesario señalar a España que estamos agraviados. El estado de cosas existente no justifica la presencia de un embajador como jefe de la misión de Chile en Madrid. Nuestra misión debe ser rebajada a nivel de encargado de negocios y retirar sin plazo al embajador de Chile en España.

El rebajar el nivel de nuestra misión en Madrid es un imperativo de dignidad. Hay, además, otra conclusión que es obvia. La conducta del gobierno español y la conducta de Garzón confirman que en España no hay ninguna posibilidad de dar un trato justo al general Pinochet.



Pedro Daza Valenzuela



 

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