El caso Pinochet
El
Ministro de Exteriores, confesaba a un matutino que el
caso Pinochet era «el asunto que más me ha quitado el
sueño». Pues bien: es hora de hacer algunas
observaciones:
1°/ ¿De qué «extradición» se habla? Extradición
es, en la acepción de Derecho Internacional que recoge
la Enciclopedia Universal Espasa en su tomo 22, página
1563, «acción de entregar un reo, refugiado en país
extranjero, al Gobierno del suyo, en virtud de
reclamación de este mismo» O sea: «retornar al
delincuente al país del que huyó tras delinquir en él,
y devolverlo precisamente a petición del país donde
delinquió». Y está claro que Pinochet no delinquió en
España ni huyó luego desde aquí, por lo que se está
pretendiendo realmente un secuestro y posterior
deportación al estilo de lo practicado -abusivamente-
por el Mosad judío contra nazis condenados previamente
por Tribunal Internacional; pero nunca podrá decirse que
se trata de una «extradición». Aun así, pedir o no
una extradición, al igual que concederla o no, es
potestativo del Gobierno; precisamente porque afecta a
las relaciones internacionales que son competencia
exclusiva de los Gobiernos, y no de los jueces.
2°/ ¿Quién reclama a Pinochet? Un señor que presenta
los siguientes rasgos: a) Un inusitado afán de
protagonismo. b) Un manifiesto ánimo «vengador». c) Un
comportamiento antijurídico en todos sus actos:
apropiarse del caso sin someterlo a «reparto» (que es
norma para apuntalar la imparcialidad del que juzgue);
ejecutar sus propias decisiones antes de que se resuelvan
los recursos contra ellas (para hacer así inútiles
tales recursos, negando por tanto el sagrado derecho a la
defensa); hacer «turismo» a Londres con el erario
público, so pretexto de practicar interrogatorios
impensables y «asesorías» gratuitas a los Lores;
invadir las competencias del Gobierno, al conminarle
sobre cuestiones internacionales; denegar la personación
de abogados del «acusado» (conculcando el Derecho
Humano a la propia defensa); y, sobre todo, erigirse en
«Tribunal Internacional Unipersonal» para «juzgar» a
quien se le antoje y por lo que se le antoje.
3°/ ¿Qué se imputa? Unos supuestos «delitos» sacados
de contexto, y de autoría concreta imposible de
adscribir. Es de recordar que la situación de Chile con
Allende era equivalente a la de España con Azaña y
ambas semejantes, a por ejemplo, la del Kosovo de
Milosevic o la del Timor Oriental con Habibie: expolios y
saqueos, asesinatos callejeros ante la pasividad de las
autoridades, imposición de un régimen de terror
arbitrario y generalizado
Con la diferencia de que,
en tiempos de Azaña o de Allende, no había todavía
«cascos azules» como lo s que se han enviado a Kosovo o
Timor, y hubieron de ser los Ejércitos de los propios
países quienes interviniesen (como sucedió en la
Alemania nazi, con la fallida conjura contra Hítler). La
imputación, por tanto, es tan pintoresca como
dirigírsela a Cosgrove por mandar el contingente
australiano en Timor, o a Javier Solana (conforme
proponía, por cierto, Anguita), por haber enviado tropas
de la OTAN para reprimir y desterrar a los serbios
(algunos o muchos de los cuales murieron).
4°/ ¿Qué supone? Una obvia cobardía: ¿por qué el
juez español se atreve con un anciano cuando está
enfermo en el hospital, y no actuó cuando Pinochet era
Jefe de Estado apoyado por las grandes potencias? ¿Por
qué no actúa ahora contra los «colaboradores de
Pinochet»: gobernantes de EE.UU., Gran Bretaña, etc.?
Adviértase que este General no actuó por su cuenta,
sino a instancias reiteradas de EE.UU y de los propios
chilenos. ¿Por qué no procesa a Fidel Castro, a tantos
otros jefes de regímenes autoritarios? ¿Por qué no
contra Felipe González y su «GAL» tan particular? ¿O
contra Santiago Carrillo por Paracuellos? Sencillamente:
nada de esto lo hace porque sería una grotesca paranoia
el erigirse en el «vengador universal» para «redimir»
al mundo
Pero si nada de esto se hace, tampoco lo
otro.
5°/ ¿Qué origina? Una afrenta directa y gravísima
contra la soberanía de Chile, su Gobierno, su Judicatura
su Ejército (que, para evitar la deportación abusiva de
su antiguo Jefe, tentado está de imponerle nuevamente
como Jefe de Estado
) ¿Es, ésta, competencia de un
juez? No.
La política internacional es competencia exclusiva del
Gobierno, para quien, como hemos dicho, es optativo
solicitar o no la extradición de alguien (igual que es
facultativo del que recibe su petición, acogerla o no).
Por consiguiente, el Gobierno español, igual que ha
hecho con la petición -que se planteó- de
«extradición» de Fidel Castro, debió declarar
inmediatamente la impertinencia y el absurdo de deportar
a Pinochet hasta España. No se comprende, por
consiguiente, que al Sr. Matutes le quite este asunto el
sueño: porque debió resolverlo tan fulminantemente como
hizo con la denuncia contra Castro. Y aun hoy día el
Gobierno puede y debe desdecirse y retirar la demanda de
esta ficticia «extradición» que es realmente un
secuestro.
6°/ Conclusión. Que es asunto de política
internacional, de exclusiva competencia del Gobierno, lo
demuestra que las relaciones con Chile se han vuelto -y
con razón por parte chilena -«enemistosas»; siendo
así que, entre países hispanos, la amistad está -como
con Cuba- por encima de discrepancias sobre regímenes.
España no es quién para enjuiciar a Pinochet: para eso
está Chile. Injerirse ahora en asuntos chilenos cuando
Franco denegó ayuda a la Junta Militar andina para no
injerirse en asuntos de un país hermano y soberano
(mientras la ayudaron EE. UU. y otros), es una lamentable
muestra de papanatismo gubernamental ante una demagogia
palmariamente antijurídica y que atenta -ella misma-
contra los Derechos Humanos porque trasgriede la
-incluso- más elemental seguridad jurídica
internacional: ¡apañados iríamos si cada juez de cada
país se, fuese a creer «Tribunal Internacional»
competente para cualquier cosa! El juez español,
debería haber remitido los asuntos a la Judicatura
chilena. no hacerlo es un insulto directo contra todas
las Instituciones de Chile, además de una acción en
cuanto que desestabiliza gravemente la convivencia en ese
país e incluso en España, Gran Bretaña, y otros. Y
hasta el Ministro de Exteriores cubano converge en estas
ideas.
Javier de Fernando
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