Orwell en las
Cortes
Según
la Constitución vigente, la función de las Cortes es
controlar la acción gubernamental, y determinar el
futuro comportamiento de los ciudadanos mediante leyes.
Pero ahora, a iniciativa de comunistas y socialistas, los
diputados asumirían la función de aprobar o condenar
los hechos históricos, empezando por el Alzamiento de
hace casi tres cuartos de siglo. Lo consecuente sería
que tal misión judicativa se fuera remontando al golpe
de Sagunto que restauró a Alfonso XII, a las guerras
carlistas que sostuvieron a Isabel II en el trono, al
pronunciamiento de Riego que abolió la monarquía
absoluta, y así sucesivamente hasta Numancia. Y sería
coherente con tan general reválida histórica que se
diera notas, por ejemplo de cero a diez, a los
protagonistas, desde Argantonio hasta Franco. ¿Que
puntuación concederán nuestros parlamentarios a
Recaredo, Cisneros, Olivares, o Narváez?
Los autores de manuales tendrán que estar muy atentos a
tales calificaciones para no caer en incorrección
política; su fuente principal ya no estará en los
archivos, sino en la opinión parlamentaria.
Desde luego, serán inicuos juicios sin defensa, con
acusados mudos. Pero las futuras legislaturas ¿no
podrán revisar los exámenes, y otorgar matrícula de
honor a un personaje suspendido por parlamentarios
anteriores? Según los tiempos, Almanzor arriba o abajo,
Fernán González aprobado o notable, Gonzalo de Córdoba
exaltado o proscrito, y así hasta el infinito. Los
estudiantes tendrán que atenerse a las cotizaciones
históricas determinadas por los diputados, y habrá una
especie de cambiante Bolsa de méritos, por ejemplo,
Alfonso VI en baja, Alfonso X en alza, y viceversa.
Cuando Orwell vaticinaba que el totalitario Estado
venidero reescribiría constantemente la Historia, no
imaginó que las famosas curvas de Elliot del mercado
financiero se extenderían a los hechos históricos.
Carlos V tendría, por ejemplo, una línea de resistencia
en cinco puntos sobre diez. Y, en general, la Historia
española sería bajista respecto de la francesa, dado el
chauvinismo de nuestros vecinos.
Así de trágico o de cómico, según se mire, se
presentaría el panorama de nuestra conciencia histórica
nacional.
Parece que se trata de calificar al alzamiento de 1936
como «fascista». Se sabe con bastante precisión lo que
fue el Fascismo italiano, fundado por el socialista
Mussolini como un brote heterodoxo del marxismo; pero, a
pesar de la numerosa literatura disponible, no se ha
logrado definir un fascismo genérico, válido para
ideologías tan diferentes como las de Salazar, Codreanu,
Quisling o Perón. Veáse, entre otras, la investigación
ya clásica de R. de Felice Interpretación del Fascismo
(1969). Los politólogos cogen con pinzas e innumerables
reservas eso del «fascismo» porque saben que es un
vocablo anfibológico y científicamente inválido.
Por añadidura, en los últimos tiempos, el epíteto
«fascista» ha degenerado en un improperio, como antaño
lo fueron «masón» o «comunista». Es un término que
ha perdido capacidad definitoria para convertirse en un
modo verbal de condenar, o sea, en una acusación y una
sanción. Con razón se reprocha a las Inquisiciones -la
española y las demás-, la macabra práctica de
desenterrar cadáveres y enviarlos a la hoguera (se hizo
con los padres de Vives). Los póstumamente sentenciados
como «fascistas» ¿podrán permanecer en sus tumbas o
se impondrá un auto de fe para incinerar sus restos
mortales? Algo así habría que hacer salvo que los
fallos fueran simple expresión retórica de rencor, o
catarsis freudiana.
El Alzamiento de 1936 fue el segundo acto de un drama,
iniciado meses antes con la revolución socialista de
Asturias que preparaba su revancha. Fue una
contrarrevolución, que es algo que no se parece nada al
Fascismo italiano, típicamente revolucionario. Los
principales protagonistas del Alzamiento fueron los
generales Sanjurjo, Mola, Goded, Queipo, y Aranda a los
que, en último momento, se adhirió Franco. Ninguno de
ellos compartía la ideología del Fascismo italiano, ni
otra similar. Los partidos con representación
parlamentaria que se sumaron al Alzamiento eran los de la
Ceda, el Bloque Nacional y el carlista, ninguno de los
cuales tenía parecido alguno con el Fascismo, entre
otras cosas, porque eran católicos. Aunque, al
principio, minoritaria, también Falange era católica, y
su fundador no se cansó de repetir que no era fascista.
Los ideales del Alzamiento, recogidos por la Ley de
Principios Fundamentales son una antítesis del Fascismo
italiano, del Nacionalsocialismo alemán y de los
movimientos que guardan algún lejano parecido con ellos.
En ciertos casos, la acusación es brutalmente
anacrónica porque la Comunión Tradicionalista, que
vertebró doctrinalmente al Alzamiento, era anterior en
un siglo al Fascismo italiano, y el catolicismo era
anterior en dos milenios.
La conversión de una legislatura parlamentaria en
Tribunal Supremo de la Historia carece de todo fundamento
y no puede ser tomada éticamente en serio. Además, lo
propio de una sentencia es la calificación de un previo
delito, no el uso del improperio, lo que la desnaturaliza
y envilece. Y, finalmente, si algo hay de obvio en la
historia de España es la peculiaridad ideológica del
Alzamiento de 1936, pronto definido como cruzada por la
Jerarquía episcopal, y enteramente dispar del Fascismo y
del Nacionalsocialismo. De todas las corrientes
políticas del periodo de entreguerras, la menos
diferente del nacionalsidicalismo español sería el
corporativismo portugués. Si nuestros parlamentarios
extendieron su jurisdicción sancionadora allende
fronteras para dar matrícula de honor a los brigadistas
de Stalin ¿no podrían llegar a suspender al benemérito
Salazar?
Hay diputados que no quieren ser menos que el juez
Garzón, dispuesto a procesar a jefes de Estado, salvo a
Fidel Castro, quizás porque presenta la eximente de
haber sido stalinista, en vez de la agravante de
católico.
En la propuesta de resolución, se alude a la ruptura de
la «legalidad republicana». Tal supuesta legalidad no
existe, sí la del Estado de las Leyes Fundamentales,
jurada por el Rey. Según la legalidad republicana, la
familia Borbón, carecería de la nacionalidad española.
El suntuoso Valle Inclán tendría óptima materia para
un esperpento.
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