Orwell en las Cortes nº 97

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Orwell en las Cortes nº 97

Por G. Fernández de la Mora

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Orwell en las Cortes

Según la Constitución vigente, la función de las Cortes es controlar la acción gubernamental, y determinar el futuro comportamiento de los ciudadanos mediante leyes. Pero ahora, a iniciativa de comunistas y socialistas, los diputados asumirían la función de aprobar o condenar los hechos históricos, empezando por el Alzamiento de hace casi tres cuartos de siglo. Lo consecuente sería que tal misión judicativa se fuera remontando al golpe de Sagunto que restauró a Alfonso XII, a las guerras carlistas que sostuvieron a Isabel II en el trono, al pronunciamiento de Riego que abolió la monarquía absoluta, y así sucesivamente hasta Numancia. Y sería coherente con tan general reválida histórica que se diera notas, por ejemplo de cero a diez, a los protagonistas, desde Argantonio hasta Franco. ¿Que puntuación concederán nuestros parlamentarios a Recaredo, Cisneros, Olivares, o Narváez?

Los autores de manuales tendrán que estar muy atentos a tales calificaciones para no caer en incorrección política; su fuente principal ya no estará en los archivos, sino en la opinión parlamentaria.

Desde luego, serán inicuos juicios sin defensa, con acusados mudos. Pero las futuras legislaturas ¿no podrán revisar los exámenes, y otorgar matrícula de honor a un personaje suspendido por parlamentarios anteriores? Según los tiempos, Almanzor arriba o abajo, Fernán González aprobado o notable, Gonzalo de Córdoba exaltado o proscrito, y así hasta el infinito. Los estudiantes tendrán que atenerse a las cotizaciones históricas determinadas por los diputados, y habrá una especie de cambiante Bolsa de méritos, por ejemplo, Alfonso VI en baja, Alfonso X en alza, y viceversa. Cuando Orwell vaticinaba que el totalitario Estado venidero reescribiría constantemente la Historia, no imaginó que las famosas curvas de Elliot del mercado financiero se extenderían a los hechos históricos. Carlos V tendría, por ejemplo, una línea de resistencia en cinco puntos sobre diez. Y, en general, la Historia española sería bajista respecto de la francesa, dado el chauvinismo de nuestros vecinos.

Así de trágico o de cómico, según se mire, se presentaría el panorama de nuestra conciencia histórica nacional.

Parece que se trata de calificar al alzamiento de 1936 como «fascista». Se sabe con bastante precisión lo que fue el Fascismo italiano, fundado por el socialista Mussolini como un brote heterodoxo del marxismo; pero, a pesar de la numerosa literatura disponible, no se ha logrado definir un fascismo genérico, válido para ideologías tan diferentes como las de Salazar, Codreanu, Quisling o Perón. Veáse, entre otras, la investigación ya clásica de R. de Felice Interpretación del Fascismo (1969). Los politólogos cogen con pinzas e innumerables reservas eso del «fascismo» porque saben que es un vocablo anfibológico y científicamente inválido.

Por añadidura, en los últimos tiempos, el epíteto «fascista» ha degenerado en un improperio, como antaño lo fueron «masón» o «comunista». Es un término que ha perdido capacidad definitoria para convertirse en un modo verbal de condenar, o sea, en una acusación y una sanción. Con razón se reprocha a las Inquisiciones -la española y las demás-, la macabra práctica de desenterrar cadáveres y enviarlos a la hoguera (se hizo con los padres de Vives). Los póstumamente sentenciados como «fascistas» ¿podrán permanecer en sus tumbas o se impondrá un auto de fe para incinerar sus restos mortales? Algo así habría que hacer salvo que los fallos fueran simple expresión retórica de rencor, o catarsis freudiana.

El Alzamiento de 1936 fue el segundo acto de un drama, iniciado meses antes con la revolución socialista de Asturias que preparaba su revancha. Fue una contrarrevolución, que es algo que no se parece nada al Fascismo italiano, típicamente revolucionario. Los principales protagonistas del Alzamiento fueron los generales Sanjurjo, Mola, Goded, Queipo, y Aranda a los que, en último momento, se adhirió Franco. Ninguno de ellos compartía la ideología del Fascismo italiano, ni otra similar. Los partidos con representación parlamentaria que se sumaron al Alzamiento eran los de la Ceda, el Bloque Nacional y el carlista, ninguno de los cuales tenía parecido alguno con el Fascismo, entre otras cosas, porque eran católicos. Aunque, al principio, minoritaria, también Falange era católica, y su fundador no se cansó de repetir que no era fascista. Los ideales del Alzamiento, recogidos por la Ley de Principios Fundamentales son una antítesis del Fascismo italiano, del Nacionalsocialismo alemán y de los movimientos que guardan algún lejano parecido con ellos. En ciertos casos, la acusación es brutalmente anacrónica porque la Comunión Tradicionalista, que vertebró doctrinalmente al Alzamiento, era anterior en un siglo al Fascismo italiano, y el catolicismo era anterior en dos milenios.

La conversión de una legislatura parlamentaria en Tribunal Supremo de la Historia carece de todo fundamento y no puede ser tomada éticamente en serio. Además, lo propio de una sentencia es la calificación de un previo delito, no el uso del improperio, lo que la desnaturaliza y envilece. Y, finalmente, si algo hay de obvio en la historia de España es la peculiaridad ideológica del Alzamiento de 1936, pronto definido como cruzada por la Jerarquía episcopal, y enteramente dispar del Fascismo y del Nacionalsocialismo. De todas las corrientes políticas del periodo de entreguerras, la menos diferente del nacionalsidicalismo español sería el corporativismo portugués. Si nuestros parlamentarios extendieron su jurisdicción sancionadora allende fronteras para dar matrícula de honor a los brigadistas de Stalin ¿no podrían llegar a suspender al benemérito Salazar?

Hay diputados que no quieren ser menos que el juez Garzón, dispuesto a procesar a jefes de Estado, salvo a Fidel Castro, quizás porque presenta la eximente de haber sido stalinista, en vez de la agravante de católico.

En la propuesta de resolución, se alude a la ruptura de la «legalidad republicana». Tal supuesta legalidad no existe, sí la del Estado de las Leyes Fundamentales, jurada por el Rey. Según la legalidad republicana, la familia Borbón, carecería de la nacionalidad española.

El suntuoso Valle Inclán tendría óptima materia para un esperpento.



 

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