Pinochet y la
ortodoxia politica
1.
SIGNOS DEL NUEVO ORDEN
El catedrático de la Universidad de Columbia, Lawrence
Weschler, escribía en «The New Yorker»: «Negar la
inmunidad a Pinochet ha sido en sí mismo un enorme salto
adelante y, como las acciones de la OTAN, supone un nuevo
modo de afrontar la violencia a gran escala que se
produce en el interior de los Estados». Así la
negación de la inmunidad a Pinochet y el bombardeo
humanitario de Kosovo se han visto como el acta de
nacimiento de un nuevo orden mundial. Una maternidad que
al poco de concitar al aplauso con el discutible juicio a
Pinochet se ha visto ensombrecida por el curso de la
guerra en la actual Yugoslavia. Suceso en el cual la
realidad se escinde para el observador en aquello que
quiere ver -la guerra indolora (o los «errores») de las
armas inteligentes- y la realidad -el desastre
humanitario, las muertes de inocentes, la destrucción y
el asesinato de periodistas chinos en su Embajada-. Entre
una OTAN que agrede y la que se nos fue, hay un Occidente
que se queda atrás, el de la paz de la opulencia, de las
democracias, tolerante y plural.
El rápido contraste entre este Occidente belicista y el
de hace unos pocos meses es evidente. El filósofo
francés Gilles Lepovestky afirmaba con entera seguridad
que Europa no conocía la guerra y que sólo acontecía
en la periferia porque había escasa conciencia de la
individualidad. La guerra, en último caso, no era sino
un recuerdo molesto de un pasado que se procuraba
olvidar.
Sin embargo, la evolución europea en pos de la
consagración del derecho a la paz, proclamado por
Miterrand, ha terminado en la misión autoasignada de
imponer la paz por la fuerza, es decir conducir la
guerra. Es un asunto grave, ya que la ecuación entre
democracia y paz termina, y se establece otra en la cual
la expansión del modelo democrático supone de manera
permanente colocar a la guerra como un ejercicio central
del gobierno internacional. Se trata, en definitiva de
que la guerra política se transforma en guerra de verdad
y que la juridicidad no es más que su escalón más
bajo.
Este nuevo derecho a la paz caduca o posterga los avances
del derecho de la guerra: por ejemplo la declaración de
guerra o la incierta situación jurídica de una guerra
que lo es solo para un bando en cuestión. El asunto es
relevante, ya que no será la proclamación del fin de
los excesos internacionales lo que va a provocar su cese
real y por otra parte porque este puede servir de excusa
para una serie de guerras en nombre de la paz.
Del mismo modo la «definitiva» jurisprudencia sobre la
improcedencia del uso de la fuerza en la tarea propia de
un gobernante (Pinochet) se contrapone con la
argumentación de la justicia española que el trato de
Castro con los disidentes es «desconsiderado» antes que
criminal, aunque para desmentir semejante tontería baste
con oponer el libro de Stéphane Courtois y otros, El
libro negro del comunismo. Quizás en el caso Pinochet se
hayan desnudado de mejor forma las presunciones
ideológicas subyacentes y bastaría eso para demostrar
que no hay jurisprudencia sino política. Eso explicaría
además por qué los argumentos que podrían exculpar al
senador Pinochet de las presuntas responsabilidades
penales en violaciones de los Derechos Humanos en Chile
son aceptadas, eso sí, para impedir el enjuiciamiento de
Castro. De manera más sutil, el juez Garzón le niega su
calidad de senador por no ser elegido frente a los jueces
lores que tampoco lo son. La Cancillería británica,
siguiendo instrucciones gubernamentales, alega que no
reconoce el status diplomático concedido por el gobierno
de Chile y niega al Estado citado su carácter de
interlocutor válido. Aún más, se le niega su propia
jurisdicción, se declara su ausencia de aplicar justicia
y la necesidad de que reconozca la pérdida de la
soberanía. En síntesis, parece claro que para Gran
Bretaña y España el Estado chileno es un actor a medias
del escenario internacional.
La tesis esgrimida por los lores (en medio de brutales
advertencias de su posible supresión como institución
secular) es que cualquier Jefe de Estado puede ser
enjuiciado por cualquier acusación de violaciones de los
derechos humanos. Aunque ello no abarque más que a los
que hayan dejado el poder, hayan negociado una
transición y estén decididos a someterse al imperio de
la ley en su país. Se salvarán aquellos que insistan
por décadas en aferrarse al poder y mueran en la cama.
El principismo jurídico-político de los activistas pro
derechos Humanos creará esta nueva impunidad de los que
mantienen el poder estarán indemnes.
Ciertamente es una contradicción que en una época de
desenfrenado optimismo, inaugurado por aquel discurso del
Presidente Bush tras el fin de la guerra fría en 1991
proclamando un nuevo orden mundial sustentando en la
democracia, resulte que el único criterio de eludir a
esa justicia universal democrática sea, precisamente,
conservar el poder político y no renunciar jamás a él.
2. DEL IMPERIO CRISTIANO A LA SOCIEDAD ABIERTA Y DE
RETORNO
Ha habido una curiosa evolución en la llamada sociedad
occidental. Primero la base jurídica romana, tan sólida
como para permitir su vigencia siglos después. Luego su
perfeccionamiento con el Cristianismo, que añadió a su
vocación universal una nueva visión de los derechos de
las personas, transformando la esclavitud en servidumbre,
dando a la palabra libertad nuevas resonancias y, en fin,
complementando la idea que la salvación del hombre no
sólo se alcanzaba en deberes temporales sino en el plano
más alto del orden salvífico. La base de esta sociedad
eran la pietas, que fundamentaba el amor a la res
pública. Una sociedad transformada por el mensaje
cristiano, ampliada como llamamiento a todos los hombres
y cuya capacidad de incorporar diversas culturas y
territorios habla de su potencialidad.
Sin embargo, este movimiento hacia un orden cristiano,
-un Dios emperador- fue desafiado por la Reforma
protestante y, luego, por el nacimiento de una
concepción crítica. Esta puso las bases para una
comprensión basada en los derechos del hombre,
destructora de la herencia cristiana y primera piedra del
edificio del gobierno mundial idealizado por Kant. Esta
se concibe como la integral destrucción de las
particularidades de los pueblos y la aceptación de un
criterio global para diseñar todos los modelos
políticos, espirituales y éticos. Modelo que ha pasado
desde la República Francesa a EE.UU. y, últimamente a
la Unión Europea.
3. DERECHOS DE TERCERA GENERACION
El fracaso del liberalismo en la entreguerra europea
frente al Comunismo y el Fascismo llevó a los teóricos
democráticos a ensayar una nueva respuesta. La tesis de
que la sociedad abierta necesitaba protección y había
que establecer un límite a su permeabilidad fue el
objeto preferente de Karl Popper. Pero su ataque a la
«planificación» y al futuro previsible no era
suficiente, pues el origen más sólido era el poder
constituyente que definía revolucionariamente la
legitimidad futura. No fue extraño que el nuevo modelo
retomara la idea de la ortodoxia pública, pero aplicada
ahora sobre un mínimo que era correcto decir que no.
Cuáles eran las ideas o actitudes que se podía exponer
en público (y a veces ni siquiera) y que eran
tolerables.
Esta tesis nació en Canadá y en Estados Unidos y ha
sido crecientemente adoptada por Europa:la teoría de lo
políticamente correcto como límite entre la barbarie y
el mundo moderno, ligada también a otras como la del
multiculturalismo o la de laicidad del Estado. Una
teoría que consagra la imposición de la paz por medios
coercitivos, los derechos humanos, la no discriminación
de las minorías, la protección del medio… Una
tesis que impone modos de hablar y se transforma en una
condición previa al pensamiento.
Estos derechos de «tercera generación» se han
considerado asimismo como la expresión de un nuevo
consenso y de un nuevo orden global. Se consideran
transversales a las sociedades y se infiltran en los
Estados mediante tratados, convenios y acuerdos de todo
tipo. Una disposición laboral de la OIT, por ejemplo, ha
obligado al Gobierno de Chile a elaborar una ley ad hoc
para las minorías. Otra ha inducido a suprimir la
disposición del Código Penal que consideraba la
sodomía como un delito en 1998 y que databa del siglo
pasado. La tercera, lleva a fines de mayo al Estado de
Chile a aceptar la jurisdicción de la OEA sobre la
legalidad interna por un dictamen de la Corte Suprema que
prohibía la exhibición de la película La última
tentación de Cristo por ofender los valores católicos
del país.
Bajo esta perspectiva, el idealismo ha proclamado su
victoria. Porque a través de estos supuestos puede
modelar la sociedad, aunque omita que no ha traído ni
más tranquilidad ni más bienestar o paz que el
denostado realismo.
4. LA LEY COMO ACTO DE FUERZA
El momento actual es quizás el más parecido al
posterior a la Primera Guerra Mundial. También en esa
época se habló de elaborar un Derecho y un orden
internacional inéditos. También en esa época se
desconocieron instituciones como las monarquías
plurinacionales y se constituyeron Estados basados
exclusivamente en los principios nacionales. Se acordó
declarar el fin de las guerras y crear un organismo
internacional que controlara la paz. Apenas unos pocos
años después, la inactividad de los europeos y sobre
todo de los estadounidenses propició la erosión del
orden de Versalles. Primero Italia, luego Alemania, y
finalmente Japón sepultaron los sueños de una paz
duradera.
Tras la caída del muro de Berlín se proclama el fin de
las soberanías nacionales y la construcción de un orden
de seguridad global. Un primer problema de esta
percepción es que para gran parte de los defensores de
tal postura la ecuación «mundo» se reduce a Europa
Occidental, América, Australia y Japón. Según algunos
«disidentes» son dos tercios del mundo; pero los buenos
sentimientos dominan mientras las bombas inteligentes
destrozan inocentes en los Balcanes. Apenas una leve
excusa dice que se trata de meros errores y que el fin de
esos bombardeos es para parar la matanza étnica de los
serbios. A cada «error» de la OTAN (léase muertos)
esta responde mostrando las matanzas serbias, un criterio
que ha sido expresamente desechado para explicar el
origen de la represión política en los 70 frente al
terrorismo de izquierdas.
Hay algo de siniestra contradicción entre edificar la
paz de los próximos años y emprender una guerra
ofensiva, pretender juzgar los hechos por los principios
y no por los resultados. En fin, el idealismo resulta tan
«maquiavélico» como el denostado realismo «amoral»
que, al menos, era más estable.
5. EL PODER TRAS EL DISCURSO IDEALISTA
Quienes ejercen de policía del mundo a través de la
OTAN denuncian la crisis del Estado-Nación. Tienen
razón en cuanto a que es posible permear en todo sentido
Estados pequeños. No son los Estados fuertes sino los
Estados periféricos el objeto de la crisis: América
Latina, quizás Rusia, algún país africano y asiático.
Y más precisamente, aquellos que la ortodoxia de lo
políticamente correcto denigra. Así, la política
internacional se compone hoy día de una legitimidad
ideológica que en nombre de los derechos humanos, la
ecología o la protección a las soberanías impone sus
reglas de modo colonial. Chile y Argentina son acusados
de aplicar conceptos añejos de soberanía, mientras la
justicia comunitaria excluye toda consideración a las
leyes chilenas. Se habla de la denegación de justicia
mientras el Gobierno Aznar indulta a los ex ministros
socialistas culpables -según se dice- de combatir
ilegalmente al terrorismo. Peor aún, el fiscal
Castresana explica en una entrevista en Chile que en
España, su país, no se procedió contra las autoridades
de Franco porque nadie presentó una querella en su
contra.
De lo que se habla, en definitiva no es de leyes o
derecho internacional, ya que como han confesado los
mismos que impulsan el juicio a Pinochet, esto se
encuentra «en construcción» o, mejor dicho, ni
siquiera existe y se va improvisando a la medida del
juicio. Así el concepto de genocidio clásico, como no
cuadra, se le amplía a «autogenocidio». Remiro
Brotons, quien acaba de escribir un artículo para
Política Exterior sobre el caso Pinochet -el cual trata
casi por accidente los alegatos chilenos- donde reconoce
que el asesinato de los opositores «no es un delito de
genocidio, a menos que se opte por una interpretación
abierta y evolucionada del mismo». Así, la política se
traspasa al derecho, creando la curiosa figura de un
derecho penal nacional que se convierte en internacional.
¿Pero es esto una novedad? ¿Habrá que impresionarse
porque el mismo derecho internacional que se invoca no
exista para Castro y todavía más se esgriman razones
políticas y de contexto para no hacerlo? La verdad es
que no. Carl Schmitt hace muchos años postulaba que la
distinción amigo/enemigo estaba en la base de la
política. Sin un enemigo público, sin un adversario, la
política carece de dinamismo. Y a pesar de que se habla
del consenso, es obvio que la ortodoxia de los derechos
humanos precisa enemigos y debe diseñar una estrategia
para cercarlos. Para entonces la sociedad española se ha
convertido en el espacio donde las ONG presionan de un
lado y la ortodoxia pública del otro. El Gobierno es un
rehén de un clima comunicacional que considera para
ciertos efectos que la Justicia es expresión del Estado
y para otros no. El nexo evidente entre los actos de
gobierno -inclusive los de la Justicia- y los de la
llamada «sociedad civil» que descorcha champagne en la
Puerta del Sol o se saluda efusivamente con los jueces en
la Audiencia de lo Penal es la ideología radical que le
convoca. Así pues, sin política, sin ideología, no hay
nada de este pretendido nuevo derecho ni de su ortodoxia
pública.
Aplicado esto a Chile resulta que Pinochet es el Franco
que no se juzgó, el resumen de las frustraciones
izquierdistas, la síntesis de todos los males. A veces
al estilo de Hitler según la inefable Isabel Allende,
otras como un dictadorcillo estilo Trujillo al que se le
buscan cuentas que no existen en Suiza o se insinúa que
estaba en Londres para cobrar comisiones de las compras
de armas. Francisco Umbral pretende que si no se procede
a enjuiciar a Pinochet corre peligro la democracia
española, como si el futuro de España se definiera a
orillas del Mapocho. Sin pudor, el diario «El Mundo»
hace circular una «Incitación al Pinocheticidio» que
en cualquier parte se consideraría una apología del
asesinato. Pero lo importante es que Pinochet sintetiza
para estos efectos la imagen que se quiere del resto del
mundo. Poco importa que haya tenido criterio de
estadista, que haya evitado la guerra interna y otra
externa en Chile o que los propios chilenos fueran los
que convinieran una transición política. Entonces el
punto se transforma en un cuestionamiento del proceso
chileno, en el que se alega la denegación de la
justicia.
Aunque extremo, el artículo de «El Mundo» antes citado
es ilustrativo de la tesis central sobre el Estado
chileno. En él se nos dice que cinco balazos bastaban
según De Gaulle para liquidar a los colaboracionistas de
Hitler en la Francia de Vichy. Cinco balazos con los que
se inaugura una legitimidad constituyente. El problema es
que Chile no emerge de una guerra civil, sino de una
derrota electoral, dentro de una Constitución política,
les guste o no a ciertos españoles, ni más ni menos
perfecta que el ordenamiento pos Franco. Sobre este
argumento se nos dice que el actual Estado es fruto de
una «traición» que los demócratas del mundo han
quedado insatisfechos, y habrá que sacrificar al senador
Pinochet para agradarlos.
Visto así el argumento fundamental del Estado chileno es
evidentemente político porque la cuestión jurídica es
accesoria a esta pérdida de la legitimidad
comunicacional, a este asalto de los mass media sobre
Chile. No podría ser de otra manera. Las transiciones
políticas, como las institucionalidades, responden a
condicionantes internos, y en ellos se privilegia la paz
social y el progreso. Guerras civiles, muertes, excesos,
han existido siempre incluso en democracias y con mayor
razón cuando hay procesos de paz o transiciones se
concretan instancias de inmunidad. ¿Alguien se podría
imaginar qué significaría aplicar otro criterio en las
negociaciones de paz con el IRA, la ETA o el Ejército
Palestino del Pueblo hoy en el poder con Yasser Arafat?
¿O siquiera con los ex comunistas en Europa Central,
Ortega y el sandinismo en Nicaragua, etc., etc.?
Más allá de la discusión legal de si existe la
responsabilidad penal de Pinochet en los puntos que se le
imputan, lo importante es si se reconoce o no al pueblo y
Estado chileno su propia construcción política de
transición que forja la inmunidad de Pinochet, sería
parte de su camino político.
Es evidente que para los nuevos hiperglobalizadores no
existe esa autonomía o capacidad soberana. La
explicación es que habría una «jurisdicción universal
penal» que se impone porque en esta era de la democracia
y el pluralismo existen los monstruos, reales o
ficticios, que se erigen como los demonios de la
civilización. Entonces contra ellos la ortodoxia
pública lleva su campaña de total modelación
arrinconando a los disidentes al máximo. Encabeza la
«última guerra», la guerra contra las guerras, para
impedir que hayan otras Yugoslavias o Irak. O enjuicia a
Pinochet para poner fin a las dictaduras (!), del mismo
modo que a principios del siglo XX se proclamaba a la
guerra fuera de la ley.
Resulta inevitable contemplada la retórica insustancial
de estas afirmaciones, que no impedirán nada en el
futuro, que sólo se impondrán estos preceptos cuando el
desequilibrio de fuerzas entre uno y otro Estado lo
permita. ¿Alguien juzgará a China Popular? ¿O desde
Sudamérica caerán bajo los jueces chilenos o
argentinos, autoridades británicas o españolas? La
Unión Europea que pretende extender su tesis jurídica
¿lo hará con Estados Unidos que pretende idéntico
derecho y que si puede juzgará a Ortega o a Castro,
aunque el juez español de marras diga que solo son actos
de «desconsideración» enviar a prisión, matar o
acallar a disidentes, en un régimen de partido único?
Resulta así que la desigualdad internacional es la base
de esta aplicación del derecho penal propio al resto de
los países. No se reproduce enteramente el bifrontismo
de la guerra fría, pero ese sesgamiento ha sido
remplazado por un impulso que procede desde interior de
los Estados centrales como de la seudosociedad civil
trasmutada por las pantallas de los noticieros, las
declaraciones de las transnacionales ideológicas o los
acuerdos de las ONG y cuya sede se radica en los mismos
Estados centrales. Persistirá hasta que se agote
espiritualmente o encuentre una oposición internacional
sustantiva. Vamos más rápido al segundo, toda vez que
Occidente quiere negar que su lógica de imponer la paz
amenaza limitar drásticamente la universalidad del nuevo
derecho y provocar un regreso de la Guerra Fría. Si los
conservadores regresan a Gran Bretaña se reconocerá la
inmunidad diplomática originaria del senador Pinochet y
la condición del Estado chileno de actor internacional
pleno.
A fin de cuentas hay que darle la razón a
Laberthonnière cuando dice «C'est la loi» ne differe
en rien au fond de la maxime «C'est la guerre».
|
Pulse aquí para enviar
correo