Pinochet y la ortodoxia politica nº97

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Pinochet y la ortodoxia politica nº97

Por Cristian Garay Vera

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Pinochet y la ortodoxia politica

1. SIGNOS DEL NUEVO ORDEN



El catedrático de la Universidad de Columbia, Lawrence Weschler, escribía en «The New Yorker»: «Negar la inmunidad a Pinochet ha sido en sí mismo un enorme salto adelante y, como las acciones de la OTAN, supone un nuevo modo de afrontar la violencia a gran escala que se produce en el interior de los Estados». Así la negación de la inmunidad a Pinochet y el bombardeo humanitario de Kosovo se han visto como el acta de nacimiento de un nuevo orden mundial. Una maternidad que al poco de concitar al aplauso con el discutible juicio a Pinochet se ha visto ensombrecida por el curso de la guerra en la actual Yugoslavia. Suceso en el cual la realidad se escinde para el observador en aquello que quiere ver -la guerra indolora (o los «errores») de las armas inteligentes- y la realidad -el desastre humanitario, las muertes de inocentes, la destrucción y el asesinato de periodistas chinos en su Embajada-. Entre una OTAN que agrede y la que se nos fue, hay un Occidente que se queda atrás, el de la paz de la opulencia, de las democracias, tolerante y plural.

El rápido contraste entre este Occidente belicista y el de hace unos pocos meses es evidente. El filósofo francés Gilles Lepovestky afirmaba con entera seguridad que Europa no conocía la guerra y que sólo acontecía en la periferia porque había escasa conciencia de la individualidad. La guerra, en último caso, no era sino un recuerdo molesto de un pasado que se procuraba olvidar.

Sin embargo, la evolución europea en pos de la consagración del derecho a la paz, proclamado por Miterrand, ha terminado en la misión autoasignada de imponer la paz por la fuerza, es decir conducir la guerra. Es un asunto grave, ya que la ecuación entre democracia y paz termina, y se establece otra en la cual la expansión del modelo democrático supone de manera permanente colocar a la guerra como un ejercicio central del gobierno internacional. Se trata, en definitiva de que la guerra política se transforma en guerra de verdad y que la juridicidad no es más que su escalón más bajo.

Este nuevo derecho a la paz caduca o posterga los avances del derecho de la guerra: por ejemplo la declaración de guerra o la incierta situación jurídica de una guerra que lo es solo para un bando en cuestión. El asunto es relevante, ya que no será la proclamación del fin de los excesos internacionales lo que va a provocar su cese real y por otra parte porque este puede servir de excusa para una serie de guerras en nombre de la paz.

Del mismo modo la «definitiva» jurisprudencia sobre la improcedencia del uso de la fuerza en la tarea propia de un gobernante (Pinochet) se contrapone con la argumentación de la justicia española que el trato de Castro con los disidentes es «desconsiderado» antes que criminal, aunque para desmentir semejante tontería baste con oponer el libro de Stéphane Courtois y otros, El libro negro del comunismo. Quizás en el caso Pinochet se hayan desnudado de mejor forma las presunciones ideológicas subyacentes y bastaría eso para demostrar que no hay jurisprudencia sino política. Eso explicaría además por qué los argumentos que podrían exculpar al senador Pinochet de las presuntas responsabilidades penales en violaciones de los Derechos Humanos en Chile son aceptadas, eso sí, para impedir el enjuiciamiento de Castro. De manera más sutil, el juez Garzón le niega su calidad de senador por no ser elegido frente a los jueces lores que tampoco lo son. La Cancillería británica, siguiendo instrucciones gubernamentales, alega que no reconoce el status diplomático concedido por el gobierno de Chile y niega al Estado citado su carácter de interlocutor válido. Aún más, se le niega su propia jurisdicción, se declara su ausencia de aplicar justicia y la necesidad de que reconozca la pérdida de la soberanía. En síntesis, parece claro que para Gran Bretaña y España el Estado chileno es un actor a medias del escenario internacional.

La tesis esgrimida por los lores (en medio de brutales advertencias de su posible supresión como institución secular) es que cualquier Jefe de Estado puede ser enjuiciado por cualquier acusación de violaciones de los derechos humanos. Aunque ello no abarque más que a los que hayan dejado el poder, hayan negociado una transición y estén decididos a someterse al imperio de la ley en su país. Se salvarán aquellos que insistan por décadas en aferrarse al poder y mueran en la cama. El principismo jurídico-político de los activistas pro derechos Humanos creará esta nueva impunidad de los que mantienen el poder estarán indemnes.

Ciertamente es una contradicción que en una época de desenfrenado optimismo, inaugurado por aquel discurso del Presidente Bush tras el fin de la guerra fría en 1991 proclamando un nuevo orden mundial sustentando en la democracia, resulte que el único criterio de eludir a esa justicia universal democrática sea, precisamente, conservar el poder político y no renunciar jamás a él.


2. DEL IMPERIO CRISTIANO A LA SOCIEDAD ABIERTA Y DE RETORNO



Ha habido una curiosa evolución en la llamada sociedad occidental. Primero la base jurídica romana, tan sólida como para permitir su vigencia siglos después. Luego su perfeccionamiento con el Cristianismo, que añadió a su vocación universal una nueva visión de los derechos de las personas, transformando la esclavitud en servidumbre, dando a la palabra libertad nuevas resonancias y, en fin, complementando la idea que la salvación del hombre no sólo se alcanzaba en deberes temporales sino en el plano más alto del orden salvífico. La base de esta sociedad eran la pietas, que fundamentaba el amor a la res pública. Una sociedad transformada por el mensaje cristiano, ampliada como llamamiento a todos los hombres y cuya capacidad de incorporar diversas culturas y territorios habla de su potencialidad.

Sin embargo, este movimiento hacia un orden cristiano, -un Dios emperador- fue desafiado por la Reforma protestante y, luego, por el nacimiento de una concepción crítica. Esta puso las bases para una comprensión basada en los derechos del hombre, destructora de la herencia cristiana y primera piedra del edificio del gobierno mundial idealizado por Kant. Esta se concibe como la integral destrucción de las particularidades de los pueblos y la aceptación de un criterio global para diseñar todos los modelos políticos, espirituales y éticos. Modelo que ha pasado desde la República Francesa a EE.UU. y, últimamente a la Unión Europea.





3. DERECHOS DE TERCERA GENERACION



El fracaso del liberalismo en la entreguerra europea frente al Comunismo y el Fascismo llevó a los teóricos democráticos a ensayar una nueva respuesta. La tesis de que la sociedad abierta necesitaba protección y había que establecer un límite a su permeabilidad fue el objeto preferente de Karl Popper. Pero su ataque a la «planificación» y al futuro previsible no era suficiente, pues el origen más sólido era el poder constituyente que definía revolucionariamente la legitimidad futura. No fue extraño que el nuevo modelo retomara la idea de la ortodoxia pública, pero aplicada ahora sobre un mínimo que era correcto decir que no. Cuáles eran las ideas o actitudes que se podía exponer en público (y a veces ni siquiera) y que eran tolerables.

Esta tesis nació en Canadá y en Estados Unidos y ha sido crecientemente adoptada por Europa:la teoría de lo políticamente correcto como límite entre la barbarie y el mundo moderno, ligada también a otras como la del multiculturalismo o la de laicidad del Estado. Una teoría que consagra la imposición de la paz por medios coercitivos, los derechos humanos, la no discriminación de las minorías, la protección del medio… Una tesis que impone modos de hablar y se transforma en una condición previa al pensamiento.

Estos derechos de «tercera generación» se han considerado asimismo como la expresión de un nuevo consenso y de un nuevo orden global. Se consideran transversales a las sociedades y se infiltran en los Estados mediante tratados, convenios y acuerdos de todo tipo. Una disposición laboral de la OIT, por ejemplo, ha obligado al Gobierno de Chile a elaborar una ley ad hoc para las minorías. Otra ha inducido a suprimir la disposición del Código Penal que consideraba la sodomía como un delito en 1998 y que databa del siglo pasado. La tercera, lleva a fines de mayo al Estado de Chile a aceptar la jurisdicción de la OEA sobre la legalidad interna por un dictamen de la Corte Suprema que prohibía la exhibición de la película La última tentación de Cristo por ofender los valores católicos del país.

Bajo esta perspectiva, el idealismo ha proclamado su victoria. Porque a través de estos supuestos puede modelar la sociedad, aunque omita que no ha traído ni más tranquilidad ni más bienestar o paz que el denostado realismo.





4. LA LEY COMO ACTO DE FUERZA



El momento actual es quizás el más parecido al posterior a la Primera Guerra Mundial. También en esa época se habló de elaborar un Derecho y un orden internacional inéditos. También en esa época se desconocieron instituciones como las monarquías plurinacionales y se constituyeron Estados basados exclusivamente en los principios nacionales. Se acordó declarar el fin de las guerras y crear un organismo internacional que controlara la paz. Apenas unos pocos años después, la inactividad de los europeos y sobre todo de los estadounidenses propició la erosión del orden de Versalles. Primero Italia, luego Alemania, y finalmente Japón sepultaron los sueños de una paz duradera.

Tras la caída del muro de Berlín se proclama el fin de las soberanías nacionales y la construcción de un orden de seguridad global. Un primer problema de esta percepción es que para gran parte de los defensores de tal postura la ecuación «mundo» se reduce a Europa Occidental, América, Australia y Japón. Según algunos «disidentes» son dos tercios del mundo; pero los buenos sentimientos dominan mientras las bombas inteligentes destrozan inocentes en los Balcanes. Apenas una leve excusa dice que se trata de meros errores y que el fin de esos bombardeos es para parar la matanza étnica de los serbios. A cada «error» de la OTAN (léase muertos) esta responde mostrando las matanzas serbias, un criterio que ha sido expresamente desechado para explicar el origen de la represión política en los 70 frente al terrorismo de izquierdas.

Hay algo de siniestra contradicción entre edificar la paz de los próximos años y emprender una guerra ofensiva, pretender juzgar los hechos por los principios y no por los resultados. En fin, el idealismo resulta tan «maquiavélico» como el denostado realismo «amoral» que, al menos, era más estable.





5. EL PODER TRAS EL DISCURSO IDEALISTA



Quienes ejercen de policía del mundo a través de la OTAN denuncian la crisis del Estado-Nación. Tienen razón en cuanto a que es posible permear en todo sentido Estados pequeños. No son los Estados fuertes sino los Estados periféricos el objeto de la crisis: América Latina, quizás Rusia, algún país africano y asiático. Y más precisamente, aquellos que la ortodoxia de lo políticamente correcto denigra. Así, la política internacional se compone hoy día de una legitimidad ideológica que en nombre de los derechos humanos, la ecología o la protección a las soberanías impone sus reglas de modo colonial. Chile y Argentina son acusados de aplicar conceptos añejos de soberanía, mientras la justicia comunitaria excluye toda consideración a las leyes chilenas. Se habla de la denegación de justicia mientras el Gobierno Aznar indulta a los ex ministros socialistas culpables -según se dice- de combatir ilegalmente al terrorismo. Peor aún, el fiscal Castresana explica en una entrevista en Chile que en España, su país, no se procedió contra las autoridades de Franco porque nadie presentó una querella en su contra.

De lo que se habla, en definitiva no es de leyes o derecho internacional, ya que como han confesado los mismos que impulsan el juicio a Pinochet, esto se encuentra «en construcción» o, mejor dicho, ni siquiera existe y se va improvisando a la medida del juicio. Así el concepto de genocidio clásico, como no cuadra, se le amplía a «autogenocidio». Remiro Brotons, quien acaba de escribir un artículo para Política Exterior sobre el caso Pinochet -el cual trata casi por accidente los alegatos chilenos- donde reconoce que el asesinato de los opositores «no es un delito de genocidio, a menos que se opte por una interpretación abierta y evolucionada del mismo». Así, la política se traspasa al derecho, creando la curiosa figura de un derecho penal nacional que se convierte en internacional.

¿Pero es esto una novedad? ¿Habrá que impresionarse porque el mismo derecho internacional que se invoca no exista para Castro y todavía más se esgriman razones políticas y de contexto para no hacerlo? La verdad es que no. Carl Schmitt hace muchos años postulaba que la distinción amigo/enemigo estaba en la base de la política. Sin un enemigo público, sin un adversario, la política carece de dinamismo. Y a pesar de que se habla del consenso, es obvio que la ortodoxia de los derechos humanos precisa enemigos y debe diseñar una estrategia para cercarlos. Para entonces la sociedad española se ha convertido en el espacio donde las ONG presionan de un lado y la ortodoxia pública del otro. El Gobierno es un rehén de un clima comunicacional que considera para ciertos efectos que la Justicia es expresión del Estado y para otros no. El nexo evidente entre los actos de gobierno -inclusive los de la Justicia- y los de la llamada «sociedad civil» que descorcha champagne en la Puerta del Sol o se saluda efusivamente con los jueces en la Audiencia de lo Penal es la ideología radical que le convoca. Así pues, sin política, sin ideología, no hay nada de este pretendido nuevo derecho ni de su ortodoxia pública.

Aplicado esto a Chile resulta que Pinochet es el Franco que no se juzgó, el resumen de las frustraciones izquierdistas, la síntesis de todos los males. A veces al estilo de Hitler según la inefable Isabel Allende, otras como un dictadorcillo estilo Trujillo al que se le buscan cuentas que no existen en Suiza o se insinúa que estaba en Londres para cobrar comisiones de las compras de armas. Francisco Umbral pretende que si no se procede a enjuiciar a Pinochet corre peligro la democracia española, como si el futuro de España se definiera a orillas del Mapocho. Sin pudor, el diario «El Mundo» hace circular una «Incitación al Pinocheticidio» que en cualquier parte se consideraría una apología del asesinato. Pero lo importante es que Pinochet sintetiza para estos efectos la imagen que se quiere del resto del mundo. Poco importa que haya tenido criterio de estadista, que haya evitado la guerra interna y otra externa en Chile o que los propios chilenos fueran los que convinieran una transición política. Entonces el punto se transforma en un cuestionamiento del proceso chileno, en el que se alega la denegación de la justicia.

Aunque extremo, el artículo de «El Mundo» antes citado es ilustrativo de la tesis central sobre el Estado chileno. En él se nos dice que cinco balazos bastaban según De Gaulle para liquidar a los colaboracionistas de Hitler en la Francia de Vichy. Cinco balazos con los que se inaugura una legitimidad constituyente. El problema es que Chile no emerge de una guerra civil, sino de una derrota electoral, dentro de una Constitución política, les guste o no a ciertos españoles, ni más ni menos perfecta que el ordenamiento pos Franco. Sobre este argumento se nos dice que el actual Estado es fruto de una «traición» que los demócratas del mundo han quedado insatisfechos, y habrá que sacrificar al senador Pinochet para agradarlos.

Visto así el argumento fundamental del Estado chileno es evidentemente político porque la cuestión jurídica es accesoria a esta pérdida de la legitimidad comunicacional, a este asalto de los mass media sobre Chile. No podría ser de otra manera. Las transiciones políticas, como las institucionalidades, responden a condicionantes internos, y en ellos se privilegia la paz social y el progreso. Guerras civiles, muertes, excesos, han existido siempre incluso en democracias y con mayor razón cuando hay procesos de paz o transiciones se concretan instancias de inmunidad. ¿Alguien se podría imaginar qué significaría aplicar otro criterio en las negociaciones de paz con el IRA, la ETA o el Ejército Palestino del Pueblo hoy en el poder con Yasser Arafat? ¿O siquiera con los ex comunistas en Europa Central, Ortega y el sandinismo en Nicaragua, etc., etc.?

Más allá de la discusión legal de si existe la responsabilidad penal de Pinochet en los puntos que se le imputan, lo importante es si se reconoce o no al pueblo y Estado chileno su propia construcción política de transición que forja la inmunidad de Pinochet, sería parte de su camino político.

Es evidente que para los nuevos hiperglobalizadores no existe esa autonomía o capacidad soberana. La explicación es que habría una «jurisdicción universal penal» que se impone porque en esta era de la democracia y el pluralismo existen los monstruos, reales o ficticios, que se erigen como los demonios de la civilización. Entonces contra ellos la ortodoxia pública lleva su campaña de total modelación arrinconando a los disidentes al máximo. Encabeza la «última guerra», la guerra contra las guerras, para impedir que hayan otras Yugoslavias o Irak. O enjuicia a Pinochet para poner fin a las dictaduras (!), del mismo modo que a principios del siglo XX se proclamaba a la guerra fuera de la ley.

Resulta inevitable contemplada la retórica insustancial de estas afirmaciones, que no impedirán nada en el futuro, que sólo se impondrán estos preceptos cuando el desequilibrio de fuerzas entre uno y otro Estado lo permita. ¿Alguien juzgará a China Popular? ¿O desde Sudamérica caerán bajo los jueces chilenos o argentinos, autoridades británicas o españolas? La Unión Europea que pretende extender su tesis jurídica ¿lo hará con Estados Unidos que pretende idéntico derecho y que si puede juzgará a Ortega o a Castro, aunque el juez español de marras diga que solo son actos de «desconsideración» enviar a prisión, matar o acallar a disidentes, en un régimen de partido único?

Resulta así que la desigualdad internacional es la base de esta aplicación del derecho penal propio al resto de los países. No se reproduce enteramente el bifrontismo de la guerra fría, pero ese sesgamiento ha sido remplazado por un impulso que procede desde interior de los Estados centrales como de la seudosociedad civil trasmutada por las pantallas de los noticieros, las declaraciones de las transnacionales ideológicas o los acuerdos de las ONG y cuya sede se radica en los mismos Estados centrales. Persistirá hasta que se agote espiritualmente o encuentre una oposición internacional sustantiva. Vamos más rápido al segundo, toda vez que Occidente quiere negar que su lógica de imponer la paz amenaza limitar drásticamente la universalidad del nuevo derecho y provocar un regreso de la Guerra Fría. Si los conservadores regresan a Gran Bretaña se reconocerá la inmunidad diplomática originaria del senador Pinochet y la condición del Estado chileno de actor internacional pleno.

A fin de cuentas hay que darle la razón a Laberthonnière cuando dice «C'est la loi» ne differe en rien au fond de la maxime «C'est la guerre».



 

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