LIBROS: La masonería en la crisis española. nº 96

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LIBROS: La masonería en la crisis española. nº 96

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LIBROS: La masonería en la crisis española

Gómez Molleda, M.ª Dolores: La masonería en la crisis española del siglo XX, Ed. Universitaria, 2ª ed., Madrid 1998, 506 págs.



Esta importante monografia histórica, ahora reimpresa, se editó por primera vez en 1986 (Ed Taurus, Madrid) y desmontó completamente la tesis partidista de la neutralidad política de las logias españolas. La revista publicó una amplia recensión («Razón Española», núm. 24, Julio de 1987, págs. 98-101) de cuyo texto se reproduce a continuación la parte expositiva.

En Salamanca se creó durante la guerra civil un archivo en el que se reunió la documentación masónica reservada que los servicios de seguridad iban descubriendo. Nunca había sido publicada. Esos papeles inéditos y la literatura impresa disponible han sido ahora utilizados por la catedrática salmantina Gómez-Molleda, quien ha demostrado irrebatiblemente que la masonería española, a pesar de ciertas declaraciones formales de presunta asepsia política apoyadas por algunos de sus miembros más «filosóficos», se comportó como una fuerza contraria a Primo de Rivera, antimonárquica, anticlerical y patrocinadora de la unidad de las izquierdas con especial inclusión de los socialistas, para la instauración de una república laica. Todo ello sin perjuicio de que en el seno de la masonería apareciesen sectores y corrientes con matices propios; pero solidarios en la lucha contra la derecha y los católicos.

La masonería española estaba agrupada en el Grande Oriente, hasta que en 1920 se escindieron los catalanes y baleares para constituir otra organización paralela y distinta, la Gran Logia. Ambas entidades, de muy desigual importancia numérica, rivalizaron en cuestiones accidentales hasta que volvió a lograrse la unión. El Grande Oriente nunca tuvo más de 5.000 miembros y sus finanzas oficiales eran relativamente modestas; pero su poder político llegó a ser inmenso.

La II República española fue en gran medida una operación masónica. A los comicios de 1931 para elegir unas Cortes constituyentes se presentaron 190 candidaturas masónicas y fueron elegidos 135 diputados del Grande Oriente y 16 de la Gran Logia, o sea, 151, que sobre un total de 470 representaban casi el 35% de la cámara. Anteriormente, ferrer había dado una cifra más elevada: 145 seguros y 38 probables, lo que arrojaba un total de 183 diputados masones, casi el 40% del Parlamento. Es lo que se llamó la «Superminoría masónica» o «Logia parlamentaria», más numerosa que el mayor de los grupos parlamentarios (el socialista, con 114 diputados); de ella, seis fueron presidentes del Consejo (Azaña, casares-Quiroga, Lerroux, Martínez-Barrio, Portela y Samper), 20 fueron ministros, 14 subsecretarios, 16 directores generales, 12 gobernadores civiles y 55 ocuparon otros altos cargos, como Pedro Rico, que fue alcalde de Madrid. Otros muchos masones que no eran diputados desempeñaron puestos importantes, por ejemplo cinco eran embajadores y 21 generales, entre los que destacaban López-Ochoa y Cabanellas. En el gran Consejo Federal masónico elegido en julio de 1931 figuraban tres ministros y doce diputados, ademas del alcalde y del gobernador de Madrid; sobre 25 miembros, sólo siete no desempeñaban altos cargos politicos.

El 6 de agosto de 1931 la Comisión correspondiente del Gran Consejo acordó lo siguiente: «De conformidad con el artículo 12 de la Constitución se autoriza la reunión colectiva de francmasones, cualquiera que sea la logia u obediencia a que pertenezcan o hayan pertencido y que ostenten el cargo de diputado a Cortes, con el propósito de procurar la aplicación de los principios de la Orden en sus actividades políticas». Estas reuniones se clebraron para coordinar la acción masónica por encima de las diferencias partidistas. Más de la mitad de los diputados radicalsocialistas, federales, de Acción Republicana, y radicales eran masones; también lo era la tercera parte de los socialistas y de Esquerra. De los 13 diputados de la Asociación al Servicio de la República sólo tres eran masones (Iranzo, Rico-Avello y Pérez de Ayala); fue el partido menos masónico de todos los republicanos. La solidaridad masónica funcionó especialmente en las discusiones del artículo 27 sobre la cuestión religiosa y de las leyes complementarias sobre expulsión de la Compañía de Jesús, prohibición de la enseñanza religiosa, y presupuesto de culto y clero. En las votaciones, los masones más radicales se abstuvieron para permitir que se aprobasen las leyes antirreligiosas, según las fórmulas previamente pactadas.

En 1926 se preguntaba Martínez-Barrio, gran maestre de Andalucía, en una ponencia oficial: «¿Estamos resueltos, de verdad, a que la masonería invada la actividad liberal de España?». En la subsiguiente Asamblea se aprobó que la masonería llevase «la dirección espiritual de la vida liberal del país». Poco después escribía Giral en nombre de un grupo de intelectuales: «ahora hemos entrado en la masonería para infiltrarle nuestra pasión política». En la Asamblea nacional masónica de 1927, Barea, en representación del Consejo, dijo que «la masonería era política o no era nada». En la Asamblea nacional del grande Oriente de 1930 se acordó establecer «una firme y cordial inteligencia entre los hombres de izquierda. En diciembre de 1931, Martínez-Barrio, gran maestre, reconocía que «el 14 de abril llevó a los más altos cargos de la nación a eminentes hermanos». Por su parte, la Gran Logia, en su Asamblea nacional de 1930, acordaba actuar «de una manera eficaz y contundente dentro de las organizaciones en que militen para que sea un hecho la constitución de un bloque nacional de izquierdas para contrarrestar el frente de derechas». Y la participación de la masonería en la Sanjuanada y en la sublevación del masón Galán en Jaca está demostrada. En diciembre de 1931, el Boletín Oficial de la secta ordenaba «ayudar y apoyar decididamente la obra del Gobierno de la República». En las actas del Gran Consejo de diciembre de 1932 se pedía a los hermanos que facilitaran información y apoyo al Gobierno sobre maniobras militares, conveniencia de relevos en el ejército, actuación de órdenes religiosas, aplicación de los bienes de los jesuitas, legislación matrimonial y aborto. Y con ocasión del incidente de Casas Viejas, la regional masónica andaluza felicitó a Martínez-Barrio por haber «sabido llevar en todo momento a la vida pública nuestra ideología».

Estos datos y textos proceden del libro citado cuya autora llega a hablar de «simbiosis entre logias y partidos» en ciertos periodos. La copiosa documentación aportada es de una elocuencia difílcilmente superable y de ella se desprende con carácter apodíctico que la politización de la masonería durante la dictadura de Primo de Rivera y durante la II República alcanzó niveles comparables a los elevadísimos que caracterizaron a la secta en la España decimonónica. Menos numerosa que la Iglesia y que el Ejército nacionales, la masonería ha sido uno de los tres grupos de presión que mayor influencia han tenido en la Historia contemporánea de España . Y ha vuelto a lograrla en la II Restauración; pero ésta es otra historia.



A. Landa



 

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