LIBROS: La
masonería en la crisis española
Gómez
Molleda, M.ª Dolores: La masonería en la crisis
española del siglo XX, Ed. Universitaria, 2ª ed.,
Madrid 1998, 506 págs.
Esta importante monografia histórica, ahora reimpresa,
se editó por primera vez en 1986 (Ed Taurus, Madrid) y
desmontó completamente la tesis partidista de la
neutralidad política de las logias españolas. La
revista publicó una amplia recensión («Razón
Española», núm. 24, Julio de 1987, págs. 98-101) de
cuyo texto se reproduce a continuación la parte
expositiva.
En Salamanca se creó durante la guerra civil un archivo
en el que se reunió la documentación masónica
reservada que los servicios de seguridad iban
descubriendo. Nunca había sido publicada. Esos papeles
inéditos y la literatura impresa disponible han sido
ahora utilizados por la catedrática salmantina
Gómez-Molleda, quien ha demostrado irrebatiblemente que
la masonería española, a pesar de ciertas declaraciones
formales de presunta asepsia política apoyadas por
algunos de sus miembros más «filosóficos», se
comportó como una fuerza contraria a Primo de Rivera,
antimonárquica, anticlerical y patrocinadora de la
unidad de las izquierdas con especial inclusión de los
socialistas, para la instauración de una república
laica. Todo ello sin perjuicio de que en el seno de la
masonería apareciesen sectores y corrientes con matices
propios; pero solidarios en la lucha contra la derecha y
los católicos.
La masonería española estaba agrupada en el Grande
Oriente, hasta que en 1920 se escindieron los catalanes y
baleares para constituir otra organización paralela y
distinta, la Gran Logia. Ambas entidades, de muy desigual
importancia numérica, rivalizaron en cuestiones
accidentales hasta que volvió a lograrse la unión. El
Grande Oriente nunca tuvo más de 5.000 miembros y sus
finanzas oficiales eran relativamente modestas; pero su
poder político llegó a ser inmenso.
La II República española fue en gran medida una
operación masónica. A los comicios de 1931 para elegir
unas Cortes constituyentes se presentaron 190
candidaturas masónicas y fueron elegidos 135 diputados
del Grande Oriente y 16 de la Gran Logia, o sea, 151, que
sobre un total de 470 representaban casi el 35% de la
cámara. Anteriormente, ferrer había dado una cifra más
elevada: 145 seguros y 38 probables, lo que arrojaba un
total de 183 diputados masones, casi el 40% del
Parlamento. Es lo que se llamó la «Superminoría
masónica» o «Logia parlamentaria», más numerosa que
el mayor de los grupos parlamentarios (el socialista, con
114 diputados); de ella, seis fueron presidentes del
Consejo (Azaña, casares-Quiroga, Lerroux,
Martínez-Barrio, Portela y Samper), 20 fueron ministros,
14 subsecretarios, 16 directores generales, 12
gobernadores civiles y 55 ocuparon otros altos cargos,
como Pedro Rico, que fue alcalde de Madrid. Otros muchos
masones que no eran diputados desempeñaron puestos
importantes, por ejemplo cinco eran embajadores y 21
generales, entre los que destacaban López-Ochoa y
Cabanellas. En el gran Consejo Federal masónico elegido
en julio de 1931 figuraban tres ministros y doce
diputados, ademas del alcalde y del gobernador de Madrid;
sobre 25 miembros, sólo siete no desempeñaban altos
cargos politicos.
El 6 de agosto de 1931 la Comisión correspondiente del
Gran Consejo acordó lo siguiente: «De conformidad con
el artículo 12 de la Constitución se autoriza la
reunión colectiva de francmasones, cualquiera que sea la
logia u obediencia a que pertenezcan o hayan pertencido y
que ostenten el cargo de diputado a Cortes, con el
propósito de procurar la aplicación de los principios
de la Orden en sus actividades políticas». Estas
reuniones se clebraron para coordinar la acción
masónica por encima de las diferencias partidistas. Más
de la mitad de los diputados radicalsocialistas,
federales, de Acción Republicana, y radicales eran
masones; también lo era la tercera parte de los
socialistas y de Esquerra. De los 13 diputados de la
Asociación al Servicio de la República sólo tres eran
masones (Iranzo, Rico-Avello y Pérez de Ayala); fue el
partido menos masónico de todos los republicanos. La
solidaridad masónica funcionó especialmente en las
discusiones del artículo 27 sobre la cuestión religiosa
y de las leyes complementarias sobre expulsión de la
Compañía de Jesús, prohibición de la enseñanza
religiosa, y presupuesto de culto y clero. En las
votaciones, los masones más radicales se abstuvieron
para permitir que se aprobasen las leyes antirreligiosas,
según las fórmulas previamente pactadas.
En 1926 se preguntaba Martínez-Barrio, gran maestre de
Andalucía, en una ponencia oficial: «¿Estamos
resueltos, de verdad, a que la masonería invada la
actividad liberal de España?». En la subsiguiente
Asamblea se aprobó que la masonería llevase «la
dirección espiritual de la vida liberal del país».
Poco después escribía Giral en nombre de un grupo de
intelectuales: «ahora hemos entrado en la masonería
para infiltrarle nuestra pasión política». En la
Asamblea nacional masónica de 1927, Barea, en
representación del Consejo, dijo que «la masonería era
política o no era nada». En la Asamblea nacional del
grande Oriente de 1930 se acordó establecer «una firme
y cordial inteligencia entre los hombres de izquierda. En
diciembre de 1931, Martínez-Barrio, gran maestre,
reconocía que «el 14 de abril llevó a los más altos
cargos de la nación a eminentes hermanos». Por su
parte, la Gran Logia, en su Asamblea nacional de 1930,
acordaba actuar «de una manera eficaz y contundente
dentro de las organizaciones en que militen para que sea
un hecho la constitución de un bloque nacional de
izquierdas para contrarrestar el frente de derechas». Y
la participación de la masonería en la Sanjuanada y en
la sublevación del masón Galán en Jaca está
demostrada. En diciembre de 1931, el Boletín Oficial de
la secta ordenaba «ayudar y apoyar decididamente la obra
del Gobierno de la República». En las actas del Gran
Consejo de diciembre de 1932 se pedía a los hermanos que
facilitaran información y apoyo al Gobierno sobre
maniobras militares, conveniencia de relevos en el
ejército, actuación de órdenes religiosas, aplicación
de los bienes de los jesuitas, legislación matrimonial y
aborto. Y con ocasión del incidente de Casas Viejas, la
regional masónica andaluza felicitó a Martínez-Barrio
por haber «sabido llevar en todo momento a la vida
pública nuestra ideología».
Estos datos y textos proceden del libro citado cuya
autora llega a hablar de «simbiosis entre logias y
partidos» en ciertos periodos. La copiosa documentación
aportada es de una elocuencia difílcilmente superable y
de ella se desprende con carácter apodíctico que la
politización de la masonería durante la dictadura de
Primo de Rivera y durante la II República alcanzó
niveles comparables a los elevadísimos que
caracterizaron a la secta en la España decimonónica.
Menos numerosa que la Iglesia y que el Ejército
nacionales, la masonería ha sido uno de los tres grupos
de presión que mayor influencia han tenido en la
Historia contemporánea de España . Y ha vuelto a
lograrla en la II Restauración; pero ésta es otra
historia.
A. Landa
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