La incompetencia del juez Garzón nº 96

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La incompetencia del juez Garzón nº 96

Por F.J. Castro-Villacañas

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La incompetencia del juez Garzón

El largo y complejo culebrón Pinochet ha entrado en una nueva y quién sabe si definitiva fase, con la decisión adoptada por el secretario de Interior británico Jack Straw de dar el visto bueno a la apertura del procedimiento de extradición solicitado por el Gobierno de José María Aznar para sentar ante un Tribunal español al senador vitalicio chileno.

La mayoría de los juristas y analistas españoles han valorado exclusivamente la forma y la importancia que desde el punto de vista doctrinal, político y de la jurisprudencia internacional han tenido las últimas decisiones que sobre el caso Pinochet han adoptado la Cámara de los Lores y el ministro Straw. Sin embargo, muy pocos han entrado a valorar el fondo de las últimas decisiones de la Justicia y del Gobierno británicos, y su verdadera trascendencia de cara al posible juicio en España del antiguo general chileno. Son muchos los que han magnificado la importancia del fallo de los lores, 6 a 1, en contra de la inmunidad del ex Jefe de Estado chileno, al afirmar que esta decisión suponía la aparición de un nuevo derecho penal internacional a desarrollar definitivamente en el próximo siglo XXI. En realidad, si se analiza jurídicamente la decisión de los lores, se entiende con claridad que ésta supone la aplicación estricta y exclusiva de la legislación británica y de los Convenios Internacionales suscritos por aquel país. Ha sido el propio juez Garzón quien ha manifestado su moderada satisfacción respecto a las anteriores decisiones. Esto es natural si se profundiza mínimamente en el contenido y en los fundamentos de los anteriores fallos; y se comprueba que la batalla judicial iniciada por el juez español Garzón al ordenar la detención de Pinochet en Londres ha perdido fuerza quedando desinflada en sus acusaciones y desautorizada en bastantes de sus argumentos jurídicos.

En primer lugar, el fallo de los lores se aparta del punto apelado por la fiscalía británica, en representación del Gobierno español, respecto al rango que gozaría Pinochet en su calidad de Jefe de Estado frente a los procesos de arresto y detención en Gran Bretaña, en relación con actos cometidos presuntamente mientras era Jefe de Estado. Los lores, en vez de entrar exclusivamente en el asunto de la inmunidad, decidieron examinar qué acusaciones de Garzón constituían delitos extraditables y si frente a ellas, Pinochet gozaba o no de inmunidad. De las acusaciones cursadas por el juez Garzón en su petición de extradición de 3 de noviembre de 1998, en su Auto de Procesamiento de 10 de diciembre de 1998, sólo se considera la acusación de tortura y de conspiración para torturas presuntamente cometidas después del 8 de diciembre de 1988.

Garzón acusaba a Pinochet de gravísimos delitos de genocidio, toma de rehénes, conspiración para asesinar y asesinato en países distintos a España, conspiración para asesinar realizada en España, tortura y conspiración para torturar. Miles y miles de casos, miles y miles de folios, miles y miles de nombres que han quedado reducidos, después de que Garzón se sacara nuevos cargos, cual prestidigitador con toga (un total de 33 nuevos casos de torturas, que se sumarían a los 3 ya existentes en sus anteriores Autos), a unos hechos muy reducidos comparados con la desmedida garzoniana de acusar a Pinochet de todo lo ocurrido en Chile durante sus años de gobierno. Los únicos casos admitidos se centran, fundamentalmente, en excesos policiales, difícilmente atribuibles a un Jefe de Estado que, como es natural, no suele estar presente en los controles de alcoholemia realizados los fines de semana por la policía de su país.

Incluso el ministro Straw sólo ha considerado la importancia de las acusaciones presentadas por Garzón a los exclusivos efectos de no admitir la argumentación de los abogados de Pinochet en relación con la presunta mala fe y falta de imparcialidad detectada en la actuación impaciente del magistrado español. Sin embargo, algo raro ha debido percibir en la documentación presentada por Garzón el secretario de Interior británico, quien con cabeza baja, mirada huidiza y gesto retorcido (personaje más propio del universo parapolicial de John Le Carré que del realismo imaginario de José Donoso), ha ordenado que todas las acusaciones presentadas contra Pinochet sean examinadas detalladamente por el Tribunal inglés que lleve adelante el proceso de extradición. «Es apropiado que estos asuntos sean explorados con todo su detalle por el Tribunal», afirma Straw en su resolución; cuestión ésta de la que tendría que estar eximido el Tribunal en una aplicación estricta del Convenio Europeo de Extradición, que sólo exige a los países miembros acreditar la existencia de un procedimiento dirigido contra el reclamado en el Estado requeriente, aspecto único al que se ha limitado hasta el momento, con escaso éxito cuantitativo, el juez español Garzón.

La resolución de Straw seguramente será recurrida en varias de sus afirmaciones por la defensa de Pinochet y por el estudio jurídico contratado por el Estado chileno. Principalmente, resulta muy débil su fundamentación, en tanto que se aparta de lo establecido por la Cámara de los lores al limitar como principal legislación aplicable al presente caso la que aparece tipificada en la Convención Internacional contra la Tortura (son los únicos cargos admitidos e sus legislaciones internas por Gran Bretaña, Chile y España). Esta Convención establece en su artículo 5, párrafo I, unas reglas básicas que determinan qué jurisdicción es la que debe presidir la persecución de estos delitos: el primero es el lugar donde se cometen los hechos, el segundo, la nacionalidad del presunto delincuente y, por último, la nacionalidad de la víctima. Al no existir ningún español entre los últimos casos informados por el juez Garzón, todas estas reglas señalan la primacía de Chile para juzgar y condenar los anteriores delitos.

La legislación española incorpora a nuestro Derecho los anteriores principios de jurisdicción establecidos en la Convención contra la Tortura en el artículo 23, párrafo 4º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es precisamente la norma jurídica en la que fundamenta su jurisdicción y competencia nuestra Audiencia Nacional. Dicho artículo establece lo siguiente:«Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por los españoles o extranjeros fura del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española como alguno de los siguientes delitos:a) Genocidio; b) Terrorismo; c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves; d) Falsificación de moneda extranjera; e) Los relativos a la prostitución; f) Tráfico ilegal de drogas y g) cualquier otro que, según los Tratados y Convenios Internacionales, deba ser perseguido en España».

La decisión del ministro Straw de desautorizar lo argumentado por el Gobierno de Chile, en el sentido de que existen procesos judiciales abiertos en aquel país sobre estos y más delitos, y que es imposible solicitar la extradición de alguien, en nuestro caso el general Pinochet, que ha manifestado su sometimiento expreso y exclusivo a los Tribunales chilenos, y que además está deseando regresar a su país, también podría ser objeto de impugnación ante los tribunales ingleses.

En el caso de Pinochet, lejos de aclararse, puede complicarse más en los próximos meses. Parece como si la victoria o la derrota de las partes dependiera, exclusivamente, de la llegada o no del antiguo general a España. Garzón aparentemente avanza por el proceso al ritmo de la acusación perdiendo casos y cargos, de victoria en victoria mediática, hacia una imprevisible meta final. Quizá a alguna de las partes se le ocurra enjuiciar seriamente su necesaria imparcialidad durante todo el procedimiento. Las hemerotecas periodísticas y los archivos audiovisuales suelen aportar más de una sorpresa al caso. Otra medalla a colocar en el curriculum internacionalista de Garzón, sería juzgar a Pinochet en España por menos delitos de los que podría ser juzgado en Chile (socialistas y demócratas cristianos) y ayudar a la derecha chilena de cara a las próximas elecciones presidenciales del mes de diciembre. Y todavía más, si pensásemos por un momento el supuesto en el cual Pinochet decidiese permanecer en Inglaterra y no regresar a Chile, en este caso, y suponiendo que Chile solicitase su extradición, solamente se le podría juzgar por casos de tortura cometidos después del ocho de diciembre de 1998. Garzón con su desmedida, desinformada y cabaretera acción judicial habría conseguido de facto, si Pinochet quisiera, ampliar la Ley de amnistía chilena, respecto al antiguo general, del año 1978 al año 1988.

Hay que tener en cuenta que con arreglo a la Constitución chilena todavía hoy vigente, que el juez español Garzón desprecia y critica en su Auto de Procesamiento, es un hecho de intromisión hasta ahora desconocido del poder judicial de un país respecto a la soberanía política de otro país extranjero, Pinochet celebró un plebiscito el 5 de octubre de 1988, referéndum que perdió aceptando democráticamente dicho resultado, y con arreglo a esa Constitución despreciada y desconocida por Garzón, convocó elecciones presidenciales, legalizó la actuación de los partidos políticos, reconoció ampliamente la libertad de expresión y de prensa, y, finalmente, entegó el poder al candidato ganador de las elecciones presidenciales el 11 de marzo de 1990. Sin embargo, para Garzón estos no son hechos en los cuales Pinochet tuviese ninguna participación. Garzón todavía sostiene en su escrito de ampliación de cargos del pasado 26 de marzo lo siguiente:«Pinochet lidera en el interior de su país, en coordinación con otros responsables militares y civiles de Chile, una organización delictiva apoyada en las propias estructuras institucionales cuya única finalidas será la de conspirar, desarrollar y ejecutar un plan criminal y sistemático de detenciones ilegales, secuestros, torturas seguidas de muerte de las personas, utilizando estas como instrumentos de políticas de Estado, no sólo para obtener el poder el 11 de septiembre de 1973, sino para mantenerse en el mismo hasta el día 12 de marzo de 1990, fecha en que cesa en sus funciones de Presidencia de la República». Lo anterior lo firma el juez español Garzón el 26 de marzo, dos días después del varapalo y de la desautorización jurídica respecto a la mayoría de estos cargos realizada por la justicia británica.

El prestigio de la Justica española y británica, la defensa de los Convenios Internacionales y el respeto a lo manifestado reiteradamente por el Gobierno de Chile, por su clase política y sus órganos institucionales en relación a hacer prevalecer su soberanía jurisdiccional y territorial respecto a los delitos cometidos en Chile por chilenos, nos debería hacer reflexionar seriamente a todos por encima de posicionamientos ideológicos y políticos. Si no es así, tendremos culebrón Pinochet y estrellato del señor Garzón para muchos meses. Además de perjudicar todo ello los intereses económicos y geopolíticos de España en toda Sudamérica. Demasiado ruido para tan pocas y peligrosas nueces.



Francisco Javier Castro-Villacañas



 

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