El caso Pinochet nº 96

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El caso Pinochet nº 96

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El caso Pinochet

La reciente resolución del ministro de Interior británico, Mr. Straw, ha puesto de manifiesto, una vez más, cierta dolencia que parece flotar en numerosos ambientes, la de superficialidad en las ideas. Sin aspirar arrogantemente a su cura, apuntaremos alguna idea olvidada, sin molestar, según deseo, la sensibilidad de quienes defiendan otros puntos de vista.

No reiteraré cuanto apunté en ocasión anterior sobre que no podemos permitirnos los españoles el lujo de la amnesia acerca de que la transición chilena a la democracia, al igual que otras efectuadas en Iberoamérica en los ochenta, es, en buena media, hija del modelo de nuestra propia transición.

Pero permítaseme refrescar nuestra olvidadiza memoria nacional sobre una nota característica del Derecho público español, al haber producido, a lo largo de su historia, grandes leyes no escritas. Así, la Constitución monárquica de 1876 fue derogada, tras las elecciones municipales de 1931, mediante ley ni escrita ni publicada. Desde la misma tradición, el general Franco no se tomó la molestia de derogar la Constitución de la II república, aunque, tras 1939, no cupo duda de que la misma no era invocable ante ningún juez o tribunal. Había sido derogada por una ley ni escrita ni insertada en el BOE. Pues bien, cuando en 1977 abrimos un proceso constituyente se hizo desde la ley de punto final no escrita más amplia y más escripulosamente respetada de cuantas ha conocido la Historia Universal.
No se esclareció responsabilidad alguna derivada de las realidades de una dictadura que había durado cuatro décadas. Cabe discutir si tal ley fue acertada o desacertada, pero es innegable que conformó la primera piedra del edificio de nuestra transición. Luego incluso se consagró por escrito en el artículo 2 de la Ley 46/1977, que impide, por ejemplo, procesar a un funcionario policial que hubiera cometido un delito de tortura.

Perdón recíproco y colectivo, olvido consciente, esfuerzo por la concordia y el reencuentro de todos son otros tantos términos con los que cabe describir una importante ley no escrita, que a la postre respondía a la firme renuncia, por parte de los españoles, a investigar o a juzgar los actos de nuestros padres y abuelos, los de nuestros vecinos o adversarios. Estimamos entonces más la recuperacióhn de la democracia y ciertos valores de convivencia de aquellos que presiden los procesos judiciales en circunstancias ordinarias.

Lo singular de este cuarto de hora es que, transcurridos tan sólo veinte años, España se muestra al mundo como paladín de la tesis contraria, no para aplicarla en nuestra tierra, sino en Hispanoamérica, cuyos países hermanos primero nos copiaron nuestra original aportación a la Historia de los cambios políticos pues siguieron otra contribución nuestra, de mayor prestigio, un modelo de transición, basado en un especial consenso. Lo cierto es que España es hoy la única nación de la tierra que ha promovido una gigantesca investigación sobre la represión durante la Guerra Fría en Suramérica. Me refiero al Sumario 19/97 del Juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, rotulado ampliamente «Sumario por delitos de terrorismo y genocidio. Operativo Cóndor», que entre sus decenas de miles de folios acoge una Pieza tercera sobre Chile, que es la que estos días está de moda. Las restantes piezas se extienden a otros países del cono sur de Iberoamérica y aún al resto del continente.

De este ingente sumario llaman la atención algunas circunstancias particularísimas, más allá de la señalada contradicción con nuestra propia historia reciente. Para empezar se pretenden juzgar toda una serie de violaciones de derechos humanos cometidas cuando Suramérica estaba convertida en uno de los escenarios más calientes de la llamada Guerra Fría. Parece éste, «prima facie», un fin encomiable; pero quienes hemos estado comprometidos en la defensa de los derechos humanos, algo más que en el confortable plano de la retórica, sabemos bien que aquellos sufrieron por los excesos de unos y otros. Ciertamente no fue una lacra que sólo se diera en una orilla de la contienda. Quien escribe estas letras viajó durante el régimen de Pinochet a Chile para interesarse por la suerte que corrían en prisión ciertos sindicalistas cristianos y tuvo la oportunidad de visitar a dos de ellos en la penitenciaria de Santiago, comprobar el trato que recibían e informar a la vuelta, en Europa, a círculos muy sensibles al respecto. Como tenía larga experiencia en estos trances, como abogado que había actuado en diversas causas en España ante el Tribunal de Orden Público, el lance me resultó familiar. Quizás por ello hube también de viajar en 1985, a Nicaragua para interesarme por la suerte que corrían en prisión otros sindicalistas cristianos, de los que se decía que habían sido torturados; pasé cinco o seis días en Managua haciendo gestiones al más alto nivel para intentar disipar horrendas preocupaciones, vi a casi toda la alta clase política sandinista y a no sé cuántos embajadores de potencias occidentales, pero todo fue inútil, ya que se me negó -como se le había negado a todo defensor de los derechos humanos- el poder visitar a uno sólo de los detenidos para comprobar su estado. La dignidad de toda persona humana es esencialmente la misma, de ella se derivan sus derechos y libertades inalienables, que son fundamentalmente iguales, como de la misma gravedad son los atropellos que contra los mismos se cometen. Sería muy grave que alguien llegase a pensar que este célebre sumario que investiga los crímenes cometidos en una ladera y soslaya los perpetrados en la otra, tuviera el menor paralelismo con la forma de actuar de aquel cacique de Arniches que clasificaba a sus vecinos en «miístas» y «otristas». Me niego a albergar tal pensamiento.

Sorprende, de otro lado, que desde el Fiscal General de los Estados Unidos, Janet Reno, hasta diversas autoridades de la Administración demócrata norteamericana, se haya optado por una política de desclasificación metódica y continuada de documentos reservados, para remitirlos a Madrid, a través de toda suerte de asociaciones y fundaciones, en los que se acredita, entre otros extremos, la obvia connivencia de varias administraciones republicanas con diversas dictaduras militares suramericanas. Un agudo abogado me comentaba recientemente que sin ser demasiado perspicaz podía pensarse que alguien había decidido en Washington, en puertas hoy de elecciones presidenciales, que los republicanos pagasen su obsesión por las partes pudendas del presidente Clinton, aireando otro tipo de vergüenzas, en las que fueron inductores o cómplices destacadas figuras de las filas republicanas. Sea como fuere, al juez Garzón le va llegando un río de documentos comprometedores sobre la guerra sucia de los setenta y ochenta, que significativamente no van a parar a un juzgado norteamericano. Algún cerebro foráneo, especialista en instrumentalizar a terceros, debe ser buen conocedor de aquella máxima de Maquiavelo, conforme a la cual «los príncipes deben dejar a otros la disposición de las cosas odiosas, reservándose a sí mismos las de gracia». El deterioro consiguiente de nuestras buenas relaciones con los Estados hispanoamericanos no es su problema.

¿Está atinada nuestra Audiencia Nacional? No es éste mal momento para recordar su Auto de 4 de noviembre de 1999. Esencialmente, en el mismo se resolvió que cabía enjuiciar delitos de notoria antigüedad de genocidio, tortura, conspiración para torturar, asesinato, tentativa de asesinato, conspiración para el asesinato, detenciones ilegales, secuestro de rehenes, conspiración para el secuestro de rehenes, terrorismo de Estado, lesiones, coacciones… Y en él se apoya el enciclopédico (285 páginas) auto de procesamiento de nuestro juez estrella contra el ex dictador Pinochet del 10 de diciembre de 1998. Pues bien, la Justicia británica, hasta hoy, ha dejado todo ello reducido a la posibilidad de conceder la extradición exclusivamente por delitos de torturas o conspiración para torturar cometidos tras el 8 de diciembre de 1988. Sin necesidad de ser doctor en Derecho el lector comprenderá que el recorte es del noventa y nueve por ciento. Me pregunto si entre nosotros no ha prevalecido, de buena fe, un elemental ánimo justiciero, mientras que los británicos han hecho honor a como el gran juez Sir Edward Coke expuso, mediado el siglo XVII, el alma del Derecho al Rey Jacobo:«Entonces el Rey dijo que creía que el Derecho se fundaba en la razón, y que él y otros tenían razón del mismo modo que los jueces: a lo que respondía que cierto era que Dios había dado a Su Majestad grandes dotes naturales; pero que Su Majestad no estaba versado en las leyes de su Reino y que las causas que conciernen a la vida de sus súbditos no deben decidirse por la razón natural, sino por la razón artificial y juicio del Derecho, el cual es cosa que requiere largo estudio y experiencia antes de que un hombre pueda alcanzar su conocimiento».

No he visto que en estos días ningún comentarista haya recordado que la posición de la Justicia británica coincide en lo fundamental con la sostenida en su día por el fiscal jefe de nuestra Audiencia Nacional, o por el fiscal señor Peláez, a quienes con tal motivo se endosaron los epítetos más gruesos. Pero en el largo curso de las causas judiciales, también en el tiempo justo y, por de pronto, a los citados fiscales les ha posicionado en
acreedores de las disculpas públicas de quienes le han vilipendiado alegremente. Como no les conozco personalmente, puedo con objetividad demandar la reparación de su prestigio profesional.

Se me dirá quizás que no debo olvidar que queda en pie, en Gran Bretaña, la posibilidad de acceder a la solicitud de extradición española por algún caso de torturas o de conspiración para torturar. Y éste no es punto baladí. Ahora bien, lo que por aquí parece que olvidamos es que, aunque posiblemento no corresponda a los ingleses interpretar nuestro artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, regulador de la competencia de la jurisdicción española para conocer de hechos cometidos fuera del territorio nacional, sí que analizarlo y reconocer que en el mismo no se contempla ni la tortura ni la conspiración para torturar (sí se incluyen otros delitos, como el genocidio y terrorismo, por los que no se concederá extradición), sin que pueda alegarse su apartado «g», a la lista del artículo 5 de la Convención Internacional contra la tortura. Eludo entrar en más tecnicismos para no ser yo el torturador. Parafraseando a Marcel Prelot diré que los profesores de Derecho debemos ser los más prudentes de los hombres, consecuentemente tan sólo apuntaré que -llegados a ese punto, en que nos habríamos quedado sin caso- podemos lamentar habernos metido en camisa de once varas, expresión que, como se sabe, trae causa de la práctica visigótica con que se formalizaban las adopciones de menores (situados, junto a sus padres adoptivos, bajo una sábana de once varas), que por lo visto no solían arrojar resultados muy brillantes. Y es que adoptar la posición de inquisidor universal de hechos que no son propios difícilmente acaba por ser una lúcida iniciativa.

No faltará quien nos diga que, aun con todo, queda alguna posibilidad de que se termine por entrar en el juicio de fondo en España contra Pinochet, aunque sea tras larga demora, y que por ello hay que luchar. Respeto tal opinión, pero recuerdo que conforme al artículo 196 del vigente Reglamento penitenciario los penados mayores de setenta años gozará del beneficio de la «libertad condicional» y el 197 añade que los extranjeros podrán «disfrutar de esta situación en su país de residencia». Huelgan mayores comentarios.

Aún más grave que el papel poco brillante que, según me temo, podemos representar en el caso Pinochet, pese a que nuestro género lírico patrio no sea la opereta, es que el Sumario está concebido como una causa general contra la represión en Iberoamérica durante la Guerra Fría. A través de la investigación de la operación Cóndor y de la actuación de la norteamericana Escuela de las Américas -cuyos list ados de alumnos de todos los países de Suramérica nos han enviado amablemente desde Washington- podemos adentrarnos en una dinámica de Dios sabe cuántos cientos de órdenes internacionales de detención y del consiguiente número de procedimientos de extradición. Y esto sería todo un desastre para España.

Aunque pueda sonar a tópico trasnochado, nuestra historia, la cultura, lengua y tradiciones comunes nos convierten en la madre patria de las naciones hispanoamericanas. Una madre está siempre exonerada de decisiones contra sus hijos y es absurdo que nadie aspire a que los juzgue en estrados. Los lazos de familia son demasiado venerables entre los hombres de buena voluntad como para poderlos destrozar por iniciativas procesales discutibilísimas desde el rigor jurídico. Con la independencia que me proporciona el no asesorar profesionalmente a ninguna de las partes de este proceso, me atrevo a sugerir que se revisen algunos criterios seguidos hasta el presente. y ello, entre otros motivos, porque un juicio (el del sumario Cóndor) cuasi universal, veinte veces más complejo -por ejemplo- que el de la colza puede significar intentar sentar en el banquillo a cientos de imputados, mover (¿más vuelos chárter?), miles de testigos… y una duración de varias décadas. Se asistirá a los funerales de procesados, testigos, fiscales, magistrados -amén de a los de nuestras buenas relaciones con Hispanoamérica- antes que se dicte una sentencia, que se parece mucho a la que dictásemos hoy sobre el asesinato del general Prim.

Coincido con cuantos han sostenido que el Gobierno no puede inmiscuirse en el desenpeño de la función jurisdiccional. La independencia de jueces y magistrados es requisito necesario de su imparcialidad y ésta estamento consustancial de la justicia. Pero eso es una cosa y otra bien distinta el que nuestro Gobierno, al que la Constitución atribuye competencia de dirigir la política exterior, tenga que ser un invitado de piedra en los procedimientos de extradición ni activa ni pasiva, como, al parecer algún asesor del Ministerio de Justicia ha aconsejado en base a meros y, según creo, erróneos argumentos formalistas. En lo alto del guindo del formalismo jurídico anidan siempre las más absurdas ideas abstractas, que una vez en tierra engendran verdaderos dislates. La interpretación sistemática e integradora de nuestro ordenamiento jurídico obliga más bien a incluir que en las extradiciones activas Gobierno tiene la última palabra, como responsable de nuestros intereses y responsabilidades internacionales.

Como viejo luchador por la defensa efectiva de los derechos humanos, nada me agrada más que ver cómo mi país abandona, de una vez por todas, toda tentación de desempeñar unilateralmente afanes inquisitoriales o justicieros y se convierte en el primer paladín de los foros internacionales de que se constituya un Tribunal Penal Internacional.



Oscar Alzaga



 

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