JUSTICIA
ESPAÑOLA: PINOCHET
«Bien
se puede pensar que el juicio al senador Pinochet en
España por faltas, todas relacionadas con el Estado de
Chile y la mayoría de las cuales ocurrieron en Chile, no
está proyectado para lograr la mejor justicia». Así lo
afirma lord Browne-Wilkinson en su fallo respecto de
Pinochet. Si bien, en su opinión, ese aspecto no debía
concernir al comité judicial de dicha Cámara, sí
concierne al sentido elemental de justicia.
Desde luego, el mismo fallo confirma la liviandad de las
acusaciones del juez Garzón, el grueso de las cuales ha
quedado judicialmente descartado por aquél, sin
perjuicio de las reservas de Chile en cuanto a
jurisdicción y competencia del tribunal sentenciador.
Cuando el 95 por ciento o más de los cargos de la parte
acusadora se desmorona ante un tribunal, pese al enorme
apoyo político y publicitario recibido desde octubre a
esta fecha, lo menos que cabe concluir es que tales
cargos eran débiles, improcedentes o infundados. Eso no
sorprende a la mayor parte de la opinión pública
chilena, que ya se ha formado un juicio suficiente sobre
la peculiar personalidad del juez Garzón, quien ha
logrado aumentar su notoriedad pública, lo que parece
ser su principal objetivo.
Mucho más negativa es la apreciación que merecen las
instancias judiciales y gubernativas españolas, que han
actuado como dóciles ejecutores de los designios
personales del referido juez. Así, la Audiencia nacional
de España, en aberrante fallo unánime, sostuvo -el 30
de octubre pasado- que los tribunales españoles
tendrían jurisdicción para conocer y juzgar supuestos
delitos cometidos en Chile. Esta tesis atropella los
principios básicos de soberanía jurisdiccional del
Estado chileno. Acto seguido, el Consejo de Ministros de
España, bajo la presidencia de José María Aznar, sin
estudio ni debate, dio trámite instantáneo a la
petición de garzón, pese al absurdo evidente de cargos
tales como genocidio y terrorismo aducidos por éste. Con
razón, el Canciller chileno, José Miguel Insulza,
denunció con indignación la inconsecuencia entre los
dichos y hechos del Rey y del Presidente del Gobierno
español, que poco antes, en la Cumbre Iberoamericana de
Portugal, proclamaban solemnemente que «la convivencia
internacional exige el respeto de los principios y normas
del Derecho Internacional, la Carta de las Naciones
Unidas y la soberanía de los Estados», por lo que
-dijeron- «rechazamos enérgicamente la aplicación
extraterritorial de leyes nacionales, de operaciones
encubiertas y procesos coercitivos unilaterales». El
Canciller interpretó a los chilenos cuando declaró que
«el Consejo de Ministros de España es, simplemente, un
buzón de las peticiones del juez Garzón». Ahora,
reducidas por los lores las acusaciones de éste a
prácticamente un caso policial ocurrido en 1989, la
ministra de Justicia de España, Margarita mariscal de
Gante, declara que el fallo «se orienta en forma clara a
tramitar la extradición de Pinochet».
El sistema judicial español y su institucionalidad
están aún muy lejos de los cánones que se esperan de
un país desarrollado y de alta cultura. Es comprensible
desde una perspectiva sicológica, porque su propia
guerra civil con medio millón de víctimas, sus 40 años
de régimen autoritario y su transición sin
enjuiciamiento a nadie parecen incomodar a su conciencia
colectiva, la cual puede no obstante asimilar sin mayores
problemas un asunto como el caso GAL. Pero, en ese marco,
no podría esperarse sino una parodia de juicio al ex
Presidente de Chile.
Agustín Edwards
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