JUSTICIA ESPAÑOLA: PINOCHET

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JUSTICIA ESPAÑOLA: PINOCHET

Por Agustín Edwards

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JUSTICIA ESPAÑOLA: PINOCHET

«Bien se puede pensar que el juicio al senador Pinochet en España por faltas, todas relacionadas con el Estado de Chile y la mayoría de las cuales ocurrieron en Chile, no está proyectado para lograr la mejor justicia». Así lo afirma lord Browne-Wilkinson en su fallo respecto de Pinochet. Si bien, en su opinión, ese aspecto no debía concernir al comité judicial de dicha Cámara, sí concierne al sentido elemental de justicia.

Desde luego, el mismo fallo confirma la liviandad de las acusaciones del juez Garzón, el grueso de las cuales ha quedado judicialmente descartado por aquél, sin perjuicio de las reservas de Chile en cuanto a jurisdicción y competencia del tribunal sentenciador. Cuando el 95 por ciento o más de los cargos de la parte acusadora se desmorona ante un tribunal, pese al enorme apoyo político y publicitario recibido desde octubre a esta fecha, lo menos que cabe concluir es que tales cargos eran débiles, improcedentes o infundados. Eso no sorprende a la mayor parte de la opinión pública chilena, que ya se ha formado un juicio suficiente sobre la peculiar personalidad del juez Garzón, quien ha logrado aumentar su notoriedad pública, lo que parece ser su principal objetivo.

Mucho más negativa es la apreciación que merecen las instancias judiciales y gubernativas españolas, que han actuado como dóciles ejecutores de los designios personales del referido juez. Así, la Audiencia nacional de España, en aberrante fallo unánime, sostuvo -el 30 de octubre pasado- que los tribunales españoles tendrían jurisdicción para conocer y juzgar supuestos delitos cometidos en Chile. Esta tesis atropella los principios básicos de soberanía jurisdiccional del Estado chileno. Acto seguido, el Consejo de Ministros de España, bajo la presidencia de José María Aznar, sin estudio ni debate, dio trámite instantáneo a la petición de garzón, pese al absurdo evidente de cargos tales como genocidio y terrorismo aducidos por éste. Con razón, el Canciller chileno, José Miguel Insulza, denunció con indignación la inconsecuencia entre los dichos y hechos del Rey y del Presidente del Gobierno español, que poco antes, en la Cumbre Iberoamericana de Portugal, proclamaban solemnemente que «la convivencia internacional exige el respeto de los principios y normas del Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la soberanía de los Estados», por lo que -dijeron- «rechazamos enérgicamente la aplicación extraterritorial de leyes nacionales, de operaciones encubiertas y procesos coercitivos unilaterales». El Canciller interpretó a los chilenos cuando declaró que «el Consejo de Ministros de España es, simplemente, un buzón de las peticiones del juez Garzón». Ahora, reducidas por los lores las acusaciones de éste a prácticamente un caso policial ocurrido en 1989, la ministra de Justicia de España, Margarita mariscal de Gante, declara que el fallo «se orienta en forma clara a tramitar la extradición de Pinochet».

El sistema judicial español y su institucionalidad están aún muy lejos de los cánones que se esperan de un país desarrollado y de alta cultura. Es comprensible desde una perspectiva sicológica, porque su propia guerra civil con medio millón de víctimas, sus 40 años de régimen autoritario y su transición sin enjuiciamiento a nadie parecen incomodar a su conciencia colectiva, la cual puede no obstante asimilar sin mayores problemas un asunto como el caso GAL. Pero, en ese marco, no podría esperarse sino una parodia de juicio al ex Presidente de Chile.



Agustín Edwards



 

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