PINOCHET EN ESPAÑA

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PINOCHET EN ESPAÑA

Por Carlos Alberto Montaner

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PINOCHET EN ESPAÑA

La secreta ilusión del gobierno español se ha disipado. El ministro del Interior de Inglaterra ha decidido deportar a Pinochet rumbo a España. Tardará, pero no hay plazo que no se cumpla. En la Moncloa soñaban con que los británicos liquidarían este extraño incidente diplomático amparándose en razones humanitarias. El viejo general, con ochenta y tantos años y unos cuantos achaques, era un buen candidado para ejercer la piedad de una forma verosímil. Se pensaba, además, que el gobierno laboralista de Blair, en un país donde la izquierda marxista es menos seria que los jubilados desnudos de Full Monty, no pagaría un alto precio por devolver a Pinochet a su país. Al fin y al cabo, el reñidero latinoamericano nunca ha despertado una especial preocupación en Gran Bretaña. La expresión América Letrina la inventaron los franceses, pero, sotto voce, son los ingleses quines la utilizan.

Los ingleses son coherentes. En Londres, en las altas instancias de poder, piensan que es un disparate que dos jueces independientes, uno español y otro británico, decidan por su cuenta y riesgo acusar de genocidio a un ex jefe de Estado, por crímenes ocurridos en un territorio ajeno y distante, creando con ello un precedente que mañana pudiera arrastrar a docenas de políticos aliados de Inglaterra -desde Henry Kissinger a Felipe González-, pero no es la función del gabinete de Su Majestad sacarle las castañas del fuego al gobierno de José María Aznar. Si la Moncloa pidió al general, que con su pan se lo coman. Que resuelva la Moncloa el problema que ella misma creó. Al fin y al cabo, el gobierno de Aznar, si realmente no quería padecer el espectáculo de un Pinochet esposado, sometido a la justicia española, hubiera podido evitarlo con sólo no admitir la demanda de extradición solicitada por el juez Garzón.

Y es cierto. La Ley de Enjuiciamiento Criminal tenía un claro vacío legal. El gobierno se obligaba a aceptar o negar las extradiciones contra personas residentes en España y sujetas a sus leyes requeridas por otros estados, pero nada aclaraba con relación a las peticiones de extradición efectuadas por los propios jueces españoles. El sentido común indicaba que si el Estado tenía que aprobar o rechazar las extradiciones pasivas, de igual forma debería actuar con las activas. En todo caso, para blindar su decisión contra ataques políticos, el gobierno solicitó las opiniones del poder judicial y, como suele ocurrir, obtuvo dos dictados contradictorios: los jueces, donde predomina un pensamiento de izquierda, concluyeron que al gobierno sólo le correspondía actuar como un neutral tramitador de la iniciativa del magistrado independiente, sin estar a su alcance la posibilidad de rechazarla; los fiscales más próximos a la visión de la derecha, pensaban lo contrario: la extradición activa era, como la otra, una irrenunciable prerrogativa del Estado.

Ante esa disyuntiva, el gobierno de Aznar, que hubiera podido hacer lo que su instinto le indicara, y probablemente lo que mejor convenía a los intereses de España y de Chile, conocedor de que la opinión pública española abrumadoramente disfrutaba con la idea de castigar de alguna forma a Pinochet, optó por tramitar la petición de extradición, amparándose en la obediencia que todos le debían al poder judicial. Pero esa posición, además, le servía como una señal luminosa en su cabalgata hacia el centro ideológicos. ¿Qué podía demostrar más claramente el divorcio del Partido Popular de sus orígenes franquistas que el enjuiciamiento sin contemplaciones del general chileno? Pinochet era la mayor cantidad de Franco que quedaba sobre el planeta, y Aznar facilitaba impasiblemente el castigo de sus crímenes.

Esta decisión, naturalmente, no se tomaba con alegría. Para la Moncloa la situación era incómoda. Tanto, que surgieron dos versiones asombrosas sobre el origen de este desaguisado, ambas arraigadas en la visión paranoica de la historia que predomina en el país. En una de ellas, la detención de Pinochet era el resultado de una oscura conspiración de la CIA encaminada a frenar la creciente importancia económica de España en América Latina. «Qué curioso -decían los más suspicaces- que este incidente se provoca inmediatamente después de que España hace un gran desembolso en un fondo internacional dedicado a enderezar las finanzas latinoamericanas». Pero si absurdo era este razonamiento, había otro aún más peregrino: «Es una maniobra de ETA para luego solicitar desde el extranjero la extradición de los políticos españoles». La ETA era tan poderosa que manejaba los hilos que movían a Garzón -un juez que persigue a los etarras con saña- y, además, controlaba a los magistrados británicos. Si eso fuera cierto, por supuesto, no quedaba otro remedio que sacar la bandera blanca y rendirse ante la fuerza inderrotable de los terroristas vascos.

Las consecuencias de esta historia no son muy buenas para las relaciones internacionales de España ni para los intereses económicos de las grandes empresas españolas radicadas en Chile. Los gobernantes de América Latina piensan que Aznar, pese al gran discurso sobre la hispanidad, ha colocado sus objetivos electorales por encima del respeto que debía merecerle la soberanía chilena.

Y hay, además, un componente ideológico que complica aún más las cosas: los partidos del chileno Frei y de Aznar pertenecen a las INternacional Demócrata Cristiana presidida por el diputado español Javier Rupérez, pero estos vínculos no han servido para ayudar a Frei en una situación en la que se ha puesto en juego la difícil transición de Chile hacia la democracia. Un senador democristiano me dijo en estos términos: «¿Qué hubiera pensado Aznar si un juez chileno hubiera demandado la extradición del general Gutiérrez Mellado por los crímenes de la Guerra Civil? ¿Qué hubiera pensado -añadió- si, para no enfrentarse con la izquierda doméstica, o en busca de un rentable gesto electoral, el presidente Frei, indiferente a las consecuencias que esto le hubiera traído a España, autorizaba su petición? Hubiera pensado que Frei no es un gobernante responsable, ni un amigo consciente, ni un estadista guiado por principios.» Es así como hoy juzgan a Aznar muchos políticos latinoamericanos que en el pasado creyeron sus amigos. Mala cosa para ambas orillas del Atlántico.



Carlos Alberto Montaner



 

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