PINOCHET EN
ESPAÑA
La
secreta ilusión del gobierno español se ha disipado. El
ministro del Interior de Inglaterra ha decidido deportar
a Pinochet rumbo a España. Tardará, pero no hay plazo
que no se cumpla. En la Moncloa soñaban con que los
británicos liquidarían este extraño incidente
diplomático amparándose en razones humanitarias. El
viejo general, con ochenta y tantos años y unos cuantos
achaques, era un buen candidado para ejercer la piedad de
una forma verosímil. Se pensaba, además, que el
gobierno laboralista de Blair, en un país donde la
izquierda marxista es menos seria que los jubilados
desnudos de Full Monty, no pagaría un alto precio por
devolver a Pinochet a su país. Al fin y al cabo, el
reñidero latinoamericano nunca ha despertado una
especial preocupación en Gran Bretaña. La expresión
América Letrina la inventaron los franceses, pero, sotto
voce, son los ingleses quines la utilizan.
Los ingleses son coherentes. En Londres, en las altas
instancias de poder, piensan que es un disparate que dos
jueces independientes, uno español y otro británico,
decidan por su cuenta y riesgo acusar de genocidio a un
ex jefe de Estado, por crímenes ocurridos en un
territorio ajeno y distante, creando con ello un
precedente que mañana pudiera arrastrar a docenas de
políticos aliados de Inglaterra -desde Henry Kissinger a
Felipe González-, pero no es la función del gabinete de
Su Majestad sacarle las castañas del fuego al gobierno
de José María Aznar. Si la Moncloa pidió al general,
que con su pan se lo coman. Que resuelva la Moncloa el
problema que ella misma creó. Al fin y al cabo, el
gobierno de Aznar, si realmente no quería padecer el
espectáculo de un Pinochet esposado, sometido a la
justicia española, hubiera podido evitarlo con sólo no
admitir la demanda de extradición solicitada por el juez
Garzón.
Y es cierto. La Ley de Enjuiciamiento Criminal tenía un
claro vacío legal. El gobierno se obligaba a aceptar o
negar las extradiciones contra personas residentes en
España y sujetas a sus leyes requeridas por otros
estados, pero nada aclaraba con relación a las
peticiones de extradición efectuadas por los propios
jueces españoles. El sentido común indicaba que si el
Estado tenía que aprobar o rechazar las extradiciones
pasivas, de igual forma debería actuar con las activas.
En todo caso, para blindar su decisión contra ataques
políticos, el gobierno solicitó las opiniones del poder
judicial y, como suele ocurrir, obtuvo dos dictados
contradictorios: los jueces, donde predomina un
pensamiento de izquierda, concluyeron que al gobierno
sólo le correspondía actuar como un neutral tramitador
de la iniciativa del magistrado independiente, sin estar
a su alcance la posibilidad de rechazarla; los fiscales
más próximos a la visión de la derecha, pensaban lo
contrario: la extradición activa era, como la otra, una
irrenunciable prerrogativa del Estado.
Ante esa disyuntiva, el gobierno de Aznar, que hubiera
podido hacer lo que su instinto le indicara, y
probablemente lo que mejor convenía a los intereses de
España y de Chile, conocedor de que la opinión pública
española abrumadoramente disfrutaba con la idea de
castigar de alguna forma a Pinochet, optó por tramitar
la petición de extradición, amparándose en la
obediencia que todos le debían al poder judicial. Pero
esa posición, además, le servía como una señal
luminosa en su cabalgata hacia el centro ideológicos.
¿Qué podía demostrar más claramente el divorcio del
Partido Popular de sus orígenes franquistas que el
enjuiciamiento sin contemplaciones del general chileno?
Pinochet era la mayor cantidad de Franco que quedaba
sobre el planeta, y Aznar facilitaba impasiblemente el
castigo de sus crímenes.
Esta decisión, naturalmente, no se tomaba con alegría.
Para la Moncloa la situación era incómoda. Tanto, que
surgieron dos versiones asombrosas sobre el origen de
este desaguisado, ambas arraigadas en la visión
paranoica de la historia que predomina en el país. En
una de ellas, la detención de Pinochet era el resultado
de una oscura conspiración de la CIA encaminada a frenar
la creciente importancia económica de España en
América Latina. «Qué curioso -decían los más
suspicaces- que este incidente se provoca inmediatamente
después de que España hace un gran desembolso en un
fondo internacional dedicado a enderezar las finanzas
latinoamericanas». Pero si absurdo era este
razonamiento, había otro aún más peregrino: «Es una
maniobra de ETA para luego solicitar desde el extranjero
la extradición de los políticos españoles». La ETA
era tan poderosa que manejaba los hilos que movían a
Garzón -un juez que persigue a los etarras con saña- y,
además, controlaba a los magistrados británicos. Si eso
fuera cierto, por supuesto, no quedaba otro remedio que
sacar la bandera blanca y rendirse ante la fuerza
inderrotable de los terroristas vascos.
Las consecuencias de esta historia no son muy buenas para
las relaciones internacionales de España ni para los
intereses económicos de las grandes empresas españolas
radicadas en Chile. Los gobernantes de América Latina
piensan que Aznar, pese al gran discurso sobre la
hispanidad, ha colocado sus objetivos electorales por
encima del respeto que debía merecerle la soberanía
chilena.
Y hay, además, un componente ideológico que complica
aún más las cosas: los partidos del chileno Frei y de
Aznar pertenecen a las INternacional Demócrata Cristiana
presidida por el diputado español Javier Rupérez, pero
estos vínculos no han servido para ayudar a Frei en una
situación en la que se ha puesto en juego la difícil
transición de Chile hacia la democracia. Un senador
democristiano me dijo en estos términos: «¿Qué
hubiera pensado Aznar si un juez chileno hubiera
demandado la extradición del general Gutiérrez Mellado
por los crímenes de la Guerra Civil? ¿Qué hubiera
pensado -añadió- si, para no enfrentarse con la
izquierda doméstica, o en busca de un rentable gesto
electoral, el presidente Frei, indiferente a las
consecuencias que esto le hubiera traído a España,
autorizaba su petición? Hubiera pensado que Frei no es
un gobernante responsable, ni un amigo consciente, ni un
estadista guiado por principios.» Es así como hoy
juzgan a Aznar muchos políticos latinoamericanos que en
el pasado creyeron sus amigos. Mala cosa para ambas
orillas del Atlántico.
Carlos Alberto Montaner
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