La España de
las autonomías
1. LAS
PREAUTONOMIAS
A mi juicio, uno de los errores más graves de la
Constitución de 1978, es la configuración del llamado
Estado de las Autonomías. Pero ya antes de empezar a
discutirla, se puso en marcha la organización
autonómica del Estado. Había demasiada prisa por
satisfacer reivindicaciones nacionalistas. Y, con
fórmulas más o menos artificiosas, se restableció
sobre la marcha la Generalidad de Cataluña. Y luego se
pensó que una manera de contrapesar las autonomías
nacionalistas era crear autonomías en toda España. Y
prejuzgando la organización territorial del Estado que
debía discutirse en la Constitución, se decretaron las
preautonomías, y se inventó la receta del «café para
todos» (que luego no era café para todos igual, porque
para algunos era expreso y para otros era descafeinado).
Tan artificial fue la creación de las llamadas
preautono-
mías, que además de no tener apoyo jurídico que
pudiera considerarse suficiente, su número y
composición acabó al final siendo casi una lotería.
Hubo provincias, como Albacete, que estuvieron jugando
con encuadrarse en la autonomía que resultara más
ventajosa, y otras como Segovia que hasta el último
momento estuvieron a punto de obtener autonomía propia,
como la consiguieron Santander y Logroño.
Nadie podría haber previsto con unos meses de
antelación el actual mapa autonómico. Por eso es
absurdo afirmar que respondió a la fuerte demanda
autonómica preexistente, como se ha dicho para
justificarlo. Las preautonomías se crearon
artificialmente y constituyeron un error político, que
predeterminó luego todo el proceso constitucional.
Porque como empezó regalándoseles a todos la
preautonomía, las demandas nacionalistas crecieron y se
hacían insoportables en el debate de la Constitución,
como están creciendo ahora, unas para marcar diferencias
con las demás; mientras éstas, a su vez, quieren
igualar lo que se da a los nacionalistas, y éstos volver
a marcar diferencias, produciendo esa espiral, que no se
sabe dónde puede acabar.
Sin el doble invento de las preautonomías y el «café
para todos», creo que el debate constitucional hubiera
podido mantenerse en términos más razonables. Y la
configuración territorial del Estado hubiera sido más
congruente con el sentido nacional de España. Podría
haberse establecido una fuerte descentralización
administrativa, apoyada en provincias y municipios, que
sí tenían en ese momento arraigo en España y una
organización ya funcionando. Y quizás otorgarse dos
estatutos singulares mucho más restringidos que los
actuales para Cataluña y el País Vasco, que se hubieran
conformado con menos, al ver reconocido su pregonado
«hecho diferencial».
En esto de los «hechos diferenciales» conviene precisar
que todas las regiones españolas los tienen. Y hay que
respetarlos. Lo que ya no es tan explicable es
convertirlos en fuente de poder político. Lo que hacen
los dirigentes nacionalistas es montarse sobre los
«hechos diferenciales» para pedir más poder político.
Y convertirlos de «hechos diferenciales» en «hechos
separadores».
2. LAS «NACIONALIDADES», LAS LENGUAS Y LAS BANDERAS
Pero, desgraciadamente, no fue este de las preautonomías
el único ni quizá el más importante de los errores
políticos de aquel momento. Los más graves están en la
Constitución misma. Algunos diputados de Alianza Popular
peleamos cuanto pudimos para evitarlos, pero los acuerdos
extraparlamentarios de UCD y PSOE (con la asistencia
nocturna y a cencerros tapados de Arzallus y otros
nacionalistas), aquellos acuerdos en las sobremesas, en
las noches y en las madrugadas, hicieron inútiles
nuestros esfuerzos.
El primer gran error está en el reconocimiento de las
«nacionalidades» que se hace en el artículo 2. Este
artículo incurre en el contrasentido de afirmar que «la
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de
la nación española, patria común e indivisible de
todos los españoles», para decir a continuación que
«garantiza el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que la integran». El error es
grave por dos motivos: El primero y principal porque la
unidad de una nación puede quebrarse si se reconocen en
su seno «nacionalidades»; y el segundo porque no se
pueden establecer dos categorías políticas de
autonomías, las nacionalidades y las regiones. ¿Qué
razón histórica puede existir para que Cataluña sea
una «nacionalidad» y Aragón no? ¿Para que lo sea el
País Vasco y no lo sea Castilla? Así está ocurriendo,
que ahora se están reformando los Estatutos, y todos
reivindican y están incluyendo en ellos la condición de
«nacionalidad»; así que vamos a tener una Nación que
alberga en su seno una docena de nacionalidades. Vamos a
ser un ejemplo único en el mundo. Y, desde luego, un
invento singular que nunca había sido considerado en el
derecho político constitucional. En esto sí que esta
vez «España es diferente».
En la apasionada discusión parlamentaria de este
artículo, recordé que la única Constitución que
existía en el mundo, entonces, que incluía el concepto
de «nacionalidades», era la de la Unión Soviética,
pero reconociendo al mismo tiempo a las Repúblicas que
la integraban el derecho de autodeterminación, que, como
sabemos, han acabado ejerciendo. Y recordé que el
Partido Socialista, en el Congreso de Suresnes, en 1974,
cuando era un admirador entusiasta de la URSS, definió a
España como una República Federal de las Nacionalidades
y «reconocía -como lógica consecuencia- el derecho de
autodeterminación a los pueblos que la integran».
Conviene recordar estos antecedentes para explicarse
muchas cosas de las que sucedieron entonces y de las que
están ocurriendo ahora.
Pese a la oposición cerrada, y yo creo que brillante, de
los diputados de Alianza Popular, ahí esta el concepto
de nacionalidades consagrado constitucionalmente y dando
pie a las demandas nacionalistas, que cada día con más
descaro hablan de soberanía y derecho de
autodeterminación. Se les contesta que esto está fuera
de la Constitución, y ellos replican que no es del todo
cierto porque uno y otro concepto van implícitos en el
término nacionalidades constitucionalmente reconocido.
Las nacionalidades, dicen, son naciones todavía no
constituidas en Estado, pero como tales «naciones»
tienen el derecho a autodeterminarse y un principio
implícito de soberanía. Ya veremos quién o cómo se
resuelve tan espinosa cuestión.
Reconocidas las nacionalidades en el artículo 2.°,
vinieron después las batallas de las banderas y de las
lenguas en los artículos 3.° y 4.°. Era razonable y
lógico definir constitucionalmente la bandera de España
y así se hizo en el n.° 1 del artículo 4.°. Pero no
había necesidad de reconocer constitucionalmente
banderas y enseñas a las Autonomías, porque ello
suponía apoyar sus pretensiones de singularidad y de
equiparación con la propia nación española.
Dice el artículo 4.° que esas banderas autonómicas se
utilizarán junto a la española en los edificios
públicos y actos oficiales; pero fue inútil nuestro
empeño de establecer que la bandera española tuviera
siempre lugar preferente; y sólo junto a ella y en
segundo lugar podrían situarse las autonómicas.
Nuestras enmiendas fueron rechazadas por
«impertinentes», o «innecesarias», pero los hechos
evidencian que nuestras preocupaciones y nuestros avisos
no eran baldíos.
Cualquiera puede comprobar que en Cataluña y en el País
Vasco no se da preferencia a la bandera de España, e
incluso ni se utiliza(salvo excepcionalmente), cuando no
es objeto de vejaciones intolerables, que siempre quedan
impunes. Pero es que, ya hay otras muchas autonomías en
que, aunque se respete el uso de la bandera nacional,
queda como oficializado y protocolario, mientras a nivel
popular se utilizan mucho más las banderas autonómicas.
La televisión nos está ofreciendo ejemplos todos los
días. Y no es bueno que el pueblo no sienta que su
bandera, la bandera del pueblo, es la de España, y
acaben viéndola como la bandera de las autoridades y de
los actos protocolarios, mientras que las banderas del
pueblo son las autonómicas.
Alguien dirá que esto es una manifestación de
patriotismo cavernícola (algo parecido nos dijeron en el
Congreso); pero yo les emplazo a que vean lo que hacen en
todos los países del mundo, incluso en los de índole
federal como Estados Unidos o Alemania. La bandera, la
enseña nacional, es algo sagrado para los gobernantes y
para los pueblos de todo el mundo. Aquí y ahora. En este
tiempo. Menos en España, que se ha curado del
patriotismo cavernícola universal, dejando en segundo
plano el honor a la bandera nacional. Y eso es importante
para el concepto y el sentimiento de España, como
nación y patria común e indivisible de todos los
españoles, según se dice en ese precepto constitucional
que esta ahí, como olvidado, mientras se recuerda todos
los días lo que nos divide y separa.
Pero la verdad es que la batalla por la bandera duró
poco, se despachó por la mayoría con un «bajonazo»,
acusándonos de patriotismo barato para dejarnos en
ridículo.
Algo más cruenta, pero singularmente defraudante,
resultó la discusión del artículo 3.° sobre la lengua
del Estado y las lenguas vernáculas, que acabó con lo
que yo llamo en el libro que acabo de publicar «la
confusión de las lenguas». El «castellano» se declara
lengua oficial en todo el Estado, pero a continuación se
dice que también lo serán las llamadas lenguas
vernáculas en cada Comunidad Autónoma. Lo mismo que con
las «nacionalidades» tampoco se precisa en la
Constitución cuántas y cuáles serán las lenguas
vernáculas. En este momento, tenemos, por un lado, el
catalán, el euskera y el gallego. Pero hay otras dos: el
valenciano y el mallorquín, que también son oficiales
sin que se haya decidido si son o no «catalán». Y
ahora se quiere hacer oficial el bable. Y se habla de
otras.
Para poner de manifiesto la importancia que el tema de la
lengua tiene para la unidad de un pueblo, yo me permití
empezar mi discurso en el Congreso citando tres párrafos
del Génesis, que a mi juicio tienen una gran fuerza
«Era la tierra de una sola lengua y de una sola
palabra». Y en otro lugar: «He aquí un pueblo uno,
porque tiene una lengua sola». Y cuando la soberbia de
los hombres les llevó a hacer la torre de Babel, Yavé
dijo: «Bajemos y confundamos su lengua, para que no se
entiendan unos con otros». El problema de la lengua es a
mi juicio trascendental para el sentimiento de unidad de
un pueblo. Unamuno, en un artículo que luego volveré a
citar, dice que puede haber individuos bilingües, pero
no pueblos bilingües.
No propongo, por supuesto, que se combata, se prohiba o
se limite el uso de ninguna lengua vernácula; al revés,
son patrimonio de todos y como tal deben protegerse y
fomentarse. Digo que para el concepto de unidad nacional,
para el concepto de España como patria común de todos
los españoles, es muy importante que haya una lengua
oficial en todo el territorio. Y ya no es así. A los
hechos me remito. Los hechos son muy tozudos y acaban
siempre imponiendo su fuerza sobre las utopías. La
cooficialidad de las lenguas se ha aplicado, como yo me
temía, dando prioridad a las vernáculas en la
enseñanza, en las rotulaciones o denominaciones, en las
relaciones oficiales, de tal modo que se han convertido
en las verdaderas lenguas oficiales, relegando el
español a un segundo plano, lo que está contribuyendo a
la pérdida del sentimiento de unidad nacional, a que
muchos españoles no se sientan como tales.
E incluso otros españoles se sienten como extranjeros en
ciertos territorios. Ha sido otro efecto perverso de la
regulación constitucional de las Autonomías. Y de su
posterior desarrollo. Que se agrava, además, porque se
ha transferido a las Comunidades Autónomas la
educación, lo cual permitió no solo imponer, de hecho,
la enseñanza en lengua vernácula, sino dar a la
enseñanza un sesgo nacionalista, que está determinando
la creación de generaciones de nacionalistas, cada vez
más radicalizados en su victimismo, en el concepto
idealizado de su tierra y de su más o menos inventada
historia, y en el desconocimiento o el odio a España. El
futuro de la integración de millones de españoles en el
concepto y en el sentimiento de España es realmente
preocupante, a la vista del efecto conjunto de lo que se
está haciendo con la educación y con las lenguas
vernáculas.
Al discutirse el tema en el Congreso, sostuve que la
lengua oficial debía llamarse «español» y no
«castellano» y fué muy oportuno, aunque no sirvió de
nada, que la Real Academia Española de la Lengua,
publicara un comunicado oficial en el mismo sentido y
poniendo en ello toda su autoridad. No le hicieron el
menor caso. Dije entonces en el Congreso: «La lengua
oficial debe llamarse «español» porque es la lengua de
España, como nación, la lengua que hablan los
españoles y no sólo los castellanos, la lengua que
hablan con este nombre más de veinte naciones, la lengua
que nos distingue en el contexto mundial» … «El
español es la lengua que por antonomasia hace al pueblo
«uno», según la frase del Génesis. Y como tal no es
mía ni vuestra, no es de los castellanos, ni de los
catalanes, ni de los andaluces, los gallegos o los
vascos, es la lengua de todos, es la lengua de nuestro
pueblo, del pueblo español, … el pueblo al que
representamos y al que servimos, entero, sin fisuras,
disgregaciones ni enfrentamientos».
Resalté la importancia del idioma, como instrumento de
relación entre los hombres: «Hay todo un intento
mundial para hacer las fronteras más flexibles, menos
separadoras -dije- y para procurar reducir el número de
idiomas en las relaciones entre los hombres, para que
puedan entenderse .... En este contexto, nosotros, que
tenemos la suerte de contar con uno de los idiomas
auténticamente universales, vamos a introducir, como uno
de los elementos de división y debilidad de una de las
naciones más antiguas del mundo, la complicación y la
confusión no solo de algunas -no sé cuantas- naciones,
sino también algunas- tampoco sé cuántas- lenguas
oficiales». «El que diga o piense que el
plurilingüismo como el plurinacionalismo une, se
equivoca. Y los hechos -terminé- dirán quién tiene la
razón».
Pero el tema se había pactado y salió como iba, y los
hechos creo que han sobrepasado mis preocupaciones de
entonces. El idioma se ha convertido en un problema de
conflictividad e insolidaridad permanentes, que cada vez
alcanza a más Comunidades. Es una dificultad para la
libre circulación y asentamiento de personas en todo el
territorio español, para el desarrollo de los negocios y
la comunicación cultural de los españoles. Y un
quebranto serio de la igualdad de oportunidades, para lo
cual, entre otras cosas, es básico el acceso a la
enseñanza y su calidad, lo que exige movilidad de
profesores y alumnos entre Centros y Universidades. Y la
enseñanza en lengua vernácula dificulta el acceso e
impide la movilidad de profesores y alumnos. Pero
también dificulta o impide la de trabajadores,
funcionarios y empresarios, convirtiéndose en un
obstáculo insalvable para la igualdad de oportunidades,
y por ello, en una medida antisocial que perjudica, sobre
todo, a los más débiles.
Y creo que también es causa de un empobrecimiento
cultural de quienes tienen que formarse utilizando como
instrumento unas lenguas que de nada sirven fuera de sus
propios territorios, y que, además, se habían
empobrecido con el desuso; en lugar de formarse en una
lengua tan rica y universal como el español. No en balde
un vasco tan español y universal como Unamuno había
escrito en 1907 «hay un regionalismo romántico y
sentimental y carne de materialismo político que es un
grave peligro no ya para el patriotismo español, sino
para la causa de la cultura».
Pero este es tal vez el tema en que es mayor la ceguera
de los nacionalistas, que les esta llevando a hacer daño
a sus propios pueblos. En todo caso, me interesa dejar
constancia de que en el Congreso fue derrotada una
enmienda de la minoría catalana pidiendo que fuera
obligatorio el conocimiento de las lenguas vernáculas en
cada Comunidad. Y sin embargo se está imponiendo. E
incluso hay quien dice, como Herrero de Miñón, que esa
imposición es constitucional. No es así. La
Constitución sólo impone el deber de conocer el
castellano. Y la enmienda de la minoría catalana
imponiendo el conocimiento de las lenguas vernáculas fue
derrotada en el debate constitucional. Pero se está
actuando como si hubiera vencido.
3. ¿ESTADO FEDERAL O RESIDUAL?
Decidida la organización autonómica del Estado, se
pretendió delimitar las respectivas competencias de las
Comunidades y el Estado en el famoso Titulo VIII y
especialmente en los artículos 148 y 149 de la
Constitución, de los que yo quiero resaltar dos aspectos
importantes. Uno, que la delimitación no fue acertada,
clara ni precisa, produciéndose una confusión, que
está dando lugar a constantes conflictos de competencias
que llegan con frecuencia al Tribunal Constitucional y
crean la lógica inseguridad jurídica en la regulación
de los derechos de los españoles y de su actividad en
todos los órdenes.
El otro aspecto es que se concedió a las Comunidades
Autónomas competencias excesivas y sucesivamente
ampliables, que exceden en muchos casos de las que suelen
tener los Estados federados en una Federación. Dicen
ahora algunos que la solución del problema autonómico
sería la reforma de la Constitución para convertir
España en un Estado Federal. Pero los que han estudiado
con rigor el tema dicen que el Estado de las Autonomías
ya es, de hecho, un Estado federal, y por ello los
nacionalistas no lo reivindican; lo que ocurre es que, en
su momento, asustó la palabra y no se quiso llamarle
así. Pero lo que importa son los hechos, no las
palabras, y los hechos nos dicen que España ya es
prácticamente un Estado federal. Descompensado y
asimétrico, porque no todas las Comunidades tienen el
mismo trato ni las mismas competencias. Y poco estable,
yo diría que más bien gaseoso, porque, como los gases,
las autonomías tienen una capacidad de expansión
permanente, que la propia Constitución, los partidos
nacionalistas y el sistema electoral estimulan, como
veremos luego.
¿Es malo o bueno haber convertido a España, sin
decírselo, de hecho, en un Estado federal? Me parece que
los Estados unitarios (que no quiere decir Estados
«centralistas») tienen ventajas sobre los Estados
Federales, que si se quedaron en esa fase es porque no
pudieron avanzar más; que el Estado unitario es
histórica y políticamente la culminación de un proceso
de unificación que empieza con las Uniones personales,
sigue con las Confederaciones, continúa con los Estados
federales y culmina con los Estados unitarios.
Justamente porque el proceso es éste y no el inverso, el
Estado federal que se ha formado partiendo de otras
formas más primarias, como Uniones de Estados o
Confederaciones, es decir, para unir lo que estaba
desunido, tiene una fuerza centrípeta, una tendencia a
la integración y por ello los Estados federales como
Estados Unidos o Alemania son Estados fuertes en los que
el poder central es cada vez más predominante y, por
supuesto, indiscutido. Sin embargo cuando se pretende
invertir el proceso natural deshaciendo un Estado
unitario, para convertirlo en federal, es decir,
desuniendo lo que estaba unido, como se trata de un
fenómeno políticamente inverso a su desarrollo natural,
lo que predomina es la fuerza centrífuga, la tendencia a
seguir con la desintegración, a fortalecer las partes y
debilitar el todo, de tal manera que al final lo federal
ya parece poco y se quiere lo confederal o la simple
unión personal en la Corona.
Sería curioso que tuviéramos que volver a anunciar al
Rey, no como Rey de España, sino como Rey de Cataluña y
de Aragón y de Castilla y de Galicia y de Valencia…
como en una crónica medieval. No, pues no es una broma,
esa posibilidad está implícita en algunas pretensiones
nacionalistas. Y creo que otras, como el nacionalismo
vasco, ni siquiera lo admiten y su objetivo final es la
independencia.
Nuestro problema se agrava porque algunos pretenden que
no seamos una federación de Estados, sino una
federación de Naciones, o, como se dice más
frecuentemente, una Nación de naciones. En cuyo caso, el
problema es no sólo más agudo, sino realmente
arriesgado, porque de eso no hay en el mundo, y donde se
ha pretendido que lo haya o se ha acabado rompiendo el
Estado o se ha acabado a tiros.
Hay que añadir a la complicación de las nacionalidades,
la existencia de partidos políticos nacionalistas cuyos
líderes se atribuyen en exclusiva la representación de
las mismas, a pesar de su diversidad y pluralismo
interno. Y un sistema electoral que prima a esos
partidos, cuyos votos se hacen decisivos para lograr
mayorías parlamentarias, con lo que las grandes
cuestiones de interés general están mediatizadas y
condicionadas por los intereses autonómicos, que se
convierten en contrapartida de cualquier decisión
nacional importante. Verdaderamente, tenemos un Estado
singular en el mundo. En permanente equilibrio inestable.
Lo peor, es que después de los artículos 148 y 149 de
la Constitución que delimitan las competencias del
Estado y las Comunidades Autónomas, viene el artículo
150, con cuya introducción consiguieron los
nacionalistas (y ello es luego extensible a todas las
Autonomías) que no sirviera de gran cosa la
delimitación de competencias hecha en los artículos
anteriores y que las demandas autonomistas no tengan
techo, mientras el Estado queda realmente con un
contenido casi residual.
Porque el artículo 150 tiene un apartado 2 que dice:
«El Estado podrá transferir o delegar en las
Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica,
facultades (y subrayo la palabra) correspondientes a
materia de titularidad estatal, siempre que por su
naturaleza sean susceptibles de transferencia o
delegación».
Es decir que las Comunidades Autónomas, una vez asumidas
todas las funciones y competencias que les atribuyen la
Constitución y los Estatutos, que son muchas y
ampliables por su imprecisión, pueden reclamar que se
les transfiera o delegue las facultades que la
Constitución reserva al Estado en exclusiva, con la sola
condición de que sean «por naturaleza» delegables. ¿Y
quien decide si una facultad es o no delegable por
naturaleza? Pues tal como están las cosas, lo decidirá
la presión que en cada momento pueda ejercer sobre el
Estado la Comunidad Autónoma o el partido nacionalista
de que se trate. Y la cautela de la Ley Orgánica se
está olvidando, asumiéndose o transfiriéndose las
competencias por simples acuerdos o decisiones
unilaterales consentidas.
Fue inútil nuestro intento de que desapareciera de la
Constitución este precepto que implica la posibilidad de
ir degradando progresivamente al Estado. Recuerdo que en
el debate, nos tacharon de alarmistas y nos dijeron que
en el artículo 150 se contemplaba una pura delegación
de funciones administrativas. Propusimos entonces que se
sustituyera la palabra «facultades» por la expresión
«funciones administrativas de ejecución». Naturalmente
los nacionalistas saltaron como tigres, porque no era eso
lo que querían, pero desgraciadamente la Ponencia, por
boca de Pérez Llorca, les dio la razón, diciendo que la
expresión «facultades» era «técnicamente» más
correcta. Por supuesto que era técnicamente más
apropiada para transferir lo que al Estado había
reservado la Constitución, pero ningún jurista podrá
decir que la expresión «facultades» equivale a
«funciones administrativas de ejecución».
Y así se está interpretando para arrancarle al Estado,
poco a poco, sus facultades. Se comprueba comparando lo
que dice el artículo 149 con lo que tienen y reclaman
las Autonomías, especialmente las llamadas
«nacionalidades».
Y por si el artículo 150 no había abierto ya una brecha
suficientemente grande en la línea de flotación del
Estado, todavía los nacionalistas vascos consiguieron
introducir la Disposición Adicional Primera que
establece que «la Constitución ampara y respeta los
derechos históricos de los territorios forales»; que se
actualizarán. Sin que sepamos de qué derechos
históricos se trata, ni hasta qué siglo hay que llegar
para encontrarlos y actualizarlos. A lo mejor se pretende
«actualizar» fueros y privilegios medievales.
Y hay otro tema delicado que es el fiscal. Los artículos
156 y 157 conceden a las Comunidades Autónomas,
autonomía financiera y facultad de establecer impuestos,
tasas y contribuciones especiales, además de participar
en los impuestos que les ceda el Estado. Ya sabemos el
uso y abuso que se está haciendo de estas facultades, y
conocemos la pretensión de alguna «nacionalidad» de
convertirse en la única recaudadora de impuestos,
pagando luego al Estado una especie de «cupo», como ya
hacen las Diputaciones vascas y Navarra. Si este sistema
acabara generalizándose, es decir si, como se pretende
cada Comunidad acaba recaudando todos los impuestos y
pagando luego un cupo de compensación al Estado que
habría que negociar cada año, la insolidaridad sería
manifiesta y ha-bríamos sobrepasado con creces el Estado
federal. La soberanía fiscal o impositiva es una de las
manifestaciones primarias de la soberanía y tal vez hoy
la más importante, que ni se puede ni se debe ceder. Ni
la Constitución lo autoriza. Y tengamos en cuenta,
además, que la integración europea exige un proceso de
armonización fiscal que es muy difícil, pero que será
imposible desde la co-soberanía fiscal de las
Autonomías. Si tenemos que integrarnos y armonizarnos
por arriba, no vamos a empezar desintegrándonos y
diversificándonos por abajo.
4. ES NECESARIO CERRAR
EL PROCESO DE DESINTEGRACION
Entre las ambiguedades de la Constitución y la forma
como se está desarrollando el proceso, me parece que lo
peor es que nadie podría decir en este momento cuándo
ni cómo se va a cerrar el cuadro de competencias del
Estado y de las Comunidades Autónomas. Las Autonomías
son por naturaleza «expansivas». Es una ley natural en
la Administración que cada núcleo de poder creado, cada
órgano, tiende a expansionarse, a aumentar sus funciones
y sus funcionarios. El sistema autonómico es, por ello,
entre otras cosas, carísimo para España. Los
Presupuestos y la Deuda de las Autonomías son ya muy
superiores en términos reales a los que tenía el Estado
en su conjunto en 1975. Pensemos en lo que suponen
diecisiete gobiernos, cientos de consejeros, que se
consideran como ministros, miles de directores generales,
cientos de miles de funcionarios… Sus funciones se
duplican y entremezclan con las del Estado y los
Ayuntamientos, y eso no sólo nos cuesta mucho dinero,
sino que complica la vida y el ejercicio de actividades
de ciudadanos y empresas. Y los gastos y funcionarios
autonómicos no han disminuído los gastos y funcionarios
estatales. El Estado tiene ya 40 billones de Presupuesto
de gastos (poco más de uno- incluyendo la Seguridad
Social, en 1975). Y ahora hay más de un millón de
funcionarios públicos sobre los que había en 1975.
Pero no se trata solamente de un problema económico o
administrativo, sino esencialmente político, porque la
última meta de los nacionalismos, no nos engañemos, es
la autodeterminación, y llegar a constituir Estados
independientes. Yo creo que España no lo va a consentir,
pero no deja de preocuparme oír decir a muchos buenos
españoles, ante la situación del País Vasco, que
sería mejor dejarles, separarles de España, y quitarnos
ese foco de conflictividad permanente.
Lo que ocurre es que nosotros no disponemos de España.
España no es una herencia que se pueda partir y
repartir. España es la obra de muchas generaciones de la
que una generación determinada no tiene facultad de
disposición. Los españoles de esta generación tenemos
la obligación, no sólo de defender España, sino de
fortalecerla y engrandecerla. Y no cumpliríamos con ese
deber si dejáramos que se rompiera y se apartara de ella
cualquiera de las partes que la conforman. Además de que
si aceptamos, por ejemplo, que se separe el País Vasco
¿cuánto tardaría Cataluña en exigir lo mismo? ¿Y
qué podría pasar con Baleares o con Canarias? ¿Dónde
pondríamos el límite? ¿Cuándo seríamos capaces de
frenar un proceso abierto de independencias más o menos
plenas? No podemos ceder a la tentación de un
transitorio alivio de nuestros problemas autonómicos,
creando otros mayores.
Tenemos que tener la valentía de reconocer que la
España de las Autonomías es un error. Y tratar de
corregirlo. Pero corregirlo, dentro del propio marco
constitucional, no abriendo un proceso de reforma que se
sabe cómo empieza pero no cómo acaba. Corregirlo,
aplicando en toda su fuerza la primera parte del
artículo 2.° de la Constitución que dice que ésta se
fundamenta en la indisoluble unidad de la nación
española. patría común e indivisible de todos los
españoles. Y basando el desarrollo de la Constitución
en esta rotunda declaración de la que nadie quiere
acordarse.
Y en el artículo 1.°, también olvidado. El art.1.°, y
luego lo refuerza el 14, establece la igualdad de todos
los ciudadanos ante la Ley, como uno de los valores
superiores del ordenamiento jurídico, lo que hay que
tener en cuenta a la hora de regular temas como los
impuestos, la sanidad, la enseñanza,..Y también
establece el art.1.° que la soberanía reside en el
pueblo español, del que emanan todos los poderes del
Estado. Y habla del pueblo español en su conjunto, como
un solo pueblo. Nada de «co-soberanía catalana» o de
«ámbito vasco de decisión». Es el pueblo español el
titular de la soberanía y del que emanan todos los
poderes del Estado, incluso los autonómicos, porque las
Autonomías son también Estado.
Aplicados con todo su rigor y exigencia estos y otros
preceptos constitucionales, deberían conducir a limitar
los excesos nacionalistas en el desarrollo de las
Autonomías. Estamos ante uno de esos problemas que
exigen de verdad eso de que tanto se habla, un gran
consenso nacional para cerrar de una vez el proceso de
desintegración y debilitación del Estado. Los grandes
partidos nacionales deberían asumir esa responsabilidad.
A mí no me gustan las Autonomías, pero no puedo
lógicamente salirme de la realidad para instalarme en la
utopía. Sé que una vez creado el Estado de las
Autonomías hay que asumirlo; pero como se asume una
enfermedad o una deformación. Tratando de corregirla y
mejorarla, no de agravarla. Limitemos, al menos, el error
a sus términos actuales. Cerremos de una vez este
proceso. Reúnanse los partidos nacionales y delimiten de
una vez y para siempre el cuadro de las competencias del
Estado y las Autonomías, y reformen en lo que sea
necesario el sistema electoral para que la política
nacional no dependa de los votos nacionalistas. Y hagan
de ello el primer principio de su política.
Lo malo es que incluso esos grandes partidos nacionales
llevan en su seno el germen de su propia debilidad
autonómica, porque vemos a sus propios diputados y
senadores, y no digamos a los dirigentes autonómicos de
esos partidos, muchas veces pensando más en sus
intereses locales que en el interés general de España.
Y probablemente es una consecuencia inevitable del
sistema.
Hay que hacerles entender a los autonomistas que lo más
conveniente a cada Autonomía es la fuerza y el prestigio
de España. Sin una España fuerte ¿qué va a hacer cada
Autonomía desde la pequeñez y la limitación de su
propia dimensión económica y política? ¿Cómo vamos a
compaginar un proceso de integración europea con un
proceso de desintegración interna?
Un periódico nacional publicaba recientemente una
entrevista con el líder nacionalista escocés Alex
Salmond, que está protagonizando el proceso de lo que se
llama «devolución» a Escocia de parte de su antigua
soberanía. La periodista preguntaba: «… ¿es este
proceso de «devolución» el principio de la
desintegración del Reino Unido?». Y el entrevistado
contesta: «El Reino Unido ha terminado. Está en su
última fase como Estado. Además por razones que le
serán muy familiares, puesto que usted viene de España.
Si usted se fija en lo que el proceso de «devolución»
está entregando a Escocia -educación, sanidad,
servicios sociales- y lo que la Unión Europea se va a
llevar de Londres- defensa, política exterior, política
monetaria ...- ¿Qué le queda al Parlamento de Londres y
por tanto al Estado británico. No le queda nada».
Es evidente que la contestación trasluce todo el fondo
de revancha que acompaña siempre a los nacionalismos. Y
su ceguera. Parece que al Sr. Salmond le importa más, si
cabe la anulación del Estado británico que el futuro de
Escocia. Porque habría que repreguntarle ¿Y que hará
Escocia sola cuando el Reino Unido haya desaparecido?
¿Acaso cree que estamos en el siglo XVII cuando Escocia
significaba algo en Europa?
Pero, efectivamente, en su respuesta hay algo que es
perfectamente aplicable a España. Si seguimos
transfiriendo competencias a las Autonomías y es
inevitable que la Unión Europea absorba parte de nuestra
soberanía ¿qué le queda al Estado? ¿Qué le queda a
España? Y a nadie se le ocurrirá que hay que parar el
proceso de integración europea, porque ese es el futuro
¿Qué haríamos solos y además divididos en diecisiete
miniestados? ¿Cómo podríamos encarar así el mundo en
que nos toca vivir y sus problemas? El futuro y el
progreso están en Europa no en los reinos medievales.
Vamos a entrar en el siglo XXI, no a retroceder al XV.
En todo caso, como no acierto a terminar con una
solución racional del problema, porque la que he
apuntado de un acuerdo de los grandes partidos nacionales
me parece poco probable, tengo que terminar con un acto
de fe. Con un acto de fe en España. Recuerdo que en uno
de esos momentos de exacerbación de los nacionalismos,
cuando ya las demandas autonómicas se hacían
intolerables y abuchearon a los Reyes en Guernica, y
corrió la sangre en un «Día de Andalucía», hace doce
o catorce años, escribí un artículo en ABC que titulé
«España nos sobrevivirá». Su recuerdo es hoy mi acto
de fe en España.
«… ¿Qué hay al final de las Autonomías? -decía,
entre otras cosas, en ese artículo- ¿Hay sólo el
intento de otra forma de Estado? ¿Hay para algunos el
objetivo final de sustituir a España como realidad
histórica y sociopolítica anterior y superior a
cualquier forma de Estado que ahora queramos inventarnos?
¿Por qué hablar sólo del Estado y tan poco de España?…
No soy amigo de profecías, pero aquí sí quiero
aventurarme a hacer una: España va a permanecer. Y no
hablo del Estado español, sino de España. España es la
primera y más antigua nación del mundo moderno; sus
raíces se hunden en la más remota antigüedad y en su
concepción actual ha costado forjarla cinco siglos.
Cinco siglos en que los españoles nos hemos peleado, y
hemos luchado juntos y entre nosotros, y hemos regado con
nuestra sangre una y otra vez el suelo que pisamos. Pero
cinco siglos en los que hemos hecho unidos cosas tan
formidables que el mundo no se entendería sin ellas. Y
las hemos hecho juntos castellanos, andaluces, vascos,
catalanes, valencianos, extremeños, navarros,
aragoneses, asturianos… No podemos ahora, con pueril
y aldeano empeño, tratar de separar lo que hizo cada uno
y convertir nuestra «gran Historia» en múltiples
«pequeñas historias», que además no se entenderían
la una sin la otra. No podemos borrar esos siglos de
brega en común para hacer España. España es una
realidad más fuerte que nosotros mismos. Podremos
zaherirla, podremos debilitarla. Pero nos sobrevivirá».
Licinio de la Fuente
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