La España de las autonomías nº 95

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La España de las autonomías nº 95

Por L. de la Fuente

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La España de las autonomías

1. LAS PREAUTONOMIAS



A mi juicio, uno de los errores más graves de la Constitución de 1978, es la configuración del llamado Estado de las Autonomías. Pero ya antes de empezar a discutirla, se puso en marcha la organización autonómica del Estado. Había demasiada prisa por satisfacer reivindicaciones nacionalistas. Y, con fórmulas más o menos artificiosas, se restableció sobre la marcha la Generalidad de Cataluña. Y luego se pensó que una manera de contrapesar las autonomías nacionalistas era crear autonomías en toda España. Y prejuzgando la organización territorial del Estado que debía discutirse en la Constitución, se decretaron las preautonomías, y se inventó la receta del «café para todos» (que luego no era café para todos igual, porque para algunos era expreso y para otros era descafeinado).

Tan artificial fue la creación de las llamadas preautono-
mías, que además de no tener apoyo jurídico que pudiera considerarse suficiente, su número y composición acabó al final siendo casi una lotería. Hubo provincias, como Albacete, que estuvieron jugando con encuadrarse en la autonomía que resultara más ventajosa, y otras como Segovia que hasta el último momento estuvieron a punto de obtener autonomía propia, como la consiguieron Santander y Logroño.

Nadie podría haber previsto con unos meses de antelación el actual mapa autonómico. Por eso es absurdo afirmar que respondió a la fuerte demanda autonómica preexistente, como se ha dicho para justificarlo. Las preautonomías se crearon artificialmente y constituyeron un error político, que predeterminó luego todo el proceso constitucional. Porque como empezó regalándoseles a todos la preautonomía, las demandas nacionalistas crecieron y se hacían insoportables en el debate de la Constitución, como están creciendo ahora, unas para marcar diferencias con las demás; mientras éstas, a su vez, quieren igualar lo que se da a los nacionalistas, y éstos volver a marcar diferencias, produciendo esa espiral, que no se sabe dónde puede acabar.

Sin el doble invento de las preautonomías y el «café para todos», creo que el debate constitucional hubiera podido mantenerse en términos más razonables. Y la configuración territorial del Estado hubiera sido más congruente con el sentido nacional de España. Podría haberse establecido una fuerte descentralización administrativa, apoyada en provincias y municipios, que sí tenían en ese momento arraigo en España y una organización ya funcionando. Y quizás otorgarse dos estatutos singulares mucho más restringidos que los actuales para Cataluña y el País Vasco, que se hubieran conformado con menos, al ver reconocido su pregonado «hecho diferencial».

En esto de los «hechos diferenciales» conviene precisar que todas las regiones españolas los tienen. Y hay que respetarlos. Lo que ya no es tan explicable es convertirlos en fuente de poder político. Lo que hacen los dirigentes nacionalistas es montarse sobre los «hechos diferenciales» para pedir más poder político. Y convertirlos de «hechos diferenciales» en «hechos separadores».





2. LAS «NACIONALIDADES», LAS LENGUAS Y LAS BANDERAS



Pero, desgraciadamente, no fue este de las preautonomías el único ni quizá el más importante de los errores políticos de aquel momento. Los más graves están en la Constitución misma. Algunos diputados de Alianza Popular peleamos cuanto pudimos para evitarlos, pero los acuerdos extraparlamentarios de UCD y PSOE (con la asistencia nocturna y a cencerros tapados de Arzallus y otros nacionalistas), aquellos acuerdos en las sobremesas, en las noches y en las madrugadas, hicieron inútiles nuestros esfuerzos.

El primer gran error está en el reconocimiento de las «nacionalidades» que se hace en el artículo 2. Este artículo incurre en el contrasentido de afirmar que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», para decir a continuación que «garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». El error es grave por dos motivos: El primero y principal porque la unidad de una nación puede quebrarse si se reconocen en su seno «nacionalidades»; y el segundo porque no se pueden establecer dos categorías políticas de autonomías, las nacionalidades y las regiones. ¿Qué razón histórica puede existir para que Cataluña sea una «nacionalidad» y Aragón no? ¿Para que lo sea el País Vasco y no lo sea Castilla? Así está ocurriendo, que ahora se están reformando los Estatutos, y todos reivindican y están incluyendo en ellos la condición de «nacionalidad»; así que vamos a tener una Nación que alberga en su seno una docena de nacionalidades. Vamos a ser un ejemplo único en el mundo. Y, desde luego, un invento singular que nunca había sido considerado en el derecho político constitucional. En esto sí que esta vez «España es diferente».

En la apasionada discusión parlamentaria de este artículo, recordé que la única Constitución que existía en el mundo, entonces, que incluía el concepto de «nacionalidades», era la de la Unión Soviética, pero reconociendo al mismo tiempo a las Repúblicas que la integraban el derecho de autodeterminación, que, como sabemos, han acabado ejerciendo. Y recordé que el Partido Socialista, en el Congreso de Suresnes, en 1974, cuando era un admirador entusiasta de la URSS, definió a España como una República Federal de las Nacionalidades y «reconocía -como lógica consecuencia- el derecho de autodeterminación a los pueblos que la integran». Conviene recordar estos antecedentes para explicarse muchas cosas de las que sucedieron entonces y de las que están ocurriendo ahora.

Pese a la oposición cerrada, y yo creo que brillante, de los diputados de Alianza Popular, ahí esta el concepto de nacionalidades consagrado constitucionalmente y dando pie a las demandas nacionalistas, que cada día con más descaro hablan de soberanía y derecho de autodeterminación. Se les contesta que esto está fuera de la Constitución, y ellos replican que no es del todo cierto porque uno y otro concepto van implícitos en el término nacionalidades constitucionalmente reconocido. Las nacionalidades, dicen, son naciones todavía no constituidas en Estado, pero como tales «naciones» tienen el derecho a autodeterminarse y un principio implícito de soberanía. Ya veremos quién o cómo se resuelve tan espinosa cuestión.

Reconocidas las nacionalidades en el artículo 2.°, vinieron después las batallas de las banderas y de las lenguas en los artículos 3.° y 4.°. Era razonable y lógico definir constitucionalmente la bandera de España y así se hizo en el n.° 1 del artículo 4.°. Pero no había necesidad de reconocer constitucionalmente banderas y enseñas a las Autonomías, porque ello suponía apoyar sus pretensiones de singularidad y de equiparación con la propia nación española.

Dice el artículo 4.° que esas banderas autonómicas se utilizarán junto a la española en los edificios públicos y actos oficiales; pero fue inútil nuestro empeño de establecer que la bandera española tuviera siempre lugar preferente; y sólo junto a ella y en segundo lugar podrían situarse las autonómicas. Nuestras enmiendas fueron rechazadas por «impertinentes», o «innecesarias», pero los hechos evidencian que nuestras preocupaciones y nuestros avisos no eran baldíos.

Cualquiera puede comprobar que en Cataluña y en el País Vasco no se da preferencia a la bandera de España, e incluso ni se utiliza(salvo excepcionalmente), cuando no es objeto de vejaciones intolerables, que siempre quedan impunes. Pero es que, ya hay otras muchas autonomías en que, aunque se respete el uso de la bandera nacional, queda como oficializado y protocolario, mientras a nivel popular se utilizan mucho más las banderas autonómicas. La televisión nos está ofreciendo ejemplos todos los días. Y no es bueno que el pueblo no sienta que su bandera, la bandera del pueblo, es la de España, y acaben viéndola como la bandera de las autoridades y de los actos protocolarios, mientras que las banderas del pueblo son las autonómicas.

Alguien dirá que esto es una manifestación de patriotismo cavernícola (algo parecido nos dijeron en el Congreso); pero yo les emplazo a que vean lo que hacen en todos los países del mundo, incluso en los de índole federal como Estados Unidos o Alemania. La bandera, la enseña nacional, es algo sagrado para los gobernantes y para los pueblos de todo el mundo. Aquí y ahora. En este tiempo. Menos en España, que se ha curado del patriotismo cavernícola universal, dejando en segundo plano el honor a la bandera nacional. Y eso es importante para el concepto y el sentimiento de España, como nación y patria común e indivisible de todos los españoles, según se dice en ese precepto constitucional que esta ahí, como olvidado, mientras se recuerda todos los días lo que nos divide y separa.

Pero la verdad es que la batalla por la bandera duró poco, se despachó por la mayoría con un «bajonazo», acusándonos de patriotismo barato para dejarnos en ridículo.

Algo más cruenta, pero singularmente defraudante, resultó la discusión del artículo 3.° sobre la lengua del Estado y las lenguas vernáculas, que acabó con lo que yo llamo en el libro que acabo de publicar «la confusión de las lenguas». El «castellano» se declara lengua oficial en todo el Estado, pero a continuación se dice que también lo serán las llamadas lenguas vernáculas en cada Comunidad Autónoma. Lo mismo que con las «nacionalidades» tampoco se precisa en la Constitución cuántas y cuáles serán las lenguas vernáculas. En este momento, tenemos, por un lado, el catalán, el euskera y el gallego. Pero hay otras dos: el valenciano y el mallorquín, que también son oficiales sin que se haya decidido si son o no «catalán». Y ahora se quiere hacer oficial el bable. Y se habla de otras.

Para poner de manifiesto la importancia que el tema de la lengua tiene para la unidad de un pueblo, yo me permití empezar mi discurso en el Congreso citando tres párrafos del Génesis, que a mi juicio tienen una gran fuerza «Era la tierra de una sola lengua y de una sola palabra». Y en otro lugar: «He aquí un pueblo uno, porque tiene una lengua sola». Y cuando la soberbia de los hombres les llevó a hacer la torre de Babel, Yavé dijo: «Bajemos y confundamos su lengua, para que no se entiendan unos con otros». El problema de la lengua es a mi juicio trascendental para el sentimiento de unidad de un pueblo. Unamuno, en un artículo que luego volveré a citar, dice que puede haber individuos bilingües, pero no pueblos bilingües.

No propongo, por supuesto, que se combata, se prohiba o se limite el uso de ninguna lengua vernácula; al revés, son patrimonio de todos y como tal deben protegerse y fomentarse. Digo que para el concepto de unidad nacional, para el concepto de España como patria común de todos los españoles, es muy importante que haya una lengua oficial en todo el territorio. Y ya no es así. A los hechos me remito. Los hechos son muy tozudos y acaban siempre imponiendo su fuerza sobre las utopías. La cooficialidad de las lenguas se ha aplicado, como yo me temía, dando prioridad a las vernáculas en la enseñanza, en las rotulaciones o denominaciones, en las relaciones oficiales, de tal modo que se han convertido en las verdaderas lenguas oficiales, relegando el español a un segundo plano, lo que está contribuyendo a la pérdida del sentimiento de unidad nacional, a que muchos españoles no se sientan como tales.

E incluso otros españoles se sienten como extranjeros en ciertos territorios. Ha sido otro efecto perverso de la regulación constitucional de las Autonomías. Y de su posterior desarrollo. Que se agrava, además, porque se ha transferido a las Comunidades Autónomas la educación, lo cual permitió no solo imponer, de hecho, la enseñanza en lengua vernácula, sino dar a la enseñanza un sesgo nacionalista, que está determinando la creación de generaciones de nacionalistas, cada vez más radicalizados en su victimismo, en el concepto idealizado de su tierra y de su más o menos inventada historia, y en el desconocimiento o el odio a España. El futuro de la integración de millones de españoles en el concepto y en el sentimiento de España es realmente preocupante, a la vista del efecto conjunto de lo que se está haciendo con la educación y con las lenguas vernáculas.

Al discutirse el tema en el Congreso, sostuve que la lengua oficial debía llamarse «español» y no «castellano» y fué muy oportuno, aunque no sirvió de nada, que la Real Academia Española de la Lengua, publicara un comunicado oficial en el mismo sentido y poniendo en ello toda su autoridad. No le hicieron el menor caso. Dije entonces en el Congreso: «La lengua oficial debe llamarse «español» porque es la lengua de España, como nación, la lengua que hablan los españoles y no sólo los castellanos, la lengua que hablan con este nombre más de veinte naciones, la lengua que nos distingue en el contexto mundial» … «El español es la lengua que por antonomasia hace al pueblo «uno», según la frase del Génesis. Y como tal no es mía ni vuestra, no es de los castellanos, ni de los catalanes, ni de los andaluces, los gallegos o los vascos, es la lengua de todos, es la lengua de nuestro pueblo, del pueblo español, … el pueblo al que representamos y al que servimos, entero, sin fisuras, disgregaciones ni enfrentamientos».

Resalté la importancia del idioma, como instrumento de relación entre los hombres: «Hay todo un intento mundial para hacer las fronteras más flexibles, menos separadoras -dije- y para procurar reducir el número de idiomas en las relaciones entre los hombres, para que puedan entenderse .... En este contexto, nosotros, que tenemos la suerte de contar con uno de los idiomas auténticamente universales, vamos a introducir, como uno de los elementos de división y debilidad de una de las naciones más antiguas del mundo, la complicación y la
confusión no solo de algunas -no sé cuantas- naciones, sino también algunas- tampoco sé cuántas- lenguas oficiales». «El que diga o piense que el plurilingüismo como el plurinacionalismo une, se equivoca. Y los hechos -terminé- dirán quién tiene la razón».

Pero el tema se había pactado y salió como iba, y los hechos creo que han sobrepasado mis preocupaciones de entonces. El idioma se ha convertido en un problema de conflictividad e insolidaridad permanentes, que cada vez alcanza a más Comunidades. Es una dificultad para la libre circulación y asentamiento de personas en todo el territorio español, para el desarrollo de los negocios y la comunicación cultural de los españoles. Y un quebranto serio de la igualdad de oportunidades, para lo cual, entre otras cosas, es básico el acceso a la enseñanza y su calidad, lo que exige movilidad de profesores y alumnos entre Centros y Universidades. Y la enseñanza en lengua vernácula dificulta el acceso e impide la movilidad de profesores y alumnos. Pero también dificulta o impide la de trabajadores, funcionarios y empresarios, convirtiéndose en un obstáculo insalvable para la igualdad de oportunidades, y por ello, en una medida antisocial que perjudica, sobre todo, a los más débiles.

Y creo que también es causa de un empobrecimiento cultural de quienes tienen que formarse utilizando como instrumento unas lenguas que de nada sirven fuera de sus propios territorios, y que, además, se habían empobrecido con el desuso; en lugar de formarse en una lengua tan rica y universal como el español. No en balde un vasco tan español y universal como Unamuno había escrito en 1907 «hay un regionalismo romántico y sentimental y carne de materialismo político que es un grave peligro no ya para el patriotismo español, sino para la causa de la cultura».

Pero este es tal vez el tema en que es mayor la ceguera de los nacionalistas, que les esta llevando a hacer daño a sus propios pueblos. En todo caso, me interesa dejar constancia de que en el Congreso fue derrotada una enmienda de la minoría catalana pidiendo que fuera obligatorio el conocimiento de las lenguas vernáculas en cada Comunidad. Y sin embargo se está imponiendo. E incluso hay quien dice, como Herrero de Miñón, que esa imposición es constitucional. No es así. La Constitución sólo impone el deber de conocer el castellano. Y la enmienda de la minoría catalana imponiendo el conocimiento de las lenguas vernáculas fue derrotada en el debate constitucional. Pero se está actuando como si hubiera vencido.





3. ¿ESTADO FEDERAL O RESIDUAL?



Decidida la organización autonómica del Estado, se pretendió delimitar las respectivas competencias de las Comunidades y el Estado en el famoso Titulo VIII y especialmente en los artículos 148 y 149 de la Constitución, de los que yo quiero resaltar dos aspectos importantes. Uno, que la delimitación no fue acertada, clara ni precisa, produciéndose una confusión, que está dando lugar a constantes conflictos de competencias que llegan con frecuencia al Tribunal Constitucional y crean la lógica inseguridad jurídica en la regulación de los derechos de los españoles y de su actividad en todos los órdenes.

El otro aspecto es que se concedió a las Comunidades Autónomas competencias excesivas y sucesivamente ampliables, que exceden en muchos casos de las que suelen tener los Estados federados en una Federación. Dicen ahora algunos que la solución del problema autonómico sería la reforma de la Constitución para convertir España en un Estado Federal. Pero los que han estudiado con rigor el tema dicen que el Estado de las Autonomías ya es, de hecho, un Estado federal, y por ello los nacionalistas no lo reivindican; lo que ocurre es que, en su momento, asustó la palabra y no se quiso llamarle así. Pero lo que importa son los hechos, no las palabras, y los hechos nos dicen que España ya es prácticamente un Estado federal. Descompensado y asimétrico, porque no todas las Comunidades tienen el mismo trato ni las mismas competencias. Y poco estable, yo diría que más bien gaseoso, porque, como los gases, las autonomías tienen una capacidad de expansión permanente, que la propia Constitución, los partidos nacionalistas y el sistema electoral estimulan, como veremos luego.

¿Es malo o bueno haber convertido a España, sin decírselo, de hecho, en un Estado federal? Me parece que los Estados unitarios (que no quiere decir Estados «centralistas») tienen ventajas sobre los Estados Federales, que si se quedaron en esa fase es porque no pudieron avanzar más; que el Estado unitario es histórica y políticamente la culminación de un proceso de unificación que empieza con las Uniones personales, sigue con las Confederaciones, continúa con los Estados federales y culmina con los Estados unitarios.

Justamente porque el proceso es éste y no el inverso, el Estado federal que se ha formado partiendo de otras formas más primarias, como Uniones de Estados o Confederaciones, es decir, para unir lo que estaba desunido, tiene una fuerza centrípeta, una tendencia a la integración y por ello los Estados federales como Estados Unidos o Alemania son Estados fuertes en los que el poder central es cada vez más predominante y, por supuesto, indiscutido. Sin embargo cuando se pretende invertir el proceso natural deshaciendo un Estado unitario, para convertirlo en federal, es decir, desuniendo lo que estaba unido, como se trata de un fenómeno políticamente inverso a su desarrollo natural, lo que predomina es la fuerza centrífuga, la tendencia a seguir con la desintegración, a fortalecer las partes y debilitar el todo, de tal manera que al final lo federal ya parece poco y se quiere lo confederal o la simple unión personal en la Corona.

Sería curioso que tuviéramos que volver a anunciar al Rey, no como Rey de España, sino como Rey de Cataluña y de Aragón y de Castilla y de Galicia y de Valencia… como en una crónica medieval. No, pues no es una broma, esa posibilidad está implícita en algunas pretensiones nacionalistas. Y creo que otras, como el nacionalismo vasco, ni siquiera lo admiten y su objetivo final es la independencia.

Nuestro problema se agrava porque algunos pretenden que no seamos una federación de Estados, sino una federación de Naciones, o, como se dice más frecuentemente, una Nación de naciones. En cuyo caso, el problema es no sólo más agudo, sino realmente arriesgado, porque de eso no hay en el mundo, y donde se ha pretendido que lo haya o se ha acabado rompiendo el Estado o se ha acabado a tiros.

Hay que añadir a la complicación de las nacionalidades, la existencia de partidos políticos nacionalistas cuyos líderes se atribuyen en exclusiva la representación de las mismas, a pesar de su diversidad y pluralismo interno. Y un sistema electoral que prima a esos partidos, cuyos votos se hacen decisivos para lograr mayorías parlamentarias, con lo que las grandes cuestiones de interés general están mediatizadas y condicionadas por los intereses autonómicos, que se convierten en contrapartida de cualquier decisión nacional importante. Verdaderamente, tenemos un Estado singular en el mundo. En permanente equilibrio inestable.

Lo peor, es que después de los artículos 148 y 149 de la Constitución que delimitan las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas, viene el artículo 150, con cuya introducción consiguieron los nacionalistas (y ello es luego extensible a todas las Autonomías) que no sirviera de gran cosa la delimitación de competencias hecha en los artículos anteriores y que las demandas autonomistas no tengan techo, mientras el Estado queda realmente con un contenido casi residual.

Porque el artículo 150 tiene un apartado 2 que dice: «El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, facultades (y subrayo la palabra) correspondientes a materia de titularidad estatal, siempre que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación».

Es decir que las Comunidades Autónomas, una vez asumidas todas las funciones y competencias que les atribuyen la Constitución y los Estatutos, que son muchas y ampliables por su imprecisión, pueden reclamar que se les transfiera o delegue las facultades que la Constitución reserva al Estado en exclusiva, con la sola condición de que sean «por naturaleza» delegables. ¿Y quien decide si una facultad es o no delegable por naturaleza? Pues tal como están las cosas, lo decidirá la presión que en cada momento pueda ejercer sobre el Estado la Comunidad Autónoma o el partido nacionalista de que se trate. Y la cautela de la Ley Orgánica se está olvidando, asumiéndose o transfiriéndose las competencias por simples acuerdos o decisiones unilaterales consentidas.

Fue inútil nuestro intento de que desapareciera de la Constitución este precepto que implica la posibilidad de ir degradando progresivamente al Estado. Recuerdo que en el debate, nos tacharon de alarmistas y nos dijeron que en el artículo 150 se contemplaba una pura delegación de funciones administrativas. Propusimos entonces que se sustituyera la palabra «facultades» por la expresión «funciones administrativas de ejecución». Naturalmente los nacionalistas saltaron como tigres, porque no era eso lo que querían, pero desgraciadamente la Ponencia, por boca de Pérez Llorca, les dio la razón, diciendo que la expresión «facultades» era «técnicamente» más correcta. Por supuesto que era técnicamente más apropiada para transferir lo que al Estado había reservado la Constitución, pero ningún jurista podrá decir que la expresión «facultades» equivale a «funciones administrativas de ejecución».

Y así se está interpretando para arrancarle al Estado, poco a poco, sus facultades. Se comprueba comparando lo que dice el artículo 149 con lo que tienen y reclaman las Autonomías, especialmente las llamadas «nacionalidades».

Y por si el artículo 150 no había abierto ya una brecha suficientemente grande en la línea de flotación del Estado, todavía los nacionalistas vascos consiguieron introducir la Disposición Adicional Primera que establece que «la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales»; que se actualizarán. Sin que sepamos de qué derechos históricos se trata, ni hasta qué siglo hay que llegar para encontrarlos y actualizarlos. A lo mejor se pretende «actualizar» fueros y privilegios medievales.

Y hay otro tema delicado que es el fiscal. Los artículos 156 y 157 conceden a las Comunidades Autónomas, autonomía financiera y facultad de establecer impuestos, tasas y contribuciones especiales, además de participar en los impuestos que les ceda el Estado. Ya sabemos el uso y abuso que se está haciendo de estas facultades, y conocemos la pretensión de alguna «nacionalidad» de convertirse en la única recaudadora de impuestos, pagando luego al Estado una especie de «cupo», como ya hacen las Diputaciones vascas y Navarra. Si este sistema acabara generalizándose, es decir si, como se pretende cada Comunidad acaba recaudando todos los impuestos y pagando luego un cupo de compensación al Estado que habría que negociar cada año, la insolidaridad sería manifiesta y ha-bríamos sobrepasado con creces el Estado federal. La soberanía fiscal o impositiva es una de las manifestaciones primarias de la soberanía y tal vez hoy la más importante, que ni se puede ni se debe ceder. Ni la Constitución lo autoriza. Y tengamos en cuenta, además, que la integración europea exige un proceso de armonización fiscal que es muy difícil, pero que será imposible desde la co-soberanía fiscal de las Autonomías. Si tenemos que integrarnos y armonizarnos por arriba, no vamos a empezar desintegrándonos y diversificándonos por abajo.





4. ES NECESARIO CERRAR

EL PROCESO DE DESINTEGRACION



Entre las ambiguedades de la Constitución y la forma como se está desarrollando el proceso, me parece que lo peor es que nadie podría decir en este momento cuándo ni cómo se va a cerrar el cuadro de competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. Las Autonomías son por naturaleza «expansivas». Es una ley natural en la Administración que cada núcleo de poder creado, cada órgano, tiende a expansionarse, a aumentar sus funciones y sus funcionarios. El sistema autonómico es, por ello, entre otras cosas, carísimo para España. Los Presupuestos y la Deuda de las Autonomías son ya muy superiores en términos reales a los que tenía el Estado en su conjunto en 1975. Pensemos en lo que suponen diecisiete gobiernos, cientos de consejeros, que se consideran como ministros, miles de directores generales, cientos de miles de funcionarios… Sus funciones se duplican y entremezclan con las del Estado y los Ayuntamientos, y eso no sólo nos cuesta mucho dinero, sino que complica la vida y el ejercicio de actividades de ciudadanos y empresas. Y los gastos y funcionarios autonómicos no han disminuído los gastos y funcionarios estatales. El Estado tiene ya 40 billones de Presupuesto de gastos (poco más de uno- incluyendo la Seguridad Social, en 1975). Y ahora hay más de un millón de funcionarios públicos sobre los que había en 1975.

Pero no se trata solamente de un problema económico o administrativo, sino esencialmente político, porque la última meta de los nacionalismos, no nos engañemos, es la autodeterminación, y llegar a constituir Estados independientes. Yo creo que España no lo va a consentir, pero no deja de preocuparme oír decir a muchos buenos españoles, ante la situación del País Vasco, que sería mejor dejarles, separarles de España, y quitarnos ese foco de conflictividad permanente.

Lo que ocurre es que nosotros no disponemos de España. España no es una herencia que se pueda partir y repartir. España es la obra de muchas generaciones de la que una generación determinada no tiene facultad de disposición. Los españoles de esta generación tenemos la obligación, no sólo de defender España, sino de fortalecerla y engrandecerla. Y no cumpliríamos con ese deber si dejáramos que se rompiera y se apartara de ella cualquiera de las partes que la conforman. Además de que si aceptamos, por ejemplo, que se separe el País Vasco ¿cuánto tardaría Cataluña en exigir lo mismo? ¿Y qué podría pasar con Baleares o con Canarias? ¿Dónde pondríamos el límite? ¿Cuándo seríamos capaces de frenar un proceso abierto de independencias más o menos plenas? No podemos ceder a la tentación de un transitorio alivio de nuestros problemas autonómicos, creando otros mayores.

Tenemos que tener la valentía de reconocer que la España de las Autonomías es un error. Y tratar de corregirlo. Pero corregirlo, dentro del propio marco constitucional, no abriendo un proceso de reforma que se sabe cómo empieza pero no cómo acaba. Corregirlo, aplicando en toda su fuerza la primera parte del artículo 2.° de la Constitución que dice que ésta se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. patría común e indivisible de todos los españoles. Y basando el desarrollo de la Constitución en esta rotunda declaración de la que nadie quiere acordarse.

Y en el artículo 1.°, también olvidado. El art.1.°, y luego lo refuerza el 14, establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que hay que tener en cuenta a la hora de regular temas como los impuestos, la sanidad, la enseñanza,..Y también establece el art.1.° que la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Y habla del pueblo español en su conjunto, como un solo pueblo. Nada de «co-soberanía catalana» o de «ámbito vasco de decisión». Es el pueblo español el titular de la soberanía y del que emanan todos los poderes del Estado, incluso los autonómicos, porque las Autonomías son también Estado.

Aplicados con todo su rigor y exigencia estos y otros preceptos constitucionales, deberían conducir a limitar los excesos nacionalistas en el desarrollo de las Autonomías. Estamos ante uno de esos problemas que exigen de verdad eso de que tanto se habla, un gran consenso nacional para cerrar de una vez el proceso de desintegración y debilitación del Estado. Los grandes partidos nacionales deberían asumir esa responsabilidad.

A mí no me gustan las Autonomías, pero no puedo lógicamente salirme de la realidad para instalarme en la utopía. Sé que una vez creado el Estado de las Autonomías hay que asumirlo; pero como se asume una enfermedad o una deformación. Tratando de corregirla y mejorarla, no de agravarla. Limitemos, al menos, el error a sus términos actuales. Cerremos de una vez este proceso. Reúnanse los partidos nacionales y delimiten de una vez y para siempre el cuadro de las competencias del Estado y las Autonomías, y reformen en lo que sea necesario el sistema electoral para que la política nacional no dependa de los votos nacionalistas. Y hagan de ello el primer principio de su política.

Lo malo es que incluso esos grandes partidos nacionales llevan en su seno el germen de su propia debilidad autonómica, porque vemos a sus propios diputados y senadores, y no digamos a los dirigentes autonómicos de esos partidos, muchas veces pensando más en sus intereses locales que en el interés general de España. Y probablemente es una consecuencia inevitable del sistema.

Hay que hacerles entender a los autonomistas que lo más conveniente a cada Autonomía es la fuerza y el prestigio de España. Sin una España fuerte ¿qué va a hacer cada Autonomía desde la pequeñez y la limitación de su propia dimensión económica y política? ¿Cómo vamos a compaginar un proceso de integración europea con un proceso de desintegración interna?

Un periódico nacional publicaba recientemente una entrevista con el líder nacionalista escocés Alex Salmond, que está protagonizando el proceso de lo que se llama «devolución» a Escocia de parte de su antigua soberanía. La periodista preguntaba: «… ¿es este proceso de «devolución» el principio de la desintegración del Reino Unido?». Y el entrevistado contesta: «El Reino Unido ha terminado. Está en su última fase como Estado. Además por razones que le serán muy familiares, puesto que usted viene de España. Si usted se fija en lo que el proceso de «devolución» está entregando a Escocia -educación, sanidad, servicios sociales- y lo que la Unión Europea se va a llevar de Londres- defensa, política exterior, política monetaria ...- ¿Qué le queda al Parlamento de Londres y por tanto al Estado británico. No le queda nada».

Es evidente que la contestación trasluce todo el fondo de revancha que acompaña siempre a los nacionalismos. Y su ceguera. Parece que al Sr. Salmond le importa más, si cabe la anulación del Estado británico que el futuro de Escocia. Porque habría que repreguntarle ¿Y que hará Escocia sola cuando el Reino Unido haya desaparecido? ¿Acaso cree que estamos en el siglo XVII cuando Escocia significaba algo en Europa?

Pero, efectivamente, en su respuesta hay algo que es perfectamente aplicable a España. Si seguimos transfiriendo competencias a las Autonomías y es inevitable que la Unión Europea absorba parte de nuestra soberanía ¿qué le queda al Estado? ¿Qué le queda a España? Y a nadie se le ocurrirá que hay que parar el proceso de integración europea, porque ese es el futuro ¿Qué haríamos solos y además divididos en diecisiete miniestados? ¿Cómo podríamos encarar así el mundo en que nos toca vivir y sus problemas? El futuro y el progreso están en Europa no en los reinos medievales. Vamos a entrar en el siglo XXI, no a retroceder al XV.

En todo caso, como no acierto a terminar con una solución racional del problema, porque la que he apuntado de un acuerdo de los grandes partidos nacionales me parece poco probable, tengo que terminar con un acto de fe. Con un acto de fe en España. Recuerdo que en uno de esos momentos de exacerbación de los nacionalismos, cuando ya las demandas autonómicas se hacían intolerables y abuchearon a los Reyes en Guernica, y corrió la sangre en un «Día de Andalucía», hace doce o catorce años, escribí un artículo en ABC que titulé «España nos sobrevivirá». Su recuerdo es hoy mi acto de fe en España.

«… ¿Qué hay al final de las Autonomías? -decía, entre otras cosas, en ese artículo- ¿Hay sólo el intento de otra forma de Estado? ¿Hay para algunos el objetivo final de sustituir a España como realidad histórica y sociopolítica anterior y superior a cualquier forma de Estado que ahora queramos inventarnos? ¿Por qué hablar sólo del Estado y tan poco de España?… No soy amigo de profecías, pero aquí sí quiero aventurarme a hacer una: España va a permanecer. Y no hablo del Estado español, sino de España. España es la primera y más antigua nación del mundo moderno; sus raíces se hunden en la más remota antigüedad y en su concepción actual ha costado forjarla cinco siglos. Cinco siglos en que los españoles nos hemos peleado, y hemos luchado juntos y entre nosotros, y hemos regado con nuestra sangre una y otra vez el suelo que pisamos. Pero cinco siglos en los que hemos hecho unidos cosas tan formidables que el mundo no se entendería sin ellas. Y las hemos hecho juntos castellanos, andaluces, vascos, catalanes, valencianos, extremeños, navarros, aragoneses, asturianos… No podemos ahora, con pueril y aldeano empeño, tratar de separar lo que hizo cada uno y convertir nuestra «gran Historia» en múltiples «pequeñas historias», que además no se entenderían la una sin la otra. No podemos borrar esos siglos de brega en común para hacer España. España es una realidad más fuerte que nosotros mismos. Podremos zaherirla, podremos debilitarla. Pero nos sobrevivirá».



Licinio de la Fuente



 

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