CRONICA: La política. Por M. Jiménez Quílez

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CRONICA: La política. nº 94

Por M. Jiménez Quílez

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CRONICA: La política

País Vasco. Sigue siendo motivo de esencial preocupación el tema vasco, cada día más virulento. El Gobierno se mantiene a la defensiva. Entre tanto, el ya constituido frente nacionalista actúa y ensaya actitudes que se revelan como estudiadas y peligrosas. Ese frente lleva la iniciativa, actúa con gran energía tanto en el interior como en el exterior, pues los viajes a Bruselas son frecuentes. Están lejanos los tiempos de «paz por presos». Ahora ya se habla en voz alta de una negociación a la que el frente nacionalista considera indispensable invitar a representaciones vascas de Francia y de Navarra. Se trata de obtener la independencia. Así ha sido proclamado en Bruselas por los máximos representantes del Pnv.

El Gobierno calla. Parece que hay dificultades para llegar a un acuerdo con el Psoe y constituir un bloque que impida el progreso de las nuevas exigencias vascas. Pero las provocaciones son constantes. Se constituyó el Parlamento vasco y también el nuevo Gobierno autónomo en el que, de hecho, participa Eta a través del decisivo apoyo parlamentario del grupo HB. Dos de sus primeros acuerdos han sido bastante significativos: oponerse a las decisiones de la Audiencia Nacional que impiden al diputado regional Josu Ternera asistir a las sesiones del Parlamento en virtud de su condena carcelaria, designado precisamente este parlamentario, autor de numerosos delitos comunes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, y la invitación a un parlamento kurdo en el exilio a reunirse en la sede del Parlamento Vasco en Vitoria, lo que ha provocado un incidente diplomático con Turquía.

Son evidentes los fines de la coalición parlamentaria nacionalista, que se resumen en uno: autoderminación, es decir, independencia. Arzallus lo dice claramente, aunque matiza, irónicamente, que «sin prisas». Desean acelerar el proceso, sobre todo después de las próximas elecciones autonómicas en que perfeccionarán el funcionamiento y la existencia de la Asamblea de Alcaldes Vascos, que ya ha celebrado una sesión en Pamplona.

Por su parte, Eta proyecta pedir permiso al Gobierno para importar los miles de millones que constituyen su capital social, ahora depositado en Méjico. Hasta el Pnv solicita del Gobierno español la sede del Instituto Cervantes en París.

Se trata de un ataque a fondo, que no tiene visos de cesar en los próximos meses; al contrario, se intensificará. Y, entre tanto, desorden público menor, pero efectivo; asaltos a establecimientos propiedad de miembros del Psoe o del Pp, amenazas por doquier y agitación permanente.

El Gobierno Aznar ha de salir de la inhibición en que aparece situado. Y como se trata de un mero problema de orden público ha de procurar pasar a la acción en defensa de España. Sería muy conveniente que pudiera prescindir de la actual ayuda parlamentaria de vascos y catalanes, por la que tan alto paga. ¿Elecciones próximas?

Para colmo, la Iglesia de Bilbao anuncia que pedirá perdón a los presos etarras, y se acusa de haberles prestado escasa atención.

Las circunstancias no pueden ser peores en el antiguo territorio de las Vascongadas. Y no solamente allí, sino en Cataluña y también en Galicia. El bloque autonomista (Ciu, Pnv y Bg) se reúne y toma acuerdos.



Defensa. Casi dos billones de pesetas tiene comprometidos Defensa para compras de armamento, tanques Leopard y aviones de combate europeo Eurofighter, sin incluir la adquisición de submarinos y helicópteros de ataque, así como el avión de transporte Fla. Si a estas cifras se añaden las que se derivan de la profesionalización del Ejército, se tendrá idea del alza que va a registrar el presupuesto de Defensa. Tales medios se corresponden con la Ley de las Fuerzas Armadas, que en un cómodo silencio, están aprobando las Cortes. Alguno de sus preceptos deberían ser polémicos, como el que suprime el juramento de luchar por la unidad nacional, que era consustancial con los Ejércitos. Ahora será sustituido por un juramento de defensa de la Constitucióin en uno de cuyos artículos se declara al Ejército como garante de la unidad española. Habrá que ver lo que será en plazo breve la unidad nacional según la Constitución, cuando, por ejemplo, los firmantes de la Declaración de Barcelona (Ciu, Pnv y Bg) han acordado pedir la supresión del Ministerio de Cultura por que «no hay una cultura española».

Así pues, serán consideradas improcedentes las juras de la bandera, por ejemplo, y como corresponde a un Estado agnóstico ya no se celebrarán misas católicas con asistencia de las Fuerzas Armadas ni tendrán finalidad los capellanes militares.

Que esta revolución la haya llevado a cabo un Gobierno presidido por el señor Aznar parece increíble. El lema de la izquierda, «A España no la conocerá ni la madre que la parió después de nuestro pase por el Gobierno», que dijo don Alfonso Guerra, podrá apropiárselo con mayor título el ministro Serra del Gobierno Aznar.

En su acelerado camino hacia el ejército profesional, el Gobierno ha prometido «anticipar al máximo» el final de la mili obligatoria previsto para el año 2003. El ministro Serra ha ampliado las causas médicas y económicas para librarse del servicio. El nuevo cuadro médico de exenciones es de una generosidad insuperable. También el ministro Serra ha renunciado a prolongar en tres años el pase a reserva de oficiales y suboficiales: Se les fija los cincuenta y ocho años como edad de retiro o los treinta y cuatro de servicio activo.

Muy reveladora es la decisión del Gobierno de autorizar, por primera vez, a los militares a que elijan a sus representantes. Se trata de los consejos asesores de personal, una especie de comités de empresa que defenderán los intereses estrictamente profesionales de los militares ante sus mandos.



Psoe. «Ni sin Borrell ni con Borrell tienen mis penas remedio». El Psoe puede aplicarse el viejo dicho. No logra salir del pozo en que cayó después de su derrota. Se suceden los proyectos, pero ninguno cuaja porque es evidente que ninguno es capaz de movilizar a las masas en favor del viejo partido que, por ahora, no ofrece otra virtualidad que la de ser viejo, incapaz de suscitar entusiasmo y que no acierta a abrirse paso electoral. Ahora pretende cambiar la imagen que incluye la desaparición del puño y la rosa, el emblema de los socialistas españoles desde su XXVII Congreso en 1977. Su escudo anterior era el yunque y el libro y se recomendó llevarlo al baúl de los recuerdos. «Si, como se escribió, el puño era para el combate y la rosa para la felicidad, cabría concluir que después de veintiún años, el combate no debería estar presente en la simbología del socialismo español. Tampoco ha producido entusiasmo el anuncio hecho por Borrell de que si forma Gobierno, la mitad del Gabinete estará formado por mujeres.

A González no hay manera de alejarle. Le han ofrecido la Presidencia de la Unión Europea, pero ha dicho rotundamente que no; que quiere permanecer aquí. A Borrell le inquieta tan cercana presencia. El ex presidente se ha retirado de las responsabilidades sin retirarse de la vida política. Cada vez con más frecuencia asoma por entre los cortinajes, lanza unos cuantos dardos verbales contra Aznar -ahora la tiene tomada con el señor Matutes- y vuelve al descanso, sin asistir al Parlamento y pronunciando bien remuneradas conferencias en el extranjero.

El Psoe se desgasta en pequeños berrinches que exterioriza con fruición. Así, no asistió al acto de la inauguración del año judicial en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Marey, y los ex presidentes del Congreso y Senado anularon un almuerzo institucional en La Moncloa como gesto de protesta por la referida sentencia. Pero con estos gestos pueriles e intrascendentes se avanza poco en la carrera electoral.

Pujol. Es difícil seguir a Pujol en sus declaraciones diarias. No hay tema que no merezca su atención y como sabe que la información ocupará lugar, prefiere ocuparla a que se la ocupen; así ocurre que, salvo las declaraciones diarias de don Jordi, casi nada más se sabe de Cataluña en el resto de España.

Pujol había conmemorado el primer aniversario de la famosa ley del catalán, que el Gobierno de Madrid no se atrevió a llevar al Tribunal Constitucional. Pero la felicidad no es completa y Pujol tuvo que hacer frente a la protesta de la industria cinematográfica norteamericana en contra del doblaje al catalán que dicha ley impone. Molestó mucho esta posición y, primero, solicitó ayuda de Madrid para hacer frente a la decisión norteamericana. Después ha preferido negociar, consciente de que si de «money» se trata con «money» se podrá resolver el asunto. Y ahí le tenemos en plena negociación con Hollywood para salvar uno de los hitos de su mandato: la ley del catalán. Es curioso que nadie hace frente ni poco ni mucho a las decisiones pujolianas que cada día son más numerosas y más agresivas para la mayoría castellanoparlante de su región y de España. Aznar mira hacia otro lado.

Los niños catalanes menores de catorce años no podrán asistir a las corridas de toros, no sea que se aficionen a una fiesta tan española. Así lo dispone Pujol en un reciente Decreto. Como se vé, Pujol está en todo y nada escapa a su talante nacionalista.

La verdad es que nadie protesta. Y cuando alguien lo hace, como recientemente las entidades que se manifestaron en contra de la actuación de la Generalidad en los incendios forestales, Pujol los despacha de un manotazo: «son cuatro gatos...» Si el Pp le crea algún problema, surge enseguida la amenaza.

Su contrincante señor Maragall está pretendiendo hacer, por lo menos, una declaración diaria, y la hace. Ha pedido una «lectura federal» de la Constitución ante la cúpula del Psoe y reclama al Gobierno que proteja y fomente la lengua vernácula.

El Pp parece que reacciona: amenaza a Pujol con una «gran batalla» si modifica la Ley Lingüística.

Eugenio Trías ha dicho: «El nacionalismo catalán es igual o más nocivo que el vasco». Alcaldes de Ciu preparan una Asamblea de los Países Catalanes (Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares), al estilo de los vascos.

Pujol aparenta desentenderse del Bloque, pero lo cierto es que el Bloque se reúne con su asistencia y ayuda, precisamente en Barcelona. Y en temas en que debería callarse, como el de los kurdos, moja también su pan y lanza sus insidias, comparando la situación de ese pueblo con la de los catalanes en la época de Franco. El delirio. Pujol conoce el valor de la reiteración, y tanto repite la mentira que muchos pueden acabar creyéndosela. La guerra civil de liberación también lo fue para los catalanes. ¿Repetiremos también nosotros los argumentos de siempre?



Los sindicatos actúan con una influencia muy superior a la que deberían ejercer de acuerdo con su potencia real. Se sabe poco salvo que reciben numerosas subvenciones estatales, municipales y autonómicas. Ahora se han publicado unos datos según los cuales CC.OO. aventaja a Ugten 49.000 afiliados. A finales de 1997 Comisiones tenía 703.819 afiliados frente a los 654.892 de Ugt. Andalucía es la comunidad autónoma con mayor nivel de afiliación a ambas centrales sindicales.

El débil poder sindical español lo convierte en el tercer país de la Ocde con menor afiliación.

Recientemente Ugt ha declarado que no es un sindicato neutral ante diversas opciones políticas, sino que se declara de orientación socialista.



Iglesia. Los roces entre la Iglesia y el Estado debieran ser resueltos por la vía del consenso entre todos los partidos políticos y la Iglesia, según ha declarado el director general de Asuntos Religiosos. En este momento está pendiente la enseñanza de la Religión y la financiación de la Iglesia católica. Se recuerda que el Gobierno actual había prometido solución para la clase de Religión si ganaba las elecciones, pero hasta la fecha no hay señales de que vaya a cumplir su promesa.

Por su parte, el Episcopado considera los retos más inmediatos para su actuación: la reorganización interna y la relación con el Gobierno. En febrero dejará la presidencia de la Conferencia monseñor Yáñez, arzobispo de Zaragoza.

En septiembre pasado la Iglesia española denunció el fracaso del actual sistema penitenciario español. Y el cardenal Rouco calificó de «zafia» la campaña antisida.



Prensa. Un nuevo periódico apareció en Madrid, «La Razón». El nuevo rotativo se vendió durante un cierto tiempo a un precio de circunstancias, y ahora ya ha entrado en el juego de competencias normal. La acogida del público ha sido fría y sus páginas todavía carecen de publicidad.

Hay que señalar la desaparición de un gran periódico: «Ya» de la Editorial Católica, fundado por don Vicente Gállego antes de la guerra civil como periódico de tarde. Al no reaparecer «El Debate» después del 1 de abril de 1939, Edica convirtió en matinal su periódico de tarde. Como tal vino editándose hasta su reciente desaparición. Dolorosísima desaparición, en efecto, pues con él naufragó toda la poderosa flota de la Editorial Católica; «Hoy», de Badajoz, «La Verdad», de Murcia; «El Ideal», de Granada; «El Ideal Gallego», de La Coruña. Anteriormente había desaparecido «Diario Regional», de Valladolid. España se quedó de la noche a la mañana sin prensa católica de información general, en la que había llegado a ser el número uno. Hay que subrayar el desinterés de la jerarquía católica por la existencia de este grupo de prensa, que la llevó a enajenarlo en condiciones increíbles. La Iglesia se quedó sin voz. Y sin voz sigue, porque prelados muy influyentes estuvieron contra la prensa catolica. Es posible que ahora que la dicha prensa ha desaparecido no piensen de igual manera. Ya no existen «La Gaceta del Norte», de Bilbao, ni «El Correo de Andalucía», ahora órgano del Psoe, ni «El Correo Catalán». Un barrido general.



Inseguridad. En tanto se derrocha a raudales el dinero público en las millonarias subvenciones que otorgan el Estado, las Comunidades autónomas, los ayuntamientos, etc., a organizaciones y entidades que generalmente no justifican las actividades para las que solicitan y obtienen ayuda dineraria, hay servicios esenciales de la Administración que se desenvuelven en una penuria que pone en claro peligro el cumplimiento de sus deberes esenciales.

Regularmente se publican informaciones que revelan graves carencias. Hace poco se supo que la Policía sólo cuenta con medio centenar de coches radio-patrulla para vigilar las noches de Madrid, una ciudad con cinco millones de habitantes. Para colmo de males, en los vehículos antidisturbios últimamente adquiridos, no cabe el conductor (125 vehículos presentados a bombo y platillo en la Jefatura Superior de Policía a primeros de año).

En octubre pasado, seis sindicatos policiales se quejaron al Presidente del Gobierno de su absoluta falta de medios. Hubo encierros para exigir más salarios y medios. La protesta de la policía redujo las detenciones (noviembre pasado) al 50 por 100. En diciembre, los colectivos policiales se manifestaron para pedir su equiparación económica con las policías autonómicas o locales. Como un ejemplo de lo que sucede, se hizo público que los funcionarios del Cuerpo de Policía de Málaga se ven obligados a utilizar teléfonos móviles y radiotransmisores de su propiedad durante el servicio, por la escasez y averías de los medios técnicos oficiales.

Entre tanto, la criminalidad aumenta. Ultimamente se está poniendo de moda la «okupación» de locales, y los actos vandálicos se suceden con el menor pretexto (los monumentos de La Cibeles y Neptuno sufrieron grandes daños con ocasión de finales futbolísticas). Más grave fue la «okupación» de un edificio de la Gran Vía madrileña. En mayo, quinientos miembros del «colectivo para la lucha social» tomaron el centro de Madrid para reivindicar un mejor trato a los presos españoles. La oficina del Inem en la Ronda de Atocha de Madrid fue tomada durante hora y media por varios grupos de parados.

444 millones de pesetas invirtió Telefónica en reparar sus cabinas destrozadas por los gamberros en 1996. El número de cabinas destrozadas se duplicó respecto del mismo tiempo de 1995. 21 millones de pesetas fueron robadas de los cajetines de los teléfonos públicos en los primeros nueve meses. Merece la pena meditar sobre estos datos, reveladores del grado de vandalismo que se está apoderando de la vida española.

Pero todo esto, en definitiva, son delitos menores. Lo grave es el asalto a España de las fuertes mafias. Los asesinos a sueldo, por ejemplo, se instalan en España. Policías, criminólogos y forenses detectan la presencia de profesionales que ofrecen sus mortales servicios por entre uno y siete millones de pesetas, según denuncia «El Mundo». Se ha hecho público que los extranjeros cometen el cuarenta por ciento de los delitos perpetrados en Madrid, lo que suscita una preocupación generalizada por los errores en la política de integración. En la provincia de Teruel se ha alertado sobre unos rumanos que atracan locales públicos rurales, y mafias búlgaras roban los coches de lujo españoles para venderlos en Europa. Una banda de bosnios desvalijó centrales de correos en el Maresme.

Ante la alerta de la UE sobre la falsificación de euros, el Banco de España ha advertido sobre las lagunas del nuevo Código Penal...

Y, sobre todo, las drogas. Mallorca parece que ha sido elegida ahora como la nueva base de las mafias gallegas e italianas que utilizan el elevado número de puertos deportivos, atraques y embarcaderos, lo que ha disparado el consumo de droga entre los jóvenes. Y la colonia de Gibraltar.



Educación. Dos batallas acosaron a la ministra de Educación, la de las Humanidades y la del precio de los libros de texto. También le acecharon los problemas cada días más erizados de las Universidades y el de la investigación científica.

«La educación ha salido del aula empujada por una de las polémicas más viscerales y turbulentas de los últimos meses: la espoleta ha sido el programa de Geografía e Historia y el de Lengua y Literatura para los estudiantes de doce a dieciséis años», escribe el periodista Carlos Arroyo. En efecto, la polémica es enorme. Por lo pronto, vascos y catalanes se han cerrado en banda ante el proyecto de Decreto y si bien la ministra persistió en su empeño, habrá que echar mucha agua al proyecto para que obtenga el consenso. Hay que reconocer que se trata de un problema esencial: evitar la anarquía en el estudio de las Humanidades y que haya tantas versiones de la Geografía y de la Historia nacionales como autonomías.

En el otro frente la ministra encaró intereses económicos muy fuertes. Reducir el precio de los libros de texto es un empeño necesario; pero aquí también el consenso va a ser casi imposible por muchas reuniones y entrevistas que los editores mantengan con las autoridades.

Los rectores de las Universidades se han plantado. En la Universidad escasea la financiación, los planes de estudio van camino del caos y los profesores siguen esperando que se modifique la LRU. «Estamos en un callejón sin salida» ha declarado el profesor Carlos Sola, presidente de la Confederación de Rectores. Cuatro de cada diez profesores de las Universidades son eventuales y 21.000 profesores universitarios tienen contratos que incumplen claramente la ley. Y a pesar del descenso de la natalidad y de la implantación de nuevas carreras, aún es difícil lograr plaza en primera opción.




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