CRONICA: La
política
País
Vasco. Sigue siendo motivo de esencial preocupación el
tema vasco, cada día más virulento. El Gobierno se
mantiene a la defensiva. Entre tanto, el ya constituido
frente nacionalista actúa y ensaya actitudes que se
revelan como estudiadas y peligrosas. Ese frente lleva la
iniciativa, actúa con gran energía tanto en el interior
como en el exterior, pues los viajes a Bruselas son
frecuentes. Están lejanos los tiempos de «paz por
presos». Ahora ya se habla en voz alta de una
negociación a la que el frente nacionalista considera
indispensable invitar a representaciones vascas de
Francia y de Navarra. Se trata de obtener la
independencia. Así ha sido proclamado en Bruselas por
los máximos representantes del Pnv.
El Gobierno calla. Parece que hay dificultades para
llegar a un acuerdo con el Psoe y constituir un bloque
que impida el progreso de las nuevas exigencias vascas.
Pero las provocaciones son constantes. Se constituyó el
Parlamento vasco y también el nuevo Gobierno autónomo
en el que, de hecho, participa Eta a través del decisivo
apoyo parlamentario del grupo HB. Dos de sus primeros
acuerdos han sido bastante significativos: oponerse a las
decisiones de la Audiencia Nacional que impiden al
diputado regional Josu Ternera asistir a las sesiones del
Parlamento en virtud de su condena carcelaria, designado
precisamente este parlamentario, autor de numerosos
delitos comunes, presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Parlamento, y la invitación a un parlamento
kurdo en el exilio a reunirse en la sede del Parlamento
Vasco en Vitoria, lo que ha provocado un incidente
diplomático con Turquía.
Son evidentes los fines de la coalición parlamentaria
nacionalista, que se resumen en uno: autoderminación, es
decir, independencia. Arzallus lo dice claramente, aunque
matiza, irónicamente, que «sin prisas». Desean
acelerar el proceso, sobre todo después de las próximas
elecciones autonómicas en que perfeccionarán el
funcionamiento y la existencia de la Asamblea de Alcaldes
Vascos, que ya ha celebrado una sesión en Pamplona.
Por su parte, Eta proyecta pedir permiso al Gobierno para
importar los miles de millones que constituyen su capital
social, ahora depositado en Méjico. Hasta el Pnv
solicita del Gobierno español la sede del Instituto
Cervantes en París.
Se trata de un ataque a fondo, que no tiene visos de
cesar en los próximos meses; al contrario, se
intensificará. Y, entre tanto, desorden público menor,
pero efectivo; asaltos a establecimientos propiedad de
miembros del Psoe o del Pp, amenazas por doquier y
agitación permanente.
El Gobierno Aznar ha de salir de la inhibición en que
aparece situado. Y como se trata de un mero problema de
orden público ha de procurar pasar a la acción en
defensa de España. Sería muy conveniente que pudiera
prescindir de la actual ayuda parlamentaria de vascos y
catalanes, por la que tan alto paga. ¿Elecciones
próximas?
Para colmo, la Iglesia de Bilbao anuncia que pedirá
perdón a los presos etarras, y se acusa de haberles
prestado escasa atención.
Las circunstancias no pueden ser peores en el antiguo
territorio de las Vascongadas. Y no solamente allí, sino
en Cataluña y también en Galicia. El bloque autonomista
(Ciu, Pnv y Bg) se reúne y toma acuerdos.
Defensa. Casi dos billones de pesetas tiene comprometidos
Defensa para compras de armamento, tanques Leopard y
aviones de combate europeo Eurofighter, sin incluir la
adquisición de submarinos y helicópteros de ataque,
así como el avión de transporte Fla. Si a estas cifras
se añaden las que se derivan de la profesionalización
del Ejército, se tendrá idea del alza que va a
registrar el presupuesto de Defensa. Tales medios se
corresponden con la Ley de las Fuerzas Armadas, que en un
cómodo silencio, están aprobando las Cortes. Alguno de
sus preceptos deberían ser polémicos, como el que
suprime el juramento de luchar por la unidad nacional,
que era consustancial con los Ejércitos. Ahora será
sustituido por un juramento de defensa de la
Constitucióin en uno de cuyos artículos se declara al
Ejército como garante de la unidad española. Habrá que
ver lo que será en plazo breve la unidad nacional según
la Constitución, cuando, por ejemplo, los firmantes de
la Declaración de Barcelona (Ciu, Pnv y Bg) han acordado
pedir la supresión del Ministerio de Cultura por que
«no hay una cultura española».
Así pues, serán consideradas improcedentes las juras de
la bandera, por ejemplo, y como corresponde a un Estado
agnóstico ya no se celebrarán misas católicas con
asistencia de las Fuerzas Armadas ni tendrán finalidad
los capellanes militares.
Que esta revolución la haya llevado a cabo un Gobierno
presidido por el señor Aznar parece increíble. El lema
de la izquierda, «A España no la conocerá ni la madre
que la parió después de nuestro pase por el Gobierno»,
que dijo don Alfonso Guerra, podrá apropiárselo con
mayor título el ministro Serra del Gobierno Aznar.
En su acelerado camino hacia el ejército profesional, el
Gobierno ha prometido «anticipar al máximo» el final
de la mili obligatoria previsto para el año 2003. El
ministro Serra ha ampliado las causas médicas y
económicas para librarse del servicio. El nuevo cuadro
médico de exenciones es de una generosidad insuperable.
También el ministro Serra ha renunciado a prolongar en
tres años el pase a reserva de oficiales y suboficiales:
Se les fija los cincuenta y ocho años como edad de
retiro o los treinta y cuatro de servicio activo.
Muy reveladora es la decisión del Gobierno de autorizar,
por primera vez, a los militares a que elijan a sus
representantes. Se trata de los consejos asesores de
personal, una especie de comités de empresa que
defenderán los intereses estrictamente profesionales de
los militares ante sus mandos.
Psoe. «Ni sin Borrell ni con Borrell tienen mis penas
remedio». El Psoe puede aplicarse el viejo dicho. No
logra salir del pozo en que cayó después de su derrota.
Se suceden los proyectos, pero ninguno cuaja porque es
evidente que ninguno es capaz de movilizar a las masas en
favor del viejo partido que, por ahora, no ofrece otra
virtualidad que la de ser viejo, incapaz de suscitar
entusiasmo y que no acierta a abrirse paso electoral.
Ahora pretende cambiar la imagen que incluye la
desaparición del puño y la rosa, el emblema de los
socialistas españoles desde su XXVII Congreso en 1977.
Su escudo anterior era el yunque y el libro y se
recomendó llevarlo al baúl de los recuerdos. «Si, como
se escribió, el puño era para el combate y la rosa para
la felicidad, cabría concluir que después de veintiún
años, el combate no debería estar presente en la
simbología del socialismo español. Tampoco ha producido
entusiasmo el anuncio hecho por Borrell de que si forma
Gobierno, la mitad del Gabinete estará formado por
mujeres.
A González no hay manera de alejarle. Le han ofrecido la
Presidencia de la Unión Europea, pero ha dicho
rotundamente que no; que quiere permanecer aquí. A
Borrell le inquieta tan cercana presencia. El ex
presidente se ha retirado de las responsabilidades sin
retirarse de la vida política. Cada vez con más
frecuencia asoma por entre los cortinajes, lanza unos
cuantos dardos verbales contra Aznar -ahora la tiene
tomada con el señor Matutes- y vuelve al descanso, sin
asistir al Parlamento y pronunciando bien remuneradas
conferencias en el extranjero.
El Psoe se desgasta en pequeños berrinches que
exterioriza con fruición. Así, no asistió al acto de
la inauguración del año judicial en protesta por la
sentencia del Tribunal Supremo en el caso Marey, y los ex
presidentes del Congreso y Senado anularon un almuerzo
institucional en La Moncloa como gesto de protesta por la
referida sentencia. Pero con estos gestos pueriles e
intrascendentes se avanza poco en la carrera electoral.
Pujol. Es difícil seguir a Pujol en sus declaraciones
diarias. No hay tema que no merezca su atención y como
sabe que la información ocupará lugar, prefiere
ocuparla a que se la ocupen; así ocurre que, salvo las
declaraciones diarias de don Jordi, casi nada más se
sabe de Cataluña en el resto de España.
Pujol había conmemorado el primer aniversario de la
famosa ley del catalán, que el Gobierno de Madrid no se
atrevió a llevar al Tribunal Constitucional. Pero la
felicidad no es completa y Pujol tuvo que hacer frente a
la protesta de la industria cinematográfica
norteamericana en contra del doblaje al catalán que
dicha ley impone. Molestó mucho esta posición y,
primero, solicitó ayuda de Madrid para hacer frente a la
decisión norteamericana. Después ha preferido negociar,
consciente de que si de «money» se trata con «money»
se podrá resolver el asunto. Y ahí le tenemos en plena
negociación con Hollywood para salvar uno de los hitos
de su mandato: la ley del catalán. Es curioso que nadie
hace frente ni poco ni mucho a las decisiones pujolianas
que cada día son más numerosas y más agresivas para la
mayoría castellanoparlante de su región y de España.
Aznar mira hacia otro lado.
Los niños catalanes menores de catorce años no podrán
asistir a las corridas de toros, no sea que se aficionen
a una fiesta tan española. Así lo dispone Pujol en un
reciente Decreto. Como se vé, Pujol está en todo y nada
escapa a su talante nacionalista.
La verdad es que nadie protesta. Y cuando alguien lo
hace, como recientemente las entidades que se
manifestaron en contra de la actuación de la Generalidad
en los incendios forestales, Pujol los despacha de un
manotazo: «son cuatro gatos...» Si el Pp le crea algún
problema, surge enseguida la amenaza.
Su contrincante señor Maragall está pretendiendo hacer,
por lo menos, una declaración diaria, y la hace. Ha
pedido una «lectura federal» de la Constitución ante
la cúpula del Psoe y reclama al Gobierno que proteja y
fomente la lengua vernácula.
El Pp parece que reacciona: amenaza a Pujol con una
«gran batalla» si modifica la Ley Lingüística.
Eugenio Trías ha dicho: «El nacionalismo catalán es
igual o más nocivo que el vasco». Alcaldes de Ciu
preparan una Asamblea de los Países Catalanes
(Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares), al
estilo de los vascos.
Pujol aparenta desentenderse del Bloque, pero lo cierto
es que el Bloque se reúne con su asistencia y ayuda,
precisamente en Barcelona. Y en temas en que debería
callarse, como el de los kurdos, moja también su pan y
lanza sus insidias, comparando la situación de ese
pueblo con la de los catalanes en la época de Franco. El
delirio. Pujol conoce el valor de la reiteración, y
tanto repite la mentira que muchos pueden acabar
creyéndosela. La guerra civil de liberación también lo
fue para los catalanes. ¿Repetiremos también nosotros
los argumentos de siempre?
Los sindicatos actúan con una influencia muy superior a
la que deberían ejercer de acuerdo con su potencia real.
Se sabe poco salvo que reciben numerosas subvenciones
estatales, municipales y autonómicas. Ahora se han
publicado unos datos según los cuales CC.OO. aventaja a
Ugten 49.000 afiliados. A finales de 1997 Comisiones
tenía 703.819 afiliados frente a los 654.892 de Ugt.
Andalucía es la comunidad autónoma con mayor nivel de
afiliación a ambas centrales sindicales.
El débil poder sindical español lo convierte en el
tercer país de la Ocde con menor afiliación.
Recientemente Ugt ha declarado que no es un sindicato
neutral ante diversas opciones políticas, sino que se
declara de orientación socialista.
Iglesia. Los roces entre la Iglesia y el Estado debieran
ser resueltos por la vía del consenso entre todos los
partidos políticos y la Iglesia, según ha declarado el
director general de Asuntos Religiosos. En este momento
está pendiente la enseñanza de la Religión y la
financiación de la Iglesia católica. Se recuerda que el
Gobierno actual había prometido solución para la clase
de Religión si ganaba las elecciones, pero hasta la
fecha no hay señales de que vaya a cumplir su promesa.
Por su parte, el Episcopado considera los retos más
inmediatos para su actuación: la reorganización interna
y la relación con el Gobierno. En febrero dejará la
presidencia de la Conferencia monseñor Yáñez,
arzobispo de Zaragoza.
En septiembre pasado la Iglesia española denunció el
fracaso del actual sistema penitenciario español. Y el
cardenal Rouco calificó de «zafia» la campaña
antisida.
Prensa. Un nuevo periódico apareció en Madrid, «La
Razón». El nuevo rotativo se vendió durante un cierto
tiempo a un precio de circunstancias, y ahora ya ha
entrado en el juego de competencias normal. La acogida
del público ha sido fría y sus páginas todavía
carecen de publicidad.
Hay que señalar la desaparición de un gran periódico:
«Ya» de la Editorial Católica, fundado por don Vicente
Gállego antes de la guerra civil como periódico de
tarde. Al no reaparecer «El Debate» después del 1 de
abril de 1939, Edica convirtió en matinal su periódico
de tarde. Como tal vino editándose hasta su reciente
desaparición. Dolorosísima desaparición, en efecto,
pues con él naufragó toda la poderosa flota de la
Editorial Católica; «Hoy», de Badajoz, «La Verdad»,
de Murcia; «El Ideal», de Granada; «El Ideal
Gallego», de La Coruña. Anteriormente había
desaparecido «Diario Regional», de Valladolid. España
se quedó de la noche a la mañana sin prensa católica
de información general, en la que había llegado a ser
el número uno. Hay que subrayar el desinterés de la
jerarquía católica por la existencia de este grupo de
prensa, que la llevó a enajenarlo en condiciones
increíbles. La Iglesia se quedó sin voz. Y sin voz
sigue, porque prelados muy influyentes estuvieron contra
la prensa catolica. Es posible que ahora que la dicha
prensa ha desaparecido no piensen de igual manera. Ya no
existen «La Gaceta del Norte», de Bilbao, ni «El
Correo de Andalucía», ahora órgano del Psoe, ni «El
Correo Catalán». Un barrido general.
Inseguridad. En tanto se derrocha a raudales el dinero
público en las millonarias subvenciones que otorgan el
Estado, las Comunidades autónomas, los ayuntamientos,
etc., a organizaciones y entidades que generalmente no
justifican las actividades para las que solicitan y
obtienen ayuda dineraria, hay servicios esenciales de la
Administración que se desenvuelven en una penuria que
pone en claro peligro el cumplimiento de sus deberes
esenciales.
Regularmente se publican informaciones que revelan graves
carencias. Hace poco se supo que la Policía sólo cuenta
con medio centenar de coches radio-patrulla para vigilar
las noches de Madrid, una ciudad con cinco millones de
habitantes. Para colmo de males, en los vehículos
antidisturbios últimamente adquiridos, no cabe el
conductor (125 vehículos presentados a bombo y platillo
en la Jefatura Superior de Policía a primeros de año).
En octubre pasado, seis sindicatos policiales se quejaron
al Presidente del Gobierno de su absoluta falta de
medios. Hubo encierros para exigir más salarios y
medios. La protesta de la policía redujo las detenciones
(noviembre pasado) al 50 por 100. En diciembre, los
colectivos policiales se manifestaron para pedir su
equiparación económica con las policías autonómicas o
locales. Como un ejemplo de lo que sucede, se hizo
público que los funcionarios del Cuerpo de Policía de
Málaga se ven obligados a utilizar teléfonos móviles y
radiotransmisores de su propiedad durante el servicio,
por la escasez y averías de los medios técnicos
oficiales.
Entre tanto, la criminalidad aumenta. Ultimamente se
está poniendo de moda la «okupación» de locales, y
los actos vandálicos se suceden con el menor pretexto
(los monumentos de La Cibeles y Neptuno sufrieron grandes
daños con ocasión de finales futbolísticas). Más
grave fue la «okupación» de un edificio de la Gran
Vía madrileña. En mayo, quinientos miembros del
«colectivo para la lucha social» tomaron el centro de
Madrid para reivindicar un mejor trato a los presos
españoles. La oficina del Inem en la Ronda de Atocha de
Madrid fue tomada durante hora y media por varios grupos
de parados.
444 millones de pesetas invirtió Telefónica en reparar
sus cabinas destrozadas por los gamberros en 1996. El
número de cabinas destrozadas se duplicó respecto del
mismo tiempo de 1995. 21 millones de pesetas fueron
robadas de los cajetines de los teléfonos públicos en
los primeros nueve meses. Merece la pena meditar sobre
estos datos, reveladores del grado de vandalismo que se
está apoderando de la vida española.
Pero todo esto, en definitiva, son delitos menores. Lo
grave es el asalto a España de las fuertes mafias. Los
asesinos a sueldo, por ejemplo, se instalan en España.
Policías, criminólogos y forenses detectan la presencia
de profesionales que ofrecen sus mortales servicios por
entre uno y siete millones de pesetas, según denuncia
«El Mundo». Se ha hecho público que los extranjeros
cometen el cuarenta por ciento de los delitos perpetrados
en Madrid, lo que suscita una preocupación generalizada
por los errores en la política de integración. En la
provincia de Teruel se ha alertado sobre unos rumanos que
atracan locales públicos rurales, y mafias búlgaras
roban los coches de lujo españoles para venderlos en
Europa. Una banda de bosnios desvalijó centrales de
correos en el Maresme.
Ante la alerta de la UE sobre la falsificación de euros,
el Banco de España ha advertido sobre las lagunas del
nuevo Código Penal...
Y, sobre todo, las drogas. Mallorca parece que ha sido
elegida ahora como la nueva base de las mafias gallegas e
italianas que utilizan el elevado número de puertos
deportivos, atraques y embarcaderos, lo que ha disparado
el consumo de droga entre los jóvenes. Y la colonia de
Gibraltar.
Educación. Dos batallas acosaron a la ministra de
Educación, la de las Humanidades y la del precio de los
libros de texto. También le acecharon los problemas cada
días más erizados de las Universidades y el de la
investigación científica.
«La educación ha salido del aula empujada por una de
las polémicas más viscerales y turbulentas de los
últimos meses: la espoleta ha sido el programa de
Geografía e Historia y el de Lengua y Literatura para
los estudiantes de doce a dieciséis años», escribe el
periodista Carlos Arroyo. En efecto, la polémica es
enorme. Por lo pronto, vascos y catalanes se han cerrado
en banda ante el proyecto de Decreto y si bien la
ministra persistió en su empeño, habrá que echar mucha
agua al proyecto para que obtenga el consenso. Hay que
reconocer que se trata de un problema esencial: evitar la
anarquía en el estudio de las Humanidades y que haya
tantas versiones de la Geografía y de la Historia
nacionales como autonomías.
En el otro frente la ministra encaró intereses
económicos muy fuertes. Reducir el precio de los libros
de texto es un empeño necesario; pero aquí también el
consenso va a ser casi imposible por muchas reuniones y
entrevistas que los editores mantengan con las
autoridades.
Los rectores de las Universidades se han plantado. En la
Universidad escasea la financiación, los planes de
estudio van camino del caos y los profesores siguen
esperando que se modifique la LRU. «Estamos en un
callejón sin salida» ha declarado el profesor Carlos
Sola, presidente de la Confederación de Rectores. Cuatro
de cada diez profesores de las Universidades son
eventuales y 21.000 profesores universitarios tienen
contratos que incumplen claramente la ley. Y a pesar del
descenso de la natalidad y de la implantación de nuevas
carreras, aún es difícil lograr plaza en primera
opción.
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