LIBROS:
Política religiosa de la segunda república española
Martí
Gilabert, Francisco: Política religiosa de la segunda
república española, ed. Eunsa, Madrid 1998. 282 págs.
El autor continúa con esta obra su historia de las
relaciones entre el Estado español y la Iglesia en la
edad contemporánea. Un primer libro estudió el reinado
de Fernando VII, un segundo abordó el reinado de Isabel
II (Vid. recensión en «Razón Española», núm. 79,
pág. 247), un tercero la Restauración, y este cuarto la
II República (parcialmente glosado en «Razón
Española» núm. 89, pág. 318).
El autor demuestra que cuando cayó la monarquía, un
sector «liberal» del Vaticano recomendó la
colaboración con el nuevo régimen, a pesar de la
posición conservadora de Pío XI. La mayoría de los
obispos españoles trató de resistirse, algunos
radicalmente como el de Vitoria, Mateo Múgica, y el de
Toledo, cardenal Segura (ambos fueron desterrados). El
nuncio en España, Tedeschini, ordenó el «respeto a los
poderes constituidos». Esta fue también la actitud de
Angel Herrera y su diario «El Debate». Como concluye
Martí Gilabert al final de su libro, esta operación
vaticana de acercamiento a la República «fue inútil».
Los hechos dieron la razón a los intransigentes. La
táctica apaciguadora, al estilo del pacto angloalemán
de Munich, arrojó idéntico resultado final, la guerra
que en el caso de España se convirtió en cruzada.
A raíz de la quema de conventos (11-V-1936) con la
complicidad del Gobierno, y ya iniciada la laicización
general, los obispos publicaron una Declaración
colectiva (3-VI-1931) de protesta formal. A esta
siguieron otras igualmente ineficaces e incluso una
encíclica pontificia «Dilectissima nobis» (3-VII-1933)
también desoída por el Gobierno.
La persecución religiosa, alentada por Azaña, avanzó
velozmente: aprobación de una Constitución
descristianizadora, expulsión de los jesuítas,
supresión del presupuesto del clero, disolución de los
cuerpos eclesiásticos militares, sustitución del
juramento público por la promesa, prohibición a las
autoridades para asistir a actos religiosos,
secularización de los cementerios, divorcio, escuela
laica, disolución del Tribunal eclesiástico de la Rota
y de la Obra Pía de Jerusalén, campañas anticlericales
de prensa («Fray Lazo» y «La Traca»), vejaciones
eclesiales y, en suma, violación del Concordato
teóricamente vigente.
Cuando el católico Gil-Robles ganó las elecciones de
1933, pero no pudo obtener el poder, se gestionó un
acuerdo con la Santa Sede. Pío XI supervisó las
negociaciones y rechazó la fórmula propuesta.
Continuaban las conversaciones cuando en febrero de 1936
llegó al poder el Frente Popular y las rompió.
El Papa había declarado «inicua» la Constitución
republicana de 1931 y exigía una reforma. A pesar de su
victoria electoral, Gil Robles sólo logró que Lerroux
propusiera una leve modificación que no llegó a
tramitarse. Como escribe el autor, «en los siete meses
en que la Ceda estuvo en el poder casi nada se hizo» (p.
223).
Aunque el Frente Popular no obtuvo la mayoría de los
votos, consiguió en virtud de la ley electoral la
mayoría parlamentaria en 1936. «Se inauguraba -escribe
el autor- un periodo de cinco meses de anarquía».
Amordazamiento de la prensa, gravísimas amenazas del
presidente del Gobierno Casares Quiroga, asesinato de
Calvo Sotelo jefe de la oposición, y prohibición
terminante de la enseñanza religiosa (28-II-1936). El
ministro de Instrucción Pública, Francisco Barnés dijo
que había que «aventar, echar fuera del palenque de la
cultura esa enseñanza mezquina de las congregaciones
religiosas». Así resume el autor su dramática
narración. «La República... se propuso desde el primer
momento desmantelar a la Iglesia». «Esa política
abiertamente antirreligiosa constituyó un error de
tristes consecuencias..., el choque entre dos bandos», o
sea, la guerra civil. «La confrontación violenta era
inevitable» sentencia Martí Gilabert.
De la serie histórica que hasta ahora ha publicado el
autor este volumen es el más rotundo. Muy documentado y
objetivo como los anteriores, pero, además, resolutorio
en las valoraciones. Sus páginas están muy lejos del
oportunismo y del complejo de inferioridad que ahora
padecen algunos cronistas eclesiásticos. Esta
investigación, en la línea del importante libro de V.
Carcel Ortí, La persecución religiosa en España
durante la II República (Vid. recensión en «Razón
Española» núm. 48, pág. 115), es una justificada
réplica tácita a obras como la farragosa,
pseudoprogresista y por tantas razones lamentable de G.
Redondo Historia de la Iglesia en España (1993).
La II República, que ahora se trata de presentar como un
paraíso democrático de orden y de libertad, queda
retratada en este libro como el preludio del holocausto
que en la zona republicana se llevó a cabo a partir del
18 de julio de 1936 con decenas de miles de asesinatos
por el delito de ser católicas las víctimas (sólo
religiosos siete mil)1. Esta erudita y lúcida obra es de
obligada lectura para quien aspire a una visión objetiva
de la próxima historia de España.
Angel Maestro
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