Política religiosa de la segunda república española

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LIBROS: Política religiosa de la segunda república española. nº 94

Comentarios de Angel Maestro al libro de F. Martí Gilabert.

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LIBROS: Política religiosa de la segunda república española

Martí Gilabert, Francisco: Política religiosa de la segunda república española, ed. Eunsa, Madrid 1998. 282 págs.



El autor continúa con esta obra su historia de las relaciones entre el Estado español y la Iglesia en la edad contemporánea. Un primer libro estudió el reinado de Fernando VII, un segundo abordó el reinado de Isabel II (Vid. recensión en «Razón Española», núm. 79, pág. 247), un tercero la Restauración, y este cuarto la II República (parcialmente glosado en «Razón Española» núm. 89, pág. 318).

El autor demuestra que cuando cayó la monarquía, un sector «liberal» del Vaticano recomendó la colaboración con el nuevo régimen, a pesar de la posición conservadora de Pío XI. La mayoría de los obispos españoles trató de resistirse, algunos radicalmente como el de Vitoria, Mateo Múgica, y el de Toledo, cardenal Segura (ambos fueron desterrados). El nuncio en España, Tedeschini, ordenó el «respeto a los poderes constituidos». Esta fue también la actitud de Angel Herrera y su diario «El Debate». Como concluye Martí Gilabert al final de su libro, esta operación vaticana de acercamiento a la República «fue inútil». Los hechos dieron la razón a los intransigentes. La táctica apaciguadora, al estilo del pacto angloalemán de Munich, arrojó idéntico resultado final, la guerra que en el caso de España se convirtió en cruzada.

A raíz de la quema de conventos (11-V-1936) con la complicidad del Gobierno, y ya iniciada la laicización general, los obispos publicaron una Declaración colectiva (3-VI-1931) de protesta formal. A esta siguieron otras igualmente ineficaces e incluso una encíclica pontificia «Dilectissima nobis» (3-VII-1933) también desoída por el Gobierno.

La persecución religiosa, alentada por Azaña, avanzó velozmente: aprobación de una Constitución descristianizadora, expulsión de los jesuítas, supresión del presupuesto del clero, disolución de los cuerpos eclesiásticos militares, sustitución del juramento público por la promesa, prohibición a las autoridades para asistir a actos religiosos, secularización de los cementerios, divorcio, escuela laica, disolución del Tribunal eclesiástico de la Rota y de la Obra Pía de Jerusalén, campañas anticlericales de prensa («Fray Lazo» y «La Traca»), vejaciones eclesiales y, en suma, violación del Concordato teóricamente vigente.

Cuando el católico Gil-Robles ganó las elecciones de 1933, pero no pudo obtener el poder, se gestionó un acuerdo con la Santa Sede. Pío XI supervisó las negociaciones y rechazó la fórmula propuesta. Continuaban las conversaciones cuando en febrero de 1936 llegó al poder el Frente Popular y las rompió.

El Papa había declarado «inicua» la Constitución republicana de 1931 y exigía una reforma. A pesar de su victoria electoral, Gil Robles sólo logró que Lerroux propusiera una leve modificación que no llegó a tramitarse. Como escribe el autor, «en los siete meses en que la Ceda estuvo en el poder casi nada se hizo» (p. 223).

Aunque el Frente Popular no obtuvo la mayoría de los votos, consiguió en virtud de la ley electoral la mayoría parlamentaria en 1936. «Se inauguraba -escribe el autor- un periodo de cinco meses de anarquía». Amordazamiento de la prensa, gravísimas amenazas del presidente del Gobierno Casares Quiroga, asesinato de Calvo Sotelo jefe de la oposición, y prohibición terminante de la enseñanza religiosa (28-II-1936). El ministro de Instrucción Pública, Francisco Barnés dijo que había que «aventar, echar fuera del palenque de la cultura esa enseñanza mezquina de las congregaciones religiosas». Así resume el autor su dramática narración. «La República... se propuso desde el primer momento desmantelar a la Iglesia». «Esa política abiertamente antirreligiosa constituyó un error de tristes consecuencias..., el choque entre dos bandos», o sea, la guerra civil. «La confrontación violenta era inevitable» sentencia Martí Gilabert.

De la serie histórica que hasta ahora ha publicado el autor este volumen es el más rotundo. Muy documentado y objetivo como los anteriores, pero, además, resolutorio en las valoraciones. Sus páginas están muy lejos del oportunismo y del complejo de inferioridad que ahora padecen algunos cronistas eclesiásticos. Esta investigación, en la línea del importante libro de V. Carcel Ortí, La persecución religiosa en España durante la II República (Vid. recensión en «Razón Española» núm. 48, pág. 115), es una justificada réplica tácita a obras como la farragosa, pseudoprogresista y por tantas razones lamentable de G. Redondo Historia de la Iglesia en España (1993).

La II República, que ahora se trata de presentar como un paraíso democrático de orden y de libertad, queda retratada en este libro como el preludio del holocausto que en la zona republicana se llevó a cabo a partir del 18 de julio de 1936 con decenas de miles de asesinatos por el delito de ser católicas las víctimas (sólo religiosos siete mil)1. Esta erudita y lúcida obra es de obligada lectura para quien aspire a una visión objetiva de la próxima historia de España.



Angel Maestro
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