Allende el estado moderno

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Allende el estado moderno

Por Gonzalo Fernández de la Mora

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Allende el estado moderno

1. La cuestion taxonomica



El primer doctrinario que utilizó la voz «Stato» como nombre genérico que incluía diversas formas políticas fue Maquiavelo1,
y el uso se impuso pronto. La cuestión de si las estructuras constitucionales de Sumeria, Asiria, Egipto, Persia, Atenas, Macedonia, Roma, la China Tang, Bizancio, el Sacro Imperio, el Califato, Borgoña, Castilla, Florencia, Escocia, Venecia, etc. pueden calificarse como Estados o hay que reservar este vocablo sólo para la configuración institucional de algunas sociedades occidentales postrenacentistas es interesante; pero no esencial. El problema taxonómico se obvia con una expresión sobre la que existe amplio consenso académico, el Estado «moderno».

El Estado moderno aparece en el siglo XV tras un proceso de autoafirmación política frente a poderes universales como la Iglesia y el Imperio, y frente a poderes locales como las ciudades y los señorios. El primer Estado moderno es la España de los Reyes Católicos donde, a diferencia de Francia, no fue necesario superar el feudalismo. Ese Estado moderno supone unas fronteras estables, una población homogénea (la nación), y un poder soberano sin límites ni intermediarios hacia el interior y frente al exterior. El Estado moderno ha recorrido varias etapas: estamental, absoluto, liberal, y totalitario; ahora reviste una forma híbrida de las dos últimas, el llamado Estado de bienestar que se encuentra en crisis no sólo por el fracaso de la herencia totalitaria de pretender abarcarlo todo y ocuparse del ciudadano desde la cuna hasta la tumba, sino también porque las fronteras se han permeabilizado, la soberanía se ha convertido en ficticia, y las nacionalidades en una base problemática e insuficiente. En Europa, laboratorio político desde los griegos, el Estado moderno padece agotamiento.





2. FRONTERAS VIRTUALES



Desde sus orígenes, el Estado moderno se empeñó en una lucha por la defensiva o expansiva determinación de fronteras. En Francia Luis XI cuya primera anexión a expensas de Aragón fue el Rosellón, duplicó en veinte años la extensión de sus dominios; hizo falta más de un siglo para aproximar la traza del exágono a la actual. En España, la operación quedó prácticamente ultimada en 1492 con la reconquista de Granada. Pero el mapa de Europa, matriz y campo de experimentación del Estado moderno, no cesó, al precio de terribles guerras, de registrar desplazamientos de límites, los últimos en 1945. Por áreas periféricas como Alsacia o Pomerania se han vertido ríos de sangre. Los cambios más recientes no han sido acumulaciones o pérdidas, sino secesiones y subdivisiones como las de1 Este o los Balcanes.

La historia del Estado moderno se sustancia en cuestiones fronterizas, primariamente nacionales y secundariamente imperiales, porque se consideraba que la extensión territorial implicaba incremento de poder: más población, más riqueza, y limites mejor defendibles. Los atlas históricos de Europa son fiel reflejo del ir y venir de las fronteras establecidas por los sucesivos tratados de paz. Se levantan fortalezas y aduanas, es decir, barreras para las personas, las mercancías, y las ideas. Cruzar una raya supone costes. Dentro de su territorio, el Estado moderno tiende a unificar el ordenamiento jurídico, la fiscalidad y el mercado. El grado de centralización, que llega a ser muy avanzado en la Francia de Luis XIV y en la España de Felipe V, varía según los Estados y los tiempos.

El Estado moderno se ha caracterizado por unas fronteras revisables, pero estancas. Esa nota distintiva está en acelerado trance de volatilización.

La rapiña territorial sufrió un trascendental retroceso con la veloz desaparición de los imperios contemporáneos. Se llegó a un consenso internacional sobre la autodeterminación de todas las colonias, incluso las definidas por fronteras totalmente artificiales. En los Estados más recientes ha habido fogonazos de territorialismo violento -enfermedades infantiles y en parte arcaizantes- de neonacionalismos culturales o racistas. Pero lo dominante ha sido la renuncia a la reconquista de presuntas áreas «irredentas», el caso prototípico es el de Alemania, tan mutilada después de la derrota de su III Reich y que parece haberse olvidado hasta de la entrañable Prusia de Kant. Las tensiones geográficas subsistentes son casi insignificantes comparadas con las de antaño. El cerramiento geográfico de los Estados se ha ido devaluando desde la constitución de la CECA hasta alcanzar mínimos históricos.

El único retroceso se ha producido en los océanos. Desde la idea renacentista de los mares libres se ha llegado a la extensión teórica de las aguas de dominio y al reparto de los caladeros. Pero esto último responde más a un propósito ecológico y racionalizador que a una exigencia de jurisdicción exclusiva.

Todavía a mediados del siglo XX, un Estado moderno podía aislar informativamente a su población como lo hizo, por ejemplo, la URSS. Hoy, el establecimiento de censuras, consignas y ortodoxias doctrinales dentro de un Estado resulta muy difícil a causa de la globalización de los medios de comunicación mediante los satélites e internet. En tiempo real se asiste a acontecimientos acaecidos en lejanos lugares y con perspectivas visuales más privilegiadas que las de los vecinos inmediatos. Los descubrimientos científicos se divulgan inmediatamente. No ya lo esencial, sino algo subalterno como la anécdota amorosa de un gobernante o de un cómico es seguida desde cualquier latitud.

Perdura el secretismo en ciertos ámbitos como el militar. Pero el área de los antiguos «arcana imperii» no cesa de estrecharse, incluso de anularse para ciertos círculos de información superior: ningún Estado puede escapar a los minuciosos observadores orbitales.

Ya no hay barreras infranqueables para la información.

También las fronteras se han ido permeabilizando a las mercancías, gracias a las uniones aduaneras y a la progresiva liberalización del comercio internacional. El mercado se globaliza no sólo en el sentido de que el proteccionismo se debilita, sino de que la oferta y la demanda se hacen transnacionales, y no hay modo de impedir que una ubicua publicidad universalice el consumo de un producto. Las modas pierden en localismo para acercarse al ecumenismo: en pocas semanas un modelo de prenda o de electrónica adquiere actualidad planetaria. La tasación de precios y el «dumping» estatales son cada día menos viables.

La mercancía más decisiva, que es el dinero no metálico, también ha superado las fronteras. Se han consolidado las divisas refugio a las que se acude desde cualquier país y que son las que fijan los precios de materias básicas. Y se han integrado los mercados financieros. Los fondos de ahorro o de pensiones apenas conocen barreras políticas. Las bolsas de bonos y acciones se han interconectado: una crisis en Oriente repercute en Nueva York o Londres. La informática ha globalizado el sistema financiero.

Paralelamente a la liberalización del tráfico de mercancías y de capitales se han desarrollado las empresas multinacionales que no sólo ignoran las fronteras, sino que se encuentran en condiciones de soslayar las restricciones estatales supervivientes mediante la relocalización de los centros de producción de piezas o de montaje. Estas empresas, cada vez más potentes, son los arquetípicos protagonistas de una economía allende el Estado moderno.

En la medida en que hubo una comunidad de naciones, como la Cristiandad, se fue configurando un Derecho internacional del que Francisco de Vitoria fue su primer teórico. Después de la reforma protestante y de la secularización ilustrada, las contemporáneas Sociedad de Naciones y la Organización de Naciones Unidas auspiciaron una consolidación de normas consensuadas, superiores a las nacionales. Pero la permeabilización de las fronteras ha exigido un paso más, la crea-ción de ordenamientos jurídicos supranacionales como los que dicta, por ejemplo, la Unión Europea sin que sea necesaria la unanimidad «Ubi societas ibi ius» y, por eso, la sociedad transnacional está engendrando un Derecho que desconoce las fronteras.

El desplome del socialismo real ha mundializado la democracia partitocrática en el interior de los Estados, y sus partidos políticos también han superado las fronteras constituyendo Internacionales inspiradas en la socialista que, por razones dogmáticas, fue la pionera, aunque con el antecedente de la Santa Alianza, la internacional dinástica. Un proceso análogo han seguido otras organizaciones como los sindicatos obreros y las patronales. Los cuerpos sociales intermedios se han ido adaptando a la progresiva disolución de las fronteras estatales.

Finalmente, el desarrollo de las armas intercontinentales ha exigido coaliciones como la Atlántica o la de Varsovia y tratados restrictivos como los rusoamericanos. Moscú y Washington podrían aniquilarse mutuamente con misiles de largo alcance, a despecho de todas las fronteras intermedias que así cobran una existencia meramente nominal. Ya no hay Estados «colchón». La tecnología militar asestó el golpe de gracia a los lindes esforzadamente trazados sobre los mapas por el Estado moderno, consustancial a tales confinamientos.

En suma, las fronteras estatales se permeabilizan a la información, a las mercancías, a los capitales, a las personas, a las normas, a las organizaciones y a las armas. ¿Qué es lo que aun contienen y aislan? La creciente desterritorialización del Estado moderno no cesa de difuminar una de sus notas más características.





3. LA SOBERANIA RETORICA



Para conceptualizar el Estado absoluto, se inventó en el siglo XVI la noción de soberanía o capacidad de decidir en última instancia y por la fuerza qué es lo justo. Tal concepto era simplemente descriptivo y afirmativo pues carecía de fundamentación racional. ¿Por qué la voluntad de un monarca debería pretender la infalibilidad? Nadie ha contestado satisfactoriamente a esa radical interrogación. La pluralidad de soberanías consolidó la anarquía internacional hasta extremos como la alianza del «cristianísimo» Francisco I con los turcos para hacer frente al «católico» Carlos V. Así Francia afirmaba su total independencia de la Cristiandad.

Desde tiempos de Bodino, la soberanía se convirtió en una especie de tabú jurídico a pesar de su carácter puramente declarativo y dogmático y de su contradictoriedad con el fundamental imperativo ético de un bien específico del género humano. Frente a no pocos obstáculos y restricciones, el Estado moderno mantuvo ese tabú hasta que, a mediados del siglo XX, las grandes potencias se reservaron el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, privando de la soberanía teórica y práctica al resto de los Estados. Posteriormente, las dos superpotencias redujeron la función soberana a una bipolaridad de hecho. La misma Inglaterra hubo de renunciar a su intervención en Suez. Tras la reducción de Rusia a potencia secundaria, sólo queda un Estado moderno que efectivamente es soberano, los Estados Unidos que por doquier -Panamá, Oriente Medio, los Emiratos, o Bosnia- intervienen como árbitro y guardián planetario.
Excepto Estados Unidos ¿qué gobierno es efectivamente soberano, o sea, capaz de imponer en última instancia su interpretación de lo justo? Incluso la solitaria superpotencia tropieza con limitaciones como en la guerra del Golfo Pérsico, interrumpida antes del aplastamiento del agresor.

La soberanía fue un arma jurídica que se melló cuando las otras armas la desasistieron. Así es como se ha convertido para casi todos los Estados modernos en una ficción retórica:
ad extra», es decir, frente a los demás, el Estado moderno actual se encuentra limitado por el Derecho internacional contractual, por normativas supranacionales como la europea, por el monopolio real de la coacción en Washington, y por las corrientes de solidaridad internacional como los fondos comunitarios de cohesión o los de ayuda al Tercer Mundo.

Y «ad intra», o sea, frente a los súbditos, el actual Estado moderno está condicionado por los derechos humanos, por la descentralización administrativa y política de los municipios, provincias, regiones y Estados federados, por la aceptación de un permisivismo moral que restringe el poder legislativo, por el pluriculturalismo que relativiza la función docente, por los terrorismos, y por la posibilidad de que los ciudadanos apelen a Tribunales internacionales con capacidad de casar las sentencias de la última instancia estatal.

Al convertirse la soberanía en protocolaria, el Estado moderno ha perdido su nota jurídica definitoria.





4. LA DESNACIONALIZACION



Contrariamente a lo que sugiere la etimología, las naciones no nacen, sino que se hacen. Todas las nacionalidades hispanoamericanas son invenciones decimonónicas. En el siglo XX, Europa asistió al intento de crear nacionalidades como la yugoeslava o la checoeslovaca; en Oriente Medio a otras como la israelita o la jordana, y en Africa la lista sería tan arbitraria como dilatada.

La nación es una realidad dinámica que consiste en la voluntad colectiva de asumir un protagonismo histórico universal, fundada en una comunidad de tradiciones e intereses. Esa voluntad, nunca unánime, está siempre movida por una minoría ambiciosa de poder que fomenta una especie de macro-
egoísmo social. En el siglo XIX se formuló el llamado principio de las nacionalidades, según el cual toda nación tiene derecho a constituirse en Estado soberano. Pero antes de la declaración de tan infundado principio, los creadores del Estado moderno trataron de homogeneizar su base demográfica, ya que no étnicamente, sí culturalmente. A tal propósito respondió la expulsión de los judíos, de los musulmanes y de los moriscos en España, o la imposición del francés sobre otras lenguas en la Galia del siglo XVI. Las naciones, aunque fundadas en coincidencias previas, han solido ser creaciones del Estado moderno y no al revés. De los dos centenares de miembros de la ONU, apenas veinte tenían conciencia nacional antes de la I guerra mundial.

Esas naciones, esforzadamente configuradas durante medio milenio de historia occidental, se encuentran amenazadas por regionalismos secesionistas y por superaciones ecuménicas. Algunos autonomismos, como el corso, tienen antecedentes remotos; pero tanto los antiguos como los que lo son menos o son simplemente recientes, tienden ahora a radicalizarse porque el Estado moderno ha relajado su tensión cohesiva y ha debilitado o perdido su conciencia de un destino. En toda Europa, desde los Urales hasta el Atlántico, aparecen regionalismos que ponen en entredicho la apoyatura nacional del Estado moderno. Y, como remedando la Historia a escala reducida, en esos regionalismos se insinúan corrientes contrapuestas, ya localistas (León frente a Castilla), ya imperialistas (Euskalerria ante Navarra). Esos procesos de desvertebración debilitan la específica apoyatura social del Estado moderno.

Por otro lado, el Estado moderno se encuentra incapaz de afrontar problemas de superior dimensión como la ecología, la droga, las epidemias, la guerra, las materia primas, las comunicaciones, la ciencia, la técnica, y el equilibrio económico. Ante estos tercos retos de la realidad se desencadenan movimientos sociales supranacionales a los que el Estado moderno ha de plegarse y encaminarse hacia configuraciones plurinacionales como la Unión Europea. Entre la nación fragmentada y las comunidades supranacionales ¿qué queda en la base del Estado moderno? Lo poco que subsiste adolece de precariedad. Entre el andalucismo y el europeismo, la nación española de las Cortes de Cádiz se desintegra y, a la vez, se subsume.

A las contrapuestas fuerzas localistas y cosmopolitas se une el viejo fenómeno de las migraciones, esta vez claramente rompedoras de la homogeneidad nacional: amerindios en Estados Unidos, norteafricanos en Francia, turcos en Alemania, asiáticos en Rusia, etc. Siglos de convivencia y de programas activos aun no han logrado integrar en América a los negros, los latinos, los anglosajones y los indígenas. Ni siquiera estos últimos -un pluriverso de etnias y lenguas- se sienten miembros de una comunidad solidaria. Las migraciones masivas, aunque coactivamente frenadas en este fin de siglo, son otro factor de desnacionalización del Estado moderno.

La otra nota definitoria del Estado moderno, la nacional, no se ha tornado menos problemática que las fronteras o la soberanía. Es una forma política en trance de agotamiento para la Europa que la inventó. La metamorfosis en un super-Estado culturalmente heterogéneo, abierto a una constante ampliación de fronteras, y sometido a una lenta reducción de autarquía es seguramente el último acto del Estado moderno.

Este proceso es evidente a escala continental europea; pero es más difuso allí donde el Estado moderno aún no ha cumplido su ciclo, por ejemplo, en América. Los otros continentes ¿seguirán más o menos veloces, como hasta ahora, el camino desbrozado por el viejo mundo? Es lo probable.

5. EL SUPERESTADO



La unión Europea prefigura la forma política que sucederá al Estado moderno. No será lo mismo con mayor dimensión puesto que carece del territorialismo, de la unitaria pretensión soberana, y de la intención nacionalizadora. Ha periclitado la lucha por esa extensión de fronteras a expensas de otros, que caracterizó al Estado moderno. La Europa unida no ha cesado de ampliarse. Después de Polonia ¿por qué no Turquía o Ucrania y, más tarde, Rusia quizás con sus apéndices asiáticos? ¿Por qué no Hispanoamérica de la mano de España y de Portugal? Y así sucesivamente. La rígida territorialidad no es un carácter de la futura configuración política.

Ese superestado europeo, tan vinculado económica y militarmente a los Estados Unidos, no se presenta como un candidato a la bipolaridad en sustitución de Rusia; no es una voluntad soberana frente a la norteamericana. Tampoco es una soberanía contra los restos macrofeudales de los antiguos Estados modernos cuyas peculiaridades no sólo se respetan, sino que se fragmentan en regionalismos más o menos folklóricos. No es ni una confederación de estructuras que conservan sus soberanías, ni una federación que configura una pugnaz soberanía nueva. La absolutista noción de soberanía no se aplica a una forma política respetuosa del ordenamiento jurídico internacional y de los derechos humanos, y que renuncia a la guerra como instrumento político. Desde el punto de vista jurídico, la Unión Europea es una forma «sui generis», no una manifestación gigante del Estado moderno.

El superestado no se asienta sobre una nación, ni pretende nacionalizar por inmersión a las sociedades que lo sostienen. Su tolerancia doctrinal es amplia y se extiende a todo lo opinable y contingente de la cultura, aunque no a su núcleo racional. No puede concebirse a los gobernantes de la Unión Europea como clones políticos ni de Felipe V ni de Sabino Arana. La nacionalidad europea será una noción jurídica, no sociológica. Las peculiaridades locales continuarán evolucionando, quizás limándose aristas; pero no desaparecerán. La idea de nación habrá perdido sentido político y la «plurinacionalidad» de ese Estado será ambigua y marginal. Algo enteramente diverso del Estado moderno.

No se presenta un cambio meramente cuantitativo o de magnitud, sino cualitativo, no menos esencial que el que diferenció a la modernidad del feudalismo.





6. RENOVACION FUNDAMENTAL



Los sometidos a los prejuicios ideológicos de la partitocracia actual cuestionan el democratismo de una forma política como la Unión Europea. Es obvio que los eurócratas tienen pocas analogías con las oligarquías partidistas que controlan el Estado moderno en su etapa actual, probablemente postrera. Son expertos cooptados que se legitiman por su capacidad y no por el sufragio universal a través de las maquinarias partidistas. El sumo ejemplo es el presidente del futuro Banco Central, dotado de poderes decisivos y no elegido por plebiscito continental. Es igualmente obvio que el Parlamento europeo no es vinculante para los eurócratas y que la composición de la Comisión de Bruselas no responde a ninguna de las aritméticas electorales vigentes en democracias como la italiana.

El esquema de Locke, raíz de todos los democratismos contemporáneos, no es aplicable a la Unión Europea. ¿Qué sería de la economía continental si los candidatos a Presidente del Banco Central concurrieran a elecciones con sus respectivos programas sobre inflación, déficit presupuestario, deuda pública, tasas de interés, y fijación de cambios? Los programas de política agrícola ¿podrían someterse al sufragio universal de las mayorías del Este? La Unión Europea no podrá constituirse como un régimen de opinión pública, sino más bien como una logoarquía liberal; no como un modelo representativo de voluntades, sino de intereses reales; más de consultas directas que de delegaciones representativas en las oligarquías partidistas. La estructuración institucional del super-Estado no podrá ser una ampliación de las partitocracias de última generación.

Los inmovilizados en el paternalismo estatista acusan a la Unión Europea de insuficiente espíritu «social», o sea, de escasa voluntad intervencionista para distribuir entre todos el producto de los efectivos creadores de bienes y servicios. El socialismo real y la socialdemocracia ya han dado sus frutos en la URSS y en el Occidente keynesiano: terror y miseria de un lado, y paro y estancamiento con inflación del otro. Y una experiencia secular ha demostrado que los funcionarios son peores empresarios que los propietarios. La forma política que suceda al Estado moderno estará más en la línea liberal del Estado mínimo que en la absorbente y reglamentista del Estado providencia.

Los postulados de la legitimación partitocrática y del intervencionismo burocrático pertenecen a la postrera configuración del Estado moderno, se mantienen tópica y acríticamente, y han de ser sustituidos por otros en la forma política que se avecina: tecnificación, despolitización, descentralización, liberalización, y democracia directa.

Tecnificación significa que todos los gestores públicos sean expertos en la materia a ellos encomendada, la erradicación del amiguismo y de la supuesta polivalencia universal, y un reciclaje periódico para adaptar los funcionarios a los problemas sobrevenidos y a los nuevos conocimientos. También valoraciones de operatividad. El Estado no puede exigir a sus emplea-dos menos que cualquier empresa eficiente, ni convertirse en refugio de mediocridades y, menos aún, en receptáculo de parados encubiertos.

Despolitización significa designación de los funcionarios públicos por oposición ante tribunales capacitados y objetivos, ascensos por oposición restringida teniendo también en cuenta la antigüedad, e inamovilidad en los empleos salvo expediente sancionador. Significa autogobierno de los cuerpos de la Administración, especialmente de la judicatura, sin ingerencias políticas.

Significa reducción a un mínimo de los altos cargos de libre designación que, además, deberán ser seleccionados entre las categorías superiores de los respectivos escalafones. Significa el carácter vitalicio de los miembros del Tribunal Constitucional y la creación de instancias independientes como la del Banco Central, y comisiones «ad hoc» de expertos no partidistas. Significa disminución del margen de discreccionalidad administrativa, responsabilidad civil y penal de los funcionarios, y posibilidad de cese o jubilación anticipada en caso de ineficacia o extinción del cometido.

Descentralización significa que el Estado no se adjudique misiones que puedan cumplir los cuerpos intermedios. Significa delegaciones permanentes a los municipios, provincias y regiones con garantías de apelación administrativa y contenciosa. Significa globalización de lo esencial y común, dispersión de lo accidental y privativo.

Liberalización significa que el Estado no asuma función alguna que puedan desempeñar las personas individuales o jurídicas, que se abstenga de ser empresario, que sólo reglamente coactivamente lo estrictamente indispensable, que garantice el libre mercado, evite los monopolios, reduzca el gasto público y la presión fiscal, y que induzca a las partes en conflicto a pactar el marco de sus relaciones. Significa que cada ciudadano asuma sus propias responsabilidades sin esperar casi todo de los poderes públicos. Significa no encorsetar la iniciativa privada y dejar que la eficiencia premie o sancione a los actores económicos.

Democracia directa significa participación del gobernado en la administración local sin intermediarios, vinculación permanente del representante con el representado, periódica rendición de cuentas del diputado y posible revocación del mandato, frecuente recurso al plebiscito, al referéndum y a la iniciativa popular, y reducción temporal y renovación limitada de los cargos electivos para evitar la cristalización y burocratización de la clase gobernante y su distanciamiento de la sociedad. Significa que la política sea un honor y un servicio, no una profesión con pingüe nómina.

En suma, la superación del Estado moderno implica una mutación de mentalidad política porque no es una simple extrapolación arcaizante de esquemas institucionales que han agotado sus potencialidades y concluido su ciclo.

En este contexto, la reinvención de naciones como soporte de soberanías imaginarias, la construcción de miniestados con aldeanismos e impermeabilizaciones culturales, los encastillamientos insolidarios, los narcisismos folklóricos, las barreras lingüísticas, los irredentismos territoriales y otras veleidades adolecerían de involución histórica.



Gonzalo Fernández de la Mora




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