Experiencias organicistas en Chile

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Experiencias organicistas en Chile

Por C. Medina Valverde

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Experiencias organicistas en Chile

I. INTRODUCCION



Durante los años 1930-1940 el sentido concreto y vigoroso de la propiedad empezó a perderse, probable corolario de la gran crisis mundial de 1929. El debilitamiento de la propiedad como defensa efectiva de la libertad trajo el cercenamiento de ésta, y las ideas sustentadoras del valor de la persona y de sus atributos esenciales se perdieron en la vorágine de las palabras encendidas, de las exaltaciones comunitarias y de la explotación de las insatisfacciones sociales. Las simpatías intelectuales hacia un socialismo que podía ser desde blanco y sentimental hasta comunista y marxista habían surgido varios años antes.

En aquellos años se asiste, además, al protagonismo del Partido Radical, conseguido mediante las políticas de coalición 2. Desde el punto de vista ideológico, entre 1938 y 1947 Chile había vivido un clima de descontento y frustración como consecuencia de un proyecto político que aspiraba a conjugar un vasto programa de industrialización con programa de viviendas populares, mejoras de la previsión, salud pública, legislación protectora de los trabajadores, mayor cobertura educacional, sindicalización, negociación colectiva, huelga, etc. 3.

El impulso a la intervención del Estado y la fiscalización económica y social del Gobierno fue tomando fuerza bajo el Frente Popular, iniciado en 1938. Sin embargo, la intervención estatal se realiza en las administraciones de Arturo Alessandri, de Carlos Ibáñez y también en la efímera república socialista. Durante la época de los gobiernos del Partido Radical (1938-1952) el fomento estatal de las inversiones básicas, el riguroso control cambiario, de precios e intereses, y la aplicación de los organismos del Estado -fiscales, semifiscales o parafiscales- fueron estrechando el margen efectivo para el desenvolvimiento de la actividad de los particulares. Muchas nuevas industrias crecieron protegidas arancelariamente y dependían del Estado en varios sentidos 4. El aumento de las aspiraciones sociales no respaldadas por la productividad desató presiones inflacionarias. La lucha por escapar a los efectos devastadores de la inflación produjo víctimas entre los más desamparados. Para muchos, el paradigma estatista aparecía discriminatorio y excluyente.

El Partido Radical, como consecuencia de su política ambigua, de su burocratización, del uso de prácticas discrecionales y controvertidas, de la primacía de los intereses particulares, de la utilización de los órganos del Estado y de su capacidad para constituir alianzas, generó y favoreció un enconado sentimiento contra los partidos que también fue abonado por la derecha y por la izquierda. En efecto, la primera defendía proyectos que favorecían su posición, mientras que la segunda a través de la proscripción del Partido Comunista y de las sucesivas divisiones del socialismo, aparecía ante la opinión pública con una imagen deteriorada. Esta situación provocó en la ciudadanía un sentimiento antioligárquico que ponía en tela de juicio la capacidad modernizadora de la clase dirigente y revelaba la necesidad de que sus demandas por reivindicaciones sociales y económicas fueran atendidas fuera del foro político 5.

Este panorama de desencanto y frustración permitió configurar colectividades que aspiraban a reformas reales. A partir de 1930 las masas que no se sentían reflejadas por los cuadros partidistas de la época iniciaron la búsqueda de nuevas fórmulas institucionales que se mostraran capaces de responder a sus requerimientos. De este modo, y a la sombra de tendencias socialcristianas y nacionalistas, aparecieron posiciones abiertamente refractarias al sistema partitocrático. Así, por ejemplo, a los partidos históricos (Radical, Conservador y Liberal) se les reprochaba su estructuración a partir de políticas de círculo, su carencia de perspectiva y el haberse quedado entrampados en las querellas doctrinarias decimonónicas. Si bien sólo algunas de estas posturas críticas mostraban un sustrato ideológico medianamente perfilado, en términos generales la mayoría de estas posiciones deseaban rearticular al electorado.

En la década del 1930 surgió la idea de participar activamente en las decisiones de gobierno, a través de la representación corporativa de matriz social cristiana 6. Se sostuvo que la crisis de 1929 había determinado un cambio substancial en el régimen económico, acentuando los criterios individualistas y afectando a empresarios y obreros. Por esos años, la política de masas, la propagación del marxismo, el auge del Partido Radical, el intervencionismo estatal y una inadecuada respuesta legal al «problema social» atentaban fuertemente contra las organizaciones gremiales y empresariales 7. Efectivamente, la crisis había provocado en Chile una astenia económica y una transformación industrial y comercial, por eso era indispensable una organización amplia para velar por el desarrollo económico. Se imponía la necesidad de participar activamente en los destinos nacionales.

La coyuntura de 1932, año de la crisis salitrera, permitió el nacimiento y posterior desarrollo del movimiento comunista, abonado por la gastada capacidad de mando de la aristocracia, por el fracaso de la clase media en su labor gubernativa y por la desilusión de los obreros. El peso de la burocracia había asfixiado a las fuerzas creadoras de riqueza, y el intervencionismo estatal, además de lesionar a la iniciativa privada, se había mostrado incapaz de detener la inflación.

Era preciso establecer una comunidad de intereses entre patronos y obreros. De este modo, el cooperativismo agrario -por ejemplo- aspiraba a crear un conglomerado amplio de organizaciones gremiales de diferentes sectores empresariales, que permitiría tener acceso a la toma de decisiones en los negocios públicos 8. La idea corporativa asume un papel preponderante como método para corregir rumbos y señalar rutas, debiendo siempre -se afirmaba entonces- responder a las necesidades de aquellos a quienes afecta o beneficia, de modo que asegure la armonía y la equidad. Así «el gremio será el intermediario entre el ciudadano y el Estado, el vocero legítimo de las aspiraciones del trabajo. De su seno saldrán representaciones genuinas y no delegaciones desvinculadas de la masa ciudadana» 9. La organización gremial, debido a su experiencia y a su propia realidad, estaba mejor capacitada para corregir las desviaciones que las leyes laborales presentaban en la práctica. Además, podía conjurar la lucha de clases mediante la conexión de los intereses de obreros y patrones, sobre la base de orden, justicia y jerarquía. Se buscaba una concordancia de los «hombres del trabajo». Este corporativismo, enriquecido por la influencia del social cristianismo, postulaba la configuración de un Estado fundado sobre la actividad laboral, en el cual el gremio sería el intermediario entre el capital y el trabajo; de este modo -se decía- los trabajadores estarían alejados de la influencia de teorías igualitarias, de disputas sociales y de los errados conceptos reivindicatorios del movimiento comunista. Así: «nosotros estamos por un Estado que controle, estimule y que promueva la organización activa y la participación efectiva en un sistema corporativo» 10.

En Chile, quizás por la esclerosis parlamentaria, por sus fundamentos eclesiásticos o por su papel crítico frente al liberalismo extremo, el corporativismo despertó amplias simpatías y fue tema intelectual obligado. Por lo demás, en el ambiente católico, las encíclicas sociales. Rerum Novarum y Quadragesimo Anno, contenían una severa crítica al liberalismo 11.

Frente a este tema el profesor Cristian Garay Vera ha destacado que «entre 1932 y 1952 la revista Estudios, por ejemplo, postuló la conveniencia del establecimiento de un Consejo Económico Nacional formado por los grupos gremiales y por los trabajadores. A esta idea concurrieron intelectuales y políticos nacionalistas que encontraron en el tradicionalismo hispánico una veta doctrinaria riquísima. La idea fundamental de Estudios, es decir, su corporativismo económico, constituyó el nexo entre los grupos nacionalistas seguidores del caudillo Ibáñez y la postura tradicionalista de los intelectuales católicos de aquellos años. Así grupos católicos importantes de la época como la Liga Social y la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos (ANEC) eran corporativistas 12.





II. LOS INTERESES DEL AGRO Y LA UNIDAD EMPRESARIAL



Entre 1930 y 1940 la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) comprendió la necesidad de cambiar su fisonomía esencialmente técnica y readecuarse frente a las modificaciones económicas y sociales que se producían en el país. Entre dichos años aumentó el número de miembros de la entidad de 1.920 a 3.646, para constituirla en un auténtico grupo de presión. Se crearon secciones especializadas capaces de satisfacer los intereses de los propietarios agrícolas, tales como: la sección comercial, para créditos; las secciones avícolas y lecheras; y se obtuvo la explotación cooperativa de las covaderas. Se liquidaron las operaciones pendientes con la Caja Hipotecaria, aumentando el patrimonio de la SNA y asegurando los bienes raíces donde funcionaban la Estación Experimental Agrícola (1925) y el Instituto Biológico (1920), organismos que produjeron excelentes servicios y beneficios económicos para el país y que fueron elogiados por el Boletín del Instituto Internacional de Agricultura de Roma en 1934.

Además se trató de vincular a todas las ramas de la economía privada en un solo programa de acción con el claro propósito de intervenir en la marcha del Estado. Para ello se dieron a conocer los puntos de vista del sector a través de la publicación oficial de los agricultores; El Boletín de la SNA, que en abril de 1933 comenzó a llamarse El Campesino. Sin embargo, fue la adquisición de una estación de radio en 1936, lo que permitió una difusión a nivel nacional de las aspiraciones de los propietarios agrícolas. La idea era dar a la industria agraria peso en las decisiones de interés nacional con el carácter de fuerza más representativa y extensa dentro de las actividades productoras 13. Este propósito se logró, cuando el Ministerio de Agricultura fue ocupado por tres consejeros de la SNA: Fernando Moller, Arturo Matte y Máximo Valdés.

El lema de acción precisa «La intervención del Estado a través de los gremios organizados», entrañaba un nuevo concepto de la asociación. Los miembros de las diferentes ramas de la producción estimaban que podían influir en los poderes públicos si se confederaban en torno a intereses comunes. De este modo aportarían al Gobierno un conocimiento fidedigno de las necesidades de la economía e impondrían la disciplina en el cumplimiento de las normas de interés ciudadano. Por otra parte, sería el cauce que llevaría ante el poder público el sentir de las fuerzas económicas nacionales. Los productores reconocieron la utilidad de la intervención estatal en los casos en que la iniciativa particular era ineficente o en que se veía perturbada la relación económica de patronos y obreros, siempre y cuando dicha intervención se ejercitara mediante las directivas de los gremios.

La oposición al impuesto del dos por ciento a las compraventas, que porpiciaba el entonces Ministro de Hacienda Gustavo Ross Santa María, fue la ocasión para que en 1934 se lograra constituir la confederación que uniese a las organizaciones gremiales y empresariales. Esta la integraron la SNA, la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), la Unión Patronal, las Cámaras de Comercio de Santiago y Valparaíso y los comerciantes mayoristas y minoristas. La Confederación de la Producción y del Comercio, actualmente vigente, nacía para unir y fortalecer las fuerzas productivas.

La reunión destinada a dar forma al organismo tuvo lugar en el Teatro Miraflores, el 10 de junio de 1934, y concurrieron a ella 629 delegados, representantes de 199 sociedades que constituían la expresión de las diversas ramas económicas. En el discurso fundacional se estableció la cooperación que debía existir entre el capital y el trabajo, así como la necesidad de asegurar la participación de los elementos productores de la dirección de la economía 14.

En el mensaje se precisó que «las fuerzas de la producción y del comercio…se…reunen por primera vez en la historia de nuestra República, y se disponen a emprender el camino que ha de llevarlas a pesar decididamente en la vida del país. Y agregaba que «el Estado no puede convertirse en estrangulador de las iniciativas de los ciudadanos; porque no es posible que el tesón y los desvelos de los que queremos salvar y acrecentar el poder productor de Chile se esterilicen por el predominio burocrático y se entreguen mansamente a la cuchilla implacable de la ambición política 15.

Con la creación de la institución se permitió que representantes de las diversas actividades productivas formaran parte de organismos de estudio del Gobierno y, posteriormente, en las comisiones de análisis de tratados comerciales internacionales. Entre las obras realizadas por la entidad destacan, entre otras: Fundación de la Confederación Central de la Producción y del Comercio (1943); Convención de Productores y Comerciantes; creación del Consejo de Economía Nacional (1934); campaña nacional para el reajuste tributario y eliminación de la contribución a las ventas; y la aprobación de las bases para los proyectos de salario mínimo y mejoramiento social de la masa obrera (años 1936, 1937 y 1938).

El objetivo era constituirse en un grupo que influyera sobre el poder Ejecutivo, de modo que les permitiera asegurar ciertos derechos y abogar por reformas. Por lo demás, la verdadera importancia de la Confederación derivó de las propuestas de reforma institucional y de la postulación de un sistema de colaboración entre la iniciativa privada y el Estado.

En 1939 los esfuerzos unitarios cristalizaron en el Tercer Congreso de Agricultores, realizado en Santiago en el mes de octubre. A él concurrieron doce mil delegados de todo el país y se contó en la sesión inaugural con la presencia del entonces Presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda 16.





III. LA PROPUESTA PROGRAMATICA: EL CONSEJO DE ECONOMIA NACIONAL



Uno de los objetivos de la convención era configurar un sistema armónico de relaciones solidarias entre la industria y el comercio, a fin de aumentar su capacidad económica. Para lograr tal aspiración se había creado la Confederación, lugar de convergencia y máxima expresión de los gremios. En septiembre de 1934 una comisión presentó al Gobierno el proyecto. Se le concibió como un organismo colegiado cuya composición debía reflejar la realidad existente en el campo productor. Es decir, la entidad debía contemplar la representación auténtica y eficiente de todos los elementos fundamentales que concurrían a la producción y demás funciones económico-sociales.

En el fondo, se aspiraba a convertir la institución en un medio oficial para influir en la dirección del gobierno y en su política económica. Con dicho instrumento la Confederación podría cristalizar el orden corporativo y la defensa de los hombres de trabajo 17.

El Consejo debía poseer autonomía y facultades específicas que le permitiesen la conducción económica del país y que, a la vez, lo capacitaran para actuar como órgano regulador en la legislación laboral y en la política tributaria. El Consejo podría influir directamente en el Estado. Al estar formado por los integrantes de los grupos de la Confederación se constituiría en un organismo oficial que encauzaría la política económica del Gobierno 18.

Los objetivos de dicho organismo eran establecer la necesaria coordinación entre la industria y el comercio; dictar a estos sus propias normas en materia de costos de producción, salarios y precios; proponer y estudiar las reformas que se considere indispensable introducir en la legislación tributaria; elevar la capacidad productiva del país, mediante la aplicación de los mercados internos y externos. El Consejo Nacional de Economía debía considerar en conjunto una política nacional de rentas, su movilización y trasformación de los créditos y de los intereses y velar para que estos últimos se ajustaran a tasas reducidas y proporcionales al rendimiento. En cuanto a su composición, se estimaba que debían integrarlo representantes de la producción, del comercio y del trabajo; y su organización convocaba exclusivamente a las bases gremiales.

Así el Consejo era un organismo supralegislativo, ya que ninguna moción parlamentaria podría tramitarse sin el informe de éste. Ello significaba no tan solo el advenimiento de un régimen corporativo, sino también la implantación de una economía dirigida.



Cristián Medina Valverde




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