Experiencias
organicistas en Chile
I.
INTRODUCCION
Durante los años 1930-1940 el sentido concreto y
vigoroso de la propiedad empezó a perderse, probable
corolario de la gran crisis mundial de 1929. El
debilitamiento de la propiedad como defensa efectiva de
la libertad trajo el cercenamiento de ésta, y las ideas
sustentadoras del valor de la persona y de sus atributos
esenciales se perdieron en la vorágine de las palabras
encendidas, de las exaltaciones comunitarias y de la
explotación de las insatisfacciones sociales. Las
simpatías intelectuales hacia un socialismo que podía
ser desde blanco y sentimental hasta comunista y marxista
habían surgido varios años antes.
En aquellos años se asiste, además, al protagonismo del
Partido Radical, conseguido mediante las políticas de
coalición 2. Desde el punto de vista ideológico, entre
1938 y 1947 Chile había vivido un clima de descontento y
frustración como consecuencia de un proyecto político
que aspiraba a conjugar un vasto programa de
industrialización con programa de viviendas populares,
mejoras de la previsión, salud pública, legislación
protectora de los trabajadores, mayor cobertura
educacional, sindicalización, negociación colectiva,
huelga, etc. 3.
El impulso a la intervención del Estado y la
fiscalización económica y social del Gobierno fue
tomando fuerza bajo el Frente Popular, iniciado en 1938.
Sin embargo, la intervención estatal se realiza en las
administraciones de Arturo Alessandri, de Carlos Ibáñez
y también en la efímera república socialista. Durante
la época de los gobiernos del Partido Radical
(1938-1952) el fomento estatal de las inversiones
básicas, el riguroso control cambiario, de precios e
intereses, y la aplicación de los organismos del Estado
-fiscales, semifiscales o parafiscales- fueron
estrechando el margen efectivo para el desenvolvimiento
de la actividad de los particulares. Muchas nuevas
industrias crecieron protegidas arancelariamente y
dependían del Estado en varios sentidos 4. El aumento de
las aspiraciones sociales no respaldadas por la
productividad desató presiones inflacionarias. La lucha
por escapar a los efectos devastadores de la inflación
produjo víctimas entre los más desamparados. Para
muchos, el paradigma estatista aparecía discriminatorio
y excluyente.
El Partido Radical, como consecuencia de su política
ambigua, de su burocratización, del uso de prácticas
discrecionales y controvertidas, de la primacía de los
intereses particulares, de la utilización de los
órganos del Estado y de su capacidad para constituir
alianzas, generó y favoreció un enconado sentimiento
contra los partidos que también fue abonado por la
derecha y por la izquierda. En efecto, la primera
defendía proyectos que favorecían su posición,
mientras que la segunda a través de la proscripción del
Partido Comunista y de las sucesivas divisiones del
socialismo, aparecía ante la opinión pública con una
imagen deteriorada. Esta situación provocó en la
ciudadanía un sentimiento antioligárquico que ponía en
tela de juicio la capacidad modernizadora de la clase
dirigente y revelaba la necesidad de que sus demandas por
reivindicaciones sociales y económicas fueran atendidas
fuera del foro político 5.
Este panorama de desencanto y frustración permitió
configurar colectividades que aspiraban a reformas
reales. A partir de 1930 las masas que no se sentían
reflejadas por los cuadros partidistas de la época
iniciaron la búsqueda de nuevas fórmulas
institucionales que se mostraran capaces de responder a
sus requerimientos. De este modo, y a la sombra de
tendencias socialcristianas y nacionalistas, aparecieron
posiciones abiertamente refractarias al sistema
partitocrático. Así, por ejemplo, a los partidos
históricos (Radical, Conservador y Liberal) se les
reprochaba su estructuración a partir de políticas de
círculo, su carencia de perspectiva y el haberse quedado
entrampados en las querellas doctrinarias decimonónicas.
Si bien sólo algunas de estas posturas críticas
mostraban un sustrato ideológico medianamente perfilado,
en términos generales la mayoría de estas posiciones
deseaban rearticular al electorado.
En la década del 1930 surgió la idea de participar
activamente en las decisiones de gobierno, a través de
la representación corporativa de matriz social cristiana
6. Se sostuvo que la crisis de 1929 había determinado un
cambio substancial en el régimen económico, acentuando
los criterios individualistas y afectando a empresarios y
obreros. Por esos años, la política de masas, la
propagación del marxismo, el auge del Partido Radical,
el intervencionismo estatal y una inadecuada respuesta
legal al «problema social» atentaban fuertemente contra
las organizaciones gremiales y empresariales 7.
Efectivamente, la crisis había provocado en Chile una
astenia económica y una transformación industrial y
comercial, por eso era indispensable una organización
amplia para velar por el desarrollo económico. Se
imponía la necesidad de participar activamente en los
destinos nacionales.
La coyuntura de 1932, año de la crisis salitrera,
permitió el nacimiento y posterior desarrollo del
movimiento comunista, abonado por la gastada capacidad de
mando de la aristocracia, por el fracaso de la clase
media en su labor gubernativa y por la desilusión de los
obreros. El peso de la burocracia había asfixiado a las
fuerzas creadoras de riqueza, y el intervencionismo
estatal, además de lesionar a la iniciativa privada, se
había mostrado incapaz de detener la inflación.
Era preciso establecer una comunidad de intereses entre
patronos y obreros. De este modo, el cooperativismo
agrario -por ejemplo- aspiraba a crear un conglomerado
amplio de organizaciones gremiales de diferentes sectores
empresariales, que permitiría tener acceso a la toma de
decisiones en los negocios públicos 8. La idea
corporativa asume un papel preponderante como método
para corregir rumbos y señalar rutas, debiendo siempre
-se afirmaba entonces- responder a las necesidades de
aquellos a quienes afecta o beneficia, de modo que
asegure la armonía y la equidad. Así «el gremio será
el intermediario entre el ciudadano y el Estado, el
vocero legítimo de las aspiraciones del trabajo. De su
seno saldrán representaciones genuinas y no delegaciones
desvinculadas de la masa ciudadana» 9. La organización
gremial, debido a su experiencia y a su propia realidad,
estaba mejor capacitada para corregir las desviaciones
que las leyes laborales presentaban en la práctica.
Además, podía conjurar la lucha de clases mediante la
conexión de los intereses de obreros y patrones, sobre
la base de orden, justicia y jerarquía. Se buscaba una
concordancia de los «hombres del trabajo». Este
corporativismo, enriquecido por la influencia del social
cristianismo, postulaba la configuración de un Estado
fundado sobre la actividad laboral, en el cual el gremio
sería el intermediario entre el capital y el trabajo; de
este modo -se decía- los trabajadores estarían alejados
de la influencia de teorías igualitarias, de disputas
sociales y de los errados conceptos reivindicatorios del
movimiento comunista. Así: «nosotros estamos por un
Estado que controle, estimule y que promueva la
organización activa y la participación efectiva en un
sistema corporativo» 10.
En Chile, quizás por la esclerosis parlamentaria, por
sus fundamentos eclesiásticos o por su papel crítico
frente al liberalismo extremo, el corporativismo
despertó amplias simpatías y fue tema intelectual
obligado. Por lo demás, en el ambiente católico, las
encíclicas sociales. Rerum Novarum y Quadragesimo Anno,
contenían una severa crítica al liberalismo 11.
Frente a este tema el profesor Cristian Garay Vera ha
destacado que «entre 1932 y 1952 la revista Estudios,
por ejemplo, postuló la conveniencia del establecimiento
de un Consejo Económico Nacional formado por los grupos
gremiales y por los trabajadores. A esta idea
concurrieron intelectuales y políticos nacionalistas que
encontraron en el tradicionalismo hispánico una veta
doctrinaria riquísima. La idea fundamental de Estudios,
es decir, su corporativismo económico, constituyó el
nexo entre los grupos nacionalistas seguidores del
caudillo Ibáñez y la postura tradicionalista de los
intelectuales católicos de aquellos años. Así grupos
católicos importantes de la época como la Liga Social y
la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos (ANEC)
eran corporativistas 12.
II. LOS INTERESES DEL AGRO Y LA UNIDAD EMPRESARIAL
Entre 1930 y 1940 la Sociedad Nacional de Agricultura
(SNA) comprendió la necesidad de cambiar su fisonomía
esencialmente técnica y readecuarse frente a las
modificaciones económicas y sociales que se producían
en el país. Entre dichos años aumentó el número de
miembros de la entidad de 1.920 a 3.646, para
constituirla en un auténtico grupo de presión. Se
crearon secciones especializadas capaces de satisfacer
los intereses de los propietarios agrícolas, tales como:
la sección comercial, para créditos; las secciones
avícolas y lecheras; y se obtuvo la explotación
cooperativa de las covaderas. Se liquidaron las
operaciones pendientes con la Caja Hipotecaria,
aumentando el patrimonio de la SNA y asegurando los
bienes raíces donde funcionaban la Estación
Experimental Agrícola (1925) y el Instituto Biológico
(1920), organismos que produjeron excelentes servicios y
beneficios económicos para el país y que fueron
elogiados por el Boletín del Instituto Internacional de
Agricultura de Roma en 1934.
Además se trató de vincular a todas las ramas de la
economía privada en un solo programa de acción con el
claro propósito de intervenir en la marcha del Estado.
Para ello se dieron a conocer los puntos de vista del
sector a través de la publicación oficial de los
agricultores; El Boletín de la SNA, que en abril de 1933
comenzó a llamarse El Campesino. Sin embargo, fue la
adquisición de una estación de radio en 1936, lo que
permitió una difusión a nivel nacional de las
aspiraciones de los propietarios agrícolas. La idea era
dar a la industria agraria peso en las decisiones de
interés nacional con el carácter de fuerza más
representativa y extensa dentro de las actividades
productoras 13. Este propósito se logró, cuando el
Ministerio de Agricultura fue ocupado por tres consejeros
de la SNA: Fernando Moller, Arturo Matte y Máximo
Valdés.
El lema de acción precisa «La intervención del Estado
a través de los gremios organizados», entrañaba un
nuevo concepto de la asociación. Los miembros de las
diferentes ramas de la producción estimaban que podían
influir en los poderes públicos si se confederaban en
torno a intereses comunes. De este modo aportarían al
Gobierno un conocimiento fidedigno de las necesidades de
la economía e impondrían la disciplina en el
cumplimiento de las normas de interés ciudadano. Por
otra parte, sería el cauce que llevaría ante el poder
público el sentir de las fuerzas económicas nacionales.
Los productores reconocieron la utilidad de la
intervención estatal en los casos en que la iniciativa
particular era ineficente o en que se veía perturbada la
relación económica de patronos y obreros, siempre y
cuando dicha intervención se ejercitara mediante las
directivas de los gremios.
La oposición al impuesto del dos por ciento a las
compraventas, que porpiciaba el entonces Ministro de
Hacienda Gustavo Ross Santa María, fue la ocasión para
que en 1934 se lograra constituir la confederación que
uniese a las organizaciones gremiales y empresariales.
Esta la integraron la SNA, la Sociedad de Fomento Fabril
(SOFOFA), la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), la
Unión Patronal, las Cámaras de Comercio de Santiago y
Valparaíso y los comerciantes mayoristas y minoristas.
La Confederación de la Producción y del Comercio,
actualmente vigente, nacía para unir y fortalecer las
fuerzas productivas.
La reunión destinada a dar forma al organismo tuvo lugar
en el Teatro Miraflores, el 10 de junio de 1934, y
concurrieron a ella 629 delegados, representantes de 199
sociedades que constituían la expresión de las diversas
ramas económicas. En el discurso fundacional se
estableció la cooperación que debía existir entre el
capital y el trabajo, así como la necesidad de asegurar
la participación de los elementos productores de la
dirección de la economía 14.
En el mensaje se precisó que «las fuerzas de la
producción y del comercio…se…reunen por
primera vez en la historia de nuestra República, y se
disponen a emprender el camino que ha de llevarlas a
pesar decididamente en la vida del país. Y agregaba que
«el Estado no puede convertirse en estrangulador de las
iniciativas de los ciudadanos; porque no es posible que
el tesón y los desvelos de los que queremos salvar y
acrecentar el poder productor de Chile se esterilicen por
el predominio burocrático y se entreguen mansamente a la
cuchilla implacable de la ambición política 15.
Con la creación de la institución se permitió que
representantes de las diversas actividades productivas
formaran parte de organismos de estudio del Gobierno y,
posteriormente, en las comisiones de análisis de
tratados comerciales internacionales. Entre las obras
realizadas por la entidad destacan, entre otras:
Fundación de la Confederación Central de la Producción
y del Comercio (1943); Convención de Productores y
Comerciantes; creación del Consejo de Economía Nacional
(1934); campaña nacional para el reajuste tributario y
eliminación de la contribución a las ventas; y la
aprobación de las bases para los proyectos de salario
mínimo y mejoramiento social de la masa obrera (años
1936, 1937 y 1938).
El objetivo era constituirse en un grupo que influyera
sobre el poder Ejecutivo, de modo que les permitiera
asegurar ciertos derechos y abogar por reformas. Por lo
demás, la verdadera importancia de la Confederación
derivó de las propuestas de reforma institucional y de
la postulación de un sistema de colaboración entre la
iniciativa privada y el Estado.
En 1939 los esfuerzos unitarios cristalizaron en el
Tercer Congreso de Agricultores, realizado en Santiago en
el mes de octubre. A él concurrieron doce mil delegados
de todo el país y se contó en la sesión inaugural con
la presencia del entonces Presidente de la República,
Pedro Aguirre Cerda 16.
III. LA PROPUESTA PROGRAMATICA: EL CONSEJO DE ECONOMIA
NACIONAL
Uno de los objetivos de la convención era configurar un
sistema armónico de relaciones solidarias entre la
industria y el comercio, a fin de aumentar su capacidad
económica. Para lograr tal aspiración se había creado
la Confederación, lugar de convergencia y máxima
expresión de los gremios. En septiembre de 1934 una
comisión presentó al Gobierno el proyecto. Se le
concibió como un organismo colegiado cuya composición
debía reflejar la realidad existente en el campo
productor. Es decir, la entidad debía contemplar la
representación auténtica y eficiente de todos los
elementos fundamentales que concurrían a la producción
y demás funciones económico-sociales.
En el fondo, se aspiraba a convertir la institución en
un medio oficial para influir en la dirección del
gobierno y en su política económica. Con dicho
instrumento la Confederación podría cristalizar el
orden corporativo y la defensa de los hombres de trabajo
17.
El Consejo debía poseer autonomía y facultades
específicas que le permitiesen la conducción económica
del país y que, a la vez, lo capacitaran para actuar
como órgano regulador en la legislación laboral y en la
política tributaria. El Consejo podría influir
directamente en el Estado. Al estar formado por los
integrantes de los grupos de la Confederación se
constituiría en un organismo oficial que encauzaría la
política económica del Gobierno 18.
Los objetivos de dicho organismo eran establecer la
necesaria coordinación entre la industria y el comercio;
dictar a estos sus propias normas en materia de costos de
producción, salarios y precios; proponer y estudiar las
reformas que se considere indispensable introducir en la
legislación tributaria; elevar la capacidad productiva
del país, mediante la aplicación de los mercados
internos y externos. El Consejo Nacional de Economía
debía considerar en conjunto una política nacional de
rentas, su movilización y trasformación de los
créditos y de los intereses y velar para que estos
últimos se ajustaran a tasas reducidas y proporcionales
al rendimiento. En cuanto a su composición, se estimaba
que debían integrarlo representantes de la producción,
del comercio y del trabajo; y su organización convocaba
exclusivamente a las bases gremiales.
Así el Consejo era un organismo supralegislativo, ya que
ninguna moción parlamentaria podría tramitarse sin el
informe de éste. Ello significaba no tan solo el
advenimiento de un régimen corporativo, sino también la
implantación de una economía dirigida.
Cristián Medina Valverde
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