Azaña tergiversado

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Azaña tergiversado

Por J.A. Cepeda

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Azaña tergiversado

En la introducción de Los Cuadernos robados, de Azaña, libro editado por Grijalbo Mondadori, el Sr. Santos Juliá, dejándose arrastrar por un absurdo fetichismo o por ignorancia histórica, nos pinta un alcalaíno increible. Y dice: «El tópico de la inestabilidad gubernamental valdrá para el período de la República en que Azaña no fue presidente del Gobierno, pero no para los años en que él ocupó ese puesto».

Asombroso. Azaña es el hombre que impide que las Fuerzas del Orden Público, en mayo de 1931, eviten la quema de iglesias, conventos y centros de enseñanza en Madrid y en otros lugares «La vida de un republicano -dijo- vale más que todos los conventos de España.» Azaña es el que introduce en la Constitución del mismo año el artículo 26, que divide a nuestra Patria y es el primer paso hacia la guerra civil. Es famosa su sentencia: «España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el Estado de forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo». El sofisma lo denuncia De la Cierva: «Acepta que puede haber en España millones de creyentes, pero asegura que España, incluidos esos creyentes, no se rige por el pensamiento católico ni por la cultura católica. Y él, ¿que sabe?».

Azaña somete a la prensa a un control constante y cierra publicaciones amparándose en la Ley de Defensa de la República. Azaña reprime sin contemplaciones, en enero de 1932, la rebeldía del Llobregat y ordena al general jefe de la División Orgánica de Barcelona: «En cuanto lleguen allí las tropas quiero que acabe en menos de diez minutos». Azaña es la triste y provocadora figura que lleva a cabo por decreto y antes de la constitución de nuevas Cortes, una reforma militar provocadora y sectaria, en vez de hacerla con mesura y no «triturando», como dijo en un discurso en Valencia. Azaña es el que elimina a las órdenes y congregaciones religiosas en hospitales y otros centros sanitarios. «Hay que quitarlas de hacer proselitismo».

Azaña logra la citada ley de Defensa de la República para orillar la acción de los tribunales, dejando que el rencoroso Casares Quiroga, Ministro de la Gobernación, obre según su capricho: «No permitiré que nadie actúe contra la República». Y detiene a quienes estima enemigos. «La Ley de Defensa de la República no era un instrumento democrático -escribe también Ricardo de la Cierva- sino una cautela antidemocrática con inclusión de una "ley mordaza" como diríamos hoy».

Azaña asegura poco después: «España es anterior a Recaredo y cuando los últimos vestigios de la posterioridad espiritual de Recaredo hayan desaparecido, España subsistirá.» Otro agravio más, gratuito y fatuo, de ese «estabilizador», según aseguran ahora gentes que manejan la historia como una azada. Azaña es el estabilizador que, cuando se presenta en las Cortes para dar cuenta de lo sucedido en Casas Viejas en enero de 1933 (fusilamiento de hambrientos labriegos desesperados porque el alcalaíno carecía de sentido social), manifiesta al borde del cinismo: «En Casas Viejas sucedió lo que tenía que suceder». No creo que la orden de tiros a la barriga, y ni heridos y prisioneros saliese de él; pero sí del Director General de Seguridad, Arturo Menéndez. Lo más lógico y democrático hubiera sido que Azaña y su Gobierno presentasen la dimisión, pero se amparó en un Parlamento en el que, por el momento, le apoyaban socialistas y radicales. Por encima del Parlamento, está la dignidad, pero Azaña, el estabilizador, prefiere el malabarismo para permanecer en el poder.

Y la estabilidad que Santos Juliá atribuye al alcalaino se pone de manifiesto en octubre de 1934. Azaña conocía lo que iba a suceder en Barcelona y Asturias, pero guardó silencio. Una actitud de tal especie cabe considerarla como un delito de lesa patria. Sabe que peligra la seguridad del Estado y de la sociedad, pero se calla.

Pero aún existen dos pruebas más de la «estabilidad» mantenida por Azaña bajo su gobierno: el golpe de Estado parlamentario al destituir a Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República. Y el período febrero-julio 1936, en el cual, como presidente del gobierno primero y jefe del Estado después, España se convierte en una hoguera. Asesinatos, destrucciones de edificios de periódicos y de partidos políticos, quema de iglesias, atracos, robos en las carreteras a cargo de las llamadas milicias del pueblo, allanamiento de moradas y, por último, la vileza: el asesinato del jefe de la oposición, José Calvo Sotelo, en un camión, el 17, de los Guardias de Asalto de la Plaza de Pontejos. La orden parece que no partió del Gobierno y por tanto, según el militar y académico, Sabino Fernández Campo, no fue el asesinato un crimen de Estado, pero sí una muestra del desorden imperante y de la «estabilidad» de la República de Azaña.

Como broche, la lamentable pasividad del «estabilizador» ante la acción de las checas con asesinatos y robos -y destrucción de 40 iglesias sólo el 19 de julio de 1936- a lo largo de los meses en que el alcalaíno se encuentra como Presidente en Madrid. El gobierno, plegado a la revolución marxista y anarquista, permite los mayores desmanes, que según Ramón Salas, Azaña disculpa a causa de la rebelión misma. «No creo que le bastara para calmar su conciencia», advierte el general e historiador. Y, añade: «El gobierno representaba al Frente Popular y el Frente Popular organizaba y ordenaba las matanzas».

Antes de escribir y hacer afirmaciones categóricas, Santos Juliá debería reflexionar acerca de si merece la pena alterar la historia hasta tales extremos. No ignoro que los progres a la violeta son capaces de manipular los hechos históricos, pero guardar silencio en estos casos equivaldría a convertirse en cómplices de la impostura.



José Antonio Cepeda




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