Azaña
tergiversado
En la
introducción de Los Cuadernos robados, de Azaña, libro
editado por Grijalbo Mondadori, el Sr. Santos Juliá,
dejándose arrastrar por un absurdo fetichismo o por
ignorancia histórica, nos pinta un alcalaíno increible.
Y dice: «El tópico de la inestabilidad gubernamental
valdrá para el período de la República en que Azaña
no fue presidente del Gobierno, pero no para los años en
que él ocupó ese puesto».
Asombroso. Azaña es el hombre que impide que las Fuerzas
del Orden Público, en mayo de 1931, eviten la quema de
iglesias, conventos y centros de enseñanza en Madrid y
en otros lugares «La vida de un republicano -dijo- vale
más que todos los conventos de España.» Azaña es el
que introduce en la Constitución del mismo año el
artículo 26, que divide a nuestra Patria y es el primer
paso hacia la guerra civil. Es famosa su sentencia:
«España ha dejado de ser católica; el problema
político consiguiente es organizar el Estado de forma
tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del
pueblo». El sofisma lo denuncia De la Cierva: «Acepta
que puede haber en España millones de creyentes, pero
asegura que España, incluidos esos creyentes, no se rige
por el pensamiento católico ni por la cultura católica.
Y él, ¿que sabe?».
Azaña somete a la prensa a un control constante y cierra
publicaciones amparándose en la Ley de Defensa de la
República. Azaña reprime sin contemplaciones, en enero
de 1932, la rebeldía del Llobregat y ordena al general
jefe de la División Orgánica de Barcelona: «En cuanto
lleguen allí las tropas quiero que acabe en menos de
diez minutos». Azaña es la triste y provocadora figura
que lleva a cabo por decreto y antes de la constitución
de nuevas Cortes, una reforma militar provocadora y
sectaria, en vez de hacerla con mesura y no
«triturando», como dijo en un discurso en Valencia.
Azaña es el que elimina a las órdenes y congregaciones
religiosas en hospitales y otros centros sanitarios.
«Hay que quitarlas de hacer proselitismo».
Azaña logra la citada ley de Defensa de la República
para orillar la acción de los tribunales, dejando que el
rencoroso Casares Quiroga, Ministro de la Gobernación,
obre según su capricho: «No permitiré que nadie actúe
contra la República». Y detiene a quienes estima
enemigos. «La Ley de Defensa de la República no era un
instrumento democrático -escribe también Ricardo de la
Cierva- sino una cautela antidemocrática con inclusión
de una "ley mordaza" como diríamos hoy».
Azaña asegura poco después: «España es anterior a
Recaredo y cuando los últimos vestigios de la
posterioridad espiritual de Recaredo hayan desaparecido,
España subsistirá.» Otro agravio más, gratuito y
fatuo, de ese «estabilizador», según aseguran ahora
gentes que manejan la historia como una azada. Azaña es
el estabilizador que, cuando se presenta en las Cortes
para dar cuenta de lo sucedido en Casas Viejas en enero
de 1933 (fusilamiento de hambrientos labriegos
desesperados porque el alcalaíno carecía de sentido
social), manifiesta al borde del cinismo: «En Casas
Viejas sucedió lo que tenía que suceder». No creo que
la orden de tiros a la barriga, y ni heridos y
prisioneros saliese de él; pero sí del Director General
de Seguridad, Arturo Menéndez. Lo más lógico y
democrático hubiera sido que Azaña y su Gobierno
presentasen la dimisión, pero se amparó en un
Parlamento en el que, por el momento, le apoyaban
socialistas y radicales. Por encima del Parlamento, está
la dignidad, pero Azaña, el estabilizador, prefiere el
malabarismo para permanecer en el poder.
Y la estabilidad que Santos Juliá atribuye al alcalaino
se pone de manifiesto en octubre de 1934. Azaña conocía
lo que iba a suceder en Barcelona y Asturias, pero
guardó silencio. Una actitud de tal especie cabe
considerarla como un delito de lesa patria. Sabe que
peligra la seguridad del Estado y de la sociedad, pero se
calla.
Pero aún existen dos pruebas más de la «estabilidad»
mantenida por Azaña bajo su gobierno: el golpe de Estado
parlamentario al destituir a Niceto Alcalá-Zamora,
presidente de la República. Y el período febrero-julio
1936, en el cual, como presidente del gobierno primero y
jefe del Estado después, España se convierte en una
hoguera. Asesinatos, destrucciones de edificios de
periódicos y de partidos políticos, quema de iglesias,
atracos, robos en las carreteras a cargo de las llamadas
milicias del pueblo, allanamiento de moradas y, por
último, la vileza: el asesinato del jefe de la
oposición, José Calvo Sotelo, en un camión, el 17, de
los Guardias de Asalto de la Plaza de Pontejos. La orden
parece que no partió del Gobierno y por tanto, según el
militar y académico, Sabino Fernández Campo, no fue el
asesinato un crimen de Estado, pero sí una muestra del
desorden imperante y de la «estabilidad» de la
República de Azaña.
Como broche, la lamentable pasividad del
«estabilizador» ante la acción de las checas con
asesinatos y robos -y destrucción de 40 iglesias sólo
el 19 de julio de 1936- a lo largo de los meses en que el
alcalaíno se encuentra como Presidente en Madrid. El
gobierno, plegado a la revolución marxista y anarquista,
permite los mayores desmanes, que según Ramón Salas,
Azaña disculpa a causa de la rebelión misma. «No creo
que le bastara para calmar su conciencia», advierte el
general e historiador. Y, añade: «El gobierno
representaba al Frente Popular y el Frente Popular
organizaba y ordenaba las matanzas».
Antes de escribir y hacer afirmaciones categóricas,
Santos Juliá debería reflexionar acerca de si merece la
pena alterar la historia hasta tales extremos. No ignoro
que los progres a la violeta son capaces de manipular los
hechos históricos, pero guardar silencio en estos casos
equivaldría a convertirse en cómplices de la impostura.
José Antonio Cepeda
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