CRONICA: La política. Por M. Jiménez Quílez
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CRONICA: La política. nº 91

Por M. Jiménez Quílez

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CRONICA: La política

Tormentas judiciales. En el pasado mes de mayo cayeron sobre España un total de 150.000 rayos, según el Instituto Nacional de Meteorología. En junio, en sólo treinta y seis horas, se registraron 13.824 relámpagos.

El diluvio eléctrico ha coincidido con un verdadero frenesí judicial. Nunca la atención pública se ha visto obligada a seguir las actividades judiciales de manera tan continua y preocupada. Grandes procesos casi simultáneos en sus juicios orales: Filesa; Segundo Marey; Roldán; Pascual Estevill, magistrado del Consejo del Poder Judicial; Urralburu, etc. Contiendas entre polanquinos y antipolanquinos, con vigorosos encontronazos entre jueces; juicio oral por su intervención en los "pufos" financieros de Banesto a Mario Conde…

Por si la atención decae, don Felipe se autonombra defensor, ante el Tribunal Constitucional (en gran parte nombrado por él), del recurso de los condenados por el Supremo; el que va aguantar los embates sin haberse renovado en los plazos que la ley fija...

Los problemas de la Justicia española son muchos y variados. El número uno: el de su independencia del resto de los poderes del Estado, condición sine qua non para que pueda ejercer su misión de juzgar y dar a cada uno lo suyo. Una magistratura sujeta a presiones que puedan torcer su recta decisión no puede admitirse.

La independencia del Poder judicial debe ser reconocida, y quienes la sirven deben ser dignamente remunerados y, desde luego, intachables en su vida personal, familiar y social. Además, hay que dotarlos de medios técnicos para cumplir su función de la mejor manera posible, y con la mayor prontitud.

¿Cumple la Justicia actual estas condiciones? La respuesta es no.

Desde la transición, los esfuerzos por asegurarse el control sobre los magistrados han sido muy vigorosos. Las sucesivas reformas del estamento judicial en la época socialista han dejado profunda y negativa huella. Bajo la etiqueta de "juristas de reconocido prestigio" entraron muchos a formar parte de la Carrera judicial, y no todos con la capacidad necesaria. Los esfuerzos de cada grupo político por incluir en las listas a militantes de sus organizaciones han dejado pésima impronta. Hoy, todavía, se tiene en cuenta el origen del nombramiento de los magistrados para su clasificación política. También deben cortarse las luchas fratricidas entre cuerpos de la Administración de Justicia; y entre miembros de esos cuerpos; el arbitrario calificativo de "progresistas" o "conservador", que ahora prima, debería cesar.

El número de políticos procesados ha superado todos los récods. Por los tribunales han pasado, entre otros, un ex director general de la Guardia Civil, el Gobernador del Banco de España, ex ministros, banqueros muy poderosos, diputados, senadores y también... magistrados. Sentencias ejemplares deben evitar que el descorazonador espectáculo continúe.

Un sondeo del CIS revelaba la mala imagen judicial entre los españoles: el 80 por 100 estimaba que la Justicia no es igual para todos; más de la mitad declaró su poca o ninguna confianza en los jueces; un 41 consideraba que la independencia es baja o muy baja. Más grave era la opinión sustentada por un 35 por 100 de que no suelen actuar con honradez (considero injustas y excesivas estas cifras publicadas). Se comprende que el Rey, en su discurso de fin de año, pidiera apoyo para los jueces "por ser uno de los pilares de la democracia". Mucho más que de la democracia, de la esencia de la pacífica convivencia.

Las pugnas entre los miembros de las carreras no han sido ciertamente favorecedoras de buena opinión: la propia postura del Cuerpo de Fiscales ante muchas decisiones de su Fiscal general; que un magistrado miembro del Consejo General del Poder Judicial ingrese en la cárcel acusado de varios delitos, no contribuye a generar prestigio.

En ningún momento, tal situación tendría justificación. Mucho menos cuando se declara que los juzgados de lo contencioso, por ejemplo, sufren un atasco de 240.000 casos; los jueces declaran que han pedido la captura de 3.500 personas huídas y condenadas.

Tampoco ha contribuido a la estima pública de la Justicia el reciente autoaumento de salarios de la cúpula de la Magistratura. Los 21 consejeros del Poder Judicial se subieron el sueldo en tres millones de pesetas. Se dijo que tal sueldo triplica el de los 500 jueces más modestos. Se argumentó que sus beneficiarios no podían ganar menos que los magistrados del Supremo.

Que el Tribunal Constitucional haya perfilado su actuación, en gran medida, como escalón superior para juzgar las sentencias del Tribunal supremo favorece poco a la Justicia. Si a esa dificultad se añaden las, al parecer, invencibles posibilidades de llegar al consenso en el nombramiento de magistrados de dicho Tribunal, lo que acentua gravemente su condición de Tribunal político, se comprenderá la enorme dificultad añadida de pactos entre los partidos para la designación de los miembros. Nada hay más triste que comprobar en estos días en que se pasa revista a los actuales magistrados del Tribunal en función de sus personales orígenes políticos o de sus padrinos también políticos.

Hasta ahora, no se ha percibido sensación alguna de que los procesos más sonados hayan sido tramitados con exclusiva atención a las normas generales. Con mayor o menor razón se ha dado la imprensión de cierta impunidad. Los grandes personajes han salido y entrado en la cárcel con rapidez. Los condenados por Filesa —y hay que recordar el calvario que para el magistrado instructor significó el proceso— están todos en la calle; en los casos de don Javier de la Rosa ignoro su situación actual después del piélago de autos y decisiones que le han afectado; el proceso que determinó el ingreso en prisión del general Galindo ha permitido que, mediante pago de fianza, esté también en la calle; de Mario Conde, después de cinco meses en prisión, ha gozado de un permiso de fin de semana. Ahora tramita su salida de la cárcel el ex director general de la Guardia Civil porque le ha nacido un niño y el condenado desea conocer mejor a su vástago...



Constitución. Parecía que la conmemoración del XX aniversario de la Constitución iba a ser celebrada con alborozo por sus autores. Se anunció que la Presidencia de las Cortes organizaría una serie de actos importantes para lo que se aprobaría un presupuesto especial. Algunos celebraban la prolongada vigencia de la ley de leyes esgrimiéndola en contra de la fugacidad de los textos constitucionales del siglo XIX. Otros trabajaban ya en una posible modificación de sus preceptos que pusiera límite a las insaciables peticiones de transferencias. Se estimaba que en este campo se había llegado a la linde y que no era posible ir más allá. Quienes así pensaban, no dejaban de tener en cuenta las dificultades de abrir el melón de la reforma constitucional. Pero el texto que rige nuestra vida política ha recibido un gran zarpazo: la llamada Declaración de Barcelona. Representantes del Bloque Nacional Galego, del Partido Nacionalista Vasco y de Convergencia i Unió han firmado un documento que les compromete a luchar por la reforma constitucional hasta lograr que dentro de sus preceptos quepa el propósito pseudo independentista de sus firmantes. Es decir, que si a algunos les parecía mucho lo entregado a las autonomías hasta dejar prácticamente al Gobierno central sin facultades, a ellos les resulta insignificante y proclaman que quieren más, mucho más; en definitiva, todo.

Se recordará que el Estado de las Autonomías y de las "preautonomías" fue pactado como pieza de cambio por la Monarquía que designó Franco. Se la aceptó a cambio de una España autonómica de la que no había ningún antecedente. Ahora, hay ministros nacionales y autonómicos para dar y tomar; no digamos directores generales, subsecretarios y parlamentarios; y se está a punto de que las Autonomías obtengan representación en el exterior.

Para llegar a esta situación se han fingido posiciones políticas que iban desde la aceptación insincera de la unidad nacional hasta la total desvinculación de la España secular. Pero no hay que fingir más: las caretas se han arrojado al suelo y los tres grupos nacionalistas más importantes —dos de ellos ejercen el poder en su territorio— piden que España desaparezca. ¿Lo lograrán? Registramos con dolor que, frente a esta postura, no hay una dialéctica integradora dispuesta a emplearse a fondo. ¡Triste conmemoración constitucional!

La Academia de Ciencias Morales y Políticas ha presentado un importante volumen, muy crítico, sobre la Constitución. En él colaboran algunos de los que intervinieron en su redacción.

El PSOE anuncia que movilizará a sus militantes para defender la Constitución. Acusan al PP de "haber roto las reglas del juego democrático". Vamos a tener plazas y calles de la Constitución a porrillo, pues han pedido a sus alcaldes y presidentes de comunidades autónomas que las "bauticen" con tal nombre, siguiendo la tradición decimonónica.

Gal. A trancas y barrancas, después de una navegación difícil, el juicio oral se ha celebrado y la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado sentencia.

El juez Móner había declarado procesado a José Barrionuevo, ex ministro del Interior, por los presuntos delitos de relación con banda armada, detención ilegal y malversación de fondos. El magistrado encontró "indicios racionales de criminalidad" contra el citado ex ministro por prestar su consentimiento a la organización del Gal e integrarse en este grupo; por ser cooperador necesario en la detención ilegal de Segundo Marey y por consentir que la financiación de esa detención se realizara con fondos reservados del Ministerio que el ex secretario de Estado Rafael Vera entregó al señor Sancristóbal. El fiscal pedía veintitrés años de cárcel para Barrionuevo e idéntica pena para Vera por el citado secuestro.

El ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán, había declarado ante el Tribunal Supremo que el ex presidente del Gobierno, Felipe González, era el organizador del Gal y aseguró que cada vez que Eta cometía un nuevo atentado, Alfonso Guerra le pedía ."más caña" Para Roldán, el ex presidente González se vio asistido en esa tarea por el ex ministro de Defensa Narciso Serra, Alfonso Guerra y José Barrionuevo. También aseguró que el hasta hace poco presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, señor de la Vega, asesoró a Rafael Vera cuando éste trataba de encubrir el asunto.

Previamente a la celebración del juicio oral, el ex presidente González admitió en unas declaraciones que "hubo excesos en la lucha contra ETA, La policía y la Guardia Civil pudieron cometer esos excesos entre 1983 y 1987, que justificó "sólo porque la incipiente democracia española era demasiado débil para frenarlos».

En las semanas anteriores al juicio, se hizo pública la existencia de un vídeo que desfloraba la más estricta intimidad sexual del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez. Las demandas judiciales presentadas dieron la impresión de que detrás de este vídeo estaban personas acusadas en el juicio del Gal. Tales sospechas se deducían de las declaraciones ante el juez de la protagonista del vídeo, quien aseguraba haber recibido cantidades millonarias.

Las expectativas durante la celebración del juicio del Gal han sido máximas a pesar de la coincidencia con otros eventos judiciales importantes. Hubo momentos de mucha tensión, dado que los informadores estaban al corriente de cuanto sucedía en los "secretos" debates de la Sala. Se conocían las posiciones de cada magistrado: había una mayoría de siete vocales que mantenía un criterio similar ante la sentencia, y otros cuatro a quienes se atribuía la defensa a ultranza de los acusados.

Con mayor o menor dificultad transcurrió la vista oral. Muy riguroso el presidente para que no se le escapara ningún detalle del juicio. Nadie podía imaginar que la sentencia iba a ser filtrada a un periódico madrileño antes de hacerse pública, una vergüenza. El presidente del Tribunal Supremo nombró al presidente de la Sala Tercera juez investigador, quien procedió a tomar declaracion a los miembros del Tribunal y a los representantes de algunos medios. Nada más se ha sabido de este expediente, y se ignora quién fue el magistrado chivato.

No podemos entrar en el relato minucioso del juicio. Interesó especialmente que el vicepresidente primero del Gobierno, el señor Alvarez Cascos, acusara al ex presidente González como implicado en el Gal. Este negó toda participación ratificando así la larga ristra de declaraciones y ofreció una ampliación: "este proceso beneficia a ETA".

Se multiplicaron las entrevistas periodísticas del ex presidente. En una de ellas acusó a los dirigentes del PP de poner en riesgo el Estado democrático. Ya en febrero último había dicho que en 1993 los terroristas sabían que estaban derrotados y habían perdido la esperanza de obtener algo"; y pedía al Gobierno"que se dejase ayudar por la gente que sabe" para lograr reconducir la lucha antiterrorista hacia la situación que él dijo haber logrado en 1993.

El testigo general Sáenz de Santamaría denunció que todos los gobiernos desde 1975 "habían practicado acciones sucias". El señor Barrionuevo pronunció durante el juicio frecuentes arengas proclamando su inocencia. La sentencia fue hecha pública, así como los cuatro votos particulares discrepantes, entre ellos el del presidente de la Sala.

Barrionuevo, Vera, San Cristóbal, diez años de prisión y doce de inhabilitación; Alvarez, Planchuelo y José Amedo, nueve años y seis meses; García Damborenea, siete años; Julio Hierro y Francisco Sáez, cinco años y seis meses; Luis Herns Corujo, cinco años. Aparte, las penas por malversación de caudales públicos y las pecuniarias correspondientes. Segundo Marey se le indemniza con treinta millones de pesetas.

Las defensas habían basado su actuación en mantener la prescripción de los delitos y en subrayar las irregularidades cometidas durante la instrucción por el juez Garzón.

La sentencia, que es muy larga, condena a los acusados por dos de los tres delitos que reclamaba el fiscal. Los magistrados consideran que en el secuestro de Marey no es aplicable el delito de banda armada, lo que ha supuesto una reducción de las penas que reclamaba la fiscalía.

La sentencia declara que el señor Sancristóbal trató el secuestro de Marey con Vera y Barrionuevo, obteniendo su autorización, tanto para el secuestro como para su financiación. No han quedado probadas circunstancias de las cuales la Sala pudiera inferir de enemistad entre Vera y Garzón, ni tampoco que este magistrado hubiera hecho uso de amenazas. Se desestimó la prescripción.

No por esperada y conocida la sentencia tuvo menor resonancia. La ejecutiva del PSOE manifestó su radical discrepancia de la misma y descalificó todo el proceso; desechó, sin embargo, la propuesta de Ibarra para que los socialistas se nieguen a acatar la decisión del Tribunal.

Todos los ojos se dirigieron hacia Felipe González. Reiteradísimamente había dicho que "asumiría sus responsabilidades" una vez conocido el fallo judicial. Se vestirá la toga para defender el recurso que los condenados han a presentado ante el Tribunal Constitucional. Las críticas a tan clara manera de influir en los magistrados han producido escándalo general.

Se va a intentar por todos los medios que los condenados no pisen la cárcel. Algunos socialistas de tercera o cuarta fila están dispuestos a no cejar hasta conseguir el indulto.

Más leña a la impunidad y al desprestigio de los Tribunales.



Psoe y Gobierno. Las relaciones entre el Gobierno y el tópico "principal partido de la oposición" son malas; además del antagonismo político, la química del entendimiento no funciona. Por el contrario, como el Psoe afirma, al menos públicamente, que la sentencia del caso Marey es debida a las presiones del Gobierno, la tensión personal entre Aznar y González, Almunia y Alvarez Cascos, funciona a chorros. De un lado, la situación del Psoe es dramática, sin querer aceptar la realidad reciente de su pasado, lo que le resta autoridad moral. De otro, la necesidad de acomodarse a una situación bien distinta de lo que disfrutaron en los largos años en el Gobierno.

El candidato oficial del Psoe a la presidencia del Gobierno, señor Borrell, no logra encajar ni hacerse sitio en el aparato del partido. No ha conseguido que sus compañeros lo tomen en serio como elegido en las primarias. Entretanto, don Felipe intriga, urde trampas, se recrea en inventar maldades políticas y no dejan levantar cabeza a Borrell.

El Gobierno pretende no romper y aparecer como dilogante. A exigencias de Pujol, ha sacrificado a uno de sus puntales, el polémico secretario de Estado para la Información, y ahora se observa un temblor de tierra en los predios del señor Alvarez Cascos, que es juzgado como demasiado preponderante y agresivo.

La Corona. Ha nacido el primer nieto de los Reyes, hijo de los señores de Marichalar, nombrados duques de Lugo. Con tal motivo se han desatado en exaltaciones las plumas cortesanas y se han dedicado largas columnas periodísticas al excelentísimo señor don Felipe Juan Froilán y de Todos los Santos. Ha vuelto a plantearse la prolongada soltería del Príncipe de Asturias, lo que ha permitido leer titulares como "nace el niño que puede reinar" y similares. No se ha sabido nada del bautizo del recién nacido.

El Príncipe ha dicho a la prensa en relación con su soltería que "no se siente obligado a matrimoniar con una persona de sangre real", lo que desata las conjeturas y expeculaciones. Se recuerda la experiencia inglesa con Diana.

No se observa excesiva actividad de los miembros de la Familia Real, salvo don Felipe, que se ha especializado en tomas de posesión de presidentes hispanoamericanos y acaba de asistir a las de los de Colombia, Ecuador y Paraguay.

Sus Majestades visitaron la Grecia republicanana, un viaje delicado. El Rey entregó a los judíos de Salónica doscientos cincuenta millones de pesetas. Verdaderamente los muy hispánicos judíos de Salónica eran los que debían haber entregado algún presente a los Reyes de España, representantes del Estado que tantas vidas salvó en aquella zona durante la segunda guerra mundial merced a la intervención de los embajadores españoles, que eficazmente actuaron por orden del Generalísimo Franco.

Después de cumplimentar al estalinista Rafael Alberti en Puerto de Santa María, los Reyes han reabierto la Casa de Picasso, el comunista independiente, en Málaga y han inaugurado cuatro exposiciones del autor del polémico "Guernica".

No tardaremos mucho en presenciar la entrega del nuevo yate que los empresarios de Mallorca regalan a don Juan Carlos. Pese a las fuertes críticas, el proyecto ha seguido adelante.



Fútbol. En este período de recortes presupuestarios, se gastarán este año 25.000 millones de pesetas —o muchos más— en contratar futbolistas extranjeros y nacionales para unos equipos que ya no son propiedad de asociaciones de aficionados, sino que tienen por dueños a sociedades anónimas, a particulares o familias.

A todos les parece bien. Nadie protesta del escándalo. Claro que las televisiones son el motor de esta locura porque vamos, como advierte un diario, al fútbol hertziano, con televisores a pleno y estadios va-cíos.

Al principio del verano, parecía que a España no le preocupaba otra cosa que no fuera el fútbol: ni la bondad o maldad de las cosechas próximas, ni los grandes juicios lograron velar el interés por la presencia española en el campeonato mundial celebrado en Francia. Se vendieron más aparatos de televisión que nunca.

Antes de iniciarse, los seleccionados para actuar en nombre de España fueron jaleados como invictos cruzados. El seleccionador se convirtió en un profeta de cuya palabra estaban pendientes las radios, la prensa y las televisiones. Hubo un sentimiento colectivo de que se iba a ganar. En este 98, se repetía, el embarque de las tropas españolas en 1898 a combatir a los "salchicheros de Chicago" en medio de injustificadas euforias que tan caro se pagaron.

España, ante la magna decepción general, fue eliminada en los primeros encuentros. Una vez más fue invocada la tradicional "mala suerte". Todo, menos reconocer que se gana cuando se merece. Y el numantinismo de rigor alrededor del seleccionador nacional, que ha sido defendido a capa y espada, e incluso se le ha ratificado su contrato, pese a sus fracasos y a sus nada buenos modales. Una vez más, "mantenerla y no enmendarla".

Pero, como ha dicho Unberto Eco, "el futbol es ahora mismo el verdadero eco del pueblo". Lo es: hasta Su Santidad se ha visto en la obligación de defender que el domingo es el día del Señor, no el de los partidos de fútbol. Un ejemplo: depende la supervivencia de los restaurantes de que los partidos se celebren el domingo o el sábado.

Los miles de millones que el fútbol mueve producen vértigo. El Real Madrid ha blindado a Karambeu en 23.000 millones de pesetas. En enero se cerró el período de fichajes. Al cierre del mercado de invierno los clubs españoles habían invertido más de 10.000 millones. Solamente el Deportivo de la Coruña gastó 1.770 millones en la compra de cinco jugadores, todos extranjeros. Recordemos que en 1977 los clubs de primera presupuestaron 61.000 millones, un 32 por 100 más que en la liga anterior; en fichas invirtieron 42.000 millones más que el año precedente. El Barcelona ha cobrado 4.000 millones de pesetas por la cesión de Ronaldo al Inter de Milán. Para atenuar esta fuga, el presidente Núñez invirtió 5.000 millones: por 3.000 millones fichó a Anderson, el jugador más caro de su historia.

De ahí partió lo que se ha denominado con razón "la locura del fútbol". El precio de Raúl, 6.000 millones de pesetas, fue proclamado como el doble del presupuesto del Museo del Prado. En agosto del 97, las plantillas de la liga valían 153.000 millones. En dicha fecha se hacía público que la deuda a corto plazo del Real Madrid iba de 8.505 millones de pesetas a 14.856 (supera11.000 millones, realmente). El Atlético de Madrid gastó también en 1997, 8.000 millones de pesetas; en contrataciones invirtió casi el triple del presupuesto total del equipo en la temporada 96-97.

Conviene recordar que en fútbol hay clubs que son propiedad de un solo señor. Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, que tras las bambalinas de "la pasión por los colores" lo que hay en realidad son intereses comerciales muy importantes. Las últimas informaciones valoran en medio billón de pesetas las cuatro grandes multinacionales del fútbol español.

Item más. Dominar un club de futbol es, además, garantizarse una importante cuota de influencia incluso política. Y así, por ejemplo, el Instituto de Robótica de Valencia desveló la trama por la que su anterior presidente, Francisco Roig, logró hacerse con el club.

Se considera excesivo el número de jugadores extranjeros integrantes de las plantillas españolas. Noventa y seis futbolistas suramericanos adquirieron la ciudadanía española en este 1898. En fin, tiene razón Juan Echanove cuando ha afirmado que "en España el futbol ha sustituido a la política". No sé si la tiene tanta el ex entrenador del Atlético de Madrid Radomir Antic cuando afirma que "el fútbol español corresponde a la cultura española: el cotilleo y el supense".

Varios. El alcalde de Iznate (Málaga), "cansado de trabajar sin cobrar", procedió a firmarse un contrato laboral como alcalde. Así se ha registrado el primer contrato laboral con esta categoría. Seguramente tendrá muchos seguidores.

La tortilla española va a ser exportada masivamente. Un grupo alimentario ha anunciado que este año facturará 85.000 millones y espera aumentar su presencia en precocinados. Saludemos esta iniciativa que utiliza tan provechosamente la técnica moderna. A la tortilla seguirá seguramente la masiva exportación de otro gran invento español: la sangría. La siesta hace años que se nos ha copiado allende los Pirineos.

Manuel Jiménez Quílez




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