Gasto público y
bienestar
Durante
los últimos años, el papel del Gobierno en la economía
ha sido uno de los puntos centrales del debate político
no sólo en el mundo industrializado, sino en las
antiguas economías de planificación central y en los
países en vías de desarrollo. En la actualidad y en
contraste con el pasado, el punto de vista predominante
entre los economistas y entre los políticos con
posibilidades y/o deseo de ser Gobierno, es el de un
considerable escepticismo acerca de la presencia del
Estado en la economía y el de una considerable certeza
sobre los costes de un exceso de sector público. Limitar
el tamaño del Estado en su triple vertiente de gastador,
recaudador de impuestos y regulador es crucial tanto para
mantener los equilibrios básicos bajo control
(inflación, déficit, endeudamiento) como para no dañar
el sistema de incentivos.
La literatura sobre las relaciones entre el papel del
Estado y la riqueza de las naciones es tan vieja como la
propia ciencia económica. En The Wealth of Nations, Adam
Smith mostró los perversos efectos del mercantilismo, el
estatismo de la época, sobre el crecimiento. Desde
entonces, los economistas no han dejado de ocuparse del
tema y en los últimos años, tras un cierto paréntesis,
han florecido los trabajos consagrados a la teoría
económica del crecimiento de la mano de Barro, Romer,
North, Gwartney, etcétera. En un reciente estudio
(Reconsidering the Fiscal Role of Government: The
International Perspective, «American Economic Review»,
mayo 1997), dos investigadores del FMI, Vito Tanzi y
Ludger Schuknecht realizan un estudio empírico sobre las
consecuencias del gasto público en los países de la
OCDE desde el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta
el comienzo de la presente década.
De 1913 a 1990, el gasto público pasó de representar el
11,9% del PIB al 44,9% en el conjunto de los países
desarrollados. Entre las causas de esa espectacular
expansión están fenómenos como las guerras y las
depresiones que familiarizaron a los gobiernos con la
intervención en la economía. Sin embargo, durante el
siglo XIX y principio del XXhubo conflictos bélicos y
ciclos depresivos, que no produjeron un aumento
permanente del peso económico del Estado. Como ha
mostrado Robert Higgs en Crisis and Leviathan, el origen
fundamental de la consolidación de la tendencia
expansiva del sector público fue el cambio operado en el
clima intelectual. La idea de que el Estado puede y debe
redistribuir la renta, estabilizar e intervenir en la
economía para corregir los fallos del mercado y
proporcionar bienes de mérito (sanidad, educación,
etcétera) se impuso a los principios de libertad de
mercado y estabilidad macroeconómica imperantes hasta
finales del siglo XIX. A su vez, la competencia política
entre los partidos de las economías industrializadas
acentuó el intercambio de votos a cambio de gasto
público, y la amenaza del comunismo operó en la misma
dirección porque se pensaba que de esa manera resultaba
menos atractivo para las masas occidentales el sistema de
planificación.
Cuando se contempla el rápido aumento del gasto público
a lo largo del siglo y, sobre todo, en los sesenta y los
setenta, se plantea una cuestión: hasta qué punto
existe una conexión entre mayor gasto y mayor bienestar
social. Tanzi y Schuknecht intentan responder a esta
pregunta. Para ello construyen un modelo en el cual
contrastan la evolución del gasto público con la de una
serie de indicadores económicos (crecimiento,
inflación, ratio inversión/PIB, ratio deuda
pública/PIB, desempleo) y sociales (expectativa de vida,
mortalidad infantil, nivel de escolarización secundaria
y participación en la renta nacional del 40% de la
población con ingresos más bajos). El ámbito de su
investigación es el área de la OCDE.
Este enfoque tiene limitaciones obvias. Un gasto público
más elevado suele traducirse en menos gasto privado,
porque impone un coste de oportunidad a las familias y a
las empresas tanto mayor cuanto más altos sean los
impuestos y/o la deuda pública necesarios para
financiarlo. Estos costes son omitidos por los
economistas del FIM, lo que supone que se considera que
el gasto público sólo tiene beneficios. Este
planteamiento no es realista, pero es atractivo porque
plantea la mejor de las hipótesis posibles, que podría
considerar cualquier defensor del gasto estatal.
Tanzi y Schuknecht dividen a los países en tres grupos:
aquellos con una participación del gasto público en el
PIB superior al 50% (Bélgica, Italia, Holanda, Noruega y
Suecia); aquellos que gastan entre el 40 y el 50% de la
renta nacional (Austria, Alemania, España, Francia,
Irlanda y Nueva Zelanda -la muestra de estos dos países
es anterior a las reformas implantadas a lo largo de los
noventa-), y quienes están por debajo del 40% (EE.UU.,
Australia, Reino Unido, Suiza). Los datos son
concluyentes: primero, las economías en donde el sector
público supone más de la mitad de la riqueza presentan
indicadores sociales y económicos peores que los de los
otros dos grupos; segundo, más allá del 35% del PIB,
los costes del gasto público son superiores a los
beneficios que reporta.
De acuerdo con el trabajo publicado en la «American
Economic Review», la mayoría de los países europeos
incluida España y excluido el Reino Unido, están en
niveles de gasto público que inciden de manera negativa
sobre el comportamiento de la economía y el bienestar de
sus ciudadanos. Todo indica que el papel del Estado en
las sociedades y en las economías europeas se ha
convertido en un auténtico lastre para generar
prosperidad y elevar o, al menos, mantener el nivel de
vida de los ciudadanos.
Lorenzo Bernaldo de Quirós
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