Gasto público y bienestar. Por L. Bernaldo de Quirós

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Gasto público y bienestar. nº 89

Por L. Bernaldo de Quirós

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Gasto público y bienestar

Durante los últimos años, el papel del Gobierno en la economía ha sido uno de los puntos centrales del debate político no sólo en el mundo industrializado, sino en las antiguas economías de planificación central y en los países en vías de desarrollo. En la actualidad y en contraste con el pasado, el punto de vista predominante entre los economistas y entre los políticos con posibilidades y/o deseo de ser Gobierno, es el de un considerable escepticismo acerca de la presencia del Estado en la economía y el de una considerable certeza sobre los costes de un exceso de sector público. Limitar el tamaño del Estado en su triple vertiente de gastador, recaudador de impuestos y regulador es crucial tanto para mantener los equilibrios básicos bajo control (inflación, déficit, endeudamiento) como para no dañar el sistema de incentivos.

La literatura sobre las relaciones entre el papel del Estado y la riqueza de las naciones es tan vieja como la propia ciencia económica. En The Wealth of Nations, Adam Smith mostró los perversos efectos del mercantilismo, el estatismo de la época, sobre el crecimiento. Desde entonces, los economistas no han dejado de ocuparse del tema y en los últimos años, tras un cierto paréntesis, han florecido los trabajos consagrados a la teoría económica del crecimiento de la mano de Barro, Romer, North, Gwartney, etcétera. En un reciente estudio (Reconsidering the Fiscal Role of Government: The International Perspective, «American Economic Review», mayo 1997), dos investigadores del FMI, Vito Tanzi y Ludger Schuknecht realizan un estudio empírico sobre las consecuencias del gasto público en los países de la OCDE desde el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta el comienzo de la presente década.

De 1913 a 1990, el gasto público pasó de representar el 11,9% del PIB al 44,9% en el conjunto de los países desarrollados. Entre las causas de esa espectacular expansión están fenómenos como las guerras y las depresiones que familiarizaron a los gobiernos con la intervención en la economía. Sin embargo, durante el siglo XIX y principio del XXhubo conflictos bélicos y ciclos depresivos, que no produjeron un aumento permanente del peso económico del Estado. Como ha mostrado Robert Higgs en Crisis and Leviathan, el origen fundamental de la consolidación de la tendencia expansiva del sector público fue el cambio operado en el clima intelectual. La idea de que el Estado puede y debe redistribuir la renta, estabilizar e intervenir en la economía para corregir los fallos del mercado y proporcionar bienes de mérito (sanidad, educación, etcétera) se impuso a los principios de libertad de mercado y estabilidad macroeconómica imperantes hasta finales del siglo XIX. A su vez, la competencia política entre los partidos de las economías industrializadas acentuó el intercambio de votos a cambio de gasto público, y la amenaza del comunismo operó en la misma dirección porque se pensaba que de esa manera resultaba menos atractivo para las masas occidentales el sistema de planificación.

Cuando se contempla el rápido aumento del gasto público a lo largo del siglo y, sobre todo, en los sesenta y los setenta, se plantea una cuestión: hasta qué punto existe una conexión entre mayor gasto y mayor bienestar social. Tanzi y Schuknecht intentan responder a esta pregunta. Para ello construyen un modelo en el cual contrastan la evolución del gasto público con la de una serie de indicadores económicos (crecimiento, inflación, ratio inversión/PIB, ratio deuda pública/PIB, desempleo) y sociales (expectativa de vida, mortalidad infantil, nivel de escolarización secundaria y participación en la renta nacional del 40% de la población con ingresos más bajos). El ámbito de su investigación es el área de la OCDE.

Este enfoque tiene limitaciones obvias. Un gasto público más elevado suele traducirse en menos gasto privado, porque impone un coste de oportunidad a las familias y a las empresas tanto mayor cuanto más altos sean los impuestos y/o la deuda pública necesarios para financiarlo. Estos costes son omitidos por los economistas del FIM, lo que supone que se considera que el gasto público sólo tiene beneficios. Este planteamiento no es realista, pero es atractivo porque plantea la mejor de las hipótesis posibles, que podría considerar cualquier defensor del gasto estatal.

Tanzi y Schuknecht dividen a los países en tres grupos: aquellos con una participación del gasto público en el PIB superior al 50% (Bélgica, Italia, Holanda, Noruega y Suecia); aquellos que gastan entre el 40 y el 50% de la renta nacional (Austria, Alemania, España, Francia, Irlanda y Nueva Zelanda -la muestra de estos dos países es anterior a las reformas implantadas a lo largo de los noventa-), y quienes están por debajo del 40% (EE.UU., Australia, Reino Unido, Suiza). Los datos son concluyentes: primero, las economías en donde el sector público supone más de la mitad de la riqueza presentan indicadores sociales y económicos peores que los de los otros dos grupos; segundo, más allá del 35% del PIB, los costes del gasto público son superiores a los beneficios que reporta.

De acuerdo con el trabajo publicado en la «American Economic Review», la mayoría de los países europeos incluida España y excluido el Reino Unido, están en niveles de gasto público que inciden de manera negativa sobre el comportamiento de la economía y el bienestar de sus ciudadanos. Todo indica que el papel del Estado en las sociedades y en las economías europeas se ha convertido en un auténtico lastre para generar prosperidad y elevar o, al menos, mantener el nivel de vida de los ciudadanos.



Lorenzo Bernaldo de Quirós



 

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