El holocausto religioso de Azaña. Por A. Maestro

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El holocausto religioso de Azaña. nº 89

Por A. Maestro

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El holocausto religioso de Azaña

Ahora que algún lider de la derecha política asombra a sus representados con elogios a Azaña, resulta muy ilustrativo el libro de Francisco Martí que acaba de aparecer 1.

Manuel Azaña fue el jefe del Estado durante el trienio de la mayor persecución del cristianismo que ha conocido la Historia. El hoy obispo Antonio Montero publicó la relación nominal de 6.832 religiosos asesinados en la zona que se autodenominaba, como su ejército, «roja» 2. Investigaciones posteriores han elevado esa cifra a cerca de ocho mil víctimas, a las cuales habría que sumar la de los 30.000 seglares asesinados por sus convicciones católicas. Nuevas listas de «liquidados» sólo en Paracuellos de Jarama las publica periódicamente la Hermandad. La carnicería efectuada sobre el clero fue inmensa: según Montero, el 87 % del incardinado en la diócesis de Barbastro, el 65 % del de Lérida, el 48 % del de Tortosa y Menorca, el 48 % del de Málaga, el 40 % del de Ciudad Real e Ibiza, etc. ¿A dónde hubieran llegado las cifras si el Gobierno de Azaña hubiese controlado más provincias?

En su reciente libro citado, el autor demuestra que el anticatolicismo radical de Azaña se remonta a los primeros días de la II República y que, por tanto, el holocausto que presidió fue una consecuencia lógica de su actitud fundamental.

El primer Gobierno de la República, del que formaba parte Azaña como ministro de la Guerra, permitió la quema de conventos y, ante las reservas de su colega Miguel Maura, que propuso la salida de las fuerzas, pronunció la frase famosa: «Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano».

Aquel mismo Gobierno decretó la supresión de la exención fiscal a la Iglesia, y la retirada de los crucifijos en las escuelas públicas, así como la expulsión de los obispos de Vitoria y de Málaga y del cardenal Segura. Cuando se preparaba la redacción de la Constitución de 1931, la Gran Logia española cursó instrucciones al masón Azaña para que defendiera la escuela única y laica. El sectarismo anticatólico de Azaña tuvo una especial manifestación en su discurso de 17 de julio de 1931 contra «cierto número de ciudadanos que viste traje talar». Y en su discurso programático del 13 de octubre dijo: «España ha dejado de ser católica», y exigió la expulsión de los jesuitas. El artículo 26 de la Constitución, propugnada por Azaña, incluía la «total extinción del presupuesto del clero» y la posible «nacionalización de los bienes de las órdenes religiosas». Según el cardenal Vidal y Barraquer, «fue decisiva la intervención de Azaña» para la aprobación del citado artículo 26. Azaña era presidente del Gobierno desde el 14 de octubre. Y la Constitución anticatólica se aprobó el 9 de diciembre de 1931.

En el siguiente Gobierno de 16 de diciembre y en el inmediato de 12 de junio de 1933, Azaña continuó asumiendo la presidencia. En enero de 1932 decretó la confiscación de todos los bienes de la Compañía de Jesús (se los devolvería Franco), y promulgó la ley de secularización de los cementerios. El 7 de octubre de 1932, Azaña aprobó el proyecto de ley que prohibía la enseñanza a los religiosos. Gracias a la oposición de Alcalá Zamora no se promulgó el decreto azañista de expulsar de la Universidad a los catedráticos que fuesen clérigos como Zubiri, Obermaier, Asín, etc.

Azaña disolvió el Tribunal de la Rota creado en 1529. Después de la intentona del general Sanjurjo, quien luego encabezaría el alzamiento de 1936, Azaña radicalizó su anticatolicismo y se quemaron conventos en Andalucía ante la pasividad gubernamental. El rencor anticatólico de Azaña aumentó al perder el poder durante el llamado «bienio negro» durante el cual participaron las derechas en el Gobierno. La violenta reacción izquierdista, especialmente de los socialistas con los que se había aliado Azaña, fue la revolución de Asturias en octubre de 1934 que, entre otras acciones de suma violencia, voló la catedral de Oviedo. Fue el inicio de una guerra civil.

Para las elecciones de 1936 Azaña constituyó el partido Izquierda Republicana que integró en el Frente Popular con socialistas y comunistas. Más quemas de iglesias, y la maniobra de Azaña para sustituir a Alcalá Zamora en la presidencia de la república. Así describe Martí los cinco meses prebélicos de la presidencia frentepopulista de Azaña: «se creó un clima de terror cuyos ataques iban dirigidos principalmente contra la Iglesia recurriendo a fomentar el odio contra ella y la calumnia» (p. 248). En mayo se difundió la especie de que los religiosos repartían caramelos envenenados entre los niños. Y el ministro de Instrucción Pública, hombre de confianza de Azaña, declaró que había que «aventar, echar fuera del palenque de la cultura esa enseñanza mezquina de las congregaciones religiosas». Asaltos a templos en León, Cuenca, Alicante, Málaga, Oviedo... y la guerra civil que Azaña había hecho inevitable.

El holocausto religioso de 1936-1939 fue la consecuencia y la culminación de la política anticatólica de Azaña, el Presidente de un Estado que llevó a decenas de miles al martirio.

Vicente Cárcel Ortí había publicado el importante libro La persecución religiosa en España durante la Segunda República 3. Este objetivo y documentado de Martí Gilabert lo complementa eficazmente. Ambos deberían ser leídos por quienes ahora exaltan al sectario Azaña, el máximo responsable de tanto horror.



A. Maestro



 

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