El holocausto
religioso de Azaña
Ahora
que algún lider de la derecha política asombra a sus
representados con elogios a Azaña, resulta muy
ilustrativo el libro de Francisco Martí que acaba de
aparecer 1.
Manuel Azaña fue el jefe del Estado durante el trienio
de la mayor persecución del cristianismo que ha conocido
la Historia. El hoy obispo Antonio Montero publicó la
relación nominal de 6.832 religiosos asesinados en la
zona que se autodenominaba, como su ejército, «roja»
2. Investigaciones posteriores han elevado esa cifra a
cerca de ocho mil víctimas, a las cuales habría que
sumar la de los 30.000 seglares asesinados por sus
convicciones católicas. Nuevas listas de «liquidados»
sólo en Paracuellos de Jarama las publica
periódicamente la Hermandad. La carnicería efectuada
sobre el clero fue inmensa: según Montero, el 87 % del
incardinado en la diócesis de Barbastro, el 65 % del de
Lérida, el 48 % del de Tortosa y Menorca, el 48 % del de
Málaga, el 40 % del de Ciudad Real e Ibiza, etc. ¿A
dónde hubieran llegado las cifras si el Gobierno de
Azaña hubiese controlado más provincias?
En su reciente libro citado, el autor demuestra que el
anticatolicismo radical de Azaña se remonta a los
primeros días de la II República y que, por tanto, el
holocausto que presidió fue una consecuencia lógica de
su actitud fundamental.
El primer Gobierno de la República, del que formaba
parte Azaña como ministro de la Guerra, permitió la
quema de conventos y, ante las reservas de su colega
Miguel Maura, que propuso la salida de las fuerzas,
pronunció la frase famosa: «Todos los conventos de
Madrid no valen la vida de un republicano».
Aquel mismo Gobierno decretó la supresión de la
exención fiscal a la Iglesia, y la retirada de los
crucifijos en las escuelas públicas, así como la
expulsión de los obispos de Vitoria y de Málaga y del
cardenal Segura. Cuando se preparaba la redacción de la
Constitución de 1931, la Gran Logia española cursó
instrucciones al masón Azaña para que defendiera la
escuela única y laica. El sectarismo anticatólico de
Azaña tuvo una especial manifestación en su discurso de
17 de julio de 1931 contra «cierto número de ciudadanos
que viste traje talar». Y en su discurso programático
del 13 de octubre dijo: «España ha dejado de ser
católica», y exigió la expulsión de los jesuitas. El
artículo 26 de la Constitución, propugnada por Azaña,
incluía la «total extinción del presupuesto del
clero» y la posible «nacionalización de los bienes de
las órdenes religiosas». Según el cardenal Vidal y
Barraquer, «fue decisiva la intervención de Azaña»
para la aprobación del citado artículo 26. Azaña era
presidente del Gobierno desde el 14 de octubre. Y la
Constitución anticatólica se aprobó el 9 de diciembre
de 1931.
En el siguiente Gobierno de 16 de diciembre y en el
inmediato de 12 de junio de 1933, Azaña continuó
asumiendo la presidencia. En enero de 1932 decretó la
confiscación de todos los bienes de la Compañía de
Jesús (se los devolvería Franco), y promulgó la ley de
secularización de los cementerios. El 7 de octubre de
1932, Azaña aprobó el proyecto de ley que prohibía la
enseñanza a los religiosos. Gracias a la oposición de
Alcalá Zamora no se promulgó el decreto azañista de
expulsar de la Universidad a los catedráticos que fuesen
clérigos como Zubiri, Obermaier, Asín, etc.
Azaña disolvió el Tribunal de la Rota creado en 1529.
Después de la intentona del general Sanjurjo, quien
luego encabezaría el alzamiento de 1936, Azaña
radicalizó su anticatolicismo y se quemaron conventos en
Andalucía ante la pasividad gubernamental. El rencor
anticatólico de Azaña aumentó al perder el poder
durante el llamado «bienio negro» durante el cual
participaron las derechas en el Gobierno. La violenta
reacción izquierdista, especialmente de los socialistas
con los que se había aliado Azaña, fue la revolución
de Asturias en octubre de 1934 que, entre otras acciones
de suma violencia, voló la catedral de Oviedo. Fue el
inicio de una guerra civil.
Para las elecciones de 1936 Azaña constituyó el partido
Izquierda Republicana que integró en el Frente Popular
con socialistas y comunistas. Más quemas de iglesias, y
la maniobra de Azaña para sustituir a Alcalá Zamora en
la presidencia de la república. Así describe Martí los
cinco meses prebélicos de la presidencia frentepopulista
de Azaña: «se creó un clima de terror cuyos ataques
iban dirigidos principalmente contra la Iglesia
recurriendo a fomentar el odio contra ella y la
calumnia» (p. 248). En mayo se difundió la especie de
que los religiosos repartían caramelos envenenados entre
los niños. Y el ministro de Instrucción Pública,
hombre de confianza de Azaña, declaró que había que
«aventar, echar fuera del palenque de la cultura esa
enseñanza mezquina de las congregaciones religiosas».
Asaltos a templos en León, Cuenca, Alicante, Málaga,
Oviedo... y la guerra civil que Azaña había hecho
inevitable.
El holocausto religioso de 1936-1939 fue la consecuencia
y la culminación de la política anticatólica de
Azaña, el Presidente de un Estado que llevó a decenas
de miles al martirio.
Vicente Cárcel Ortí había publicado el importante
libro La persecución religiosa en España durante la
Segunda República 3. Este objetivo y documentado de
Martí Gilabert lo complementa eficazmente. Ambos
deberían ser leídos por quienes ahora exaltan al
sectario Azaña, el máximo responsable de tanto horror.
A. Maestro
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