Socialismo y
república
Al
asumir este Parlamento la expresión de la soberanía del
pueblo y proceder a elaborar la nueva Constitución que
en su día sea sometida al refrendo popular asumimos la
obligación de replantear todas las Instituciones
básicas de nuestro sistema político sin excepción
alguna. Incluso la forma política del Estado y la figura
del Jefe del Estado, porque sería de todo punto
incompatible con la soberanía que por delegación del
pueblo ostentan las Cortes Constituyentes que ninguna
Institución se hurtara a sus facultades.
En este sentido nuestro Grupo Parlamentario expresa su
profunda convicción de que todo poder sólo es legítimo
en tanto que sea expresión de la voluntad popular
libremente emitida, expresamente declarada a través de
formas auténticamente democráticas. La forma de
Gobierno y la figura del Jefe del Estado no se sitúan
más allá de ese principio y, por ello, para nosotros no
puede ostentar otro carácter de legitimidad, sino su
asentamiento constitucional.
Ni creemos en el origen divino del Poder, ni compartimos
la aceptación de carisma alguno que privilegie a este o
a aquel ciudadano simplemente por razones de linaje. El
principio dinástico por sí solo no hace acreedor para
nosotros de poder a nadie sobre los demás ciudadanos.
Menos aún podemos dar asentimiento y validez a los actos
del dictador extinto que, secuestrando por la fuerza la
voluntad del pueblo y suplantando ilegítimamente su
soberanía, pretendieron perpetuar sus decisiones más
allá de su poderío personal despótico, frente al cual
los socialistas hemos luchado constantemente.
Por otra parte, tampoco se trata de aceptar la Monarquía
meramente como una situación de hecho. Allá los
partidos que reclamándose de la izquierda piensan que
algo tan trascendente y duradero como la forma política
del Estado puede darse por válida a merced de razones
puramente coyunturales, de pactos ocasionales, o de
gratitudes momentáneas. No somos nosotros de aquellos
que pueden hacer el tránsito súbito en unos meses,
desde el insulto a la institución y la befa a la persona
que la encarna, al elogio encendido y la proclamación de
adhesiones estusiastas con precipitada incorporación de
símbolos o enseñas. Da la casualidad de que donde ésos
gobiernan fueron derribadas violentamente las
Monarquías, y no precisamente por plebiscitos.
Bien al contrario, la actitud de los socialistas ante la
institución monárquica es más serena, más de
principios, más estable, probablemente más sincera. No
ocultamos nuestra preferencia republicana, incluso aquí
y ahora, pero sobrados ejemplos hay de que el socialismo,
en la oposición y en el Poder, no es incompatible con la
Monarquía cuando esta institución cumple con el más
escrupuloso respeto a la soberanía popular y a la
voluntad de reformas y aun trasformaciones que la
mayoría del pueblo desee en cada momento, ya sea en el
terreno político o económico.
Alguien se ha permitido decir recientemente que si los
socialistas creyéramos que podía prosperar nuestro voto
particular republicano no lo hubiéramos presentado, o lo
hubiéramos retirado, y que, por tanto, lo mantenemos con
insinceridad y con demagogia. Esto no es cierto. Se
equivocan quienes así hablan, o acaso no nos comprenden
porque es difícil entender a otro cuando se parte de una
propia manera de hacer la política harto distinta de la
nuestra, probablemente condicionada la suya por tantos y
tan graves errores que apresuradamente tienen que dar
muestras de rectificación.
Lo cierto es que si nuestro voto particular republicano
tuviera éxito es porque se darían las condiciones de
mayoritario consenso aquí y ahora en tal sentido, y en
consecuencia lo mantendríamos con idéntica decisión.
Mas, cabe entonces preguntarse: si los socialistas están
conscientes de que en estas Cortes van a ser minoritarios
en este punto, ¿por qué mantienen su voto particular
sobre la forma política del Estado?
Es sencillo contestar: por honradez, por lealtad con
nuestro electorado, por consecuencia con las ideas de
nuestro partido, porque lo sentimos como un mandato que
debemos cumplir de tantos y tantos republicanos que, no
habiendo podido concurrir en cuanto tales a las
elecciones del 15 de junio, depositaron en nosotros su
confianza, sabedores de que hacemos honor a nuestros
empeños; también, porque cuando se tiene un tan amplio
respaldo popular, avalado por una larguísima historia de
décadas de lucha por la democracia y la igualdad social,
podemos y debemos proseguir una línea de conducta en
verdad clara y consecuente. Estamos conscientes de ser
los actuales socialistas depositarios de esa trayectoria
que fundamenta la credibilidad de grandes masas en
nuestro partido, en el partido de Pablo Iglesias, y nos
sentimos inexorablemente obligados a continuarla sin
mixtificaciones.
Por tanto, puestos en la tesitura constituyente,
impelidos los socialistas a definirnos sobre la forma
política del Estado, mantenemos nuestro criterio y
definimos claramente nuestra posición sobre el tema.
Sin embargo, no pretendemos con esto fragilizar el nuevo
régimen, ni por nuestra aptitud quedará en precario
ninguna de sus instituciones, pues a nadie se le escapa
que al someter a discusión clara y profunda cada una de
ellas, y hacer que todas nazcan del contraste previo de
las opiniones y la ulterior decisión democrática sobre
cada una, el sistema en su conjunto y en sus partes de la
nueva democracia española quedará más firmemente
consolidado y aceptado.
Empero, sin mengua del valor positivo que damos desde
ahora a la Constitución que se otorgue a nuestro pueblo,
nosotros reafirmamos ante las Cortes constituyentes la
postura propia de nuestras ideas y de nuestra historia,
lo que nos lleva a defender la forma de gobierno
republicana por diversas razones que sería imposible
agotar en el breve plazo que el Reglamento concede a la
defensa de un voto particular, pero que parece
inexcusable, al menos, apuntar a ciertos rasgos.
Entendemos que la forma republicana del Estado es más
racional y acorde bajo el prisma de los principios
democráticos.
Del principio de la soberanía popular en sus más
lógicas consecuencias, en su más pura aplicación, se
infiere que toda magistratura deriva del mandato popular;
que las magistraturas representativas sean fruto de la
elección libre, expresa, y por tiempo definido y
limitado.
La limitación no solo en las funciones, sino en el
tiempo de ejercicio de los magistrados que gobiernan o
representan a la comunidad, constituye una de las
ventajas más positivas de los sistemas democráticos,
pues permite resolver en forma pacífica, gracias a la
prevista renovación periódica, el problema de la
sustitución de las personas que encarnan dichos cargos,
volviéndose, por el contrario, sumamente conflictivo el
desplazamiento y sustitución de los gobernantes, tantas
veces necesario en la vida de los pueblos, cuando no
existe como procedimiento ordinario el régimen de
elección periódica.
Las magistraturas vitalicias, y más aún las
hereditarias, dificultan el fácil acomodo de las
personas que ejercen cargos de esa naturaleza a la
voluntad del pueblo en cada momento histórico. No se
diga para contrarrestar este argumento que pueden existir
mecanismos en la propia Constitución que permitan
alterar esas estructuras, pues resulta obvio que tales
cambios llevan consigo un nivel de conflictividad
inconmesurablemente mayor que la mera elección o
reelección.
Renovar a los gobernantes, incluso aquellos que ejerzan
las más altas magistraturas, es necesario, y aun a veces
imprescindible, y no porque la voluntad del pueblo sea
mudadiza caprichosamente, sino porque la materia objetiva
cambia; o la persona misma, dejando de ser lo que era, o
las circunstancias que la hicieron la más idónea en un
momento dado, o simplemente ambas cosas de consuno,
surgiendo otras posibilidades óptimas.
Por otra parte, es un axioma que ningún demoócrata pude
negar la afirmación de que ninguna generación puede
comprometer la voluntad de las generaciones sucesivas.
Nosotros agregaríamos; se debe incluso facilitar la
libre determinación de las generaciones venideras.
No merece nuestra aquiescencia el posible contraargumento
que nos compense afirmando la neutralidad de los
magistrados vitalicios y por virtud de la herencia, al
situarse más allá de las contiendas de intereses y
grupos, pues todo hombre tiene sus intereses, al menos
con la institución misma que representa y encarna, y por
mucho que desee identificarse con los intereses supremos
de la Patria, no es sino un hombre, y su juicio es tan
humano y relativo como el de los demás ciudadanos a la
hora de juzgar en cada caso el interés común.
Proyectando este pensamiento a la historia de España en
el lacerado tiempo de nuestros esfuerzos y nuestras
luchas desde que comenzaron los intentos de establecer un
régimen constitucional, nadie puede afirmar con un
mínimo de rigor que haya resplandecido precisamente la
neutralidad de la corona en las contiendas sociales o
políticas. Acaso era por eso por lo que exclamaba Pablo
Iglesias en el Parlamento el 10 de enero de 1912: «No
somos monárquicos porque no lo podemos ser; quien aspira
a suprimir al rey del taller, no puede admitir otro
rey».
Vuestras Señorías conocen bien las aspiraciones
igualitarias que mueven a los socialistas, y con cuánto
esmero nos hemos esforzado en la teoría y en la
práctica por compatibilizar la libertad y la igualdad.
De ahí que veamos con reparos la herencia.
¿Cómo no hemos de sentir alejamiento ante la idea de
que nada menos que la jefatura del Estado sea cubierta
por un mecanismo hereditario?
El hecho de que todos hablemos hoy aquí con respeto de
las personas de los actuales monarcas y de su familia,
entenderán que no empaña nuestras razones, y por
respeto a las personas citadas nos abstenemos de entrar
en análisis y ejemplos de los reyes de otro tiempo.
Empero, en el orden de las ideas, nadie sensato puede
sentirse ofendido por escuchar la del otro, y cualquiera
ha de entender que quienes nos sentimos impulsados por la
lucha contra el privilegio, y no aceptamos otra carta de
singular retribución que el propio esfuerzo y el
mérito, prefiramos la República como forma de Gobierno.
Como habrán podido observar, casi todas las ideas que
hemos argüido hasta el presente no tienen su génesis en
el específico y propio pensamiento socialista, sino que
hunden sus raíces en el liberalismo radical. y que ya
hace tiempo fueron reivindicadas por los radicales
burgueses.
No se asombren aunque algunos de ustedes no se hayan
percatado, el socialismo no es sino una gran pasión por
la libertad, y todas las reformas económicas que
deseamos no tienen otro objetivo que hacer más libres en
la realidad cotidiana a las mujeres y hombres de nuestro
país. No nos sentimos de ningún modo la negación
destructora de cuanto el liberalismo tuvo de progreso en
la historia de la cultura humana. El socialismo viene
sólo a poner las condiciones económicas y políticas
adecuadas para que sea real en todos los seres humanos el
sueño de libertad personal que concibieron los padres
del liberalismo.
Antes de concluir nos parece imprescindible recordar que
los socialistas no somos republicanos sólo por razones
de índole teórica. Menos aún los socialistas
españoles. Pertenecemos, ciertamente, a un partido, el
PSOE, que se identifica casi con la República, y no en
vano, porque fue el pilar fundamental en el cambio de
régimen del 14 de abril de 1931.
Nos abstendremos de hacer un largo «excursus»
histórico, pero entendemos de alta utilidad para propios
y extraños esclarecer, siquiera muy brevemente, por qué
el socialismo español se fue tiñendo cada vez más
intensamente de republicanismo.
Como recordarán, nuestro Partido se fundó durante la
Restauración, el año que viene va a cumplir su
centenario. Al constituirse el Partido Socialista Obrero
Español no inscribió en su programa máximo, es decir,
entre los objetivos que desde entonces son nuestra razón
de ser, el tema de la reforma política del Estado.
Obviamente los fundadores del Partido eran republicanos,
pero el hecho que les acabo de indicar es clara muestra
de la importancia que se le daba, y que para un
socialista normalmente ha de tener ese asunto, o sea,
secundaria, y matizada en su intensidad según la
circunstancia histórica que atravesemos.
Ahora bien, ¿cómo trató la Restauración al movimiento
obrero, o más en particular a los socialistas?
Baste recordar que uno de nuestros mejores historiadores
ha definido el régimen de la Restauración como la
oligarquía de las dos cabezas. Las corrupciones del
sistema de los dos partidos turnantes, por igual
monárquicos, por igual conservadores en el fondo,
significó la falsificación sistemática del sufragio y
el mantenimiento artificioso de una monarquía
pseudoparlamentaria, fantasmagórico aparato sin otro fin
en todo su tinglado que marginar la voluntad auténtica
de los pueblos de España y la postergación
desesperanzada de las clases oprimidas.
Durante bastantes años, el PSOE no hizo causa común con
el republicanismo en cuanto tal. Sin embargo, hacia 1909
se impuso como una necesidad imperiosa la conjunción
republicano-socialista. ¿Para qué? Para combatir al
caciquismo, simplemente para algo tan elemental como
conseguir unas verdaderas libertades públicas y un
régimen democrático honesto.
Hacia 1917, todo lo más sano del país reclamaba Cortes
constituyentes al monarca, pero esas voces de
regeneración fueron desoídas.
En el manifiesto de la huelga general, de 12 de agosto de
1917, suscrito por Largo Caballero, Daniel Anguiano,
Julián Basteiro y Andrés Saborit, se dice: «Pedimos la
constitución de un Gobierno provisional que asuma los
poderes ejecutivo y moderador y prepare, previas las
modificaciones imprescindibles en una legislación
viciada, la celebración de elecciones sinceras de Cortes
Constituyentes que aborden, en plena libertad, los
problemas fundamentales de la Constitución política del
país.
Coincidían estas aspiraciones con el significado de la
Asamblea de Parlamentarios de Barcelona y aun con las
Juntas militares de Defensa y con las Juntas de Defensa
civiles. Empero ese clamor general, la gran huelga
general de agosto fue aplastada por las armas en medio de
una tremenda masacre.
La Monarquía perdió una ocasión excepcional de
europeizarse políticamente. Pocos años después,
agotado en sus propios defectos y miserias, el régimen
acudía sin ambages a violar la Constitución: a la
dictadura.
Ved que en España la libertad y la democracia llegaron a
tener un solo nombre: ¡República!
Una inteligencia que es preciso respetar por su agudeza,
como Luis Araquistaín, podía expresar así la
situación en El ocaso de un régimen «…Hay que
desear la República por patriotismo, por españolismo.
La idea de España y la República se confunden. El
problema mínimo de todo liberal español debe ser la
República. Ningún liberal puede ser monárquico en
España. Los socialistas españoles no se hacen vanas
ilusiones, aunque sin ellos no habría República y
cuando la haya será, principal y casi exclusivamente,
por ellos, no ignoran que esa República no podrá ser
inmediatamente socialista».
Perdonen estas brevísimas alusiones al pasado, que no
hubieran sido hechas sino para dar claves de nuestra
actuación no sólo en el presente, sino en el futuro. El
PSOE fue en primer lugar republicano, y baluarte de la
República, cuando no hubo otra forma de asegurar la
soberanía popular, la honestidad política y, en
definitiva, el imperio de la ley unido a la eficacia de
la gestión. Don Manuel Azaña 1 no definía de otro modo
en sus discursos la virtud republicana.
Si en la actualidad el Partido Socialista no se empeña
como causa central y prioritaria de su hacer en cambiar
la forma de Gobierno es en tanto en cuanto puede albergar
razonables esperanzas en que sean compatibles la Corona y
la democracia, en que la Monarquía se asiente y se
imbrique como pieza de una Constitución que sea
susceptible de un uso alternativo por los Gobiernos de
derecha o de izquierda que el pueblo determine a través
del voto y que viabilice la autonomía de las
nacionalidades y las regiones diferenciadas que integran
el Estado.
Pero a la hora en que estamos, y estando por el trance
constituyente determinados a definirnos, hemos expuesto
nuestros motivos de diversa índole para mantener nuestro
voto particular.
Finalmente, una afirmación que es un serio compromiso.
Nosotros aceptaremos como válido lo que resulte en este
punto del Parlamento constituyente. No vamos a cuestionar
el conjunto de la Constitución por esto. Acatamos
democráticamente la ley de la mayoría. Si
democráticamente se establece la Monarquía, en tanto
sea constitucional, nos consideraremos compatibles con
ella.
El proceso de la reforma política hace inevitable que en
su día se pronuncie el pueblo sobre el conjunto de la
Constitución, y puesto que ello es previsible y
racionalmente inevitable, no haremos obstrucción, sino
que facilitaremos el máximo consenso a una Constitución
que ha de cerrar cuanto antes este pe-ríodo de la
transición y abrir el camino a nuevas etapas del
progreso y transformaciones económicas y sociales, a las
que en nada renunciamos, y para las que sólo pretendemos
ser un instrumento de nuestro pueblo.
Luis Gómez Llorente
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