Acción de Pujol contra la lengua española. Por la Asoc. Cult. Miguel de Cervantes

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Acción de Pujol contra la lengua española. nº 89

Por la Asoc. Cult. Miguel de Cervantes

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Acción de Pujol contra la lengua española

1. El catalanismo político cultural. La historiografía romántica catalanista (Balaguer, Bofarull, Rovira Virgili, etc.), inventa una Cataluña mítica, nostálgica de la Baja Edad Media y del feudalismo, sustentada más sobre leyendas que sobre la realidad, a la que el pretérito le ha sido adverso y que por tanto pudo haber sido mejor.

La pérdida de privilegios y fueros medievales es interpretada por el romanticismo como desastrosa, cuando sólo ha sido fruto de la marcha de la civilización hacia la igualdad, libertad y dignidad de los individuos. Fue consecuencia de este progreso humano la desaparición de las barreras que constituían los reinos medievales y las prebendas del Antiguo Régimen, así como el acercamiento para constituir una unidad superior llamada España. Sin embargo, el catalanismo, antiliberal e insolidario, es incapaz de asumir y entender la realidad histórica, siente añoranza por los privilegios perdidos y achaca a la unidad de España todos sus supuestos males. Y lo peor es que esta concepción histórica, producida por la imaginación y el apasionamiento románticos, lejos de desaparecer, se viene arrastrando hasta la actualidad de un modo anacrónico, en lugar de ser superada por la moderna historiografía científica, integral y autocrítica. Por eso el catalanismo alimenta, desde su origen en el romanticismo, un viejo odio hacia España y lo español, al considerarlos la causa de todos sus males; se nutre del victimismo, del resentimiento histórico y de un rencor sordo y persistente, basado en agravios imaginarios.

España y lo español, incluida la lengua y la cultura, es para los sectores que mantienen esta ideología el ogro eterno, el chivo expiatorio de cuantos males les suceden o entienden que les suceden, el objeto permanente de toda su animadversión y malquerencia. Este espíritu antiespañol se manifiesta en declaraciones, actitudes y actos concretos que hieren muy profundamente a cuantos, dentro o fuera de Cataluña, son y se sienten, por esencia histórica, hijos de España y de la lengua y cultura españolas. Y estas heridas son más dolorosas cuando proceden de cargos políticos o autoridades que debieran representar a cuantos vivimos en la región catalana. Los ejemplos son innumerables.



2. Dos comunidades lingüísticas. La población actual de Cataluña está compuesta fundamentalmente por dos comunidades sociolingüísticas: una de habla catalana, integrada principalmente por ciudadanos de familias residentes en el territorio desde varias generaciones, y otra, de habla española o castellana, integrada en su mayoría por ciudadanos que, o bien han nacido en otras regiones españolas, o bien, nacidos en el territorio catalán, proceden del seno de familias oriundas de otras regiones, si bien estos límites no son precisos y las excepciones son muchas.

En términos demográficos se puede afirmar, con bastante precisión, y así lo confirman las estadísticas, que el reparto de la población entre los dos grupos antes descritos es, aproximadamente, de un 50% en cada uno de ellos. De este modo, de los seis millones de habitantes que pueblan esta región española, tres millones son catalano-hablantes y los otros tres son de habla española o castellana.



3. Derechos y deberes lingüísticos. La Constitución Española de 1978 establece:

Artículo 3.1.: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla».

Artículo 3.2.: «Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos».

Artículo 14: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social».

Artículo 149.1: «El Estado tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: 1º. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales».

En cuanto al Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, norma de segundo orden, después de la Constitución Española, establece:

Artículo 3.1: «La lengua propia de Cataluña es el catalán».

Artículo 3.2: «El idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano, oficial en todo el Estado Español».

Artículo 3.3: «La Generalidad garantizará el uso normal y oficial de los dos idiomas, adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y creará las condiciones que permitan alcanzar la plena igualdad en lo que se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña».



4. La coartada de la «lengua propia». El problema tiene como coartada legal la misma redacción del Estatuto de Autonomía de Cataluña que, en su artículo 3, establece el discriminador concepto de que «la lengua propia de Cataluña es el catalán»; concepto que se traduce, en la práctica, como la «lengua única». Esta formulación legal viene a consagrar todos los atropellos posteriores que, a su vez, cubren otras normas y disposiciones administrativas de rango inferior, desde la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña de 1983, elaborada por el Parlamento de Cataluña, hasta los decretos y demás disposiciones del Gobierno de la Generalidad, todas manejando este mismo concepto de «lengua propia de Cataluña» exclusivamente para el catalán, ignorando que las lenguas sólo son propias de las personas que las hablan y nunca de los territorios, como los tratados internacionales reconocen.



5. La discriminación. El Parlamento de Cataluña, órgano legislativo de la región y que, teóricamente, representa a todos los ciudadanos, no utiliza nunca el castellano en sus debates, y en sus resoluciones o comunicaciones internas o externas, ignorando de este modo a la comunidad castellanohablante, de la que procede en parte y a la que se supone representa.

Todos los organismos públicos, no dependientes directamente del Gobierno Central, utilizan en sus relaciones internas y externas únicamente el catalán, ignorando la otra lengua que es también oficial de Cataluña, como dicen la Constitución Española (artículo 3.1) y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña (artículo 3, apartados 2 y 3).

Toda la señalización e información que se ofrece a los ciudadanos procedente de organismos oficiales dependientes del Parlamento de Cataluña, la Generalidad de Cataluña, las Diputaciones, los Ayuntamientos y otras entidades de carácter público, se hacen solamente en lengua catalana. Los medios públicos de comunicación, emisoras de radio y televisión, dependientes de la Generalidad, de la Diputación o de los Ayuntamientos, realizan sus programas exclusivamente en catalán. Se subvencionan y promocionan exclusivamente las manifestaciones artísticas y culturales que se realizan sólo en catalán.

La Administración Pública de Cataluña pretende por todos los medios imponer la lengua catalana en la actividad privada, mediante subvenciones, consignas o normas al respecto.



6. La discriminación educativa. El problema se manifiesta en su máxima gravedad en el sistema educativo y, particularmente, en el ámbito de la enseñanza primaria. Este segmento social, constituido por la población infantil, ha sido y es objeto de particular presión por parte de la Generalidad de Cataluña, en cuanto a la implantación absoluta del catalán, con la eliminación también absoluta del castellano de la enseñanza, sin tener en cuenta para nada cuál sea la lengua propia de cada niño ni el derecho que asiste a los padres de elegir la lengua en que se han de ser educados sus hijos.

Esta es la situación en los distintos niveles educativos:



a) En la enseñanza primaria (de los 3 a los 14 años), el procedimiento aplicado para forzar el cambio lingüístico hacia el catalán ha sido y es el llamado «método de la inmersión lingüística», consistente en que al niño, desde su primer día de colegio en el parvulario (3 años), se le habla y se le imparte la enseñanza únicamente en catalán. Sólo a partir de los nueve años, y únicamente como asignatura, se le enseña el castellano durante dos o tres horas a la semana (como si fuera una lengua extranjera), pero el resto de las disciplinas escolares se siguen exclusivamente en catalán hasta el final del ciclo educativo de primaria (14 años).

Es preciso resaltar que esta «inmersión» se impone prescindiendo de cualquier tipo de circunstancias personales, sociales y lingüísticas de cada niño y sin consultar con los padres de los pequeños, ya que este el el método único y obligatorio para todos. (Ver nuestro Informe nº 2, 1995. Inmersión Lingüística, páginas 14 y 15).

Para los padres que persisten reiteradamente en sus quejas contra tan bárbaro procedimiento educativo se ha ideado la llamada «atención individualizada»... Consiste en lo siguiente: Se les dice que se va a atender su caso de manera especial y para ello se utiliza la argucia de sacar a estos niños de la clase de inmersión a un espacio distinto o a un rincón del aula, donde se les explica en español, durante una media hora aquello que «no han podido entender» de la clase impartida en catalán y a continuación se les reintegra a la inmersión con el resto de los niños.

Este trato, humillante y antipedagógico, atenta además contra la dignidad de los niños y de los padres, en cuanto a que ellos piden la enseñanza en español, del mismo modo que la tienen, sin ningún problema, los que la desean en catalán para sus hijos, y no un trato marginal durante media hora.

Como reacción contra la inmersión obligatoria se producen, en el curso 93-94, multitud de protestas, y hasta 500 padres deciden, al inicio del curso, no escolarizar a sus hijos hasta que se les proporcione la enseñanza en castellano. Pero esta y otras protestas son sofocadas por las autoridades educativas, que no quisieron ceder en su postura. Posteriormente los padres, en su mayoría, han claudicado ante las presiones de todo tipo o se han ido de Cataluña.

En el curso 95-96, sobre una población escolar de 280.000 alumnos, solamente 89 padres, a pesar de las dificultades y de los inconvenientes que reconocen en el procedimiento, pidieron para sus hijos «atención individualizada». Este escaso número de solicitudes fue aprovechado por las autoridades catalanistas para argumentar la aceptación social generalizada del procedimiento de «inmersión» en Cataluña, lo que es una falacia descomunal, porque, a quien solicita enseñanza en castellano, se le da «atención individualizada», es decir, una práctica pedagógica aún más aberrante y humillante, si cabe, que la inmersión misma, circunstancia que los padres conocen.

Si solamente el 0,03 de los niños de Cataluña piden la enseñanza en castellano es porque ya saben lo que se les da; el otro 99,97% acepta la inmersión como mal menor, aunque no esté de acuerdo con ella y quiera la enseñanza en castellano para sus hijos, del mismo modo que la tiene el niño catalanohablante de recibir todas las materias en su lengua materna.

Las unanimidades del 99,97% son un claro signo de falta de libertad de elección. ¿Cómo se va a elegir la opción educativa en castellano si se han suprimido las líneas de enseñanza en esta lengua?

De hecho, y según una encuesta de la Universidad Complutense de Madrid recogida en el documento «Sociedad Española. Año 1995», investigación dirigida por el catedrático de sociología de dicha universidad, D. Amando de Miguel, a la pregunta sobre qué opinan de la inmersión escolar en Cataluña, sólo la apoya en el conjunto de España el 19% de los encuestados, y en Cataluña sólo el 57%, lo que no concuerda con la espantosa unanimidad de 99,97% referido lo que denota la falta de libertad de elección antedicha.

Es significativo que dicha pregunta concreta sobre la inmersión en Cataluña la quisiera eliminar del cuestionario la Generalidad, para lo cual cursó una carta al rector de la Universidad Complutense de Madrid, como denunció el propio Amando de Miguel en declaración a la cadena radiofónica COPE el 10-1-96.

La cobertura legal de este atropello que significa la inmersión obligatoria y general es el Decreto de la Generalidad de Cataluña 75/92, de 9 de marzo, que establece lo siguiente:

Artículo 3.1: «El catalán como lengua propia de Cataluña lo es también de la enseñanza. Se utilizará normalmente como la lengua vehicular y de aprendizaje de la educación infantil, de la educación primaria y de la educación secundaria obligatoria».

Artículo 4.3: «A partir del segundo ciclo de educación primaria (8-9 años) se introducirá la enseñanza de las lenguas extranjeras que tendrá continuidad a lo largo de toda la educación obligatoria».

En este Decreto, como se puede observar, se considera al español o castellano no sólo como «lengua no propia de Cataluña», sino, además, como lengua extranjera, lo cual supone un agravio a la población de Cataluña, que es bilingüe.

Dicho Decreto contradice incluso la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña de 1983, que en su artículo 14.2, dice: «Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o castellano. La Administración ha de garantizar este derecho. Los padres o tutores podrán ejercerlo en nombre de sus hijos».



b) El problema de la falta de libertad, por la eliminación del castellano o español del sistema educativo, no se circunscribe exclusivamente a la enseñanza primaria, sino que tiene su continuidad en las enseñanzas secundarias y superiores, si bien no se manifiesta con tanta virulencia como en aquélla.



7. La comunidad afectada. La población de habla española o castellana de Cataluña se ve discriminada y marginada de la vida pública y social, teniendo que someterse a los dictados antes expuestos u optar, si le es posible, por emigrar hacia otras regiones de España, como lo han hecho ya más de 20.000 funcionarios y numerosas familias de toda condición.

Se han agotado ya todos los recursos jurídicos posibles que admite la legislación española, con un resultado global negativo para nuestros derechos, toda vez que, si bien la mayoría de las sentencias han sido favorables para nosotros, éstas no han sido cumplidas (véase Informe nº 2, 1995, «Recursos Judiciales y Sentencias», páginas 25 y 26), y aquellas pocas sentencias que nos han resultado contrarias han sido aprovechadas por la Generalidad para cometer nuevos desmanes (como veremos en el presente Informe).

Como conclusión, frente a los abusos expresados, nuestra Asociación pide respeto a la Constitución Española y a los derechos humanos de los convenios internacionales que en la misma Constitución se defienden, y muy en particular:

a) El cumplimiento del mandato constitucional en su artículo 3.1: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».

b) El derecho fundamental de los padres o, en su caso, de los alumnos, a poder elegir el idioma en que han de ser educados, conforme afirma el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

c) El derecho de los niños a ser educados en su lengua materna, de acuerdo con lo que establece la Unesco como norma general, y es el criterio unánime de psicolingüistas y pedagogos.

d) El establecimiento y respeto del bilingüismo en las administraciones públicas autónomas: Parlamento Autónomo, Generalidad, Diputaciones, Ayuntamientos, etc.



8. Necesidad de una ley 1. Si como la Constitución afirma y los tribunales han confirmado, los españoles tenemos el deber de conocer la lengua común española, todas las manifestaciones oficiales, sean del ámbito que sean, han de ir expresadas como mínimo en nuestro idioma común en que se fundamenta un aspecto de la igualdad de todos en el ámbito nacional.

Ya la sentencia del Tribunal Constitucional de 26.06.1986 sobre la Normalización del Vascuence establece: «El Estado puede regular, si lo considera oportuno, las garantías básicas de la igualdad en el uso del castellano como lengua oficial ante todos los poderes públicos, así como las garantías del cumplimiento del deber de conocimiento del castellano, entre las que se halla la obligatoriedad de la enseñanza en este idioma.»

El profesor F. Marsá, de la Universidad de Barcelona, afirma en su magnífico libro Diccionario normativo y guía práctica de la lengua española (Ariel, Barcelona, 1986, pág. 113) lo siguiente: «No deja de llamar la atención el entusiasmo con que se han puesto a normalizar o normativizar sus respectivas lenguas aquellas comunidades autónomas que las tienen propias; e incluso comunidades el rango de cuya peculiaridad lingüística no sería fácil de establecerse. Frente a la decidida política lingüística institucional de las comunidades autónomas, las instituciones del Estado no adoptan -que se sepa- política alguna ante la incuestionable degradación de la Lengua Española por antonomasia, la que todos los españoles tienen el deber constitucional de conocer y el derecho a usar».

Manuel Alvar, Académico de la Lengua, en declaraciones a «El País» el 2 y el 7 de diciembre de 1988, afirma: «Dentro de nuestro país, habiendo como hay una política lingüística en Cataluña, País Vasco y Galicia, no la hay en el Estado. Esta ley no tiene por qué ir contra nada ni contra nadie, sino que debe establecer una situación de igualdad entre todas las lenguas (...). Si hubiera una ley de defensa del español, no se producirían los problemas que a veces surgen en las comunidades autónomas».

El mismo Manuel Alvar, en Burgos, en la inauguración del V Congreso Internacional sobre «El Español en América» (7 de noviembre de 1995), afirmó: «Varios países iberoamericanos están dando continuamente lecciones a España al recoger en sus respectivas Constituciones la defensa expresa de la lengua española».



9. Conclusiones. Acción Cultural Miguel de Cervantes exige del Gobierno de la Nación dos leyes urgentes: a) una «Ley de defensa y protección de la lengua española» y b) otra «Ley de defensa y promoción de la cultura española común».

A) Ley de defensa y protección de la lengua española. Reclamamos que se desarrolle mediante la referida Ley el artículo 3.1 de la Constitución Española, que dice: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».

Dicha Ley tiene que establecer de manera expresa y concreta:

a) El deber constitucional de todos los ciudadanos españoles de conocer correctamente la lengua española, especificando el modo en que este conocimiento se ha de hacer efectivo.

b) El derecho que asiste a cualquier español a usar, de manera pasiva y activa, la lengua común española, en cualquier circunstancia y, en particular, en sus relaciones con las administraciones públicas, (bien sean del ámbito del Estado, regionales, provinciales, locales, etc.). Este derecho será extensivo a todos los entes de carácter público de cualquier naturaleza.

c) El deber de todas las administraciones y organismos de carácter público de efectuar sus actividades en castellano (lo cual no obsta para que sean bilingües, en su caso), para que cualquier español pueda hacer efectivo el derecho reconocido en el apartado anterior.

d) El derecho inalienable de los alumnos de cualquier tipo y nivel de enseñanza a recibir la misma en lengua española, desde la entrada en el parvulario a la universidad, si así lo desean los propios alumnos o los padres, en su caso. Para ejercer este derecho la Administración debe reabrir en Cataluña las líneas de enseñanza en español, hoy clausuradas, en todos los niveles educativos, manteniendo, por supuesto, las de enseñanza en catalán.

e) El derecho que tiene todo ciudadano español a circular libremente o establecerse en cualquier parte del territorio del Estado, sin que exista ningún tipo de obstáculo o barrera lingüística que menoscabe el ejercicio de este derecho, como reconoce nuestra Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

B) Ley de defensa y promoción de la cultura española común. La cultura española común debe ser también defendida y promovida en todo el ámbito nacional, ya que en la actualidad, igual que la lengua, se encuentra marginada en las actividades que se realizan en las comunidades autónomas. Esta Ley debe contemplar los siguientes aspectos:

a) Exigir en la enseñanza primaria y secundaria el estudio de la geografía del conjunto del territorio nacional como una unidad geopolítica, evitando la visión fraccionada, reducida al territorio de las respectivas comunidades autónomas, con que actualmente se aborda este estudio.

b) Exigir, asimismo, en los citados niveles educativos el conocimiento de la historia de España en su conjunto, así como su papel en el concierto internacional y su proyección universal, especialmente en los países de la comunidad hispana.

c) Del mismo modo, reclamar la intensificación del estudio de la literatura española común, tanto en lo referido al ámbito nacional como en su manifestación hispanoamericana.



Acción Cultural Miguel de Cervantes

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