En la república
no hubo libertad de prensa
La
mentira más mendaz resuena en la boca o en la pluma de
individuos que pretenden, sin más, contar la historia a
su gusto. De ahí que se escriba, en libros y
publicaciones periódicas de carácter nacional, que el
Alzamiento del 18 de julio, valga el ejemplo, fue un
atentado contra la legalidad de la República. Pero,
¿esta era legal el día en que millares y millares de
españoles, encuadrados en un Ejército reducido,
decidieron acabar con el caos imperante? La II República
había ido perdiendo legitimidad desde mayo de 1931, al
permitir el Gobierno la quema de conventos, iglesias y
centros de enseñanza de religiosos. ¿Hay alguien que
pueda negar la dejación de poder de los hombres que
decían encarnar al Estado?
Los gobernantes republicanos pasaron desde la dejación
de poder hasta una política agresiva en extremo. La
Constitución advertía que, salvo decisión judicial
debidamente justificada, nadie podía impedir la libertad
de expresión en medios de comunicación. Pero de
inmediato, el hombre más nefasto, resentido y frívolo
del gobierno, logra la aprobación de la llamada Ley de
Defensa de la República. Y, con ella en la mano, el
Ministro de la Gobernación conculca abiertamente la
Constitución. Bajo el pretexto de que este o aquel
periódico afectaban a la seguridad de la República, el
ministro aludido o el mismo presidente del Gobierno,
Manuel Azaña, ahora tan admirado de repente por ciertos
políticos clausuraron periódicos de la manera más
arbitraria. El primero que fue cerrado, ABC, a partir de
mayo de 1931, sufrió esta pena durante tres meses,
produciéndose grandes perjuicios económicos a la
empresa. «El Debate» estuvo menos tiempo cerrado, pero
también experimentó sensibles pérdidas. Pretexto para
tales medidas: su responsabilidad en los sucesos de mayo.
La prensa de las izquierdas, fiel al gobierno, llegó a
asegurar que los incendios de iglesias habían sido obra
de las derechas. La mentira constituía el arma preferida
de Azaña y las logias españolas que secundaban las
consignas de las británicas y francesas.
La suspensión de publicaciones de carácter derechista
o, simplemente, críticas con la política del gobierno,
alcanzó al País Vasco y a Navarra. Azaña y sus
colaboradores actuaban con una gran carencia de sentido
liberal y democrático.
Con motivo de la asonada de agosto de 1932, a cargo de
Sanjurjo, Azaña cierra, de un plumazo, más de cien
periódicos. Les acusa de haber alentado la sublevación.
Otra mentira. Ninguno de los periódicos suspendidos,
entre ellos ABC, habían publicado nada que hiciese
sospechar que incitaban a la rebeldía. Azaña, en tono
jactancioso, mientras se dispone a reprimir masivamente
la libertad de expresión, le dice al Director General de
Seguridad: «Tráigame muchas gorras de plato
agujereadas». Y encarcela, sin intervención judicial
alguna, a un elevado número de monárquicos que ni
habían conspirado ni sabían nada de lo que iba a
suceder. Y, vengativo y rencoroso, expropia tierras y no
precisamente solares baldios, sino fincas puestas en alta
producción por sus propietarios. Se trata de perseguir a
toda persona que no sea republicana lo cual entraña un
gravísimo pecado, según el psicópata Azaña.
El destacado historiador Ricardo de la Cierva escribe, en
el volumen El mito Azaña, de su serie de episodios
históricos de España, que «la Ley confirma la
expropiación sin indemnización de todas las fincas
pertenecientes a la "extinguida Grandeza de
Expaña", porque la República se había empeñado
en que la alta nobleza estaba implicada, en bloque, en el
pronunciamiento del 10 de agosto, lo cual era
completamente falso y nunca se pudo demostrar».
Este era el Azaña, en compañía del pequeño miserable
Casares Quiroga, que hablaba en el Congreso de libertad y
democracia como supuestos símbolos de la II República.
Enorme mentira. Como lo fue, también, en amañada y
vergonzosa sesión parlamentaria, la destitución de
Alcalá-Zamora. Se amordazaba a la opinión expresada en
los diarios y revistas que consideraba enemigos suyos.
Aquel cobarde -lo decían Miguel Maura, Indalecio Prieto
o el mismo Salvador Madariaga- se encontraba en estado de
delirante soberbia. El singular periodista y escritor
Manuel Bueno, asesinado en la zona roja, advertía en ABC
el 20 de octubre 1934: «El señor Azaña empezó a
sentir ese mareo especial que se apoderaba del hombre al
contacto del primer éxito, sea en amor, en política o
en arte. Los espíritus fuertes se sobreponen facilmente
a los efectos de ese fenómeno y recobran, con la lucidez
crítica, la visión exacta de las cosas. Los soberbios
se dejan vencer por él, se desolidarizan de todo lo que
les rodea y se situan de un salto en la región de la
infabilidad, que es el ambiente familiar de los dioses».
Que Azaña se siente infalible, no hay duda. Y, por ello,
cierra periódicos, ordena ocupar tierras sin
indemnización, envía a la cárcel sin garan-tías
legales a quien le place y, como existe una justicia
inmanente, desde las elecciones de febrero de 1936, se
convierte en un muñeco del extremismo más radical y
asesino. El gran censor de España, medroso y resentido,
sólo tiene fuerza para redactar sus diarios. Es incapaz
de detener el incendio de la Patria y el torrente de
sangre que se vierte a raudales. La guerra la había
traído él, no Franco, como ha escrito un sedicente
historiador y plagiario hace escasos días.
José Antonio Cepeda
|
Pulse aquí para enviar
correo