CRONICA: La política. Por M. Jiménez Quílez

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CRONICA: La política. nº 85

Por M. Jiménez Quílez

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CRONICA: La política

Liberación. Cada tarde y cada mañana, grupos de manifestantes recordaban en muchas ciudades españolas que José Antonio Ortega Lara, funcionario de la prisión de Logroño, permanecía secuestrado por Eta. En el País Vasco, a estas manifestaciones se solían oponer otras minoritarias para reclamar la «aproximación a Euzkadi de los presos de Eta». Las manifestaciones de uno y otro signo estaban degenerando en actos rutinarios. Casi sonaba a sarcasmo el «exigimos» la libertad de Ortega Lara. De pronto se produjo la noticia: Ortega Lara había sido liberado con vida en un zulo de Mondragón y, lo que añadía alegría a la alegría, había sido liberado por un comando de la Guardia Civil.

Cuando los españoles pudieron ver en las pantallas televisivas la imagen casi espectral de Ortega Lara y se les ofreció una imagen del zulo en que había permanecido recluido 532 días, un estremecimiento de estupor sacudió a todos.

Detenidos los seis etarras guardianes del secuestrado, que habían formado el comando en 1980, la operación de liberar a Ortega Lara fue desarrollada de manera impecable por la Guardia Civil, sin que se produjese ni un solo rasguño a los que , por activo o por pasivo, en ella intervinieron. Un enorme triunfo de la Benemérica.

El Partido Nacionalista Vasco, por boca de su portavoz, José Eguíbar, echó vinagre al vino al afirmar que Ortega Lara «desempeñaba alguna función añadida en la cárcel de Logroño». Luego pidió disculpas reconociendo que su frase fue «poco afortunada».

Pero Eta trató de vengarse lo antes posible. Y alguien, que todavía anda libre, anunció que vendría la resaca. La resaca llegó el 10 de julio con el secuestro de un concejal del Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya), del que Eta se declaró autora con la amenaza de que el rehén sería «ejecutado» si en un plazo de 48 horas el Gobierno no accedía a reagrupar a todos los presos etarras.

Hubo movilización general de todas las organizaciones gubernamentales, Pacto de Ajuria Enea, Pacto de Madrid, llamadas a la cordura, búsqueda de mediaciones nacionales e internacionales. Todo fue inútil: a las cinco de la tarde del día 12 de julio, dos tiros en la nuca en las afueras de San Sebastian acabaron con el inocente rehén. La indignación se apoderó de los españoles que no habían imaginado tan infinita crueldad, añadida al secuestro de Ortega Lara. Y España fue un clamor. Cientos de miles de manifestantes se lanzaron a la calle expresando su indignación. «Sólo la movilización que se produjo tras el 2 de mayo de 1808 contra el ejército más importante del mundo, puede considerarse un precedente comparable», dice un cronista. Con los manifestantes, los líderes políticos de los diversos partidos. Toda España fue un grito. El asesinato del concejal Miguel Angel Blanco hacia el número ¡815! de los perpetrados por Eta, pero ninguno había logrado conmover a la sociedad en la profunda medida que éste. ¡Todos contra HB; todos contra Eta!

Hemos dicho «toda España», pero la verdad es que no era toda España. Un núcleo fuerte quiso pronunciarse en contra. No lograron el permiso para una primera manifestación, pero sí para una segunda, a la que hay que admitir con asombro que asistieron veintitantas mil personas, que así aprobaban la acción criminal de Eta. La verdad es que, aunque el número de estos manifestantes parece que era menor que el de otras ocasiones, estremece comprobar que unas decenas de miles de ciudadanos admitían públicamente su apoyo a tan horrible crimen.

El Presidente del Gobierno afirmó que la lucha antiterrorista no podía ser ya igual a las que se practicaba antes de la muerte de Miguel Angel Blanco, y el ministro del Interior estudió medidas que deberían ser acordadas por las fuerzas políticas. Todos dicen que sí, pero, de inmediato, hacen su presencia los «peros». El PNV, que había secundado las declaraciones más duras contra Eta -especialmente las de Ardanza- inició un cierto movimiento de despegue. Aislar a HB, sí, pero en determinadas condiciones; para Eusko Alkartasuna y su presidente Garaicoechea el Gobierno hacía demasiado ruido y propiciaba unas medidas con tal publicidad que a él le recordaban a Goebbels; el Psoe estaba de acuerdo con las medidas, pero recelaba del protagonismo del Gobierno, de la capitalización partidaria de la lucha antiterrorista. Su portavoz en Vizcaya, Jáuregui, estimaba también que el consenso se estaba rompiendo...

Ya queda poco de esta frágil alianza ante el enemigo común que, como se ve, mantiene gran fuerza. Hay explosiones de bombas en Oviedo -dos granadas contra el cuartel de la Policía Nacional- y en Huesca; siguen los enfrentamientos callejeros en Guipúzcoa y Vizcaya. Y en Pamplona aún no se han olvidado los graves incidentes en la noche del 11 al 12 de julio con decenas de heridos.

En los Ayuntamientos vascos en que gobernaba HB se intenta su expulsión de las alcaldías. Se ha conseguido en Mondragón, reducto etarra, pero resulta más difícil en otros ayuntamientos en que gobierna Hb (un 10 por 100 del total).

El ambiente anti-Eta fue cortocicuitado por el fallecimiento en la prisión de Albacete de un preso que se suicidó, del que se dijo -solamente- que había sido violado, y de la aparición en Méjico del cadáver de otro etarra, lo que ha dado pretexto para que los ayuntamientos y colectivos de Hb pugnen por nombrarles hijos adoptivos y tributarles homenajes.

Cuando se redacta esta crónica llega la noticia de que los etarras residenciados en la isla de Santo Domingo, Eugenio Etxebeste (Antxon), Ignacio Arakama (Macario) y José M.ª Gortxegi (Peio), han sido puestos a disposición del Gobierno español. Así se cierra -dice algún comentarista criploetarra- toda posibilidad de diálogo con la organización terrorista. Estos etarras vivían en Santo Domingo a costa del Gobierno español, que pagaba todos los gastos, desde que en 1989 se les trasladó desde Argel en un avión militar, una vez fracasadas las conversaciones que mantuvieron con la delegación del gobierno español presidida por Rafael Vera.

Lo cierto es que las anunciadas medidas contra Eta todavía no han sido adoptadas. El ministro Mayor Oreja se proponía tenerlas dispuestas para el Consejo del 29 de agosto. Este ministro es objeto de la particular inquina del Pnv.

La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco se negó a visitar colectivamente el zulo y felicitar a la Guardia Civil. Antes, no había tenido el menor inconveniente en visitar en la cárcel a dirigentes etarras. Algunos de los vocales vieron el zulo y quedaron horrorizados (hay antecedentes claros de estos agujeros en las chekas comunistas, socialistas y anarquistas que funcionaron en la zona roja durante la Guerra civil. Fueron 219 checas, en algún orden de cosas aún más crueles que los zulos de Eta).

El Episcopado español hizo declaraciones, participó en algunas de las multitudinarias manifestaciones, organizó funerales por el eterno descanso del alma de Miguel Angel Blanco. Era su deber y lo cumplió con cierta timidez, yo creo que sobrepasado por la contundencia de las reacciones populares y la esencial gravedad de los acontecimientos. Pero todos nos preguntamos lo mismo: ¿Qué hizo o dijo el Obispo? No hay que mencionar su nombre. Todos sabemos de quién se habla. Un cronista religioso, al relatar la reacción episcopal y subrayar la presencia de prelados en las manifestaciones de Barcelona, Burgos y Vizcaya, escribe: «De monseñor Setién prefiero no comentar nada.»

No deja de ser interesante recordar lo que sucedía en el País Vasco días antes del terremoto que se inicia con la liberación de Ortega Lara.

Pues bien, entonces, el ministro Mayor Oreja estaba contra la pared por parte del Pnv por no acceder al acercamiento al País Vasco de los presos etarras. La presión era tal, que la firmeza del ministro ofrecía peligro de cuartearse.

- El Tribunal Supremo anunciaba que el día 6 de septiembre juzgará a la Mesa nacional de Hb -23 acusados-. Este juicio centra ahora al máximo la atención de todos. El propio Gobierno ha instado al Alto Tribunal a mostrarse duro. La respuesta de Hb no se ha hecho esperar: responderán con la máxima agresividad, «recrudecerán el conflicto» si el Supremo les condena.

- La Consejería de Educación del Gobierno vasco ha ultimado un proyecto en virtud del cual se eliminarán las referencias a España en la asignatura de Geografía del nuevo Bachillerato. Los jóvenes sólo estudiarán el ámbito de las Vascongadas, Navarra y el país vascofrancés. Uno de los puntos principales de la reforma es la relación de Euskal-Erria con la Unión Europea. Los redactores del proyecto plantean nueve objetivos generales. El primero dice así: «Comprender y explicar en sus coordenadas temporales y espaciales los principales procesos de ordenación del espacio geográfico vasco, determinando los elementos geoeconómicos y sociales que configuran Euskal Herria en su heterogeneidad interna.»

- Se hace público un informe secreto de 1982 sobre un acuerdo entre el Gobierno y Pnv «para neutralizar a los duros de Eta», en virtud del cual, Pnv y el Gobierno vasco facilitaron datos de etarras a Interior bajo el mandato de Ucd. Arzallus califica de falso este informe.

- El fiscal-jefe de la Audiencia de San Sebastián, señor Navajas, lamenta públicamente «la falta de condiciones para juzgar casos de terrorismo en Euskadi».

- El alcalde de Guernica pide que Aznar se disculpe por el bombardeo que su ciudad sufrió durante la Guerra civil. No se habla del de Valladolid ni de otros.

- El Patronato del Museo Reina Sofía reitera su negativa al traslado del «Guernica», de Picasso, a Bilbao con motivo de la inauguración de la sucursal del Museo Gugenheim. Ha convocado un simposio internacional para estudiar el estado de la obra. Pese a todo, el Pnv y el Gobierno vasco insisten.

- Pp afirma que desde 1980 se ha dedicado casi un billón de pesetas a la «euskaldunización» del País Vasco. La cifra de vascoparlantes se encuentra estancada desde entonces, por debajo de un 25 por 100 de la población.

- El Gobierno de Navarra denuncia en un informe oficial los intentos anexionistas del País Vasco. Exige al Gobierno vasco que retire los símbolos de su comunidad en las ikastolas (también, supongo, de la bandera vasca que con ellos tiene en su despacho el consejero de Interior, según foto publicada por «Cuadernos de Encuentro»). El Pp ha pedido en el Parlamento de Vitoria que se rectifique la anexión de Navarra en Internet. El Ejecutivo de Ardanza considera la Comunidad foral como parte de su territorio en el que también incluye parte del Suroeste de Francia. El Gobierno navarro está dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional para que terminen estas agresiones. Arzallus dice que es correcto incluir Navarra en el País Vasco.



Justicia. Han amainado las tormentas desencadenadas con motivo de los nombramientos del Fiscal General, señor Cardenal, y el de la Audiencia Nacional, señor Fungairiño. Especialmente el de este último desató las iras de las asociaciones de fiscales, que recurrieron y estimaban que el Gobierno había retado a la carrera fiscal en pleno.

La Justicia había finalizado el año 1966 con más de 600.000 asuntos sin resolver, por lo que el Consejo General del Poder Judicial pidió al Gobierno y al Parlamento medidas urgentes, sobre todo en materia penal, petición de la que nada se ha vuelto a saber.

Tampoco se ha sabido nada del nuevo Estatuto del Tribunal Supremo, tema del que se había hecho cargo personalmente su Presidente, después de la petición hecha al Rey para que interviniera en el grave conflicto jurisdiccional.

Ahora, todos van contra la desafortunada Ley del Jurado, impuesta por el Psoe. El Fiscal General ha solicitado su reforma «para evitar una indeseable impunidad» y, en general, se la combate por ser más benévolo que los jueces; los jurados no entienden la jerga jurídica, y la institución resulta cara. En el ánimo de todos esta el recuerdo del caso Otegi: se puso en libertad a un criminal confeso, además de otras sentencias similares.

Ha causado sorpresa la decisión del Tribunal Constitucional rectificando la del Tribunal Supremo en favor de la preferencia del varón en la sucesión nobiliaria, que ha dejado a decenas de primogénitas sin los títulos que reclaman. El Tribunal se basa en que los títulos nobiliarios son simbólicos y que no es discriminatoria la prevalencia del varón. Para algunos juristas, las consecuencias de esta sentencia son tan enormes como escandalosas. No sólo se ha vulnerado la jurisprudencia del Supremo; se han machacado media docena de principios constitucionales.

Se anuncia un plan de austeridad en la Justicia, un drástico recorte en los gastos de teléfono, fotocopias, transportes, libros, viajes y comidas. Según el Poder Judicial este Plan choca con «carencias lamentables».

El comunista Anguita ha acusado de manipular jurisprudencia a un presidente de la Sala del Tribunal Supremo. El Consejo General ha amparado al magistrado; pero no se ha pronunciado sobre el fondo, al parecer, una «errata».



Iglesia. Falleció uno de los prelados más eminentes de España: Monseñor José Guerra Campos, que fue obispo auxiliar de Madrid, Consiliario de la Acción Católica, Secretario de la Conferencia Episcopal y obispo de Cuenca.

Admirable teólogo, desempeñó un gran papel en el Concilio Vaticano II, pero, al igual que don Casimiro Morcillo, arzobispo de Madrid, fue víctima de su firme ortodoxia. Enfrentado al cardenal Tarancón siendo éste presidente de la Conferencia Episcopal, fue pospuesto por el Vaticano en la designación del Arzobispado de Santiago. Pablo VI alegó entonces al embajador español ante la Santa Sede, que don José carecía de experiencia pastoral (!). Atacó la firma por el Rey de la ley del divorcio y en todo momento mostró su orgullo por haber contribuido a la reconstrucción espiritual de la Iglesia española sirviendo al régimen nacional del Generalísimo, lo que le valió la enemiga de Pablo VI.

(Por cierto, tuve el honor de que me relatase una entrevista que había mantenido con ese Papa. Le agradecí el relato y me consideré en la obligación moral de asegurarle que guardaría la confidencia. «Muchas gracias -me dijo-, pero no se la he pedido.»)

Hombre recio e íntegro. Descanse en paz don José, que tan alto ejemplo de valiente fe deja tras de sí.

El Episcopado y, sobre todo, Monseñor Sánchez, Secretario de la Conferencia Episcopal se muestran molestos por «la tardanza del Gobierno en solventar de una vez el problema de la enseñanza de la religión». Se esperaba que el problema quedaría resuelto este verano. También se queja de la reticencia gubernamental a resolver los problemas pendientes, entre los que figura la asignación tributaria.

Una encuesta del Instituto de la Juventud afirma que en España hay ya más jóvenes no creyentes que católicos practicantes. El 19 por 100 practica el catolicismo y el 23 por 100 se declara indiferente.

Cataluña. Un cronista afirma que le ha sido filtrada desde las sedes centrales del Pp, que la cúpula del partido en el poder «está hasta el gorro» del señor Pujol quien no cesa en sus constantes reclamaciones de más y más competencias para su gobierno al que dentro de poco habrá que dejar de adjetivar como autonómico. Exige, ruega, suplica, según convenga. Así logra que la máquina de pedir no deje de funcionar ni un solo minuto. Entre exigencia y petición reconoce que los catalanes tienen mala imagen ante el resto de los españoles y arremete contra éste o aquel señor de Madrid, culpable de ello. Vive, sin duda, al pie de los teletipos noticiosos y al minuto de haber sido lanzada una noticia ya está la aclaración o rectificación.

Se le ha calificado de insaciable. De vez en cuando, para quebrar tensiones, pronuncia la palabra España, acontecimiento que glosa entusiasmado Abc de Madrid.

Ahora, como siempre, se trata de nuevas competencias: 71, incluidas las pensiones y las subvenciones por Sanidad.Mientras advierte que el derecho de autodeterminación es irrenunciable. Pero, sobre todo, la consecución del cupo. Se le crispan los nervios pensando que los vascos lo tienen y, considerándolo más beneficioso para Cataluña que el actual sistema de financiación de que disfrutan. Si el señor Aznar le explica que va a ser difícil que consiga ese deseado cupo, insiste: «Ahora, dice usted que no, pero ya me dirá que sí más adelante.»

Con la Ley del Catalán, amaga y da. Aparte de la lengua castellana, que va a ser la primera víctima del inminente texto legislativo del Parlament, puede darse por baleado el señor Vidal-Quadras, cuyo porvenir en el Partido Popular de Cataluña parece bastante negro.

El señor Vidal-Quadras ha explicado en un magistral artículo (La nación traslúcida «Política Exterior», mayo-junio 1997) las tácticas de don Jordi y, sobre todo, su método para conseguir el objetivo soberanista que es su fin último. Vidal-Quadras, muy sutilmente, desarrolla el «gradualismo» del presidente, «que consiste en dosificar con gran precisión la intensidad y la naturaleza de las reivindicaciones a tenor de la resistencia hallada o de los cambios en el escenario social económico y político, pero sin retroceder jamás un milímetro». Pide ahora incluso la reforma de la Constitución.

Porque, además, todo hay que decirlo, casi nadie en Cataluña levanta la voz para restablecer la verdad de la historia catalana y de la de España. Frente a la versión sumamente tergiversada que divulgan los nacionalistas, incluso con las enormidades geográficas inadmisibles. Apenas se reacciona ante lo que habría que hacer frente. Incluso la defensa de la lengua castellana, que habla como idioma nativo más de la mitad de la población catalana, no se realiza con el vigor necesario. Parece que se trata del esperanto, más que de la lengua viva que se habla en España , que es la segunda del mundo.

Ahora, el señor Pujol está «reflexionando» sobre su pacto con el Gobierno. El caso es que, como siempre, su «no» no será «no», ni su «sí», «sí».

Cataluña está enferma. Lo dice el cardenal arzobispo de Barcelona, que acusa el golpe de que su Archidiócesis es la más atacada por el gravísimo mal del aborto -31 abortos diarios-. En 1995 se consumaron 11.369. El clero local está en inminencia de extinción, y los índices de asistencia a actos religiosos son los más bajos de España.

Hay que dedicar algún tiempo a otear cuál va a ser el porvenir de Cataluña y de España si las cosas siguen como hasta ahora. Posiblemente, el ¡Basta ya! de las manifestaciones multitudinarias de las últimas semanas resulte adecuado para cuanto viene sucediendo en las siempre amadas tierras catalanas.

La famosa financiación de Casinos por CiU no es punible, según el juez, que niega los delitos de falsedad y apropiación indebida. El Partido Socialista catalán ha recurrido la decisión judicial. Es bueno anotar que frente al imperialismo de la lengua catalana se registraron reacciones en Mallorca y Valencia. En Palma, cientos de coches colapsaron el centro de la ciudad para manifestarse en contra de la pretendida «unidad» del catalán, reivindicando así la peculiaridad de la lengua que se habla en las islas. En Valencia, más de cien mil personas se echaron a la calle para expresar su negativa a la imposición del catalán.



Corrupción. Colea la corrupción. En los Tribunales siguen los procesos. Alguno como el mítico caso Filesa se verá en audiencia pública en los primeros días de septiembre. A este proceso sí que no lo reconoce hoy ni la madre que lo parió. De «bajonazo» ha sido calificada la decisión del magistrado Bacigalupo. En efecto, poco queda de lo que durante tantos años elaboró con benedictina paciencia el un tiempo popular magistrado señor Barbero. En el banquillo no estarán los máximos dirigentes del Psoe cuando ocurrieron los hechos, ni ningún alto cargo del partido, ni siquiera el encargado de las finanzas. Se han reducido de 26 a 12 los acusados. Para Barbero eran 39. Cuatro empresarios se han librado del banquillo porque Barbero tardó en citarles.

En este juicio, absolutamente descafeinado, se pretende ahora que los ayer inculpados desfilen como testigos. Lo pide el fiscal, pero a lo peor, la Sala ni eso concede. No estarán presentes personajes de la Banca que fueron acusados en este proceso y a los que ya no les afecta nada de lo que en la Sala suceda. Para «El Mundo», Filesa es «un remedo de la justicia». Se comprende que el señor Borrell califique de «estrepitoso ridículo» la intervención del Pp como acusación popular en este proceso. El Pp alega que el Supremo ha sido presionado.

El caso Filesa estalló en el Parlamento el 22 de mayo de 1991. El 6 de junio se aprobaba la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con una disposición adicional peculiar que, a diferencia del conjunto de la Ley, la ponía en vigor ese mismo año. En ella se exoneraba de responsabilidad penal a los defraudadores que regularan su situación con Hacienda mediante la compra de Deuda Pública Especial. Esta suerte de amistía fiscal se complementó con otra medida legislativa de 31 de junio de 1995, por la que se aumentaba de cinco a quince millones el límite del fraude a partir del cual éste se convierte en delito. Estas medidas vinieron a salvar a los responsables de Filesa de imputaciones más claras. El nuevo Código Penal estableció una significativa rebaja en los delitos de falsedad. Los cobros realizados por Filesa y las demás empresas vínculadas al Psoe se efectuaban con arreglo a informes inexistentes de los que sólo figuraban sus falsos enunciados.

En otra constelación cabe registrar que el caso Zamora ha recibido carpetazo del Gobierno, sin acabar las investigaciones. El anterior presidente de Baleares, señor Cañellas, ha sido absuelto por prescripción de delito de cohecho por el que fue juzgado -famoso caso del túnel de Sóller-. El fiscal anticorrupción ha recurrido la sentencia.

El proceso a Roldán sigue su lento curso. Se deducen consecuencias muy jugosas que analizaremos.



Interholce. Por auto del Magistrado la venta fraudulenta de Interholce que pasó a manos del empresario italiano Giovanni Orefici se hizo a cambio de consumar la compra del periódico «El Correo de andalucía». Según dicho auto, el comprador de Interholce se comprometió a abonar 500 millones para efectuar pagos al Psoe. La venta de la sociedad a precio de saldo se hizo, pues, a cambio del control de las acciones de «El Correo de Andalucía». Carlos Sanjuán actuó de mediador y es acusado de tráfico de influencias.

Los grupos de Pp y de Iu han pedido la creación de una Comisión investigadora. El PSOE de Andalucía niega haber intervenido en la venta de Interholce y se opone a la creación y amenazan con que no quedarán impunes los que acusen al Psoe en este asunto. Orefici ha declarado asimismo que el Gobierno le condonó los 1.100 millones. Lo cierto es que el Psoe compró «El Correo de Andalucía», cuatro días después de venderse Interholce.

(A propósito: algo tuvo que ver el firmante de esta crónica con «El Correo de andalucía», diario católico fundado por el cardenal Spínola y uno de los bastiones del periodismo católico español. Era, en gran parte, propiedad del Arzobispado y en él tuvo participación la Editorial católica de don Angel Herrera. En una conversación con el Cardenal Bueno y Monreal, arzobispo de Sevilla, me dijo textualmente: «Se venderán los cuadros y objetos de arte del Palacio Arzobispal antes de que "El Correo" deje de ser periódico católico».

Ahora, da pena ver convertida su cabecera de uno de uno de los periódicos más emblemáticos del periodismo católico español en bandera de socialismo.

La denuncia del Gobierno de que el Psoe había permitido la prescripción fiscal de 600 expedientes, que había ocasionado al Tesoro una pérdida de 200.000 millones de pesetas, viajó por la Comisión parlamentaria creada al efecto para investigar el asunto. Tambien lo siguió la Fiscalía anticorrupción. La Comisión no actuó con mucha diligencia, a juzgar por los lamentos de su Presidente por la falta de cooperación de los socialistas.

Esta denuncia fue una de las causas principales de la pretendida «crispación» del ex presidente González; le ponía fuera de sí que le atribuyesen «amnistía encubierta». Iu se unió al Psoe en la acusación al gobierno de manipular la información sobre estos expedientes fiscales. Los socialistas afirmaban que nada había prescrito; lo que sucedía es que había una discusión jurídica todavía no definitivamente resuelta. La Comisión acordó que había habido negligencia en la gestión socialista de Hacienda, pero no delito. Para el Psoe no se ha dado ni siquiera esta negligencia.

Lo que hace unas semanas originó un gran escándalo, ahora no suscita la menor línea informativa. Todo se consume por el camino del olvido, por la ruta de la desidia; simplemente porque ya no sirve como munición contra el enemigo. Pero nadie devuelve un duro.



Psoe. Ya está instalado en su despacho de secretario general don Joaquín Almunia. Con las orejas gachas ha abandonado el suyo don Alfonso Guerra. Y don Felipe, presidente de la nueva Fundación del Psoe, a la que contribuirá la Administración: el dinero para las fundaciones amigas se concede con generosidad.

Pero a don Felipe le cuesta mantenerse en silencio. Y de vez en vez llama a sus amigos periodistas y se suelta el pelo: desde poner tibia a las carreras judiciales hasta arremeter contra el Gobierno y, sobre todo, contra el Sr. Aznar emitiendo juicios de valor sobre la eficacia de los ministros. Se ha cumplido el primer aniversario de su salida de La Moncloa y, como al parecer, esta ausencia le parece demasiado larga, hace lo posible para situarse de nuevo en la parrilla de salida. Es natural que al nuevo secretario general le haga poca gracia esta presencia de su antiguo jefe en la vida política, constituido en una especie de Reina Madre, dueño del «sí» y del «no», previniendo que se entre sin hablar con el portero.

Almunia pone cara amable a todos los que antes no recibían del Psoe sino desplantes y críticas. Se ha reunido con los señores Aznar y Anguita. Izquierda Unida es un objetivo para obtener colaboración. Se cambian palabras corteses, pero no parece que salte la chispa de la simpatía entre los señores Anguita y Almunia.



Gal. En verano, silencio sobre el Gal. En medio de las manifestaciones contra Eta, consecuencia del asesinato del concejal de Ermua, don Felipe se lanzó a hablar del Gal. En unas declaraciones admitió lo que nunca había admitido antes: que en la lucha antiterrorista «posiblemente se hubieran cometido algunos excesos». Aprovechó la presentación del libro exculpatorio del ex ministro Barrionuevo, que ostentaba un prólogo del ex secretario general del Psoe, para avalar a todos sus colaboradores y procesados, a los que rindió homenaje y proclamó su inocencia. (Había dicho en enero de 1996 que el caso Gal no le incumbía).

El proceso avanza en cumplimiento del lento calendario judicial: el coronel Perote, quien ha dicho que el Ejecutivo de González le ofreció dinero por su silencio, ha sido condenado por el Tribunal militar que le juzgaba, sigue vivo el caso Zabalza y asoman a la prensa las luchas de bufetes de abogados, con denuncias de sobornos millonarios a testigos del proceso.

Se han publicado oportunistas reportajes e informaciones sobre la actividad terrorista durante los años en que actuó el Gal. Y entre la rememoración de aquellos tiempos difíciles en que, efectivamente, la actividad terrorista fue muy intensa y los acontecimientos de las últimas semanas -asesinato de Miguel Bravo y hallazgo en un cruelísimo zulo de Ortega Lara- se diluye la reacción la sociedad española cuando se conocieron los hechos del Gal.

La Audiencia de Bilbao ha reabierto el sumario sobre el caso Brouard.



Televisión. Hasta los obispos, tan habitualmente silenciosos, publicaron una nota, no de la Conferencia Episcopal, sino de una subcomisión, protestando de la «telebasura», de la inconcebible degradación de las televisiones españolas, que obligan a los espectadores con principios, a conectar la pequeña pantalla con grandes recelos. El nivel resulta tan bajo que el calificativo de «vergonzoso» no expresa plenamente la ínfima calidad de los programas. De este calificativo no se escapa casi ninguna de las televisiones existentes, incluidas las estatales.

Los críticos alertan con vocabulario grueso y exacto sobre esta realidad detestable. Una prueba de ello la dá el siguiente texto del crítico de «El País», Carlos Boyero: «Esta fastuosa y emblemática cloaca del morbo y de la manipulación emocional; esa peligrosa apología de la calumnia y de la trivialización de la calumnia, esa despiadada máquina al exclusivo servicio del depredador Share, llamada innoblemente «Esta noche cruzamos el Missisipi».

La cosa va más allá de la pornografía y de la indecencia. Para este mismo crítico se trata de «más mierda». Otro periódico anuncia que «ya no hay basura en televisión; sólo detritus». Se trata de la «telecloaca», de un «todo vale» en la guerra entre las cadenas.

Se ha hecho pública la situación de RTVE: La duda de 333.941 millones de pesetas. Los españoles deberán pagar en los próximos años 750.000 millones para mantenerla en pie. El Ente pierde diariamente 300 millones de pesetas y paga 55 en concepto de intereses. Hay un plan que aconseja despedir o trasvasar 4.700 empleados. Y los responsables de esta situación, preparándose para volver.



La TV digital. Un batalla legal enfrenta al Gobierno y al grupo Prisa. Es una lucha por el dominio de los medios televisivos españoles hasta hace poco dominados por el grupo que preside Jesús Polanco. Prisa ha llevado a Estrasburgo y a Bruselas al Gobierno. Se suceden las recusaciones que enconan las diferencias de los jueces que intervienen en los sumarios, especialmente entre los magistrados Garzón y Gómez de Liaño, que se dirimen en público.

El señor Polanco ha sido objeto de medidas judiciales cautelares y ha estado a punto de conocer las celdas de Carabanchel. Un ejército de abogados famosos le asiste.

Pero la lucha no es solamente en el terreno judicial. También en el comunitario. Desde fuera, repercute fuertemente la lucha legal entre el Gobierno y el «lobby» del señor Polanco.

El tema se inició con la batalla entre el grupo Asensio y el grupo Polanco. Era la lucha por el fútbol. Pero tras esta cortina se esconde un negocio muy mayor: el control de la telefonía.

Ante este enfrentamiento, el Gobierno permanecía regocijado, porque debilitaba a los dos magnos grupos. Pero de pronto, el señor Asensio, en un golpe espectacular, firmó la paz con Prisa y dejó al ministro de Fomento, señor Arias Salgado, con narices muy largas por si le apetecía tocárselas.

La respuesta del Gobierno fue la aprobación de la llamada Ley de la Televisión Digital y de la del fútbol, que salió del Congreso por los pelos y suscitó la ira del ex presidente González, que acusó al Gobierno de antidemocrático, etc. Pero el señor Polanco seguía siendo dueño del cotarro.

Una sorpresa más: el señor Asensio da un nuevo giro a su actitud. Ha vendido Antena 3, que posee los derechos del fútbol, a una sociedad a base de Telefónica, Banco de Santander y Banco Central-Hispano, venta del 43,7 por 100 por 41.500 millones, lo cual deja al señor Polanco con sus desnudeces al aire. Don Felipe lanza contra el Gobierno filípicas tremendas y califica la operación de «fugimorada en marcha».

En definitiva: Telefónica, grupo Santander y BCH controlarán el 57,7 de Antena 3 y el 51 por 100 de la Gestora de Medios.

La batalla prosigue con más furor que nunca. El Gobierno insiste. El ministro Arias Salgado revelará que nadie puede tener más poder que el Gobierno y que no puede permitirse excesiva concentración de poder en la sociedad.

Como se presentaron por particulares diversas querellas contra Sogecable, la organización del señor Polanco, los Tribunales tienen que intervenir y se están produciendo, a la vista del público, verdaderos combates grecoromanos entre los jueces.

Bruselas insiste. El Gobierno no solamente no cede, sino que continúa en su actitud y, además, lanza su Vía Digital, que ofrece 35 canales y 30 películas diarias por 2.500 pesetas. Y también, a partir de septiembre, cine, deportes, música y noticias. Su presidente ha garantizado que la Digital ofrecerá fútbol de pago en la próxima temporada.

En tanto, Canal Satélite afirma que ha llegado a su abonado número cien mil, Sogecable desmiente que Telefónica tenga el fútbol gracias a la operación Antena 3.

El juez Garzón bucea en lo que considera «turbias aguas» de
Tele-5 en busca de un supuesto fraude fiscal de 2.000 millones.

La mentira. En un libro reciente, el profesor César Alonso de los Ríos explica el mundo imaginario de Tierno Galván. Demuestra que la biografía oficial del conocido «viejo profesor» es falsa. Ocultó cuidadosamente hechos esenciales de su vida y los sustituyó por otros perfectamente urdidos, que le permitieron construir una leyenda a su medida. La ficción arranca en su infancia y se extiende a toda su vida, contaminando incluso su etapa de catedrático. Las conclusiones de este libro han sido calificadas de asombrosas. El profesor se inventó toda su infancia, pueblos en los que dijo haber vivido, profesión del padre, antepasados, etc.

¡Vaya personaje socialista al que el Psoe tributo unos honores funebres comparables a los de Lenin!



Las autonomías. Al fin, un español ha dicho «Yo quitaría todas las autonomías, radical». No ha sido un constitucionalista, ni un político, ha sido el soriano, campeón del mundo del último maratón de Atenas, Abel Antón.

Como es sabido, en Maratón se salvó a Europa de la invasión asiática.



Manuel Jiménez Quílez.

 


 

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