CRONICA: La
política
Liberación.
Cada tarde y cada mañana, grupos de manifestantes
recordaban en muchas ciudades españolas que José
Antonio Ortega Lara, funcionario de la prisión de
Logroño, permanecía secuestrado por Eta. En el País
Vasco, a estas manifestaciones se solían oponer otras
minoritarias para reclamar la «aproximación a Euzkadi
de los presos de Eta». Las manifestaciones de uno y otro
signo estaban degenerando en actos rutinarios. Casi
sonaba a sarcasmo el «exigimos» la libertad de Ortega
Lara. De pronto se produjo la noticia: Ortega Lara había
sido liberado con vida en un zulo de Mondragón y, lo que
añadía alegría a la alegría, había sido liberado por
un comando de la Guardia Civil.
Cuando los españoles pudieron ver en las pantallas
televisivas la imagen casi espectral de Ortega Lara y se
les ofreció una imagen del zulo en que había
permanecido recluido 532 días, un estremecimiento de
estupor sacudió a todos.
Detenidos los seis etarras guardianes del secuestrado,
que habían formado el comando en 1980, la operación de
liberar a Ortega Lara fue desarrollada de manera
impecable por la Guardia Civil, sin que se produjese ni
un solo rasguño a los que , por activo o por pasivo, en
ella intervinieron. Un enorme triunfo de la Benemérica.
El Partido Nacionalista Vasco, por boca de su portavoz,
José Eguíbar, echó vinagre al vino al afirmar que
Ortega Lara «desempeñaba alguna función añadida en la
cárcel de Logroño». Luego pidió disculpas
reconociendo que su frase fue «poco afortunada».
Pero Eta trató de vengarse lo antes posible. Y alguien,
que todavía anda libre, anunció que vendría la resaca.
La resaca llegó el 10 de julio con el secuestro de un
concejal del Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya), del que Eta
se declaró autora con la amenaza de que el rehén sería
«ejecutado» si en un plazo de 48 horas el Gobierno no
accedía a reagrupar a todos los presos etarras.
Hubo movilización general de todas las organizaciones
gubernamentales, Pacto de Ajuria Enea, Pacto de Madrid,
llamadas a la cordura, búsqueda de mediaciones
nacionales e internacionales. Todo fue inútil: a las
cinco de la tarde del día 12 de julio, dos tiros en la
nuca en las afueras de San Sebastian acabaron con el
inocente rehén. La indignación se apoderó de los
españoles que no habían imaginado tan infinita
crueldad, añadida al secuestro de Ortega Lara. Y España
fue un clamor. Cientos de miles de manifestantes se
lanzaron a la calle expresando su indignación. «Sólo
la movilización que se produjo tras el 2 de mayo de 1808
contra el ejército más importante del mundo, puede
considerarse un precedente comparable», dice un
cronista. Con los manifestantes, los líderes políticos
de los diversos partidos. Toda España fue un grito. El
asesinato del concejal Miguel Angel Blanco hacia el
número ¡815! de los perpetrados por Eta, pero ninguno
había logrado conmover a la sociedad en la profunda
medida que éste. ¡Todos contra HB; todos contra Eta!
Hemos dicho «toda España», pero la verdad es que no
era toda España. Un núcleo fuerte quiso pronunciarse en
contra. No lograron el permiso para una primera
manifestación, pero sí para una segunda, a la que hay
que admitir con asombro que asistieron veintitantas mil
personas, que así aprobaban la acción criminal de Eta.
La verdad es que, aunque el número de estos
manifestantes parece que era menor que el de otras
ocasiones, estremece comprobar que unas decenas de miles
de ciudadanos admitían públicamente su apoyo a tan
horrible crimen.
El Presidente del Gobierno afirmó que la lucha
antiterrorista no podía ser ya igual a las que se
practicaba antes de la muerte de Miguel Angel Blanco, y
el ministro del Interior estudió medidas que deberían
ser acordadas por las fuerzas políticas. Todos dicen que
sí, pero, de inmediato, hacen su presencia los
«peros». El PNV, que había secundado las declaraciones
más duras contra Eta -especialmente las de Ardanza-
inició un cierto movimiento de despegue. Aislar a HB,
sí, pero en determinadas condiciones; para Eusko
Alkartasuna y su presidente Garaicoechea el Gobierno
hacía demasiado ruido y propiciaba unas medidas con tal
publicidad que a él le recordaban a Goebbels; el Psoe
estaba de acuerdo con las medidas, pero recelaba del
protagonismo del Gobierno, de la capitalización
partidaria de la lucha antiterrorista. Su portavoz en
Vizcaya, Jáuregui, estimaba también que el consenso se
estaba rompiendo...
Ya queda poco de esta frágil alianza ante el enemigo
común que, como se ve, mantiene gran fuerza. Hay
explosiones de bombas en Oviedo -dos granadas contra el
cuartel de la Policía Nacional- y en Huesca; siguen los
enfrentamientos callejeros en Guipúzcoa y Vizcaya. Y en
Pamplona aún no se han olvidado los graves incidentes en
la noche del 11 al 12 de julio con decenas de heridos.
En los Ayuntamientos vascos en que gobernaba HB se
intenta su expulsión de las alcaldías. Se ha conseguido
en Mondragón, reducto etarra, pero resulta más difícil
en otros ayuntamientos en que gobierna Hb (un 10 por 100
del total).
El ambiente anti-Eta fue cortocicuitado por el
fallecimiento en la prisión de Albacete de un preso que
se suicidó, del que se dijo -solamente- que había sido
violado, y de la aparición en Méjico del cadáver de
otro etarra, lo que ha dado pretexto para que los
ayuntamientos y colectivos de Hb pugnen por nombrarles
hijos adoptivos y tributarles homenajes.
Cuando se redacta esta crónica llega la noticia de que
los etarras residenciados en la isla de Santo Domingo,
Eugenio Etxebeste (Antxon), Ignacio Arakama (Macario) y
José M.ª Gortxegi (Peio), han sido puestos a
disposición del Gobierno español. Así se cierra -dice
algún comentarista criploetarra- toda posibilidad de
diálogo con la organización terrorista. Estos etarras
vivían en Santo Domingo a costa del Gobierno español,
que pagaba todos los gastos, desde que en 1989 se les
trasladó desde Argel en un avión militar, una vez
fracasadas las conversaciones que mantuvieron con la
delegación del gobierno español presidida por Rafael
Vera.
Lo cierto es que las anunciadas medidas contra Eta
todavía no han sido adoptadas. El ministro Mayor Oreja
se proponía tenerlas dispuestas para el Consejo del 29
de agosto. Este ministro es objeto de la particular
inquina del Pnv.
La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco se
negó a visitar colectivamente el zulo y felicitar a la
Guardia Civil. Antes, no había tenido el menor
inconveniente en visitar en la cárcel a dirigentes
etarras. Algunos de los vocales vieron el zulo y quedaron
horrorizados (hay antecedentes claros de estos agujeros
en las chekas comunistas, socialistas y anarquistas que
funcionaron en la zona roja durante la Guerra civil.
Fueron 219 checas, en algún orden de cosas aún más
crueles que los zulos de Eta).
El Episcopado español hizo declaraciones, participó en
algunas de las multitudinarias manifestaciones, organizó
funerales por el eterno descanso del alma de Miguel Angel
Blanco. Era su deber y lo cumplió con cierta timidez, yo
creo que sobrepasado por la contundencia de las
reacciones populares y la esencial gravedad de los
acontecimientos. Pero todos nos preguntamos lo mismo:
¿Qué hizo o dijo el Obispo? No hay que mencionar su
nombre. Todos sabemos de quién se habla. Un cronista
religioso, al relatar la reacción episcopal y subrayar
la presencia de prelados en las manifestaciones de
Barcelona, Burgos y Vizcaya, escribe: «De monseñor
Setién prefiero no comentar nada.»
No deja de ser interesante recordar lo que sucedía en el
País Vasco días antes del terremoto que se inicia con
la liberación de Ortega Lara.
Pues bien, entonces, el ministro Mayor Oreja estaba
contra la pared por parte del Pnv por no acceder al
acercamiento al País Vasco de los presos etarras. La
presión era tal, que la firmeza del ministro ofrecía
peligro de cuartearse.
- El Tribunal Supremo anunciaba que el día 6 de
septiembre juzgará a la Mesa nacional de Hb -23
acusados-. Este juicio centra ahora al máximo la
atención de todos. El propio Gobierno ha instado al Alto
Tribunal a mostrarse duro. La respuesta de Hb no se ha
hecho esperar: responderán con la máxima agresividad,
«recrudecerán el conflicto» si el Supremo les condena.
- La Consejería de Educación del Gobierno vasco ha
ultimado un proyecto en virtud del cual se eliminarán
las referencias a España en la asignatura de Geografía
del nuevo Bachillerato. Los jóvenes sólo estudiarán el
ámbito de las Vascongadas, Navarra y el país
vascofrancés. Uno de los puntos principales de la
reforma es la relación de Euskal-Erria con la Unión
Europea. Los redactores del proyecto plantean nueve
objetivos generales. El primero dice así: «Comprender y
explicar en sus coordenadas temporales y espaciales los
principales procesos de ordenación del espacio
geográfico vasco, determinando los elementos
geoeconómicos y sociales que configuran Euskal Herria en
su heterogeneidad interna.»
- Se hace público un informe secreto de 1982 sobre un
acuerdo entre el Gobierno y Pnv «para neutralizar a los
duros de Eta», en virtud del cual, Pnv y el Gobierno
vasco facilitaron datos de etarras a Interior bajo el
mandato de Ucd. Arzallus califica de falso este informe.
- El fiscal-jefe de la Audiencia de San Sebastián,
señor Navajas, lamenta públicamente «la falta de
condiciones para juzgar casos de terrorismo en Euskadi».
- El alcalde de Guernica pide que Aznar se disculpe por
el bombardeo que su ciudad sufrió durante la Guerra
civil. No se habla del de Valladolid ni de otros.
- El Patronato del Museo Reina Sofía reitera su negativa
al traslado del «Guernica», de Picasso, a Bilbao con
motivo de la inauguración de la sucursal del Museo
Gugenheim. Ha convocado un simposio internacional para
estudiar el estado de la obra. Pese a todo, el Pnv y el
Gobierno vasco insisten.
- Pp afirma que desde 1980 se ha dedicado casi un billón
de pesetas a la «euskaldunización» del País Vasco. La
cifra de vascoparlantes se encuentra estancada desde
entonces, por debajo de un 25 por 100 de la población.
- El Gobierno de Navarra denuncia en un informe oficial
los intentos anexionistas del País Vasco. Exige al
Gobierno vasco que retire los símbolos de su comunidad
en las ikastolas (también, supongo, de la bandera vasca
que con ellos tiene en su despacho el consejero de
Interior, según foto publicada por «Cuadernos de
Encuentro»). El Pp ha pedido en el Parlamento de Vitoria
que se rectifique la anexión de Navarra en Internet. El
Ejecutivo de Ardanza considera la Comunidad foral como
parte de su territorio en el que también incluye parte
del Suroeste de Francia. El Gobierno navarro está
dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional para que
terminen estas agresiones. Arzallus dice que es correcto
incluir Navarra en el País Vasco.
Justicia. Han amainado las tormentas desencadenadas con
motivo de los nombramientos del Fiscal General, señor
Cardenal, y el de la Audiencia Nacional, señor
Fungairiño. Especialmente el de este último desató las
iras de las asociaciones de fiscales, que recurrieron y
estimaban que el Gobierno había retado a la carrera
fiscal en pleno.
La Justicia había finalizado el año 1966 con más de
600.000 asuntos sin resolver, por lo que el Consejo
General del Poder Judicial pidió al Gobierno y al
Parlamento medidas urgentes, sobre todo en materia penal,
petición de la que nada se ha vuelto a saber.
Tampoco se ha sabido nada del nuevo Estatuto del Tribunal
Supremo, tema del que se había hecho cargo personalmente
su Presidente, después de la petición hecha al Rey para
que interviniera en el grave conflicto jurisdiccional.
Ahora, todos van contra la desafortunada Ley del Jurado,
impuesta por el Psoe. El Fiscal General ha solicitado su
reforma «para evitar una indeseable impunidad» y, en
general, se la combate por ser más benévolo que los
jueces; los jurados no entienden la jerga jurídica, y la
institución resulta cara. En el ánimo de todos esta el
recuerdo del caso Otegi: se puso en libertad a un
criminal confeso, además de otras sentencias similares.
Ha causado sorpresa la decisión del Tribunal
Constitucional rectificando la del Tribunal Supremo en
favor de la preferencia del varón en la sucesión
nobiliaria, que ha dejado a decenas de primogénitas sin
los títulos que reclaman. El Tribunal se basa en que los
títulos nobiliarios son simbólicos y que no es
discriminatoria la prevalencia del varón. Para algunos
juristas, las consecuencias de esta sentencia son tan
enormes como escandalosas. No sólo se ha vulnerado la
jurisprudencia del Supremo; se han machacado media docena
de principios constitucionales.
Se anuncia un plan de austeridad en la Justicia, un
drástico recorte en los gastos de teléfono, fotocopias,
transportes, libros, viajes y comidas. Según el Poder
Judicial este Plan choca con «carencias lamentables».
El comunista Anguita ha acusado de manipular
jurisprudencia a un presidente de la Sala del Tribunal
Supremo. El Consejo General ha amparado al magistrado;
pero no se ha pronunciado sobre el fondo, al parecer, una
«errata».
Iglesia. Falleció uno de los prelados más eminentes de
España: Monseñor José Guerra Campos, que fue obispo
auxiliar de Madrid, Consiliario de la Acción Católica,
Secretario de la Conferencia Episcopal y obispo de
Cuenca.
Admirable teólogo, desempeñó un gran papel en el
Concilio Vaticano II, pero, al igual que don Casimiro
Morcillo, arzobispo de Madrid, fue víctima de su firme
ortodoxia. Enfrentado al cardenal Tarancón siendo éste
presidente de la Conferencia Episcopal, fue pospuesto por
el Vaticano en la designación del Arzobispado de
Santiago. Pablo VI alegó entonces al embajador español
ante la Santa Sede, que don José carecía de experiencia
pastoral (!). Atacó la firma por el Rey de la ley del
divorcio y en todo momento mostró su orgullo por haber
contribuido a la reconstrucción espiritual de la Iglesia
española sirviendo al régimen nacional del
Generalísimo, lo que le valió la enemiga de Pablo VI.
(Por cierto, tuve el honor de que me relatase una
entrevista que había mantenido con ese Papa. Le
agradecí el relato y me consideré en la obligación
moral de asegurarle que guardaría la confidencia.
«Muchas gracias -me dijo-, pero no se la he pedido.»)
Hombre recio e íntegro. Descanse en paz don José, que
tan alto ejemplo de valiente fe deja tras de sí.
El Episcopado y, sobre todo, Monseñor Sánchez,
Secretario de la Conferencia Episcopal se muestran
molestos por «la tardanza del Gobierno en solventar de
una vez el problema de la enseñanza de la religión».
Se esperaba que el problema quedaría resuelto este
verano. También se queja de la reticencia gubernamental
a resolver los problemas pendientes, entre los que figura
la asignación tributaria.
Una encuesta del Instituto de la Juventud afirma que en
España hay ya más jóvenes no creyentes que católicos
practicantes. El 19 por 100 practica el catolicismo y el
23 por 100 se declara indiferente.
Cataluña. Un cronista afirma que le ha sido filtrada
desde las sedes centrales del Pp, que la cúpula del
partido en el poder «está hasta el gorro» del señor
Pujol quien no cesa en sus constantes reclamaciones de
más y más competencias para su gobierno al que dentro
de poco habrá que dejar de adjetivar como autonómico.
Exige, ruega, suplica, según convenga. Así logra que la
máquina de pedir no deje de funcionar ni un solo minuto.
Entre exigencia y petición reconoce que los catalanes
tienen mala imagen ante el resto de los españoles y
arremete contra éste o aquel señor de Madrid, culpable
de ello. Vive, sin duda, al pie de los teletipos
noticiosos y al minuto de haber sido lanzada una noticia
ya está la aclaración o rectificación.
Se le ha calificado de insaciable. De vez en cuando, para
quebrar tensiones, pronuncia la palabra España,
acontecimiento que glosa entusiasmado Abc de Madrid.
Ahora, como siempre, se trata de nuevas competencias: 71,
incluidas las pensiones y las subvenciones por
Sanidad.Mientras advierte que el derecho de
autodeterminación es irrenunciable. Pero, sobre todo, la
consecución del cupo. Se le crispan los nervios pensando
que los vascos lo tienen y, considerándolo más
beneficioso para Cataluña que el actual sistema de
financiación de que disfrutan. Si el señor Aznar le
explica que va a ser difícil que consiga ese deseado
cupo, insiste: «Ahora, dice usted que no, pero ya me
dirá que sí más adelante.»
Con la Ley del Catalán, amaga y da. Aparte de la lengua
castellana, que va a ser la primera víctima del
inminente texto legislativo del Parlament, puede darse
por baleado el señor Vidal-Quadras, cuyo porvenir en el
Partido Popular de Cataluña parece bastante negro.
El señor Vidal-Quadras ha explicado en un magistral
artículo (La nación traslúcida «Política Exterior»,
mayo-junio 1997) las tácticas de don Jordi y, sobre
todo, su método para conseguir el objetivo soberanista
que es su fin último. Vidal-Quadras, muy sutilmente,
desarrolla el «gradualismo» del presidente, «que
consiste en dosificar con gran precisión la intensidad y
la naturaleza de las reivindicaciones a tenor de la
resistencia hallada o de los cambios en el escenario
social económico y político, pero sin retroceder jamás
un milímetro». Pide ahora incluso la reforma de la
Constitución.
Porque, además, todo hay que decirlo, casi nadie en
Cataluña levanta la voz para restablecer la verdad de la
historia catalana y de la de España. Frente a la
versión sumamente tergiversada que divulgan los
nacionalistas, incluso con las enormidades geográficas
inadmisibles. Apenas se reacciona ante lo que habría que
hacer frente. Incluso la defensa de la lengua castellana,
que habla como idioma nativo más de la mitad de la
población catalana, no se realiza con el vigor
necesario. Parece que se trata del esperanto, más que de
la lengua viva que se habla en España , que es la
segunda del mundo.
Ahora, el señor Pujol está «reflexionando» sobre su
pacto con el Gobierno. El caso es que, como siempre, su
«no» no será «no», ni su «sí», «sí».
Cataluña está enferma. Lo dice el cardenal arzobispo de
Barcelona, que acusa el golpe de que su Archidiócesis es
la más atacada por el gravísimo mal del aborto -31
abortos diarios-. En 1995 se consumaron 11.369. El clero
local está en inminencia de extinción, y los índices
de asistencia a actos religiosos son los más bajos de
España.
Hay que dedicar algún tiempo a otear cuál va a ser el
porvenir de Cataluña y de España si las cosas siguen
como hasta ahora. Posiblemente, el ¡Basta ya! de las
manifestaciones multitudinarias de las últimas semanas
resulte adecuado para cuanto viene sucediendo en las
siempre amadas tierras catalanas.
La famosa financiación de Casinos por CiU no es punible,
según el juez, que niega los delitos de falsedad y
apropiación indebida. El Partido Socialista catalán ha
recurrido la decisión judicial. Es bueno anotar que
frente al imperialismo de la lengua catalana se
registraron reacciones en Mallorca y Valencia. En Palma,
cientos de coches colapsaron el centro de la ciudad para
manifestarse en contra de la pretendida «unidad» del
catalán, reivindicando así la peculiaridad de la lengua
que se habla en las islas. En Valencia, más de cien mil
personas se echaron a la calle para expresar su negativa
a la imposición del catalán.
Corrupción. Colea la corrupción. En los Tribunales
siguen los procesos. Alguno como el mítico caso Filesa
se verá en audiencia pública en los primeros días de
septiembre. A este proceso sí que no lo reconoce hoy ni
la madre que lo parió. De «bajonazo» ha sido
calificada la decisión del magistrado Bacigalupo. En
efecto, poco queda de lo que durante tantos años
elaboró con benedictina paciencia el un tiempo popular
magistrado señor Barbero. En el banquillo no estarán
los máximos dirigentes del Psoe cuando ocurrieron los
hechos, ni ningún alto cargo del partido, ni siquiera el
encargado de las finanzas. Se han reducido de 26 a 12 los
acusados. Para Barbero eran 39. Cuatro empresarios se han
librado del banquillo porque Barbero tardó en citarles.
En este juicio, absolutamente descafeinado, se pretende
ahora que los ayer inculpados desfilen como testigos. Lo
pide el fiscal, pero a lo peor, la Sala ni eso concede.
No estarán presentes personajes de la Banca que fueron
acusados en este proceso y a los que ya no les afecta
nada de lo que en la Sala suceda. Para «El Mundo»,
Filesa es «un remedo de la justicia». Se comprende que
el señor Borrell califique de «estrepitoso ridículo»
la intervención del Pp como acusación popular en este
proceso. El Pp alega que el Supremo ha sido presionado.
El caso Filesa estalló en el Parlamento el 22 de mayo de
1991. El 6 de junio se aprobaba la nueva Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas con una
disposición adicional peculiar que, a diferencia del
conjunto de la Ley, la ponía en vigor ese mismo año. En
ella se exoneraba de responsabilidad penal a los
defraudadores que regularan su situación con Hacienda
mediante la compra de Deuda Pública Especial. Esta
suerte de amistía fiscal se complementó con otra medida
legislativa de 31 de junio de 1995, por la que se
aumentaba de cinco a quince millones el límite del
fraude a partir del cual éste se convierte en delito.
Estas medidas vinieron a salvar a los responsables de
Filesa de imputaciones más claras. El nuevo Código
Penal estableció una significativa rebaja en los delitos
de falsedad. Los cobros realizados por Filesa y las
demás empresas vínculadas al Psoe se efectuaban con
arreglo a informes inexistentes de los que sólo
figuraban sus falsos enunciados.
En otra constelación cabe registrar que el caso Zamora
ha recibido carpetazo del Gobierno, sin acabar las
investigaciones. El anterior presidente de Baleares,
señor Cañellas, ha sido absuelto por prescripción de
delito de cohecho por el que fue juzgado -famoso caso del
túnel de Sóller-. El fiscal anticorrupción ha
recurrido la sentencia.
El proceso a Roldán sigue su lento curso. Se deducen
consecuencias muy jugosas que analizaremos.
Interholce. Por auto del Magistrado la venta fraudulenta
de Interholce que pasó a manos del empresario italiano
Giovanni Orefici se hizo a cambio de consumar la compra
del periódico «El Correo de andalucía». Según dicho
auto, el comprador de Interholce se comprometió a abonar
500 millones para efectuar pagos al Psoe. La venta de la
sociedad a precio de saldo se hizo, pues, a cambio del
control de las acciones de «El Correo de Andalucía».
Carlos Sanjuán actuó de mediador y es acusado de
tráfico de influencias.
Los grupos de Pp y de Iu han pedido la creación de una
Comisión investigadora. El PSOE de Andalucía niega
haber intervenido en la venta de Interholce y se opone a
la creación y amenazan con que no quedarán impunes los
que acusen al Psoe en este asunto. Orefici ha declarado
asimismo que el Gobierno le condonó los 1.100 millones.
Lo cierto es que el Psoe compró «El Correo de
Andalucía», cuatro días después de venderse
Interholce.
(A propósito: algo tuvo que ver el firmante de esta
crónica con «El Correo de andalucía», diario
católico fundado por el cardenal Spínola y uno de los
bastiones del periodismo católico español. Era, en gran
parte, propiedad del Arzobispado y en él tuvo
participación la Editorial católica de don Angel
Herrera. En una conversación con el Cardenal Bueno y
Monreal, arzobispo de Sevilla, me dijo textualmente: «Se
venderán los cuadros y objetos de arte del Palacio
Arzobispal antes de que "El Correo" deje de ser
periódico católico».
Ahora, da pena ver convertida su cabecera de uno de uno
de los periódicos más emblemáticos del periodismo
católico español en bandera de socialismo.
La denuncia del Gobierno de que el Psoe había permitido
la prescripción fiscal de 600 expedientes, que había
ocasionado al Tesoro una pérdida de 200.000 millones de
pesetas, viajó por la Comisión parlamentaria creada al
efecto para investigar el asunto. Tambien lo siguió la
Fiscalía anticorrupción. La Comisión no actuó con
mucha diligencia, a juzgar por los lamentos de su
Presidente por la falta de cooperación de los
socialistas.
Esta denuncia fue una de las causas principales de la
pretendida «crispación» del ex presidente González;
le ponía fuera de sí que le atribuyesen «amnistía
encubierta». Iu se unió al Psoe en la acusación al
gobierno de manipular la información sobre estos
expedientes fiscales. Los socialistas afirmaban que nada
había prescrito; lo que sucedía es que había una
discusión jurídica todavía no definitivamente
resuelta. La Comisión acordó que había habido
negligencia en la gestión socialista de Hacienda, pero
no delito. Para el Psoe no se ha dado ni siquiera esta
negligencia.
Lo que hace unas semanas originó un gran escándalo,
ahora no suscita la menor línea informativa. Todo se
consume por el camino del olvido, por la ruta de la
desidia; simplemente porque ya no sirve como munición
contra el enemigo. Pero nadie devuelve un duro.
Psoe. Ya está instalado en su despacho de secretario
general don Joaquín Almunia. Con las orejas gachas ha
abandonado el suyo don Alfonso Guerra. Y don Felipe,
presidente de la nueva Fundación del Psoe, a la que
contribuirá la Administración: el dinero para las
fundaciones amigas se concede con generosidad.
Pero a don Felipe le cuesta mantenerse en silencio. Y de
vez en vez llama a sus amigos periodistas y se suelta el
pelo: desde poner tibia a las carreras judiciales hasta
arremeter contra el Gobierno y, sobre todo, contra el Sr.
Aznar emitiendo juicios de valor sobre la eficacia de los
ministros. Se ha cumplido el primer aniversario de su
salida de La Moncloa y, como al parecer, esta ausencia le
parece demasiado larga, hace lo posible para situarse de
nuevo en la parrilla de salida. Es natural que al nuevo
secretario general le haga poca gracia esta presencia de
su antiguo jefe en la vida política, constituido en una
especie de Reina Madre, dueño del «sí» y del «no»,
previniendo que se entre sin hablar con el portero.
Almunia pone cara amable a todos los que antes no
recibían del Psoe sino desplantes y críticas. Se ha
reunido con los señores Aznar y Anguita. Izquierda Unida
es un objetivo para obtener colaboración. Se cambian
palabras corteses, pero no parece que salte la chispa de
la simpatía entre los señores Anguita y Almunia.
Gal. En verano, silencio sobre el Gal. En medio de las
manifestaciones contra Eta, consecuencia del asesinato
del concejal de Ermua, don Felipe se lanzó a hablar del
Gal. En unas declaraciones admitió lo que nunca había
admitido antes: que en la lucha antiterrorista
«posiblemente se hubieran cometido algunos excesos».
Aprovechó la presentación del libro exculpatorio del ex
ministro Barrionuevo, que ostentaba un prólogo del ex
secretario general del Psoe, para avalar a todos sus
colaboradores y procesados, a los que rindió homenaje y
proclamó su inocencia. (Había dicho en enero de 1996
que el caso Gal no le incumbía).
El proceso avanza en cumplimiento del lento calendario
judicial: el coronel Perote, quien ha dicho que el
Ejecutivo de González le ofreció dinero por su
silencio, ha sido condenado por el Tribunal militar que
le juzgaba, sigue vivo el caso Zabalza y asoman a la
prensa las luchas de bufetes de abogados, con denuncias
de sobornos millonarios a testigos del proceso.
Se han publicado oportunistas reportajes e informaciones
sobre la actividad terrorista durante los años en que
actuó el Gal. Y entre la rememoración de aquellos
tiempos difíciles en que, efectivamente, la actividad
terrorista fue muy intensa y los acontecimientos de las
últimas semanas -asesinato de Miguel Bravo y hallazgo en
un cruelísimo zulo de Ortega Lara- se diluye la
reacción la sociedad española cuando se conocieron los
hechos del Gal.
La Audiencia de Bilbao ha reabierto el sumario sobre el
caso Brouard.
Televisión. Hasta los obispos, tan habitualmente
silenciosos, publicaron una nota, no de la Conferencia
Episcopal, sino de una subcomisión, protestando de la
«telebasura», de la inconcebible degradación de las
televisiones españolas, que obligan a los espectadores
con principios, a conectar la pequeña pantalla con
grandes recelos. El nivel resulta tan bajo que el
calificativo de «vergonzoso» no expresa plenamente la
ínfima calidad de los programas. De este calificativo no
se escapa casi ninguna de las televisiones existentes,
incluidas las estatales.
Los críticos alertan con vocabulario grueso y exacto
sobre esta realidad detestable. Una prueba de ello la dá
el siguiente texto del crítico de «El País», Carlos
Boyero: «Esta fastuosa y emblemática cloaca del morbo y
de la manipulación emocional; esa peligrosa apología de
la calumnia y de la trivialización de la calumnia, esa
despiadada máquina al exclusivo servicio del depredador
Share, llamada innoblemente «Esta noche cruzamos el
Missisipi».
La cosa va más allá de la pornografía y de la
indecencia. Para este mismo crítico se trata de «más
mierda». Otro periódico anuncia que «ya no hay basura
en televisión; sólo detritus». Se trata de la
«telecloaca», de un «todo vale» en la guerra entre
las cadenas.
Se ha hecho pública la situación de RTVE: La duda de
333.941 millones de pesetas. Los españoles deberán
pagar en los próximos años 750.000 millones para
mantenerla en pie. El Ente pierde diariamente 300
millones de pesetas y paga 55 en concepto de intereses.
Hay un plan que aconseja despedir o trasvasar 4.700
empleados. Y los responsables de esta situación,
preparándose para volver.
La TV digital. Un batalla legal enfrenta al Gobierno y al
grupo Prisa. Es una lucha por el dominio de los medios
televisivos españoles hasta hace poco dominados por el
grupo que preside Jesús Polanco. Prisa ha llevado a
Estrasburgo y a Bruselas al Gobierno. Se suceden las
recusaciones que enconan las diferencias de los jueces
que intervienen en los sumarios, especialmente entre los
magistrados Garzón y Gómez de Liaño, que se dirimen en
público.
El señor Polanco ha sido objeto de medidas judiciales
cautelares y ha estado a punto de conocer las celdas de
Carabanchel. Un ejército de abogados famosos le asiste.
Pero la lucha no es solamente en el terreno judicial.
También en el comunitario. Desde fuera, repercute
fuertemente la lucha legal entre el Gobierno y el
«lobby» del señor Polanco.
El tema se inició con la batalla entre el grupo Asensio
y el grupo Polanco. Era la lucha por el fútbol. Pero
tras esta cortina se esconde un negocio muy mayor: el
control de la telefonía.
Ante este enfrentamiento, el Gobierno permanecía
regocijado, porque debilitaba a los dos magnos grupos.
Pero de pronto, el señor Asensio, en un golpe
espectacular, firmó la paz con Prisa y dejó al ministro
de Fomento, señor Arias Salgado, con narices muy largas
por si le apetecía tocárselas.
La respuesta del Gobierno fue la aprobación de la
llamada Ley de la Televisión Digital y de la del
fútbol, que salió del Congreso por los pelos y suscitó
la ira del ex presidente González, que acusó al
Gobierno de antidemocrático, etc. Pero el señor Polanco
seguía siendo dueño del cotarro.
Una sorpresa más: el señor Asensio da un nuevo giro a
su actitud. Ha vendido Antena 3, que posee los derechos
del fútbol, a una sociedad a base de Telefónica, Banco
de Santander y Banco Central-Hispano, venta del 43,7 por
100 por 41.500 millones, lo cual deja al señor Polanco
con sus desnudeces al aire. Don Felipe lanza contra el
Gobierno filípicas tremendas y califica la operación de
«fugimorada en marcha».
En definitiva: Telefónica, grupo Santander y BCH
controlarán el 57,7 de Antena 3 y el 51 por 100 de la
Gestora de Medios.
La batalla prosigue con más furor que nunca. El Gobierno
insiste. El ministro Arias Salgado revelará que nadie
puede tener más poder que el Gobierno y que no puede
permitirse excesiva concentración de poder en la
sociedad.
Como se presentaron por particulares diversas querellas
contra Sogecable, la organización del señor Polanco,
los Tribunales tienen que intervenir y se están
produciendo, a la vista del público, verdaderos combates
grecoromanos entre los jueces.
Bruselas insiste. El Gobierno no solamente no cede, sino
que continúa en su actitud y, además, lanza su Vía
Digital, que ofrece 35 canales y 30 películas diarias
por 2.500 pesetas. Y también, a partir de septiembre,
cine, deportes, música y noticias. Su presidente ha
garantizado que la Digital ofrecerá fútbol de pago en
la próxima temporada.
En tanto, Canal Satélite afirma que ha llegado a su
abonado número cien mil, Sogecable desmiente que
Telefónica tenga el fútbol gracias a la operación
Antena 3.
El juez Garzón bucea en lo que considera «turbias
aguas» de
Tele-5 en busca de un supuesto fraude fiscal de 2.000
millones.
La mentira. En un libro reciente, el profesor César
Alonso de los Ríos explica el mundo imaginario de Tierno
Galván. Demuestra que la biografía oficial del conocido
«viejo profesor» es falsa. Ocultó cuidadosamente
hechos esenciales de su vida y los sustituyó por otros
perfectamente urdidos, que le permitieron construir una
leyenda a su medida. La ficción arranca en su infancia y
se extiende a toda su vida, contaminando incluso su etapa
de catedrático. Las conclusiones de este libro han sido
calificadas de asombrosas. El profesor se inventó toda
su infancia, pueblos en los que dijo haber vivido,
profesión del padre, antepasados, etc.
¡Vaya personaje socialista al que el Psoe tributo unos
honores funebres comparables a los de Lenin!
Las autonomías. Al fin, un español ha dicho «Yo
quitaría todas las autonomías, radical». No ha sido un
constitucionalista, ni un político, ha sido el soriano,
campeón del mundo del último maratón de Atenas, Abel
Antón.
Como es sabido, en Maratón se salvó a Europa de la
invasión asiática.
Manuel Jiménez Quílez.
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