Amenazas a la
democracia
AMENAZAS
A LA DEMOCRACIA
I. EL APOLITICISMO Y EL ABSTENCIONISMO
El cuerpo electoral ejerce su derecho ciudadano a
participar en las elecciones, aparentemente de un modo
libre y sin condicionamientos, pero, de hecho, éstos son
tales que se puede prever, por ejemplo, una fuerte
abstención en las elecciones, debido a factores
«institucionales» tales como el sistema electoral
vigente v. gr. en España desde 1977, con el
procedimiento de las listas «cerradas y bloqueadas»
para la elección de todos los representantes, tanto en
el marco de las comunidades autónomas, como de los
parlamentarios. Este tipo de listas es antidemocrático.
La elaboracion de las listas desde los comités
políticos radicados en Madrid, o también su
elaboración por las oligarquías caciquiles locales,
como está sucediendo en algunos cuadrantes hispanos, es
continuar con la «dictadura del dedo». La inteligencia
y buen sentido de los electores debería bastar para
decidir el orden de las listas. Los ciudadanos deberían
poder introducir en ellas los nombres de aquellas
personas que les merezcan confianza, y cambiar el orden.
El sistema vigente en España desde 1977 -ratificado por
la nueva Ley Orgánica electoral de 13 de marzo de 1991-
es un instrumento en manos de las oligarquías de los
partidos, tanto locales como nacionales.
Los ciudadanos, impotentes para modificar las listas y no
gustándoles cómo estan integradas, probablemente se
verán inducidos a abstenerse o a dispersar su voto, con
el grave peligro de convertirlo en voto inútil. El peor
enemigo de la democracia española es la existencia de
partidos que (tanto a nivel nacional como local) están
estructurados verticalmente y regido, en su dimensión
electoral, por el sistema de listas «cerradas y
bloqueadas». Todo ello puede ser un obstáculo
«institucional» para la eficaz participación electoral
de los ciudadanos. Debería haberse pensado todo esto muy
detenidamente cuando se llevó a cabo la reforma de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General del 19 de
junio de 1985, por la nueva Ley Electoral de 1991 que
incurre en los mismos vicios que la anterior.
El pluralismo social y el pluralismo político son
fenómenos de las sociedades de masas: recientes por lo
tanto. Sin embargo, no por ello ha aumentado el nivel de
participación política. Rokkan, en su obra La
participación de los ciudadanos en la vida política, ha
demostrado que el fenómeno del apoliticismo amenaza hoy
a las sociedades industriales y democráticas.
La participación efectiva o no en la vida política,
puede ser debida no sólo a factores psico-sociológicos,
sino también a factores institucionales, es decir, a la
estructura y modo de funcionamiento de las instituciones
de un régimen determinado, pues, como dicen J. Meynaud y
A. Lancelot, no todos los regímenes políticos tienen la
misma concepción del papel que corresponde a los
ciudadanos. A este respecto, se distingue fácilmente la
«democracia» de la «autocracia», en cualesquiera de
sus formas, es decir, bien sean de derechas o de
izquierdas; la primera se basa en la participación y
tiende a suscitarla; la segunda, en la abstención o en
la apatía. La máxima participación aparece, en
principio, en una democracia directa, donde la totalidad
de los ciudadanos decide la política. En la democracia
representativa, la participación de los ciudadanos es
necesaria, ya que sólo así se evitará que el gobierno
del pueblo y por el pueblo degenere en gobierno del
pueblo por un puñado de inamovibles. Otros factores
institucionales pueden influir en la participación
política, como el régimen jurídico de las elecciones,
el sistema electoral..., las listas cerradas y bloqueadas
y la pureza y limpieza antes y durante el proceso
electoral.
J. Meynaud y A. Lancelot enumeran como factores del
«apoliticismo», junto con los anteriores citados, los
siguientes: 1.) La mala reputación de la política; 2.)
Los riesgos encubiertos, pero reales en las democracias
pluralistas; y 3.) Los sentimientos de impotencia del
ciudadano ante la política. Pero la carencia de cauces
«eficaces» de participación pública es uno de los
factores institucionales decisivos que provocan el
apoliticismo. Cuando esto sucede, la política queda
reducida a cosa de pocos, y las instituciones políticas
pierden sustancia y contenido. A los anteriores factores
hay que añadir otros.
Al ciudadano, aquí y ahora, no le queda más salida que
participar, ¿Por qué? Es bueno recordar las sabias
observaciones que hiciera Montesquieu en su libro El
espíritu de las leyes. Afirmaba que la libertad
política del ciudadano quedaba garantizada en tanto en
cuanto los tres poderes (ejecutivo, legislativo y
judicial) estuvieran divididos en varias instituciones. O
lo que es lo mismo, la no participación del ciudadano en
las elecciones puede implicar, o el repudio al juego
democrático, o una carencia absoulta del sentido de la
responsabilidad y de la prudencia política. No
participando -y normalmente la derecha es la que suele
arrojar mayor índice de abtencionismo-, el «ciudadano
de derechas» favorece la existencia de un partido
predominate que, sea cual sea su ideología, siempre es
perjudicial para la existencia de un correcto y dinámico
juego democrático. Votando a la oposición, aunque no le
gusten las listas prefabricadas, está posibilitando la
existencia de una oposición eficaz que pueda frenar a
los gobernantes en turno. De esta manera quedará
garantizado el principio liberal de que el poder dividido
es menos poder; de que la división de poderes, es decir,
la no concentración de poderes en manos de un solo
partido, es la mejor garantía de las libertades y
derechos del ciudadano. Y, por otra parte, participando,
el ciudadano conseguirá la consolidación de la
democracia pluralista, tanto a nivel local como a nivel
nacional. La democracia pluralista y social, a nivel
nacional, es -debe ser- la resultante de las democracias
locales y autonómicas, y no al revés. Para conseguir
estos objetivos se hace imprescindible que se evite o
palie, dentro de márgenes razonables, la apatía
política y el abstencionismo electoral, pues la apatía
y el abstencionismo son enemigos de la democracia -que es
participación de los ciudadanos en la cosa pública- y
aliados de todo tipo de régimen autocrático.
II. EL ABSTENCIONISMO Y EL SISTEMA ELECTORAL
El sistema electoral de listas «cerradas y bloqueadas»,
es el peor enemigo de los intereses de las llamadas
nacionalidades y regiones españolas que deben gozar de
autonomía real. Con tal sistema se corre peligro -como
así está sucediendo ya en diversos cuadrantes hispanos-
de que los órganos centrales de cada partido sean los
que tomen las decisiones vinculantes para los comités
políticos locales. Con las listas electorales cerradas y
bloqueadas, confeccionadas en Madrid por los comités
centrales de los partidos, se ha mermado la presunta
capacidad de autogobierno que la Constitución del 78
reconoce a las «nacionalidades» y «regiones».
Impotente el elector autónomo, es muy probable que se
abstenga. De no ponerse pronto remedio a estos males,
nuestra democracia dará lugar a una partitocracia y
ésta, tarde o temprano, a la inestabilidad política y
social. Cada elector debe votar a ciudadanos que viven y
trabajan «en» la propia comunidad y que, además,
trabajan «por» los auténticos intereses de toda clase,
de cada pueblo electoral comunitario y no a fantasmas
«descolgados»…; cosa que, hoy por hoy, con el
actual sistema electoral, no pueden evitar los electores
españoles.
Democracia y listas cerradas se excluyen, y el
transfuguismo político, como el abstencionismo, la
existencia de los cuneros, etc., son, en la actualidad,
su peor gangrena. Afirmamos, categóricamente, que los
legitimados para ejercer la titularidad de la soberanía
popular de la que «emanan todos los poderes del
Estado», son los ciudadanos y, por tanto, los únicos
capacitados para elegir y ser elegidos. Los ciudadanos
españoles son los únicos que deben controlar cualquier
parcela de poder. Los que no están insertos en el censo
electoral no deben gozar de fracción alguna de poder.
Quien no tiene deberes no puede pretender gozar de
derechos. Quién no está censado y, en consecuencia, no
contribuye al erario público, no debe gozar de derechos
ni de prebendas, de privilegios de ningún tipo, ni
nombramientos más o menos representativos de ninguna
entidad socio-política local o nacional.
El abstencionista no tiene derecho a criticar la gestión
del gobierno. Y una advertencia a la derecha sociológica
y a la derecha económica (la cual, al tener su «trozo
de pan asegurado», es propensa a la abstención, pues
cree que la política apenas le afecta) que, con su
actitud y comportamiento están justificando que se las
tilde de talante poco democrático, o al menos, de no muy
amantes del sistema democrático. Este sector
socio-político resulta luego ser el más propenso a la
crítica destructiva. La derecha española sufre la lepra
de la envidia y del personalismo y, en consecuencia, la
consume la autofagia. Se debe incitar a que las clases
medias voten y demuestren su cultura política y su
vocación ciudadana.
III. CRITERIOS PARA LOS VOTANTES
Ningún partido está en posesión de «la» verdad. Cada
uno es portador de «su» verdad política o de un
aspecto formal de la verdad o, lo que es lo mismo, cada
uno tiene una visión
ideológica de la cosa publica y pretende servirla según
su punto de vista. Sin embargo, siempre habrá algún
partido que, además de ajustarse a la visión del
votante sobre las necesidades de la sociedad, tenga mayor
credibilidad y posibilidades de servir el interés
general de la sociedad.
Los ciudadanos han de evitar la tentación de la
indiferencia o el desaliento, pues la participación
electoral es el mejor modo de influir en la buena marcha
de los asuntos públicos. Quien no vota no es un buen
ciudadano, por muchos aspectos negativos que puedan
enumerarse de los procedimientos electorales previstos,
etc. Todos tenemos obligación moral de votar con plena
libertad, sin servidumbre de ninguna clase. En términos
positivos, a la hora de votar lo más importante es tener
una idea clara de lo que se precisa, y ponderar qué
persona y qué programas ofrecen mayores garantías para
lograr el interés general, o lo que es lo mismo, el
conjunto de bienes morales y materiales indispensables
para el pleno desarrollo de la persona humana y de los
grupos en los que se halla inserta.
IV. OTROS MALES
1) Los cuneros. Los diputados cuneros eran, durante la
España de la Restauración, los candidatos que el poder
ejecutivo encasillaba cómodamente en los distritos
rurales controlados por el Gobierno con el fin de
garantizarse un escaño seguro, sin parar mientes en las
débiles conexiones o las inexistentes vinculaciones del
futuro congresista con sus representados. El paso del
tiempo ha ampliado el distrito electoral hasta el ámbito
provincial, ha sustituido las viejas corrupciones
caciquiles por la limpieza y honestidad de los
escrutinios, y ha modificado sustancialmente el carácter
de las campañas preparatorias de los comicios. Sin
embargo, la tradicional figura del «cunero», lanzado en
paracaídas por el comité electoral de su partido sobre
una circunscripción que le resulta prácticamente
desconocida, continúa distorsionando en buena medida el
sentido de la representación de los ciudadanos por sus
mandatarios. Se entiende por «cunero», pues, a aquel
candidato que siendo originario de una comarca, provincia
o región, sin embargo, no ha vivido en ella,
desconociendo, aparentemente al menos, sus problemas y
manteniéndose al margen -también formalmente al menos-
de los intereses de la citada comunidad local. El cunero,
aún siendo desde un punto de vista material, originario
de la zona por la que se presenta como candidato,
espiritualmente, es tan «paracaidista» como aquél que
ha sido impuesto por los comités centrales radicados en
Madrid a una comunidad local sin que tenga con ellos
ninguna vinculación material o de nacimiento.
Interesa distinguir los aparentemente cuneros y los que
son realmente cuneros y, a su vez, interesa también
referirse a quienes son cuneros conscientes, voluntarios
y con alevosía. Son «aparentes» aquéllos que siendo
de origen del lugar por el que pretenden ser elegidos
como representantes, y que habiendo mantenido su casa
solariega y sus familias en él, sin embargo, por razones
profesionales no pudieron nunca desarrollar alli su
vocación. Los «reales» son aquéllos que aun teniendo
su origen, su familia, etc., en la tierra que les vio
nacer, siempre han brillado por su ausencia de esa
tierra. Nunca se les ha visto preocupados, ni en
escritos, ni en hechos, por los problemas de la comunidad
respectiva. Los cuneros «voluntarios y con alevosía»
son aquellos que, habiendo nacido en una determinada
comunidad, pretenden que les crean que se preocupan de
sus problemas, que están compenetrados con los mismos y
que están dispuestos a resolverlos entregando, si fuera
necesario, su vida y hacienda. Luego, una vez obtenido el
escaño, se olvidan de las elecciones generales. Ciertos
ex-diputados, fueron ejemplo típico de estos cuneros
alevosos. Cualquier lector avezado podrá identificarlos.
Es necesario, para ser creído, que los hombres y mujeres
destinados a representar a provincias en el Congreso
fueran de verdad gentes enraízadas en esas tierras y
conocedoras de sus problemas y deseos. Un vistazo somero
a las listas de candidatos prueba que todos los partidos,
salvo los nacionalistas, se han aficionado a esta
práctica del paracaidismo electoral, enviando gran
número de candidatos cuneros a provincias con las que
nada les une y de las que se han visto alejados por
dificultades para hacerles encajar en un puesto seguro en
otros lugares. Estos candidatos se apresuran, por
supuesto, a inventarse lazos familiares, afectivos,
profesionales e ideológicos con la circunscripción
sobre la que han tenido que aterrizar tras haber sido
expulsados de otras candidaturas seguras por competidores
más hábiles e influyentes.
2) Los paracaidistas. Los «paracaidistas» son aquellos
que han sido impuestos por Madrid, no manteniendo ninguna
relación con el distrito electoral por el que fueron en
su día elegidos diputados o por el que pueden volver a
ser elegidos. ¿Cómo pueden defender los intereses de
una comunidad quienes no conocen los problemas de las
mismas? ¿Cómo puede amar una comunidad quien no la
conoce? Y ¿cómo puede conocerla quien nunca ha
mantenido relaciones con ella? Los paracaidistas son el
colmo de la deshonestidad política. Carece de ética
política quien los propone, y quien acepta.
3) Los tránsfugas. Otro mal que padece nuestra
democracia es lo que se ha venido en denominar el
transfuguismo político. El tránsfuga es aquel diputado
que pasa de un partido a otro sin que por ello se vea
obligado a abandonar el escaño que, según los exégetas
de la Constitución, es como si fuera de su propiedad.
Interpretando literalmente el texto constitucional, el
escaño es suyo y no del partido, olvidándose dichos
comentaristas que el diputado ha sido elegido en una
lista cerrada y bloqueada y que el elector no sólo ha
votado unas siglas, sino un programa y al diputado como
un mandatario para realizarlo. El trásfuga político ha
sido una consecuencia de una carencia total del sentido
de la ética política. El diputado carcomido por esta
enfermedad ha incurrido en ella valiéndose de
subterfugios interpretativos del texto constitucional.
Es cierto que la Constitución española prohíbe el
mandato imperativo en el artículo 67, como también lo
es que el Tribunal Constitucional ratificó este precepto
constitucional prohibiendo que el tránsfuga político se
viera obligado a abandonar su escaño por el hecho de
abandonar el partido por el que fue votado. Pero también
hay que tener en cuenta los otros preceptos
constitucionales de que la soberanía nacional reside en
el pueblo español del que emanan los poderes del Estado
y que, por otra parte, nuestra Carta Magna
constitucionaliza el hecho de los partidos políticos
hasta el grado de que los considera instrumentos
fundamentales para la participación política. Y la Ley
Electoral vigente ratifica esa constitucionalidad de los
partidos al convertirlos en los únicos órganos
encargados de confeccionar las listas electorales.
Cuando las leyes electorales de 1985 y de 1991 prevén,
por ejemplo, que las listas electorales deben estar
cerradas y bloqueadas, está proponiendo un sistema que
da prioridad a la organización de los partidos sobre las
individualidades. E incluso cabe también pensar con
carácter finalista que, a través de ese procedimiento,
se favorecerá la organización colectiva de tales
partidos.
No creo que hayamos adquirido, colectivamente, la
sensibilidad para diferenciar lo que supone el
funcionamiento de listas cerradas y bloqueadas y el
precepto constitucional que establece claramente la
inexistencia de mandato imperativo sobre los
parlamentarios.
Desde ese punto de vista, lo preocupante no es tanto, con
ser mucha, la indignación moral que determinados
comportamientos pueden producir, como, sobre todo, la
falta de credibilidad que estos comportamientos producen
respecto al funcionamiento del sistema.
4) Posibles correctivos. Desearíamos que a uno de los
males que tantas veces se ha denunciado en la democracia
actual española, cual es el transfuguismo político, se
le diera la solución debida, ya que esta carcoma de
nuestra democracia puede corroerla, El transfuguismo
político, entre otros abusos de algunos de nuestros
indignos representates, es una fatal causa del
descrédito de la política, y en buena parte factor del
fuerte abstencionismo en las elecciones tanto generales
como locales. Porque el transfuguismo político no sólo
se da a nivel estatal, sino tambien a nivel local.
Los tránsfugas políticos han cogido el rábano por las
hojas y los exégetas constitucionales, carentes de una
interpretación sistemática de nuestro texto
constitucional, no se percatan de que por encima de la
prohibición del mandato imperativo del artículo 67,
está el principio de la soberanía popular que, en la
fase electoral, se ejerce a través del cuerpo electoral
y se instrumentaliza a través de los partidos como
establece el artículo 6 de la Constitución. Si unos
representantes electos se consideran incompatibles, al
día siguiente de la elección, con el programa y la
lista que les había abierto las puertas del Congreso, o
pueden dimitir, o permanecer como diputados pasando al
Grupo Mixto; pero siempre votando las cuestiones
fundamentales con el partido que les posibilitó el
escaño. Sólo así no defraudarán a los electores. El
menosprecio de la voluntad de los electores tendrá que
encontrar un correctivo, pues sus votos, válidos dentro
del reglamento actual, son votos que arruinan la
confianza popular en la democracia. Un escaño es un
compromiso, no una finca. Por tanto los trásfugas
políticos deberían perder el mandato cuando
voluntariamente abandonen al partido por el cual se
hubiesen presentado a las elecciones. Subrayo el adverbio
«voluntariamente». De este modo se excluiría el
mandato imperativo y se garantizaría, a su vez, la
libertad de voto de aquellos representantes electos que
continuando en el seno del partido, en determinadas
ocasiones no guarden la disciplina a la hora de votar.
Las críticas que se ha hecho al tránsfuga político
suelen conectar este fenómeno con el sistema electoral
vigente de listas cerradas y bloqueadas. Para acabar con
los deshonestos y con el bochornoso espectáculo del
tránsfuga se suele ofrecer varias fórmulas, una de
ellas la de que los partidos políticos se comprometiesen
a no acoger en su seno a un tránsfuga que abandone el
grupo por el que fue elegido. «El diputado -decía M.
Oreja, el 28 de mayo de 1989- debe irse a su casa o al
Grupo Mixto, pero nunca a otro grupo». Otra formula, que
ya existía en los albores autonómicos catalanes para
arrinconar a los dos diputados andaluces, fue la no
adscripción a ningún grupo. Y otros críticos del
transfuguismo -la mayoría- apuntan directa o
indirectamente, que este fenómeno es debido al sistema
electoral de las listas cerradas o bloqueadas que
excluyen al lector de una participación directa en la
elección de sus futuros representantes. Las listas
cerradas y bloqueadas constituyen una causa evidente de
desmoralización nacional y de sustitución de la
voluntad del elector por la del partido, como ya
demostró una encuesta llevada a cabo por la Agencia
Sigma Dos, en septiembre de 1987: «Una amplia mayoría
de los españoles considera que un diputado que abandona
el partido por el que fue elegido debe renunciar a su
escaño… Es una opinión ampliamente sentida como
una exigencia de ética política».
Juan Ferrando Badia
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