Amenazas a la democracia

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Amenazas a la democracia

Por J. Ferrando

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Amenazas a la democracia

AMENAZAS A LA DEMOCRACIA





I. EL APOLITICISMO Y EL ABSTENCIONISMO



El cuerpo electoral ejerce su derecho ciudadano a participar en las elecciones, aparentemente de un modo libre y sin condicionamientos, pero, de hecho, éstos son tales que se puede prever, por ejemplo, una fuerte abstención en las elecciones, debido a factores «institucionales» tales como el sistema electoral vigente v. gr. en España desde 1977, con el procedimiento de las listas «cerradas y bloqueadas» para la elección de todos los representantes, tanto en el marco de las comunidades autónomas, como de los parlamentarios. Este tipo de listas es antidemocrático. La elaboracion de las listas desde los comités políticos radicados en Madrid, o también su elaboración por las oligarquías caciquiles locales, como está sucediendo en algunos cuadrantes hispanos, es continuar con la «dictadura del dedo». La inteligencia y buen sentido de los electores debería bastar para decidir el orden de las listas. Los ciudadanos deberían poder introducir en ellas los nombres de aquellas personas que les merezcan confianza, y cambiar el orden. El sistema vigente en España desde 1977 -ratificado por la nueva Ley Orgánica electoral de 13 de marzo de 1991- es un instrumento en manos de las oligarquías de los partidos, tanto locales como nacionales.

Los ciudadanos, impotentes para modificar las listas y no gustándoles cómo estan integradas, probablemente se verán inducidos a abstenerse o a dispersar su voto, con el grave peligro de convertirlo en voto inútil. El peor enemigo de la democracia española es la existencia de partidos que (tanto a nivel nacional como local) están estructurados verticalmente y regido, en su dimensión electoral, por el sistema de listas «cerradas y bloqueadas». Todo ello puede ser un obstáculo «institucional» para la eficaz participación electoral de los ciudadanos. Debería haberse pensado todo esto muy detenidamente cuando se llevó a cabo la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General del 19 de junio de 1985, por la nueva Ley Electoral de 1991 que incurre en los mismos vicios que la anterior.

El pluralismo social y el pluralismo político son fenómenos de las sociedades de masas: recientes por lo tanto. Sin embargo, no por ello ha aumentado el nivel de participación política. Rokkan, en su obra La participación de los ciudadanos en la vida política, ha demostrado que el fenómeno del apoliticismo amenaza hoy a las sociedades industriales y democráticas.

La participación efectiva o no en la vida política, puede ser debida no sólo a factores psico-sociológicos, sino también a factores institucionales, es decir, a la estructura y modo de funcionamiento de las instituciones de un régimen determinado, pues, como dicen J. Meynaud y A. Lancelot, no todos los regímenes políticos tienen la misma concepción del papel que corresponde a los ciudadanos. A este respecto, se distingue fácilmente la «democracia» de la «autocracia», en cualesquiera de sus formas, es decir, bien sean de derechas o de izquierdas; la primera se basa en la participación y tiende a suscitarla; la segunda, en la abstención o en la apatía. La máxima participación aparece, en principio, en una democracia directa, donde la totalidad de los ciudadanos decide la política. En la democracia representativa, la participación de los ciudadanos es necesaria, ya que sólo así se evitará que el gobierno del pueblo y por el pueblo degenere en gobierno del pueblo por un puñado de inamovibles. Otros factores institucionales pueden influir en la participación política, como el régimen jurídico de las elecciones, el sistema electoral..., las listas cerradas y bloqueadas y la pureza y limpieza antes y durante el proceso electoral.

J. Meynaud y A. Lancelot enumeran como factores del «apoliticismo», junto con los anteriores citados, los siguientes: 1.) La mala reputación de la política; 2.) Los riesgos encubiertos, pero reales en las democracias pluralistas; y 3.) Los sentimientos de impotencia del ciudadano ante la política. Pero la carencia de cauces «eficaces» de participación pública es uno de los factores institucionales decisivos que provocan el apoliticismo. Cuando esto sucede, la política queda reducida a cosa de pocos, y las instituciones políticas pierden sustancia y contenido. A los anteriores factores hay que añadir otros.

Al ciudadano, aquí y ahora, no le queda más salida que
participar, ¿Por qué? Es bueno recordar las sabias
observaciones que hiciera Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes. Afirmaba que la libertad política del ciudadano quedaba garantizada en tanto en cuanto los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) estuvieran divididos en varias instituciones. O lo que es lo mismo, la no participación del ciudadano en las elecciones puede implicar, o el repudio al juego democrático, o una carencia absoulta del sentido de la responsabilidad y de la prudencia política. No participando -y normalmente la derecha es la que suele arrojar mayor índice de abtencionismo-, el «ciudadano de derechas» favorece la existencia de un partido predominate que, sea cual sea su ideología, siempre es perjudicial para la existencia de un correcto y dinámico juego democrático. Votando a la oposición, aunque no le gusten las listas prefabricadas, está posibilitando la existencia de una oposición eficaz que pueda frenar a los gobernantes en turno. De esta manera quedará garantizado el principio liberal de que el poder dividido es menos poder; de que la división de poderes, es decir, la no concentración de poderes en manos de un solo partido, es la mejor garantía de las libertades y derechos del ciudadano. Y, por otra parte, participando, el ciudadano conseguirá la consolidación de la democracia pluralista, tanto a nivel local como a nivel nacional. La democracia pluralista y social, a nivel nacional, es -debe ser- la resultante de las democracias locales y autonómicas, y no al revés. Para conseguir estos objetivos se hace imprescindible que se evite o palie, dentro de márgenes razonables, la apatía política y el abstencionismo electoral, pues la apatía y el abstencionismo son enemigos de la democracia -que es participación de los ciudadanos en la cosa pública- y aliados de todo tipo de régimen autocrático.





II. EL ABSTENCIONISMO Y EL SISTEMA ELECTORAL



El sistema electoral de listas «cerradas y bloqueadas», es el peor enemigo de los intereses de las llamadas nacionalidades y regiones españolas que deben gozar de autonomía real. Con tal sistema se corre peligro -como así está sucediendo ya en diversos cuadrantes hispanos- de que los órganos centrales de cada partido sean los que tomen las decisiones vinculantes para los comités políticos locales. Con las listas electorales cerradas y bloqueadas, confeccionadas en Madrid por los comités centrales de los partidos, se ha mermado la presunta capacidad de autogobierno que la Constitución del 78 reconoce a las «nacionalidades» y «regiones». Impotente el elector autónomo, es muy probable que se abstenga. De no ponerse pronto remedio a estos males, nuestra democracia dará lugar a una partitocracia y ésta, tarde o temprano, a la inestabilidad política y social. Cada elector debe votar a ciudadanos que viven y trabajan «en» la propia comunidad y que, además, trabajan «por» los auténticos intereses de toda clase, de cada pueblo electoral comunitario y no a fantasmas «descolgados»…; cosa que, hoy por hoy, con el actual sistema electoral, no pueden evitar los electores españoles.

Democracia y listas cerradas se excluyen, y el transfuguismo político, como el abstencionismo, la existencia de los cuneros, etc., son, en la actualidad, su peor gangrena. Afirmamos, categóricamente, que los legitimados para ejercer la titularidad de la soberanía popular de la que «emanan todos los poderes del Estado», son los ciudadanos y, por tanto, los únicos capacitados para elegir y ser elegidos. Los ciudadanos españoles son los únicos que deben controlar cualquier parcela de poder. Los que no están insertos en el censo electoral no deben gozar de fracción alguna de poder. Quien no tiene deberes no puede pretender gozar de derechos. Quién no está censado y, en consecuencia, no contribuye al erario público, no debe gozar de derechos ni de prebendas, de privilegios de ningún tipo, ni nombramientos más o menos representativos de ninguna entidad socio-política local o nacional.

El abstencionista no tiene derecho a criticar la gestión del gobierno. Y una advertencia a la derecha sociológica y a la derecha económica (la cual, al tener su «trozo de pan asegurado», es propensa a la abstención, pues cree que la política apenas le afecta) que, con su actitud y comportamiento están justificando que se las tilde de talante poco democrático, o al menos, de no muy amantes del sistema democrático. Este sector socio-político resulta luego ser el más propenso a la crítica destructiva. La derecha española sufre la lepra de la envidia y del personalismo y, en consecuencia, la consume la autofagia. Se debe incitar a que las clases medias voten y demuestren su cultura política y su vocación ciudadana.





III. CRITERIOS PARA LOS VOTANTES



Ningún partido está en posesión de «la» verdad. Cada uno es portador de «su» verdad política o de un aspecto formal de la verdad o, lo que es lo mismo, cada uno tiene una visión
ideológica de la cosa publica y pretende servirla según su punto de vista. Sin embargo, siempre habrá algún partido que, además de ajustarse a la visión del votante sobre las necesidades de la sociedad, tenga mayor credibilidad y posibilidades de servir el interés general de la sociedad.

Los ciudadanos han de evitar la tentación de la indiferencia o el desaliento, pues la participación electoral es el mejor modo de influir en la buena marcha de los asuntos públicos. Quien no vota no es un buen ciudadano, por muchos aspectos negativos que puedan enumerarse de los procedimientos electorales previstos, etc. Todos tenemos obligación moral de votar con plena libertad, sin servidumbre de ninguna clase. En términos positivos, a la hora de votar lo más importante es tener una idea clara de lo que se precisa, y ponderar qué persona y qué programas ofrecen mayores garantías para lograr el interés general, o lo que es lo mismo, el conjunto de bienes morales y materiales indispensables para el pleno desarrollo de la persona humana y de los grupos en los que se halla inserta.





IV. OTROS MALES



1) Los cuneros. Los diputados cuneros eran, durante la España de la Restauración, los candidatos que el poder ejecutivo encasillaba cómodamente en los distritos rurales controlados por el Gobierno con el fin de garantizarse un escaño seguro, sin parar mientes en las débiles conexiones o las inexistentes vinculaciones del futuro congresista con sus representados. El paso del tiempo ha ampliado el distrito electoral hasta el ámbito provincial, ha sustituido las viejas corrupciones caciquiles por la limpieza y honestidad de los escrutinios, y ha modificado sustancialmente el carácter de las campañas preparatorias de los comicios. Sin embargo, la tradicional figura del «cunero», lanzado en paracaídas por el comité electoral de su partido sobre una circunscripción que le resulta prácticamente desconocida, continúa distorsionando en buena medida el sentido de la representación de los ciudadanos por sus mandatarios. Se entiende por «cunero», pues, a aquel candidato que siendo originario de una comarca, provincia o región, sin embargo, no ha vivido en ella, desconociendo, aparentemente al menos, sus problemas y manteniéndose al margen -también formalmente al menos- de los intereses de la citada comunidad local. El cunero, aún siendo desde un punto de vista material, originario de la zona por la que se presenta como candidato, espiritualmente, es tan «paracaidista» como aquél que ha sido impuesto por los comités centrales radicados en Madrid a una comunidad local sin que tenga con ellos ninguna vinculación material o de nacimiento.

Interesa distinguir los aparentemente cuneros y los que son realmente cuneros y, a su vez, interesa también referirse a quienes son cuneros conscientes, voluntarios y con alevosía. Son «aparentes» aquéllos que siendo de origen del lugar por el que pretenden ser elegidos como representantes, y que habiendo mantenido su casa solariega y sus familias en él, sin embargo, por razones profesionales no pudieron nunca desarrollar alli su vocación. Los «reales» son aquéllos que aun teniendo su origen, su familia, etc., en la tierra que les vio nacer, siempre han brillado por su ausencia de esa tierra. Nunca se les ha visto preocupados, ni en escritos, ni en hechos, por los problemas de la comunidad respectiva. Los cuneros «voluntarios y con alevosía» son aquellos que, habiendo nacido en una determinada comunidad, pretenden que les crean que se preocupan de sus problemas, que están compenetrados con los mismos y que están dispuestos a resolverlos entregando, si fuera necesario, su vida y hacienda. Luego, una vez obtenido el escaño, se olvidan de las elecciones generales. Ciertos ex-diputados, fueron ejemplo típico de estos cuneros alevosos. Cualquier lector avezado podrá identificarlos.

Es necesario, para ser creído, que los hombres y mujeres destinados a representar a provincias en el Congreso fueran de verdad gentes enraízadas en esas tierras y conocedoras de sus problemas y deseos. Un vistazo somero a las listas de candidatos prueba que todos los partidos, salvo los nacionalistas, se han aficionado a esta práctica del paracaidismo electoral, enviando gran número de candidatos cuneros a provincias con las que nada les une y de las que se han visto alejados por dificultades para hacerles encajar en un puesto seguro en otros lugares. Estos candidatos se apresuran, por supuesto, a inventarse lazos familiares, afectivos, profesionales e ideológicos con la circunscripción sobre la que han tenido que aterrizar tras haber sido expulsados de otras candidaturas seguras por competidores más hábiles e influyentes.



2) Los paracaidistas. Los «paracaidistas» son aquellos que han sido impuestos por Madrid, no manteniendo ninguna relación con el distrito electoral por el que fueron en su día elegidos diputados o por el que pueden volver a ser elegidos. ¿Cómo pueden defender los intereses de una comunidad quienes no conocen los problemas de las mismas? ¿Cómo puede amar una comunidad quien no la conoce? Y ¿cómo puede conocerla quien nunca ha mantenido relaciones con ella? Los paracaidistas son el colmo de la deshonestidad política. Carece de ética política quien los propone, y quien acepta.



3) Los tránsfugas. Otro mal que padece nuestra democracia es lo que se ha venido en denominar el transfuguismo político. El tránsfuga es aquel diputado que pasa de un partido a otro sin que por ello se vea obligado a abandonar el escaño que, según los exégetas de la Constitución, es como si fuera de su propiedad. Interpretando literalmente el texto constitucional, el escaño es suyo y no del partido, olvidándose dichos comentaristas que el diputado ha sido elegido en una lista cerrada y bloqueada y que el elector no sólo ha votado unas siglas, sino un programa y al diputado como un mandatario para realizarlo. El trásfuga político ha sido una consecuencia de una carencia total del sentido de la ética política. El diputado carcomido por esta enfermedad ha incurrido en ella valiéndose de subterfugios interpretativos del texto constitucional.

Es cierto que la Constitución española prohíbe el mandato imperativo en el artículo 67, como también lo es que el Tribunal Constitucional ratificó este precepto constitucional prohibiendo que el tránsfuga político se viera obligado a abandonar su escaño por el hecho de abandonar el partido por el que fue votado. Pero también hay que tener en cuenta los otros preceptos constitucionales de que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado y que, por otra parte, nuestra Carta Magna constitucionaliza el hecho de los partidos políticos hasta el grado de que los considera instrumentos fundamentales para la participación política. Y la Ley Electoral vigente ratifica esa constitucionalidad de los partidos al convertirlos en los únicos órganos encargados de confeccionar las listas electorales.

Cuando las leyes electorales de 1985 y de 1991 prevén, por ejemplo, que las listas electorales deben estar cerradas y bloqueadas, está proponiendo un sistema que da prioridad a la organización de los partidos sobre las individualidades. E incluso cabe también pensar con carácter finalista que, a través de ese procedimiento, se favorecerá la organización colectiva de tales partidos.

No creo que hayamos adquirido, colectivamente, la sensibilidad para diferenciar lo que supone el funcionamiento de listas cerradas y bloqueadas y el precepto constitucional que establece claramente la inexistencia de mandato imperativo sobre los parlamentarios.

Desde ese punto de vista, lo preocupante no es tanto, con ser mucha, la indignación moral que determinados comportamientos pueden producir, como, sobre todo, la falta de credibilidad que estos comportamientos producen respecto al funcionamiento del sistema.



4) Posibles correctivos. Desearíamos que a uno de los males que tantas veces se ha denunciado en la democracia actual española, cual es el transfuguismo político, se le diera la solución debida, ya que esta carcoma de nuestra democracia puede corroerla, El transfuguismo político, entre otros abusos de algunos de nuestros indignos representates, es una fatal causa del descrédito de la política, y en buena parte factor del fuerte abstencionismo en las elecciones tanto generales como locales. Porque el transfuguismo político no sólo se da a nivel estatal, sino tambien a nivel local.

Los tránsfugas políticos han cogido el rábano por las hojas y los exégetas constitucionales, carentes de una interpretación sistemática de nuestro texto constitucional, no se percatan de que por encima de la prohibición del mandato imperativo del artículo 67, está el principio de la soberanía popular que, en la fase electoral, se ejerce a través del cuerpo electoral y se instrumentaliza a través de los partidos como establece el artículo 6 de la Constitución. Si unos representantes electos se consideran incompatibles, al día siguiente de la elección, con el programa y la lista que les había abierto las puertas del Congreso, o pueden dimitir, o permanecer como diputados pasando al Grupo Mixto; pero siempre votando las cuestiones fundamentales con el partido que les posibilitó el escaño. Sólo así no defraudarán a los electores. El menosprecio de la voluntad de los electores tendrá que encontrar un correctivo, pues sus votos, válidos dentro del reglamento actual, son votos que arruinan la confianza popular en la democracia. Un escaño es un compromiso, no una finca. Por tanto los trásfugas políticos deberían perder el mandato cuando voluntariamente abandonen al partido por el cual se hubiesen presentado a las elecciones. Subrayo el adverbio «voluntariamente». De este modo se excluiría el mandato imperativo y se garantizaría, a su vez, la libertad de voto de aquellos representantes electos que continuando en el seno del partido, en determinadas ocasiones no guarden la disciplina a la hora de votar.

Las críticas que se ha hecho al tránsfuga político suelen conectar este fenómeno con el sistema electoral vigente de listas cerradas y bloqueadas. Para acabar con los deshonestos y con el bochornoso espectáculo del tránsfuga se suele ofrecer varias fórmulas, una de ellas la de que los partidos políticos se comprometiesen a no acoger en su seno a un tránsfuga que abandone el grupo por el que fue elegido. «El diputado -decía M. Oreja, el 28 de mayo de 1989- debe irse a su casa o al Grupo Mixto, pero nunca a otro grupo». Otra formula, que ya existía en los albores autonómicos catalanes para arrinconar a los dos diputados andaluces, fue la no adscripción a ningún grupo. Y otros críticos del transfuguismo -la mayoría- apuntan directa o indirectamente, que este fenómeno es debido al sistema electoral de las listas cerradas o bloqueadas que excluyen al lector de una participación directa en la elección de sus futuros representantes. Las listas cerradas y bloqueadas constituyen una causa evidente de desmoralización nacional y de sustitución de la voluntad del elector por la del partido, como ya demostró una encuesta llevada a cabo por la Agencia Sigma Dos, en septiembre de 1987: «Una amplia mayoría de los españoles considera que un diputado que abandona el partido por el que fue elegido debe renunciar a su escaño… Es una opinión ampliamente sentida como una exigencia de ética política».



Juan Ferrando Badia



 

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