CRONICA: La política. Por M. Jiménez Quílez

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CRONICA: La política. nº 83

Por M. Jiménez Quílez

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CRONICA: La política

El Gobierno. Navega con dificultad, nacida muchas veces de sus propias deficiencias, sobre todo informativas; otras derivadas de la propia naturaleza de los asuntos, que no son fáciles y, en ocasiones, están complicados y envenenados por una larga dejadez o malgobierno del equipo anterior.

El Presidente se mantiene sereno y hace gala -al menos aparentemente- de una gran frialdad. Incluso el infarto de su Ministro Matutes, que parecía le iba a obligar a nombrarle sustituto, lo ha tomado con calma. Destaca de su carácter, además de esta frialdad que puede serle perjudicial políticamente si la lleva muy lejos, una gran obstinación en sus posturas.

El Gobierno ha encajado la sentencia del Supremo que le ordenaba desclasificar los papeles del Cesid, a lo que anteriormente se había negado. Hasta el Ministro Serra, el más afectado por este asunto, pues conocida era su obstinada negativa a la tal desclasificación; parece ahora como si hubiera sido quien la hubiera propugnado; con tal asombrosa satisfacción se presentó en el pupitre del portavoz del Gobierno para anunciar el acatamiento gubernamental a la decisión del alto Tribunal.

Por mucho que se intente complicar las cosas, parece que las denuncias de un contratista de Zamora de haber cooperado con su dinero al triunfo electoral del PP no van a afectar a nada esencial.

Se reconoce el éxito por el acuerdo sindical-patronal; pero hay que esperar a la hora de la verdad: aquella en que se anuncie que las cifras de paro han disminuido real y verdaderamente, que es el gran objetivo.

Los pactos con el PNV y Ciu se mantienen al parecer con cierta estabilidad, lo que no es fácil. Habrá un momento en que se deberá decir no a las peticiones y condiciones excesivas de unos y de otros. Ese momento no debe estar muy lejos pues resulta para la mayoría de los españoles verdaderamente atosigante el constante «síndrome de petición» de varias autonomías. Hay que fijar los límites del Estado autonómico.

Con el Plan de Convergencia el Gobierno se ha apuntado un tanto. Insiste en acumular nuevos triunfos en el sector. El Plan tiene la ventaja de trazar un camino a seguir dentro de unas normas y unos límites, y no el campo libre y el silvestrismo. Se ignora su valor desde un punto de vista técnico. Sus frutos permitirán juzgarlo.

Hasta a los socialistas el plan les ha parecido bien; no están en condiciones de ofrecer una alternativa, puesto que han ocupado el Gobierno hasta ayer y no la han llevado a cabo. Del resto de los partidos no vendrá una gran oposición, sino al contrario. Sólo Izquierda Unida batallará en solitario.

Vivimos, pues, una situación con buena tendencia, pero todavía a la expectativa. Esperan jornadas muy movidas y movimientos peligrosos del Psoe ante los procesos que se avecinan: Filesa, Gal, etc. que afectan a las alturas.

Mario Conde. El suceso ha sido la condena de Mario Conde por la Audiencia Nacional: seis años de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental en el caso Argentia Trust y una indemnización de 600 millones, además de la inhabilitación profesional.

La Audiencia permite la libertad del condenado siempre que deposite como fianza dos mil millones de pesetas. Conde alegó que no poseía esa cantidad y ofreció como garantía la hipotecaria de sus fincas, valoradas al parecer por encima de dicha suma. En un primer momento la Audiencia rechazó la propuesta, si bien a última hora y ante la confirmación de que el reo no depositaría la cantidad en metálico terminó por aceptar la fórmula. El Fiscal le salvó en el último momento de la prisión provisional.

Durante la vista Mario Conde eludió sentarse en el banquillo. Alegó su condición de abogado y se presentó como defensor de sí mismo vistiendo la toga. El aspirante a liderar una nueva derecha, hombre de ambiciones muy altas, fue abandonado durante este duro trance judicial por los grandes de la banca. No logró reunir el importe de las fianzas. Detrás de esta sentencia quedaban las intrigas del condenado por desbancar a Aznar del terreno político. Como recordaba Luis Herrero «el padre del Rey murió en Pamplona con una fotografía de Conde en la mesita de luz», el propio Rey le concedió una confianzuda amistad personal. Felipe le recibía en la Moncloa para pactar, y el Papa y los líderes israelíes; familias bancarias de larga tradición se le rendían. La Universidad de Madrid organizó un fastuoso espectaculo presidido por SS.MM. para imponerle las insignias de Doctor «honoris causa», Sic transit.

Conde durante el juicio declaró que los 600 millones que entregó a Navalón fueron para conseguir exenciones fiscales. Ofreció una clara impresión de que su sinceridad era muy limitada.

«El País» denunciaba las empresas tapaderas que figuran como dueñas de sus fincas, en las que hay socios extranjeros. La mayor parte de sus bienes están registrados a nombre de su esposa y el proceso por el «caso Banesto» pendiente todavía



Cataluña. Pujol dando su opinión y su juicio todos los días ante la TV oficial. Antes, se expresaba en español para la RTVE, pero ahora ya habla en catalán con subtítulos. Refuerza cada mañana la importancia de sus peticiones, amenaza. Después o antes promete apoyar al PP hasta la incorporación a Maastricht. Al día siguiente parece querer romper la coalición. Cuando él se calla, toma la palabra Molins que condena que Izquierda Unida vote con el Gobierno y prohíbe a su aliado aceptar este apoyo en lo sucesivo. Incluso parece que España está gobernada por una diarquía Aznar-Pujol.

El avance del nacionalismo catalán no está amenazado por nada ni por nadie. Ni siquiera los colectivos castellanohablantes de Cataluña, que son mayoría respecto de los catalano-parlantes, se muestran activos ante la nueva ley de «Normalización» del catalán. Cuando los obispos y los rectores de las Universidades promulgan la sola oficialidad del catalán, Pujol podrá demostrar su «prudencia» avanzando hasta la cooficialidad plena o más. En la ley que se discute había sanciones para los que no hablen catalán en las tiendas o establecimientos públicos. Incluso desde dentro de Ciu se pide que esas multas desaparezcan. El catalán prosigue su expansión. Baleares será su satélite. Ahora se persigue imponerlo en el ámbito aragonés. Un dictamen aprobado por las cortes de Aragón pide el reconocimiento del bilingüísmo. Incluso se propugna un Aragón trilingüe castellano, catalán y aragonés.

Pujol sigue explotando sus amenazas; sólo apoyará el plan de estabilidad si Cataluña recibe 60.000 millones para Sanidad. Pujol recuerda que puede anticipar la convocatoria de las elecciones generales. Recuerda que ya lo hizo con González y que volverá a hacerlo si cree que así conviene a los «intereses del país». También Pujol ha dicho que quiere cambiar veinte leyes para apurar el hecho autonómico. Estas leyes afectan a ámbitos muy distintos: Función Pública, Régimen local, Cámaras de Comercio, Poder Judicial, Fuerzas de Seguridad, Protección Civil, Radio y Televisión, Comunicaciones, Enseñanza, Universidad, Industria, Petróleo, Cajas de Ahorro, Seguros privados, Suelos, Costas, Aguas, Planes y Fondos de Pensiones, y Mercado de Valores. También aspira a recaudar los impuestos especiales. Ha sobrepasado su pacto con el PP y ha logrado el control administrativo del paro (Inem). Quiere también que se exija a los jueces conocer el catalán para ejercer en Cataluña. Y que Cataluña ostente la titularidad «incluso militar».

Pujol ha avisado que se sentirá engañado si el PP dá competencia a los subdelegados en Cataluña (ha conseguido la desaparición de los Gobernadores Civiles). Pujol ha amenazado con la ruptura si el PP perjudica a TV3. Pujol, al elogiar el catalanismo de José Plá en su centenario, pide una conciencia nacional como la de los helenos: se metieron en la cabeza que eran lo que no eran para lograr su estado de Grecia. Antes, Pujol se había mostrado partidario de convertir a Cataluña en un Quebec.

Pero lo más escandaloso de Pujol es que se ha jactado de «hacer pasar por el aro» tanto al PP ahora, como al Psoe antes. Esta ofensiva frase no se ha rectificado ni matizado, y el PP y el Psoe se lo han tragado.

También Pujol se ha mostrado diligente en hacer callar a su socio Durán y Lleida que se había permitido una cierta libertad de expresión. Durán y Lleida dejó a Pujol en evidencia ante sus adversarios, pero, en realidad, de lo que se trata es de quién ocupa el escenario ante las próximas elecciones catalanas. Este es el «nacionalismo» injustamente calificado de moderado según Jiménez Losantos.

El Gobierno aparenta no tomar en serio las bravatas pujolescas, pero lo cierto es que cada día el catalanismo ocupa nuevas posiciones y propugna otras aún más avanzadas. Ahora, Ciu quiere que se reconozca más pluralidad lingüística en España. El discurso de Pujol ante el Senado fue arropado por la publicación de artículos por él firmados en sendos diarios madrileños explicando para castellanohablantes el sentido de su posición. Pidió compartir la soberanía política del Estado aunque después matizó esta reivindicación.

En sus conclusiones solicitó que se tenga en cuenta la realidad bilingüe de España en el Boletín Oficial del Estado y en el Instituto Cervantes, así como que las televisiones privadas adapten sus emisiones al caracter bilingüe.

Pujol está furioso con el acuerdo entre populares y vascos y no desea otra cosa que superarlo. Ciu pretende negociar con el Gobierno un segundo pacto a partir de abril.

Hay otras caras de Pujol:«Cataluña no acaba de encontrar su lugar en España» afirmó también en el Senado. Ha caído, por el momento, en saco roto la propuesta sobre la selección nacional de fútbol de Cataluña. Hasta el propio Pujol ha dicho que su sucesor natural sería Pascual Maragall, actual alcalde socialista de Barcelona. Sospechosamente, ha comenzado a publicarse detalladas informaciones sobre la «corrupción Maragall». El PP catalán ha formulado al Psoe 146 interpelaciones sobre las irregularidades de las empresas públicas de Maragall.

El descubrimiento de que los Mossos de Escuadra fueron creados por Felipe V para reprimir a los bandoleros que actuaban en Cataluña ha sublevado a los separatistas que quizás creían que habían sido establecidos por Wilfredo el Velloso. Como tal descubrimiento ha coincidido con la emisión de monedas con la efigie del primer monarca español de origen borbónico, esta moneda se rechaza en Cataluña; se ha pedido que sea retirada.

Para paliar todas estas idas y venidas de don Jordi, desde el Gobierno se le hacen de vez en vez guiños importantes. En noviembre accedió a aumentar la inversión directa en Cataluña en 1.750 millones y dar 13.350 millones de fondos extrapresupuestarios. En noviembre también se negociaba un aumento de la inversión en Cataluña por valor de 8.000 millones que se destinarían al metro, a los ferrocarriles catalanes y a la vivienda. También el Gobierno aceptó pagar 32.000 millones más a Cataluña «por algunos servicios». Ya se ha fijado en 309.000 millones lo que supondrá para Cataluña en 1997 el 30 por ciento del IRPF.

Se explica que desde un periódico -Ya-se califique al President como el «tahúr del Llobregat». Y otro -ABC- alterna sus elogios -«aciertos de Pujol»- con sus críticas «Napoleón Pujol».



El rey. El Rey ha pedido un perdón más. Ahora, en Nueva York a los judíos por el famoso decreto de expulsión firmado por sus gloriosos antepasados hace más de quinientos años. España fue la última nación europea en decidir la expulsión.

Por cierto que en la presentación de su libro-entrevista a la Reina se reveló el recelo de Doña Sofia por un militar de alta graduación. La periodista ha declarado, según «El Periódico» que la Reina le dijo que en el 23F el Rey había hecho creer a los militares que estaba con ellos y calificó de «juego voluntariamente ambiguo» la relación del Rey con los militares antes de dicha fecha.

En este aniversario de la proclamación de la República, las organizaciones republicanas han declarado que «acatan la Monarquía, pero mantienene vivo el espíritu del 31».

Y se anuncia el matrimonio de la infanta Cristina con un jugador de balonmano.



Justicia. La reforma del Poder Judicial parece ser un propósito del Gobierno, si bien el Presidente Aznar ha afirmado que la encarará con tranquilidad y sosiego.

Funciona ahora más tranquilo el Consejo General del Poder Judicial. En su momento, el Psoe y el PP aseguraron haber pactado «un muy buen Consejo». Eligió por unanimidad, por primera vez en su historia, a su Presidente, el magistrado Javier Delgado.

Un grupo de fiscales ha atraído la atención general al ser expedientados y sancionados por el Fiscal General. El Psoe ha cargado contra dicho Fiscal acusándole de incompetente y de sometido al Gobierno. Ataca y lleva el mando de la operación el exministro y magistrado Belloch.

El Tribunal Supremo en una sentencia admirable rompió el secreto de los papeles del Cesid y obligó al Gobierno a desclasificarlos. La Sala 3ª del mismo Tribunal no compartió este criterio y mantuvo la clasificación de otros papeles cuya publicación se solicitaba.

El Defensor del Pueblo ha denunciado la masificación de las cárceles y recuerda que cada vez hay más reclusos. Son cuatro veces más que a la muerte de Franco.

Es frecuente leer en el Boletín Oficial del Estado decretos de concesión de indultos a condenados por pertenecer a bandas armadas. Lejos queda la promesa electoral de los populares que propugnaban el cumplimiento íntegro de las penas. Frecuentes son los recibimientos cálidos a excarcelados como el tributado en Vigo al grapo recientemente excarcelado de Bonxe, condenado por el secuestro de Oriol y Villaescusa y el asesinato de un guardia civil. Asombroso.

El nuevo Código Penal ha aumentado las excarcelaciones. Una de las tareas de los fiscales es recurrir contra ellas. Los nuevos criterios penales, tan permisivos, se podrán ver un poco limitados en la práctica.

El Estado ha sido condenado por el Tribunal Constitucional al pago del importe de diecinueve meses de un salario no percibido por el retraso judicial en la tramitación del recurso. Durante 19 meses estuvo «traspapelado».

El fiscal General propuso al también fiscal Sr. Poyatos para ocupar la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Pero se alborotó mucho el cotarro cuando alguien publicó que el Sr. Poyatos era de derechas. La propuesta de nombramiento fue retirada y quedó en ridículo el precepto constitucional que dispone que nadie será discriminado por razón de su ideología.

La actuación del Jurado no ha podido inaugurarse con peores auspicios ante la absolución de un etarra, Miquel Otegi, acusado de asesinar a dos ertzaitnas.

La marejada contra la Audiencia Nacional va en aumento. Su presidente el magistrado Clemente Auger ha declarado que las críticas aparecen desde que se investigan los Gal y el caso Banesto y no tienen otra intención que deslegitimar al Tribunal.



Papeles del Cesid. Al fín, los papeles del Cesid que eran secretos pero que habían sido publicados en la prensa diaria, llegar a manos de los jueces que los habían solicitado.

La irritación socialista no tiene parangón. Acusan a Aznar de permitir el gobierno de los jueces. No ocultan que si vuelven al poder, restablecerán el «buen orden» de las cosas y seguirán manteniendo su «no» a cualquier intervención del Poder judicial en papeles que el Gobierno declare secretos.

La doctrina del Tribunal Supremo al ordenar la desclasificación de estos documentos es impecable desde un punto de vista jurídico y moral: nada ni nadie puede quedar cubierto por el secreto, si su actividad ha sido delictiva. A tan clara doctrina se han opuesto con sendos votos particulares el propio Presidente de la Sala y algunos magistrados que ocuparon altos cargos con los Gobiernos socialistas: Sres Ledesma, exministro de Justicia, y Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo.



Parejas de hecho. Veremos en qué acaba la proyectada ley de parejas de hecho presentada a las Cortes por el Psoe e Izquierda Unida, derrotada en el hemiciclo y vuelta a presentar por los mismos proponentes. En muchas ciudades españolas, colectivos de gays y de lesbianas desfilan reclamando sus «derechos»; algunos, proyectan recurrir a la UE o al Tribunal de Estraburgo. Entretanto, el Gobierno crea una subcomisión que estudie el tema.

Este proyecto de ley ha alborotado bastante la vida española. Y a su calor se han hecho públicas situaciones tan extremas como la de unos hermanos que en Galicia viven como matrimonio, han tenido hijos, se han dejado fotografiar y filmar repetidamente.

¿A dónde llegaremos?



Iglesia. La Iglesia Oficial española -la Conferencia Episcopal- permanece muda ante las graves cuestiones del país. Su secretario monseñor Sánchez se despacha de vez en cuando defendiendo la postura eclesiástica con cierta agresividad verbal. Pero los hechos objeto de crítica permanecen. A ellos hay que añadir ahora algunos que se revelan como graves síntomas de una cierta descomposición interna: la iniciativa del arzobispo de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián, que propugna la creación de una diócesis vasca que comprenda a las tres provincias más Navarra y La Rioja. La Nunciatura ha cortado de raíz esta iniciativa que no debiera haberse hecho pública por simple prudencia, sin haber conocido antes el parecer de Roma. Ha suscitado gran controversia. Se cumpliría así el viejo sueño de los nacionalistas vascos de incorporar a Navarra y se incluye a una diócesis inocente, La Rioja, tan apetitosa para la voracidad nacionalista vasca.

Los cuatro obispos catalanes han mostrado en público su desprecio por las recomendaciones del Nuncio. Frente a la moderada petición de que dedicasen más atención a sus fieles castellanohablantes contestaron un «váyase Vd. con la música a otra parte», los cuatro obispos catalanes han insistido en su posición y la han agravado:los castellanohablantes deben aprender catalán y dejarse de seguir reclamando.

Ni el interés pastoral ni el respeto debido a una gran parte de los integrantes de su diócesis han parado los piés de los cuatro obispos que así toman plenamente el camino de la política. Un estudiado e impecable cartel «Sr. Nunci: Somos una nació» escoltó la presencia en Tarragona de monseñor Kada en su asistencia a la entronización del nuevo Arzobispo, firmante por cierto de los manifiestos procatalanes.

Otro asunto: el obispado de Barbastro ha recurrido al Vaticano contra la decisión del Obispo de Lérida de no devolver los bienes patrimoniales de las parroquias aragonesas que se encontraban hasta ahora en la diócesis de Lérida. Extraña que los otros Obispos de la provincia eclesiástica de Aragón no se hayan solidarizado con tal reclamación.

Y el Obispo Setién sigue en el punto de mira de muchos cristianos que no pueden comprender su actitud sectaria por mucho que monseñor Sánchez se muestre en su favor, «En las comunidades cristianas de España donde tanto entusiasmo se siente por Sánchez se rezará piadosamente para que monseñor Setién no se aparte del camino del buen pastor por mucho que le tiren al monte otras llamadas cautelosas». Setién ha vuelto a pedir que se dialogue sin condiciones previas con Eta y ha exigido «el clima de seguridad que debe haber en una sociedad respetuosa de los derechos humanos, incluso de aquellos que han violado las leyes».

Se ha anunciado la próxima beatificación de religiosos asesinados en la zona roja durante la guerra civil, siete sacerdotes agustinos recoletos, un sacerdote diocesano y una monja carmelita descalza.

Evangélicos, musulmanes y judíos se han dirigido al Gobierno para reclamar del Estado un trato, en lo económico, similar al que recibe la Iglesia católica.

Subrayemos un comentario del Obispo de Mondoñedo: «Quienes renunciaron al marxismo lo han hecho en Economía, pero en cuanto a Religión y Moral, no han cambiado un ápice». Monseñor Gea se refiere al dilema escolar Religión o parchís.

Otro monseñor, Jaime Camprodón, cree que los curas casados deben volver a ejercer. Su diócesis figura a la cola en cuanto al número de seminaristas por habitante.



Eta. Sigue Eta incrementando la lista de sus víctimas. En uno de los más recientes atentados se logró detener a uno de los componentes de la banda. Se acusó a la Policía de haberle torturado. Cuando el etarra huía fue atropellado por un automóvil que le causó lesiones. Intervinieron forenses. En un tris ha estado la posible detención de un comando en Madrid del que formaban parte súbditos alemanes. Uno de los componentes germanos ha sido detenido en Wiesbaden.

Eta monta una nueva ofensiva de chantaje revolucionario, con amenazas de muerte. En la nueva remesa de cartas exigen entre medio y doce millones por la «protección». Típicamente mafioso.

La plana mayor de Herri Batasuna ha visitado la cárcel de la que han sido huéspedes varios días. Al principio, el juez exigió cien millones de fianza; más tarde rebajó este importe y pidió 500.000 pesetas por directivo. Puntualmente depositaron los 21 millones de pesetas y abandonaron la carcel. al llegar al País Vasco su abogada bailó un «aurresku» en su honor.

Las treguas de Eta eran tretas para reorganizarse. Cuando el verano pasado ofreció una tregua, la organización terrorista no tenía, según documentos ahora obtenidos, ningún propósito de dialogar, sino de lanzar con ello un mensaje a los simpatizantes y romper el Pacto de Ajuria Enea. También el Ejecutivo propiciaba la ambigüedad, pues se sabe ahora que representantes del Gobierno socialista se entrevistaron con dirigentes etarras después del secuestro de Ortega Lara.

Las negociaciones se han intentado o al menos proclamado varias veces. Arzallus, después del asesinato de Múgica, insistió en que el PNV «negociará en secreto con Eta todas las veces que pueda». Claro que en noviembre el mismo Arzallus había considerado que «era muy difícil abrir en aquellos momentos una vía de diálogo con Eta». Pero en marzo volvió a decir: «esta vez creo que Eta quiere negociar». ¿En qué quedamos?

HB ha buscado de alguna manera poder llevar su pleito a la ONU, a través de alguna ONG. No lo ha logrado.

También el obispo Setién ha afirmado en ocasiones -Octubre último- que había un clima propicio para negociar con Eta. Al propio tiempo que se ofrecía como mediador polémico. El insistía en que «no debería buscarse una rendición».

Con sorpresa general también el director de la Guardia Civil ha dicho que «en algún momento habría que plantearse negociar con Eta» -aunque admitía que en marzo de 1997 no se daban las circunstancias que hagan posible ese diálogo.

Con idéntico propósito una Comisión del parlamento vasco decidió visitar en su prisión al dirigente etarra «Txikierdi». Hasta su celda llegaron los parlamentarios sin obtener otra cosa que la reiteración de sus exigencias: reagrupamiento de los presos vascos. Días más tarde, Eta asesinaba a un funcionario de prisiones próximo al PNV. Dentro también de esta corriente pactista hay que inscribir la declaración de un portavoz del PNV -febrero del 97- en el sentido de que debía negociarse con Eta aunque no abandonase las armas. El consejero de Interior del Gobierno vasco, Atutxa, cree que «desde el secreto alguien tiene que alisar el terreno.» Pero pide que no ocurra como hace tres años en que hubo una gran disparidad de cauces abiertos. La Iglesia vasca debate un texto en el que además de declarar que Eta debería entender que su «utopía» se está convirtiendo en un infierno, afirma que no se vence al dogmatismo con dogmatismo, ni a la violencia con violencia. El documento propone que los contactos sean a todos los niveles, «sin excluir la autodeterminación». Ya en enero Ardanza asimismo reiteró la oferta de diálogo a Eta «si dejaba las armas». HB había pedido a Eta que rechazase una tregua (mayo de 1996) y que actuase con medios poderosos.

El Gobierno parece haber iniciado algun movimiento para el acercamiento de presos vascos a sus lugares de origen.

Hay una noticia muy importante publicada en marzo último: Eta encargó misiles y explosivos indetectables a un traficante de armas.

Por lo demás, la convocatoria para una huelga general en marzo pasado no fue un éxito para los nacionalistas. No se logró paralizar ni el transporte, ni las fábricas importantes, ni tampoco la enseñanza. El comercio abrió por la mañana y cerró por la tarde, tras recibir amenazas telefónicas.

Pero tan grave como este terrorismo es el desamparo en que está la enseñanza en el país vasco. La Historia y la Geografía de España desaparecen progresivamente de los libros de texto del País Vasco. Los alumnos aprenden algo del territorio español, sus límites y población pero no oyen hablar del Ebro, por ejemplo. El Ministerio de Educación desconoce lo que se enseña en el País Vasco por no cubrir la plaza de inspector. Se comprende así el ataque a la librería Lagun de San Sebastián y la posterior quema de libros por parte de jóvenes radicales.

El 50 por ciento de los niños que se incorporarán al sistema educativo estudiarán en euskera.

En fin, el escritor peruano-español Vargas Llosa ha tenido la valentía de equiparar al nacionalismo vasco de Sabino Arana con el racismo nazi.

Claro que todo lo que antecede no obsta para que el lehendakari y sus consejeros se ocupen de sí mismos: cobrarán pensión vitalicia (50 por ciento del sueldo) y tendrán derecho a indemnización por cese. Pero a los ministros de Franco se les niega la pensión tradicional.

El Gobierno ha ratificado el convenio Económico. Arzallus se ha mostrado muy contento.



Acuerdo laboral. Se ha pactado la reforma laboral entre sindicatos y patronal. El empeño era difícil. Al final el acuerdo ha sido un hecho.

Nada más hecho público, las grandes formaciones políticas se han apresurado a aprobarlo y a ofrecer su colaboración para su plena realización. Izquierda Unida y los Sindicatos vascos se han situado en el lado de la crítica. También algunos empresarios. Felipe Gonzalez ha sido rotundo: «La reforma laboral pactada entre empresarios y sindicatos, es positiva». El despido más barato a cambio de reducir la precariedad en el empleo.

La negociación ha sido muy accidentada y laboriosa. Estuvo al borde de la ruptura en cinco ocasiones. Ambas partes han dominado sus nervios y han permanecido fieles a su propósito de llegar a un entendimiento, que se consideraba absolutamente necesario.

Que los Sindicatos hayan pactado no obsta para que el Partido Popular haya pedido que se controlen las subvenciones que para «formación» reciben. En el Estado de las subvenciones que es el de España, las subvenciones a los sindicatos para sus cursos de formación de funcionarios exceden de los 2.000 millones de pesetas. Se sospecha que en los últimos años ha habido clientelismo y sectarismo.



La crispación de González. La fotografía de Felipe González con los ojos estrábicos y un rictus en su rostro, quedará para siempre registrada como un documento único de lo que es la cólera del ex-presidente. Demuestra muy mal café. Dicen que González ya tiene un nuevo libro de ideas-fuerza; un prontuario de consignas que luego repetirán innumerables portavoces en los medios de comunicación. No lo editará con esa foto en la portada.

El Gobierno no hace más que recomendar sosiego a González, pero se advierte que cada día está más furioso por su apartamiento del poder y otros disgustos. Y amenaza ante cualquier decisión popular con rectificarla o anularla en cuanto «nosotros lleguemos al Gobierno de nuevo».

La verdad es que la oposición de González carece por el momento de gran peligro. Es la que ejercería la oposición socialista en una Diputación provincial o un parlamento autonómico. Ha roto relaciones con los populares para que rectifiquen las denuncias que generaron crispación. Pero es la tramitación de la desclasificación del Cesid lo que ha alterado los nervios del expresidente socialista que se ha permitido insultar gravemente a un director de periódico y calificar de «descerebrados» a algunos magistrados. El Gobierno atribuye estos insultos a la propia situación personal del secretario general del Psoe. Con los improperios de González se desató la lengua de sus colaboradores que se unieron a su jefe en sus exabruptos a jueces y periodistas. Lo peor, como señalaba «El Mundo», es el patetismo de Felipe, sin que un solo portavoz de otras organizaciones políticas le haya acompañado en su desagradable incursión de lanzar vejámenes. Ha hecho un balance catastrófico de la situación española al año de su derrota electoral; pero todo fuera del Parlamento. Afirma que el Gobierno está deteriorando la justicia, precisamente cuando la justicia da pruebas de su independencia con sentencias admirables. Y habla mucho en voz baja procurando que tenga resonancia púbica.

Ahora tiene que hacer frente a una demanda judicial por haber afirmado en privado con repercusión pública que Televisa de Méjico aportó 25 millones de dólares a la campaña electoral del PP. Reitera que no siente preocupación personal y que con la desclasificación de los papeles del Cesid el Supremo ha sustituido al Gobierno.

Manuel Jiménez Quílez.

 


 

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