CRONICA: La
política
El
Gobierno. Navega con dificultad, nacida muchas veces de
sus propias deficiencias, sobre todo informativas; otras
derivadas de la propia naturaleza de los asuntos, que no
son fáciles y, en ocasiones, están complicados y
envenenados por una larga dejadez o malgobierno del
equipo anterior.
El Presidente se mantiene sereno y hace gala -al menos
aparentemente- de una gran frialdad. Incluso el infarto
de su Ministro Matutes, que parecía le iba a obligar a
nombrarle sustituto, lo ha tomado con calma. Destaca de
su carácter, además de esta frialdad que puede serle
perjudicial políticamente si la lleva muy lejos, una
gran obstinación en sus posturas.
El Gobierno ha encajado la sentencia del Supremo que le
ordenaba desclasificar los papeles del Cesid, a lo que
anteriormente se había negado. Hasta el Ministro Serra,
el más afectado por este asunto, pues conocida era su
obstinada negativa a la tal desclasificación; parece
ahora como si hubiera sido quien la hubiera propugnado;
con tal asombrosa satisfacción se presentó en el
pupitre del portavoz del Gobierno para anunciar el
acatamiento gubernamental a la decisión del alto
Tribunal.
Por mucho que se intente complicar las cosas, parece que
las denuncias de un contratista de Zamora de haber
cooperado con su dinero al triunfo electoral del PP no
van a afectar a nada esencial.
Se reconoce el éxito por el acuerdo sindical-patronal;
pero hay que esperar a la hora de la verdad: aquella en
que se anuncie que las cifras de paro han disminuido real
y verdaderamente, que es el gran objetivo.
Los pactos con el PNV y Ciu se mantienen al parecer con
cierta estabilidad, lo que no es fácil. Habrá un
momento en que se deberá decir no a las peticiones y
condiciones excesivas de unos y de otros. Ese momento no
debe estar muy lejos pues resulta para la mayoría de los
españoles verdaderamente atosigante el constante
«síndrome de petición» de varias autonomías. Hay que
fijar los límites del Estado autonómico.
Con el Plan de Convergencia el Gobierno se ha apuntado un
tanto. Insiste en acumular nuevos triunfos en el sector.
El Plan tiene la ventaja de trazar un camino a seguir
dentro de unas normas y unos límites, y no el campo
libre y el silvestrismo. Se ignora su valor desde un
punto de vista técnico. Sus frutos permitirán juzgarlo.
Hasta a los socialistas el plan les ha parecido bien; no
están en condiciones de ofrecer una alternativa, puesto
que han ocupado el Gobierno hasta ayer y no la han
llevado a cabo. Del resto de los partidos no vendrá una
gran oposición, sino al contrario. Sólo Izquierda Unida
batallará en solitario.
Vivimos, pues, una situación con buena tendencia, pero
todavía a la expectativa. Esperan jornadas muy movidas y
movimientos peligrosos del Psoe ante los procesos que se
avecinan: Filesa, Gal, etc. que afectan a las alturas.
Mario Conde. El suceso ha sido la condena de Mario Conde
por la Audiencia Nacional: seis años de cárcel por
apropiación indebida y falsedad documental en el caso
Argentia Trust y una indemnización de 600 millones,
además de la inhabilitación profesional.
La Audiencia permite la libertad del condenado siempre
que deposite como fianza dos mil millones de pesetas.
Conde alegó que no poseía esa cantidad y ofreció como
garantía la hipotecaria de sus fincas, valoradas al
parecer por encima de dicha suma. En un primer momento la
Audiencia rechazó la propuesta, si bien a última hora y
ante la confirmación de que el reo no depositaría la
cantidad en metálico terminó por aceptar la fórmula.
El Fiscal le salvó en el último momento de la prisión
provisional.
Durante la vista Mario Conde eludió sentarse en el
banquillo. Alegó su condición de abogado y se presentó
como defensor de sí mismo vistiendo la toga. El
aspirante a liderar una nueva derecha, hombre de
ambiciones muy altas, fue abandonado durante este duro
trance judicial por los grandes de la banca. No logró
reunir el importe de las fianzas. Detrás de esta
sentencia quedaban las intrigas del condenado por
desbancar a Aznar del terreno político. Como recordaba
Luis Herrero «el padre del Rey murió en Pamplona con
una fotografía de Conde en la mesita de luz», el propio
Rey le concedió una confianzuda amistad personal. Felipe
le recibía en la Moncloa para pactar, y el Papa y los
líderes israelíes; familias bancarias de larga
tradición se le rendían. La Universidad de Madrid
organizó un fastuoso espectaculo presidido por SS.MM.
para imponerle las insignias de Doctor «honoris causa»,
Sic transit.
Conde durante el juicio declaró que los 600 millones que
entregó a Navalón fueron para conseguir exenciones
fiscales. Ofreció una clara impresión de que su
sinceridad era muy limitada.
«El País» denunciaba las empresas tapaderas que
figuran como dueñas de sus fincas, en las que hay socios
extranjeros. La mayor parte de sus bienes están
registrados a nombre de su esposa y el proceso por el
«caso Banesto» pendiente todavía
Cataluña. Pujol dando su opinión y su juicio todos los
días ante la TV oficial. Antes, se expresaba en español
para la RTVE, pero ahora ya habla en catalán con
subtítulos. Refuerza cada mañana la importancia de sus
peticiones, amenaza. Después o antes promete apoyar al
PP hasta la incorporación a Maastricht. Al día
siguiente parece querer romper la coalición. Cuando él
se calla, toma la palabra Molins que condena que
Izquierda Unida vote con el Gobierno y prohíbe a su
aliado aceptar este apoyo en lo sucesivo. Incluso parece
que España está gobernada por una diarquía
Aznar-Pujol.
El avance del nacionalismo catalán no está amenazado
por nada ni por nadie. Ni siquiera los colectivos
castellanohablantes de Cataluña, que son mayoría
respecto de los catalano-parlantes, se muestran activos
ante la nueva ley de «Normalización» del catalán.
Cuando los obispos y los rectores de las Universidades
promulgan la sola oficialidad del catalán, Pujol podrá
demostrar su «prudencia» avanzando hasta la
cooficialidad plena o más. En la ley que se discute
había sanciones para los que no hablen catalán en las
tiendas o establecimientos públicos. Incluso desde
dentro de Ciu se pide que esas multas desaparezcan. El
catalán prosigue su expansión. Baleares será su
satélite. Ahora se persigue imponerlo en el ámbito
aragonés. Un dictamen aprobado por las cortes de Aragón
pide el reconocimiento del bilingüísmo. Incluso se
propugna un Aragón trilingüe castellano, catalán y
aragonés.
Pujol sigue explotando sus amenazas; sólo apoyará el
plan de estabilidad si Cataluña recibe 60.000 millones
para Sanidad. Pujol recuerda que puede anticipar la
convocatoria de las elecciones generales. Recuerda que ya
lo hizo con González y que volverá a hacerlo si cree
que así conviene a los «intereses del país». También
Pujol ha dicho que quiere cambiar veinte leyes para
apurar el hecho autonómico. Estas leyes afectan a
ámbitos muy distintos: Función Pública, Régimen
local, Cámaras de Comercio, Poder Judicial, Fuerzas de
Seguridad, Protección Civil, Radio y Televisión,
Comunicaciones, Enseñanza, Universidad, Industria,
Petróleo, Cajas de Ahorro, Seguros privados, Suelos,
Costas, Aguas, Planes y Fondos de Pensiones, y Mercado de
Valores. También aspira a recaudar los impuestos
especiales. Ha sobrepasado su pacto con el PP y ha
logrado el control administrativo del paro (Inem). Quiere
también que se exija a los jueces conocer el catalán
para ejercer en Cataluña. Y que Cataluña ostente la
titularidad «incluso militar».
Pujol ha avisado que se sentirá engañado si el PP dá
competencia a los subdelegados en Cataluña (ha
conseguido la desaparición de los Gobernadores Civiles).
Pujol ha amenazado con la ruptura si el PP perjudica a
TV3. Pujol, al elogiar el catalanismo de José Plá en su
centenario, pide una conciencia nacional como la de los
helenos: se metieron en la cabeza que eran lo que no eran
para lograr su estado de Grecia. Antes, Pujol se había
mostrado partidario de convertir a Cataluña en un
Quebec.
Pero lo más escandaloso de Pujol es que se ha jactado de
«hacer pasar por el aro» tanto al PP ahora, como al
Psoe antes. Esta ofensiva frase no se ha rectificado ni
matizado, y el PP y el Psoe se lo han tragado.
También Pujol se ha mostrado diligente en hacer callar a
su socio Durán y Lleida que se había permitido una
cierta libertad de expresión. Durán y Lleida dejó a
Pujol en evidencia ante sus adversarios, pero, en
realidad, de lo que se trata es de quién ocupa el
escenario ante las próximas elecciones catalanas. Este
es el «nacionalismo» injustamente calificado de
moderado según Jiménez Losantos.
El Gobierno aparenta no tomar en serio las bravatas
pujolescas, pero lo cierto es que cada día el
catalanismo ocupa nuevas posiciones y propugna otras aún
más avanzadas. Ahora, Ciu quiere que se reconozca más
pluralidad lingüística en España. El discurso de Pujol
ante el Senado fue arropado por la publicación de
artículos por él firmados en sendos diarios madrileños
explicando para castellanohablantes el sentido de su
posición. Pidió compartir la soberanía política del
Estado aunque después matizó esta reivindicación.
En sus conclusiones solicitó que se tenga en cuenta la
realidad bilingüe de España en el Boletín Oficial del
Estado y en el Instituto Cervantes, así como que las
televisiones privadas adapten sus emisiones al caracter
bilingüe.
Pujol está furioso con el acuerdo entre populares y
vascos y no desea otra cosa que superarlo. Ciu pretende
negociar con el Gobierno un segundo pacto a partir de
abril.
Hay otras caras de Pujol:«Cataluña no acaba de
encontrar su lugar en España» afirmó también en el
Senado. Ha caído, por el momento, en saco roto la
propuesta sobre la selección nacional de fútbol de
Cataluña. Hasta el propio Pujol ha dicho que su sucesor
natural sería Pascual Maragall, actual alcalde
socialista de Barcelona. Sospechosamente, ha comenzado a
publicarse detalladas informaciones sobre la
«corrupción Maragall». El PP catalán ha formulado al
Psoe 146 interpelaciones sobre las irregularidades de las
empresas públicas de Maragall.
El descubrimiento de que los Mossos de Escuadra fueron
creados por Felipe V para reprimir a los bandoleros que
actuaban en Cataluña ha sublevado a los separatistas que
quizás creían que habían sido establecidos por
Wilfredo el Velloso. Como tal descubrimiento ha
coincidido con la emisión de monedas con la efigie del
primer monarca español de origen borbónico, esta moneda
se rechaza en Cataluña; se ha pedido que sea retirada.
Para paliar todas estas idas y venidas de don Jordi,
desde el Gobierno se le hacen de vez en vez guiños
importantes. En noviembre accedió a aumentar la
inversión directa en Cataluña en 1.750 millones y dar
13.350 millones de fondos extrapresupuestarios. En
noviembre también se negociaba un aumento de la
inversión en Cataluña por valor de 8.000 millones que
se destinarían al metro, a los ferrocarriles catalanes y
a la vivienda. También el Gobierno aceptó pagar 32.000
millones más a Cataluña «por algunos servicios». Ya
se ha fijado en 309.000 millones lo que supondrá para
Cataluña en 1997 el 30 por ciento del IRPF.
Se explica que desde un periódico -Ya-se califique al
President como el «tahúr del Llobregat». Y otro -ABC-
alterna sus elogios -«aciertos de Pujol»- con sus
críticas «Napoleón Pujol».
El rey. El Rey ha pedido un perdón más. Ahora, en Nueva
York a los judíos por el famoso decreto de expulsión
firmado por sus gloriosos antepasados hace más de
quinientos años. España fue la última nación europea
en decidir la expulsión.
Por cierto que en la presentación de su libro-entrevista
a la Reina se reveló el recelo de Doña Sofia por un
militar de alta graduación. La periodista ha declarado,
según «El Periódico» que la Reina le dijo que en el
23F el Rey había hecho creer a los militares que estaba
con ellos y calificó de «juego voluntariamente
ambiguo» la relación del Rey con los militares antes de
dicha fecha.
En este aniversario de la proclamación de la República,
las organizaciones republicanas han declarado que
«acatan la Monarquía, pero mantienene vivo el espíritu
del 31».
Y se anuncia el matrimonio de la infanta Cristina con un
jugador de balonmano.
Justicia. La reforma del Poder Judicial parece ser un
propósito del Gobierno, si bien el Presidente Aznar ha
afirmado que la encarará con tranquilidad y sosiego.
Funciona ahora más tranquilo el Consejo General del
Poder Judicial. En su momento, el Psoe y el PP aseguraron
haber pactado «un muy buen Consejo». Eligió por
unanimidad, por primera vez en su historia, a su
Presidente, el magistrado Javier Delgado.
Un grupo de fiscales ha atraído la atención general al
ser expedientados y sancionados por el Fiscal General. El
Psoe ha cargado contra dicho Fiscal acusándole de
incompetente y de sometido al Gobierno. Ataca y lleva el
mando de la operación el exministro y magistrado
Belloch.
El Tribunal Supremo en una sentencia admirable rompió el
secreto de los papeles del Cesid y obligó al Gobierno a
desclasificarlos. La Sala 3ª del mismo Tribunal no
compartió este criterio y mantuvo la clasificación de
otros papeles cuya publicación se solicitaba.
El Defensor del Pueblo ha denunciado la masificación de
las cárceles y recuerda que cada vez hay más reclusos.
Son cuatro veces más que a la muerte de Franco.
Es frecuente leer en el Boletín Oficial del Estado
decretos de concesión de indultos a condenados por
pertenecer a bandas armadas. Lejos queda la promesa
electoral de los populares que propugnaban el
cumplimiento íntegro de las penas. Frecuentes son los
recibimientos cálidos a excarcelados como el tributado
en Vigo al grapo recientemente excarcelado de Bonxe,
condenado por el secuestro de Oriol y Villaescusa y el
asesinato de un guardia civil. Asombroso.
El nuevo Código Penal ha aumentado las excarcelaciones.
Una de las tareas de los fiscales es recurrir contra
ellas. Los nuevos criterios penales, tan permisivos, se
podrán ver un poco limitados en la práctica.
El Estado ha sido condenado por el Tribunal
Constitucional al pago del importe de diecinueve meses de
un salario no percibido por el retraso judicial en la
tramitación del recurso. Durante 19 meses estuvo
«traspapelado».
El fiscal General propuso al también fiscal Sr. Poyatos
para ocupar la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia
Nacional. Pero se alborotó mucho el cotarro cuando
alguien publicó que el Sr. Poyatos era de derechas. La
propuesta de nombramiento fue retirada y quedó en
ridículo el precepto constitucional que dispone que
nadie será discriminado por razón de su ideología.
La actuación del Jurado no ha podido inaugurarse con
peores auspicios ante la absolución de un etarra, Miquel
Otegi, acusado de asesinar a dos ertzaitnas.
La marejada contra la Audiencia Nacional va en aumento.
Su presidente el magistrado Clemente Auger ha declarado
que las críticas aparecen desde que se investigan los
Gal y el caso Banesto y no tienen otra intención que
deslegitimar al Tribunal.
Papeles del Cesid. Al fín, los papeles del Cesid que
eran secretos pero que habían sido publicados en la
prensa diaria, llegar a manos de los jueces que los
habían solicitado.
La irritación socialista no tiene parangón. Acusan a
Aznar de permitir el gobierno de los jueces. No ocultan
que si vuelven al poder, restablecerán el «buen orden»
de las cosas y seguirán manteniendo su «no» a
cualquier intervención del Poder judicial en papeles que
el Gobierno declare secretos.
La doctrina del Tribunal Supremo al ordenar la
desclasificación de estos documentos es impecable desde
un punto de vista jurídico y moral: nada ni nadie puede
quedar cubierto por el secreto, si su actividad ha sido
delictiva. A tan clara doctrina se han opuesto con sendos
votos particulares el propio Presidente de la Sala y
algunos magistrados que ocuparon altos cargos con los
Gobiernos socialistas: Sres Ledesma, exministro de
Justicia, y Pascual Sala, expresidente del Tribunal
Supremo.
Parejas de hecho. Veremos en qué acaba la proyectada ley
de parejas de hecho presentada a las Cortes por el Psoe e
Izquierda Unida, derrotada en el hemiciclo y vuelta a
presentar por los mismos proponentes. En muchas ciudades
españolas, colectivos de gays y de lesbianas desfilan
reclamando sus «derechos»; algunos, proyectan recurrir
a la UE o al Tribunal de Estraburgo. Entretanto, el
Gobierno crea una subcomisión que estudie el tema.
Este proyecto de ley ha alborotado bastante la vida
española. Y a su calor se han hecho públicas
situaciones tan extremas como la de unos hermanos que en
Galicia viven como matrimonio, han tenido hijos, se han
dejado fotografiar y filmar repetidamente.
¿A dónde llegaremos?
Iglesia. La Iglesia Oficial española -la Conferencia
Episcopal- permanece muda ante las graves cuestiones del
país. Su secretario monseñor Sánchez se despacha de
vez en cuando defendiendo la postura eclesiástica con
cierta agresividad verbal. Pero los hechos objeto de
crítica permanecen. A ellos hay que añadir ahora
algunos que se revelan como graves síntomas de una
cierta descomposición interna: la iniciativa del
arzobispo de Pamplona, monseñor Fernando Sebastián, que
propugna la creación de una diócesis vasca que
comprenda a las tres provincias más Navarra y La Rioja.
La Nunciatura ha cortado de raíz esta iniciativa que no
debiera haberse hecho pública por simple prudencia, sin
haber conocido antes el parecer de Roma. Ha suscitado
gran controversia. Se cumpliría así el viejo sueño de
los nacionalistas vascos de incorporar a Navarra y se
incluye a una diócesis inocente, La Rioja, tan apetitosa
para la voracidad nacionalista vasca.
Los cuatro obispos catalanes han mostrado en público su
desprecio por las recomendaciones del Nuncio. Frente a la
moderada petición de que dedicasen más atención a sus
fieles castellanohablantes contestaron un «váyase Vd.
con la música a otra parte», los cuatro obispos
catalanes han insistido en su posición y la han
agravado:los castellanohablantes deben aprender catalán
y dejarse de seguir reclamando.
Ni el interés pastoral ni el respeto debido a una gran
parte de los integrantes de su diócesis han parado los
piés de los cuatro obispos que así toman plenamente el
camino de la política. Un estudiado e impecable cartel
«Sr. Nunci: Somos una nació» escoltó la presencia en
Tarragona de monseñor Kada en su asistencia a la
entronización del nuevo Arzobispo, firmante por cierto
de los manifiestos procatalanes.
Otro asunto: el obispado de Barbastro ha recurrido al
Vaticano contra la decisión del Obispo de Lérida de no
devolver los bienes patrimoniales de las parroquias
aragonesas que se encontraban hasta ahora en la diócesis
de Lérida. Extraña que los otros Obispos de la
provincia eclesiástica de Aragón no se hayan
solidarizado con tal reclamación.
Y el Obispo Setién sigue en el punto de mira de muchos
cristianos que no pueden comprender su actitud sectaria
por mucho que monseñor Sánchez se muestre en su favor,
«En las comunidades cristianas de España donde tanto
entusiasmo se siente por Sánchez se rezará piadosamente
para que monseñor Setién no se aparte del camino del
buen pastor por mucho que le tiren al monte otras
llamadas cautelosas». Setién ha vuelto a pedir que se
dialogue sin condiciones previas con Eta y ha exigido
«el clima de seguridad que debe haber en una sociedad
respetuosa de los derechos humanos, incluso de aquellos
que han violado las leyes».
Se ha anunciado la próxima beatificación de religiosos
asesinados en la zona roja durante la guerra civil, siete
sacerdotes agustinos recoletos, un sacerdote diocesano y
una monja carmelita descalza.
Evangélicos, musulmanes y judíos se han dirigido al
Gobierno para reclamar del Estado un trato, en lo
económico, similar al que recibe la Iglesia católica.
Subrayemos un comentario del Obispo de Mondoñedo:
«Quienes renunciaron al marxismo lo han hecho en
Economía, pero en cuanto a Religión y Moral, no han
cambiado un ápice». Monseñor Gea se refiere al dilema
escolar Religión o parchís.
Otro monseñor, Jaime Camprodón, cree que los curas
casados deben volver a ejercer. Su diócesis figura a la
cola en cuanto al número de seminaristas por habitante.
Eta. Sigue Eta incrementando la lista de sus víctimas.
En uno de los más recientes atentados se logró detener
a uno de los componentes de la banda. Se acusó a la
Policía de haberle torturado. Cuando el etarra huía fue
atropellado por un automóvil que le causó lesiones.
Intervinieron forenses. En un tris ha estado la posible
detención de un comando en Madrid del que formaban parte
súbditos alemanes. Uno de los componentes germanos ha
sido detenido en Wiesbaden.
Eta monta una nueva ofensiva de chantaje revolucionario,
con amenazas de muerte. En la nueva remesa de cartas
exigen entre medio y doce millones por la
«protección». Típicamente mafioso.
La plana mayor de Herri Batasuna ha visitado la cárcel
de la que han sido huéspedes varios días. Al principio,
el juez exigió cien millones de fianza; más tarde
rebajó este importe y pidió 500.000 pesetas por
directivo. Puntualmente depositaron los 21 millones de
pesetas y abandonaron la carcel. al llegar al País Vasco
su abogada bailó un «aurresku» en su honor.
Las treguas de Eta eran tretas para reorganizarse. Cuando
el verano pasado ofreció una tregua, la organización
terrorista no tenía, según documentos ahora obtenidos,
ningún propósito de dialogar, sino de lanzar con ello
un mensaje a los simpatizantes y romper el Pacto de
Ajuria Enea. También el Ejecutivo propiciaba la
ambigüedad, pues se sabe ahora que representantes del
Gobierno socialista se entrevistaron con dirigentes
etarras después del secuestro de Ortega Lara.
Las negociaciones se han intentado o al menos proclamado
varias veces. Arzallus, después del asesinato de
Múgica, insistió en que el PNV «negociará en secreto
con Eta todas las veces que pueda». Claro que en
noviembre el mismo Arzallus había considerado que «era
muy difícil abrir en aquellos momentos una vía de
diálogo con Eta». Pero en marzo volvió a decir: «esta
vez creo que Eta quiere negociar». ¿En qué quedamos?
HB ha buscado de alguna manera poder llevar su pleito a
la ONU, a través de alguna ONG. No lo ha logrado.
También el obispo Setién ha afirmado en ocasiones
-Octubre último- que había un clima propicio para
negociar con Eta. Al propio tiempo que se ofrecía como
mediador polémico. El insistía en que «no debería
buscarse una rendición».
Con sorpresa general también el director de la Guardia
Civil ha dicho que «en algún momento habría que
plantearse negociar con Eta» -aunque admitía que en
marzo de 1997 no se daban las circunstancias que hagan
posible ese diálogo.
Con idéntico propósito una Comisión del parlamento
vasco decidió visitar en su prisión al dirigente etarra
«Txikierdi». Hasta su celda llegaron los parlamentarios
sin obtener otra cosa que la reiteración de sus
exigencias: reagrupamiento de los presos vascos. Días
más tarde, Eta asesinaba a un funcionario de prisiones
próximo al PNV. Dentro también de esta corriente
pactista hay que inscribir la declaración de un portavoz
del PNV -febrero del 97- en el sentido de que debía
negociarse con Eta aunque no abandonase las armas. El
consejero de Interior del Gobierno vasco, Atutxa, cree
que «desde el secreto alguien tiene que alisar el
terreno.» Pero pide que no ocurra como hace tres años
en que hubo una gran disparidad de cauces abiertos. La
Iglesia vasca debate un texto en el que además de
declarar que Eta debería entender que su «utopía» se
está convirtiendo en un infierno, afirma que no se vence
al dogmatismo con dogmatismo, ni a la violencia con
violencia. El documento propone que los contactos sean a
todos los niveles, «sin excluir la autodeterminación».
Ya en enero Ardanza asimismo reiteró la oferta de
diálogo a Eta «si dejaba las armas». HB había pedido
a Eta que rechazase una tregua (mayo de 1996) y que
actuase con medios poderosos.
El Gobierno parece haber iniciado algun movimiento para
el acercamiento de presos vascos a sus lugares de origen.
Hay una noticia muy importante publicada en marzo
último: Eta encargó misiles y explosivos indetectables
a un traficante de armas.
Por lo demás, la convocatoria para una huelga general en
marzo pasado no fue un éxito para los nacionalistas. No
se logró paralizar ni el transporte, ni las fábricas
importantes, ni tampoco la enseñanza. El comercio abrió
por la mañana y cerró por la tarde, tras recibir
amenazas telefónicas.
Pero tan grave como este terrorismo es el desamparo en
que está la enseñanza en el país vasco. La Historia y
la Geografía de España desaparecen progresivamente de
los libros de texto del País Vasco. Los alumnos aprenden
algo del territorio español, sus límites y población
pero no oyen hablar del Ebro, por ejemplo. El Ministerio
de Educación desconoce lo que se enseña en el País
Vasco por no cubrir la plaza de inspector. Se comprende
así el ataque a la librería Lagun de San Sebastián y
la posterior quema de libros por parte de jóvenes
radicales.
El 50 por ciento de los niños que se incorporarán al
sistema educativo estudiarán en euskera.
En fin, el escritor peruano-español Vargas Llosa ha
tenido la valentía de equiparar al nacionalismo vasco de
Sabino Arana con el racismo nazi.
Claro que todo lo que antecede no obsta para que el
lehendakari y sus consejeros se ocupen de sí mismos:
cobrarán pensión vitalicia (50 por ciento del sueldo) y
tendrán derecho a indemnización por cese. Pero a los
ministros de Franco se les niega la pensión tradicional.
El Gobierno ha ratificado el convenio Económico.
Arzallus se ha mostrado muy contento.
Acuerdo laboral. Se ha pactado la reforma laboral entre
sindicatos y patronal. El empeño era difícil. Al final
el acuerdo ha sido un hecho.
Nada más hecho público, las grandes formaciones
políticas se han apresurado a aprobarlo y a ofrecer su
colaboración para su plena realización. Izquierda Unida
y los Sindicatos vascos se han situado en el lado de la
crítica. También algunos empresarios. Felipe Gonzalez
ha sido rotundo: «La reforma laboral pactada entre
empresarios y sindicatos, es positiva». El despido más
barato a cambio de reducir la precariedad en el empleo.
La negociación ha sido muy accidentada y laboriosa.
Estuvo al borde de la ruptura en cinco ocasiones. Ambas
partes han dominado sus nervios y han permanecido fieles
a su propósito de llegar a un entendimiento, que se
consideraba absolutamente necesario.
Que los Sindicatos hayan pactado no obsta para que el
Partido Popular haya pedido que se controlen las
subvenciones que para «formación» reciben. En el
Estado de las subvenciones que es el de España, las
subvenciones a los sindicatos para sus cursos de
formación de funcionarios exceden de los 2.000 millones
de pesetas. Se sospecha que en los últimos años ha
habido clientelismo y sectarismo.
La crispación de González. La fotografía de Felipe
González con los ojos estrábicos y un rictus en su
rostro, quedará para siempre registrada como un
documento único de lo que es la cólera del
ex-presidente. Demuestra muy mal café. Dicen que
González ya tiene un nuevo libro de ideas-fuerza; un
prontuario de consignas que luego repetirán innumerables
portavoces en los medios de comunicación. No lo editará
con esa foto en la portada.
El Gobierno no hace más que recomendar sosiego a
González, pero se advierte que cada día está más
furioso por su apartamiento del poder y otros disgustos.
Y amenaza ante cualquier decisión popular con
rectificarla o anularla en cuanto «nosotros lleguemos al
Gobierno de nuevo».
La verdad es que la oposición de González carece por el
momento de gran peligro. Es la que ejercería la
oposición socialista en una Diputación provincial o un
parlamento autonómico. Ha roto relaciones con los
populares para que rectifiquen las denuncias que
generaron crispación. Pero es la tramitación de la
desclasificación del Cesid lo que ha alterado los
nervios del expresidente socialista que se ha permitido
insultar gravemente a un director de periódico y
calificar de «descerebrados» a algunos magistrados. El
Gobierno atribuye estos insultos a la propia situación
personal del secretario general del Psoe. Con los
improperios de González se desató la lengua de sus
colaboradores que se unieron a su jefe en sus exabruptos
a jueces y periodistas. Lo peor, como señalaba «El
Mundo», es el patetismo de Felipe, sin que un solo
portavoz de otras organizaciones políticas le haya
acompañado en su desagradable incursión de lanzar
vejámenes. Ha hecho un balance catastrófico de la
situación española al año de su derrota electoral;
pero todo fuera del Parlamento. Afirma que el Gobierno
está deteriorando la justicia, precisamente cuando la
justicia da pruebas de su independencia con sentencias
admirables. Y habla mucho en voz baja procurando que
tenga resonancia púbica.
Ahora tiene que hacer frente a una demanda judicial por
haber afirmado en privado con repercusión pública que
Televisa de Méjico aportó 25 millones de dólares a la
campaña electoral del PP. Reitera que no siente
preocupación personal y que con la desclasificación de
los papeles del Cesid el Supremo ha sustituido al
Gobierno.
Manuel
Jiménez Quílez.
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