Mentira y error
de Estado
1. UNA
SESION DEL CONGRESO EN 1995
Después de las atrocidades cometidas en su cuartel
general de Albacete y otros pueblos de la región, la
primera Brigada Internacional, que era la XI Brigada
Mixta del Ejército Popular de la República, había
recibido órdenes del mando superior de la defensa de la
capital el general en jefe don José Miaja Menant, y del
jefe de Estado Mayor, teniente coronel don Vicente Rojo
Lluch de trasladarse desde el sector de Vallecas, que le
habían encomendado, al sector exterior de la Casa de
Campo (Puente de los Franceses, meseta de la Ciudad
Universitaria, inmediaciones de Pozuelo de Alarcón),
porque, según la orden de operaciones capturada en la
noche del 7 de noviembre a un oficial enemigo de carros,
el ataque principal del Ejército de Africa, que ya
había penetrado en la Casa de Campo, iba a
desencadenarse al día siguiente a lo largo de ese sector
extramuros del gran parque madrileño situado al otro
lado del Manzanares, desde el Puente de los Franceses
hasta Pozuelo. La Primera Brigada Internacional desfiló
sobre el mediodía del 8 de noviembre por la Gran Vía de
Madrid para entrar en fuego esa misma noche en la defensa
del sector asignado. Sus batallones fueron tomando
posiciones en el ancho frente que les correspondía, pero
su primera acción contra el enemigo no resultó
especialmente gloriosa. Las unidades que desde la Gran
Vía torcieron a la derecha sobre los desmontes que
cerraban en aquella época el paso hasta la llamada antes
(y después) de la Princesa pasaron necesariamente ante
la cárcel Modelo, donde el día anterior, 7 de
noviembre, aniversario de la Revolución soviética de
1917, había tenido lugar la primera gran saca de presos
destinados a las zanjas de Paracuellos, y ese mismo día
8 se había producido desde la misma cárcel la segunda y
la tercera saca, con los presos despojados de sus
pertenencias y atadas las manos con bramante, hasta el
caz del Soto de Aldovea en Torrejón de Ardoz. Desde la
madrugada del 6 al 7 de noviembre había iniciado sus
funciones como consejero de Orden Público de la Junta de
Defensa de Madrid el joven comunista -ingresado en el PCE
durante la tarde del día 6- Santiago Carrillo Solares
quien ante la Junta de Defensa recabó su exclusiva
responsabilidad en las sacas y traslados de presos, que
había sugerido perentoriamente el delegado personal de
Stalin en Madrid, Mikhail Koltsov, y ejecutaban las
Milicias de Vigilancia de la Retaguardia a las órdenes
de Carrillo. Todas estas afirmaciones están probadas por
testimonios y documentos definitivos en mi libro Carrillo
miente1.
Cuando las unidades de la XI Brigada Internacional
entraron en la cárcel Modelo el 8 de noviembre para
explorar el edificio, como habían recibido orden de
hacerlo en todos los de la zona de cuya defensa iban a
encargarse, los presos partidarios de la España nacional
estaban, ante las sacas de ese día y la víspera,
aterrados como se puede suponer. Era la primera vez que
los Internacionales tomaban contacto con el enemigo, pero
era un enemigo inerme y encerrado. Mi amigo Cayetano Luca
de Tena estaba allí y en plena efervescencia del
entusiasmo de la España reconciliada con el homenaje a
los Internacionales de 1996 me describía su brillante
actuación frente a las celdas abarrotadas de la Modelo
aquel 8 de noviembre de 1936. «Abrían las puertas, nos
miraban con odio desbordante y llamándonos a voz en
grito «fascistas» nos hacían la señal de cortarnos el
cuello.» Luego se fueron a sus puestos de combate frente
al Ejército de Africa, muy orgullosos, sin duda, de su
primera acción en la guerra de España. No fue, desde
luego, la primera de sus atrocidades. Pero sí la más
cruel y cobarde, ante unos prisioneros aterrorizados e
indefensos. El homenaje demencial de 1996, sobre todo el
voto favorable del Partido Popular a ese homenaje, debe
interpretarse a la luz de la escena espantosa que acabo
de evocar. Sin duda para premiarla, junto a las demás
hazañas de los Internacionales, el Congreso de los
Diputados se acordó el 28 de noviembre de 1995 del
artículo 11 de nuestra Constitución, que dice así:
«La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se
pierde de acuerdo con lo establecido por la ley».
Y según el experto constitucionalista profesor Manuel
Fraile Clivillés, esa ley no puede ser sino el Código
Civil y la ley 51 de 1982, de 13 de julio:«Artículo 21.
La nacionalidad española se adquiere por carta de
naturaleza, otorgada discrecionalmente mediante Real
Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias
excepcionales»2.
Bien está que los Internacionales se beneficien de la
amnistía decretada por el general Franco en 1969 para
preparar los caminos del Príncipe y borrar toda
responsabilidad penal en delitos y crímenes cometidos
durante la guerra civil. Bien está que les afecten las
amnistías de nuestra transición a la democracia. pero
de ahí a premiarles colectivamente con el más alto
honor que puede conceder el Estado español, el
otorgamiento de la nacionalidad, a quienes así se
comportaban contra españoles indefensos en 1936 corre
todo un torrente de aberración y de ridículo. Los
Estados Unidos concedieron la nacionalidad norteamericana
al marqués de Lafayette a fines del siglo XVIII y a
Wiston Churchill, hijo además de madre americana, al
término de la segunda guerra mundial. Concurrían en
ellos, sin duda, circunstancias excepcionales. pero
conceder la nacionalidad española a un nutrido grupo,
varios centenares al menos, de supervivientes de ciertas
unidades político-militares que vinieron a España a las
órdenes de Stalin para convertirla en un satélite de
Stalin, en una «democracia popular» como reconocía la
Pasionaria al hablar de una mentira histórica colosal; y
debo proclamarlo aquí con las propias palabras de los
culpables, para perpetua ignominia.
Contengamos, aunque sea difícil, la indignación y el
sarcasmo. Vayamos fría y serenamente a los hechos. El
homenaje de 1996 no fue una improvisación. Fue un hecho
totalmente premeditado un año antes y orquestado a lo
largo de todo ese año por una campaña de prensa y otros
medios que sólo puede calificarse como impúdica.
El proceso de la parcialidad y la ignominia empezó unos
días antes del 10 de noviembre de 1995, cuando se creó
-a eso, naturalmente, no me opongo- la Asociación de
amigos de las Brigadas Internacionales. Unos días más
tarde, ese 10 de noviembre, poco antes de la trágica
sesión que voy a reconstruir, los grupos parlamentarios
de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, vascos (PNV)
y socialistas del Congreso presentaron una proposición
no de ley sobre reconocimiento de la nacionalidad
española por carta de naturaleza a los brigadistas
internacionales. Esta proposición fue publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes serie D número 292 de 10
de noviembre de 1995. La toma en consideración se
debatió en la sesión del martes día 28 de noviembre, y
figura en el Diario de Sesiones número 186 de 1995. Que
la proposición la presentaran los comunistas es natural
y corresponde a su historia. Los socialistas poco
tuvieron que ver con las Brigadas Internacionales en
España; estaban divididos en procomunistas (Negrín) y
anticomunistas (Largo Caballero) pero sus relaciones con
las Brigadas, fuera de la presencia en ellas de algunos
socialistas extranjeros como Pietro Nenni, fueron
mínimas. Más inexplicable aún es el apoyo del PNV a la
proposición no de ley. Los Internacionales no lucharon
en el País Vasco fuera de alguna excepción individual.
El delegado del PNV en el Madrid rojo, Jesús de
Galíndez, escribió un libro sobrecogedor sobre los
crímenes comunistas en el Madrid rojo, que los actuales
líderes del PNV deberían aprenderse de memoria; si lo
hubieran conocido no habrían presentado la famosa
proposición. Vayamos, pues, a la reseña de la sesión
más disparatada de las Cortes españolas desde aquella
de 1910 en que el jefe del PSOE en aquella época, don
Pablo Iglesias, proclamó y encima insistió en que
contra el expresidente del Gobierno don Antonio Maura era
comprensible el atentado personal.
Presidía un socialista respetable, don Félix Pons, que
sin duda conocía relativamente bien la Historia de
España porque en cuanto vio el segundo punto del orden
del día se levantó y se marchó del hemiciclo dejando
la presidencia a otro socialista que por lo visto
conocía peor esa Historia, el señor Bevía Pastor, que
dio la palabra a la diputada de Izquierda Unida, señora
Maestro Martín.
No me extraña lo que dijo, era natural y nunca me
ensaño con lo natural. La diputada comunista explicó
que lo que se pretendía era pagar a los Internacionales
una «deuda histórica del pueblo español frente a
decenas (sic, seguramente quiso decir decenas de miles)
de jóvenes, hombres y mujeres, de todos los continentes
que arriesgaron su vida y su seguridad (la diputada no lo
sabía pero vinieron hombres solos; las mujeres no
rebasarían esa decena, ahora sin errata, que acababa de
apuntar) y vinieron a nuestro país a luchar en un
momento en que el fascismo se cernía sobre el mundo».
La causa de la España nacional no era el fascismo; eso
es lo que decían los comunistas y su inspirador Stalin,
pero es inútil explicárselo incluso ahora. «Son los
llamados -seguía la señora Maestro- voluntarios de la
libertad, los miembros de las Brigadas Internacionales».
Rumores, anotan los taquígrafos. Supongo que serían
rumores en las filas del centro-derecha, que no se
tragaban, de momento, eso de llamar a las legiones de
Stalin «voluntarios de la libertad», ese nombre que se
atribuyeron, no sin cierta exageración, los miembros de
la milicia nacional, brazo armado del Partido
Liberal-Progresista en la España del siglo XIX, para
luchar contra «la reacción». La señora Maestro
sabía, pero no quería reconocer, que llamar
«voluntarios de la libertad» a las hordas de Stalin era
admitir que venían a defender la libertad de Stalin, que
precisamente en ese mismo año 1936 estaba iniciando la
era de sus purgas frenéticas, en la que perdieron la
vida decenas de miles (ahora sí, por no decir centenas)
de ciudadanos deÊla Unión Soviética que se permitían
criticar o disentir del zar rojo; e incluso comunistas
auténticos, revolucionarios de 1917 simplemente por
celos, odios o envidias del zar rojo. Después de los
rumores continúa la diputada comunista: «Vinieron a
nuestro país de cincuenta naciones diferentes,
neozelandeses, cubanos, vietnamitas, árabes». Escoge la
señora Maestro las naciones más exóticas; y tiene de
la «nación árabe» el mismo concepto que tuvo el
coronel Lawrence de Arabia. Enumera después otros
contingentes, se arma un pequeño lío con la Olimpíada
Popular en Barcelona, se arma un lío mayor con la
represión del alzamiento en Barcelona, donde fueron
asesinados tantos militares españoles (otra excelente
justificación de la nacionalidad), confunde a las
Brigadas Internacionales con las del POUM, que nunca
fueron Internacionales aunque admitieron algunos
voluntarios extranjeros sueltos y además eran enemigas a
muerte de los comunistas. Entra en el espinoso problema
del armamento en la guerra civil: «pocas armas había en
España». No ha leído el libro definitivo del general
Salas Los datos exactos de la guerra civil; cuando lo
haga, sabrá que en España había en 1936, antes de la
llegada de las armas soviéticas, muchas armas y casi
todas estaban en poder de la República. Describe la
presencia de las Brigadas Internacionales «en la sierra
norte de Madrid», donde no hubo ni una; también las ve
en Euskadi, donde no hubo una sola de estas unidades,
dígame cuál. «Intentaron empujar a la Historia en su
sentido más favorable a la democracia y a la libertad».
Eso quería de boquilla y en apariencia el jefe supremo
de las Brigadas, señor Stalin, el demócrata liberal que
pedía en su carta famosa al jefe del Gobierno de la
República, don Francisco Largo Caballero, a fines de
diciembre de 1936, que diera a su régimen al menos una
apariencia de vida parlamentaria, a lo que replicó
airado el líder socialista que en su zona no había un
solo español que deseara un régimen parlamentario. Tal
respuesta es del 6 de enero, y la señora Maestro la
puede ver en cualquier libro de Historia, por ejemplo en
España, de don Salvador de Madariaga, autor demócrata
si los hay. En su lista de muertos de las Brigadas los
aumenta un cincuenta por ciento largo. Después niega la
retirada de los voluntarios italianos de la zona
nacional; están todos los documentos, todas las
fotografías. Dice que los moros combatieron en el
Ejército Nacional reunidos en un tercio; ha alabado a
los «árabes de las Brigadas Internacionales» pero se
opone a que vinieran moros al otro lado y además los
encuadra en un «tercio» y cree que la mayoría de la
Legión era extranjera. Cree también que el abandono de
la República española lo deciden en Munich las
potencias occidentales que para nada hablaron del caso;
el abandono de la República lo decide como saben hasta
los historiadores comunistas, Stalin en persona cuando ya
estaba preparado su pacto nefando con Hitler, de lo que
la señora Maestro no dice una palabra. Cita, no faltaba
más, la soflama con que la Pasionaria despide a los
Internacionales, a los que describe como un ejército
pluralista; pues no, señora Maestro, fueron un ejército
comunista con algunos pocos compañeros de viaje. A toda
esta sarta de disparates llama la señora Maestro
«inevitable ejercicio de memoria histórica necesario en
nuestro país». Luego termina con el poema célebre de
Rafael Alberti, que ni los albertianos más fervientes se
han atrevido a repetir en esta ocasión; y la
inconcebible perorata termina con aplausos y ya sin
ningún rumor. La leyenda rosa, falsa y absurda de las
Brigadas Internacionales había quedado expuesta sin que
ninguno de los diputados presentes dijera nada.
El parlamentario del PNV señor González de Txabarri
fue, por fortuna, más breve. Dijo que las Brigadas
Internacionales eran una «asignatura pendiente de la
transición… quizá para ponernos todos rojos».
Eso, sin duda, se pretendía; aquella jornada el
Parlamento se puso rojo. Cita al ministro vasco señor
Irujo como partícipe del Gobierno rojo, pero no cita los
terribles telegramas que envió el señor Irujo a la
Junta de Defensa de Madrid como protesta por las
atrocidades cometidas en ese Madrid que defendían las
Brigadas Internacionales. Afirma que la señora Maestro
ha disertado «con rigor histórico». Reconoce, contra
el rigor histórico de la señora Maestro, que en
«Euskadi no existieron propiamente las Brigadas
Internacionales», quizá por eso no propone para ellas
la nacionalidad vasca; y matiza que las Brigadas
«creían justa» su causa, porque él sabe muy bien que
no lo era. Tiene el acierto de no meterse en líos ni
hablar de la historia de las Brigadas. Y se calla.
En nombre del Grupo Socialista interviene la señora
Pelayo Duque, que dice haber sentido pocas veces tan alta
satisfacción como en este caso. Reconoce, con Andreu
Castells, que la historia de las Brigadas Internacionales
está por escribir; se ve que los magistrales estudios
del general Ramón Salas y el coronel Martínez Bande no
le parecen suficientes. Insiste en las mujeres
Internacionales; es un gran descubrimiento de las Cortes
españolas. Insiste en que el Gobierno rojo era el
Gobierno legítimo de la República y en que las Brigadas
defendían las ideas de libertad y de justicia. No
vinieron, dice, por una propaganda organizada; las
campañas de Muenzenberg, de Tito y de todos los partidos
comunistas del mundo debieron de ser pancartas de
piquetes informativos, no propaganda organizada. Insiste
en que el sistema español de 1936 era democrático,
aunque su jefe del Gobierno dijera tajantemente que no,
como acabo de indicar. Llamó a aquello «epopeya»,
refiriéndose seguramente a la cobardía de la XIII
Brigada Internacional en Brunete, por lo que hubo de ser
diezmada y disuelta. Cita entre los precedentes
legislativos el decreto que fija las condiciones para
obtener la medalla al Mérito Constitucional; si las
Cortes hubiesen confirmado aserto tan peregrino mañana
mismo devolvería esa medalla que nadie me concedió por
matar españoles en nombre de la libertad de Stalin. No
se mete en la historia de las Brigadas porque
indudablemente la desconoce; se queda en leyes
inaplicables y ajenas al caso, se mece en las nubes de
una retórica sin fundamento histórico.
Deja paso al representante del Grupo catalán CIU, señor
Carrera, que interviene fuera de concurso, dice que
votará sí y explica, por fortuna, que las Brigadas
Internacionales vinieron a España «en un momento de
clara amenaza de los totalitarismos». Utiliza el plural;
evidentemente se le ha escapado incluir al totalitarismo
comunista, el de Stalin, en servicio del cual llegaron a
España las Brigadas Internacionales. Menos mal que,
aunque fuera involuntariamente, se dejó notar en las
Cortes un soplo de lucidez.
Sin embargo, el argumento principal que exhibieron los
oradores en apoyo de la concesión de la nacionalidad
española a los miembros de las Brigadas Internacionales
lo había formulado el señor Gómez de Txabarri y lo
había ampliado la señora Pelayo. El primero afirmó que
la diputada comunista había citado la promesa del jefe
de Gobierno de la República, doctor Negrín, a los
Internacionales con motivo de su despedida en Barcelona;
la promesa consistía en que podrían recabar la
nacionalidad española; pero la señora Maestro no había
dicho tal cosa en su ardiente discurso. La señora Pelayo
fue más lejos y presentó la actual concesión como
cumplimiento de la promesa del doctor Negrín. Pero en la
reseña del acto de Barcelona por el historiador
Castells, miembro de las Brigadas Internacionales, no hay
ni rastro de esa promesa de Negrín, que sólo existió
en la desbordada imaginación de uno de los oradores de
1938, cuando dijo a los Internacionales: «España es
vuestra patria». Pues bien, las Cortes de 1995 aceptaron
sin pestañear que, según dos portavoces del grupo
parlamentario, se disponían a cumplir una promesa del
doctor Negrín, con el que nada tenía que ver la
legalidad española actual; una promesa que además
jamás se había formulado. O peor aún, se disponían
las Cortes a hacer realidad una hipérbole de la
Pasionaria. Más o menos como si algún diputado de
derechas, que los había, propusiera dar cumplimiento en
1996 a una charla sevillana del general Queipo de Llano o
alguna decisión pendiente del general Franco, de cuyo
régimen, por lo demás, proviene el régimen actual por
reforma y no por ruptura.
2. LA HAZAÑA DEL DIPUTADO POPULAR
El presidente de las Cortes seguía ausente. El
vicepresidente da la palabra al señor Bueso Zaera,
diputado del partido Popular por Teruel. No sé de dónde
ha salido el señor Bueso Zaera. No sé si sabe que las
Brigadas Internacionales no estuvieron en Euskadi pero
sí en Teruel. No sé si sabe lo que hicieron allí. Pero
el gesto y el discurso del señor Bueso Zaera, la
votación favorable de los miembros presentes del Partido
Popular, la responsabilidad del portavoz titular, que sí
conoce bien el problema, y sobre todo la del señor
Aznar, no ya por coherencia histórica sino por respeto a
su idolatrado don Manuel Azaña, que aborrecía
cordialmente a las Brigadas Internacionales, debería
haber hecho a su Grupo las oportunas advertencias, me
impulsan a reproducir de forma íntegra la alocución
roja del señor Bueso Zaera, que dijo lo que viene a
continuación:
Las citas al artículo 11 de la Constitución y al
artículo 17 del Código Civil, que coincide exactamente
con la ley de 1982 que ya he citado, demuestran que el
señor Bueso Zaera no actuó por sorpresa sino con previa
consideración de lo que iba a hacer.
«El señor vicepresidente (Beviá Pastor): Gracias,
señor Carrera.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Bueso.
El señor Bueso Zaera: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo para fijar la
posición del Grupo Parlamentario Popular en esta
proposición no de ley.
El artículo 11 de la Constitución española en su
primer apartado señala que «la nacionalidad española
se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo
establecido por la Ley». A este respecto, el Código
Civil regula en sus artículos 17 y siguientes la
situación de los españoles y extranjeros, recogiendo
una serie de normas sobre la adquisición de la
nacionalidad. La nacionalidad es una institución
bifronte que puede definirse como el título jurídico
que atribuye a una persona el «status» o condición de
nacional de un determinado Estado. Las de la adquisición
de la nacionalidad pueden dividirse en dos grandes
grupos: adquisición originaria, que se produce por el
hecho del nacimiento en un país determinado, y
derivativa, por un hecho posterior. Esta, a su vez, puede
subdividirse en adquisición por opción, por carta de
naturaleza y por residencia.
En cuanto a la adquisición de la nacionalidad española
por carta de naturaleza, que es la que nos lleva a esta
proposición no de ley, el Código Civil establece en el
artículo 21 que se podrá otorgar discrecionalmente
mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran
circunstancias especiales. La carta de naturaleza tiene
un remoto abolengo en el Derecho español. Ya en los
siglos XVI y XVII dio lugar a protestas de las Cortes en
los distintos reinos peninsulares, basadas en que el
naturalizado por carta podía gozar de oficios y
beneficios en España, lo que motivó la intervención de
las Cortes en la concesión de las de primera y segunda
clase, lo que explica que la Constitución de Cádiz
atribuyese su concesión al Poder Legislativo, pero el
silencio de constituciones posteriores motivó que fuesen
concedidas por el Gobierno.
Dado el carácter discrecional con que se ejerce la
concesión de carta de naturaleza, parece que no existen
en su otorgamiento limitaciones impuestas por el Derecho
Internacional. De Castro entiende que la más
corrientemente señalada por los tratadistas de no
naturalizar a un extranjero que no resida en el país
queda a salvo al exigirse la comparecencia en un registro
dentro del territorio. El Reglamento del registro Civil
señala que la concesión de carta de naturaleza
revestirá la forma de Real Decreto dictada a propuestas
del Ministerio de Justicia.
Desde un punto de vista jurídico, no existe obstáculo
alguno para admitir esta posibilidad de concesión de la
nacionalidad motivada por circunstancias excepcionales,
como es la proposición no de ley presentada en esta
Cámara por los grupos proponentes respecto a los
brigadistas internacionales, como justo reconocimiento a
su labor en aras de la libertad. Desde un punto de vista
político, nuestro Grupo entiende que hay que cerrar
heridas y hay que demostrar la madurez del pueblo
español y ser ejemplo para generaciones futuras de
convivencia, de libertad y de responsabilidad.
Desde la serenidad de la distancia histórica, hacemos la
siguiente reflexión. El Grupo Popular cree en una
sociedad democrática, libre y responsable, puesto que
las sociedades democráticas proporcionan a los
individuos de todo el mundo las mejores condiciones de la
libertad política y personal, igualdad de oportunidades
y desarrollo económico bajo el imperio de la ley.
Creemos en una sociedad abierta, donde el poder está
distribuido ampliamente entre instituciones libres,
dedicadas a crear unas condiciones que permitan a cada
individuo alcanzar plenamente su potencial y llevar a
cabo sus responsabilidades para con sus ciudadanos, y
donde la tarea principal del Gobierno es la de servir a
la persona y la de defender y promover la libertad
personal. Sólo un sistema político de democracia
pluralista puede realizar aquellos valores que, basados
en la persona, hacen posibles su libertad y su
realización individual y social, en un plano de igualdad
para todos. Ni siquiera una decisión mayoritaria puede
vulnerar los derechos humanos básicos y las libertades
públicas proclamadas por nuestra Constitución y
reconocidas por los convenios internacionales suscritos
por España. Tales derechos y libertades son
consustanciales a todo sistema democrático. La
convivencia halla su marco propio en la paz social y en
la supremacía de la ley democráticamente elaborada,
aplicada con independencia por los jueces y ejecutada con
corrección por todas las administraciones.
Por toda esta serie de consideraciones, el Grupo Popular
va a votar favorablemente esta proposición no de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor vicepresidente (Beviá Pastor): Gracias, señor
Bueso.»
Casi no me siento con fuerzas para comentar los
disparates históricos y políticos del ocasional
portavoz del Partido Popular. Las consideraciones
jurídicas y políticas que adujo son absolutamente
extempóreas y nada tienen que ver con la realidad de las
Brigadas Internacionales. Ya que evoca los siglos XVI y
XVII podría haberse alargado hasta el XIX y evocar
también la profecía de Donoso Cortés sobre la futura
presencia de soldados del Imperio ruso en Madrid. El
señor Bueso, el Partido Popular y en consecuencia su
presidente, don José María Aznar, que no dijo una
palabra sobre el caso ni tuvo un solo comentario negativo
para el aquel día portavoz del grupo a que pertenece, se
atrevieron a mostrarse de acuerdo, por acción u
omisión, como acaba de ver el lector, «con la
proposición no de ley presentada en esta Cámara por los
grupos proponentes respecto a los brigadistas
internacionales, como justo reconocimiento a su labor en
aras de la libertad. Desde un punto de vista político
nuestro Grupo entiende que hay que cerrar heridas y hay
que demostrar la madurez del pueblo español y ser
ejemplo para generaciones futuras de convivencia, de
libertad y de responsabilidad». Convertir a los
Internacionales en españoles es, para el Grupo al que
representa el señor Bueso Zaera, «cerrar heridas».
Cerrarlas con falsedad, el agravio a gran parte de
españoles y por supuesto a todos los votantes del
Partido Popular. Escribo un libro por esa intervención
parlamentaria inconcebible, que seguiría sin creerme de
no tener delante el original del Diario de Sesiones.
No me preocupa ni me extraña la actitud de los
comunistas en este asunto, ni tampoco la de los
socialistas. Me extraña, por las razones aducidas, el
voto afirmativo del PNV y de Convergencia i Unió,
entonces aliados de los socialistas, hoy del Partido
Popular. Debo terminar, con las cifras heladas y
sarcásticas, la narración de la escena en el Congreso.
El señor presidente, don Félix Pons, que no había
asistido al debate, regresó para la votación. Se
emitieron 286 votos. No se registró ninguno negativo,
sólo dos abstenciones. Votaron a favor 284 diputados. El
Diario de Sesiones no cita las ausencias, ni me
interesan; ninguno de los ausentes protestó. Algún
tiempo más tarde la ministra de Educación y Cultura,
doña Esperanza Aguirre, expuso en la Academia de la
Historia la necesidad de que los españoles aprendan la
historia de España. Habría que organizar unos
urgentísimos cursillos de Historia esencial de España
para el presidente del Gobierno, señor Aznar, sus
asesores y el grupo parlamentario del Partido Popular en
pleno. Pobre Historia de España, pobre España, que por
ignorar su Historia me temo que ya está condenada a
repetirla.
Un gran político de nuestro tiempo, el profesor Fernando
Suárez, absurdamente marginado después de su
contribución decisiva a la reforma política de 1976,
está creando, con Juan Ramón Calero y otros políticos
hartos de ambigüedades, una derecha sin complejos en
España. Y a mediados de diciembre, mientras critica con
toda razón al señor Aznar por inventarse nuevas
nacionalidades regionales, añade un altísimo
sarcasmo:«En todos estos años la única vez que se ha
mencionado la nacionalidad española ha sido para
concedérsela a las Brigadas Internacionales». Toda la
Historia está con él.
Fiel al unánime mandato del Congreso, el Gobierno
socialista aprobó el 19 de enero de 1996 un Real
Decreto, el 39/1996, que transcribo a continuación. El
Real Decreto está firmado, naturalmente, por el rey don
Juan Carlos I y refrendado por el ministro de Justicia e
Interior, J.A. Belloch.
«Es de justicia reconocer la labor en pro de la libertad
y de la democracia llevada a cabo por los voluntarios
integrantes de las Brigadas Internacionales durante la
guerra civil española de 1936 a 1939. Los supervivientes
de la contienda merecen ver de un modo patente la
gratitud de la Nación y para ello nada más justo que
entender que se dan en ellos las circunstancias
excepcionales previstas en el artículo 21 del Código
Civil a los efectos de la concesión de la nacionalidad
española por carta de naturaleza. JUAN CARLOS R.»
Ricardo de la Cierva
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