Otra democracia orgánica

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Otra democracia orgánica

Por Noé de Callar

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Otra democracia orgánica

Las democracias son métodos de participación de los gobernados en la adopción de las decisiones públicas. Las hay de dos tipos, las directas y las representativas. En las primeras, los ciudadanos se pronuncian como simples individuos mediante plebiscito o referéndum (siempre aparece una minoría que formula las opciones representadas al censo electoral). Sólo en comunidades muy reducidas o en circunstancias excepcionales resultan viables las democracias directas y, por eso, las existentes pertenecen al segundo tipo.

En las democracias representativas los ciudadanos no intervienenen directamente en la adopción de las decisiones públicas, sino a través de diputados. Hay dos especies de democracias representativas, las inorgánicas en las que el votante es una persona aislada que por afinidad ideológica se pronuncia a favor de un candidato al Parlamento; y las orgánicas en las que el votante se integra en una corporación y elige al delegado que en una cámara va a defender sus intereses concretos. El primer gran teórico de la democracia orgánica fue Althusio, y el de la inorgánica Locke, luego divulgado por Rousseau.

En las Constituciones actuales se ha impuesto formalmente la democracia inorgánica (en alguna nación como Italia, y luego España, degeneró en partitocracia); pero, a pesar de ello, la democracia orgánica se manifiesta con gran fuerza en la práctica política, incluso al margen de los mecanismos establecidos por las Constituciones. Es, entre otros, el caso de España.

Partiendo del pleno empleo, que había logrado y mantenido el Estado de las Leyes Fundamentales, la vigente Monarquía parlamentaria autonómica lleva muchos años batiendo una marca europea de paro, la más terrible lacra colectiva después de la anarquía y la miseria. Para intentar atenuarla, el Gobierno socialista efectuó una reforma del mercado laboral que fue acogida por una inútil huelga general. Aquella reforma resultó muy insuficiente, y los porcentajes de paro continuaron siendo altísimos. El Gobierno popular anunció que era necesaria una acción más profunda, pero renunció a efectuarla y encomendó tal misión a los llamados interlocutores sociales, es decir, patronales y sindicatos. El Ministro de Trabajo repitió, una y otra vez, que su Gabinete no decidiría «unilateralmente» una reestructuración laboral, expresión sorprendente puesto que el Gobierno. según la Constitución de 1978, no es «unilateral», sino que representa al pueblo español en su totalidad.

Al cabo de meses de negociaciones, patronales y sindicatos han llegado a un acuerdo que está siendo criticado tanto desde el lado de los empresarios como desde el de los asalariados. Sólo el tiempo demostrará si es un débil compromiso circunstancial o un instrumento eficaz y duradero para crear puestos de trabajo. Pero la cuestión jurídico-política no es la de la eventual operatividad del pacto interconfederal, sino la de su legitimidad.

Los poderes de las patronales y de los sindicatos no son inorgánicos, como los del Parlamento, sino orgánicos. A los señores Méndez o Cuevas no los ha elegido el pueblo español, sino sus respectivas corporaciones, que cuentan con bases muy minoritarias y con un procedimiento «sui generis». Sin embargo, el Gobierno ha reconocido que esas personas eran las verdaderamente representativas de los intereses de empresarios y asalariados, que es tanto como decir de la economía española en general. El Gobierno inorgánicamente engendrado a través de unas elecciones generales se ha subordinado a un comité paritario de naturaleza gremial y, ahora, se limita a convertir en ley, por la vía más rápida y con la mayor fidelidad, el acuerdo interconfederal de patronales y sindicatos. Por encima de los formalismos constitucionales reaparece la democracia orgánica como la genuinamente representativa de unos importantístimos intereses que no encarnan los diputados y senadores.

¿Se conforman los partidos con distribuirse los cargos públicos y dejan las decisiones esenciales a los privados representantes de las corporaciones? Es el inorganicismo formal y el organicismo real, una gran paradoja teórica; pero que permite el monopolio de ciertos privilegios por la oligarquía partitocrática y, a la vez, un tratamiento de la gran cuestión de nuestro tiempo, la social. El organicismo de hecho salvaría la inoperancia al inorganicismo de derecho.



Noé de Callar



 

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