La Guerra de España: dos modelos económicos

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La Guerra de España: dos modelos económicos nº 82

Por J.A. Sánchez Asiaín

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La Guerra de España: dos modelos económicos

La ruptura de la unidad de mercado fue el primer resultado del estallido de las hostilidades desde el punto de vista económico, porque la estabilización de los frentes militares, partió brutalmente un mercado interior integrado. Un mercado, que mediante un lento proceso histórico, había ido definiendo un cuadro estable de asignación de papeles productivos, en el conjunto de España. Todo ello quedó roto. Zonas mineras en un lado, y sectores transformadores en el otro. Excedentes de productos alimenticios en una zona, frente a una población hambrienta en la otra. Areas con alta capacidad de ahorro, y áreas productivas, necesitadas de esa financiación.

Añádase, el colpaso producido en muchas empresas, localizadas en una zona y privadas del contacto con sus clientes o proveedores de la otra. imposibilitadas de cobrar a sus deudores o de pagar a sus acreedores. y añádase, el desmembramiento de las empresas multierregionales, con directivos en distintos territorios, incomunicados, a veces enfrentados, y con instalaciones desconectadas.

Avanzada la guerra, también se rompió la unidad monetaria. En las primera ssemanas de la contienda nadie creyó en la posibilidad de un largo enfrentamiento, y por lo tanto, la idea de una ruptura en lo monetario, no llegó a plantearse en ninguno de los dos bandos. Pero cuando se tomó conciencia de que el enfrentamiento no iba a ser corto, ambas partes acomodaron a esta percepción sus diferentes estrategias financieras, produciéndose la ruptura formal de la circulación monetaria en noviembre de 1936, fecha en que la estabilización en el frente de Madrid, hizo evidente que la guerra iba a prolongarse más tiempo del previsto. El autoproclamado Gobierno nacional de Burgos rompió la comunidad dineraria, y el Gobierno republicano lo aceptó inmediatamente, dando origen a dos sistemas monetarios enfrentados. Dos pesetas diferentes. Luego hablaremos de ello.

Desde el primer momento pudo apreciarse la notable desigualdad económica de las dos zonas. En primer lugar, la consolidación de los frentes definió dos comunidades demográficamente desiguales. La población de España era, en aquellos momentos, de 24 millones de habitantes. Catorce quedaron en territorio republicano, y diez en el nacional. El Gobierno de la II República mantenía, la iniciarse el conflicto, el control sobre 22 capitales de provincia, 28 los sublevados. y la estructura económica y social de una y otra zona, eran notablemente diferentes.

La zona republicana era de carácter industrial, y de alta densidad de población. Comprendía la casi totalidad de las grandes áreas urbanas e industriales, y la mayor parte del litoral marítimo. Su agricultura se centraba en la producción de agrios dirigidos a la exportación (90 por 100 de la naranja y 95 por 100 del limón), integraba el 50 por 100 de la producción de aceite, y la mayor parte de la producción hortofrutícola. Era el área de mayor nivel de renta y de capacidad de consumo, aunque tenía notables carencias de productos básicos de subsistencia, situación agravada por el bloqueo naval de la zona republicana, que impidió complementar los suministros por vía de importaciones. De esta manera, la escasez de productos básicos de consumo, especialmente grave en las grandes ciudades, fue un componente constante de la vida en la retaguardia republicana.

La zona nacional, por su parte, comprendía fundamentalmente las zonas rurales del país, con graves limitaciones en cuanto a producción industrial, pero con abundancia de productos básicos de consumo. Contaba con las dos terceras partes de la producción de trigo, con la mitad de la de maíz, con el 60 por 100 de la producción de leguminosas, y con la mayor parte de la de patatas. Disponía también de la mayor parte del ganado y de la producción lanera.

En resumen, puede estimarse que al empezar la guerra civil, el 30 por 100 del producto rural correspondía aproximadamente a la zona republicana y un 70 por 100 a la zona nacional, frente a casi un 60 y un 30 por 100 respectivamente de población. Del producto industrial, alrededor del 80 por 100 se encontraba en la zona republicana, frente al 20 por 100 en la zona nacional. En otro orden de cosas, el territorio republicano coincidía aproximadamente con el 70 por 100 del presupuesto estatal, frente al 30 por 100 que podía imputarse a la zona nacional.

Por lo que al sector financiero se refiere, la ruptura dejó inicialmente en manos de la República los centros financieros de Cataluña, Madrid y País Vasco, con todas las centrales de los grandes bancos, las tres Bolsas de Valores, y aproximadamente los dos tercios de las oficinas bancarias. No disponemos de cifras regionalizadas del balance financiero, pero índices bastante precisos, me permiten decir, que unas tres cuartas partes del ahorro existente en España, correspondían a la zona republicana.

Desde el punto de vista económico y financiero, la República superaba, pues, y muy ampliamente, los recursos de la zona nacional. El propio Indalecio Prieto lo manifestaba en los primeros días del alzamiento, en un discurso radiado: «Todos los elementos financieros de la sublevación que combatimos puede disponer en estos instantes, decía, son escasísimos, ante los dilatadísimos del Estado (…). Todo el oro de España, todos los recursos monetarios españoles válidos en el extranjero (…), están en poder del Gobierno (…) Todo el poderío industrial de España (…) está en nuestras manos».

Aunque esta indiscutible posición de fuerza de la República, debe matizarse en función de las condiciones de su territorio, partido y malamente comunicado, así como por el práctico bloqueo que sufrió la República por parte de los poderes económicos internacionales, con la única excepción de la Unión Soviética. Lo que contrasta con el hecho, de que los nacionales contaron desde el primer momento con la decidida ayuda económica y militar de las potencias del Eje y, desde luego, con la connivencia del capitalismo internacional.

El superior punto de partida de la República, debería haber sido determinante para un temprano y favorable cierre del conflicto. Pero ya sabemos que las cosas no fueron así. Y creo, con la información de que hoy disponemos, que puede afirmarse ya, y esta va a ser mi tesis de esta tarde, que el que las cosas discurrieran de otra manera se explica, en alguna medida, en términos económicos. Se explica por la distinta concepción que, cda una de las áreas en conflicto, tenía sobre lo que debería ser el modelo de conducción de la política económica. Pues mientras en la España nacional se impuso, desde el principio, un férreo control centralizado sobre todos los recursos económicos, en el contexto de un esquema nacionalista dirigido hacia el exclusivo objetivo de ganar la guerra, en el ámbito republicano, la atomización de la dirección económica, y las diferentes definiciones conceptuales de o que se pretendía, fue un fenómeno generalizado, que introdujo mucho desorden en la administración de los recursos. Especialmente, porque tenía como telón de fondo, el continuo enfrentamiento entre los que querían la revolución antes de ganar la guerra, y los que deseaban precisamente lo contrario.

Desde luego, las políticas económicas fueron muy distintas. El contenido de la política económica de la II República quedó definido por tres componentes. Por el germen anarcosindicalista de la revolución popular, que desde el primer momento tomó la iniciativa en la calle. Por el cambio violento del esquema de reparto de la renta nacional. Y por el desarrollo mismo de las medidas que fueron planteando unas fuerzas políticas de contenido ideológico muy dispar, y a veces contradictorio.

La doctrina que subyacía en la política económica de los sublevados, por su parte, era de corte absolutista, de larga historia en España, y renovada en el golpe del 18 de julio, a partir del éxito del nacional-corporativismo italiano y del nacional-socialismo alemán. Porque Franco defendió siempre un nacionalismo económico a ultranza, manifestado en una política proteccionista, y en un dirigismo total que arrinconaba los planteamientos liberales y capitalistas.

El Estado republicano mantuvo en los primeros momentos, la apariencia de continuidad institucional. Pronto, sin embargo, quedó claro que la superestructura gubernamental no se correspondía con la realidad de la calle, donde el Estado se iba disolviendo, día a día, como un azucarillo en el agua de los poderes obreros y populares, que con una inusitada rapidez asumieron el control de instituciones y empresas.

De esta manera, en el territorio republicano convivieron a lo largo de la contienda formas de producción libertarias, nacionalizaciones, pequeñas propiedades privadas, e incluso fórmulas de producción basadas en puros esquemas capitalistas, como era el caso de Vizcaya. Todo lo cual introdujo una enorme confusión, e imposibilitó la más mínima dirección económica. Para acabar de agravar esta situación, las colectivizaciones, por un lado, y por otro la sustitución de las organizaciones municipales por comités político-sindicales, rompieron por completo la cadena de mando republicano, forzando al Gobierno central a dedicar su atención a varios frentes al mismo tiempo. la tarea fundamental era ganar la guerra a los nacionales, pero en muchas ocasiones, y con parecida intensidad, se superponían otras guerras contra los órganos de poder paralelos que iban surgiendo en lugares donde las organizaciones obreras revolucionarias eran hegemónicas.

Aparece todavía más patente la complejidad que suponía la conducción de la economía republicana, si se considera la intensa utilización que la República hizo de modelos de descentralización regional. Porque vascos y catalanes tuvieron desde el principio una organización política propia, asumiendo facultades legislativas y ejecutivas. Lo que significó, que durante buena parte de la contienda, el área republicana actuara con poderes a tres bandas, Estado, Cataluña y País Vasco. A lo que hay que sumar los territorios controlados por otras instituciones con vocación autonómica, como el Consejo Revolucionario de Aragón, el Consejo de Asturias y León, y el Consejo Interprovincial de Santander, Burgos y Palencia, que de hecho se convirtieron en verdaderos enclaves autónomos, con amplísimas facultades de gestión.

El resultado práctico fue, que durante el primer tercio de la contienda, coexistieron en el territorio fiel a la II República seis Gobiernos con plenos poderes, a los que habría que añadir una infinidad de poderes locales. Todos ellos mantuvieron esquemas jurídico e institucionales independiente, en los que la intervención del sistema económico fue una realidad, el control del sistema financiero total, y la ruptura con el sistema monetario republicano un hecho. En algunos de ellos, incluso, se realizaron extraños experimentos sociales, se establecieron verdaderos límites aduaneros, o se acuñó moneda propia, lo que introdujo en el sistema medios de pago complementarios. Las causas que dieron lugar a esta multiplicidad de monedas fueron diversas. Porque algunas constituían una clara manifestación de independencia política, pero otras sólo respondían a la escasez de medio de pago, so simplemente eran producto de esa variopinta gama de experimentos de carácter económico y social. Todo ello, sin embargo, introdujo en la gestión económica notables factores distorsionantes.

En el sector agrario, la política de la República se decantó desde el principio por derroteros de corte revolucionario. En agosto del 36 se llevó a efecto la intervención municipal de las tierras, aunque, de hecho, fueron casi siempre los sindicatos o los comités los que se hicieron cargo de la colectivización. Entre octubre del 36 y la primavera del 38, por lo menos un 60 por 100 de la tierra sembrada pasó a manos de los campesinos.

Por lo que se refiere a la producción industrial, la amalgama de intervenciones oficiales de las diferentes autoridades, además de las extraoficiales, llevaron a la industria republicana a una situación verdaderamente confusa, que el Gobierno de la II República no consiguió atajar.

Con la llegada de Negrín al poder en mayo del 37, la dirección republicana en lo económico pareció mejorar, porque diseñó un programa, que pretendía recuperar para el Estado las áreas de poder perdidas en los primeros meses de la guerra, así como el fortalecimiento interno del sistema monetario, del abastecimiento, y de la industria de guerra. Pero este intento, que nunca fue profundo, llegó tarde, porque ya estaba próxima la caída del norte, con sus importantes recursos económicos. Y aunque a partir de ese momento, el Gobierno Republicano trató de recuperar la capacidad de decisión que le habían arrebatado los poderes autónomos, ello no evitó el colapso final del sistema productivo republicano, afectado por la falta de una política económica racional, y especialmente de una política monetaria que tuviera un mínimo rigor.

El punto de partida de la España nacional fue radicalmente distinto, porque tuvo que crearse de nuevo todo el aparato administrativo y político. Se hizo inspirándose en criterios absolutamente intervencionistas. Porque con una voluntad de control de corte militar, la Junta de Defensa Nacional actuó, desde el inicio de la sublevación, como poder político supremo, e impuso un dominio absoluto. Especialmente en lo que afectaba a la economía, donde se estableció un riguroso control sobre todos los recursos. y hay que destacar el pragmatismo de Franco que, pese a ello, no nacionalizó, ni la industria, ni l banca, ni siquiera el Banco de España, a pesar de las presiones que tuvo, especialmente de una Falange que, en determinados puntos, estaba más a la izquierda que algunos partidos del Frente Popular.

La política agraria de la zona nacional pudo desarrollarse desde una cómoda posición, puesto que se contaba con un parte sustancial de las producciones alimentarias básicas. En agosto del 36 se abolió la política agraria implantada por la Segunda República, suprimiendo radicalmente la distribución de la tierra entre los braceros, introduciendo una especie de reforma agraria cuyo objetivo era la colonización, la puesta en regadío, la parcelación y otras mejoras técnicas, dejando en un segundo término la redistribución. También se devolvieron inmediatamente a sus antiguos propietarios las fincas expropiadas. Y la optimización de los recursos agrarios se intentó resolver a través de la creación de los «Servicios Nacionales», el más importante de los cuales fue el «Servicio Nacional del Trigo», que concentraban en sus manos la recolección y la comercialización, de los productos que tenían asignados, así como la gestión de créditos bancarios a los agricultores.

Por lo que se refiere a la industria, la Junta de Defensa Nacional impuso desde los primeros días un dominio absoluto sobre todos los sectores económicos, y sobre las empresas privadas, estableciendo mecanismos para intervenir todos los resortes fabriles. sin excepción, la instalaciones industriales estuvieron sujetas a una férrea intervención a lo largo de toda la guerra, necesitando autorización previa para modificar sus esquemas de producción. Y desde el primer momento se procedió a decretar la incautación de toda clase de minerales, y de sus derivados, así como de los productos procedentes de transformaciones industriales, incluida la producción de las minas de Río Tinto, propiedad inglesa.

Debe quedar claro, en todo caso, que la guerra civil española no fue una guerra convencional. Porque fue una guerra total, especialmente desde el lado de los nacionales, con todos los frentes abiertos, pero con especial atención al económico. Se conocen múltiples episodios que demuestran esa obsesión por la guerra económica. Por ejemplo, controlando desde la zona nacional decisiones empresariales de la zona republicana, o presionando a terceros países para que no se exportara trigo a la República, o tratando de hundir el cambio de la peseta republicana, o introduciendo masas monetarias para presionar sobre la inflación, o propagando rumores económicos, especialmente sobre el futuro de la peseta republicana, para incrementar el consumo y por lo tanto acentuar el sentido de la escasez.

Tenemos testimonios de que en el Estado Mayor de Burgos se respiraba un clima de ofensiva total, que se manifestaba en el hecho de que los más dispares estamentos, comisiones y grupos de trabajo, estaban permanentemente investigando, o debatiendo, las más diversas alternativas para lesionar al enemigo a través de toda clase de instrumentos, pero especialmente en el terreno económico. Ya lo dijo Larraz al terminar la contienda: durante la guerra, hasta las normas de política monetaria tuvieron un espíritu bélico.

La influencia de cada una de estas aproximaciones a lo económico sobre el desarrollo de cada una de las áreas en conflicto fue clara en las magnitudes económicas. En la zona nacional, crecimiento importante de la producción, y un satisfactorio control de la masa monetaria y de los precios. En la zona republicana, caída de la producción, aumento incontrolado de la circulación fiduciaria, y una inflación galopante. Vamos a verlo con un poco más de detalle.

Por lo que respecta a la evolución de la producción agraria, los experimentos socioeconómicos implantados por la República arruinaron rápidamente el campo. En el trigo, uno de los productos fundamentales del agro español, las cosechas de la República no fueron capaces de mantener los niveles de preguerra, mientras que en la zona nacional se aumentó hasta tal punto su producción, que la saturación del mercado llegó a provocar una caída de los precios.

La zona republicana era muy rica en productos agrícolas de exportación, y en ello se habían depositado grandes esperanzas de conseguir las divisas necesarias para financiar las importaciones de material de guerra. Pero las desavenencias entre anarquistas, que controlaban la exportación naranjera del Mediterráneo, los comunistas, y los propios agricultores, así como las dificultades de navegar por aguas hostiles, arruinaron esta posibilidad.

El comportamiento del sector minero fue otro reflejo del desorden con que la República explotó sus recursos económicos. Y el carbón, principal fuente de energía de la España de aquella época, constituye un buen ejemplo. Porque, aunque gran parte de este mineral se encontraba en Asturias en manos de los republicanos, su escasez fue la característica en el territorio de la República, en la medida que su producción fue prácticamente nula a lo largo de la contienda. En contraste con la favorable evolución de la producción de carbón bajo control de los nacionales, primero en León, y más tarde en Asturias, donde la producción se recuperó, tan rápidamente, que para 1938 se había alcanzado un 75 por 100 del nivel prebélico, y en el 39 el 100 por 100.

Lo mismo puede decirse del mineral de hierro, en el que los nacionales alcanzaron importantes volúmenes de producción, donde los republicanos sólo habían alcanzado cifras modestas. En la Vizcaya republicana, por ejemplo, la producción de mineral de hierro en la segunda mitad de 1936 sólo alcanzó los dos tercios del primer semestre, y en la primera mitad del 37 la producción era ya sólo de un tercio. Tras la toma de esta provincia por los nacionales, la producción de mineral de hierro creció rápidamente, y en 1938 superaba ya el nivel de preguerra. Otro ejemplo lo constituye el de las minas de cobre de Huelva, donde, presionados por la necesidad de fomentar las exportaciones para financiar sus importaciones, los nacionales cuadruplicaron la producción, sobre el nivel de preguerra.

La industria pesada permaneció fundamentalmente en manos de la República hasta la segunda mitad de 1937, momento en que la cornisa cantábrica pasó a manos de los nacionales. y aunque el área republicana siguió manteniendo el control de la siderurgia de Sagunto, ésta no pudo desarrollar plenamente su actividad, por dificultades de aprovisionamiento.

Hay que destacar también que el Gobierno de Burgos que en todo momento consciente de la importancia que para el buen fin de la guerra representaba el contenido económico de la Ría de Bilbao y del conjunto del eje Asturias-País Vasco. Y su conquista y explotación posterior, coordinada e intensiva, centró sus esfuerzos. una política que contrastó fuertemente con la que la República había practicado en la primera parte de la guerra en las diversas provincias de ese eje cantábrico, donde al bajo ritmo de producción se sumó la descoordinación.

Para precisar un poco más la efectividad de ambas políticas económicas, he tratado de hacer una valoración de la evolución comparada de la producción industrial, a través de un índice que, aunque elemental, creo que es bastante representativo. He calculado, por un lado, el valor en pesetas constantes de la producción minera, siderúrgica y de las industrias derivadas de la minería, de las 23 provincias que permanecieron en el lado nacional desde el comienzo de la guerra. Por otro lado, el de las 15 que estuvieron en el lado republicano hasta finales del 38. Es una muestra que sólo representa el 45 por 100 de la producción total española, pero pienso que el índice puede considerarse válido, porque el resto del territorio no es significativo por haber cambiado de manos en distintas épocas durante la guerra. Pues bien, a partir de mis cálculos se puede deducir que, con índice 100 en 1935, la producción en esas 15 provincias republicanas, bajó hasta el índice 37 en 1936, al 29 en el 37, y el 28 en el 38. Es decir, la producción republicana experimentó durante la guerra un retroceso aproximado del 72 por 100. En el lado nacional, a partir del mismo índice 100 en 1935, el valor de la producción de las 23 provincias descendió hasta 70 en 1936, recuperó el 84 en 1937, y alcanzó prácticamente el nivel de preguerra en 1938, con un índice 96 sobre 100.

En cuanto al sector terciario, la zona nacional recuperó una aceptable normalidad al poco de comenzar la guerra, al amparo del respeto a la estabilidad monetaria. Las intervenciones sin control, por el contrario, y el desbarajuste monetario, descabalaron el desarrollo de los servicios en la zona republicana. De esta manera, mientras el transporte terrestre se iba normalizando en la zona nacional, incluso con incremento del número de viajeros y kilómetros recorridos, en el territorio republicano las dificultades de conseguir combustible impidieron el servicio que demandaban las operaciones bélicas, y desde luego el servicio a la población civil.

En lo relativo al transporte marítimo, el hecho de que las más importantes navieras tuvieran su sede social en las provincias de la cornisa cantábrica, tuvo como consecuencia que en los comienzos de la contienda, la flota mercante republicana fuera muy superior a la nacional. La caída de esa zona, sin embargo, sobre todo de Bilbao, donde se encontraba lo más granado de la flota mercante española, supuso que un fuerte volumen del tonelaje de la flota republicana se internara voluntariamente en puertos extranjeros hasta el final de la guerra, eludiendo la reincorporación a una zona u otra. Fue también motivación de la flota republicana, la confiscación de buques que la Unión Soviética practicó, como garantía adicional para el cobro de los suministros de guerra. De esta manera, mientras los republicanos veían descender drásticamente sus efectivos marítimos, los nacionales aumentaban paulatinamente los suyos, mediante el apresamiento de buques españoles republicanos, y de algunos extranjeros.

La ruptura tenía que reflejarse necesariamente en la gestión bancaria. La República mantuvo desde el primer momento en su poder la capital del Estado, y con ella los órganos centrales del sistema bancario, el Banco de España y el Consejo Superior Bancario, así como todas las sedes de los grandes bancos. Ello, y la huida a la zona nacional de la mayoría de los responsables de las cúpulas bancarias, forzó al Gobierno republicano a tomar progresivamente en sus manos el control directo de todos los resortes del sistema financiero, hasta que terminó por convertirlo en poco más que un apéndice del Ministerio de Hacienda. La banca republicana fue viendo, además, cómo desaparecían poco a poco los fundamentos de su negocio, en paralelo a la progresiva disminución del espacio geográfico en que desarrollaba su actividad, y a la descomposición de la moneda republicana, que en algunos momentos llegó a contabilizar una inflación de hasta el 900 por 100 anual, en absurdo maridaje con unos tipos de interés del 3 o 4 por 100.

Los nacionales partieron del polo opuesto, pero con el mismo objetivo de control. Y a partir de unos pocos bancos regionales, y de las sucursales de las grandes instituciones financieras, así como con los efectivos de los Consejos de Administración de los grandes bancos, que fueron pasándose al territorio nacional, terminaron por reconstruir un sistema bancario relativamente ortodoxo y eficiente, aunque fortísimamente intervenido. Siempre al servicio de la guerra, sin concesión alguna, pero respetuoso con la propiedad privada y con cierto margen de iniciativa para los banqueros.

La mayor coherencia de la política económica de la zona nacional se trasladó también a otros órdenes de la vida financiera. De esta manera, la peseta nacional vió cómo su poder adquisitivo se mantenía bastante estable, mientras en la zona republicana se desarrollaba una inflación galopante, por la desproporción existente entre circulación monetaria y oferta de productos, por la desconfianza que despertaba la evolución de la guerra, tanto en el interior como en el exterior, y por la intensificación de la guerra monetaria. También en los mercado internacionales la peseta nacional se fue distanciando cada vez más de la republicana.

Como no podía ser menos, el sector exterior estuvo subordinado en todo momento, y en ambas zonas, al sostenimiento de la maquinaria de guerra. pero las condiciones de las que partía la economía de cada contendiente crearon dos modelos muy diferentes de comportamiento exterior. la República financió sus importaciones utilizando las Reservas de oro del Banco de España. Los nacionales se decantaron por el endeudamiento, y por la compensación con exportaciones. En algo coincidieron, aunque con diferencias de talante en lo que se refiere al respeto a la propiedad privada. y fue en que ambos persiguieron afanosamente las divisas y valores extranjeros que poseían sus respectivos ciudadanos, y en que ambos se hicieron cargo, más o menos forzosamente, de los objetos de oro, plata y piedras preciosas de propiedad privada. Sirva de ejemplo de hasta dónde se llegó en estas prácticas en la zona nacional, que a principios de 1938 una Orden ministerial reclamaba sin ningún complejo como propiedad del Estado, los residuos de metales preciosos, incluso las llamadas «escobillas» sobrantes de los dentistas.

La ruptura dejó en manos de la República todas las reservas de oro, trasladadas posteriormente, como es conocido, a Cartagena, y desde allí a Odessa, lo que permitió al Gobierno de la II República sostener por bastante tiempo su esfuerzo de guerra. Pero agotado en 1938 el oro, y en el contexto de una negativa evolución de la guerra, con declaraciones internacionales del Gobierno de Burgos sobre no asunción de los créditos de la República, y con la hostilidad del capital internacional, la capacidad de la República para financiar sus adquisiciones en el exterior, terminó siendo nula, mientras los nacionales continuaron financiando sus suministros sin grandes dificultades, con exportaciones y con créditos internacionales.

En lo que al comercio se refiere, el de la República se desarrolló fundamentalmente con Rusia, y en menor medida con Francia y Méjico, mientras los nacionales lo hacían con Alemania, Italia y Portugal. La República sufrió por ello continuos problemas en el suministro exterior, al depender éstos básicamente de un solo origen, Rusia, comunicado muy deficientemente a través de un mar hostil. Los nacionales, por el contrario, consiguieron mantener un suministro regular de material bélico de Alemania e Italia, energético de Estados Unidos en cuanto al petróleo, y de carbón de Alemania. Importaciones recibidas, además, bajo la constante y eficaz vigilancia de la flota del Eje italo alemán.

Cuando en noviembre del 36 la estabilización del frente de Madrid era ya patente, los nacionales sumaron la política monetaria a la serie de medidas económicas que venían tomando. Sus objetivos eran meridianos. Conseguir una bandera de soberanía muy diferenciada, descolgare de un sistema monetario que hasta ese momento era común, organizando su propio sistema desde la ortodoxia económica y destruir el sistema monetario enemigo mediante un conjunto de medidas que, en otro momento, no he dudado en calificar como de verdadera guerra monetaria. Una guerra monetaria perfectamente planificada y con una estrategia muy meditada.

Las hostilidades monetarias se iniciaron en noviembre del 36. Un Decreto de los nacionales ordenaba estampillar todos los billetes en circulación en su territorio, a la vez que declaraba nulos los puestos en circulación por la República después del 18 de julio. Al otro lado del frente, el Gobierno republicano prohibía la tenencia de los billetes estampillados por los nacionales. Y de esta manera, de la extinguida comunidad monetaria, salían independizadas dos monedas opuestas, dos pesetas diferentes.

Unos pocos meses más tarde, los nacionales ponían en circulación nuevos billetes para sustituir a los estampillados. Y ya con la moneda perfectamente identificada y separada, el Gobierno de Burgos inició un continuado acoso contra la moneda republicana, tanto en los mercados interiores como en los exteriores, lo que terminó por acabar con la peseta de la República.

La fase más intensa y sofisticada de este acoso monetario, se alcanzó con la elaboración, en agosto de 1938, de un Decreto reservado por el que se aprobaban diversas disposiciones para utilizar en beneficio del Estado nacional, los billetes puestos en circulación por la República con posterioridad al 18 de julio, que iban siendo confiscados en los territorios conquistados. Dada su índole reservada, el Decreto no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de Burgos. En él se disponía la creación por carácter secreto, por razones de Estado, de un comité gestor de un llamado «Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo», cuyos objetivos eran fundamentalmente tres: convertir en divisas el papel moneda republicano, deprimir el curso de los billetes republicanos en el mercado exterior, y financiar el costo de «servicios informativos» y «humanitarios» en la zona aún no liberada.

En primer lugar, pues, se trataba de convertir las pesetas republicanas, válidas en los mercados internacionales, en divisas, en un momento de absoluta escasez de éstas para financiar las importaciones de material de guerra. Consta que se hizo, aunque ignoramos en que cuantía.

Se trataba, también, de financiar con estos billetes, devueltos irregularmente a las zonas no conquistadas, la actuación de las «quintas columnas», que operaban en zona republicana, objetivo real camuflado bajo el eufemismo de «servicios informativos y humanitarios» de que hablaba el Decreto. He tenido acceso a unas notas o memorias escritas a máquina y firmadas por el general Ungría, jefe del Servicio de Información y Policía Militar de la zona nacional, y Presidente que ha resultado ser del Comité secreto, contando las penurias presupuestarias que el Servicio de Información y Policía Militar tenía para financiar sus tareas de espionaje e información en la zona republicana. Sin embargo, se decía en ellas, «todo ello mejoró cuando el Servicio fue autorizado a vender en el extranjero la moneda republicana que era confiscada al enemigo al compás de los avances militares». Porque de esta manera, se añadía, y cito textualmente, «conseguimos mantener pujante y eficaz una organización de corresponsables en el extranjero, con la que ni habíamos soñado, y adquirir material técnico, especialmente de transmisiones, para mejorar los servicios de la Quinta Columna de Madrid». Y concluía diciendo, que el reenvío de los fondos requisados en el avance de las tropas en territorio republicano, hizo posible «la creación de una sutil y cerradísima malla de entorpecimientos, sabotajes y captación de secretos».

Mucho más importante fue la utilización del dinero confiscado en el avance de las tropas, para hundir la cotización de la moneda republicana en el exterior, colocando en los mercados contingentes de esa moneda. He tenido la oportunidad de disponer de algunos de los interesantísimos informes del Servicio de Estudios del Banco de España, que constituyeron los antecedentes del Decreto reservado. En uno de ellos, y al hablar de los billetes requisados en los avances, se pregunta el autor del informe, y cito textualmente: «Por qué no servirse de esos billetes y utilizarlos, en lícita cooperación a los fines de la guerra, hundiendo la cotización de la peseta roja en el extranjero». Esta actuación, concluía «originaría el cierre de una de las escasas probabilidades de comercio exterior con que aún cuenta el gobierno de Barcelona: la de importar, pagando con sus propios billetes».

En el mismo sentido, otro informe, de Enero de 1938, firmado por José Larraz, proponía el no reconocimiento al terminar la guerra de los billetes republicanos poseídos en el extranjero por entidades o personas individuales, pero advertía del peligro que se corría de que se pusieran en marcha por parte de los tenedores de aquellos billetes, acciones ante el Tribunal Internacional de La Haya, reclamando contra la anulación de los mismos, y pidiendo al Estado español su convalidación. Y para ello se recomendaba forzar a la baja la cotización de los billetes republicanos en el extranjero, a través de una depreciación rápida y violenta, en orden a cubrirse de la eventualidad de verse obligados en algún momento a dar una contrapartida a precios de mercado a la masa de billetes emitidos por los republicanos.

En parte gracias a estas campañas, y por supuesto, y de manera fundamental, a la evolución que seguía la guerra, la cotización en París de la peseta republicana cayó desde los 26 francos por 100 pesetas de julio del 38, a 9 francos a finales de ese mismo año, y a 2 francos en febrero de 1939.

Pienso también que es posible que esos reenvíos irregulares de billetes republicanos pudieran haber tenido algún efecto inflaccionario en la España republicana. Aunque esto sea algo muy difícil de concretar, por las dificultades de conocer el volumen que alcanzaron esos reenvíos, en relación a la ya abundante expansión monetaria que sufría la República. Y no creo que lleguemos a saber nunca cuánto de la terrible inflación que sufrió la República se debió al gran desequilibrio manifestado entre una producción que se iba desplomando y una incontrolada emisión de billetes, y cuánto al reenvío desde Burgos a las zonas todavía en poder de la República, de billetes republicanos confiscados.

Lo cierto es que, al terminar 1937, la pérdida de poder adquisitivo de la moneda republicana era ya del 75 por 100 del nivel de preguerra, frente a sólo un 17 por 100 de pérdida de poder adquisitivo de la moneda nacional, y que a finales de 1938 la moneda republicana ya no conservaba prácticamente ningún valor, mientras que la nacional sólo se había depreciado en una cuarta parte, desde el comienzo de la guerra.

Cómo la propia Ley de Desbloqueo decía en su exposición de motivos a finales de 1939, «es ya innegable que la tajante división de los billetes en legítimos y nulos constituyó un arma de guerra eficacísima, que forzó los precios, y la velocidad monetaria en la zona republicana».

En todo caso, los esfuerzos del Gobierno de la República por regular el volumen de su circulación fiduciaria nunca consiguieron su propósito. Porque la moneda vasca, la catalana, o las aragonesas, santanderinas o asturianas, junto a otras de las más variadas características, como los vales de empresas y los sustitutos anarquistas a la moneda, dibujaban un bosque de medios de pago de imposible control. Sólo en Cataluña, de los 1.075 municipios existentes, 687 emitieron su propio papel moneda. Y en las provincias valenciana sólo hicieron 386 municipios, de un total de 545.

El fin de la contienda exigió el paso de una economía de guerra a una economía de paz, totalmente intervencionista. La normalización del sistema productivo, la unificación de las dos monedas, la creación de un nuevo sistema monetario no respaldado por reservas metálicas y la reconstrucción económica del país, eran las tareas más importantes a las que se enfrentaban las autoridades del nuevo Régimen.

En consecuencia, nada más acabar la guerra se procedió a desmilitarizar las empresas industriales. Se aceleró la normalización de los pagos de intereses y principal de la deuda pública. Comenzaron a eliminarse las moratorias mercantiles de pagos. Se sometió a bloqueo una buena parte de los pagos realizados en la República con dinero desvalorizado. Y las Bolsas volvieron a operar.

Pero los principales problemas, los monetarios y los financieros, seguían pendientes de solución, constituyendo el principal obstáculo para el restablecimiento de la normalidad económica. Porque tras el derrumbe territorial de la II República, existían en circulación cantidades importantes de billetes republicanos válidos, junto a otros invalidados desde Burgos. En la zona que fue republicana había también grandes masas de dinero bancario bloqueado. Y la moneda del nuevo Estado español vivía en precario por la pérdida definitiva de su respaldo metálico tradicional. El Banco de España, por otra parte, seguía pendiente de sanear y fusionar los balances de los dos Bancos emisores, Burgos y Madrid que hasta entonces habían operado.

El Gobierno se movió con rapidez. Se posibilitó el canje de los billetes republicanos válidos por pesetas nacionales, disponiéndose la recogida forzosa del resto de los billetes republicanos, sin ningún tipo de contrapartida. pero el problema crucial consistía en movilizar las grandes masas de dinero depositado y bloqueado en las cuentas bancarias de la zona que fue republicana, para evitar que esas masas introdujeran en la economía del nuevo régimen, un proceso inflacionario similar al que había sufrido la República.

La Ley de Desbloqueo de diciembre de 1039 solucionó el problema con eficacia, al reglamentar la transformación de saldos bancarios de moneda republicana a cuentas bancarias en moneda nacional, mediante la aplicación de unos coeficientes correctores, de acuerdo con la relación existente entre los valores de las dos pesetas en el momento en que se había producido cada ingreso en cuenta bancaria.

Pero pese a su éxito, la Ley de Desbloqueo planteó importantes problemas éticos. Porque el Gobierno de Burgos no reconoció ningún valor al dinero en efectivo republicano, a pesar de la opinión en contra de instituciones como el Banco de España, que alegaba razones de justicia y de imagen. y porque la rigidez del mecanismo de aplicación llevó a flagrantes injusticias y a agravios comparativos, tanto derivados de la propia mecánica, como de la arbitrariedad y discrecionalidad de que disponían las instituciones bancarias en su aplicación. Puede decirse, incluso, que la Ley de Desbloqueo fue una continuación de la guerra monetaria, porque su mecanismo de aplicación terminó utilizándose también como arma de represalia contra los ciudadanos de la República.

En todo caso, desde el punto de vista económico, el problema más importante fue que la moneda española, tradicionalmente respaldada por las reservas de oro de Banco de España, tenía que presidir de dicho apoyo. En noviembre de 1939 se dio paso al nuevo sistema. Se derogó la garantía metálica de oro y lata de os billetes en circulación. Se eliminó el límite de crédito bancario que podía conceder el banco emisor al Estado. Y los títulos del estado pasaron a ser la contrapartida en el activo a los billetes en circulación del Banco de España.

De esta manera, la circulación monetaria del sistema español, hasta entonces rígidamente relacionada con las reservas de oro del Banco de España, quedaba abierta a un crecimiento sin límites, mediante la contabilización de los billetes en su pasivo, y la adquisición con él de deuda del Tesoro, que pasaba a su activo. Y la política monetaria del país, que había dependido en gran medida de las directrices del Banco de España, pasó a la tutela de Ministerio de Hacienda, que en el futuro no sería tan disciplinado como lo había sido en el pasado el Banco emisor. Pero este es otro problema.

En marzo de 1942, el Banco de España unificó las cuentas de los dos Bancos de España de Madrid y Burgos en un sólo balance, en el que ya no figuraban en el activo, ni el oro, ni los créditos contra entidades republicanas, mientras que en el pasivo desaparecían los billetes de la República.

Paralelamente, comenzó reconstrucción industrial de país. La creación del Instituto Nacional de Industria fue el eje sobre el que esa política descansaría, con el complemento de una política de bajos tipos de interés.

Aunque los niveles prebélicos de producción no se recuperaron hasta el comienzo de la década de los 50, porque la incipiente recuperación de los seis meses siguientes de 1939, se cortó con el estallido de la segunda guerra mundial. Y porque el sesgo de nuestra política exterior dificultó el comercio con los aliados. España no pudo repetir la acumulación de capital que logró con su neutralidad en la primera guerra mundial.

Posteriormente, las restricciones económicas impuestas por las potencias europeas y norteamericanas a España tras la derrota del Eje, dificultarían aún más la reconstrucción, hasta colocar al país al borde del desastre económico, tal como la Administración Americana reconocía en 1947. Hasta que en los años finales de los cuarenta, y coincidiendo con el bloqueo de Berlín, Estados Unidos comenzó a abrir la mano, y en España comenzó otra historia.



José Angel Sánchez Asiaín



 

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