La Guerra de
España: dos modelos económicos
La
ruptura de la unidad de mercado fue el primer resultado
del estallido de las hostilidades desde el punto de vista
económico, porque la estabilización de los frentes
militares, partió brutalmente un mercado interior
integrado. Un mercado, que mediante un lento proceso
histórico, había ido definiendo un cuadro estable de
asignación de papeles productivos, en el conjunto de
España. Todo ello quedó roto. Zonas mineras en un lado,
y sectores transformadores en el otro. Excedentes de
productos alimenticios en una zona, frente a una
población hambrienta en la otra. Areas con alta
capacidad de ahorro, y áreas productivas, necesitadas de
esa financiación.
Añádase, el colpaso producido en muchas empresas,
localizadas en una zona y privadas del contacto con sus
clientes o proveedores de la otra. imposibilitadas de
cobrar a sus deudores o de pagar a sus acreedores. y
añádase, el desmembramiento de las empresas
multierregionales, con directivos en distintos
territorios, incomunicados, a veces enfrentados, y con
instalaciones desconectadas.
Avanzada la guerra, también se rompió la unidad
monetaria. En las primera ssemanas de la contienda nadie
creyó en la posibilidad de un largo enfrentamiento, y
por lo tanto, la idea de una ruptura en lo monetario, no
llegó a plantearse en ninguno de los dos bandos. Pero
cuando se tomó conciencia de que el enfrentamiento no
iba a ser corto, ambas partes acomodaron a esta
percepción sus diferentes estrategias financieras,
produciéndose la ruptura formal de la circulación
monetaria en noviembre de 1936, fecha en que la
estabilización en el frente de Madrid, hizo evidente que
la guerra iba a prolongarse más tiempo del previsto. El
autoproclamado Gobierno nacional de Burgos rompió la
comunidad dineraria, y el Gobierno republicano lo aceptó
inmediatamente, dando origen a dos sistemas monetarios
enfrentados. Dos pesetas diferentes. Luego hablaremos de
ello.
Desde el primer momento pudo apreciarse la notable
desigualdad económica de las dos zonas. En primer lugar,
la consolidación de los frentes definió dos comunidades
demográficamente desiguales. La población de España
era, en aquellos momentos, de 24 millones de habitantes.
Catorce quedaron en territorio republicano, y diez en el
nacional. El Gobierno de la II República mantenía, la
iniciarse el conflicto, el control sobre 22 capitales de
provincia, 28 los sublevados. y la estructura económica
y social de una y otra zona, eran notablemente
diferentes.
La zona republicana era de carácter industrial, y de
alta densidad de población. Comprendía la casi
totalidad de las grandes áreas urbanas e industriales, y
la mayor parte del litoral marítimo. Su agricultura se
centraba en la producción de agrios dirigidos a la
exportación (90 por 100 de la naranja y 95 por 100 del
limón), integraba el 50 por 100 de la producción de
aceite, y la mayor parte de la producción
hortofrutícola. Era el área de mayor nivel de renta y
de capacidad de consumo, aunque tenía notables carencias
de productos básicos de subsistencia, situación
agravada por el bloqueo naval de la zona republicana, que
impidió complementar los suministros por vía de
importaciones. De esta manera, la escasez de productos
básicos de consumo, especialmente grave en las grandes
ciudades, fue un componente constante de la vida en la
retaguardia republicana.
La zona nacional, por su parte, comprendía
fundamentalmente las zonas rurales del país, con graves
limitaciones en cuanto a producción industrial, pero con
abundancia de productos básicos de consumo. Contaba con
las dos terceras partes de la producción de trigo, con
la mitad de la de maíz, con el 60 por 100 de la
producción de leguminosas, y con la mayor parte de la de
patatas. Disponía también de la mayor parte del ganado
y de la producción lanera.
En resumen, puede estimarse que al empezar la guerra
civil, el 30 por 100 del producto rural correspondía
aproximadamente a la zona republicana y un 70 por 100 a
la zona nacional, frente a casi un 60 y un 30 por 100
respectivamente de población. Del producto industrial,
alrededor del 80 por 100 se encontraba en la zona
republicana, frente al 20 por 100 en la zona nacional. En
otro orden de cosas, el territorio republicano coincidía
aproximadamente con el 70 por 100 del presupuesto
estatal, frente al 30 por 100 que podía imputarse a la
zona nacional.
Por lo que al sector financiero se refiere, la ruptura
dejó inicialmente en manos de la República los centros
financieros de Cataluña, Madrid y País Vasco, con todas
las centrales de los grandes bancos, las tres Bolsas de
Valores, y aproximadamente los dos tercios de las
oficinas bancarias. No disponemos de cifras
regionalizadas del balance financiero, pero índices
bastante precisos, me permiten decir, que unas tres
cuartas partes del ahorro existente en España,
correspondían a la zona republicana.
Desde el punto de vista económico y financiero, la
República superaba, pues, y muy ampliamente, los
recursos de la zona nacional. El propio Indalecio Prieto
lo manifestaba en los primeros días del alzamiento, en
un discurso radiado: «Todos los elementos financieros de
la sublevación que combatimos puede disponer en estos
instantes, decía, son escasísimos, ante los
dilatadísimos del Estado (…). Todo el oro de
España, todos los recursos monetarios españoles
válidos en el extranjero (…), están en poder del
Gobierno (…) Todo el poderío industrial de España
(…) está en nuestras manos».
Aunque esta indiscutible posición de fuerza de la
República, debe matizarse en función de las condiciones
de su territorio, partido y malamente comunicado, así
como por el práctico bloqueo que sufrió la República
por parte de los poderes económicos internacionales, con
la única excepción de la Unión Soviética. Lo que
contrasta con el hecho, de que los nacionales contaron
desde el primer momento con la decidida ayuda económica
y militar de las potencias del Eje y, desde luego, con la
connivencia del capitalismo internacional.
El superior punto de partida de la República, debería
haber sido determinante para un temprano y favorable
cierre del conflicto. Pero ya sabemos que las cosas no
fueron así. Y creo, con la información de que hoy
disponemos, que puede afirmarse ya, y esta va a ser mi
tesis de esta tarde, que el que las cosas discurrieran de
otra manera se explica, en alguna medida, en términos
económicos. Se explica por la distinta concepción que,
cda una de las áreas en conflicto, tenía sobre lo que
debería ser el modelo de conducción de la política
económica. Pues mientras en la España nacional se
impuso, desde el principio, un férreo control
centralizado sobre todos los recursos económicos, en el
contexto de un esquema nacionalista dirigido hacia el
exclusivo objetivo de ganar la guerra, en el ámbito
republicano, la atomización de la dirección económica,
y las diferentes definiciones conceptuales de o que se
pretendía, fue un fenómeno generalizado, que introdujo
mucho desorden en la administración de los recursos.
Especialmente, porque tenía como telón de fondo, el
continuo enfrentamiento entre los que querían la
revolución antes de ganar la guerra, y los que deseaban
precisamente lo contrario.
Desde luego, las políticas económicas fueron muy
distintas. El contenido de la política económica de la
II República quedó definido por tres componentes. Por
el germen anarcosindicalista de la revolución popular,
que desde el primer momento tomó la iniciativa en la
calle. Por el cambio violento del esquema de reparto de
la renta nacional. Y por el desarrollo mismo de las
medidas que fueron planteando unas fuerzas políticas de
contenido ideológico muy dispar, y a veces
contradictorio.
La doctrina que subyacía en la política económica de
los sublevados, por su parte, era de corte absolutista,
de larga historia en España, y renovada en el golpe del
18 de julio, a partir del éxito del
nacional-corporativismo italiano y del
nacional-socialismo alemán. Porque Franco defendió
siempre un nacionalismo económico a ultranza,
manifestado en una política proteccionista, y en un
dirigismo total que arrinconaba los planteamientos
liberales y capitalistas.
El Estado republicano mantuvo en los primeros momentos,
la apariencia de continuidad institucional. Pronto, sin
embargo, quedó claro que la superestructura
gubernamental no se correspondía con la realidad de la
calle, donde el Estado se iba disolviendo, día a día,
como un azucarillo en el agua de los poderes obreros y
populares, que con una inusitada rapidez asumieron el
control de instituciones y empresas.
De esta manera, en el territorio republicano convivieron
a lo largo de la contienda formas de producción
libertarias, nacionalizaciones, pequeñas propiedades
privadas, e incluso fórmulas de producción basadas en
puros esquemas capitalistas, como era el caso de Vizcaya.
Todo lo cual introdujo una enorme confusión, e
imposibilitó la más mínima dirección económica. Para
acabar de agravar esta situación, las colectivizaciones,
por un lado, y por otro la sustitución de las
organizaciones municipales por comités
político-sindicales, rompieron por completo la cadena de
mando republicano, forzando al Gobierno central a dedicar
su atención a varios frentes al mismo tiempo. la tarea
fundamental era ganar la guerra a los nacionales, pero en
muchas ocasiones, y con parecida intensidad, se
superponían otras guerras contra los órganos de poder
paralelos que iban surgiendo en lugares donde las
organizaciones obreras revolucionarias eran hegemónicas.
Aparece todavía más patente la complejidad que suponía
la conducción de la economía republicana, si se
considera la intensa utilización que la República hizo
de modelos de descentralización regional. Porque vascos
y catalanes tuvieron desde el principio una organización
política propia, asumiendo facultades legislativas y
ejecutivas. Lo que significó, que durante buena parte de
la contienda, el área republicana actuara con poderes a
tres bandas, Estado, Cataluña y País Vasco. A lo que
hay que sumar los territorios controlados por otras
instituciones con vocación autonómica, como el Consejo
Revolucionario de Aragón, el Consejo de Asturias y
León, y el Consejo Interprovincial de Santander, Burgos
y Palencia, que de hecho se convirtieron en verdaderos
enclaves autónomos, con amplísimas facultades de
gestión.
El resultado práctico fue, que durante el primer tercio
de la contienda, coexistieron en el territorio fiel a la
II República seis Gobiernos con plenos poderes, a los
que habría que añadir una infinidad de poderes locales.
Todos ellos mantuvieron esquemas jurídico e
institucionales independiente, en los que la
intervención del sistema económico fue una realidad, el
control del sistema financiero total, y la ruptura con el
sistema monetario republicano un hecho. En algunos de
ellos, incluso, se realizaron extraños experimentos
sociales, se establecieron verdaderos límites aduaneros,
o se acuñó moneda propia, lo que introdujo en el
sistema medios de pago complementarios. Las causas que
dieron lugar a esta multiplicidad de monedas fueron
diversas. Porque algunas constituían una clara
manifestación de independencia política, pero otras
sólo respondían a la escasez de medio de pago, so
simplemente eran producto de esa variopinta gama de
experimentos de carácter económico y social. Todo ello,
sin embargo, introdujo en la gestión económica notables
factores distorsionantes.
En el sector agrario, la política de la República se
decantó desde el principio por derroteros de corte
revolucionario. En agosto del 36 se llevó a efecto la
intervención municipal de las tierras, aunque, de hecho,
fueron casi siempre los sindicatos o los comités los que
se hicieron cargo de la colectivización. Entre octubre
del 36 y la primavera del 38, por lo menos un 60 por 100
de la tierra sembrada pasó a manos de los campesinos.
Por lo que se refiere a la producción industrial, la
amalgama de intervenciones oficiales de las diferentes
autoridades, además de las extraoficiales, llevaron a la
industria republicana a una situación verdaderamente
confusa, que el Gobierno de la II República no
consiguió atajar.
Con la llegada de Negrín al poder en mayo del 37, la
dirección republicana en lo económico pareció mejorar,
porque diseñó un programa, que pretendía recuperar
para el Estado las áreas de poder perdidas en los
primeros meses de la guerra, así como el fortalecimiento
interno del sistema monetario, del abastecimiento, y de
la industria de guerra. Pero este intento, que nunca fue
profundo, llegó tarde, porque ya estaba próxima la
caída del norte, con sus importantes recursos
económicos. Y aunque a partir de ese momento, el
Gobierno Republicano trató de recuperar la capacidad de
decisión que le habían arrebatado los poderes
autónomos, ello no evitó el colapso final del sistema
productivo republicano, afectado por la falta de una
política económica racional, y especialmente de una
política monetaria que tuviera un mínimo rigor.
El punto de partida de la España nacional fue
radicalmente distinto, porque tuvo que crearse de nuevo
todo el aparato administrativo y político. Se hizo
inspirándose en criterios absolutamente
intervencionistas. Porque con una voluntad de control de
corte militar, la Junta de Defensa Nacional actuó, desde
el inicio de la sublevación, como poder político
supremo, e impuso un dominio absoluto. Especialmente en
lo que afectaba a la economía, donde se estableció un
riguroso control sobre todos los recursos. y hay que
destacar el pragmatismo de Franco que, pese a ello, no
nacionalizó, ni la industria, ni l banca, ni siquiera el
Banco de España, a pesar de las presiones que tuvo,
especialmente de una Falange que, en determinados puntos,
estaba más a la izquierda que algunos partidos del
Frente Popular.
La política agraria de la zona nacional pudo
desarrollarse desde una cómoda posición, puesto que se
contaba con un parte sustancial de las producciones
alimentarias básicas. En agosto del 36 se abolió la
política agraria implantada por la Segunda República,
suprimiendo radicalmente la distribución de la tierra
entre los braceros, introduciendo una especie de reforma
agraria cuyo objetivo era la colonización, la puesta en
regadío, la parcelación y otras mejoras técnicas,
dejando en un segundo término la redistribución.
También se devolvieron inmediatamente a sus antiguos
propietarios las fincas expropiadas. Y la optimización
de los recursos agrarios se intentó resolver a través
de la creación de los «Servicios Nacionales», el más
importante de los cuales fue el «Servicio Nacional del
Trigo», que concentraban en sus manos la recolección y
la comercialización, de los productos que tenían
asignados, así como la gestión de créditos bancarios a
los agricultores.
Por lo que se refiere a la industria, la Junta de Defensa
Nacional impuso desde los primeros días un dominio
absoluto sobre todos los sectores económicos, y sobre
las empresas privadas, estableciendo mecanismos para
intervenir todos los resortes fabriles. sin excepción,
la instalaciones industriales estuvieron sujetas a una
férrea intervención a lo largo de toda la guerra,
necesitando autorización previa para modificar sus
esquemas de producción. Y desde el primer momento se
procedió a decretar la incautación de toda clase de
minerales, y de sus derivados, así como de los productos
procedentes de transformaciones industriales, incluida la
producción de las minas de Río Tinto, propiedad
inglesa.
Debe quedar claro, en todo caso, que la guerra civil
española no fue una guerra convencional. Porque fue una
guerra total, especialmente desde el lado de los
nacionales, con todos los frentes abiertos, pero con
especial atención al económico. Se conocen múltiples
episodios que demuestran esa obsesión por la guerra
económica. Por ejemplo, controlando desde la zona
nacional decisiones empresariales de la zona republicana,
o presionando a terceros países para que no se exportara
trigo a la República, o tratando de hundir el cambio de
la peseta republicana, o introduciendo masas monetarias
para presionar sobre la inflación, o propagando rumores
económicos, especialmente sobre el futuro de la peseta
republicana, para incrementar el consumo y por lo tanto
acentuar el sentido de la escasez.
Tenemos testimonios de que en el Estado Mayor de Burgos
se respiraba un clima de ofensiva total, que se
manifestaba en el hecho de que los más dispares
estamentos, comisiones y grupos de trabajo, estaban
permanentemente investigando, o debatiendo, las más
diversas alternativas para lesionar al enemigo a través
de toda clase de instrumentos, pero especialmente en el
terreno económico. Ya lo dijo Larraz al terminar la
contienda: durante la guerra, hasta las normas de
política monetaria tuvieron un espíritu bélico.
La influencia de cada una de estas aproximaciones a lo
económico sobre el desarrollo de cada una de las áreas
en conflicto fue clara en las magnitudes económicas. En
la zona nacional, crecimiento importante de la
producción, y un satisfactorio control de la masa
monetaria y de los precios. En la zona republicana,
caída de la producción, aumento incontrolado de la
circulación fiduciaria, y una inflación galopante.
Vamos a verlo con un poco más de detalle.
Por lo que respecta a la evolución de la producción
agraria, los experimentos socioeconómicos implantados
por la República arruinaron rápidamente el campo. En el
trigo, uno de los productos fundamentales del agro
español, las cosechas de la República no fueron capaces
de mantener los niveles de preguerra, mientras que en la
zona nacional se aumentó hasta tal punto su producción,
que la saturación del mercado llegó a provocar una
caída de los precios.
La zona republicana era muy rica en productos agrícolas
de exportación, y en ello se habían depositado grandes
esperanzas de conseguir las divisas necesarias para
financiar las importaciones de material de guerra. Pero
las desavenencias entre anarquistas, que controlaban la
exportación naranjera del Mediterráneo, los comunistas,
y los propios agricultores, así como las dificultades de
navegar por aguas hostiles, arruinaron esta posibilidad.
El comportamiento del sector minero fue otro reflejo del
desorden con que la República explotó sus recursos
económicos. Y el carbón, principal fuente de energía
de la España de aquella época, constituye un buen
ejemplo. Porque, aunque gran parte de este mineral se
encontraba en Asturias en manos de los republicanos, su
escasez fue la característica en el territorio de la
República, en la medida que su producción fue
prácticamente nula a lo largo de la contienda. En
contraste con la favorable evolución de la producción
de carbón bajo control de los nacionales, primero en
León, y más tarde en Asturias, donde la producción se
recuperó, tan rápidamente, que para 1938 se había
alcanzado un 75 por 100 del nivel prebélico, y en el 39
el 100 por 100.
Lo mismo puede decirse del mineral de hierro, en el que
los nacionales alcanzaron importantes volúmenes de
producción, donde los republicanos sólo habían
alcanzado cifras modestas. En la Vizcaya republicana, por
ejemplo, la producción de mineral de hierro en la
segunda mitad de 1936 sólo alcanzó los dos tercios del
primer semestre, y en la primera mitad del 37 la
producción era ya sólo de un tercio. Tras la toma de
esta provincia por los nacionales, la producción de
mineral de hierro creció rápidamente, y en 1938
superaba ya el nivel de preguerra. Otro ejemplo lo
constituye el de las minas de cobre de Huelva, donde,
presionados por la necesidad de fomentar las
exportaciones para financiar sus importaciones, los
nacionales cuadruplicaron la producción, sobre el nivel
de preguerra.
La industria pesada permaneció fundamentalmente en manos
de la República hasta la segunda mitad de 1937, momento
en que la cornisa cantábrica pasó a manos de los
nacionales. y aunque el área republicana siguió
manteniendo el control de la siderurgia de Sagunto, ésta
no pudo desarrollar plenamente su actividad, por
dificultades de aprovisionamiento.
Hay que destacar también que el Gobierno de Burgos que
en todo momento consciente de la importancia que para el
buen fin de la guerra representaba el contenido
económico de la Ría de Bilbao y del conjunto del eje
Asturias-País Vasco. Y su conquista y explotación
posterior, coordinada e intensiva, centró sus esfuerzos.
una política que contrastó fuertemente con la que la
República había practicado en la primera parte de la
guerra en las diversas provincias de ese eje cantábrico,
donde al bajo ritmo de producción se sumó la
descoordinación.
Para precisar un poco más la efectividad de ambas
políticas económicas, he tratado de hacer una
valoración de la evolución comparada de la producción
industrial, a través de un índice que, aunque
elemental, creo que es bastante representativo. He
calculado, por un lado, el valor en pesetas constantes de
la producción minera, siderúrgica y de las industrias
derivadas de la minería, de las 23 provincias que
permanecieron en el lado nacional desde el comienzo de la
guerra. Por otro lado, el de las 15 que estuvieron en el
lado republicano hasta finales del 38. Es una muestra que
sólo representa el 45 por 100 de la producción total
española, pero pienso que el índice puede considerarse
válido, porque el resto del territorio no es
significativo por haber cambiado de manos en distintas
épocas durante la guerra. Pues bien, a partir de mis
cálculos se puede deducir que, con índice 100 en 1935,
la producción en esas 15 provincias republicanas, bajó
hasta el índice 37 en 1936, al 29 en el 37, y el 28 en
el 38. Es decir, la producción republicana experimentó
durante la guerra un retroceso aproximado del 72 por 100.
En el lado nacional, a partir del mismo índice 100 en
1935, el valor de la producción de las 23 provincias
descendió hasta 70 en 1936, recuperó el 84 en 1937, y
alcanzó prácticamente el nivel de preguerra en 1938,
con un índice 96 sobre 100.
En cuanto al sector terciario, la zona nacional recuperó
una aceptable normalidad al poco de comenzar la guerra,
al amparo del respeto a la estabilidad monetaria. Las
intervenciones sin control, por el contrario, y el
desbarajuste monetario, descabalaron el desarrollo de los
servicios en la zona republicana. De esta manera,
mientras el transporte terrestre se iba normalizando en
la zona nacional, incluso con incremento del número de
viajeros y kilómetros recorridos, en el territorio
republicano las dificultades de conseguir combustible
impidieron el servicio que demandaban las operaciones
bélicas, y desde luego el servicio a la población
civil.
En lo relativo al transporte marítimo, el hecho de que
las más importantes navieras tuvieran su sede social en
las provincias de la cornisa cantábrica, tuvo como
consecuencia que en los comienzos de la contienda, la
flota mercante republicana fuera muy superior a la
nacional. La caída de esa zona, sin embargo, sobre todo
de Bilbao, donde se encontraba lo más granado de la
flota mercante española, supuso que un fuerte volumen
del tonelaje de la flota republicana se internara
voluntariamente en puertos extranjeros hasta el final de
la guerra, eludiendo la reincorporación a una zona u
otra. Fue también motivación de la flota republicana,
la confiscación de buques que la Unión Soviética
practicó, como garantía adicional para el cobro de los
suministros de guerra. De esta manera, mientras los
republicanos veían descender drásticamente sus
efectivos marítimos, los nacionales aumentaban
paulatinamente los suyos, mediante el apresamiento de
buques españoles republicanos, y de algunos extranjeros.
La ruptura tenía que reflejarse necesariamente en la
gestión bancaria. La República mantuvo desde el primer
momento en su poder la capital del Estado, y con ella los
órganos centrales del sistema bancario, el Banco de
España y el Consejo Superior Bancario, así como todas
las sedes de los grandes bancos. Ello, y la huida a la
zona nacional de la mayoría de los responsables de las
cúpulas bancarias, forzó al Gobierno republicano a
tomar progresivamente en sus manos el control directo de
todos los resortes del sistema financiero, hasta que
terminó por convertirlo en poco más que un apéndice
del Ministerio de Hacienda. La banca republicana fue
viendo, además, cómo desaparecían poco a poco los
fundamentos de su negocio, en paralelo a la progresiva
disminución del espacio geográfico en que desarrollaba
su actividad, y a la descomposición de la moneda
republicana, que en algunos momentos llegó a
contabilizar una inflación de hasta el 900 por 100
anual, en absurdo maridaje con unos tipos de interés del
3 o 4 por 100.
Los nacionales partieron del polo opuesto, pero con el
mismo objetivo de control. Y a partir de unos pocos
bancos regionales, y de las sucursales de las grandes
instituciones financieras, así como con los efectivos de
los Consejos de Administración de los grandes bancos,
que fueron pasándose al territorio nacional, terminaron
por reconstruir un sistema bancario relativamente
ortodoxo y eficiente, aunque fortísimamente intervenido.
Siempre al servicio de la guerra, sin concesión alguna,
pero respetuoso con la propiedad privada y con cierto
margen de iniciativa para los banqueros.
La mayor coherencia de la política económica de la zona
nacional se trasladó también a otros órdenes de la
vida financiera. De esta manera, la peseta nacional vió
cómo su poder adquisitivo se mantenía bastante estable,
mientras en la zona republicana se desarrollaba una
inflación galopante, por la desproporción existente
entre circulación monetaria y oferta de productos, por
la desconfianza que despertaba la evolución de la
guerra, tanto en el interior como en el exterior, y por
la intensificación de la guerra monetaria. También en
los mercado internacionales la peseta nacional se fue
distanciando cada vez más de la republicana.
Como no podía ser menos, el sector exterior estuvo
subordinado en todo momento, y en ambas zonas, al
sostenimiento de la maquinaria de guerra. pero las
condiciones de las que partía la economía de cada
contendiente crearon dos modelos muy diferentes de
comportamiento exterior. la República financió sus
importaciones utilizando las Reservas de oro del Banco de
España. Los nacionales se decantaron por el
endeudamiento, y por la compensación con exportaciones.
En algo coincidieron, aunque con diferencias de talante
en lo que se refiere al respeto a la propiedad privada. y
fue en que ambos persiguieron afanosamente las divisas y
valores extranjeros que poseían sus respectivos
ciudadanos, y en que ambos se hicieron cargo, más o
menos forzosamente, de los objetos de oro, plata y
piedras preciosas de propiedad privada. Sirva de ejemplo
de hasta dónde se llegó en estas prácticas en la zona
nacional, que a principios de 1938 una Orden ministerial
reclamaba sin ningún complejo como propiedad del Estado,
los residuos de metales preciosos, incluso las llamadas
«escobillas» sobrantes de los dentistas.
La ruptura dejó en manos de la República todas las
reservas de oro, trasladadas posteriormente, como es
conocido, a Cartagena, y desde allí a Odessa, lo que
permitió al Gobierno de la II República sostener por
bastante tiempo su esfuerzo de guerra. Pero agotado en
1938 el oro, y en el contexto de una negativa evolución
de la guerra, con declaraciones internacionales del
Gobierno de Burgos sobre no asunción de los créditos de
la República, y con la hostilidad del capital
internacional, la capacidad de la República para
financiar sus adquisiciones en el exterior, terminó
siendo nula, mientras los nacionales continuaron
financiando sus suministros sin grandes dificultades, con
exportaciones y con créditos internacionales.
En lo que al comercio se refiere, el de la República se
desarrolló fundamentalmente con Rusia, y en menor medida
con Francia y Méjico, mientras los nacionales lo hacían
con Alemania, Italia y Portugal. La República sufrió
por ello continuos problemas en el suministro exterior,
al depender éstos básicamente de un solo origen, Rusia,
comunicado muy deficientemente a través de un mar
hostil. Los nacionales, por el contrario, consiguieron
mantener un suministro regular de material bélico de
Alemania e Italia, energético de Estados Unidos en
cuanto al petróleo, y de carbón de Alemania.
Importaciones recibidas, además, bajo la constante y
eficaz vigilancia de la flota del Eje italo alemán.
Cuando en noviembre del 36 la estabilización del frente
de Madrid era ya patente, los nacionales sumaron la
política monetaria a la serie de medidas económicas que
venían tomando. Sus objetivos eran meridianos. Conseguir
una bandera de soberanía muy diferenciada, descolgare de
un sistema monetario que hasta ese momento era común,
organizando su propio sistema desde la ortodoxia
económica y destruir el sistema monetario enemigo
mediante un conjunto de medidas que, en otro momento, no
he dudado en calificar como de verdadera guerra
monetaria. Una guerra monetaria perfectamente planificada
y con una estrategia muy meditada.
Las hostilidades monetarias se iniciaron en noviembre del
36. Un Decreto de los nacionales ordenaba estampillar
todos los billetes en circulación en su territorio, a la
vez que declaraba nulos los puestos en circulación por
la República después del 18 de julio. Al otro lado del
frente, el Gobierno republicano prohibía la tenencia de
los billetes estampillados por los nacionales. Y de esta
manera, de la extinguida comunidad monetaria, salían
independizadas dos monedas opuestas, dos pesetas
diferentes.
Unos pocos meses más tarde, los nacionales ponían en
circulación nuevos billetes para sustituir a los
estampillados. Y ya con la moneda perfectamente
identificada y separada, el Gobierno de Burgos inició un
continuado acoso contra la moneda republicana, tanto en
los mercados interiores como en los exteriores, lo que
terminó por acabar con la peseta de la República.
La fase más intensa y sofisticada de este acoso
monetario, se alcanzó con la elaboración, en agosto de
1938, de un Decreto reservado por el que se aprobaban
diversas disposiciones para utilizar en beneficio del
Estado nacional, los billetes puestos en circulación por
la República con posterioridad al 18 de julio, que iban
siendo confiscados en los territorios conquistados. Dada
su índole reservada, el Decreto no fue publicado en el
Boletín Oficial del Estado de Burgos. En él se
disponía la creación por carácter secreto, por razones
de Estado, de un comité gestor de un llamado «Fondo de
papel moneda puesto en circulación por el enemigo»,
cuyos objetivos eran fundamentalmente tres: convertir en
divisas el papel moneda republicano, deprimir el curso de
los billetes republicanos en el mercado exterior, y
financiar el costo de «servicios informativos» y
«humanitarios» en la zona aún no liberada.
En primer lugar, pues, se trataba de convertir las
pesetas republicanas, válidas en los mercados
internacionales, en divisas, en un momento de absoluta
escasez de éstas para financiar las importaciones de
material de guerra. Consta que se hizo, aunque ignoramos
en que cuantía.
Se trataba, también, de financiar con estos billetes,
devueltos irregularmente a las zonas no conquistadas, la
actuación de las «quintas columnas», que operaban en
zona republicana, objetivo real camuflado bajo el
eufemismo de «servicios informativos y humanitarios» de
que hablaba el Decreto. He tenido acceso a unas notas o
memorias escritas a máquina y firmadas por el general
Ungría, jefe del Servicio de Información y Policía
Militar de la zona nacional, y Presidente que ha
resultado ser del Comité secreto, contando las penurias
presupuestarias que el Servicio de Información y
Policía Militar tenía para financiar sus tareas de
espionaje e información en la zona republicana. Sin
embargo, se decía en ellas, «todo ello mejoró cuando
el Servicio fue autorizado a vender en el extranjero la
moneda republicana que era confiscada al enemigo al
compás de los avances militares». Porque de esta
manera, se añadía, y cito textualmente, «conseguimos
mantener pujante y eficaz una organización de
corresponsables en el extranjero, con la que ni habíamos
soñado, y adquirir material técnico, especialmente de
transmisiones, para mejorar los servicios de la Quinta
Columna de Madrid». Y concluía diciendo, que el
reenvío de los fondos requisados en el avance de las
tropas en territorio republicano, hizo posible «la
creación de una sutil y cerradísima malla de
entorpecimientos, sabotajes y captación de secretos».
Mucho más importante fue la utilización del dinero
confiscado en el avance de las tropas, para hundir la
cotización de la moneda republicana en el exterior,
colocando en los mercados contingentes de esa moneda. He
tenido la oportunidad de disponer de algunos de los
interesantísimos informes del Servicio de Estudios del
Banco de España, que constituyeron los antecedentes del
Decreto reservado. En uno de ellos, y al hablar de los
billetes requisados en los avances, se pregunta el autor
del informe, y cito textualmente: «Por qué no servirse
de esos billetes y utilizarlos, en lícita cooperación a
los fines de la guerra, hundiendo la cotización de la
peseta roja en el extranjero». Esta actuación,
concluía «originaría el cierre de una de las escasas
probabilidades de comercio exterior con que aún cuenta
el gobierno de Barcelona: la de importar, pagando con sus
propios billetes».
En el mismo sentido, otro informe, de Enero de 1938,
firmado por José Larraz, proponía el no reconocimiento
al terminar la guerra de los billetes republicanos
poseídos en el extranjero por entidades o personas
individuales, pero advertía del peligro que se corría
de que se pusieran en marcha por parte de los tenedores
de aquellos billetes, acciones ante el Tribunal
Internacional de La Haya, reclamando contra la anulación
de los mismos, y pidiendo al Estado español su
convalidación. Y para ello se recomendaba forzar a la
baja la cotización de los billetes republicanos en el
extranjero, a través de una depreciación rápida y
violenta, en orden a cubrirse de la eventualidad de verse
obligados en algún momento a dar una contrapartida a
precios de mercado a la masa de billetes emitidos por los
republicanos.
En parte gracias a estas campañas, y por supuesto, y de
manera fundamental, a la evolución que seguía la
guerra, la cotización en París de la peseta republicana
cayó desde los 26 francos por 100 pesetas de julio del
38, a 9 francos a finales de ese mismo año, y a 2
francos en febrero de 1939.
Pienso también que es posible que esos reenvíos
irregulares de billetes republicanos pudieran haber
tenido algún efecto inflaccionario en la España
republicana. Aunque esto sea algo muy difícil de
concretar, por las dificultades de conocer el volumen que
alcanzaron esos reenvíos, en relación a la ya abundante
expansión monetaria que sufría la República. Y no creo
que lleguemos a saber nunca cuánto de la terrible
inflación que sufrió la República se debió al gran
desequilibrio manifestado entre una producción que se
iba desplomando y una incontrolada emisión de billetes,
y cuánto al reenvío desde Burgos a las zonas todavía
en poder de la República, de billetes republicanos
confiscados.
Lo cierto es que, al terminar 1937, la pérdida de poder
adquisitivo de la moneda republicana era ya del 75 por
100 del nivel de preguerra, frente a sólo un 17 por 100
de pérdida de poder adquisitivo de la moneda nacional, y
que a finales de 1938 la moneda republicana ya no
conservaba prácticamente ningún valor, mientras que la
nacional sólo se había depreciado en una cuarta parte,
desde el comienzo de la guerra.
Cómo la propia Ley de Desbloqueo decía en su
exposición de motivos a finales de 1939, «es ya
innegable que la tajante división de los billetes en
legítimos y nulos constituyó un arma de guerra
eficacísima, que forzó los precios, y la velocidad
monetaria en la zona republicana».
En todo caso, los esfuerzos del Gobierno de la República
por regular el volumen de su circulación fiduciaria
nunca consiguieron su propósito. Porque la moneda vasca,
la catalana, o las aragonesas, santanderinas o
asturianas, junto a otras de las más variadas
características, como los vales de empresas y los
sustitutos anarquistas a la moneda, dibujaban un bosque
de medios de pago de imposible control. Sólo en
Cataluña, de los 1.075 municipios existentes, 687
emitieron su propio papel moneda. Y en las provincias
valenciana sólo hicieron 386 municipios, de un total de
545.
El fin de la contienda exigió el paso de una economía
de guerra a una economía de paz, totalmente
intervencionista. La normalización del sistema
productivo, la unificación de las dos monedas, la
creación de un nuevo sistema monetario no respaldado por
reservas metálicas y la reconstrucción económica del
país, eran las tareas más importantes a las que se
enfrentaban las autoridades del nuevo Régimen.
En consecuencia, nada más acabar la guerra se procedió
a desmilitarizar las empresas industriales. Se aceleró
la normalización de los pagos de intereses y principal
de la deuda pública. Comenzaron a eliminarse las
moratorias mercantiles de pagos. Se sometió a bloqueo
una buena parte de los pagos realizados en la República
con dinero desvalorizado. Y las Bolsas volvieron a
operar.
Pero los principales problemas, los monetarios y los
financieros, seguían pendientes de solución,
constituyendo el principal obstáculo para el
restablecimiento de la normalidad económica. Porque tras
el derrumbe territorial de la II República, existían en
circulación cantidades importantes de billetes
republicanos válidos, junto a otros invalidados desde
Burgos. En la zona que fue republicana había también
grandes masas de dinero bancario bloqueado. Y la moneda
del nuevo Estado español vivía en precario por la
pérdida definitiva de su respaldo metálico tradicional.
El Banco de España, por otra parte, seguía pendiente de
sanear y fusionar los balances de los dos Bancos
emisores, Burgos y Madrid que hasta entonces habían
operado.
El Gobierno se movió con rapidez. Se posibilitó el
canje de los billetes republicanos válidos por pesetas
nacionales, disponiéndose la recogida forzosa del resto
de los billetes republicanos, sin ningún tipo de
contrapartida. pero el problema crucial consistía en
movilizar las grandes masas de dinero depositado y
bloqueado en las cuentas bancarias de la zona que fue
republicana, para evitar que esas masas introdujeran en
la economía del nuevo régimen, un proceso inflacionario
similar al que había sufrido la República.
La Ley de Desbloqueo de diciembre de 1039 solucionó el
problema con eficacia, al reglamentar la transformación
de saldos bancarios de moneda republicana a cuentas
bancarias en moneda nacional, mediante la aplicación de
unos coeficientes correctores, de acuerdo con la
relación existente entre los valores de las dos pesetas
en el momento en que se había producido cada ingreso en
cuenta bancaria.
Pero pese a su éxito, la Ley de Desbloqueo planteó
importantes problemas éticos. Porque el Gobierno de
Burgos no reconoció ningún valor al dinero en efectivo
republicano, a pesar de la opinión en contra de
instituciones como el Banco de España, que alegaba
razones de justicia y de imagen. y porque la rigidez del
mecanismo de aplicación llevó a flagrantes injusticias
y a agravios comparativos, tanto derivados de la propia
mecánica, como de la arbitrariedad y discrecionalidad de
que disponían las instituciones bancarias en su
aplicación. Puede decirse, incluso, que la Ley de
Desbloqueo fue una continuación de la guerra monetaria,
porque su mecanismo de aplicación terminó utilizándose
también como arma de represalia contra los ciudadanos de
la República.
En todo caso, desde el punto de vista económico, el
problema más importante fue que la moneda española,
tradicionalmente respaldada por las reservas de oro de
Banco de España, tenía que presidir de dicho apoyo. En
noviembre de 1939 se dio paso al nuevo sistema. Se
derogó la garantía metálica de oro y lata de os
billetes en circulación. Se eliminó el límite de
crédito bancario que podía conceder el banco emisor al
Estado. Y los títulos del estado pasaron a ser la
contrapartida en el activo a los billetes en circulación
del Banco de España.
De esta manera, la circulación monetaria del sistema
español, hasta entonces rígidamente relacionada con las
reservas de oro del Banco de España, quedaba abierta a
un crecimiento sin límites, mediante la contabilización
de los billetes en su pasivo, y la adquisición con él
de deuda del Tesoro, que pasaba a su activo. Y la
política monetaria del país, que había dependido en
gran medida de las directrices del Banco de España,
pasó a la tutela de Ministerio de Hacienda, que en el
futuro no sería tan disciplinado como lo había sido en
el pasado el Banco emisor. Pero este es otro problema.
En marzo de 1942, el Banco de España unificó las
cuentas de los dos Bancos de España de Madrid y Burgos
en un sólo balance, en el que ya no figuraban en el
activo, ni el oro, ni los créditos contra entidades
republicanas, mientras que en el pasivo desaparecían los
billetes de la República.
Paralelamente, comenzó reconstrucción industrial de
país. La creación del Instituto Nacional de Industria
fue el eje sobre el que esa política descansaría, con
el complemento de una política de bajos tipos de
interés.
Aunque los niveles prebélicos de producción no se
recuperaron hasta el comienzo de la década de los 50,
porque la incipiente recuperación de los seis meses
siguientes de 1939, se cortó con el estallido de la
segunda guerra mundial. Y porque el sesgo de nuestra
política exterior dificultó el comercio con los
aliados. España no pudo repetir la acumulación de
capital que logró con su neutralidad en la primera
guerra mundial.
Posteriormente, las restricciones económicas impuestas
por las potencias europeas y norteamericanas a España
tras la derrota del Eje, dificultarían aún más la
reconstrucción, hasta colocar al país al borde del
desastre económico, tal como la Administración
Americana reconocía en 1947. Hasta que en los años
finales de los cuarenta, y coincidiendo con el bloqueo de
Berlín, Estados Unidos comenzó a abrir la mano, y en
España comenzó otra historia.
José Angel Sánchez Asiaín
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