HA RENACIDO LA
DEMOCRACIA ORGANICA
Querido
Gonzalo:
Cuando ya estás al otro lado del espejo, y ves las cosas
del mundo con la serenidad y el buen ánimo inconmovibles
que no dudamos te han sido deparados, te dedico mi
último artículo de análisis político, que de seguro
te habría complacido y hecho sonreír si lo hubieras
leído antes de irte.
Ya ves, inolvidable compañero, cómo no errábamos al
mantener ciertas ideas desde una fundamental actitud de
lealtad hacia los grandes principios y nuestros hombres
mejores, pero bien hermanada con un espíritu de crítica
siempre sincera y nunca servil.
Haz cuanto puedas, querido Gonzalo, para que tus amigos
perseveremos en ese afán intelectual de que nos diste
tan cabal, continuo y tenaz ejemplo.
I. Un acierto en cuanto al fondo. Ser persona veterana -o
añosa, como cabe también decir para evitar «viejo» y
«anciano» por sus desagradables connotaciones- implica,
junto a otras, la ventaja de poder comparar, con
fundamento en la propia experiencia, hechos históricos
que distan décadas entre sí. Tal es mi caso cuando me
veo analizando el último decreto-ley dictado por nuestro
Gobierno en el año 2001. Me refiero al n° 16, de
27-XII, publicado en el BOE del 31, sobre «medidas para
el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y
flexible».
En el artículo 25 del Fuero de los Españoles, de 1945,
leíamos: «El trabajo, por su condición esencialmente
humana, no puede ser relegado al concepto material de
mercancía... Constituye por sí atributo de honor y
título suficiente para exigir tutela y asistencia del
Estado». Sin llegar a tan altos términos, que resumen
los más encomiásticos del Fuero del Trabajo de 1938, el
texto legal citado hace un elogio indirecto del trabajo
como actividad cuya valoración no debe supeditarse a
criterios puramente mercantiles, contractuales y
reglamentarios. Al justificar las nuevas medidas
concernientes a jubilaciones, la exposición de motivos
reconoce que la prolongación de la vida activa
«repercute en la propia autoestirna del trabajador,
tiene efectos positivos sobre el sistema de pensiones
y... presenta indudables ventajas para el conjunto de la
Sociedad, que de esta forma puede aprovechar la
experiencia y los conocimientos de los trabajadores de
más edad».
Aunque algo tímidamente, los redactores del decreto-ley
han superado la corta visión del trabajo como un «medio
de producción», que los patronos retribuyen haciendo
só1o cálculos de beneficios, y que los operarios
prestan más o menos a desgana forzados por la necesidad,
y deseando sustituirlo cuanto antes por un ocio
acompañado de ingresos razonables. Hay en esto, sin
duda, buena parte de verdad, y hoy más que nunca en
nuestros ambientes de materialismo individualista,
hedonismo galopante y hegemonía del espíritu de
mercado; pero es un imponente desatino limitarse a tan
estrecha imagen de las cosas, e ignorar lo que cualquier
trabajo puede ofrecer a la persona de medio y ocasión
para dos fines: desarrollarse y madurar en la vida
ejercitando las propias capacidades, y ser un personaje
conocido y estimado por su papel en el contexto social.
Era un famoso tópico entre los comunistas, con Marx a la
cabeza, la idea de que, al llegar la venturosa era futura
del comunismo, el trabajo sería para el hombre la
primera necesidad. Seguramente, había en ello ciertos
ecos bíblicos: de lo dicho en el Génesis respecto a la
misión de cultivar el Edén, que Dios había confiado al
primer hombre, y del de- ber de honrar a Dios con el
trabajo de seis días, prescrito en el Deuteronomio. Pero
los comunistas echaron a perder esas raíces con su
ateísmo radical. Por otra parte, mientras ensombrecían
el ideal de los comienzos transfiriéndolo a un mañana
imaginario, fomentaban el resentimiento al enfocar el
trabajo en régimen de asalariado con la lente de la
explotación, y provocar en demasía el espíritu
reivindicativo para fines revolucionarios. Después, los
cambios iniciados en 1989 arruinarían por completo la
doctrina, sin dejar a salvo siquiera los ecos de verdad
que había en ella respecto al trabajo. Los comunistas de
ayer, sin ilusión de ideales, y conservando solamente
una dinámica de intereses inmediatos, han ido
resignándose a un conformismo vergonzante ante el orden
capitalista. Volveremos enseguida sobre ellos.
Está bien que, desde dentro del mismo sistema
capitalista, esté produciéndose una reafirmación del
valor psicológico y ético del trabajo. Está bien, por
consiguiente, que se haya promulgado entre nosotros ese
decreto-ley, aunque lo empañe ligeramente una inquietud
indisimulable por la presión financiera de las pensiones
sobre los presupuestos del Estado. Deseemos que, sentadas
unas primeras piedras, poco a poco vaya implantándose la
pauta defendida por The Economist en un artículo del
4-IX-1999: Let old folk work: déjese a los interesados
libertad para determinar en qué momento haya de terminar
su edad laboral según el régimen de contrato. Pero no
menos hemos de desear que, al mismo tiempo, se conciba y
articule un magno plan de diversificaciones profesionales
que haga posible, a las personas con oficios más duros y
peligrosos, continuar siendo útiles y reconocidas en
otras actividades productivas.
De todos modos, felicitemos a nuestro Gobierno por tener
ese gesto de prudencia, sin temor a que los más
veteranos pudiésemos evocar el espíritu de la vieja
«democracia orgánica». Con sus «jubilaciones a la
carta» -como las ha llamado alguien-, el equipo del Sr.
Aznar ha dado un paso nuevo, que quizá no sospechaba,
por la vía de la justicia social.
II. Vuelven aquellos consejos del «sindicalismo
nacional»… Recordemos una vez más, a los menos
iniciados en ideas e instituciones políticas, que la
expresión «democracia orgánica» no fue tomada del
fascismo italiano, y menos del nazismo de Hitler, sino
que fue propuesta, con anterioridad a nuestra Guerra
Civil, por Salvador de Madariaga, un pensador liberal
nada devoto del régimen nacido en 1936. Pese a esto, el
término se haría usual, aunque jamás figurara en las
leyes políticas de Franco.
Era curioso en ese sentido que, cuando el Generalísimo
hablaba de la peculiar democracia española, no citara
tanto las Cortes Españolas como los «consejos
económico-sociales»: organismos de ámbito territorial
en que participaban, junto a representantes de la
Administración del Estado, delegados respectivos de los
sectores laboral y empresarial que se integraban en el
llamado «sindicalismo nacional». Tales consejos
estudiaban los problemas económicos y sociales de los
ámbitos correspondientes, y elevaban propuestas al
Gobiemo para que fuesen convertidas en proyectos
legislativos, decretos, etc.
En el nivel nacional, aquel sistema sindical estaba
coronado, entre otros, por dos órganos de máxima
relevancia representativa, que actuaban por separado: el
Consejo Nacional de Trabajadores y Técnicos, y el
Consejo Nacional de Empresarios, cuyos miembros
respectivos procedian en parte de los consejos homólogos
provinciales. Dichos consejos nacionales estaban
capacitados para estudiar las directrices de la política
económica y social del Estado, colaborar en diversas
gestiones de gobierno, y defender los intereses a su
cargo ante los órganos públicos generales.
A propósito de tales órganos representativos de
trabajadores y de empresarios, considero ilustrativo
referir lo que me sucedió en 1977 cuando estaba ya
vigente la nueva Ley de Libertad Sindical, pero no
suprimido aún por completo el sistema sindical anterior.
Unos trabajadores, que deseaban poner en marcha un
sindicato de orientación cristiana, me requirieron para
una plática sobre la materia en el salón de un colegio
de religiosas. No recuerdo en absoluto lo que les dije,
salvo un consejo final: que procurasen a toda costa,
dentro del nuevo régimen pluralista, conservar los
consejos nacional y provinciales de trabajadores y
técnicos: porque corregirían la dispersión, y
potenciarían el influjo del mundo del trabajo en las
esferas oficiales de gobierno. Aquella noche, una voz
anónima tuvo el mal gusto de amenazarme de muerte por
teléfono, pero sin darme la menor explicación. Fue la
única vez en que me ha parecido ser alguien por motivos
políticos. La verdad es que, dado mi nulo peso en las
esferas oficiales, apenas me inquietó la baladronada
telefónica. Por otra parte, ¿qué había hecho yo sino
hablar en favor de los trabajadores? Todavía me pregunto
si la voz anónima pudo venir de un revolucionario
marxista, o de un vulgar esbirro al servicio del «divide
y vencerás» capitalista.
Si he recordado aquel incidente de hace veinticinco
años, es porque justifica la irónica reacción que ha
provocado en mí el párrafo inicial de la exposición de
motivos del decreto-ley objeto del presente comentario.
Allí leemos: «En el Acuerdo para la Mejora y el
Desarrollo del Sistema de Protección Social, suscrito el
8 de abril de 2001 por el Gobierno, la Confederación de
Comisiones Obreras, la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales y la Confederación
Española de la Pequeña y Mediana Empresa, se incluyeron
un conjunto de medidas...», etc. Compréndase mi
sorpresa cuando veo a la cúspide de Comisiones Obreras
-con su historial de sindicalismo comunista- colaborar
con el Gobiemo y la cabeza del empresariado para un
acuerdo pre-legislativo. Cualesquiera que sean las
razones po~ las que la UGT no se dignó participar en el
acuerdo, lo cierto es que los representantes de
Comisiones, al asumir de facto la representación de
todos, los trabajadores españoles, actuaron como antaño
habrían podido hacerlo unos comisionados del Consejo
Nacional de Trabajadores y Técnicos de la época de
Franco. Pasado un cuarto de siglo, han venido a reconocer
implícitamente que el Generalísimo tenía razón en
ciertas cosas...
Para justificar esto que digo, conviene hacer saber que,
tras dictarse la Ley de Libertad Sindical de 1976, los
componentes del Consejo Nacional de Empresarios pasaron a
convertirse limpiamente, sin el menor trastomo y bajo la
presidencia de la misma persona, en el consejo superior
de lo que se llamaría en adelante «Confederación
Española de Organizaciones Empresariales» (CEOE).
Siempre me ha parecido loable aquel sensato giro del
empresariado español; pero permítaseme decir que yo
tampoco estaba equivocado al desear la persistencia del
Consejo Nacional de Trabajadores. Examínense la
conciencia unos y otros, y tal vez en-contrarán algún
motivo de culpa.
III. En el puro estilo del gobierno por decreto. Pero hay
otros motivos por los que el repetido decreto-ley me hace
rememorar aquella fase de la historia política española
que algunos llaman tontamente «preconstitucional».
Suelen decir, frívolamente, que aquello era una
dictadura: porque, aparte otras cosas, no había
elecciones con partidos en liza, ni unas Cortes en que se
proyectaran, y el Gobierno legislaba con demasiada
libertad mediante decretos. Esto es verdad básicamente;
pero reconocerlo no equivale a dar por cierto que aquello
fuera una dictadura en el mal sentido de la palabra. No
vamos a insistir en este punto, porque nuestro Gobiemo
podría salir perjudicado sin necesidad. Sígase la
lectura, y enseguida se verá por qué lo digo.
Aquellas Cortes Españolas de Franco habían sido
concebidas esencialmente como el órgano superior de
colaboración en las tareas legislativas. Frente a ellas,
el Gobierno conservaba una indiscutible primacía, que no
significaba, sin embargo, manejarlas como una «Leal
Aclamación de su Excelencia». Desde su creación en
1942, y hasta 1946, tenían facultades para convalidar si
procedía, introduciendo en su caso las modificaciones
convenientes, los decretos-leyes emitidos por el Gobierno
en situaciones de urgencia. Fue una pena que tal
atribución se redujese a los pocos años a un trámite
rutinario de audiencia previa, en que intervenía una
especial comisión. De todos modos, la cifra media de los
decretos-leyes dictados durante décadas apenas difería
de la que nos han dispensado los Gobiernos de la
Monarquía.
Ciertamente, con la Constitución de 1978 se ha
restaurado el ortodoxo requisito de la convalidación
parlamentaria: por absoluta mayoría en el Congreso de
los Diputados. Pero en la práctica, ya se sabe: como
existe de antemano una sustentación mayoritaria del
Gobierno en dicha Cámara, es muy poco probable que le
sea revocado un decreto-ley. Só1o recuerdo algún raro
caso en que haya sucedido. Bajo este aspecto, pues,
apenas hay diferencias con el régimen de Franco.
Un mal conocedor de nuestros usos políticos tal vez
objetaría que la Constitución vigente supedita la
permisibilidad de un decreto-ley a que se den
circunstancias de «extraordinaria y urgente necesidad»
(art.86), que corresponde al Congreso ponderar desde su
celo soberano. Pero, ¡ay!, entre la incuria de unos y
los cálculos de conveniencia de otros ha ido creándose
la costumbre política de manejar el decreto-ley como una
vía legislativa de comodidad, que ahorra discusiones y
resistencias parlamentarias inútiles o retardatarias.
Ello ha sido facilitado -y aquí está lo más
interesante- por la previa percepción de algunas
demandas sociales especialmente intensas, que a veces han
llevado a unos acuerdos políticos pre-legislativos entre
el Gobiemo y ciertos conjuntos corporativos.
Y así, por la combinación del decreto-ley, como
legislación de comodidad, con el uso de concertar esos
acuerdos políticos, que son desconocidos por la
Constitución de papel, se ha ido creando el núcleo de
lo que hace veinte años (La Ley, 13-XI-1981) se me
ocurrió llamar «Constitución española extravagante»
o marginal. Esta Constitución efectiva, pero no escrita,
muestra claros aspectos de semejanza con lo que fuera la
«democracia orgánica» de Franco. Para no escandalizar
a los devotos de nuestro Gobierno «popular», debo
añadir que el hecho está en perfecta consonancia con
una idea que se remonta a la mismísima Revolución
Francesa, y que pasando por Saint-Simon y otros
socialistas, tendría un gran valedor en el muy liberal
Friedrich Hayek: la idea de que las leyes han de ser
hechas por los que saben, y contando con los diversos
intereses socialmente organizados.
Tal ha sido el espíritu con que nuestro Gobierno ha
procedido al modificar por decreto-ley, con base en el
acuerdo citado al principio, numerosas disposiciones de
la Ley General de la Seguridad Social. Está muy bien -ya
lo he dicho- el contenido de su producto; pero tengo un
escrúpulo de conciencia por lo que se refiere al
procedimiento. Al darse los motivos que lo justificaban,
hay un último párrafo en que se aduce como razón de
urgencia, que, respecto a algunas de las medidas, el
acuerdo político «comprometía como fecha de efectos la
de 1 de enero de 2002». ¿No significa esto que la
«extraordinaria y urgente necesidad» ha sido creada por
el propio Gobierno? Me parece cruel y desmesurado
desairar hasta ese punto a nuestra Constitución nominal
y a nuestras Cortes Generales, que se supone representan
la mejor encarnación de los principios de la democracia
liberal.
A lo mejor nuestros honorables diputados del Congreso,
que no han dudado en convalidar (5-II-02) el tan
histórico decreto-ley, están pensando, como los
delegados de Comisiones Obreras, que nuestro nuevo ensayo
de democracia liberal y parlamentaria necesita
corregirse, tras unos lustros de tentación libertaria,
buscando relaciones de simbiosis con algunas valiosas
piezas rescatadas del naufragio de la democracia
orgánica. Por si acaso, aconsejo a los inquietos que la
estudien; y les doy como estímulo un dato de última
hora.
En un artículo publicado recientemente por la excelente
revista inglesa The Political Quarterly (enero-marzo del
2002, pp. 44 y ss.), N. Huntington y T. Bale dicen que el
laborismo de Tony Blair, con su traída y llevada
«tercera vía», se parece bastante a los movimientos de
democracia cristiana, que surgieron, como se sabe, para
proyectar en la vida pública los principios de la
doctrina social cató1ica. Y es también notorio que,
durante nuestra época de democracia orgánica, esos
principios estaban muy bien vistos, y en la práctica se
notaba. Cualquier día podríamos enterarnos de que
nuestro nuevo D. José María «popular»
tocayo del antiguo Gil Robles- ha obsequiado a su amigo
Mr. Anthony con un volumen de las Obras Completas de
José Antonio Primo de Rivera. Después de todo, el
falangismo se inspiró parcialmente en las ideas del
guildismo inglés, o sea, la corriente corporativista del
laborismo. ¡Vivir para ver!
Por José Zafra Valverde
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