Razón Española, nº 115; HA RENACIDO LA DEMOCRACIA ORGANICA

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Homenaje a Gonzalo Fernández de la Mora, nº114

Por José Zafra Valverde

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HA RENACIDO LA DEMOCRACIA ORGANICA

Querido Gonzalo:

Cuando ya estás al otro lado del espejo, y ves las cosas del mundo con la serenidad y el buen ánimo inconmovibles que no dudamos te han sido deparados, te dedico mi último artículo de análisis político, que de seguro te habría complacido y hecho sonreír si lo hubieras leído antes de irte.

Ya ves, inolvidable compañero, cómo no errábamos al mantener ciertas ideas desde una fundamental actitud de lealtad hacia los grandes principios y nuestros hombres mejores, pero bien hermanada con un espíritu de crítica siempre sincera y nunca servil.

Haz cuanto puedas, querido Gonzalo, para que tus amigos perseveremos en ese afán intelectual de que nos diste tan cabal, continuo y tenaz ejemplo.



I. Un acierto en cuanto al fondo. Ser persona veterana -o añosa, como cabe también decir para evitar «viejo» y «anciano» por sus desagradables connotaciones- implica, junto a otras, la ventaja de poder comparar, con fundamento en la propia experiencia, hechos históricos que distan décadas entre sí. Tal es mi caso cuando me veo analizando el último decreto-ley dictado por nuestro Gobierno en el año 2001. Me refiero al n° 16, de 27-XII, publicado en el BOE del 31, sobre «medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible».

En el artículo 25 del Fuero de los Españoles, de 1945, leíamos: «El trabajo, por su condición esencialmente humana, no puede ser relegado al concepto material de mercancía... Constituye por sí atributo de honor y título suficiente para exigir tutela y asistencia del Estado». Sin llegar a tan altos términos, que resumen los más encomiásticos del Fuero del Trabajo de 1938, el texto legal citado hace un elogio indirecto del trabajo como actividad cuya valoración no debe supeditarse a criterios puramente mercantiles, contractuales y reglamentarios. Al justificar las nuevas medidas concernientes a jubilaciones, la exposición de motivos reconoce que la prolongación de la vida activa «repercute en la propia autoestirna del trabajador, tiene efectos positivos sobre el sistema de pensiones y... presenta indudables ventajas para el conjunto de la Sociedad, que de esta forma puede aprovechar la experiencia y los conocimientos de los trabajadores de más edad».

Aunque algo tímidamente, los redactores del decreto-ley han superado la corta visión del trabajo como un «medio de producción», que los patronos retribuyen haciendo só1o cálculos de beneficios, y que los operarios prestan más o menos a desgana forzados por la necesidad, y deseando sustituirlo cuanto antes por un ocio acompañado de ingresos razonables. Hay en esto, sin duda, buena parte de verdad, y hoy más que nunca en nuestros ambientes de materialismo individualista, hedonismo galopante y hegemonía del espíritu de mercado; pero es un imponente desatino limitarse a tan estrecha imagen de las cosas, e ignorar lo que cualquier trabajo puede ofrecer a la persona de medio y ocasión para dos fines: desarrollarse y madurar en la vida ejercitando las propias capacidades, y ser un personaje conocido y estimado por su papel en el contexto social.

Era un famoso tópico entre los comunistas, con Marx a la cabeza, la idea de que, al llegar la venturosa era futura del comunismo, el trabajo sería para el hombre la primera necesidad. Seguramente, había en ello ciertos ecos bíblicos: de lo dicho en el Génesis respecto a la misión de cultivar el Edén, que Dios había confiado al primer hombre, y del de- ber de honrar a Dios con el trabajo de seis días, prescrito en el Deuteronomio. Pero los comunistas echaron a perder esas raíces con su ateísmo radical. Por otra parte, mientras ensombrecían el ideal de los comienzos transfiriéndolo a un mañana imaginario, fomentaban el resentimiento al enfocar el trabajo en régimen de asalariado con la lente de la explotación, y provocar en demasía el espíritu reivindicativo para fines revolucionarios. Después, los cambios iniciados en 1989 arruinarían por completo la doctrina, sin dejar a salvo siquiera los ecos de verdad que había en ella respecto al trabajo. Los comunistas de ayer, sin ilusión de ideales, y conservando solamente una dinámica de intereses inmediatos, han ido resignándose a un conformismo vergonzante ante el orden capitalista. Volveremos enseguida sobre ellos.

Está bien que, desde dentro del mismo sistema capitalista, esté produciéndose una reafirmación del valor psicológico y ético del trabajo. Está bien, por consiguiente, que se haya promulgado entre nosotros ese decreto-ley, aunque lo empañe ligeramente una inquietud indisimulable por la presión financiera de las pensiones sobre los presupuestos del Estado. Deseemos que, sentadas unas primeras piedras, poco a poco vaya implantándose la pauta defendida por The Economist en un artículo del 4-IX-1999: Let old folk work: déjese a los interesados libertad para determinar en qué momento haya de terminar su edad laboral según el régimen de contrato. Pero no menos hemos de desear que, al mismo tiempo, se conciba y articule un magno plan de diversificaciones profesionales que haga posible, a las personas con oficios más duros y peligrosos, continuar siendo útiles y reconocidas en otras actividades productivas.

De todos modos, felicitemos a nuestro Gobierno por tener ese gesto de prudencia, sin temor a que los más veteranos pudiésemos evocar el espíritu de la vieja «democracia orgánica». Con sus «jubilaciones a la carta» -como las ha llamado alguien-, el equipo del Sr. Aznar ha dado un paso nuevo, que quizá no sospechaba, por la vía de la justicia social.



II. Vuelven aquellos consejos del «sindicalismo nacional»… Recordemos una vez más, a los menos iniciados en ideas e instituciones políticas, que la expresión «democracia orgánica» no fue tomada del fascismo italiano, y menos del nazismo de Hitler, sino que fue propuesta, con anterioridad a nuestra Guerra Civil, por Salvador de Madariaga, un pensador liberal nada devoto del régimen nacido en 1936. Pese a esto, el término se haría usual, aunque jamás figurara en las leyes políticas de Franco.

Era curioso en ese sentido que, cuando el Generalísimo hablaba de la peculiar democracia española, no citara tanto las Cortes Españolas como los «consejos económico-sociales»: organismos de ámbito territorial en que participaban, junto a representantes de la Administración del Estado, delegados respectivos de los sectores laboral y empresarial que se integraban en el llamado «sindicalismo nacional». Tales consejos estudiaban los problemas económicos y sociales de los ámbitos correspondientes, y elevaban propuestas al Gobiemo para que fuesen convertidas en proyectos legislativos, decretos, etc.

En el nivel nacional, aquel sistema sindical estaba coronado, entre otros, por dos órganos de máxima relevancia representativa, que actuaban por separado: el Consejo Nacional de Trabajadores y Técnicos, y el Consejo Nacional de Empresarios, cuyos miembros respectivos procedian en parte de los consejos homólogos provinciales. Dichos consejos nacionales estaban capacitados para estudiar las directrices de la política económica y social del Estado, colaborar en diversas gestiones de gobierno, y defender los intereses a su cargo ante los órganos públicos generales.

A propósito de tales órganos representativos de trabajadores y de empresarios, considero ilustrativo referir lo que me sucedió en 1977 cuando estaba ya vigente la nueva Ley de Libertad Sindical, pero no suprimido aún por completo el sistema sindical anterior. Unos trabajadores, que deseaban poner en marcha un sindicato de orientación cristiana, me requirieron para una plática sobre la materia en el salón de un colegio de religiosas. No recuerdo en absoluto lo que les dije, salvo un consejo final: que procurasen a toda costa, dentro del nuevo régimen pluralista, conservar los consejos nacional y provinciales de trabajadores y técnicos: porque corregirían la dispersión, y potenciarían el influjo del mundo del trabajo en las esferas oficiales de gobierno. Aquella noche, una voz anónima tuvo el mal gusto de amenazarme de muerte por teléfono, pero sin darme la menor explicación. Fue la única vez en que me ha parecido ser alguien por motivos políticos. La verdad es que, dado mi nulo peso en las esferas oficiales, apenas me inquietó la baladronada telefónica. Por otra parte, ¿qué había hecho yo sino hablar en favor de los trabajadores? Todavía me pregunto si la voz anónima pudo venir de un revolucionario marxista, o de un vulgar esbirro al servicio del «divide y vencerás» capitalista.

Si he recordado aquel incidente de hace veinticinco años, es porque justifica la irónica reacción que ha provocado en mí el párrafo inicial de la exposición de motivos del decreto-ley objeto del presente comentario. Allí leemos: «En el Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de Protección Social, suscrito el 8 de abril de 2001 por el Gobierno, la Confederación de Comisiones Obreras, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, se incluyeron un conjunto de medidas...», etc. Compréndase mi sorpresa cuando veo a la cúspide de Comisiones Obreras -con su historial de sindicalismo comunista- colaborar con el Gobiemo y la cabeza del empresariado para un acuerdo pre-legislativo. Cualesquiera que sean las razones po~ las que la UGT no se dignó participar en el acuerdo, lo cierto es que los representantes de Comisiones, al asumir de facto la representación de todos, los trabajadores españoles, actuaron como antaño habrían podido hacerlo unos comisionados del Consejo Nacional de Trabajadores y Técnicos de la época de Franco. Pasado un cuarto de siglo, han venido a reconocer implícitamente que el Generalísimo tenía razón en ciertas cosas...

Para justificar esto que digo, conviene hacer saber que, tras dictarse la Ley de Libertad Sindical de 1976, los componentes del Consejo Nacional de Empresarios pasaron a convertirse limpiamente, sin el menor trastomo y bajo la presidencia de la misma persona, en el consejo superior de lo que se llamaría en adelante «Confederación Española de Organizaciones Empresariales» (CEOE). Siempre me ha parecido loable aquel sensato giro del empresariado español; pero permítaseme decir que yo tampoco estaba equivocado al desear la persistencia del Consejo Nacional de Trabajadores. Examínense la conciencia unos y otros, y tal vez en-contrarán algún motivo de culpa.



III. En el puro estilo del gobierno por decreto. Pero hay otros motivos por los que el repetido decreto-ley me hace rememorar aquella fase de la historia política española que algunos llaman tontamente «preconstitucional». Suelen decir, frívolamente, que aquello era una dictadura: porque, aparte otras cosas, no había elecciones con partidos en liza, ni unas Cortes en que se proyectaran, y el Gobierno legislaba con demasiada libertad mediante decretos. Esto es verdad básicamente; pero reconocerlo no equivale a dar por cierto que aquello fuera una dictadura en el mal sentido de la palabra. No vamos a insistir en este punto, porque nuestro Gobiemo podría salir perjudicado sin necesidad. Sígase la lectura, y enseguida se verá por qué lo digo.

Aquellas Cortes Españolas de Franco habían sido concebidas esencialmente como el órgano superior de colaboración en las tareas legislativas. Frente a ellas, el Gobierno conservaba una indiscutible primacía, que no significaba, sin embargo, manejarlas como una «Leal Aclamación de su Excelencia». Desde su creación en 1942, y hasta 1946, tenían facultades para convalidar si procedía, introduciendo en su caso las modificaciones convenientes, los decretos-leyes emitidos por el Gobierno en situaciones de urgencia. Fue una pena que tal atribución se redujese a los pocos años a un trámite rutinario de audiencia previa, en que intervenía una especial comisión. De todos modos, la cifra media de los decretos-leyes dictados durante décadas apenas difería de la que nos han dispensado los Gobiernos de la Monarquía.

Ciertamente, con la Constitución de 1978 se ha restaurado el ortodoxo requisito de la convalidación parlamentaria: por absoluta mayoría en el Congreso de los Diputados. Pero en la práctica, ya se sabe: como existe de antemano una sustentación mayoritaria del Gobierno en dicha Cámara, es muy poco probable que le sea revocado un decreto-ley. Só1o recuerdo algún raro caso en que haya sucedido. Bajo este aspecto, pues, apenas hay diferencias con el régimen de Franco.

Un mal conocedor de nuestros usos políticos tal vez objetaría que la Constitución vigente supedita la permisibilidad de un decreto-ley a que se den circunstancias de «extraordinaria y urgente necesidad» (art.86), que corresponde al Congreso ponderar desde su celo soberano. Pero, ¡ay!, entre la incuria de unos y los cálculos de conveniencia de otros ha ido creándose la costumbre política de manejar el decreto-ley como una vía legislativa de comodidad, que ahorra discusiones y resistencias parlamentarias inútiles o retardatarias. Ello ha sido facilitado -y aquí está lo más interesante- por la previa percepción de algunas demandas sociales especialmente intensas, que a veces han llevado a unos acuerdos políticos pre-legislativos entre el Gobiemo y ciertos conjuntos corporativos.

Y así, por la combinación del decreto-ley, como legislación de comodidad, con el uso de concertar esos acuerdos políticos, que son desconocidos por la Constitución de papel, se ha ido creando el núcleo de lo que hace veinte años (La Ley, 13-XI-1981) se me ocurrió llamar «Constitución española extravagante» o marginal. Esta Constitución efectiva, pero no escrita, muestra claros aspectos de semejanza con lo que fuera la «democracia orgánica» de Franco. Para no escandalizar a los devotos de nuestro Gobierno «popular», debo añadir que el hecho está en perfecta consonancia con una idea que se remonta a la mismísima Revolución Francesa, y que pasando por Saint-Simon y otros socialistas, tendría un gran valedor en el muy liberal Friedrich Hayek: la idea de que las leyes han de ser hechas por los que saben, y contando con los diversos intereses socialmente organizados.

Tal ha sido el espíritu con que nuestro Gobierno ha procedido al modificar por decreto-ley, con base en el acuerdo citado al principio, numerosas disposiciones de la Ley General de la Seguridad Social. Está muy bien -ya lo he dicho- el contenido de su producto; pero tengo un escrúpulo de conciencia por lo que se refiere al procedimiento. Al darse los motivos que lo justificaban, hay un último párrafo en que se aduce como razón de urgencia, que, respecto a algunas de las medidas, el acuerdo político «comprometía como fecha de efectos la de 1 de enero de 2002». ¿No significa esto que la «extraordinaria y urgente necesidad» ha sido creada por el propio Gobierno? Me parece cruel y desmesurado desairar hasta ese punto a nuestra Constitución nominal y a nuestras Cortes Generales, que se supone representan la mejor encarnación de los principios de la democracia liberal.

A lo mejor nuestros honorables diputados del Congreso, que no han dudado en convalidar (5-II-02) el tan histórico decreto-ley, están pensando, como los delegados de Comisiones Obreras, que nuestro nuevo ensayo de democracia liberal y parlamentaria necesita corregirse, tras unos lustros de tentación libertaria, buscando relaciones de simbiosis con algunas valiosas piezas rescatadas del naufragio de la democracia orgánica. Por si acaso, aconsejo a los inquietos que la estudien; y les doy como estímulo un dato de última hora.

En un artículo publicado recientemente por la excelente revista inglesa The Political Quarterly (enero-marzo del 2002, pp. 44 y ss.), N. Huntington y T. Bale dicen que el laborismo de Tony Blair, con su traída y llevada «tercera vía», se parece bastante a los movimientos de democracia cristiana, que surgieron, como se sabe, para proyectar en la vida pública los principios de la doctrina social cató1ica. Y es también notorio que, durante nuestra época de democracia orgánica, esos principios estaban muy bien vistos, y en la práctica se notaba. Cualquier día podríamos enterarnos de que nuestro nuevo D. José María «popular»
tocayo del antiguo Gil Robles- ha obsequiado a su amigo Mr. Anthony con un volumen de las Obras Completas de José Antonio Primo de Rivera. Después de todo, el falangismo se inspiró parcialmente en las ideas del guildismo inglés, o sea, la corriente corporativista del laborismo. ¡Vivir para ver!

Por José Zafra Valverde



 

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