Razón Española, nº 112; La voracidad autonómica

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La voracidad autonómica

Por José Luis Barceló

Conjuras contra Franco indice Reconstrucción de Santander

La voracidad autonómica

Los pretextos utilizados por las administraciones autonómicas para reclamar insistentemente al Estado transferencias son dos: por una parte, el argumento de que la Administración tiene que tender a descentralizarse y acercarse más a los ciudadanos; por la otra, la suposición infundada de que las competencias cedidas cuestan menos al contribuyente.

La premisa descentralizadora tiene su origen en el liberalismo, y ha sido recientemente adoptada por la socialdemocracia en una tendencia sin fin que se dirige a un «autofederalismo» sin base teórica, ya que la mayor parte de los países europeos donde se aplica no son, ni con mucho, federales, como puedan ser los casos de Francia, Italia, y ahora, también España. Quizá podamos tender a pensar que el más federal de todos sea Alemania, aunque sólo sea por su autodefinición. El caso de España es especial, ya que se ha convertido en el Estado más «seudo-federal» de toda Europa, donde existen mayores competencias transferidas.

Después de las materias sanitarias y las impositivas no quedan más que las competencias en materia de política exterior y defensa. Ni siquiera la seguridad interior está en manos del Estado en algunas de las comunidades autónomas, donde las Fuerzas del Estado no son bien vistas, y existen policías autonómicas propias: tales son los conocidos casos del País Vasco y Cataluña. En la mente de algunos iconoclastas nacionalistas residía hace menos de un decenio la peregrina idea de acuñar moneda propia o imprimir efectos postales para el correo interior. Idea que seguramente muchos aún acarician.

Respecto al gasto que la Administración tiene que asumir y su relación con el ciudadano contribuyente, el autonómico ha supuesto un altísimo coste presupuestario, incrementando la burocracia regional y creando diecisiete miniestados con sus propios departamentos. Tan solo en la última década, las autonomías han incrementado en 275.000 personas el número de empleados públicos, casi el 30 por 100 de todo el sistema burocrático existente en 19751. Paralelamente, la presión fiscal no ha descendido, sino todo lo contrario, ha aumentado, ya que no ha sido suficiente para satisfacer el gasto autonómico, multiplicándose casi por dos desde que se implantó el modelo de las autonomías.

Como indica I. Flores, desde la implantación del sistema autonómico en 1977, la deuda ha crecido hasta situarse en el año 2000 en 36.000 millones de euros, cuadruplicándose desde 1991, en que esta deuda estaba situada en 9.000 millones de euros, pasando a 25.000 millones de euros en 1995 y llegando hasta los más de 36.000 millones de la actualidad, siendo las comunidades más endeudadas la catalana, con casi más de 10.000 millones de euros, y la andaluza, con más de 7.000 millones de euros, que asumen entre las dos alrededor del 43 por 100 del endeudamiento total con aval del Estado, siendo su población de tan sólo el 33 pore 100 del total de España. Esto tiene dos lecturas: por una parte, un reparto desigual de la deuda entre todos los ciudadanos del país, y un beneficio insolidario de las comunidades más ricas, como pueda ser la catalana, respecto a otras comunidades menos ricas, como puedan ser la extremeña, la riojana o la gallega, que, pagando menos impuestos, tienen que hacerse cargo de ese 10 por 100 largo de deuda que la población catalana se imputa para crecer más a costa de otros ciudadanos del Estado.

Comunidades meritorias en el incremento de la deuda son, por ejemplo, la aragonesa, que ha conseguido hacer descender la media de su deuda, la balear, la canaria, que ha controlado su nivel de endeudamiento, la riojana, estabilizada como la navarra, y la vasca, también estabilizada, aunque no en el gasto, ciertamente disparado, si bien no le supone crecimiento del endeudamiento.

Continuar por la senda de un endeudamiento creciente, basado en el clientelismo agradecido, es insostenible no sólo para la economía estatal, sino para la autonómica, que es la que asume las competencias. Y lo será mucho menos en los términos en que se sustenta la Unión Monetaria, con el esfuerzo comprometido de mantener el déficit en niveles aceptables, en un escenario en que España ha sido la nación más endeudada de toda Europa, tras los gobiernos del partido socialista, suponiendo el 65 por 100 del PIB y después de Bélgica, Italia y Grecia, y multiplicándose por cuarenta en los veinte años que van desde 1977 a 1997.

El camino del aumento del gasto continúa, desgraciadamente, siendo el mismo, ya que durante la reciente negociación de las transferencias sanitarias, se ha puesto en evidencia que las autonomías no querían aceptar los traspasos sin asegurarse partidas muy superiores a las ofrecidas por el Gobierno para asumir el coste de los mismos servicios, lo que quiere decir que, con la descentralización, los costes van a ser mucho mayores para el contribuyente, sin que vea necesariamente mejorada la prestación.

Pese a que ha habido acuerdo en el marco del nuevo modelo de financiación autonómica, nadie sabe con certeza cómo se van a costear los crecientes gastos autonómicos para prestar los mismos servicios que antes suministraba el Estado central, máxime teniendo en cuenta que el endeudamiento no podrá crecer hacia el infinito y teniendo aprobada el Gobierno de esta legislatura una Ley de Estabilidad Presupuestaria que obliga a contener los niveles de deuda.

El modelo de financiación autonómica no está aún cerrado ni definitivamente perfilado, en tanto no ha resuelto el problema de la deuda, y que tampoco habrán terminado las demandas autonómicas al Estado en materia de traspasos, perfilándose un modelo de futuro poco sostenible. Cabe prever un colapso financiero de las autonomías más endeudadas, que son también las que han buscado un clientelismo local que les asegurara más tiempo de gobierno.



José Luis Barceló



1 Ver el trabajo de I. Flores titulado «El coste de las autonomías», publicado en «Razón Española» en el número 107 (mayo-junio de 2001).



 

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