La voracidad
autonómica
Los
pretextos utilizados por las administraciones
autonómicas para reclamar insistentemente al Estado
transferencias son dos: por una parte, el argumento de
que la Administración tiene que tender a
descentralizarse y acercarse más a los ciudadanos; por
la otra, la suposición infundada de que las competencias
cedidas cuestan menos al contribuyente.
La premisa descentralizadora tiene su origen en el
liberalismo, y ha sido recientemente adoptada por la
socialdemocracia en una tendencia sin fin que se dirige a
un «autofederalismo» sin base teórica, ya que la mayor
parte de los países europeos donde se aplica no son, ni
con mucho, federales, como puedan ser los casos de
Francia, Italia, y ahora, también España. Quizá
podamos tender a pensar que el más federal de todos sea
Alemania, aunque sólo sea por su autodefinición. El
caso de España es especial, ya que se ha convertido en
el Estado más «seudo-federal» de toda Europa, donde
existen mayores competencias transferidas.
Después de las materias sanitarias y las impositivas no
quedan más que las competencias en materia de política
exterior y defensa. Ni siquiera la seguridad interior
está en manos del Estado en algunas de las comunidades
autónomas, donde las Fuerzas del Estado no son bien
vistas, y existen policías autonómicas propias: tales
son los conocidos casos del País Vasco y Cataluña. En
la mente de algunos iconoclastas nacionalistas residía
hace menos de un decenio la peregrina idea de acuñar
moneda propia o imprimir efectos postales para el correo
interior. Idea que seguramente muchos aún acarician.
Respecto al gasto que la Administración tiene que asumir
y su relación con el ciudadano contribuyente, el
autonómico ha supuesto un altísimo coste
presupuestario, incrementando la burocracia regional y
creando diecisiete miniestados con sus propios
departamentos. Tan solo en la última década, las
autonomías han incrementado en 275.000 personas el
número de empleados públicos, casi el 30 por 100 de
todo el sistema burocrático existente en 19751.
Paralelamente, la presión fiscal no ha descendido, sino
todo lo contrario, ha aumentado, ya que no ha sido
suficiente para satisfacer el gasto autonómico,
multiplicándose casi por dos desde que se implantó el
modelo de las autonomías.
Como indica I. Flores, desde la implantación del sistema
autonómico en 1977, la deuda ha crecido hasta situarse
en el año 2000 en 36.000 millones de euros,
cuadruplicándose desde 1991, en que esta deuda estaba
situada en 9.000 millones de euros, pasando a 25.000
millones de euros en 1995 y llegando hasta los más de
36.000 millones de la actualidad, siendo las comunidades
más endeudadas la catalana, con casi más de 10.000
millones de euros, y la andaluza, con más de 7.000
millones de euros, que asumen entre las dos alrededor del
43 por 100 del endeudamiento total con aval del Estado,
siendo su población de tan sólo el 33 pore 100 del
total de España. Esto tiene dos lecturas: por una parte,
un reparto desigual de la deuda entre todos los
ciudadanos del país, y un beneficio insolidario de las
comunidades más ricas, como pueda ser la catalana,
respecto a otras comunidades menos ricas, como puedan ser
la extremeña, la riojana o la gallega, que, pagando
menos impuestos, tienen que hacerse cargo de ese 10 por
100 largo de deuda que la población catalana se imputa
para crecer más a costa de otros ciudadanos del Estado.
Comunidades meritorias en el incremento de la deuda son,
por ejemplo, la aragonesa, que ha conseguido hacer
descender la media de su deuda, la balear, la canaria,
que ha controlado su nivel de endeudamiento, la riojana,
estabilizada como la navarra, y la vasca, también
estabilizada, aunque no en el gasto, ciertamente
disparado, si bien no le supone crecimiento del
endeudamiento.
Continuar por la senda de un endeudamiento creciente,
basado en el clientelismo agradecido, es insostenible no
sólo para la economía estatal, sino para la
autonómica, que es la que asume las competencias. Y lo
será mucho menos en los términos en que se sustenta la
Unión Monetaria, con el esfuerzo comprometido de
mantener el déficit en niveles aceptables, en un
escenario en que España ha sido la nación más
endeudada de toda Europa, tras los gobiernos del partido
socialista, suponiendo el 65 por 100 del PIB y después
de Bélgica, Italia y Grecia, y multiplicándose por
cuarenta en los veinte años que van desde 1977 a 1997.
El camino del aumento del gasto continúa,
desgraciadamente, siendo el mismo, ya que durante la
reciente negociación de las transferencias sanitarias,
se ha puesto en evidencia que las autonomías no querían
aceptar los traspasos sin asegurarse partidas muy
superiores a las ofrecidas por el Gobierno para asumir el
coste de los mismos servicios, lo que quiere decir que,
con la descentralización, los costes van a ser mucho
mayores para el contribuyente, sin que vea necesariamente
mejorada la prestación.
Pese a que ha habido acuerdo en el marco del nuevo modelo
de financiación autonómica, nadie sabe con certeza
cómo se van a costear los crecientes gastos autonómicos
para prestar los mismos servicios que antes suministraba
el Estado central, máxime teniendo en cuenta que el
endeudamiento no podrá crecer hacia el infinito y
teniendo aprobada el Gobierno de esta legislatura una Ley
de Estabilidad Presupuestaria que obliga a contener los
niveles de deuda.
El modelo de financiación autonómica no está aún
cerrado ni definitivamente perfilado, en tanto no ha
resuelto el problema de la deuda, y que tampoco habrán
terminado las demandas autonómicas al Estado en materia
de traspasos, perfilándose un modelo de futuro poco
sostenible. Cabe prever un colapso financiero de las
autonomías más endeudadas, que son también las que han
buscado un clientelismo local que les asegurara más
tiempo de gobierno.
José Luis Barceló
1 Ver el trabajo de I. Flores titulado «El coste de las
autonomías», publicado en «Razón Española» en el
número 107 (mayo-junio de 2001).
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