Razón Española, nº 112; El organicismo de Luis del Valle

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El organicismo de Luis del Valle

Por F. Torres Vicente

La representación orgánica en el pensamiento tradicionalista indice Araquistaín y su democracia orgánica

El organicismo de Luis del Valle

I. INTRODUCCION BIOGRAFICA



Dentro del panorama del pensamiento español, en el campo de lasciencias Sociales, enmarcado en el primer tercio del siglo XX, existe un autor olvidado, de una gran talla intelectual que fue catedrático de Derecho político español comparado de la Universidad de Zaragoza desde 1912 y decano de esa misma institución cuarenta años después, Luis del Valle Pascual.

Nació de modesta familia en Segovia el 12 de septiembre de 1876, formándose en las Universidades de Valladolid y Madrid, donde se doctoró en Derecho. La primera fase de su periplo intelectual estuvo marcada por un profundo interés hacia las cuestiones relativas a la economía agraria, siendo junto con Joaquín Costa uno de los adalides de estos estudios, desde una perspectiva positivista y analítica, en nuestra Patria. Obras como Problemas contemporáneos de economía y política agraria, 1909 (1), La sociología y la economía política, 1900 (2), La política hidráulica, 1913 (3), Problemas económicos y financieros, 1909 (4), expresan una sensibilidad para problemas endémicos de la economía española. También mostraría nuestro autor interés por la Historia del Derecho, que se manifestó en ensayos como El Derecho y la legislación primitivos en su más importante desarrollo: el del pueblo indio (5), publicado en 1900. Pero no será en este campo ni en el de la creación puramente literaria que le llevó a publicar varios libros de poesía, más bien romántica y lánguida al gusto de la época, como su recopilación bajo el título de Nuevas emociones (6), en el que demostrará la capacidad creativa y original de su reflexión intelectual, la cual se volcará hacia la Teoría del Estado y hacia el Derecho Político Comparado, ofreciéndonos en este caso frutos peculiares, durante los años treinta y cuarenta, tales como: Ciencia Política y Derecho Constitucional comparado (7), Hacia una nueva fase histórica del Estado, 1934 (8), Democracia y Jerarquía, 1938 (9), El Estado nacionalista, totalitario y autoritario, 1940 (10), o traducciones como: La España nueva (estudio económico) de J. Hogge Fort y F. Dwelshavers Dery (11), en 1905; La Sociología y el Derecho, de René Worms (12), La crisis científica y filosófica del marxismo contemporáneo, de G. Masary (13), Textos constitucionales contemporáneos, 1930 (Alemania, Suiza, Francia, Portugal, Polonia y Estados Unidos) (14). Nuestro autor fallece en la capital de Aragón, su amada ciudad de adopción durante cincuenta años, un 17 de febrero de 1950.





II. CRITICA DEL ESTADO LIBERAL



Para Valle el Estado precisa de diversos órganos de actuación, pero sin permitir que se emancipen de su tutela efectiva. El Estado nuevo no sería tal sin el dinamismo del Movimiento Nacional, pero éste, a su vez, es concebido como la expresión del Estado en su dinamismo teleológico. El Movimiento debería llegar a sintetizar una unidad superior.



1. Concepto de Estado. Del Valle analizará la crisis del Estado histórico liberal como una patología de las instituciones políticas. La actuación del Estado liberal en declive era, más bien, una intervención privada que se enmascaraba, en no pocas ocasiones, con una función pública. El ciudadano se limitaba a participar de forma condicionada, pero no podría nunca llegar a ser órgano del Estado.



2. La representación política. Del Valle, siguiendo a L. Gumplowicz en su Derecho Político filosófico, no creía que los parlamentarios del sistema inorgánico de partidos representasen a todo el pueblo, ya que en las masas y en los cuadros sociales hay multitud de intereses variados que difícilmente pueden ser defendidos y expresados simultáneamente de forma adecuada y fiel por cualquier diputado ajeno a cada sector específico y concreto. El régimen liberal, en lugar de representar por sus cauces naturales a todos y cada uno de los sectores sociales, venía a representar la componenda de los intereses de las clases dominantes. El liberalismo político implicaba una desvinculación del elector, como ya había señalado el jurista italiano Vezio Crisafulli en su obra Consideraciones sobre la teoría de los órganos del Estado. El atomismo social propio del sistema liberal se reproducía sin vertebrarse ni corregirse en unas cámaras de representantes no comprometidas con la variedad multiforme del ensamblaje social del cual en realidad procedían. El sindicalismo, la cultura, los ejércitos, la Administración local..., los diferentes sectores empresariales y económicos, no podrían considerarse directamente representados.





III. EL NUEVO ESTADO



1. La teoría de la representación. La representación es la cualidad del órgano institucional que canaliza los intereses y opiniones sectoriales.

Para romper con el círculo maléfico del sistema pseudorepresentativo del liberalismo, el «Demos» cristaliza, según Luis del Valle, en la totalidad de los órganos del Estado que históricamente proceden de la comunidad nacional.

Las funciones, las ocupaciones, vocaciones y oficios de los ciudadanos se constituyen en vectores de fuerza que convergen en el impulso de lo político ofreciendo una base real para determinar la acción del Estado en vinculación con las necesidades y anhelos de todos los sectores sociales. La participación real de un pueblo en su destino, en frase de Moeller van den Bruck, exige que los representantes de primer grado de los órganos del Estado puedan realizar actos constituyentes, actos de cooperación política complementarios de las actuaciones propias de las instituciones de gobierno, actos sindicales reconduciendo la energía del trabajo en su dignificación y en su relación con los órganos superiores de gobierno.

Siendo el ciudadano real un órgano del Estado, tesis que expresa una influencia krausista, los diferentes marcos de su actuación deben adquirir una relevancia colectiva que deberá ser potenciada por un nuevo marco.

Los ciudadanos en el Estado orgánico no son plenamente soberanos, sino más bien órganos y mediadores de una soberanía que radica exclusivamente en el Estado, pero que se expresa con diferente graduación en la jerarquía de sus instituciones. Se trata de garantizar de forma más equilibrada el principio de identidad cívica tal como fue expresado por Kelsen y Schmitt al posibilitar que los gobernados intervengan también en la realización del Estado.

El Jefe del Estado en el sistema de democracia orgánica no obra según su voluntad personal, sino como órgano de interpretación, expresión y actuación de la voluntad del Estado; con un referente ético, donde la potestad se enmarca en el deber. En el fondo se trata de asimilar lo mejor de las formas políticas de gobierno recogiendo el principio monocrático (jefe) con el aristocrático (cuadros, élites y selección de valores).

La capacidad del Nuevo Estado Nacional estaría, para Del Valle, a la altura de la nueva complejidad de la realidad social, política y económica coetáneas. La Monarquía y la República subsumiendo sus respectivas ventajas y eliminando sus más perniciosos riesgos como el absolutismo y la anarquía.

El individuo no se vería abocado a sucumbir en la tiranía del número, sino que sería estimulado a perfeccionar cada uno de los círculos propios de desenvolvimiento personal en la familia, la economía, la cultura, la salud..., integrados en una jerarquía natural.

De la conjunción de los diversos intereses individuales o sectoriales, no surgen espontáneamente el orden, ni la eficacia, ni la justicia, ni el desarrollo sostenible, ya que en tal caso la función del Estado sería la de mero notario del desenvolvimiento cívico; cuando en realidad en no pocas ocasiones debe sustituir o impulsar iniciativas para la realización del bienestar.



2. El nuevo Estado. Del Valle cree que ciertas formas hipertrofiadas de capitalismo intentaban durante el primer tercio del siglo XX adueñarse del poder en las democracias occidentales y ello era debido, más que a razones ideológicas, a los factores de debilidad congénita y de disfunción jurídico-técnica que arrastraba el sistema de participación social por medio de los partidos políticos. El sistema parlamentario era el reflejo de la lucha de los partidos por alcanzar cotas de poder. La fragmentación del poder podía ocasionalmente hacer que el Ejecutivo no pudiese gobernar. Se producía una parálisis institucional en la cual no gobernaba nadie, ni el Jefe del Estado que tenía un poder nominal, ni el Jefe del Gobierno, que tenía que combatir la pasión discutidora del Parlamento mientras la problemática nacional se agravaba. El jurista segoviano, por todo ello, considerará que el viraje hacia formas de gobierno presidencialistas sería imprescindible para garantizar un mínimo de eficacia dentro de los sistemas de partidos. Es decir, existen pulsiones racionales prácticas que al margen de las formas de Estado o de Gobierno, que al margen de principios y de ideologías, son una exigencia y una conquista de la Filosofía Política y del Derecho Político. Se trata de preservar la unidad de vida y la solidaridad humanas, y para ello no bastan las buenas intenciones, se precisa una cirugía jurídico-política que reafirme el valor de la persona humana mediante una nueva concepción del ciudadano-productor frente a la empobrecedora del liberalismo. El Estado Nuevo es autoritario en su fase germinal. Frente a los micro-autoritarismos disgregadores, insolidarios, atomísticos o individualistas surge la necesidad de arbitrar las tensiones, de reconducir los intereses dispares y de evitar los conflictos; todo ello exige una actuación decidida del Estado.

Se trataría de una centralización de medios para conseguir mayor condensación de energía antes fragmentada por el sistema de partidos.

El Jefe del Estado no podría ser en el nuevo régimen de democracia orgánica ni un valido como en el antiguo régimen de Monarquía absoluta, ni un primer ministro representante de la visión limitada de un partido, sería un órgano del Estado y un instrumento de sus funciones esenciales definidas por su propia necesidad y naturaleza al servicio de la Comunidad Nacional y depositario de la confianza del pueblo por medio de un plebiscito histórico y de la voluntad popular encauzada en el Movimiento Nacional.

Los procedimientos de participación social y los principios éticos rectores imposibilitan el ejercicio despótico del poder y posibilitan la conquista de una democracia de hechos, de obras frente a la democracia de gestos, de proclamas, de procedimientos, de discusiones, meramente formal.



3. La representación política. La incomunicación entre los órganos del Estado y los órganos de Gobierno se veía reafirmada en la práctica del sistema demo-liberal por la constitución de una casta oligárquica de políticos profesionales que impedía la circulación de las élites y la necesaria renovación de los protagonistas. Y una excesiva división de poderes llegaba a provocar una fragmentación de la responsabilidad institucional y un debilitamiento en la acción de gobierno. La superación de la dualidad enfrentada entre Estado y Sociedad correspondería a una concepción del Estado como la suprema organización.

Que la democracia individualista le atribuyese al Cuerpo Electoral General un imposible cometido como la elección selectiva de los mejores representantes para resolver la trama de los complejos problemas nacionales implicaba un trastocamiento de sus funciones políticas naturales. Las magistraturas específicas de los órganos del Estado deben ser contrastadas en su designación o elección por rigurosos criterios técnicos y desarrollando su labor dentro del marco de su competencia en relación con su naturaleza y su función.

Lo que para Rousseau fue posible resolución teórico-reflexiva en el Contrato Social, el sometimiento del agregado de individuos particulares a una voluntad general, en el análisis empírico del profesor Luis del Valle era una aporía trágica que demostraba su inviabilidad. Los deseos de Rousseau se trastocaban en un resultado totalmente contrario al dado por bueno por el pensador de Ginebra. Recogiendo la modernidad europea el eco de Roussseau se había iniciado un proceso de desintegración de todos los cuerpos sociales intermedios. Este proceso se vería animado por un vendaval de egoísmos.

El Estado no debe ser la absorción de medios humanos, técnicos y financieros para mantener una creciente oligarquía, sino el esfuerzo de la sociedad y el pueblo por lograr unas cotas de progreso y riqueza que dignifiquen la vida de todos.

La solidaridad no excluye la libertad individual, sino que la exige y la implica. No se niegan los derechos del individuo, simplemente se acoplan a los diversos derechos concéntricos que constituyen el escenario de su mejor posibilidad, el entramado de su propia garantía como persona igual a los demás, pero por otra parte irrepetible y diferente.

Otro fenómeno que refleja la crítica del profesor Luis del Valle hacia las disfunciones del sistema demo-liberal individualista, es la plenitud represora y la variedad multiforme coactiva del Estado de Derecho burgués, ya que si toda la realidad política se condensa en el gobierno del Estado y no en los diversos cuerpos sociales, éste será considerado como un complicado mecanismo de Poder en el sentido de imposición coactiva frente a todos los demás fenómenos colectivos que no se circunscriban a su marco de actuación, llegando a considerar lo ajeno como enemigo. Pero el Poder del Estado no puede ser exclusivamente coactivo, sino más bien «direccional-autoritario», ejemplificador y regenerador, extendiéndose en diversos círculos concéntricos, haciendo llegar su actuación a todas las fibras del tejido nacional. El Nuevo Estado, únicamente en el último término, debería valerse de la fuerza para imponer su decisión soberana y hacer cumplir la ley.

Esta plenitud de concentración del Poder en el Estado propia del sistema liberal individualista obligaba a este régimen político a plantear una serie de mecanismos de contrapoder, de freno y de delimitación meramente formales-rituales que implicaban la división y la debilitación de la acción institucional, sobre todo en los casos de verdadera necesidad. Este fenómeno patológico arraigado en el corazón del propio sistema individualista fue denunciado por el que fue presidente de los EE.UU., desde 1912 hasta 1922, T. W. Wilson, en su obra El Gobierno Congresional, publicada en 1885, en la cual se denunciaba la disolución de las responsabilidades de gobierno por los excesivos, inadecuados y paralizantes sistemas de control paraestatal. Luis del Valle, en su estudio Hacia una nueva fase histórica del Estado, de 1941, consideró que las garantías de control del Poder estatal, que serían razonablemente eficaces, se concentrarían en el pueblo político orgánicamente organizado como corporaciones ciudadanas vinculadas a legítimos intereses.

La obsesión por desplegar medios políticos para controlar el Poder del Estado no puede desvirtuar la aprioricidad del Estado, pues, como afirmó C. Schmitt, en su obra Teoría de la Coinstitución, lo que ha de ser controlado necesita existir de antemano o ser organizado al mismo tiempo; la fuerza del control no debe ser sistemáticamente mayor que la capacidad ordenadora del Estado Nacional; se podría comprender esa obsesión delimitadora de poderes estatales en el siglo XVIII, en su génesis como reacción frente al absolutismo monárquico, pero ello no implica que desconozcamos sus contradicciones lógicas, sus fisuras jurídico-técnicas y sus inconvenientes prácticos.

Luis del Valle fue consciente de que su Nueva Teoría del Estado podría ser tachada de utópica como La República, de Platón, pero él reafirmó con claridad su carácter de realismo, se trataría de un Estado-ideal, basado en la investigación científica del Estado desde la perspectiva de la Sociología y de la Filosofía del Derecho; su método realista estaría tan lejos del idealismo de Hegel como del empirismo de Duguit.

En su esencia, el elemento generatriz de la Nueva Teoría del Estado del profesor Del Valle radicaba en la búsqueda de una cosmovisión cada vez más objetiva donde la tradición espiritual del pueblo no diese la espalda a la revolución nacional necesaria y ésta no ignorase la «expresión real de la unidad esencial de la vida de la comunidad humana».

Se trata de una sociología de los valores que busca las ideas fuerza que están presentes en la existencia colectiva, donde se aúnan vida, pensamiento y sentimiento. Se trataría de hallar algunas coordenadas que recogiesen y reflejasen el orden de la interacción de los fenómenos sociales entre sí para descubrir los principios interpretativos de la psicología colectiva que sirviesen a una constructiva orientación y útil dirección de la Comunidad Nacional.

Como afirmó Eugenio D'Ors el Estado genuino sustituye la política de la proletarización por la política de la paternidad, de forma parecida Luis del Valle considera que el Estado Nuevo debería superar la concepción negativa de la limitación de la acción de gobierno y del mero mecanismo de garantía de la coexistencia social y de la defensa de las libertades individuales, por el activo establecimiento de las normas de cooperación racional y de orden solidario, ofreciendo de esta forma «un contenido positivo, generoso de paternidad a las normas coactivas». Pero el fin del Estado no puede ser meramente jurídico debe ser también un Estado de obras; un Estado misional en Eugenio D'Ors, un Estado de Cultura para Luis del Valle. El Estado neutro propio del liberalismo decimonónico estaba rodeado de problemas de toda índole que se agravaban por su abstencionismo y que eran considerados por él mismo como problemas de la sociedad, de las empresas, de la economía o de los ciudadanos.

Pero cuando el Estado alcanza el grado de configuración propia totalitaria es porque la sociedad convertida en Estado se transforma en Estado cultural, Estado previsor, Estado económico. Esto no quiere decir que el Estado deba ser interventor hasta el extremo de la asfixia de la iniciativa social, sino que ésta se hace estatal para su propia plenitud. De esta forma, el Estado no será un espectador de neutralidad incondicional y llega a ser un Estado potencialmente total que no suprime a los agentes sociales, económicos y corporativos, sino que los potencia en su capacidad real para alcanzar sus propios fines sectoriales. Así, la potencia de la sociedad se vincula al poder del Estado y la inteligente intervención de éste responde a las necesidades y exigencias de todos y cada uno de los cuerpos sociales. No se trata de un Estado idolatrado, sino de una institucionalización.

Frente a la consideración del pueblo como mera población, surge la valoración del pueblo como conjunto ordenado de ciudadanos con sus deberes, derechos y responsabilidades según su actividad personal, económica, social y política; un pueblo integrado en una labor en la cual los objetivos de la comunidad nacional no resultarán ni ajenos, ni lejanos; un «demos» purificado del desarraigo liberal atomístico.

Cuando la soberanía del pueblo se reducía a ejercicio momentáneo de la elección para la representación, alguien se estaba aprovechando de ese simulacro de ejercicio de la soberanía por un día y era esencialmente la oligarquía dominante, que de esta forma pretendía legitimar su poder y su intrumentalización de las instituciones. En el fondo, el régimen liberal aspirando a una máxima racionalidad de la convivencia y de la práctica políticas se basaba en una representación muy poco racional al partir de un individuo abandonado y de un reducccionismo numérico, igualitario, que no podía escapar del presupuesto de la homogeneidad. Es en este punto donde Luis del Valle considerará que un régimen político digno y eficaz debe estar a la altura de las posibilidades racionales del hombre en su lucha continua como «heliomaquía», lucha hacia la luz de la racionalidad, en su combate por la dignidad y el progreso sobre la animalidad del homínido en su versión individualista o gregaria.



4. La antropología. La personalidad del hombre no se cifra en el subjetivismo existencial porque un hombre sin los demás seres humanos no es plenamente hombre. La soberanía del hombre es corresponsabilidad con todos los hombres, al menos en principio, según su grado de sensibilidad moral y su evolución histórica con los prójimos más cercanos. La auténtica personalidad es el reconocimiento de la existencia y de las exigencias de un ser racional con sus necesidades y sus fines específicos en el seno de una comunidad.

Pero las exigencias de la vida en común, en el pensamiento de Luis del Valle en contra de los teóricos del pensamiento liberal clásico e incluso de los sociólogos, politólogos y antropólogos coetáneos suavemente críticos con los ideólogos del liberalismo individualista como Bourgeois, Gide, Duguit o Pesch, son tan radicales que le otorgan al hombre una condición tan especial que se podría hablar de una naturaleza radicalmente mejorada, abierta a infinitas posibilidades. Ello implica que el individuo debe ser sustituido en el engranaje social y por los órganos que desarrollan las funciones que en cada ámbito le corresponden.

A esta doctrina, Luis del Valle la denominará «psico-organicismo», poniéndola en contraste con los diferentes sistemas solidaristas de la historia del pensamiento político o sociológico. Su crítica se ampliará por lo tanto contra el «solidarismo empírico», de los autores antes mencionados, debido a su dualismo, en el fondo insalvable, entre sociedad e individuo; contra el universalismo solidarista de Spann por su escaso aprecio del valor permanente del individuo, al cual no se le puede simplemente injertar en el vigoroso árbol de lo social perdiendo el valor de su capacidad peculiar; contra el organicismo sociológico de Comte y todas sus hipertrofias positivas por su exageración de las relaciones entre los organismos animales y el organismo social, sin ser capaces de matizar los grados de analogía entre los primeros y las sociedades humanas y de resaltar los aspectos incomparales y natural y culturalmente diferentes entre el «homo sapiens sapiens» social y los animales y su espíritu gregario. Aunque el individuo no subsiste como entelequia en la construcción teórica de Luis del Valle al remarcar el valor de la Sociedad y del Estado, el entramado de relaciones no será entre organismos puramente fisiológicos, sino entre órganos conscientes de su interdependencia, de su vinculación reflexiva y racional con el Estado y de su misión solidaria humana y nacional. Es una correlación orgánica, consciente de su perfectibilidad.



5. De la potestad a la autoridad. Con la simple «potestas» del Estado únicamente se determina la capacidad política y jurídica y el empuje y la fuerza material de éste como recurso frente a las necesidades históricas de la comunidad. La «potestas» sería la competencia y la capacidad de un órgano para obra en un determinado sentido, pero un Estado genuino precisará la plena fuerza ética que enhebre y garantice la conexión del poder con el deber, precisará encarnar y ser representante de la «auctoritas» que deberá implicar la realización del más perfecto grado de la esencia del Estado. Se trata de impulsar la política al marco superior de la poética garantizando la eficacia legal por la legitimidad que emana de la búsqueda de la satisfacción de los intereses de la comunidad. De esta forma, una reafirmación de la «auctoritas» en la Jefatura del Estado por medio del prestigio y de la eficacia en la acción de gobierno retroalimenta, potencia y acumula una más vigorosa «potestas». por lo tanto la capacidad real del Estado será tan pleno como diáfana y digna lo sea el principio ético-cívico nacional.





III. CONCLUSIONES



Luis del Valle, lejos de todo idealismo transmutador de las realidades penosas en la vida institucional de la Monarquía liberal y de la República oligárquica inmediatamente anteriores al Estado del 18 de julio, insistirá en la importancia de la nueva organización y de la exigente dirección política y administrativa como bases fundamentales en la realización histórica del Estado de Cultura. Era una obligación imperiosa sustituir el procedimiento frágil, peligroso, corrupto e ineficaz de la pura y simple elección de cargos públicos y magistratura por el más prometedor, serio y esperanzador de la selección por los méritos objetivos de cada candidato. Hasta tal extremo cree el jurisconsulto segoviano en este planteamiento que ya en 1940 en su estudio El Estado nacionalista, totalitario, autoritario, afirmó que si el principio de la selección ética y técnica no se implantaba con el suficiente celo «podría llegar algún día en el que nuestra obra sea estéril». Si en el sistema partitocrático fueron los indocumentados, los audaces, los pretenciosos, los profesionales de la política, los plataformistas y los arribistas los que zarandearon los destinos nacionales, abandonar el criterio riguroso de la exigencia de la selección de los políticos para la ejecución de los fines del Estado representaría un riesgo vital para el Nuevo Estado Nacional. El Estado desarrolla su función en el marco de unas circunstancias de orden sociológico, psicológico, social, económico y administrativo que requieren la aplicación de la mejor inteligencia gobernante para dirigir con la mayor eficacia posible una política de paz, seguridad y prosperidad colectivos y esa no era una obra sencilla porque la complejidad de los factores que interviene en esta empresa es cada vez mayor en un cúmulo de interrelaciones entre macroeconomía y microeconomía, Derecho administrativo mercantil y civil, política hidráulica, agraria, industrial, y ordenación del territorio..., etc.

No obstante, el profesor Luis del Valle no se dejará llevar por un reduccionismo de la actuación política a la mera tecnología jurídica, ya que siempre tendrá presente que la base, el cimiento, la garantía es el sustento ético.

Los partidos políticos habían representado una cierta feudalización del Estado, una desestabilización crónica de las instituciones, y una intromisión pasional en el funcionamiento de la Administración Pública. Por otra parte, como medio de representación se constituían en banderías de intereses parciales con los cuales pretendían condicionar el desarrollo de las funciones del Estado. Uno de los mayores obstáculos para que el Estado de Derecho estuviese permanentemente garantizado eran precisamente los partidos políticos que, de hecho, sometían a la administración de justicia a una pugna de influencias donde la propia sintaxis lógica y procesal se veía en peligro de perder su independencia, su capacidad y su virtualidad, y la lealtad a sus propios principios éticos y técnicos. La Justicia ya no podía ser sustantiva, ni coherente con sus propios fundamentos, sino un simple instrumento en manos de la partitocracia para mantener su nivel de privilegios en la vida social y económica. Era casi una institucionalización del abuso.

Si la justicia pasaba a ser ideologismo, la amenaza tiránica del dominio absoluto de los partidos políticos y de sus metástasis llegaría a dominar legalmente los resortes del poder fagocitando todos los ámbitos sociales y ciudadanos hasta el punto de convertir al Estado liberal en una dictadura sobre la inmensa mayoría de los ciudadanos que no militasen en las filas político ideológicas de la parcialidad.

En el Nuevo Estado, concebido por el profesor Luis del Valle, la diversidad de intereses, ideas y opiniones convergerían, se ha-rían circular y expresar por sus cauces más naturales hacia una alquimia enriquecida por los criterios viables de todos los sectores sociales, cuyo interés común nunca sería el debilitamiento del Estado, sino su capacidad siempre renovada hacia la búsqueda de síntesis cada vez más perfectas, sin que fuese necesaria la presencia de los partidos políticos. El Estado Nacional se vería beneficiado por sucesivas reformas que siempre posibilitarían la mejor adecuación de estructura.

Si la verdadera discusión y contraste de propuestas tiene que realizarse entre personas competentes, no entre aficionados y ocurrentes charlatanes, la ley, en el nuevo marco que propone Luis del Valle, deberá ser propuesta por los órganos corporativos, cuyos entramados sustentadores debieran ser los sindicatos, reflejando las necesidades e iniciativas de los ámbitos sociales que vertebran y representan, controlada la Ley y modificada por los consejos técnicos pasando posteriormente a las instituciones políticas superiores, las cuales tomarán las decisiones oportunas, siendo el pináculo de la acción legisladora la suprema sanción de las leyes por parte del Jefe del Estado.

Los partidos políticos debieran haber existido para solucionar problemas, no para relentizar o imposibilitar la actuación del Estado en las situaciones críticas. En realidad, los partidos políticos españoles del siglo XX habían sido, por su protagonismo, su falta de rigor y de capacidad de entendimiento, un serio obstáculo para coordinar un Estado Nacional que aspiraba a su modernización.

En el fondo del pensamiento político de Del Valle latía un pálpito de utopismo fascista, donde la acumulación de aciagas crisis nacionales y de inusitadas conmociones mundiales impulsaba a mantener una esperanza frente a la desesperanza y el caos de las ruinas morales y económicas del pasado.

El Nuevo Estado Nacional expresa, recoge y potencia la identidad nacional, no siendo tanto un cirujano de hierro como la más alta manifestación de la nación en sus exigencias de orden, justicia y progreso. No es un cilio sobre el cuerpo de la Nación, es la creación de la capacidad histórica de un pueblo.

Luis del Valle Pascual ha sido comparado por algunos con Fichte. No parece exagerada esta relación, ya que la posición del alemán después de las guerras napeoleónicas tiene un gran paralelismo con la de nuestro jurista en una crítica etapa de España.



Fernando Torres Vicente

Notas

1 Problemas de economía y política agraria, Madrid, 1909.

2 La sociología y la economía política, impr. de J. Manuel de la Cuesta, Valladolid, 1900, 33 págs.

3 Exigencias fundamentales de la política hidráulica nacional, Casañal, Zaragoza, 1913.

4 Problemas económicos y financieros, Madrid, 1909.

5 El derecho y la legislación primitivos en su más importante desarrollo: el pueblo indio, Biblioteca de la Revista Jurídica, Madrid, 1900 , 2.ª ed., 1905.

6 En letras de molde, F. Santarén. Valladolid, 1898.

7 Derecho político (ciencia política y derecho constitucional comparado), tomo I: Introducción general: los conceptos básicos del Derecho político: principios de ciencia política. Tomo II: Derecho constitucional comparado. Athenaeum, Zaragoza, 1934, 2.ª ed.

8 Hacia una nueva fase del Estado, Athenaeum, Zaragoza, 1934, 3.ª edición.

9 Democracia y jerarquía. Athenaeum, Zaragoza, 1938.

10 El Estado nacionalista, totalitario-autoritario, Athenaeum, Zaragoza, 1940.

11 La España nueva (estudio económico), de J. Hogge Fort y F. Dwelshanuers-Deri. Traducción y notas. La España Moderna, Madrid, 1905.

12 La Sociología y el Derecho, de René Worms. Año I. Revista Jurídica Enciclopédica.13 La crisis científica y filosófica del marxismo contemporáneo, por T. G. Masaruk, año II, Revista Jurídica Enciclopédica.14 Textos constitucionales extranjeros (Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos), Zaragoza, 1930.

13 La crisis científica y filosófica del marxismo contemporáneo, por T. G. Masaruk, año II, Revista Jurídica Enciclopédica.

14 Textos constitucionales extranjeros (Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos), Zaragoza, 1930



 

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