La visión
cristiano-progre de la historia reciente*
En
1981, en un foro titulado ¿Es posible la convivencia en
España?, Laín Entralgo condicionó la convivencia real
a una pública confesión de los errores y crímenes del
pasado, en referencia a la guerra civil. A tal
pretensión, sentimental y en el fondo vana, opuso R.
Salas Larrazábal que la concordia entre los españoles
actuales y futuros «tiene muy poco que ver con el
arrepentimiento o el empecinamiento de sus antepasados».
Salas veía la guerra como un problema de historia; Laín
como un problema básico de política actual. Este
insistió desde El País: «Durante casi cuarenta años,
la pública consideración de los vencidos como
antiespañoles, asesinos, horda roja, etc., ha sido entre
los vencedores una regla constante. ¡Qué antología de
textos podría componerse!» Los horrores reseñados en
la Causa General son ciertos -concedió- pero también lo
son los crímenes contrarios, por lo cual animó a los
partidos entonces en la oposición a elaborar su propia
Causa.
«¡Pésima idea!, observó Salas. Un aspecto de la
guerra, como de todas, fue la prédica del odio al
enemigo y la creación, contra él, de una leyenda de
crueldad sin par. Desde luego, ¡qué antología podría
componerse con los textos del Frente Popular contra el
«fascismo»! ¡Y con los de cada partido de dicho Frente
contra sus socios! Sería ingenuo, o algo peor, esperar
que fueran a demoler esas leyendas quienes las crearon,
es decir, los partidos y los intelectuales y
propagandistas a su servicio. De la propuesta de Laín
sólo podía salir lo que en efecto salió: una
literatura revanchista y empapada de odio, como Víctimas
de la guerra y tantos panfletos más, instrumentos de una
política actual. ¿A qué vienen, si no, las exigencias
de que la Iglesia pida perdón por una guerra cuyos
mayores causantes fueron, precisamente, los exigentes? El
camino es otro, dice Salas: la guerra «debe relegarse a
la historia, y ser tratada con objetividad, humildad,
comprensión y amor a la verdad».
Tampoco sirve a la verdad la invocación sentimental de
los cuarenta años de supuesta indefensión de los
vencidos. Cuando salí de la niñez, con los años
sesenta, se hablaba poco de la guerra, y a finales de la
década se iban imponiendo, como en el exterior de
España, las versiones de los vencidos, llenas de
falsedades. En 1981 ya prevalecían por completo esas
versiones que «no se someten a crítica y han creado un
estado de conciencia que resiste impertérrito a
cualquier prueba en contrario», apuntaba Salas. Al
estudiar la guerra, yo mismo he debido hacer un esfuerzo
constante por cuestionar los viejos tópicos, cuyo pesado
influjo sobre el espíritu desafía a los documentos y a
la lógica.
Viene esto a cuento por un artículo de Ignacio Sotelo en
El País, acerca de las ideas de Laín sobre la historia
de España. Artículo merecedor de atención.
«A la generación sobreviviente (de la guerra) -dice
Sotelo- le quedaba el compromiso moral de dar cuenta de
las causas de la tragedia, para evitar que se
repitiese». Y esas causas las expone Laín, en una vasta
generalización, como la confrontación entre el
catolicismo tradicional y la modernidad: «El mundo
moderno es el mal y el error, dicen los tradicionalistas;
el catolicismo no es aceptable para el hombre moderno y
debe ser relegado al pretérito, afirman nuestros
progresistas. Las dos tesis son, además, irreductibles a
un proyecto histórico. ¿A qué podían conducir? En
España, forzosamente, a la guerra civil».
Las interpretaciones generales, como la de la lucha de
clases o, más modestamente, ésta de los católicos y
los modernizadores, resultan fascinantes, porque explican
los sucesos «a lo grande», por encima de los hechos
concretos, siempre fatigosos de aclarar. Pero por lo
común los hechos suelen dar buena cuenta de esas
generalizaciones excesivas, y así ocurre en este caso.
Ante todo, ¿quiénes eran los modernizadores, para
Laín? Parece claro cuando cita, en su propuesta de una
Causa General desde la izquierda, a «republicanos,
socialistas y masones vilmente asesinados». Pero, ¿y
los comunistas, socialistas de Largo Caballero y
anarquistas, que sufrieron muchas más víctimas?
Significativamente, Laín los ignora: se ve que no acaban
de entrar en el molde de los modernizadores, al revés
que los republicanos, masones y socialistas del sector
minoritario de Prieto, se sobreentiende.
Ahora bien, desde 1934, los revolucionarios, y no los
supuestos modernizadores, componían, con gran
diferencia, la parte principal y más organizada de las
izquierdas, y los católicos tradicionalistas se
sublevaron invocando, precisamente, el peligro de
revolución. Una seudocrítica muy repetida afirma que
esa invocación no pasaba de pretexto, pues tal peligro
no existía, pero basta comprobar el leve peso de los
modernizadores frente a los revolucionarios, y el
sabotaje de éstos a aquéllos, para ver el sólido
fundamento del temor derechista. Prieto mismo definió la
situación, dos meses y medio antes de la revuelta, como
insostenible. En 1936 no se planteaba en España ninguna
modernización, sino la revolución. Sin esto, la
comprensión de la guerra y sus raíces se vuelve
imposible.
El conflicto, por tanto, no ocurrió entre modernizadores
y católicos tradicionalistas, sino, en todo caso entre
éstos y los revolucionarios. Pero dejar esto en claro
requiere examinar con mayor detalle el papel real de los
supuestos modernizadores.
Lo que Laín llama modernizadores eran en 1936 un
apéndice de los revolucionarios. habían tenido su gran
oportunidad en 1931, pero su balance difícilmente
satisfará ni siquiera a un católico progresista: una
oleada de incendios de conventos, bibliotecas, escuelas y
obras de arte; una constitución hecha de espaldas a la
mitad de la sociedad; leyes como la de Defensa de la
República, o la de Vagos y Maleantes, que establecían
una dictadura de hecho, con aplicación frecuente de la
censura, cierre de periódicos, detenciones arbitrarias,
etc.; un plan para eliminar la educación religiosa, con
grave perjuicio directo para cientos de miles de
personas; brutalidad policial, culminada en Casas Viejas,
y manifiesta en el uso de la tortura y en la muerte por
la policía, y en solo dos años, de muchos más obreros
que la causada en dos decenios por el régimen de la
Restauración, o en seis años por Primo de Rivera;
miseria popular, reflejada en el aumento de las muertes
por hambres, que volvieron a cifras de principios de
siglo; auge espectacular de la delincuencia, en especial
la política, con atentados, bombazos, etc.
Frente a los hechos, los Laín, Sotelo y otros apelan a
las «buenas intenciones» de sus patrocinados, como si
nadie más las tuviera: ¡Los republicanos tenían la
excelente intención de modernizar el país! Hablan de la
reforma agraria, pero ésta fue mal concebida y peor
realizada; el impulso a la instrucción pública, aunque
al mismo tiempo la contrajeron al excluir a los
religiosos, y redujeron su nivel, al introducir en ella
miles de maestros más politizados que profesionales; de
la autonomía de Cataluña, aunque los republicanos
catalanes la utilizaron para socavar la legalidad y
sublevarse contra ella, etc. Como era lógico, la
oportunidad de los modernizadores pasó pronto, y en
noviembre de 1933 ganó las elecciones el centro-derecha.
Fue entonces cuando aquéllos dieron toda su talla:
simplemente probaron a burlar la voz de las urnas con
intentos de golpe de Estado, y desestabilizaron al
gobierno legítimo hasta que, en octubre de 1934, se
rebelaron los modernizadores catalanes, con el apoyo
moral del resto del país, y en connivencia con los
revolucionarios socialistas.
Esta realidad se ha disimulado o excusado con el temor al
fascismo. Pero el supuesto peligro fascista, al revés
que el peligro revolucionario, e ra falso: una falsedad
deliberada, urdida por modernizadores y revolucionarios
para soliviantar a las masas y encubrir su propio ataque
a la legalidad. Estos hechos pueden considerarse hoy día
indudables, disimularlos o excusarlos revela un espíritu
alarmante, tan poco respetuoso con la democracia y las
libertades como el de aquellos sospechosos
modernizadores.
Lo ocurrido en octubre del 34 fue mucho más que un
error, como cree Laín: fue que el Psoe (salvo Besteiro)
y la Esquerra, con apoyo político de los republicanos de
izquierda, declararon la guerra al resto de España, cada
cual con sus propios objetivos. Pues bien, esa
declaración no fue retirada después del fracaso,
juzgado momentáneo. Al contrario, los modernizadores no
vacilaron en aliarse con los revolucionarios en el Frente
Popular, en torno a un programa revanchista. Se ha
calificado este programa de moderado, pero creo haber
probado lo contrario: reivindicaba de hecho la guerra de
octubre y pretendía reducir a la derecha a un papel
testimonial, mediante la llamada «republicanización del
Estado».
Ganadas las elecciones de febrero de 1936 en
circunstancias caóticas, los modernizadores tuvieron su
segunda oportunidad, y gobernaron. Pero sus aliados
extremistas tenían mucha más fuerza que ellos. Los
comunistas (ya entonces muy influyentes) les presionaban
para que, desde el gobierno, aniquilasen a la derecha
católica y encarcelasen a sus líderes. Los socialistas
de Largo Caballero, hegemónicos, propiciaban el desorden
con el fin de hacer fracasar al gobierno republicano y
heredarlo, sin riesgo de nueva insurrección, e imponer
la dictadura proletaria. Y los anarquistas, convencidos
de la cercanía de su revolución, contribuían a la
violencia. Estas fuerzas pesaban, como he dicho, más que
los modernizadores. Y los asesinatos, asaltos a
periódicos y locales derechistas, quemas de iglesias,
invasiones de la propiedad, etc., se pusieron a la orden
del día.
Según una versión muy difundida, la derecha católica y
parte del ejército comenzaron a conspirar tan pronto
como perdieron las elecciones. La verdad es otra. Hasta
finales de mayo no hubo conspiración militar seria, y la
derecha centró sus esfuerzos en presionar al gobierno
para que cumpliera con su deber más elemental:
garantizar el orden público. Pero, en el propio
Parlamento, los modernizadores se negaron a cumplir ese
deber, mientras comunistas y socialistas amenazaban de
muerte a los peticionarios. Ese acto, repetido dos veces,
privó de legitimidad al gobierno e hizo pesar sobre la
derecha la amenaza, real y próximo, de destrucción. En
esas circunstancias, no hubo tal «rebelión contra un
gobierno legítimo y democrático», como pretenden
muchos -y como sí ocurrió en octubre del 34-, sino
contra un gobierno deslegitimado por su falta de voluntad
y de capacidad para defender la ley, y por su alianza con
los revolucionarios. ¿Dónde está aquí el conflicto
entre católicos tradicionalistas y modernizadores? Estos
últimos apenas tenían importancia en el drama,
arrastrados y desacreditados por su pacto con la
revolución.
«Laín -escribe Sotelo- ha sido uno de los pocos
españoles que desde el catolicismo ha señalado la
responsabilidad de la Iglesia en la preparación
espiritual de las guerras civiles y señala como ejemplo
la actitud que la Iglesia mantuvo ante la segunda
República». Pero esa actitud, aunque recelosa -con
buenas razones- fue extraordinariamente moderada y
absolutamente alejada del guerracivilismo practicado, en
cambio, por sus contrarios. Si de algún modo la
política de la Iglesia, reflejada en la CEDA,
contribuyó a la guerra fue por su blandura e
indecisión, que suscitaron en sus enemigos el desprecio
y la idea de no tener enfrente una fuerza seria.
La historia reciente de la Iglesia puede enfocarse de
diversos modos. Sus enemigos la tratan como la práctica
de una ideología oscurantista feudal o burguesa,
diseñada para enturbiar las convivencias y atar al
hombre a la servidumbre, la ignorancia y el atraso. Para
ellos, su mero carácter religioso la hace enemiga jurada
del progreso, y a partir de ahí su actividad, sea cual
fuere, queda enjuiciada y condenada automáticamente.
Curiosamente, los católicos progresistas comparten en
gran medida esa apreciación y el escaso respeto a los
hechos históricos. Solo salvan en el catolicismo a un
sector progresista -ellos mismos-, capaz de rectificar la
historia anterior y de adaptarse al mundo moderno. Por
supuesto, reconocen las agresiones sufridas por la
Iglesia, pero aun así tienden a culparla de ellas,
achacándole incomprensión con sus enemigos, hacia los
cuales le exigen un plus (muy alto) de misericordia y
mansedumbre.
Pero con un enfoque laico y «moderno» sólo se puede
exigir a la Iglesia lo que a cualquier otra institución,
es decir, respeto a la ley, sin ningún plus de ese tipo.
Y aunque sobre el democratismo de la Constitución
republicana habría mucho que decir, la Iglesia la acató
y no así sus enemigos. Pues, indiscutiblemente, el
anticlericalismo jacobino y revolucionario fue el que
asaltó y destruyó su propia legalidad, y el que
promovió la violencia contra los católicos, y no a la
inversa. Con todo, Sotelo y «muchos católicos», a
imitación de Laín, «siguen esperando de la Iglesia
unas palabras de arrepentimiento». Si esos «muchos»
hablan como «hombres modernos, el arrepentimiento deben
exigírselo a los otros. Y si hablan como religiosos tan
exigentes en relación con la Iglesia, harían bien en
mostrar la misma exigencia respecto de sí mismos, y
examinar los autos de su progresista acción, en los que
acaso encontrasen algún motivo para arrepentirse
también ellos. Desde un punto de vista laico, al menos,
los motivos son sobrados.
Durante la república, el católico presidente
Alcalá-Zamora se mostraba muy orgulloso de su
progresismo. La izquierda acogía sus pretensiones con
crueles mofas, pero ello no le impidió mostrar la mayor
comprensión, teñida a veces de temor, hacia Azaña,
Maciá o el Psoe, incluido Largo Caballero. Podría
entenderse su actitud como caridad cristiana o algo así
si no fuera porque se convertía en hosquedad e
incomprensión hacia la derecha moderada de Gil-Robles.
En el primer bienio, recuerda Azaña, el presidente de la
república no molestó a la izquierda, salvo a última
hora; pero luego se convirtió en un azote para el
gobierno de centro derecha. Contribuyó a destruir el
Partido Radical, importante elemento de equilibrio del
régimen, impidió a la derecha aplicar su programa, y
por fin la expulsó del gobierno en un momento
peligrosísimo, abriendo la puerta del poder a una
izquierda revanchista. Su comprensión excesiva hacia los
violentos y su arrogante hostilidad hacia los moderados,
fue, indiscutiblemente, un factor de primer orden en el
despeñamiento hacia la guerra.
Algo así cabe decir del PNV. Pese a su extremo
clericalismo ayudó al triunfo electoral del Frente
Popular, en febrero del 36, al negarse a pactar con las
demás derechas. Y cuando se reanudó la guerra, en
julio, colaboró con quienes asesinaban en masa a
clérigos y cristianos, ofreciéndose para lavarles la
cara ante la pésima imagen internacional que esa
persecución les valió. Clérigos peneuvistas llegaron a
sostener que la persecución se la había ganado la
Iglesia española -salvo la vasca-, por su
reaccionarismo. Todo lo cual no impidió al PNV
traicionar luego al Frente Popular, cuando lo vio
perdedor en la contienda.
Esta actitud, displicente o algo peor, hacia las
víctimas la encontramos también entre los católicos
progres actuales. La tortura y matanza de miles de
personas, que murieron perdonando a sus verdugos y «sin
una apostasía», como cantó Claudel, impresiona a
cualquiera, sea cristiano o ateo. Pero no así a los
católicos progres, proclives a murmurar contra las
beatificaciones, y partidarios de relegar a un
polvoriento olvido a sus correligionarios mártires,
mientras insisten en el arrepentimiento de la Iglesia.
Según Laín y Sotelo, «la mayor culpa recae sobre una
Iglesia que no mostró con los vencidos ni un ápice de
caridad cristiana en el tiempo en que tuvo más poder y
más se necesitó su amparo maternal». Esto, dicho así,
sin matizar, es simplemente falso. Además, quienes con
mayor dureza trataron a los vencidos fueron quizá
sectores fascistas o parafascistas, en cuya ala más
filonazi militaba Laín entonces, aunque él,
personalmente, no participara en las venganzas ni las
alentara.
Estas cosas, vistas desde fuera de la religión, podrían
motivar el comentario: ¡es asunto de los católicos!
Pero en realidad afecta a toda la sociedad. El
catolicismo progresista deplora intensamente el apoyo de
la Iglesia al régimen de Franco, pero la cosa no tiene
ningún secreto. La victoria de Franco salvó
indudablemente a la Iglesia de su completa destrucción
física en España, y su régimen representaba el
valladar contra la revolución. Pío XI había declarado
el comunismo «intrínsecamente perverso», por lo que
«no se puede admitir que colaboren con él, en ningún
terreno, los que quieren salvar la civilización
cristiana. Cierto que un católico moderado como
Gil-Robles apostó, al final de la guerra mundial, por un
cambio de régimen, pero lo hacía pensando, muy
erróneamente, que éste se iba a derrumbar bajo la
presión de los aliados, o que éstos iban a entrar en
Madrid con sus tanques. Gil-Robles preconizaba, además,
un régimen monárquico a duras penas democrático y aun
más difícilmente viable en las circunstancias de
entonces.
La actitud del Papado hacia el comunismo cambió
notablemente en los años 60, y amplios sectores
eclesiásticos, en España y fuera, promovieron el
«diálogo» con los marxistas, y otras puestas al día.
Muchos clérigos, sobre todo en el País Vasco, llegaron
a identificar, al menos en buena parte, la misión de la
Iglesia con el supuesto objetivo comunista de acabar con
la pobreza, y se dedicaron a socavar al régimen de
Franco (y el capitalismo, en general). Bien está, si se
quiere, pero lo cierto es que el franquismo estaba
erradicando la pobreza con muchísima mayor eficacia que
los comunistas, los «cristianos por el socialismo» o la
«teología de la liberación» en cualquier lugar donde
éstos hayan tenido poder. El balance de logros del
cristianismo progresista a favor de los pobres es
simplemente nulo. En cambio ayudó poderosamente al
desarrollo del PCE, de grupos maoístas partidarios de la
«lucha armada» como la ORT, y especialmente del
terrorismo de ETA. Con estas prácticas, el catolicismo
ha sufrido y sufre una de las mayores crisis de su
historia. Esta consecuencia podría tener, quizá, poca
importancia desde un punto de vista laico, pero no así
la causa, es decir, la implicación, abierta o solapada,
pero indudable del progresismo cristiano con el
comunismo, los separatismos balcanizantes y el
terrorismo. Y como esas fuerzas violentas y amenazadoras
siguen en acción, quizá fuera más conveniente exigir
arrepentimiento a quienes contribuyeron a promoverlas,
que a quienes se aliaron, por razones muy comprensibles,
con un régimen que los salvó literalmente, y que de
todos modos es hoy historia pasada.
Pío Moa
* Vid.
“Libertad digital”, 10-IX-2001.
|
Pulse aquí para enviar
correo 