Razón Española, nº 111; Fisco y libertad

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Fisco y libertad

Por Luis Sánchez de Movellán

Clases de monárquicos indice Manuel Jiménez Quílez

Fisco y libertad

Uno de los primeros mandamientos jurídicos es el de pagar los impuestos. El moderno Estado Fiscal nace de la crisis de su antecesor, el estado feudal, que al desintegrarse, y por necesidades financieras, conduce al desarrollo de un sistema impositivo, administrado por una burocracia que constituirá el embrión del Estado moderno. Los impuestos no solamente ayudaron a crear el Estado, sino que ayudaron a potenciarlo, siendo el sistema impositivo el órgano cuyo desarrollo vinculaba a los otros órganos (1).

En la antigua Atenas, los impuestos eran considerados el distintivo principal de la tiranía, y los romanos consideraban expresamente los directos como una forma de tributo aplicable sólo a gentes conquistadas y no a ciudadanos. En Occidente fue una regla desde la antigüedad clásica hasta el siglo XX, que la imposición directa regular se considerase ilegítima salvo para gentes sometidas. El impuesto regular y progresivo sobre la renta
como paradigma del impuesto directo- es un «instrumento típico del Estado de Bienestar comparable, por el control que permite ejercer a los gobernantes y funcionarios sobre los ciudadanos degradándolos a la condición de súbditos, a la policía secreta de su contrapunto histórico, el Estado totalitario» (2).

Los impuestos -especialmente determinados impuestos directos como el mencionado- se oponen desde una perspectiva política a la libertad, debido a los poderes de coacción, control e intervención que confieren a los políticos y a la burocracia en general para poder hacerlos efectivos.

Las prerrogativas otorgadas al Fisco son tan numerosas en el Estado de Partidos que la libertad individual se encuentra comprometida. Se puede hablar de una inquisición fiscal a la que el ciudadano, se ha dicho, puede responder legítimamente con el derecho de resistencia, sobre todo cuando la presión alcanza niveles confiscatorios, pues entonces se atenta también contra la propiedad (3).

Cuando se atenta contra la igualdad, la libertad y el derecho de propiedad, el derecho de resistencia se justifica. Además, el derecho fiscal sólo tiene de jurídico la forma. El derecho se elabora para procurar la seguridad, y por tanto, debe ser estable, claro y cierto; pero el derecho tributario actual es todo lo contrario: es inestable, complejo e incierto (4). Es la inestabilidad, la complejidad, la incertidumbre y la injusticia. Además, la confiscación es inicua.

Si adaptamos la antigua doctrina del tiranicidio a las circunstancias del Estado democrático moderno, se explicarán «el entorpecimiento de la máquina burocrática..., el sabotaje continuo... del funcionamiento de la máquina estatal...» (5). Uno de los campos en los que esta lucha ciudadana contra el despotismo puede tener mejores efectos es precisamente en el de la Hacienda pública. Para el profesor Alvaro D'Ors, si en un momento dado existe un consenso suficientemente general de subversión fiscal, el incumplimiento masivo de los deberes fiscales deja desarmado al gobierno, pues puede éste llegar a perder los medios para organizar incluso la misma represión del fraude fiscal (6). También existe la antigua teoría de los moralistas, según la cual las leyes fiscales son «mere poenales», es decir, no obligan en conciencia, y mucho menos obligan cuando la conciencia las rechaza como injustas. El contribuyente no está obligado a obedecer en conciencia, sólo debe sufrir la pena que acompaña a la ley fiscal que no haya respetado (7).

En conclusión, y citando de nuevo al profesor D'Ors, nuestra postura no ha de ser la de resignarnos «a mantener puramente la doctrina paulina de obediencia al poder despótico, aboliendo cuanto dicen los moralistas modernos sobre el deber moral de participación política...» La doctrina católica -que para D'Ors es el criterio definitivo- debe esforzarse en «sustituir la doctrina del lícito tiranicidio, hoy poco eficaz, por la del lícito sabotaje a la máquina estatal, única viable para producir el desplazamiento de un poder que abusa de la legalidad por él mismo constituida» (8).



Luis Sánchez de Movellán

Notas

1 Cfr. Schumpeter, J.: La crisis del Estado fiscal, en “Hacienda Pública Española”, n.º 2, 1970, págs. 153-154

2 Vid. Negro PavÓn, D.: El IRPF, En “La Razón” de 29-II-2000.

3 Cfr. MartÍnez, J.C.: El fraude fiscal, ed. FCE, México, 1989, pág. 70.

4 Cfr. Ibídem, pág. 71.

5 Vid. D’Ors, A.: Ensayos de teoría política, ed. Eunsa, Pamplona, 1979, pág. 197.

6 Vid. Ibídem, id.

7 Cfr. Martínez, J.C.: op. cit., pág. 63.

8 Vid. D’Ors, A.: op. cit., pág. 198.



 

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