El nombramiento
de Franco
Del
nombramiento dentro de las campañas orquestadas por los
medios de comunicación contra la figura de Franco, se
viene cometiendo el error de manifestar que «el general
Franco se autonombró Generalísimo». Los hechos
históricos, conocidos de todos los bien informados,
demuestran lo contrario.
La jefatura del golpe de Estado del 18 de julio de 1936
la ostentaba José Sanjurjo Sacanell, si bien fue
dirigido por Emilio Mola Vidal, «El Director». Sanjurjo
moría el 20 de julio de 1936 en accidente de aviación,
cuando desde La Marinha, cerca de Cascaes (Portugal) se
dirigía a Burgos, quedando los mandos militares en tres
circunscripciones: Mola en el Norte; Queipo de Llano en
Andalucía, y Franco en Africa y Canarias. Al fracasar el
alzamiento en Madrid y en las principales capitales, los
militares tuvieron que designar una jefatura que
sustituyese a la de Sanjurjo. Por decreto del 24 de julio
de 1936 se constituyó la Junta de Defensa Nacional,
órgano colegiado que asumía todos los poderes del
Estado, así como la representación del mismo ante las
potencias extranjeras, en la zona nacional. Dicha Junta
estuvo compuesta por el general de División, Miguel
Cabanellas Ferrer, que hacía las veces de presidente de
la misma, como general más antiguo; por el también
general de División Andrés Saliquet Zumeta; los de
Brigada, Miguel Ponte y Manso de Zúñiga -que cesó en
tal cargo el 18 de agosto del mismo año-, Emilio Mola
Vidal, y Fidel Dávila Arrondo; y por los coroneles del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, Federico Montaner
Canet y Fernando Moreno Calderón. Con posterioridad se
integro en ella el capitán de navío Francisco Moreno
Fernández. El 3 de agosto lo hizo el general de
División Germán Gil Yuste, el 17 de septiembre, el
general de División, Gonzalo Queipo de Llano y el
general de Brigada, Luis Orgaz Yoldi. La Junta fijó su
sede en Burgos y ejerció su mandato hasta el 1º de
octubre de 1936 en que, por decreto de la misma nombró
jefe del Gobierno al general Franco -que asumió todos
los poderes del nuevo Estado- y comenzó a funcionar la
denominada Junta Técnica.
El objetivo era ganar la guerra y lo que hacía falta era
contar con el mejor general disponible. Las gentes
sabían muy bien quien era ese general, porque, como
diría uno de sus críticos, José Mª Gil Robles,
refiriéndose a Franco en la primavera de 1935: «La
opinión unánime del Ejército le designaba como el jefe
indiscutible».
El 21 de septiembre de 1936, la Junta de Defensa celebró
su primera reunión en la finca del ganadero de reses
bravas, Antonio Pérez Tabernero, en Muñodono, a unos
treinta kilómetros de Salamanca, junto a su aeródromo
de guerra. Asistieron los generales Cabanellas, Dávila,
Mola, Saliquet, Valdés y Cabanillas, Gil Yuste, Franco,
Orgaz, Queipo de Llano y Kindelán y los coroneles
Montaner y Moreno Calderón. En esta reunión existían
dos sectores. El presidente Cabanellas, que con otros
varios miembros de la Junta, abogaba por el mantenimiento
de la dirección colegiada de la política y de las
operaciones militares o, al menos, de la política
general. El segundo sector estaba formado por los
generales monárquicos Orgaz y Kindelán, que de acuerdo
con Alfonso XIII, favorecían la designación de Franco
como jefe militar único. En el centro decisivo estaba el
general Mola, que también se inclinaba por Franco.
En esta reunión los generales no consiguen entrar en el
problema principal. Después de comer, Kindelán vuelve a
plantear el mando único militar. Ante las reticencias,
Mola declara: «Pues yo creo tan interesante el mando
único que si antes de ocho días no se ha nombrado
generalísimo, ya no sigo. Yo digo ahí queda eso y me
voy». Se produce una votación en la que Kindelán, con
el apoyo de Mola y de Orgaz, propone a Franco. Todos
aceptan, con la abstención de Cabanellas. Pero la Junta,
de momento, no formalizó una decisión.
El 28 de septiembre se celebró la segunda reunión con
los mismos asistentes. El general Kindelán leyó el
proyecto de decreto que había redactado. «Constituye
precepto indiscutible del arte de la guerra la necesidad
del mando único de los Ejércitos en campaña. En la
nuestra, hasta ahora, la falta de tal requisito, impuesta
por la incomunicación inicial entre los teatros de
operaciones, ha sido suplida por el entusiasmo y buena
voluntad de todos y por la unidad espiritual, que es
característica destacada del Movimiento. Realizada la
conjunción táctica e incrementadas considerablemente
las fuerzas de los Ejércitos, se hace inaplazable dar
realidad al mando único, postulado indispensable de la
victoria. En su virtud, y en la seguridad de interpretar
el sentir nacional auténtico, se decreta:
Artículo 1.º Todas las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire
que colaboran o colaboren en el porvenir a favor del
Movimiento estarán subordinadas a un mando único, que
desempeñará un general de división o vicealmirante.
Artículo 2.º El nombrado se llamará Generalísimo y
tendrá la máxima jerarquía militar, estándole
subordinados los militares y marinos de mayor categoría.
Artículo 3.º La jerarquía de Generalísimo llevará
anexa la función de jefe del Estado, mientras dure la
guerra, dependiendo del mismo, como tal, todas las
actividades nacionales: políticas, económicas,
sociales, culturales, etcétera.
Artículo 4.º Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a ésta.
Como se puede apreciar, el decreto de Kindelán era muy
claro en cuanto al mando único; y en el tercer artículo
acumulaba al mando militar la jefatura del Estado
mientras durase la guerra, limitación que Franco había
tolerado como baza de negociación, pero que a la vez
declaró no aceptar.
El decreto. En el almuerzo se habló de la situación
militar y, sobre todo, de la liberación del Alcázar
acontecida la tarde anterior. «Tras la comida -según
Kindelán- se iniciaron conversaciones parciales en las
que brilló el oro más puro del patriotismo y
desinterés por parte de todos». Se celebró entonces la
segunda y definitiva reunión, en la que Franco impuso su
criterio de no aceptar más que sin limitación de tiempo
la jefatura suprema. Con algunas matizaciones, se aceptó
en líneas generales el proyecto de Kindelán, y
Cabanellas fijó el plazo de dos días para publicarlo.
El 29 de septiembre Cabanellas firma el decreto para
designación del mando supremo que se publicará en el
«Boletín» del día siguiente. La versión definitiva
es la siguiente: «La Junta de Defensa Nacional, creada
por decreto de veinticuatro de julio de mil novecientos
treinta y seis, y el régimen provisional de mandos
combinados respondían a las más apremiantes necesidades
de la liberación de España.
»Organizada con perfecta normalidad la vida civil en las
provincias rescatadas y establecido el enlace entre los
varios frentes de los Ejércitos que luchan por la
salvación de la patria, a la vez que por la causa de la
civilización, impónese ya un régimen orgánico y
eficiente que responda adecuadamente a la nueva realidad
española y prepare, con la máxima autoridad, su
porvenir.
»Razones de todo linaje señalan la alta conveniencia de
concentrar en un solo poder todos aquellos que han de
conducir a la victoria final, y al establecimiento,
consolidación y desarrollo del nuevo Estado, con la
asistencia fervorosa de la nación.
»En consideración a los motivos expuestos, y segura de
interpretar el verdadero sentir nacional, esta Junta, al
servicio de España, promulga el siguiente Decreto:
Artículo 1º. En cumplimiento de acuerdo adoptado por la
Junta de Defensa Nacional, se nombra jefe de Gobierno del
Estado español al excelentísimo señor general de
división don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá
todos los poderes del nuevo Estado.
Artículo 2º. Se le nombra asimismo generalísimo de las
fuerzas nacionales de Tierra, Mar y Aire, y se le
confiere el cargo de general jefe de los Ejércitos de
operaciones.
Artículo 3º. Dicha proclamación será revestida de
forma solemne, ante representación adecuada de todos los
elementos nacionales que integran este movimiento
liberador, y de ella se hará la oportuna comunicación a
los Gobiernos extranjeros.
Artículo 4º. En el breve lapso que transcurre hasta la
transmisión de poderes, la Junta de Defensa Nacional
seguirá asumiendo cuantos actualmente ejerce.
Artículo 5º. Quedan derogadas y sin vigor cuantas
disposiciones se opongan a este decreto. Dado en Burgos a
29 de septiembre de 1936. Miguel Cabanellas».
La investidura. Había desaparecido del proyecto
Kindelán toda limitación en el mando de Franco. La
denominación jefe del Gobierno del Estado era una simple
concesión a Cabanellas, pero ante la atribución
simultánea de todos los poderes del Estado equivalía
sin más a la jefatura del Estado, como se demostró en
la ley que Franco firmó el 1º de octubre de 1936, en la
que se hablaba simplemente de jefatura del Estado, como
reconoció, desde el primer día, la opinión pública.
El mismo día 30 de septiembre, por iniciativa personal,
el obispo de Salamanca, el catalán Enrique Plá y Deniel
-que cedía a Franco su palacio como nuevo cuartel
general-, firmaba una importantísima pastoral, Las dos
ciudades, en que la Iglesia de España declaraba
«cruzada» al movimiento nacional. «La actual lucha
-decía la pastoral- reviste, sí, la forma externa de
una guerra civil; pero en realidad es una cruzada.»
El 1º de octubre de 1936 la Junta de Defensa proclama en
Burgos generalísimo y jefe del Estado al general
Francisco Franco, a quien el general Cabanellas, en su
discurso, llama jefe del Estado. Franco acepta en una
breve arenga en la que afirma «mi pulso no temblará» y
añade: «Me tengo que encargar de todos los poderes».
Luego sale al balcón de la Capitanía General de Burgos
y dirige unas palabras al gentío que le aclamaba.
La primera ley y creación de la Junta Técnica del
Estado. En la tarde del 1º de octubre de 1936, Franco
firmó el decreto número 1 de su mandato, por el cual se
organizaba el Ejército Nacional en dos grandes regiones:
la del Norte, al mando del general Mola; la del Sur, que
incluye la provincia de Badajoz, a las órdenes del
general Queipo de Llano. Por esta ley también se creaba
la Junta Técnica del Estado como organismo ejecutivo de
la Administración, que respondiese a las
características de autoridad, unidad, rapidez y
seriedad, tan esenciales para el desenvolvimiento de las
diversas actividades del país. Presidía dicha junta el
general Fidel Dávila Arrondo y se componía de las
siguientes comisiones. De Hacienda, presidida por Andrés
Amado y Reygondaud de Villebardet, que tenía como
misión el estudio y preparación de los siguientes
asuntos: divisas, donativos, impuestos, contribuciones,
bancos, Tesoro Nacional, aduanas, timbre, presupuestos,
cámaras de compensación, aranceles, monopolios y
operaciones de créditos y gastos. De Justicia, presidida
por José Cortés López, a la que competía la
proposición de aquellas normas que en el orden procesal
no tenían, en aquellos momentos, aplicación tangible,
así como la modificación o alteración de las hasta
entonces vigentes. De Industria, Comercio y Abastos, para
cuya presidencia se designó a Joaquín Bau Nolla, a la
que se encargaba el estudio estadístico de las diversas
actividades, mercancías y provisiones existentes en las
provincias ocupadas; régimen de coordinación entre las
mismas y auxilios que necesitasen; fomento de las
exportaciones y determinación de las importaciones
necesarias, así como arbitrar los primeros medios
necesarios para la subsistencia de las industrias. De
Agricultura y Trabajo Agrícola, presidida por Eufemio
Olmedo, cuya función principal consistía en fijar las
normas indispensables para la continuación de las
actividades agrícolas y preparar la revalorización de
los productos de la tierra; establecimiento de
patrimonios familiares; cámaras agrícolas y mejora de
la vida campesina. De Trabajo, de la que era presidente
Alejandro Gallo Artacho, cuya competencia se extendía a
todo lo relacionado con las bases vigentes y laudos de
trabajo, y el estudio de nuevas orientaciones que
tendiesen al bienestar obrero y a la colaboración de
éste con los demás elementos de la producción. De
Cultura y Enseñanza, presidida por José María Pemán y
Pemartín, que debía ocuparse de asegurar la continuidad
de la vida escolar y universitaria; de la reorganización
de los centros de enseñanza y del estudio de las
modificaciones necesarias para adaptar éstos a las
orientaciones del nuevo Estado. De Obras Públicas y
Comunicaciones, cuyo presidente fue Mauro Serret, que
tenía por misión asegurar la continuación de las obras
públicas en curso; emprender otras nuevas donde fuesen
indispensables; restablecer las líneas de transportes de
todas clases; organizar un perfecto servicio de
comunicaciones postales y telegráficas en todo el
territorio ocupado, así como el personal necesario para
estos servicios.
Dichas comisiones habían de ocuparse, además, de
cuantos otros asuntos no mencionados especialmente fuesen
peculiares de su general cometido. El presidente de la
junta estaba facultado para resolver los asuntos que se
asignasen a las respectivas comisiones; presidía sus
reuniones parciales o totales, pudiendo recabar la
opinión de técnicos que con carácter consultivo
podían nombrarse en cualquier momento; y, por último,
estaba obligado a someter sus dictámenes a la
aprobación del jefe del Estado. En el mismo decreto se
creaba el cargo de gobernador general, el cual tenía
como cometido la inspección de las provincias ocupadas y
cuanto se refería a la organización de su vida
ciudadana, abastos, trabajo y beneficencia, en estrecha
relación con las autoridades de las mismas y con los
departamentos correspondientes de la Junta Técnica del
Estado. Se nombró para ocupar tal cargo al general
Francisco Fermoso Blanco, que lo desempeñó hasta
principios de noviembre de 1936, en que fue reemplazado
por el también general Luis Valdés Cabanillas. Al mismo
tiempo se creaba una Secretaría de Relaciones
Exteriores, que tenía a su cargo las relaciones
diplomáticas y consulares con los demás países, así
como una Sección de Prensa y Propaganda. Y, por último,
una Secretaría General del Estado, con personal
especialista de las materias que eran objeto de las
distintas secciones de la Junta Técnica y con un miembro
destacado del Departamento de Relaciones Exteriores, para
cuyo destino se nombró a Nicolás Franco Bahamonde.
Dicha Junta Técnica fue disuelta por ley de 30 de enero
de 1938, en virtud de la cual se organizó la
Administración Central del Estado y se constituyó el
primer Gobierno de la zona nacional. Franco instaló,
desde el 5 de octubre de 1936, su cuartel general en el
palacio episcopal de Salamanca, y nombró al general
Cabanellas inspector general del Ejército. En el palacio
de Anaya, el general Millán Astray y el escritor Ernesto
Giménez Caballero, montaron unos servicios de propaganda
que cumplieron satisfactoriamente su misión, pese a la
penuria de medios de que dispusieron.
Logrado el mando único, Franco ordenó al jefe del
Ejército Norte, general Mola, el avance sobre Madrid.
De «autonombramiento» nada.
|
Pulse aquí para enviar
correo 