Razón Española, nº 110; El nombramiento de Franco

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El nombramiento de Franco

Por E. Palomar Baró

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El nombramiento de Franco

Del nombramiento dentro de las campañas orquestadas por los medios de comunicación contra la figura de Franco, se viene cometiendo el error de manifestar que «el general Franco se autonombró Generalísimo». Los hechos históricos, conocidos de todos los bien informados, demuestran lo contrario.

La jefatura del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 la ostentaba José Sanjurjo Sacanell, si bien fue dirigido por Emilio Mola Vidal, «El Director». Sanjurjo moría el 20 de julio de 1936 en accidente de aviación, cuando desde La Marinha, cerca de Cascaes (Portugal) se dirigía a Burgos, quedando los mandos militares en tres circunscripciones: Mola en el Norte; Queipo de Llano en Andalucía, y Franco en Africa y Canarias. Al fracasar el alzamiento en Madrid y en las principales capitales, los militares tuvieron que designar una jefatura que sustituyese a la de Sanjurjo. Por decreto del 24 de julio de 1936 se constituyó la Junta de Defensa Nacional, órgano colegiado que asumía todos los poderes del Estado, así como la representación del mismo ante las potencias extranjeras, en la zona nacional. Dicha Junta estuvo compuesta por el general de División, Miguel Cabanellas Ferrer, que hacía las veces de presidente de la misma, como general más antiguo; por el también general de División Andrés Saliquet Zumeta; los de Brigada, Miguel Ponte y Manso de Zúñiga -que cesó en tal cargo el 18 de agosto del mismo año-, Emilio Mola Vidal, y Fidel Dávila Arrondo; y por los coroneles del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, Federico Montaner Canet y Fernando Moreno Calderón. Con posterioridad se integro en ella el capitán de navío Francisco Moreno Fernández. El 3 de agosto lo hizo el general de División Germán Gil Yuste, el 17 de septiembre, el general de División, Gonzalo Queipo de Llano y el general de Brigada, Luis Orgaz Yoldi. La Junta fijó su sede en Burgos y ejerció su mandato hasta el 1º de octubre de 1936 en que, por decreto de la misma nombró jefe del Gobierno al general Franco -que asumió todos los poderes del nuevo Estado- y comenzó a funcionar la denominada Junta Técnica.

El objetivo era ganar la guerra y lo que hacía falta era contar con el mejor general disponible. Las gentes sabían muy bien quien era ese general, porque, como diría uno de sus críticos, José Mª Gil Robles, refiriéndose a Franco en la primavera de 1935: «La opinión unánime del Ejército le designaba como el jefe indiscutible».

El 21 de septiembre de 1936, la Junta de Defensa celebró su primera reunión en la finca del ganadero de reses bravas, Antonio Pérez Tabernero, en Muñodono, a unos treinta kilómetros de Salamanca, junto a su aeródromo de guerra. Asistieron los generales Cabanellas, Dávila, Mola, Saliquet, Valdés y Cabanillas, Gil Yuste, Franco, Orgaz, Queipo de Llano y Kindelán y los coroneles Montaner y Moreno Calderón. En esta reunión existían dos sectores. El presidente Cabanellas, que con otros varios miembros de la Junta, abogaba por el mantenimiento de la dirección colegiada de la política y de las operaciones militares o, al menos, de la política general. El segundo sector estaba formado por los generales monárquicos Orgaz y Kindelán, que de acuerdo con Alfonso XIII, favorecían la designación de Franco como jefe militar único. En el centro decisivo estaba el general Mola, que también se inclinaba por Franco.

En esta reunión los generales no consiguen entrar en el problema principal. Después de comer, Kindelán vuelve a plantear el mando único militar. Ante las reticencias, Mola declara: «Pues yo creo tan interesante el mando único que si antes de ocho días no se ha nombrado generalísimo, ya no sigo. Yo digo ahí queda eso y me voy». Se produce una votación en la que Kindelán, con el apoyo de Mola y de Orgaz, propone a Franco. Todos aceptan, con la abstención de Cabanellas. Pero la Junta, de momento, no formalizó una decisión.

El 28 de septiembre se celebró la segunda reunión con los mismos asistentes. El general Kindelán leyó el proyecto de decreto que había redactado. «Constituye precepto indiscutible del arte de la guerra la necesidad del mando único de los Ejércitos en campaña. En la nuestra, hasta ahora, la falta de tal requisito, impuesta por la incomunicación inicial entre los teatros de operaciones, ha sido suplida por el entusiasmo y buena voluntad de todos y por la unidad espiritual, que es característica destacada del Movimiento. Realizada la conjunción táctica e incrementadas considerablemente las fuerzas de los Ejércitos, se hace inaplazable dar realidad al mando único, postulado indispensable de la victoria. En su virtud, y en la seguridad de interpretar el sentir nacional auténtico, se decreta:

Artículo 1.º Todas las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire que colaboran o colaboren en el porvenir a favor del Movimiento estarán subordinadas a un mando único, que desempeñará un general de división o vicealmirante.

Artículo 2.º El nombrado se llamará Generalísimo y tendrá la máxima jerarquía militar, estándole subordinados los militares y marinos de mayor categoría.

Artículo 3.º La jerarquía de Generalísimo llevará anexa la función de jefe del Estado, mientras dure la guerra, dependiendo del mismo, como tal, todas las actividades nacionales: políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera.

Artículo 4.º Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a ésta.

Como se puede apreciar, el decreto de Kindelán era muy claro en cuanto al mando único; y en el tercer artículo acumulaba al mando militar la jefatura del Estado mientras durase la guerra, limitación que Franco había tolerado como baza de negociación, pero que a la vez declaró no aceptar.



El decreto. En el almuerzo se habló de la situación militar y, sobre todo, de la liberación del Alcázar acontecida la tarde anterior. «Tras la comida -según Kindelán- se iniciaron conversaciones parciales en las que brilló el oro más puro del patriotismo y desinterés por parte de todos». Se celebró entonces la segunda y definitiva reunión, en la que Franco impuso su criterio de no aceptar más que sin limitación de tiempo la jefatura suprema. Con algunas matizaciones, se aceptó en líneas generales el proyecto de Kindelán, y Cabanellas fijó el plazo de dos días para publicarlo.

El 29 de septiembre Cabanellas firma el decreto para designación del mando supremo que se publicará en el «Boletín» del día siguiente. La versión definitiva es la siguiente: «La Junta de Defensa Nacional, creada por decreto de veinticuatro de julio de mil novecientos treinta y seis, y el régimen provisional de mandos combinados respondían a las más apremiantes necesidades de la liberación de España.

»Organizada con perfecta normalidad la vida civil en las provincias rescatadas y establecido el enlace entre los varios frentes de los Ejércitos que luchan por la salvación de la patria, a la vez que por la causa de la civilización, impónese ya un régimen orgánico y eficiente que responda adecuadamente a la nueva realidad española y prepare, con la máxima autoridad, su porvenir.

»Razones de todo linaje señalan la alta conveniencia de concentrar en un solo poder todos aquellos que han de conducir a la victoria final, y al establecimiento, consolidación y desarrollo del nuevo Estado, con la asistencia fervorosa de la nación.

»En consideración a los motivos expuestos, y segura de interpretar el verdadero sentir nacional, esta Junta, al servicio de España, promulga el siguiente Decreto:

Artículo 1º. En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Junta de Defensa Nacional, se nombra jefe de Gobierno del Estado español al excelentísimo señor general de división don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado.

Artículo 2º. Se le nombra asimismo generalísimo de las fuerzas nacionales de Tierra, Mar y Aire, y se le confiere el cargo de general jefe de los Ejércitos de operaciones.

Artículo 3º. Dicha proclamación será revestida de forma solemne, ante representación adecuada de todos los elementos nacionales que integran este movimiento liberador, y de ella se hará la oportuna comunicación a los Gobiernos extranjeros.

Artículo 4º. En el breve lapso que transcurre hasta la transmisión de poderes, la Junta de Defensa Nacional seguirá asumiendo cuantos actualmente ejerce.

Artículo 5º. Quedan derogadas y sin vigor cuantas disposiciones se opongan a este decreto. Dado en Burgos a 29 de septiembre de 1936. Miguel Cabanellas».



La investidura. Había desaparecido del proyecto Kindelán toda limitación en el mando de Franco. La denominación jefe del Gobierno del Estado era una simple concesión a Cabanellas, pero ante la atribución simultánea de todos los poderes del Estado equivalía sin más a la jefatura del Estado, como se demostró en la ley que Franco firmó el 1º de octubre de 1936, en la que se hablaba simplemente de jefatura del Estado, como reconoció, desde el primer día, la opinión pública.

El mismo día 30 de septiembre, por iniciativa personal, el obispo de Salamanca, el catalán Enrique Plá y Deniel -que cedía a Franco su palacio como nuevo cuartel general-, firmaba una importantísima pastoral, Las dos ciudades, en que la Iglesia de España declaraba «cruzada» al movimiento nacional. «La actual lucha -decía la pastoral- reviste, sí, la forma externa de una guerra civil; pero en realidad es una cruzada.»

El 1º de octubre de 1936 la Junta de Defensa proclama en Burgos generalísimo y jefe del Estado al general Francisco Franco, a quien el general Cabanellas, en su discurso, llama jefe del Estado. Franco acepta en una breve arenga en la que afirma «mi pulso no temblará» y añade: «Me tengo que encargar de todos los poderes». Luego sale al balcón de la Capitanía General de Burgos y dirige unas palabras al gentío que le aclamaba.



La primera ley y creación de la Junta Técnica del Estado. En la tarde del 1º de octubre de 1936, Franco firmó el decreto número 1 de su mandato, por el cual se organizaba el Ejército Nacional en dos grandes regiones: la del Norte, al mando del general Mola; la del Sur, que incluye la provincia de Badajoz, a las órdenes del general Queipo de Llano. Por esta ley también se creaba la Junta Técnica del Estado como organismo ejecutivo de la Administración, que respondiese a las características de autoridad, unidad, rapidez y seriedad, tan esenciales para el desenvolvimiento de las diversas actividades del país. Presidía dicha junta el general Fidel Dávila Arrondo y se componía de las siguientes comisiones. De Hacienda, presidida por Andrés Amado y Reygondaud de Villebardet, que tenía como misión el estudio y preparación de los siguientes asuntos: divisas, donativos, impuestos, contribuciones, bancos, Tesoro Nacional, aduanas, timbre, presupuestos, cámaras de compensación, aranceles, monopolios y operaciones de créditos y gastos. De Justicia, presidida por José Cortés López, a la que competía la proposición de aquellas normas que en el orden procesal no tenían, en aquellos momentos, aplicación tangible, así como la modificación o alteración de las hasta entonces vigentes. De Industria, Comercio y Abastos, para cuya presidencia se designó a Joaquín Bau Nolla, a la que se encargaba el estudio estadístico de las diversas actividades, mercancías y provisiones existentes en las provincias ocupadas; régimen de coordinación entre las mismas y auxilios que necesitasen; fomento de las exportaciones y determinación de las importaciones necesarias, así como arbitrar los primeros medios necesarios para la subsistencia de las industrias. De Agricultura y Trabajo Agrícola, presidida por Eufemio Olmedo, cuya función principal consistía en fijar las normas indispensables para la continuación de las actividades agrícolas y preparar la revalorización de los productos de la tierra; establecimiento de patrimonios familiares; cámaras agrícolas y mejora de la vida campesina. De Trabajo, de la que era presidente Alejandro Gallo Artacho, cuya competencia se extendía a todo lo relacionado con las bases vigentes y laudos de trabajo, y el estudio de nuevas orientaciones que tendiesen al bienestar obrero y a la colaboración de éste con los demás elementos de la producción. De Cultura y Enseñanza, presidida por José María Pemán y Pemartín, que debía ocuparse de asegurar la continuidad de la vida escolar y universitaria; de la reorganización de los centros de enseñanza y del estudio de las modificaciones necesarias para adaptar éstos a las orientaciones del nuevo Estado. De Obras Públicas y Comunicaciones, cuyo presidente fue Mauro Serret, que tenía por misión asegurar la continuación de las obras públicas en curso; emprender otras nuevas donde fuesen indispensables; restablecer las líneas de transportes de todas clases; organizar un perfecto servicio de comunicaciones postales y telegráficas en todo el territorio ocupado, así como el personal necesario para estos servicios.

Dichas comisiones habían de ocuparse, además, de cuantos otros asuntos no mencionados especialmente fuesen peculiares de su general cometido. El presidente de la junta estaba facultado para resolver los asuntos que se asignasen a las respectivas comisiones; presidía sus reuniones parciales o totales, pudiendo recabar la opinión de técnicos que con carácter consultivo podían nombrarse en cualquier momento; y, por último, estaba obligado a someter sus dictámenes a la aprobación del jefe del Estado. En el mismo decreto se creaba el cargo de gobernador general, el cual tenía como cometido la inspección de las provincias ocupadas y cuanto se refería a la organización de su vida ciudadana, abastos, trabajo y beneficencia, en estrecha relación con las autoridades de las mismas y con los departamentos correspondientes de la Junta Técnica del Estado. Se nombró para ocupar tal cargo al general Francisco Fermoso Blanco, que lo desempeñó hasta principios de noviembre de 1936, en que fue reemplazado por el también general Luis Valdés Cabanillas. Al mismo tiempo se creaba una Secretaría de Relaciones Exteriores, que tenía a su cargo las relaciones diplomáticas y consulares con los demás países, así como una Sección de Prensa y Propaganda. Y, por último, una Secretaría General del Estado, con personal especialista de las materias que eran objeto de las distintas secciones de la Junta Técnica y con un miembro destacado del Departamento de Relaciones Exteriores, para cuyo destino se nombró a Nicolás Franco Bahamonde. Dicha Junta Técnica fue disuelta por ley de 30 de enero de 1938, en virtud de la cual se organizó la Administración Central del Estado y se constituyó el primer Gobierno de la zona nacional. Franco instaló, desde el 5 de octubre de 1936, su cuartel general en el palacio episcopal de Salamanca, y nombró al general Cabanellas inspector general del Ejército. En el palacio de Anaya, el general Millán Astray y el escritor Ernesto Giménez Caballero, montaron unos servicios de propaganda que cumplieron satisfactoriamente su misión, pese a la penuria de medios de que dispusieron.

Logrado el mando único, Franco ordenó al jefe del Ejército Norte, general Mola, el avance sobre Madrid.

De «autonombramiento» nada.



 

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