Razón Española, nº 110; Mixtificaciones políticas

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Mixtificaciones políticas

Por J. Molina Cano

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Mixtificaciones políticas

Entre otras mixtificaciones políticas contemporáneas, a la vez causa y efecto de la situación de la inteligencia política, podrían citarse cuatro:

(1) la dogmática contraposición entre el capitalismo y el socialismo;
(2) la insensata equiparación del liberalismo con la derecha y del socialismo con la izquierda;
(3) la supuesta identidad entre Estado de derecho e Imperio de la ley; y
(4) la extraña confusión, preñada de significado político, jurídico, entre las ideas recibidas de la democracia social y el Estado social. Tal vez convendría revisarlas, siquiera a vuelapluma.

Se habla indistintamente de liberalismo y de capitalismo, para oponerlos al socialismo; pero liberalismo y socialismo constituyen una interpretación política divergente, si bien sólo hasta cierto punto, de la actividad económica capitalista. En rigor, las ideologías liberal y socialista, no son sino doctrinas sociales, inspiradoras de lo que desde 1848 se ha venido imponiendo como sustitutivo de la política, a saber: la política social.

En cuanto al paralelismo de liberalismo y derecha, y socialismo e izquierda debe advertirse lo insidioso de su naturaleza, pues forma parte de la ofensiva de los poderes indirectos del siglo XX contra los últimos vestigios de una política no absolutamente ideologizada. Así, mientras que el liberal y el socialista responden al modo de pensar político-social, el derechista y el izquierdista instálanse en un plano diferente, el del pensamiento ideológico-político. En cualquier caso, la inercia del tópico es tal que Dalmacio Negro, cuya terminología de los modos del pensamiento político hemos adoptado aquí, ha considerado necesario insistir en la dimensión izquierdista del liberalismo contemporáneo.

Por otro lado, el decreto académico que asimiló, sobre todo después de la II guerra mundial, Estado de derecho e Imperio de la ley ha devenido inamovible. La indefinición en la que ahora flotan los dos conceptos no ha sido ajena a la colación y posterior reparto de la herencia del Derecho político europeo, cuyo estilo intenta emular sin gracia su espectro, el Derecho constitucional. Ciertamente, la aséptica aniquilación académica y, a la postre, espiritual del Derecho político nos ha retrotraído a la época de la escuela alemana de Derecho público de Laband y Gerber. Entre tanto, se pasa por alto que el Estado de derecho consiste en una decantación del acervo de las ciencias camerales protestantes del siglo XVIII y de la ciencia administrativa de von Mohl y von Stein, adaptado todo ello a las necesidades del liberalismo regalista. Los buenos administrativistas no ignoran que, al menos en parte, el Estado de derecho es una sublimación del estatuto de las antiguas administraciones regias. Durante el siglo pasado la expresión «Rechtsstaat» tuvo para los alemanes el sentido formal de un Estado con una ley constitucional. ¿Acaso no fue el «État constitutionnel», antes de ser transformado por André Hauriou y Maurice Duverger, el concepto que perfecciona la recia tradición del pensamiento administrativo francés? Esta perspectiva es de gran utilidad para comprender el problema de la instauración del Estado de derecho en España. Al tipo de neutralidad del «Rechtsstaat» y del «État constitutionnel», típica de la estatalidad, respondieron en España las Leyes Fundamentales, instrumentos políticos que, vistos en la óptica de la sucesión de las formas políticas, acometieron con éxito la estatización de la Monarquía hispánica, empresa política a la que la nación española, de acusada vocación paraestatal, fue convocada formalmente por la II República. Este tipo de consideraciones refuerza la opinión, no siempre atendida, de que todo Estado es por definición de derecho. Unicamente si se parte de este aserto puede entenderse, a su vez, que el Estado (máquina) se constituya en la instancia expropiadora, monopolizadora y administradora del derecho de la comunidad jurídica (organismo). Y justamente porque esta situación política no quiere ser reconocida, se ha apelado al prestigio del Imperio de la ley, principio de la política anglosajona del Bien común o «Commonwealth». Sin embargo, los principios de las formas políticas no resultan intercambiables. Concretamente, la sumisión del Estado al derecho que enseñorea es imposible, pues contradice la propia lógica estatal.

El mismo interés tiene actualmente la equiparación del Estado social y democrático con la democracia social, a la que nos han acostumbrado los exégetas de las constituciones contemporáneas. Si se examinan con alguna atención estos dos conceptos políticos, percíbese que media entre ellos lo que va del estatismo al socialismo, tomado este último en su sentido originario de una política de la sociedad, en rigor antiestatista y organicista. Sin embargo, la interpretación de la historiografía constitucionalista dominante los ha emparejado. No parece probable que la idea de una democracia social tenga mucho que ver con lo que hoy se denomina Estado social y democrático, y ello por dos motivos principales. En primer lugar, porque la democracia social constituye el ensayo de una nueva forma de ordenación de lo político, orientada por la figura del trabajador. En segundo lugar, porque las efímeras experiencias políticas auspicidadas por los defensores de la democracia social (desde Blanc en Francia a Schulze-Delitzsch en Alemania) fueron coetáneas del giro copernicano que el socialismo marxista imprimió en la política europea al propagar la estatolatría, a pesar de su antiestatismo teórico. Fue precisamente Lasalle, antiguo admirador de Blanc, el que eclipsó a la democracia social inventándose la social-democracia por una necesidad táctica: concurrir a las elecciones para conquistar el Estado. Nunca se insistirá lo suficiente en la responsabilidad del «Social Demokrat» Lasalle por haber difundido el estatismo que a la postre se impuso en Europa, por encima de toda diferencia ideológica. De hecho, las constituciones vigentes todavía honran su memoria apelando al Estado socialdemócrata o, con más prudente expresión Estado social y democrático. La apelación de muchos constitucionalistas a la idea de la democracia social en el marco del Estado social resulta, por tanto, injustificada, y los saltos lógicos de su razonamiento se hacen más evidentes a medida que se descubren las consecuencias divergentes de una y otro en relación con las distintas manifestaciones de lo político. Un ejemplo será suficiente. La democracia social no debe quedar circunscrita, en honor a la verdad, al ámbito de la ideología socialista, ni siquiera al del socialismo no marxista, pues tuvo manifestaciones posteriores, sobre todo después de la Comuna de París, en el pensamiento tradicionalista, en el corporativismo, en el nacionalsindicalismo, en el peronismo, etc. Por lo que respecta a la representación política, la democracia social presupone una representación orgánica, cualquiera que sea su modalidad. En cambio, la representación en el Estado social y democrático tiene siempre un carácter inorgánico, pues así lo requiere el mecanismo del Leviathan.

A pesar de todos los obstáculos que se oponen a una inteligencia cabal de lo político parece, no obstante, según recordaba Dalmacio Negro, que la «ocasión es muy propicia para que huya el pensamiento metafísico de la engañosa claridad de la abstracción, y ateniéndose a lo real, reemprenda una vez más el vuelo en la oscuridad».



 

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