Sobre la
monarquía
Desde
mi juventud, pensé que la monarquía tradicional
debería ser la institución que diera continuidad
perfectiva a la era de Franco, periodo en el que se
llevó a cabo la europeización social y económica de
España, soñada por los regeneracionistas e iniciada por
la dictablanda de Primo de Rivera. Pero la Constitución
de 1978 convirtió a la realeza en un mero símbolo, sin
potestad alguna. Esa institución desustanciada ¿puede
tener alguna funcionalidad? Como demostró Fernández de
la Mora1, una monarquía simbólica no puede tener otra
funcionalidad que la de la ejemplaridad moral. Si pierde
esa virtud se convierte en vestigio historicista o en
parásito administrativo.
Las monarquías hereditarias meramente simbólicas, como
la española, no se fundan en un programa de gobierno,
cuya elaboración corresponde a los partidos, sino
simplemente en algo tan poco democrático como el azaroso
privilegio del nacimiento, o sea, de la genealogía
oficial. En un artículo reciente (25-VI-2001), Rafael
Borrás, que es uno de los mejores conocedores de la
monarquía española contemporánea, citaba esta veraz
opinión: «La fe del Conde de Barcelona en el sistema
monárquico se basaba en la milenaria teoría, elaborada
en la antigüedad remota, de un derecho divino de ciertas
familias a imperar, postulado teóricamente incompatible
con el democrático». A esto replicó L.M. Ansón
(23-VI-2001), con su conocido visceralismo juanista, que
lo que reclamaba el Conde de Barcelona no era que se
reconociera su presunto derecho a reinar en España, sino
que se devolviera la soberanía al pueblo. Pero este
postulado de la soberanía popular no es de las
monarquías, sino de la Revolución francesa que
guillotinó a Luis XVI y a su familia. Y ese ideal lo
puede defender el hombre de la calle sea cual fuere su
nacimiento. ¿Por qué Don Juan alzaba su pretensión
política? No por su condición de español, sino por la
singular circunstancia de ser hijo de Alfonso XIII y
titular de lo que siempre definió como
«imprescriptibles derechos» a la corona de España. No
era un doctrinario, era un pretendiente por herencia.
Volvamos a la realidad inicial y obvia: hay ciertas
familias que, por nacimiento, se consideran con derecho a
reinar en determinados países. Nadie mínimamente
racional puede ya creer en la existencia de tal derecho,
si no está fundado en normas legales vigentes.
¿Por qué accedió Don Juan Carlos de Borbón al trono
de España contra la voluntad de su padre el Conde de
Barcelona? Porque así lo decidió Franco en aplicación
del Derecho constitucional en vigor que eran las Leyes
Fundamentales. ¿Por qué continúa Don Juan Carlos como
rey de España? Porque así lo ha ratificado la
Constitución de 1978, si bien le ha desposeido de todas
las potestades que le atribuían aquellas Leyes
Fundamentales. No hay otra fuente de legitimidad. Al
contrario, el legitimismo alfonsino tendría que haber
declarado usurpador a Don Juan Carlos y haber entronizado
a su padre, a la muerte de Franco. ¿Por qué no lo hizo?
Porque, carente de posibilidades prácticas, tuvo que
asumir la volatilización del legitimismo o supuesto
«derecho hereditario a reinar» y aceptar la aplicación
del Derecho vigente que era la aplicación por Franco de
las Leyes Fundamentales.
Esta es la verdad y lo demás es retórica y sofisma. Que
al cabo de un cuarto de siglo, haya aún quien recurra a
los viejos tópicos legitimistas es pura paleontología
política, pero no fundada en hallazgos fehacientes, sino
en falsos fósiles como el de Piltdown que tanto ha hecho
sonreir a los científicos.
El legitimismo monárquico se funda en el supuesto
derecho de una familia a reinar, y nada más que en eso.
La actual monarquía española no tiene otra
legitimación originaria que las Leyes Fundamentales y la
propuesta de Franco. Las monarquías simbólicas de ahora
únicamente se justifican por su ejemplaridad moral y, si
la pierden, carecen de función y sólo las mantiene una
temporal inercia histórica.
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