Razón Española, nº 110; Pidal y la Escuela Histórica

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Pidal y la Escuela Histórica

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Dos siglos para converger con Europa indice Mon en su siglo

Pidal y la Escuela Histórica

I. PREAMBULO



Un nuevo modo de entender la historia del derecho representa don Pedro José Pidal, importador en España de la doctrina de la Escuela Histórica. Pidal, nacido en 1800, revolucionario a los veinte años, serena pronto su radicalismo político hasta convertirse en gran figura del partido moderado. Seis años de aislamiento en su tierra natal de Asturias, entre 1828 y 1834, le dan una preparación histórica notable, que fructifica en sus tres direcciones: estudios de historia jurídica, estudios de investigación literaria y la Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II. Pero la política y cierta indolencia temperamental truncan su posible gran obra. Lo que dejó hecho en el campo de la historia jurídica es importante, y ejemplifica una actitud ante el derecho que, a partir de él, habría de generalizarse (1).

«La jurisprudencia -dice Pidal en su Discurso ante la Academia de Legislación y Jurisprudencia de 1843- debe estudiarse en sus dos aspectos: práctica y teoría del derecho, conexionados íntimamente entre sí. Bajo cualquiera de estos dos aspectos que consideremos la jurisprudencia, contrayéndola principalmente a la inteligencia y aplicación de las leyes de nuestra patria, será preciso reconocer que jamás las habremos comprendido como debe comprender un jurisconsulto que de tal se precie si no hemos estudiado los elementos que han concurrido a su formación, y la historia de su origen, crecimiento y desarrollo» (2). La historia, pues, ya no es en Pidal una colección didáctica de ejemplos, como en Marina, sino un método para acceder al conocimiento de la realidad jurídica. Esta es, en grandes líneas, la tesis de la Escuela Histórica, que Pidal expone fielmente (3). Lo que nos interesa es esclarecer el camino por el que llega a adoptarla, los matices eclécticos que pone en ella y de qué modo la aplica a la historia de nuestro derecho (4).





II. LA RECEPCION DE LA ESCUELA HISTORICA



En el mismo Discurso distingue las dos «escuelas o sectas» que se disputan el campo jurídico: la escuela del derecho natural racionalista, y la utilitaria. Ambas escuelas fueron objeto de clamorosas recepciones en España en torno a los años 1770 y 1820, respectivamente, y engendraron una literatura propia y un cambio de estilo y de mentalidad en el tratamiento de los problemas jurídicos. Pero en 1843, cuando Pidal escribe, ya no se ofrecen en forma radical, sino atenuada, y más bien como modas anticuadas que como principios operantes. Sus diferencias pasan entonces a segundo plano, y afloran en cambio las semejanzas. «Ambas escuelas, aunque se oponen al parecer abiertamente, convienen en dar al derecho una base puramente filosófica o teórica, y si puedo expresarme así, arbitraria… Seguramente no todos los partidarios de la escuela utilitaria van tan adelante como su maestro, y ni Thibaut, el adversario de Savigny, ni los demás partidarios del derecho natural, sacan en la actualidad las absurdas consecuencias con que agitaron y conmovieron la Europa el siglo pasado los predicadores y apóstoles de los derechos imprescriptibles del hombre y del ciudadano». Pero no obstante estas aproximaciones, la doctrina es la misma: todos proclaman la universalidad absoluta del Derecho, al que dan calidad de verdad matemática. «El Estado es una máquina que no tiene vida, índole, ni naturaleza propia, y cuyas ruedas y motores se pueden arbitrariamente cambiar o reformar cuando se quiera» (5). Una reacción contra tan peligrosos principios, en sentir de Pidal, es necesaria, y de aquí la aparición de «la famosa escuela histórica», para la que el derecho es cosa histórica, relativa, práctica.

El tránsito de una a otra posición no acaece en el vacío, sino que es un episodio en la biografía de Pidal, y con él en la de los demás juristas españoles que alcanzan madurez a mediados del siglo. Esto se liga estrechamente a los planes de estudios universitarios y a las vicisitudes políticas. Gómez de la Serna (siete años más joven que Pidal, pero estudiante también bajo el reinado de Fernando VII) señala cómo incluso en el plan de estudios de 1824 brillan por su ausencia la Escuela Histórica y la romanística alemana, desarrollada al calor del hallazgo de las Instituta de Gayo (6). La «ciencia del momento» está ausente de la Universidad, y en abandono casi completo la historia del derecho y la literatura jurídica. En tal situación superviven anacrónicamente las posturas heredadas del siglo XVIII -el Derecho Natural racionalista de Heinnecio con algunos peregrinos rebrotes indígenas- y la doctrina utilitaria, que había irrumpido con aire de panacea. Esta supervivencia, patente durante el gobierno absoluto y manifiesta a partir de 1834, se prolonga a favor del enervamiento intelectual que produce la guerra carlista. Cuando ésta concluye, hay un febril deseo de ponerse al día, en la teoría y en la práctica, recuperando años perdidos. A este momento responde la recepción del Derecho Administrativo francés y de las doctrinas de la Escuela Histórica. Ambos movimientos se ligan al partido moderado y son representados con frecuencia por los mismos hombres. Pedro José Pidal es considerado por su biógrafo, Eugenio de Ochoa, que recoge una opinión ambiente, como el que «introdujo y aplicó por primera vez entre nosotros el tan controvertido principio de la centralización» (7). Y su cuñado y «alter ego» Alejandro Mon implanta en 1845 el nuevo sistema de Hacienda.





III. ESCUELA HISTORICA Y DOCTRINARISMO



Al principio, reconoce Pidal, le satisface el Derecho Natural (podemos asegurar que en la versión que le da Heinnecio), pero luego observa que «o bien es reductible a la moral, o si adelantaba algo sobre ella -tomando la razón individual como guía-, deducía consecuencias demasiado diversas; a la vez el código de la democracia y de la monarquía, de la soberanía popular y del derecho divino» (8). En esta lucha le sorprende la doctrina de Bentham (probablemente en la versión de Toribio Núñez), pero no le satisface por entender que equivoca las relaciones; hace de la utilidad madre de la justicia, cuando es lo contrario, y rompe con ello el enlace de las leyes positivas con la moral. Finalmente, entra en contacto con la Escuela Histórica, y a ella se afilia con una importante corrección en la que seguramente tiene parte el doctrinarismo francés. La relativa originalidad de Pidal está en haber corregido a Savigny con Guizot y los doctrinarios. Sin embargo, el método que aplica en sus obras se aproxima mucho más de a Guizot que a Savigny.

Savigny, entiende Pidal, localiza demasiado el derecho; se detiene en lo particular o nacional y olvida o desconoce lo general y humanitario. Esto hace que su teoría resulte incompleta, pues el derecho, en cada pueblo, amalgama ambos elementos. Pero la diferencia entre uno y otro elemento es reducida por Pidal al mero ámbito espacial respectivo: uno rige en todo el Universo, el otro en una nación determinada. Por lo que toca al método de investigación y de conocimiento, ambos se asemejan en cuanto no debemos buscarlos en las obras de los filósofos ni en los fallos de la razón individual, sino en la historia; «el elemento universal del Derecho, el Derecho natural, si queremos seguir dándole este nombre, debemos buscarle, debemos estudiarle en la historia de la humanidad entera, así como el elemento particular, el derecho nacional, lo buscamos y estudiamos en la historia de cada nación» (9). La historia es, pues, la epifanía de la razón entendida como universalidad, el depósito que guarda sus dictámenes, y a ella debemos acudir para contrastar los posibles errores de nuestra razón individual.

«La humanidad entera puede extraviarse; pero cuando, semper et ubique coincide, mi razón individual, ¿cómo oponerla a la universal? (10). Se impone consecuentemente el estudio del campo experimental de la historia para deducir de ella las leyes del mundo moral, del mismo modo que estudiamos las del mundo material en la historia y en la observación de los fenómenos físicos sensibles. Pero Pidal, enemigo de «todo lo exclusivo, todo lo exagerado, todo lo sistemático», no pretende desplazar totalmente a la razón individual, ni negar su parte en el derecho a lo que «con una voz ya vaga y de incierta significación llamamos filosofía». Lo que propugna es una prioridad de la razón universal sobre la individual. En suma, de la historia del derecho sobre la filosofía. Se invierte, pues el orden que regía la actitud historiográfica de Marina. Con esta rectificación (añadida, como cuarto elemento, al derecho romano, al derecho germano y a sus alteraciones históricas), cree Pidal que puede emprenderse la historia del derecho, entregándonos entonces a Savigny como guía seguro e infalible.

La posición ecléctica de Pidal recuerda otras cautelas de los doctrinarios franceses. Por ejemplo, una de las Lecciones de la Histoire des origines du Gouvernment représentatif en Europe, de Guizot, en la que, con motivo del examen y de la división en dos cámaras del poder legislativo se contraponen la escuela filosófica y la histórica. «La escuela filosófica está dominada por la idea del Derecho. Toma constantemente al Derecho por punto de partida y se lo propone como fin… Para buscar el Derecho, la escuela filosófica se encierra, generalmente, en el individuo. Por el contrario, la escuela histórica está bajo el yugo de otra idea, de la idea del hecho; acaso no niegue el derecho, y se lo proponga incluso como fin, pero no lo toma como punto de partida. Y como los hechos no pueden considerarse aisladamente, sino que se refieren siempre a otros hechos, la escuela histórica adopta necesariamente respecto al pasado una actitud de afirmación» (11). Pero Guizot yuxtapone al elogio la censura: «Carece de principios generales fijos; sus juicios flotan al azar» (12). Podrían multiplicarse los testimonios. Es indudable que Pidal toma de los doctrinarios la precaución de curarse en salud, moderando los principios historicistas que le sirven de arranque. Y el elemento fijo, al que apela para librarse del historicismo alemán del Volkgeinst, es la «razón universal», que los doctrinarios hacen principio de la soberanía, razón accesible en el orden político y práctico a través de la representación censitaria, y en el orden gnoseológico a través de la historia (13).





IV. LAS «LECCIONES SOBRE EL GOBIERNO Y LEGISLACION DE ESPAÑA»



A aplicar «el método actual de estudiar y escribir la historia» van dirigidas, en primer término, las Lecciones sobre el gobierno y legislación de España (14), pronunciadas en el Ateneo en los años de 1841-1842 y truncadas -como las de Guizot- por la dedicación a la política. Dicho método consiste en «unir y enlazar el hecho y la teoría, el suceso y la aplicación, la parte narrativa y la parte filosófica de los acontecimientos y fenómenos del mundo moral, para deducir de esta observación constante e imparcial las leyes que la dirigen»; igual que de la observación de los fenómenos naturales (analogía muy reiterada por Pidal) se deducen las leyes físicas. Se propone, para ello, dividir el estudio en dos partes: una puramente histórica y otra filosófica. La primera versará sobre «la parte exterior y manifiesta de los acontecimientos»; la segunda sobre «la parte interior y oculta que los da causa y origen» (15).

Este propósito -posiblemente simplificación de la triple tarea asignada al historiador por Guizot: anatomía o investigación de los hechos; fisiología o descubrimiento de la organización y vida de las sociedades; fisonomía o descripción individualizada (16) impone, en el examen del gobierno y legislación de España que Pidal cree debe emprenderse, la superación de la historia del derecho reducida a los angostos límites de la historia de la legislación: «Al examinar la historia de las legislaciones no nos limitaremos solamente a la de sus códigos, como se ha hecho por lo común. Por este método sólo se consiguen ideas imperfectas, equivocadas y falsas. Cuando la legislación de un pueblo se consigne en un Código, llega, sí, a ser hecho público y exterior; pero antes se ha ido preparando y elaborando lentamente en el silencio, y después ha producido en la sociedad grandes efectos, que a su vez vuelven a ser causa de nuevas leyes e instituciones que se consignan en otro código, distante del primero algunos siglos» (17). Todo en legislación es a la vez causa y efecto, y se vincula en una cadena de acontecimientos, cuyos eslabones deben recorrerse uno a uno. Con ello, el programa de trabajo de Pidal se amplía hasta comprender cuatro aspectos: forma y naturaleza del Gobierno; índole de la sociedad y su consonancia o disonancia con aquél; carácter de la legislación e historia de los Códigos; causas del progreso y decadencia de las instituciones políticas y sociales. Aunque Marina, a su modo, haya considerado todos estos puntos, a Pidal corresponde el mérito de haber puntualizado la necesidad de simultanear su estudio.

Del examen de este copioso material histórico, pretendía deducir Pidal «las leyes externas del mundo moral», prescindiendo en lo posible de prejuicios teóricos. Debe cuidarse de tomar este propósito en su sentido exacto. En un historiador romántico (Pidal lo era inevitablemente, dada su época), las leyes morales que enseña la historia no son tanto normas de acción cuanto fronteras que indican hasta dónde esta acción puede extenderse. La vida de un pueblo no es materia moldeable «ad libitum», sino algo que tiene forma propia, y la historia, al mostrar esta forma propia, obliga a respetarla. También Marina, ciertamente (y este es un rasgo que marca bien el carácter tornasolado de su mentalidad, entre la Ilustración y el Romanticismo), pretendía descubrir en la historia de España una forma propia, consistente en la idea de libertad; pero esta forma, mera corroboración de la razón política, incitaba a la revolución, no al conservadurismo. Si para Marina la historia es escuela, para Pidal es freno. Pero uno y otro, por caminos distintos, hubieran suscrito este principio, en que concreta Fueter el sentido tradicionalista de la historiografía romántica: «no puede esperarse crear cosa duradera sino permaneciendo fiel a la nacionalidad, y ésta no puede conocerse sino a través de la historia indígena» (18).



a) Unidad y dispersión. Esta historia indígena es vista por Martínez Marina como una lucha entre la libertad castiza y el despotismo exótico, que encarnan sucesivamente los romanos, los monjes de Cluny y los reyes austríacos. Pidal, en cambio (no olvidemos su obra política centralizadora), la ve como una lucha entre unidad y dispersión. La falta de unidad, la diversidad de razas y pueblos, es la primera nota que resulta para él de la lectura de los textos clásicos referentes a España, «y aun en nuestros días es el pueblo europeo cuyas provincias se asemejan menos las unas a las otras, y tienen entre sí menos puntos de trabazón y enlace» (19). Esta situación, hija de causas geográficas, es remediada primeramente por los romanos, pero a la vez acaban con la libertad e independencia de los pueblos peninsulares. Otra conquista, la gótica, restituye unidad y libertad. Tanto romanos como godos son objeto de valoración positiva, muy lejana a la violenta contraposición de Martínez Marina.

La lucha entre unidad y dispersión se conecta con una preocupación muy pidaliana, y perfectamente acorde, por lo demás, con la fecha de las Lecciones. Me refiero al problema de la organización municipal, que atraviesa entre los años 1840 y 1845 un período crítico (20). La resonante Ley de Ayuntamientos de 14 de julio de 1840 provoca la caída de María Cristina y el advenimiento de Espartero. El Real Decreto de 30 de diciembre de 1843 mandaría ejecutar la Ley; pero cuando Pidal habla del tema está en la máxima candencia, y se trasluce, aunque no haga alusiones directamente actuales, en los párrafos que dedica al régimen municipal de la España Romana. La solución que propugna es armónica y un tanto verbalista: el gobierno de lo particular debe corresponder a la ciudad y el de lo general al Estado. A la ciudad, por tanto, únicamente competen funciones de administración.

b) Administración y Política. Estas fórmulas, aunque con la vaga abstracción doctrinaria al uso de la época, remiten a la cuestión del discernimiento entre la Administración Política, punto fuerte en la ideología moderada y reiterado hasta la saciedad por nuestra incipiente literatura jurídico-administrativa. Entre otros muchos textos, puede recordarse uno de Puche y Bautista, en la lección inaugural del curso que dictó en el Ateneo el año 1841 y, por tanto, rigurosamente paralelo a las Lecciones de Pidal: «Cuando considero que la administración pública ha de ser la que resumiendo nuestra complicada historia de cuarenta años, con sus glorias, sus conflictos, sus escarmientos, fije de una vez nuestro destino y realice tantos deseos y esperanzas como desgraciadamente se han ido disipando a nuestros propios ojos, me envanezco de haber contribuído en una pequeña parte a la propagación de la ciencia que ha de encaminarla a un fin tan útil como glorioso» (21).

Para el grupo de políticos y hombres de gobierno en que estaban encuadrados Puche y Pidal, la Administración era una zona neutra, sustraída al vaivén político, dominada por las ideas del fomento, la centralización, la eficacia (22). De aquí que Pidal, al enjuiciar la historia, no condene, como Martínez Marina, el advenimiento del absolutismo, sino que lo considera impuesto fatalmente por los hechos. Era necesario para disminuir los poderes excéntricos, los bandos que desgarraban la vida nacional. De aquí también que, al considerar la constitución goda, destaque en primer término la autoridad real, y rompa con tal pretexto en un disgresivo elogio de la Monarquía (23).

La intención de neutralidad científica con que escribe Pidal es evidente: «la historia no debe escribirse para intervenir en nuestras disensiones y en nuestra política actual» (24). Pero las tareas que él y su grupo tenían entre manos repercuten en su mentalidad histórica, y ponen de relieve en el pasado aquellos principios o líneas de fuerza que eran preocupación del presente. Con cambios leves de nomenclatura, los elogios del poder real en la época de los Reyes Católicos que se hacen en el prólogo de la Historia de las Alteraciones de Aragón podrían incluírse en un programa moderado (25).



c) Representación censitaria: función social de la aristocracia y de las clases medias. En otros dos puntos incide el Pidal político sobre el Pidal historiador: el elogio de las formas representativas con base censitaria y la defensa de la función social de la aristocracia y de las clases medias. Señala, respecto al primer punto, que «los romanos no confiaban los derechos políticos sino en razón del interés que había en ejercerlos bien, en razón de la propiedad que cada uno poseía y del impuesto con que contribuía para sostener las cargas del Estado» (26). Y, por lo que toca al segundo, un tema tan desviado como la organización de las antiguas magistraturas en Cádiz y en Cartago le lanza a un canto de la aristocracia al estilo inglés, renovadora y expansiva, que acoge en su seno a cuantos hombres nuevos destacan por su sabiduría, talento político o ciencia. Junto a la aristocracia, también las clases medias juegan papel en la estabilidad del Gobierno; la persecución de los decuriones por el gobierno imperial romano no es sino el aniquilamiento suicida de las clases medias (27). Volveré sobre estas ideas inmediatamente al examinar las Adiciones.



d) Los Concilios de Toledo. Juntas Especiales. El tema de los Concilios, cuya versión en diversos autores ya he considerado, es abordabo también por Pidal desde puntos de vista armónicos. La época goda, nos dice, «ha sido beneficiada como una rica mina por los partidos que dividen a nuestra patria, y todos sin excepción han tratado de presentarla bajo el aspecto más favorable a sus intereses y opiniones» (28). Tipifica Pidal las actitudes contrapuestas en Martínez Marina y en Sempere; para el primero, los reyes godos eran casi meros ejecutores, y los Concilios verdaderas Asambleas Nacionales; para el segundo (en la Histoire des Cortes d'Espagne), los Concilios no pasaban de meros órganos de consulta, y el poder legislativo seguía correspondiendo plenamente al Rey. Ambas interpretaciones son descalificadas por Pidal como carentes de sentido histórico, ya que aplican a una época remota criterios de exactitud y precisión propios tan solo de las Constituciones modernas. Pero, en todo caso, cree más conforme en los hechos un realismo moderado; los actos y disposiciones de los Concilios necesitaban siempre la aprobación del rey, o se decía que eran obra del rey. No obstaba ello, sin embargo, para que la autoridad conciliar actuara en la práctica como eficaz principio de limitación.

Si en el aspecto político la interpretación partidista está ya superada, Pidal la ve todavía vigente en su tiempo por lo que hace a las cuestiones canónicas: «Aún hoy mismo, unos apelan a la monarquía goda para establecer la supremacía del poder temporal sobre las cosas eclesiásticas, mientras que otros no ven en aquel gobierno más que una severa e intolerable teocracia» (29). El punto de equilibrio está en considerar los Concilios como «juntas especiales», propias de nuestra monarquía, que aunque participaban de la naturaleza de los sínodos eclesiásticos y de las asambleas nacionales, no eran precisamente ni lo uno ni lo otro.





V. EL TRANSITO A LA HISTORIA JURIDICO-SOCIAL EN LAS ADICIONES AL FUEO VIEJO DE CASTILLA



El sentido de las alusiones a la función social de la aristocracia y de la clase media, dispersas en las Lecciones de 1843, se perfila en las Adiciones al Fuero Viejo de Castilla, dos escritos breves que ven primera luz en los números 10 y 12 de la revista «Crónica Jurídica», y son luego recogidos, con correcciones sustanciales, en la reedición de aquel Fuero del año 1847, que repite la de Assó y de Manuel en 1771.

Hasta Pidal, los historiadores habían resbalado sobre el aspecto más notable del Fuero Viejo: el valor de documento sociológico que tienen sus leyes, en las que sorprendemos el mecanismo de la relación entre las clases sociales de la Castilla medieval. «Los que hablan de él -dice Pidal- tanto después como antes de su impresión, lo hicieron unos al estilo erudito, abandonándose a más o menos verosímiles conjeturas sobre su origen y vicisitudes, y otros con objeto de someter sus sistemas históricos respecto a la tan debatida cuestión de la soberanía de los primitivos Condes de Castilla; pero de la naturaleza e índole especial de sus leyes y del carácter peculiar de este cuaderno legal, poco o nada dijeron todos ellos» (30).

Antes de Pidal, el estudio del Fuero se reduce a especular sobre su autor. El P. Burriel y los editores Assó y De Manuel se inclinan a atribuirlo al conde Sancho García, considerándolo, por tanto, como demostración de la soberanía de Castilla. Frente a esta tesis, tradicional y monárquica, se levanta la democrática de Marina, que atribuye la recopilación a los Concejos; «casi la única institución -comenta Pidal- que ve siempre el señor Marina en nuestra antigua constitución». Pidal, finalmente, se evade de estas consideraciones de mera titularidad, y pone el acento en el contenido de las leyes forales, enderezadas a «consignar los fueros y privilegios de la antigua nobleza, y sus relaciones con la corona y con los demás miembros que entonces componían el Estado» (31). En fórmula de rotundidad exagerada, llama al Fuero Viejo «Código de la Nobleza española de la Edad Media» (32). Pero al par que este Fuero consigna privilegios de clase describe la red de relaciones que enlaza a los nobles con la Corona y con los vasallos y los solariegos, y esclarece el curso de nuestro desarrollo social. «En una palabra -así resume nuestro historiador su exposición-, el desarrollo social siguió entre nosotros los mismos progresos y vicisitudes que en los demás pueblos de Europa, y es una verdad gloriosa y satisfactoria para todo buen español que en nuestra Patria se haya casi constantemente adelantado a las demás naciones, y haya podido servirles de guía y de director en el camino de la civilización y de los adelantos sociales» (33). Estos adelantos son la legislación común a romanos y a visigodos, el desarrollo del antiguo régimen municipal, la erección de los primeros concejos y su admisión en Cortes, las Partidas, el destierro de la esclavitud y servidumbre solariega y el desarrollo de «aquella enérgica y poderosa clase media en que rebosaban nuestras ciudades en los siglos XV y XVI y que tanto contribuyó a extender por toda Europa y por los confines más dilatados y remotos del globo nuestra fe, nuestra habla y nuestra civilización»34. Pero aún más explícita es la alabanza de la clase noble: «con todos sus defectos, en ella reside por muchos siglos la vida y el calor social y los elementos de la civilización, del saber y del progreso… Y cotejando la época de la decadencia y desaparición de esta importante clase con la del poder y decadencia de la Monarquía, tal vez se habrá abierto ancho campo a graves y profundas consideraciones» (35).

Este pasaje merece subrayarse por tres razones. En primer lugar, refleja el tránsito de la «historia iuris» al modo antiguo a la historia jurídico-social moderna; una ley que hasta entonces había sido objeto de valoraciones eruditas y formales es puesta bajo nueva luz. En segundo lugar, se desarrolla en él (acaso por primera vez, al menos temáticamente) una idea típica de la historiografía española posterior, que, para citar solo ejemplos destacados, representan Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal: la idea de una precodidad innata a lo español, que alumbra adelantos, atisbos, luego proseguidos y ampliados en otros países36. En tercer lugar, vincula la solidez de clases media y nobiliaria a la expansión y a la prosperidad nacionales, refiriendo así la estructura política a la social. Cosa que nos conduce nuevamente del Pidal historiador al Pidal político: la idea de la rectificación de las clases sociales es tan típica de su ideario como la de la centralización administrativa. Así se expresa en su Discurso sobre el diezmo de 28 de mayo de 1838, que es acaso su más celebrada pieza parlamentaria: «Nobleza, ejército, magistratura, funcionarios, autoridades, y todas las clases, en fin, deben modificarse, todas necesitan más o menos alguna reforma para conciliar sus intereses con los de las demás clases del Estado. No hay remedio. Antes estaban en armonía con el sistema que regía entonces y tenían respecto de él sus ventajas, cualesquiera que por otra parte fuesen sus inconvenientes. Ahora es preciso que introducido entre nosotros un nuevo sistema de gobierno, se modifiquen de un modo conveniente con arreglo a él. Pero entre modificar y destruir hay una gran diferencia, y si destruímos la influencia legítima de una clase se la daremos necesariamente a otra y alteraremos y perjudicaremos al edificio social» (37).

Pidal quería asentar socialmente a la monarquía constitucional, fletada a la historia en 1836, y propugnaba, junto a la centralización, este ponderado reajuste. «Cuando no hay corporaciones en una sociedad, cuando no hay intereses colectivos que sostener, los individuales y aislados se huellan fácilmente y con facilidad establecen sobre sus ruinas la tiranía más innoble» (38). Es conocida la suerte política de aquel doble programa: la centralización fue lograda, muy principalmente por obra del propio Pidal, pero el reajuste de las clases fue arrastrado por la utopía de la desamortización. En 1847, después de describir el antiguo apogeo nacional promovido por la «enérgica y poderosa» clase media, Pidal concluye amargamente: «¡Tiempos de gloria y de poder que contempla como fabulosos sueños nuestra imaginación, ocupada hoy de los vicios y desgracias que por todas partes nos rodean!» (39).

Pidal proyecta sobre el pasado su más viva inquietud presente, e inevitablemente el pasado se le convierte en añoranza. Si Marina ve realizada en la época visigoda y en la edad media la libertad política, Pidal ve en la edad media y, sobre todo, en los siglos XV y XVI, realizada la congruencia entre sociedad y estado.





VI. PRESENTE Y PASADO EN LA HISTORIA DE LAS ALTERACIONES DE ARAGON



Aunque publicada en 1862, debe examinarse la Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II, que es la obra más lograda de Pidal, para completar el cuadro de su actitud histórica.

Pidal se propone «examinar minuciosamente los ocultos resortes, los más pequeños e íntimos incidentes de los sucesos, hacer, por decirlo así, la autopsia de aquella época, de aquellos hombres, de aquellas instituciones y de aquel reinado, para darle a conocer en su espíritu, en sus aspiraciones y en sus más íntima esencia». Esta deliberada miopía, que rehuye las generalizaciones por amor de lo concreto, se une a la pretensión de objetividad: Pidal promete narrar su historia sin inclinarse a un lado ni a otro. «He procurado ser imparcial; ni he escrito con espíritu castellano, ni con espíritu aragonés; cosa fácil y natural en el día, en que afortunadamente ya no hay esas diferentes organizaciones políticas de cada reino; en que la España es una y las leyes, los intereses y las aspiraciones de cada provincia son, con cortísima diferencia, las mismas» (40). La unificación nacional, ya consumada, facilita la objetividad. Pero la verdad es que el alcanzarla no supone gran esfuerzo, pues los sucesos de la narración son lejanos, y tienen «muy pequeña conexión con los intereses que se debaten en el siglo en que vivimos» (41).

Tampoco el amor a la «libertad política razonable», de la que Pidal se confiesa defensor, puede servir de pretexto para «apartidarse» en favor de los rebeldes aragoneses; «ellos defendían el fraccionamiento de la nación, y los fueros particulares de cada reino; nosotros queremos la unidad nacional y, en cuanto sea posible, la uniformidad de sus leyes; ellos defendían sus privilegios particulares… nosotros queremos el derecho común y la igualdad ante la ley para todos sin excepción; poco, pues, hay de común entre los partidarios de los antiguos fueros y los de la libertad política como hoy la comprendemos; sino en cuanto unos y otros ponían límites a la facultad de los Reyes y querían que todo se rigiese por leyes fijas y constantes: analogía cuya importancia es preciso reconocer, y que ha bastado para extraviar a los unos y a los otros» (42).

Este párrafo ilumina retrospectivamente la obra de Pidal. El importador de la Escuela Histórica reduce a un solo punto aquella ancha zona de contacto entre «los partidarios de los antíguos fueros» y los de la «libertad política tal como hoy la comprendemos», que creían ver los historiadores y políticos liberales, como Marina o Argüelles. Este punto es el imperio de la ley dentro de un régimen de competencias limitadas, realizado al fin en el Estado de Derecho y organizado técnicamente por el Derecho Administrativo. La proximidad entre el pasado y el presente no está, pues, en las soluciones positivas, ni en propugnar formas de representación semejantes, sino en la común negación del poder no sujeto a límites. El juego de las situaciones individuales que protagonizan la historia se hace así más libre, y el historiador lo contempla y describe con desinterés. Por eso la historiografía de Pidal marca un paso importante. Los ideales políticos que son su correlato (centralización, armonía entre las clases, limitación del poder), tienen un carácter más funcional y dinámico que sustantivo y, en consecuencia, no nivelan ni inmovilizan la historia como los ideales políticos del despotismo ilustrado que tipifica Sempere, ni como los del liberalismo anterior a 1834, que representan Martínez Marina y Argüelles. Por ello, las ideas de individualidad y evolución, a las que repetidamente me he referido, tienen en la obra de Pidal una más señalada presencia.





VII. LA ESCUELA HISTORICA ANTE LA REVOLUCION SOCIAL



La Escuela Histórica todavía cumplirá en Pidal otra función política: servir como ideología defensora del conservadurismo isabelino frente a los avances de la revolución social. Está doblado el cabo de 1848, y el historicismo ya no es tan sólo la réplica al radicalismo progresista, sino a «las hordas de los nuevos bárbaros».

Pidal expresa estas ideas en su discurso de 19 de diciembre de 1858, con el que responde, como Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, al Ministro de Fomento, Marqués de Corvera, en la sesión pública de instalación de la entidad. El fin específico de ésta es «consagrarse con ardor y constancia a la defensa de la sociedad amenazada en las fuentes mismas sobre que descansa», ya que «el sofisma y el falso saber… han logrado acreditar y difundir, principalmente entre una parte de las masas populares, errores y doctrinas de que se avergonzarían los siglos más bárbaros y groseros» (43).

Estas doctrinas desconocen la lentitud natural del proceso social, el peso de los hechos. «En lo moral, como en lo físico, nada se hace bien haciéndolo violentamente. Las instituciones tradicionales de cada pueblo son, por ello, las más apropiadas a su índole. Lo cual no significa que la Escuela Histórica sea reaccionaria; «no se niegan los ilustres sabios y hombres de gobierno afiliados en esta escuela a favorecer los adelantos naturales y lógicos de la sociedad en todos los ramos que la dirigen y gobiernan; al contrario, su fin práctico es despojar a las instituciones históricas y tradicionales de los adherentes que muchas veces las desnaturalizan y desvirtúan; completarlas con el conveniente desarrollo y reformarlas según las necesidades de los tiempos; pero sin llegar a lo vivo de la institución, sin alterar su esencia, sin que se sobreponga la voluntad momentánea e individual del legislador a la constante voluntad y al espíritu propio de la sociedad que gobierna; voluntad y espíritu patentizado de un modo evidente y claro, no en las aclamaciones tumultuosas de un momento de entusiasmo o de delirio, sino en todas las manifestaciones exteriores y espontáneas de su actividad y de su inteligencia en una dilatada carrera de siglos de ensayos y de tentativas» (44).

Esta evolución ha contrastado suficientemente, cuando menos para las sociedades europeas, la superioridad de la monarquía hereditaria y representativa. Tal conclusión la venía manteniendo Pidal desde siempre. Lo específico del discurso de 1858 es que, junto a ella, se subrayan otros principios de organización antes dejados, hasta cierto punto, en la sombra: la propiedad y la familia. «La constitución de la propiedad y de la familia es el rasgo que más caracteriza y distingue a la sociedad europea. En ninguna civilización antigua ni moderna estuvieron más desenvueltos ni más afianzados estos dos grandes elementos». (45) La propiedad, sobre todo, es defendida extensa y elocuentemente, con claras censuras de la desamortización. «Ojalá, señores, que no se hubiera debilitado nunca esta veneración, este respeto a toda clase de propiedades, cometiendo el inmenso y trascendental error de atacar, en más o en menos, a algunas de ellas. Ninguna precaución es en este punto bastante. El menor agravio de los unos alarma a todas las demás, que ven en ella peligros que nada puede completamente calmar» (46).

El progreso de la historia está ligado al mantenimiento de estos magnos principios, y las alteraciones violentas no hacen sino retardarlo. Ni la Reforma, ni la Revolución francesa, ni el movimiento de 1848 trajeron nada positivo; por el contrario, fueron otras tantas rémoras. La Reforma protestante detiene la reforma pacífica y progresiva iniciada por la Iglesia; la revolución francesa retrasa el establecimiento de la libertad política y civil. Finalmente, los sucesos de 1848 son «la mayor herida al régimen representativo moderno».



Rodrigo Fernández Carvajal


1 La reseña completa de sus obrar puede verse en el Indice bibliográfico de las obras publicadas de Don Pedro José Pidal, que precede al primer tomo de Estudios literarios en la «Colección de escritores castellanos» (Madrid, 1930, dos tomos). La más detallada biografía es la del Diccionario Enciclopédido Hispanoamericano (tomo XV, pág. 384). Ver también la Memoria necrológica leída por don Eugenio de Ochoa ante la Academia Española, en 1866, y la Introducción a los citados Estudios Literarios, que tienen como fuente unos apuntes autobiográficos. Estos mismos apuntes fueron utilizados, según parece, en la biografía citada en primer término.

2 Pemán, J. M.: La ilustración y su impulso al trabajo en el siglo XVIII. Imprenta F. Domenech S. A. Madrid, 1963, pág. 10.

3 No creo que Pidal conociese el alemán. Su fuente pudo ser el Essai sur la vie et la doctrina de F. Ch. Savigny, de Edouard Saboulage (París, 1842), y las obras de aquél ya traducidas al francés. Al español, Savigny se traduce de modo disperso y tardío; Torres Campos (Bibliografía española contemporánea del derecho y de la política. Madrid, 1883, pág. 37) no consigna ninguna traducción anterior a 1845, fecha en que aparece el Tratado de la posesión.

4 La exposición de la doctrina histórica en el Discurso ante la Academia de Jurisprudencia y Legislación, de 10 de enero de 1843, es posterior a las Lecciones sobre el Gobierno y Legislación de España, dictadas en el Ateneo en 1841 y 1842. Conviene, sin embargo, considerar primero el Discurso, plantilla teórica de las Lecciones.

5 Acta citada, pág. 57.

6 GÓmez de la Serna: Progresos de los estudios jurídicos en España durante el reinado actual, en la «Revista General de Legislación y Jurisprudencia, tomo XXV, año 1864 págs. 115 a 136.

7 Memoria necrológica, loc. cit., pág. 592.

8 Acta, pág. 66.

9 Acta, pág. 72.

10 Acta, pág. 74.

11 Histoire des origines du Gouvernment représentatif en Europe, Bruselas, 1851, tomo II, págs. 206 y 207. En esta obra se reimprimen las lecciones de 1820-22.

12 Ibidem, pág. 217.

13 Véase DÍez del Corral. El liberalismo doctrinario, Madrid, 1945, cap. XI. Sobre la influencia del doctrinarismo francés en España, Menéndez Pelayo, Historia de los Heterodoxos españoles, Madrid, 1881, págs. 694 y ss., y sobre todo, DÍez del Corral.op. cit.

14 Lecciones sobre el Gobierno y Legislación de España, Madrid, 1880 pág. 46. Permanecieron inéditas hasta esa fecha. Se incluye en el mismo volumen, como apéndice, el Discurso sobre el Municipio castellano, contestación al de ingreso en la Academia de la Historia de Manuel Seijas Lozano.
Las Lecciones, antes de su definitiva suspensión, fueron interrumpidas por un viaje del conferenciante a París; allí se encontraba en octubre de 1841. No creo haya escuchado por entonces a Guizot, que preso en la vorágine política ya no dictaba conferencias en la Sorbona. Pero tenía por el maestro de la Historia de la civilización una admiración fervorosa. En los últimos años de su vida le envía la Historia de las alteraciones de Aragón, que Guizot agradece y elogia. otro rasgo que aproxima a Pidal y Guizot es su condición de promotores de la ciencia histórica durante los períodos ministeriales respectivos.

15 Lecciones.

16 Véase G.P. Gooch, Historia e historiadores en el siglo XIX, México, 1942, pág. 17.

17 Lecciones, pág. 11. Versión casi literal de Savigny: Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (1814). La traducción española de este famoso opúsculo es de 1896; Pidal hubo de utilizar, por tanto, la versión francesa.

18 Histoire de l'historiographie moderne, pág. 519.

19 Lecciones, pág. 33. La afirmación de que la España prerromana tenía unidad (pág. 57) debe ser error de imprenta.

20 Sobre esto, véase Adolfo Posada: Evolución legislativa del régimen local en España, Madrid, 1910, págs. 146 y ss.

21 Publicó esta lección el «Boletín Administrativo», Madrid, 1841, tomo I, pág. 111.


22 Véase el prólogo de Eduardo García de Enterría a Alejandro Oliván, De la administración pública en relación con España, reeditado en Madrid, 1954.

23 Lecciones.

24 Historia de las alteraciones de Aragón, tomo I, pág. XXI. Lo mismo en la pág. 68.

25 Ibidem, pág. XVI.

26 Lecciones.

27 Ibidem.

28 Ibidem.

29 Ibidem.

30 El Fuero Viejo de Castilla, Madrid, 1847, pág. 126.

31 Ibidem, pág. 128.

32 Ibidem, pág. 128.

33 Ibidem, pág. 139.

34 Ibidem, pág. 139

35 Ibidem, pág. 139.

36 Menéndez Pelayo aplica esta idea a la historia de la filosofía (véase el artículo que le dedica Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía, Buenos Aires, 1951, pág. 609); Menéndez Pidal (Introducción a la Historia de España, Madrid, 1947, pág. XXIII) la erige en rasgo general. «España es tierra de precursores». Pero estos frutos precoces no llegan -en España- a la maduración.

37 Recogido en el folleto Mi opinión sobre el diezmo, Madrid, 1838, pág. 9.

38 Ibidem, pág. 10

39 El Fuero Viejo de Castilla, pág. 147. (Adiciones citadas).

40 Historia de las alteraciones de Aragón, tomo I, pág. XX.

41 ibidem, pág. 58.

42 Ibidem, pág. XXI.

43 Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, tomo I, Madrid, 1861, pág. 17.

44 Ibidem, pág. 21.

45 Ibidem, pág. 23.

46 Ibidem, pág. 24.



 

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