Razón Española, nº 109; Representación orgánica en Rosmini

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Representación orgánica en Rosmini

Por P. J. Grasso

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Representación orgánica en Rosmini

La organización de gobierno que establecen los proyectos rosminianos (1), pese a hallarse enunciada diseminada en diferentes páginas, se corresponde con un esquema constitucional común, que incluye a varios Estados miembros reunidos y coordinados en la deseada Confederación Italiana. Más esmeradas y acabadas -además de originales, por otra parte- resultan las exposiciones rosminianas acerca de las instituciones y principios dispuestos para los «Estados miembros» o componentes del deseado ordenamiento federal italiano.

En lo que atañe a los ordenamientos dispuestos para los Estados miembros, es menester llevar a cabo una distinción previa. Entre las disposiciones de los «proyectos» se consideran algunas instituciones y paradigmas que resultan deducidos del «patrimonio» común del constitucionalismo europeo occidental, mientras que otros caben acreditarse a la elaboración original del autor. Entre los primeros deben incluirse: la división del texto constitucional en capítulos referentes a los derechos fundamentales y a la organización del gobierno; la división de los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial; la monarquía constitucional; el ejercicio de la función legislativa por parte de asambleas electivas numerosas (si bien ordenadas con arreglo a criterios especiales). Estos elementos resultan empero resumidos y coordinados con otros principios e instituciones en un marco más complejo, conformado con una visión trascendente de justicia y utilidad. En la serie institucional de los «proyectos » deben también distinguirse dos figuras especiales, divergentes de los modelos europeos continentales: el sistema de derecho electoral propuesto para las dos Cámaras legislativas y el Tribunal político.

Había propuesto el autor la introducción de un sistema de electorado activo exclusivamente basado en el censo. Las dos Cámaras, con el mismo número de miembros, deberían ser elegidas respectivamente por los propietarios (rectius, contribuyentes): mayores, la una; menores, la otra. Como criterio de distinción se proponía un cociente resultante de la división de la suma de todos los impuestos directos por el número de diputados: más numerosos resultarían los colegios para los menos acomodados; compuestos en cambio de menor número de electores los de los más ricos; incluso un solo elector podría quedar habilitado para designar a un diputado si contribuía con una cantidad de impuestos igual al cociente. Como elegibles se reconocía en cambio a todos los ciudadanos, incluso sin patrimonio, dejando a los electores contribuyentes plena libertad en la elección de sus apoderados y patrocinadores de intereses. Mención aparte merece la propensión de Rosmini a excluir a los acatólicos del electorado pasivo.

El sistema del voto censitario proporcionado sosteníalo vivamente nuestro autor debido a la exigencia de mantener plena unidad de riqueza y poder; unidad en su opinión necesaria con vistas a evitar trastornos en el orden civil. En cambio, se oponía enérgicamente al sufragio universal, juzgándolo instrumento apto para permitir la elección de legisladores deseosos de despojar a los ricos de sus bienes para distribuir éstos en beneficio de los pobres, mediante leyes ad hoc o prescripciones de tributos progresivos. Por contra, sostenía el filósofo que había de evitarse que los ricos, al sentirse faltos de toda tutela legal seria, se vieran tentados de conquistar el poder mediante la corrupción. al mismo tiempo calificaba como contradictorio e insostenible el criterio del voto censitario paritario para todos los contribuyentes, independientemente de la distinta cantidad de tributos pagados.

Otro orden de motivaciones se aduce en las páginas rominianas de comentario con el mismo fin de propugnar la introducción de dicho sistema de voto censatario proporcional. Se trata de una especial concepción realista del poder legislativo: el cuerpo electoral queda concebido no como comunión de personas vinculadas por ideales e intereses homogéneos, sino como agregación legal de varios grupos divididos en sus aspiraciones. En opinión de Rosmini, sólo mediante pactos y acuerdos entre los representantes de las distintas categorías de contribuyentes mayores y menores presentes en las dos Cámaras sería posible obtener la aprobación de leyes equilibradas, equitativas, sin ventaja o daño excesivo para nadie. La exclusión del voto de quienes carecen de bienes juzgábala además Rosmini compatible con el derecho natural, pues negaba la existencia de prescripción alguna de reconocer derecho de voto «también a quienes nada aportan al fondo social». Conforme a justicia, decía que los tributos habían de aprobarse sólo por quienes estuvieran realmente llamados a pagar. A todos los hombres sin distinciones debían garantizarse los derechos comunes y la libertades personales con igualdad en la justicia «ante los tribunales» independientemente de la desigualdad económica.

Para hacer efectiva la igualdad jurídica para los derechos y libertades fundamentales, el abate había propuesto la institución de un orden de «Tribunales políticos» competentes para enjuiciar todo lo referente al «derecho social civil», separados de los tribunales competentes para el «derecho individual y privado», con inclusión en éstos de los «Tribunales propiamente militares». Para uno y otro orden se disponían organismos colegiados de tres grados. Por encima de los Tribunales políticos de primera y segunda instancia se establecía un «Tribunal Supremo de Justicia política», compuesto con un criterio que hoy se antojaría insólito. Dicho «Tribunal Supremo» debería incluir «un número de jueces igual a los de una cámara legislativa» (o a la mitad de ellos, según otros escritos del abate), elegidos «por el pueblo con voto universal e igual entre los elegibles a las Cámaras», y cuya edad mínima fuera de cuarenta años. No se pedían títulos profesionales especiales en disciplinas jurídicas y forenses. Se consultaría al pueblo para renovar la elección cada diez años y eventualmente incluso antes de dicho plazo a petición formal del poder legislativo.

En el «memorial» de Gaeta de 1849, Rosmini confirmaba claramente que había confutado siempre «el falso principio de la soberanía del pueblo». Mediante un riguroso razonamiento de teoría jurídica, el autor negaba de hecho que la soberanía popular pudiera definirse lógicamente como fuente original del poder y del derecho, capaz de fundar nuevos ordenamientos, ya que semejante soberanía puede concebirse tan sólo en el supuesto de «un pueblo organizado», y sucesivamente, por tanto, a la institución de la «sociedad civil». Además de este razonamiento de carácter jurídico, en otro lugar había observado que, dejando a un lado el consenso inicial, para conservarse, la soberanía del pueblo requeriría dos combinaciones: «I. Perfecta inteligencia en cada uno del hecho y del derecho, cada vez que hay que elegir lo óptimo, y perfecto interés para elegirlo; II. Perfecta y milagrosa uniformidad de voluntades allá donde a falta de de lo óptimo tiene lugar el albedrío». En estas breves proposiciones se detecta como ajena a la especulación del autor cualquier imagen del cuerpo social como entidad orgánica unitaria, capaz de valoraciones y decisiones propias. A ello hay que añadir que Rosmini, en sus reflexiones acerca de la filosofía política, había distinguido entre una «razón práctica» de las masas y una «razón especulativa de los individuos» -especialmente de los gobernantes- como factores complementarios de una convivencia compleja y variada, fuera de toda uniformidad puramente formal.

La propuesta consistente en la introducción del sistema electoral censatario proporcional a las rentas, revélase opuesta, de forma que excluye el principio de la representación política de la nación, constantemente afirmado por los partidarios del constitucionalismo liberal. Para éstos el Parlamento se definía como síntesis de unidad y generalidad, por su calidad de órgano juzgado capaz de resumir los intereses más particulares y sectoriales conforme a una percepción política, superior, comprensiva, unitaria. Tal definición de síntesis se concebía en contraposición a criterios inspiradores de anteriores cuerpos y organismos de carácter corporativo, basados en la expresión particular de categorías y clases. Conforme a los criterios de sus mismos proyectos, Rosmini negaba que los diputados pudieran ejercer funciones de árbitros, habiendo en cambio de considerarse procuradores de intereses reales, particulares y concretos. Recuérdese, además, que la ley debería dimanar de negociaciones y convenios entre los portadores de los intereses diferentes y aun opuestos de los contribuyentes mayores y menores. A este respecto conviene añadir también que, en opinión de nuestro abate, el concepto de interés público había de entenderse como el conjunto de los intereses particulares. Bajo la misma denominación, el autor trataba de elaborar un modelo propio de representación de la nación distinto del que afirmaba el constitucionalimo europeo continental.

Bajo otros aspectos, Rosmini revela directrices de pensamiento de sentido contrario también a las concepciones de la democracia predominantes en nuestra época. Resulta conocida su aversión total a los partidos políticos, juzgados en cambio hoy en día, por regla general, indispensables por cualquier régimen liberaldemocrático como enlaces insustituibles del cuerpo social con las instituciones. De atentas reflexiones sobre la obra del filósofo de Rovereto se desprende que había permanecido totalmente ajena a éste la concepción -tan compartida en nuestros días- del Estado como ordenamiento animado por una continua dialéctica y contraposición inmanentista de grupos políticos partidarios de diferentes ideologías. En el pensamiento rosminiano se situaba como regla suprema la justicia política, que sólo indicaba a la Iglesia única depositaria legítima. Quedaba por tanto excluido de conflictos, contraposiciones, discusiones, encuentros de grupos portadores de distintas cargas ideales, opiniones, sentimientos terrenales, pudiera jamás derivar la determinación de lo verdadero y de lo justo en términos absolutos. Y ello aún menos habría podido esperarse de los movimientos de divisiones innaturales, productos artificiales de ideología seculares dispares y falibles. Ciertamente nuestro autor esperaba que se fomentara el brotar espontáneo de una uniformidad de opiniones populares acerca de la justicia política, por lo que consideraba admisible una correcta libertad de expresión. En todo caso, por otra parte, la opinión pública quedaba concebida como medio de conocimiento de realidades objetivas, y no de creación.



Pietro J. Grasso

1 Por lo que a respecta a los Proyectos y a los Esbozos de Constitución para el Estado Romano , la Constitución según la justicia social, la Constituyente del Reino de la Alta Italia, en la presente exposición se siguen los textos recopilados en Operte edite ed inedite di Antonio Rosmini-Serbati, edición nacional, vol XXIV, titulado Porgetti de Costituzione. Saggi editi ed inediti sullo Sato, dirigido por C. Gray, Milán, Bocca, 1952. Para el opúsculo Sobre la unidad de Italia se ha tenido en cuenta la colección titulada Scritti politici, dirigida por U. Muratore, con prefacción de M. D. Addio, Stresa, Edizioni Rosminiane Sodalitas, 1997, págs. 251 ss. Por lo que respecta al volumen Della missione a Roma di Antonio Rosmini-Serbati. Commentario, se ha considerado el texto crítico establecido por L. Malusa, Stresa. Edizioni Rosminiane, 1998. Para las cartas al sacerdote Pietro Bertetti fechadas 13 de mayo de 1851 y 19 de octubre de 1852 se ha consultado el Epistolario completo di Antonio Rosmini-Serbati, vol. XI, Casale Monferrato, Tipografía G. Pane, 1 de enero de 1893, pág. 267 (carta núm. 6824) y pág. 71



 

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