Razón Española, nº 109; Prohibido prohibir

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Prohibido prohibir

Por Por A. D'Ors

Editorial: Verdad y Razón indice Modernidad y tradición en Jovellanos

Prohibido prohibir

Aquella condena al uso de toda violencia «venga de donde venga», la violencia que realmente condena, no es la del agresor del orden, sino precisamente la del defensor del orden. Porque la agresión, al ser consumada, es ya inevitable, y lo que contra ella es previsible y, por ello, evitable, es sólo la violencia de su represión. Del todo vana ya es la violencia de su represión; ésta es precisamente la que se quiere condenar y evitar. Del todo vana ya es la condena de la agresión consumada, y del todo inútil si no va seguida de una acción represiva en defensa del orden; de ahí que la condena de toda violencia «venga de donde venga», al impedir la represión, dé lugar a la impunidad de la agresión.

Un cierto sentimiento latente, pero operativo, frecuente en la mentalidad actual, viene a favorecer la impunidad por considerar que la agresión, sí, es lamentable, pero inevitable, en tanto la represión es igualmente lamentable pero evitable, pues se puede omitir. En consonancia con este sentimiento que favorece la impunidad está el pensar que la responsabilidad por el daño de la agresión no es del agresor, sino de la sociedad que la sufre a causa de sus propias deficiencias, y que por eso debe indemnizar económicamente, pues no puede hacerlo de otro modo, a las víctimas; de ahí la suplantación del Derecho Penal por la Victimología.

Tema distinto al de la impunidad es el de la llamada «presunción de inocencia», porque ésta se refiere al ya acusado judicialmente como sospechoso responsable de un delito ya cometido: el «presunto» delincuente. Hay aquí una paradójica contradicción de «presunciones»; pero no lo son, pues la «presunción» es de algo que depende de otro hecho probado, y esas falsas «presunciones» son, en realidad, o sospecha de haber cometido un delito o exigencia de pruebas para condenar, respectivamente. Nada tienen que ver con la tendencia moderna a la impunidad.

La agresión es inevitable por haberse ya consumado, pero puede, a veces, ser previsible y, en consecuencia, evitable, mediante una defensa preventiva del orden; que también ella es violencia, pues supone unas medidas preventivas que de algún modo limitan la libre acción de algunas personas. Pueden ser de orden general como la de impedir el libre comercio de armas, o de intensificar el control policial en determinados lugares u ocasiones; pueden también ser más singulares como la de evitar que conocidos profesionales del hurto tengan acceso a una aglomeración festiva, o unos conocidos gamberros circulen de noche, o conduzca automóviles quien ha bebido alcohol en exceso.

La cuestión está en si conviene, y de qué modo, reprimir preventivamente un delito.

Ante esta cuestión, nos dividimos en «conservadores» y
liberales». Aquellos defienden la prevención, por considerar que falta a su responsabilidad quien tiene encargada oficialmente la defensa del orden social cuando no evita preventivamente el desorden. Los «liberales», en cambio, más partidarios de la libertad que de la responsabilidad, prefieren no impedir el delito y dejan la sanción legal correspondiente a los jueces por el delito ya consumado. Esto a pesar de que también la condena judicial se hace más insegura cuando se permite el eventual delito, que puede ser previsto e impedido. En realidad, lo que el liberal condena no es tanto el mal del delito sufrido por otra persona cuanto la infracción de un precepto legal -el liberalismo es siempre legalista, por considerar que la ley pública es más digna de respeto que las posibles víctimas de un delito. Esta actitud liberal, a pesar de su respeto a la ley, viene a coincidir en su resultado con aquella pintada estudiantil de París el año 68: «prohibido prohibir». Pero hay que aclarar qué es «prohibir».

Como ocurre con otras palabras, ésta de «prohibir» ha sufrido un cambio semántico que puede causar cierta confusión. El prohibere latino se refería a actos materialmente impeditivos, en tanto que para mera declaración de ser algo ilícito, incluso punible, se hablaba de vetare. En este sentido originario quien impide la entrada en su finca mediante un muro con puerta cerrada «prohíbe», pero, si se limita a poner un cartel de «no entrar», «veda», como en un «vedado de caza». También «veda» quien opone un «veto», pues aunque haga imposible la decisión colectiva que requiere unanimidad, no lo hace materialmente, sino por omisión de su necesario consentimiento.

Pero el «prohibir» castellano ha desplazado al «vedar», y no se refiere ya a un impedir materialmente, sino a un declarar preventivamente una ilicitud que puede ser punible.

Así, el «prohibido prohibir» podría entenderse como «declarar que nada se declare ilícito». Resulta algo contradictorio que se declare ilícita toda declaración de ilicitud, pero, en realidad, lo que con esa pintada parisina se pretendía era condenar, no la declaración, sino represión de algo supuestamente ilícito, sea preventivamente por una ley o por precepto parecido, sea como castigo de un acto consumado. Es decir, el mismo resultado de una condena de la violencia «venga de donde venga».

En francés, prohibir se dice «défendre» -la pintada del 68 decía: «il est défendu de défendre»-, y es claro que toda prohibición, sea preventiva sea represiva, supone la «defensa» de un orden frente a la posible agresión. Y lo que esa pintada defendía con su prohibición era la libertad para el desorden; o mejor: la constitución de la libertad para el desorden, de un orden de desorden. Un resultado nihilista muy consecuente con el estilo nietzschiano de la modernidad o de la «post-modernidad», que viene a ser lo mismo.

Cuanto he dicho sobre la violencia «venga de de donde venga» y de «prohibido prohibir» era necesario para acabar en lo que puede ser más acuciante; es decir, más punzante: la censura de la publicidad.

Debo empezar por decir que un servidor es partidario de la censura; quizá porque, en mi poca experiencia de publicar en los diarios -incomparablemente menor en extensión y aflicción que la que pudo sufrir don Manuel- yo fuí censurado una sola vez, cuando había censura oficial y precisamente por quien con fama de hombre liberal y «de mano tendida» (al comunismo), me prohibió, cara a cara, en su despacho ministerial y con las galeradas en sus manos, la publicación de un artículo mío sobre su orientación política en tema de becas para estudios en el extranjero. Porque también los liberales censuran cuando quieren. Pero comprendí entonces que, aunque pudiera salir yo algo humillado de aquel trance, me liberé, gracias a aquella prohibición, de haber sido cesado, si el artículo hubiera llegado a publicarse, en mi cargo de director del Instituto Jurídico Español en Roma, en el que sobreviví bastantes años: gracias a aquella censura oficial. Algo parecido hubiera sucedido con Blas Piñar, que fue depuesto de la dirección del Instituto de Cultura Hisánica por haber dejado pasar la censura su famoso artículo «¡Hipócritas!» que despertó las iras yanquis y la consecuente reacción de Franco.

Así, pues, me reconozco partidario de la censura de publicidad y grabé mi opinión en estos versos, que algunos amigos ya conocen:

Desde los tiempos del Ur,

Cuando asoma la locura,

Para salvar la cordura,

Hace falta la censura



Pero no dejo de considerar los inconveniente relativos. Porque un censor oficial tendrá que distinguir la «locura» y la «cordura» según los criterios, quizá muy discutibles, del poder constituido al que sirve, y esto puede verse como contrario a la libertad de expresión de los ciudadanos.

Al tratar de la «libertad de expresión» no hay que confundirla con la «libertad de pensamiento», porque es cierto que el «pensamiento no delinque», pero sí puede delinquir la publicación de lo pensado. La responsabilidad por lo que se piensa es de «fuero interno» o, en todo caso, se reduce al ámbito de una comunicación interpersonal. La responsabilidad por la difusión pública, en cambio, es social; pero, sobre todo, de quien tiene socialmente encomendada la defensa de la paz y orden públicos, de las reglas de la convivencia. Ocurre así como con los ruidos domésticos que, en cuanto trascienden a la calle, deben acomodarse a los límites sociales establecidos. no se puede olvidar que, en consideración al público, lo privado debe tener sus límites.

Sin embargo, parece olvidarse la diferencia entre lo privado y lo público cuando se afirma sin más que la «libertad de expresión», es decir, de publicidad, es uno de los flamantes «derechos humanos». Algo parecido sucede cuando se incluye entre éstos la «libertad de asociación»; porque es natural que los hombres puedan agruparse para fines comunes, pero no es tan natural que pretendan constituir una «personalidad jurídica», pues ésta tiene perdurabilidad potencial, casi de «inmortalidad», que sólo se justifica por el reconocimiento de un interés realmente público; y es el poder constituido quien debe decidir sobre la existencia o no de ese interés público.

Como regla general, todo lo que afecta al público no puede quedar abandonado a la voluntad incontrolada de los particulares. Sin una clara distinción entre lo privado y lo público no es posible un buen orden de convivencia social. Pero, en la actualidad, se incurre, tanto en el exceso de expropiar a los particulares de su privacidad, como de prescindir del control de la publicidad, lo que he llamado hace años «indefensión de lo público», que el mismo socialismo no ha podido superar.

La censura es un medio de defensa de lo público frente al posible abuso de la publicidad por parte de los particulares.

Como es sabido, el nombre de «censor» era el de aquellas personas que, en la antigua Roma, tenían encomendadas varias funciones de orden público, empezando por la confección de la lista de ciudadanos -lo que sigue llamándose el «censo»-, con lo que asumían el control de cierta ética de la convivencia urbana; la «nota censoria» implicaba la descalificación de algunas personas en razón de su mala conducta o de la mala reputación de ciertas profesiones. Pero la palabra se refiere hoy al control oficial de la publicación de mensajes, en concreto, en la prensa y otros medios de comunicación social.

No puede negarse que el control de la publicidad por un censor oficial viene a reforzar el poder de quien gobierna una comunidad, y que puede resultar abusivo, por falta de objetividad indiscutible. Porque está en la misma naturaleza de las cosas que la censura que podría ejercer una instancia de «autoridad», es decir, de «saber socialmente reconocido», no sólo independiente, sino también carente de «poder», podría tener cierto efecto erosivo para la aceptación social del poder constituido, pero siempre de manera lenta, y, naturalmente, sin fuerza ejecutiva para impedir la publicación de lo censurado; porque si tuviera esa fuerza, dejaría de ser «autoridad» para convertirse en instrumento con delegación del poder ejecutivo; como ocurre con los jueces que necesitan, para ejecutar las sentencias de su autoridad de esa delegación de la potestad. Por esto, una censura prácticamente eficaz tiene que ser oficial, con todos los riesgos que ésta pueda tener.

Es claro que un criterio aparentemente objetivo sobre la licitud o no de lo que se pretende publicar puede quedar establecido por una ley, y que las infracciones de ésta quedan sometidas al «arbitrio» de los jueces; «arbitrio», porque, dado el carácter casuístico de la materia judiciable, el precepto legal dependerá en gran medida de la interpretación. Pero la ley «veda» y no «impide», y por eso habrá siempre una distancia, no sólo temporal, entre el acto ilícito y su represión judicial, no ya «prohibitiva», sino represiva. Se presenta también aquí la alternativa entre censura preventiva y juicio represivo.

Ante esta alternativa volvemos a encontrar la diferente opción de conservadores y liberales; partidarios, aquéllos, de prevenir, y éstos, de castigar la publicación ilícita.

Se comprende que los profesionales de la publicidad opten por la actitud liberal, pues el sometimiento a la censura previa, al ser más general, siempre les ha de resultar más mortificante que una eventual condena judicial. Pero la cuestión no está en satisfacer el interés personal de esos profesionales, muy dignos de mi respeto, sino en determinar qué es mejor para la convivencia social en su conjunto.

Es probable que se alegue contra el régimen de censura la conveniencia de favorecer la información del público. En efecto, es bastante común pensar que el aumento de la información, aunque sea de manera indiscriminada, es, por sí mismo un bien; se espera que los destinatarios de la información masiva ya serán capaces de seleccionar ellos lo conveniente y rechazar lo inconveniente. Pero la experiencia demuestra que no es así: que suele faltar esa capacidad crítica, y que muy frecuentemente el lector se limita a «tragarse» los titulares y conservar de aquella información una impresión casi «subliminal».

Hoy empieza a entenderse que un exceso de información no hace más que estragar la sensibilidad y embotar la capacidad crítica del recepto de, como diría San Juan de la Cruz, aquel «torrente de noticias y jugos sensibles». Evidentemente, una información más selectiva sería favorable para la salud mental de los receptores, pero ¿cómo conseguir una selección sin el control previo de la información?

Con todo, para los conservadores, defensores de la censura de la publicidad, el riesgo de una selección parcial por parte del poder constituido queda compensado por el resultado de una mejor paz social, aunque sea contra el natural gusto de los profesionales de la publicidad; y algo similar cabe decir de los excesos de la publicidad comercial, cuyo principal resultado es el fomento del vicio del consumismo, ya que esa publicidad no es simplemente informativa, como a favor del consumidor, sino seductora del exceso: el exceso de producción se quiere remediar con el exceso del consumo.

A diferencia de lo que ocurre con otro tipo de actos ilícitos, los de la publicidad pueden ser fácilmente evitados por la censura previa; por eso mismo, la omisión de la prevención posible desdice especialmente en este caso de la responsabilidad asumida por el defensor del orden; al mismo tiempo, debilita la seguri-
dad de la represión judicial por el ilícito consumado, pero no preventivamente evitado.

La represión judicial de la ilicitud consumada es evidentemente insuficiente. Incluso la rectificación pública de una noticia inconveniente, aunque sea sin recurso a la jurisdicción, nunca tiene el mismo efecto en la opinión pública que la primera noticia agresiva: el agresor tiene siempre la ventaja de la prioridad sin consecuencias inmeditas. Pero la represión judicial queda debilitada por el transcurso inevitable del tiempo y la menor difusión. A la vista de esta innegable experiencia, el conservador prefiere prevenir en vez de reprimir tras la consumación de la publicación ilícita, de efectos difícilmente remediables.

Por lo demás, ya se ha dicho cómo, en cierta medida, la censura preventiva puede favorecer a los mismos autores que la padecen: al librarles de las consecuencias posiblemente incómodas e incluso ingratas que les pueda reportar la publicación declarada ilícita por un juez.

Tampoco debemos olvidar que una censura «social», como la llamaba Maeztu, existe siempre y, a veces, más restrictiva de la libertad de expresión que la oficial ejercida por el poder constituido. Porque los editores, en defensa de sus intereses económicos, no suelen tener contemplaciones con aquellas opiniones que pueden afectar a la aceptación de su mercancía; por ejemplo, al no querer desentonar de la convencional«corrección política» del momento, con lo que se llega hoy a severísimos extremos en el control de la opinión pública, como podemos comprobar en el tema del «revisionismo» del llamado «Holocausto» o similares. En la experiencia de la España de nuestra época podemos recordar como la censura oficial de «izquierdas», en la tercera década del siglo XX, no desterró totalmente la prensa de «derechas», en tanto que en la actual democracia de este fin de siglo, con una censura «social» oculta, aquélla ha dejado de exisitir.

Francamente, para un autor independiente, la censura oficial puede resultar menos mortificante que la social, ante todo porque de la de ésta tenemos a quién hacer responsable y quejarnos de él, pero de la social, difusa y anónima, no.

En fin, cuanto acabo de decir sobre la condena de la represión de la publicidad ilícita en la actualidad viene a corroborar algo que vengo afirmando hace tiempo: que la responsabilidad no es una simple consecuencia, ordinaria pero evitable, de la libertad. Que no hay entre libertad y responsabilidad una relación como de causa a efecto, y la segunda viniera a reducir a la primera, como piensan los de «prohibido prohibir». No. El hombre es, ante todo, un ser responsable, y su libertad no es más que el presupuesto, no la causa de su esencial responsabilidad, porque, si no fuera libre, tampoco sería responsable de sus actos, como no lo son los irracionales. Una cosa es la «causa» y otra distinta un «requisito»; por ejemplo, si pensamos en la transmisión de la propiedad, la «causa» de ella está en un acto, como puede ser un contrato de compra; pero el «requisito» o «presupuesto» de esa transmisión está en el hecho de haber recibido de quien era propietario. Algo parecido debe decirse de la libertad: ésta es un requisito, no la causa, de la responsabilidad.



Alvaro D'Ors



 

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