Razón Española, nº 109; El fiasco autonómico

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El fiasco autonómico

Por A. Arostegui

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El fiasco autonómico

Quiero suponer que los llamados padres de la Constitución jamás pudieron imaginar que, al diseñar el Estado de las Autonomías, estaban dando el primer paso hacia la desmembración de España. Quizá creyeron solucionar un grave problema concediendo a los separatistas considerables cuotas de poder económico y político. Porque para eso se creó el Estado autonómico. Lo demás fueron secuelas de este propósito principal e inicial. Entre ellas, lo de autonomías para todos, y lo de garantizar por precepto constitucional «la solidaridad entre ellas».

Para solapar esta concesión institucional a los separatistas, el proyecto fue presentado como si fuera algo altamente beneficioso para el país: agilizar la función administrativa del Estado, acercar la Administración a la ciudadanía. Alguna explicación había que dar al país del profundo cambio político que estaba a punto de perpetrarse. Tan profundo que, a partirde entonces, la estructura política de España dejó de ser lo que fue.

A ese cambio, que se inició con la transición democrática, siguió un proceso muy poco democrático. No se consultó al pueblo español si quería o no un Estado autonómico, y era una consulta obligada, porque afectaba profundamente a la organización de su convivencia, y porque iban a correr a su cargo los gastos de esta operación.

El Estado de las Autonomías fue algo así como un gol metido a los españoles en fuera de juego, o si se prefiere, una de las varias mercancías políticas pasadas de matute en la Constitución. Lo que el 6 de diciembre de 1978 manifestaron los españoles en las urnas fue «su voluntad de establecer una sociedad democrática avanzada». A eso dijeron sí, ignorando la inmensa mayoría la carga autonómica que se les venía encima. Aquella consulta popular vino a ser como el sofisma de la múltiple pregunta al que, en buena lógica, no puede darse una sola respuesta.

Tampoco parece ni lógico ni racional el procedimiento seguido para diseñar el mapa de las autonomías. Unas veces se aplicó el criterio histórico; otras, el territorial vigente; otras, ninguno de los dos. Se aplicó el criterio histórico en Asturias, que fue principado, pero no a León que fue reino; se aplicó el criterio territorial a Extremadura y Andalucía, pero no a las dos Castillas, pues a una se le segregaron Santander y Logroño y se le agregó León; se segregó Madrid de la otra, agregándole Albacete, con lo que la región murciana quedó partida en dos.

No menos extraña resulta la distribución del terreno patrio. La autonomía asturiana es como diez veces menor que la andaluza, y la de Melilla, como no sé cuántas veces menor que la asturiana. O sea, una ostensible desigualdad territorial que viene a corresponderse con la desigualdad autonómica institucionalizada. Hay autonomías de primera, de segunda y hasta de tercera.

El gasto, que pagamos todos los españoles, no debió parecer excesivo dado el fin primordial del invento -solucionar el problema separatista-, aunque, de buenas a primeras, multiplicaba por dieciocho los gastos oficiales de gestión y representación políticas. Lo que no se previó fue cómo y cuánto se iba a disparar ese gasto en cada autonomía, incluso hasta alcanzar endeudamientos inquietantes. Había de ser así, vistos el desenfado y la prodigalidad con que ciertos gobernantes autonómicos procedieron a nombrar directores, consejeros, asesores, secretarios, colaboradores, pseudoembajadores y tantos cargos más; vistos su desenfado y prodigalidad al conceder dietas, premios y subvenciones, al dispensar favores, prebendas o sinecuras a familiares, allegados, amigos, colegas y demás. O sea, que se reproducían en el ámbito autonómico las seculares lacras del centralismo; entre ellas, el «vuelva usted mañana», lo que pone en entredicho eso de acercar la Administración a los administrados. Hoy, Almería sigue administrativamente tan lejos de Sevilla como antes lo estaba de Madrid o más. En resumidas cuentas, que en vez de descentralizar se multiplicó el centralismo.

Igual suerte adversa corrió la deseada «solidaridad autonómica», garantizada por el artículo 2 de la Constitución. Aunque no sea correcto llamarlo así, ha degenerado en una especie de «egoísmo autonómico». Hasta ahora, no se registra entre las autonomías ni un solo caso de solidaridad. Ninguna ha sentido como propias las carencias, dificultades o desventuras de las demás, que eso es lo que la palabra «solidaridad» significa. Ni un solo caso en que una autonomía pida al poder central más atención y ayuda para las peor dotadas o menos desarrolladas.

Es como si todas y cada una de ellas hubieran asumido, como norma general, aquel viejo refrán: «Todos procuran para sí y yo, como tonto, para mí». Y la aplican a rajatabla. Cada una de las autonomías va a su aire, sin más preocupación que la de barrer para dentro, lograr los mayores beneficios posibles, arrancar al poder central las máximas concesiones. Con estas prácticas, el campo autonómico se está sembrando de agravios comparativos, recelos, suspicacias, disputas y hasta resentimientos.

Por último, el fiasco autonómico resulta incontrovertible si se atiende al primero y principal objetivo que se propuso el invento: satisfacer las aspiraciones de los nacionalistas, acallar sus gritos de independencia. Un fiasco previsible porque, al afrontar el problema, los padres de la Constitución no tuvieron en cuenta algo tan importante como el complejo de superioridad de ciertos nacionalistas. En modo alguno podían acallar su voz unas concesiones políticas y económicas que los ponían en plano de igualdad con otras regiones supuestamente inferiores. Si ellos eran superiores, esa superioridd debió ser institucionalmente reconocida, en todos los órdenes. Porque no fue así, el Estado de las Autonomías ha llegado a resultados diametralmente opuestos a los previstos: en vez de solucionar el problema, lo exacerbó. Desde el poder autonómico, los nacionalistas se muestran más exigentes, más arrogantes, más altaneros que antes.

Y no queda la cosa ahí. Esta actitud nacionalista arrogante y prepotente ha sido contagiosa. Ha originado un mimetismo nacionalista que en la actualidad se manifiesta en un doble sentido. De una parte, empiezan a surgir brotes nacionalistas en los lugares más insospechados, a veces con pretensiones tan esperpénticas como conferir oficialidad al bable, a la fabla o al silbo; de otra, ciertos gobernantes autonómicos no nacionalistas empiezan a imitar los modos y maneras de que los nacionalistas hacen ostentación. Igual que ellos, se valen del poder que les confiere el Estado de las Autonomías para enfrentarse con el poder central. Para desafiarlo, para hostigarlo, para combatirlo. Empieza a clarear por el horizonte político el reino de Taifas.



Antonio Arostegui



 

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