El fiasco
autonómico
Quiero
suponer que los llamados padres de la Constitución
jamás pudieron imaginar que, al diseñar el Estado de
las Autonomías, estaban dando el primer paso hacia la
desmembración de España. Quizá creyeron solucionar un
grave problema concediendo a los separatistas
considerables cuotas de poder económico y político.
Porque para eso se creó el Estado autonómico. Lo demás
fueron secuelas de este propósito principal e inicial.
Entre ellas, lo de autonomías para todos, y lo de
garantizar por precepto constitucional «la solidaridad
entre ellas».
Para solapar esta concesión institucional a los
separatistas, el proyecto fue presentado como si fuera
algo altamente beneficioso para el país: agilizar la
función administrativa del Estado, acercar la
Administración a la ciudadanía. Alguna explicación
había que dar al país del profundo cambio político que
estaba a punto de perpetrarse. Tan profundo que, a
partirde entonces, la estructura política de España
dejó de ser lo que fue.
A ese cambio, que se inició con la transición
democrática, siguió un proceso muy poco democrático.
No se consultó al pueblo español si quería o no un
Estado autonómico, y era una consulta obligada, porque
afectaba profundamente a la organización de su
convivencia, y porque iban a correr a su cargo los gastos
de esta operación.
El Estado de las Autonomías fue algo así como un gol
metido a los españoles en fuera de juego, o si se
prefiere, una de las varias mercancías políticas
pasadas de matute en la Constitución. Lo que el 6 de
diciembre de 1978 manifestaron los españoles en las
urnas fue «su voluntad de establecer una sociedad
democrática avanzada». A eso dijeron sí, ignorando la
inmensa mayoría la carga autonómica que se les venía
encima. Aquella consulta popular vino a ser como el
sofisma de la múltiple pregunta al que, en buena
lógica, no puede darse una sola respuesta.
Tampoco parece ni lógico ni racional el procedimiento
seguido para diseñar el mapa de las autonomías. Unas
veces se aplicó el criterio histórico; otras, el
territorial vigente; otras, ninguno de los dos. Se
aplicó el criterio histórico en Asturias, que fue
principado, pero no a León que fue reino; se aplicó el
criterio territorial a Extremadura y Andalucía, pero no
a las dos Castillas, pues a una se le segregaron
Santander y Logroño y se le agregó León; se segregó
Madrid de la otra, agregándole Albacete, con lo que la
región murciana quedó partida en dos.
No menos extraña resulta la distribución del terreno
patrio. La autonomía asturiana es como diez veces menor
que la andaluza, y la de Melilla, como no sé cuántas
veces menor que la asturiana. O sea, una ostensible
desigualdad territorial que viene a corresponderse con la
desigualdad autonómica institucionalizada. Hay
autonomías de primera, de segunda y hasta de tercera.
El gasto, que pagamos todos los españoles, no debió
parecer excesivo dado el fin primordial del invento
-solucionar el problema separatista-, aunque, de buenas a
primeras, multiplicaba por dieciocho los gastos oficiales
de gestión y representación políticas. Lo que no se
previó fue cómo y cuánto se iba a disparar ese gasto
en cada autonomía, incluso hasta alcanzar endeudamientos
inquietantes. Había de ser así, vistos el desenfado y
la prodigalidad con que ciertos gobernantes autonómicos
procedieron a nombrar directores, consejeros, asesores,
secretarios, colaboradores, pseudoembajadores y tantos
cargos más; vistos su desenfado y prodigalidad al
conceder dietas, premios y subvenciones, al dispensar
favores, prebendas o sinecuras a familiares, allegados,
amigos, colegas y demás. O sea, que se reproducían en
el ámbito autonómico las seculares lacras del
centralismo; entre ellas, el «vuelva usted mañana», lo
que pone en entredicho eso de acercar la Administración
a los administrados. Hoy, Almería sigue
administrativamente tan lejos de Sevilla como antes lo
estaba de Madrid o más. En resumidas cuentas, que en vez
de descentralizar se multiplicó el centralismo.
Igual suerte adversa corrió la deseada «solidaridad
autonómica», garantizada por el artículo 2 de la
Constitución. Aunque no sea correcto llamarlo así, ha
degenerado en una especie de «egoísmo autonómico».
Hasta ahora, no se registra entre las autonomías ni un
solo caso de solidaridad. Ninguna ha sentido como propias
las carencias, dificultades o desventuras de las demás,
que eso es lo que la palabra «solidaridad» significa.
Ni un solo caso en que una autonomía pida al poder
central más atención y ayuda para las peor dotadas o
menos desarrolladas.
Es como si todas y cada una de ellas hubieran asumido,
como norma general, aquel viejo refrán: «Todos procuran
para sí y yo, como tonto, para mí». Y la aplican a
rajatabla. Cada una de las autonomías va a su aire, sin
más preocupación que la de barrer para dentro, lograr
los mayores beneficios posibles, arrancar al poder
central las máximas concesiones. Con estas prácticas,
el campo autonómico se está sembrando de agravios
comparativos, recelos, suspicacias, disputas y hasta
resentimientos.
Por último, el fiasco autonómico resulta
incontrovertible si se atiende al primero y principal
objetivo que se propuso el invento: satisfacer las
aspiraciones de los nacionalistas, acallar sus gritos de
independencia. Un fiasco previsible porque, al afrontar
el problema, los padres de la Constitución no tuvieron
en cuenta algo tan importante como el complejo de
superioridad de ciertos nacionalistas. En modo alguno
podían acallar su voz unas concesiones políticas y
económicas que los ponían en plano de igualdad con
otras regiones supuestamente inferiores. Si ellos eran
superiores, esa superioridd debió ser institucionalmente
reconocida, en todos los órdenes. Porque no fue así, el
Estado de las Autonomías ha llegado a resultados
diametralmente opuestos a los previstos: en vez de
solucionar el problema, lo exacerbó. Desde el poder
autonómico, los nacionalistas se muestran más
exigentes, más arrogantes, más altaneros que antes.
Y no queda la cosa ahí. Esta actitud nacionalista
arrogante y prepotente ha sido contagiosa. Ha originado
un mimetismo nacionalista que en la actualidad se
manifiesta en un doble sentido. De una parte, empiezan a
surgir brotes nacionalistas en los lugares más
insospechados, a veces con pretensiones tan
esperpénticas como conferir oficialidad al bable, a la
fabla o al silbo; de otra, ciertos gobernantes
autonómicos no nacionalistas empiezan a imitar los modos
y maneras de que los nacionalistas hacen ostentación.
Igual que ellos, se valen del poder que les confiere el
Estado de las Autonomías para enfrentarse con el poder
central. Para desafiarlo, para hostigarlo, para
combatirlo. Empieza a clarear por el horizonte político
el reino de Taifas.
Antonio Arostegui
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