Las autonomías
reinventan el Ini
En
1941, recién terminada la guerra civil, Franco creó el
INI y encomendó su dirección al ingeniero naval Juan
Antonio Suances a quien, luego, como reconocimiento de
sus excepcionales servicios a España concedió un
marquesado. El INI fue un instrumento decisivo para
lograr la industrialización del país, antes
básicamente agrícola. Sectores esenciales como la
siderurgia, los carburantes, la minería, la
electricidad, etc, recibieron por esa vía un gran
impulso del Estado. Los gobiernos de la II Restauración
decidieron renunciar a la industria pública y
procedieron a privatizar las empresas del INI con lo que,
hasta ahora, han obtenido la ingente suma de unos nueve
billones de pesetas que han contribuido a enjugar parte
de los enormes déficit presupuestarios de la década
socialista. Sólo entre junio de 1996 y abril de 2001 se
vendieron cuarenta empresas por más de cinco billones de
pesetas
Pero mientras se privatizaba el INI, los gobiernos
autonómicos han ido creando sus propios INIS. Es lo que
denuncia el informe El renacimiento del INI (Madrid 2001,
166 págs.) del que es autora María Gómez Agustín y
que ha encargado y editado el Círculo de Empresarios
(Serrano 1, Madrid). Los datos son impresionantes. En
1999 las empresas autonómicas, duplicadas en cinco
años, eran 314 y las locales 864. En esa misma fecha el
endeudamiento de dichos entes era próximo a los nueve
billones, es decir, se había casi triplicado en una
década. En opinión de la autora «la proliferacion de
estos entes no se justifica siempre por con razones de
interes general». En el citado año, Andalucía contaba
con 305 empresas públicas, Cataluña con 249, y el País
Vasco con 141.
Paralelamente a la creación de tales empresas ha
aumentado la burocracia: en la década 1990-1999 los
funcionarios autonómicos y locales se han incrementado
en 256.000 y 77.000 personas respectivamente. Como
escribe la autora, «El Estado autonómico una de cuyas
finalidades y supuestas virtudes consiste en aligerar del
peso de la burocracia, no sólo no ha frenado, sino que
ha impulsado al alza el volumen de funcionarios». La
comunidad autónoma andaluza va a la cabeza con 189.000
funcionarios en 1999; a continuación Cataluña con
108.000 funcionarios.
Algunas empresas autonómicas tienen, como señala la
autora, «fines curiosos». Por ejemplo, vender óxido de
magnesio o reparar ballestas de vehiculos, o fabricar
embalajes flexibles.
Las televisiones autonómicas son prototípicas. El
capital de RTV catalana es de 25.000 millones, el de la
valenciana es de 20.000 millones, y el de la vasca de
4.250 millones. Para 1999 el presupuesto de las
televisiones autonómicas era de 158.000 millones.
Mantener la televisión vasca le cuesta a cada vasco casi
seis mil pesetas obtenidas mediante impuestos coactivos.
Otro capítulo de inmenso volumen son las empresas
autonómicas constituidas para obras: Arpegio de Madrid
tiene un capital de 8.726 millones, y Spriluz vasca más
de 15.000 millones. La Administración Central también
ha recurrido a la financiación extraoficial creando, por
ejemplo el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias que en
1999 gastó 137.000 millones al margen de los
Presupuestos del Estado.
Resume la autora: «A diferencia de lo sucedido en otros
Estados de corte federal o regional, el proceso de
descentralización política y administrativa se ha
caracterizado en España por un aumento del gasto
público y del endeudamiento», «las administraciones
periféricas se han lanzado a crear un sinfín de INIS».
La racionalidad de tales costes es altamente dudosa.
En conclusión, se trata de un «INI disperso y en la
sombra» y de una «deuda semioculta a la que un día
habrá que hacer frente». Esta importante masa de fondos
escapa a la contabilidad de los Presupuestos Generales
del Estado y, en parte, a las exigencias del Derecho
Administrativo. No hay ni transparencia ni control
suficientes. La política económica y financiera de las
comunidades autónomas es una amenaza a la estabilidad
general y contradice la política privatizadora de la
Unión Europea.
I. Flores
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