Razón Española, nº 108; Las autonomías reinventan el Ini

pag. principal Razón Española

Las autonomías reinventan el Ini

Por I. Flores

Progresistas indice Independencia a plazos

Las autonomías reinventan el Ini

En 1941, recién terminada la guerra civil, Franco creó el INI y encomendó su dirección al ingeniero naval Juan Antonio Suances a quien, luego, como reconocimiento de sus excepcionales servicios a España concedió un marquesado. El INI fue un instrumento decisivo para lograr la industrialización del país, antes básicamente agrícola. Sectores esenciales como la siderurgia, los carburantes, la minería, la electricidad, etc, recibieron por esa vía un gran impulso del Estado. Los gobiernos de la II Restauración decidieron renunciar a la industria pública y procedieron a privatizar las empresas del INI con lo que, hasta ahora, han obtenido la ingente suma de unos nueve billones de pesetas que han contribuido a enjugar parte de los enormes déficit presupuestarios de la década socialista. Sólo entre junio de 1996 y abril de 2001 se vendieron cuarenta empresas por más de cinco billones de pesetas

Pero mientras se privatizaba el INI, los gobiernos autonómicos han ido creando sus propios INIS. Es lo que denuncia el informe El renacimiento del INI (Madrid 2001, 166 págs.) del que es autora María Gómez Agustín y que ha encargado y editado el Círculo de Empresarios (Serrano 1, Madrid). Los datos son impresionantes. En 1999 las empresas autonómicas, duplicadas en cinco años, eran 314 y las locales 864. En esa misma fecha el endeudamiento de dichos entes era próximo a los nueve billones, es decir, se había casi triplicado en una década. En opinión de la autora «la proliferacion de estos entes no se justifica siempre por con razones de interes general». En el citado año, Andalucía contaba con 305 empresas públicas, Cataluña con 249, y el País Vasco con 141.

Paralelamente a la creación de tales empresas ha aumentado la burocracia: en la década 1990-1999 los funcionarios autonómicos y locales se han incrementado en 256.000 y 77.000 personas respectivamente. Como escribe la autora, «El Estado autonómico una de cuyas finalidades y supuestas virtudes consiste en aligerar del peso de la burocracia, no sólo no ha frenado, sino que ha impulsado al alza el volumen de funcionarios». La comunidad autónoma andaluza va a la cabeza con 189.000 funcionarios en 1999; a continuación Cataluña con 108.000 funcionarios.

Algunas empresas autonómicas tienen, como señala la autora, «fines curiosos». Por ejemplo, vender óxido de magnesio o reparar ballestas de vehiculos, o fabricar embalajes flexibles.

Las televisiones autonómicas son prototípicas. El capital de RTV catalana es de 25.000 millones, el de la valenciana es de 20.000 millones, y el de la vasca de 4.250 millones. Para 1999 el presupuesto de las televisiones autonómicas era de 158.000 millones. Mantener la televisión vasca le cuesta a cada vasco casi seis mil pesetas obtenidas mediante impuestos coactivos.

Otro capítulo de inmenso volumen son las empresas autonómicas constituidas para obras: Arpegio de Madrid tiene un capital de 8.726 millones, y Spriluz vasca más de 15.000 millones. La Administración Central también ha recurrido a la financiación extraoficial creando, por ejemplo el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias que en 1999 gastó 137.000 millones al margen de los Presupuestos del Estado.

Resume la autora: «A diferencia de lo sucedido en otros Estados de corte federal o regional, el proceso de descentralización política y administrativa se ha caracterizado en España por un aumento del gasto público y del endeudamiento», «las administraciones periféricas se han lanzado a crear un sinfín de INIS». La racionalidad de tales costes es altamente dudosa.

En conclusión, se trata de un «INI disperso y en la sombra» y de una «deuda semioculta a la que un día habrá que hacer frente». Esta importante masa de fondos escapa a la contabilidad de los Presupuestos Generales del Estado y, en parte, a las exigencias del Derecho Administrativo. No hay ni transparencia ni control suficientes. La política económica y financiera de las comunidades autónomas es una amenaza a la estabilidad general y contradice la política privatizadora de la Unión Europea.



I. Flores



 

Progresistas indice Independencia a plazos

Cartas a Razón Española

Buzon Pulse aquí para enviar correo


La obra de Razón Española es propiedad registrada
Prohibida la reproducción total o parcial de estos documentos sin previa autorización y acuerdo.