La política
Siguen
planeando los dos temas más graves que, desde hace
treinta años, nos agobian.
País Vasco. El Parlamento vasco ha sido disuelto y
convocadas elecciones para el 13 de mayo. Se juega mucho
en estos comicios: no solamente el predominio de tal o
cual partido, sino una posible agravación fatal para
todos. Por el Pp se presenta a lehendakari un ministro
del que se guarda buen recuerdo, como hombre honesto y
firme en sus convicciones: don Jaime Mayor Oreja. Por
otro lado, don Nicolás Redondo, por el Psoe, persona con
ideas claras sobre las cuestiones que se debaten. Y en
tercera posición, el actual lehendakari, señor
Ibarretxe, que no se ha acreditado como un estadista. Por
el contrario, un triunfo de este último candidato
equivaldría a un desastre; el del señor Redondo
posiblemente carecería de la firmeza necesaria en estos
momentos tan inciertos. Parece que únicamente la
candidatura del señor Mayor Oreja resolvería problemas,
aunque su triunfo es difícil.
Se ha iniciado la precampaña, han vuelto a resurgir
crímenes y actitudes violentas por doquier. El dirigente
socialista Ramón Jáuregui sufrió un intento de
asesinato. Eta reanudó su campaña de extorsión con
cartas a empresarios. Aznar ha iniciado un gran esfuerzo
de presencia en el País Vasco, reuniéndose con la
patronal vasca, a la que ha pedido una respuesta activa
frente a Eta. El defensor del pueblo afirma que no están
garantizados los derechos humanos en aquel territorio.
Por lo que se sabe, Eta tiene tres comandos en Guipúzcoa
y una treintena de activistas dispuestos a matar.
El famoso pacto antiterrorista ha sido ratificado. El
Psoe y el Pp han reafirmado su compromiso contra Eta, a
la que acusan de sembrar el terror ante el 13 de mayo. No
ha decrecido la violencia. Eta extorsiona incluso a los
futbolistas vascos que juegan en la selección. Su
boletín confirma la carta enviada a Lizarazu. Los
juzgados franceses acusan al Cesid de haber publicado la
misiva al jugador vasco francés para presionar a Chirac,
quien se ha comprometido con Aznar a colaborar más
contra la banda.
Por cierto, que el Cis da ventaja al Pnv en las
elecciones vascas, pero afirma que el 30 por 100 no
revela su voto por miedo. Según esa encuesta, los
problemas más importantes del País Vasco son el
terrorismo, el paro, la situación política general. El
Pnv obtendría el 31 por 100 de los votos; el Pp, el 21,8
por 100; el Psoe, el 18 por 100. Alrededor de un 30 por
100 no saben, no contestan. Seguramente por miedo, como
hemos dicho.
Arzallus defiende a Eh y advierte que el Pnv no aceptará
que se ilegalice. Amenaza con la insumisión si se
recorta el autogobierno.
Ardanza muestra su deseo de cohonestar Estatuto y más
libertad.
Emisarios del Pnv y Ea proponen a Eta en Francia una
tregua definitiva. Representantes de ambos partidos
mantienen contactos con miembros de la banda a los que
han sondeado con un nuevo alto el fuego a cambio de
suscribir un plan hacia la independencia. Los
nacionalistas pretenden que el cese de la violencia sea
absoluta y se anuncie antes de las elecciones de mayo.
Como contrapartidas las dos formaciones se comprometían
a desarrollar un programa soberanista de máximos y a
formar un gobierno con los proetarras.
La falta de libertad en el País Vasco tiene múltiples
manifestaciones. Los editores de libros de texto critican
la fuerte censura del Gobierno vasco. En algunas
ikastolas circulan textos sin aprobación en fotocopias.
Eta hizo estallar bombas en la sede de los Juzgados de
Tolosa y de Azpeitia. Numerosos exiliados agredidos e
insultados miembros del Pp y Psoe cuentan que han tenido
que abandonar el País Vasco o explican su resistencia
numantina.
Un pistolero de Eta asesinó a un edil socialista en un
bar de Lasarte (29 personas fueron asesinadas por Eta
desde el fin de la tregua).
El cardenal deToledo ha roto su silencio episcopal para
expresar que cree aconsejable que sean vascos los obispos
del País Vasco.
Todos los cargos públicos de Euzkadi tienen escoltas. El
Ministro Rajoy se ha comprometido con Zapatero a proteger
a todos los potenciales objetivos de Eta. Por otra parte,
el Pp y el Psoe reclaman que Interior y el Gobierno Vasco
paguen su seguridad.
La Junta Electoral ha hecho un solemne aviso de que el
DNI vasco no podrá usarse en las elecciones.
Se ha sabido ahora que se preparó en el Sur de Francia
el atentado de Rosas, con dinamita robada en Grenoble.
Los dos coches que estallaron en Rosas y Gandía llevaban
cincuenta kilos de explosivos cada uno.
Por fin, la Iglesia vasca ha levantado la incomunicación
al jesuita P. Sagües, que fue sancionado por criticar a
Setién y condenado a cinco años de aislamiento.
Para un miembro de Haika es legítimo cometer atentados.
La inspeccióin educativa ha denunciado la manipulación
de los libros de texto en el País Vasco. Afirma que
ofrecen una imagen irreal que fomenta la independencia.
El Comisario del Consejo de Europa para los Derechos
Humanos culpa al Gobierno vasco de la falta de
protección de los ciudadanos. Hb no paga las multas de
las manifestaciones ilegales que ascienden a trescientos
millones.
Por último, el Gobierno vasco ha dado pruebas de
actividad: ha promulgado la ley que establece el
vasquismo o no de las gallinas. Curioso documento que,
por fortuna, no afecta directamente a nuestros lectores.
Iglesia. Las relaciones Iglesia-Estado no van bien. Una
conferencia pronunciada por el cardenal arzobispo de
Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, el 15 de
marzo último, se divide en tres capítulos: la libertad
para la Iglesia; la comunión en la Iglesia; el reto, y
la misión de la Iglesia.
El Cardenal de Madrid recuerda las palabras de Su
Santidad dirigidas en octubre de 1995 a la Asambea de las
Naciones Unidas en que describía la actual situación
mundial como coyuntura de la libertad, pero advierte
cómo resultaron ilusorias ciertas perspectivas
superficiales acerca de la libertad y hasta qué punto es
urgente para la Europa de hoy una fuerte inyección de
esperanza de hondas raíces humanas y religiosas. Lo que
hoy entendemos por democracia no fue el único modo que
han tenido los pueblos de organizar una convivencia
social más o menos justa, pero es incuestionable que el
Estado social de Derecho tal y como se ha ido
configurando en Europa desde la segunda mitad del siglo
XX se inspira en buena medida en los grandes principios
de la Doctrina Social de la Iglesia que son las personas
y sus derechos nativos como criterio del bien común, y
la subsidiariedad, norma de la muta relación de los
ciudadanos, las instituciones sociales y el Estado. Se
deriva del Concilio Vaticano II -recuerda el Cardenal-
que el Estado, en cuanto garante de dicha libertad, no se
identifica excluyentemente con ninguna confesión
religiosa, aunque evidentemente tampoco sea beligerante
contra ninguna. Los obispos no tienen ninguna objección
de principio ni abrigan desconfianza alguna en contra del
orden democrático. Afirmó que la transición sin
rupturas y en paz a la democracia no es comprensible sin
la múltiple aportación de la Iglesia, que contribuyó a
preparar la reforma constitucional.
Después de recordar la posición de la Iglesia sobre la
Constitución de 1978, el doctor Rouco reconoce como
avance la aceptación del derecho a la libertad religiosa
y de conciencia, así como la libertad de expresión. Sin
perjuicio de la afirmación de que la única religión
verdadera es la Iglesia católica y apostólica, la
regulación del derecho a la libertad religiosa reviste
por lo que toca a la Iglesia católica unas
características propias no sólo en España, sino en
otros países, son 217 los concordatos de los tres
últimos pontífices. Los acuerdos entre España y la
SantaSede son el instrumento jurídico por el que se hace
efectiva la libertad de la Iglesia en España. Los
acuerdos no deben ser entendidos como un privilegio de la
Iglesia ni menos aún como un instrumento para la
ingerencia de la misma en la política cotidiana de los
Gobiernos. Los temas que esperan todavía una solución
satisfactoria son, entre otros, las siguientes:
clarificación de lo que hay que entender por
«personalidad jurídica civil» referida a las
instituciones de la Iglesia y en especial a las que
configuran su entramado constitucional como son las
diócesis, las parroquias, otras circunscripciones
territoriales y también la Conferencia Episcopal. En
segundo lugar, lo que toca a la solución del problema de
la debida ordenación académica de la clase de religión
y moral católica tal y como se regula en el Acuerdo
sobre enseñanzas. En tercer lugar, que la fórmula para
la asignación tributaria a favor de la Iglesia católica
puesta en práctica desde el año fiscal de 1988 hay que
desarrollarla a la vista del derecho histórico. La fe
sigue viva en muchísimas personas, familias, parroquias,
asociaciones misioneras, movimientos, etc., pero hay que
reconocer que no pocos se han alejado de ella y que otros
no la profesan.
Una pugna entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno se
ha desarrollado a propósito de la firma del documento
suscrito por el Pp y el Psoe condenando el terrorismo. La
posición de la Iglesia ha sido abstenerse de suscribir
tal documento, lo que produjo una viva polémica.
Los problemas de las Iglesias vasca y catalana son
también una seria dificultad; alguna salida de tono de
las habituales en el obispo de Solsona han sido cortadas
con desautorización expresa de laConferencia Episcopal.
La Iglesia ha admitido «gestiones contables
incorrectas» en las Obras Misionales, como consecuencia
de la implicación del ex director del organismo
eclesiástico misional. El anterior nuncio, monseñor
Kada, ha sido implicado en estas «irregularidades».
Un grave problema tiene ante sí el Episcopado español,
el Parlamento valenciano ha aprobado la Ley de parejas de
hecho, que incluye incluso la adopción de niños. Tal
medida ha sido adoptada casi por sorpresa y el Parlamento
valenciano, de mayoría Pp, está dispuestta a sostener.
El Gobierno prepara una disposición de carácter general
no circunscrita a las ya adoptadas por los Parlamentos
valenciano, catalán y navarro.
En lugar de beatificaciones esporádicas, se optó por la
beatificación en un acto único de los mártires de la
guerra civil. Así, lo que se llama el recuerdo
histórico quedó amortiguado, la Iglesia resolvió un
viejo problema y los mártires y beatos fueron
proclamados en masa, «todos los restantes». La verdad
es que la Iglesia española no organizó con excesiva
alegría los actos conmemorativos y que los celebrados
resultaron brillantes, pero insuficientes para
acontecimiento tan sigular y promover la Iglesia una
magna meditación sobre la guerra civil. Una mano externa
derivó hacia el terrorismo las claras palabras del Santo
Padre dedicadas a la exaltación del martirio a los
muertos en la guerra civil. Un ministro poco adecuado
representó silenciosamente al Gobierno.
Ocasión fallida, pues, para rendir un justo homenaje a
la Iglesia mártir de la guerra civil, desaprovechada
para obtener las lecciones correspondientes. Nuestra
Iglesia no ha estado a la altura de este acto, que
debiera haber sido la celebración de homenajes a aquel
magno martiriologio en el que la Iglesia debiera haber
perdonado, no a sus perseguidores, dejando
definitivamente resuelto el problema de los perdones, tan
tergiversado. Esta celebración de martirología de la
guerra ha resultado estrecha y pobre.
Inmigración. Por dos leyes extraordinariamente
trascedentes batalla el Gobierno y su mayoría
parlamentaria: la Ley de Extranjería, ya aprobada por
las Cortes, y el Plan Hidrológico Nacional, que, si
imperase el sentido común, trabajaría todos los grupos
parlamentarios, pues ningún otro quehacer colectivo
puede ser más auténticamente nacional y atractivo.
Pero la esencial Ley de Extranjería ha sido combatida
incluso con saña política, y está recurrida ante el
Tribunal Constitucional por las autonomías socialistas y
el propio Psoe. Alrededor de esta espinosa cuestión se
han barajado cifras muy interesantes sobre el porvenir de
la mano de obra extranjera en una España muy próxima,
pero se ha evitado el contraste de parecederes sobre un
problema que será mayúsculo si no se atina a enfocarlo
bien.
Se han echado de menos estudios sobre un aspecto tan
vital del futuro de España. Todo el tiempo que se
hubiera dedicado a este tema sería tiempo ganado.
Sucesión. El problema de la sucesión a la cabeza del Pp
se ha manifestado con gran fuerza en los últimos días y
las aguas han quedado un tanto alborotadas.
Evidentemente, no era del gusto del Presidente el
planteamiento de la cuestión, que originó declaraciones
y posiciones encontradas. Tampoco fueron del gusto del
señor Rato, beneficiario in pectore hasta ahora de la
decisión presidencial. Ha intervenido el señor Ruiz
Gallardón para aclarar que no disputará la presidencia
del Pp a Aznar en el Congreso del año 2003.
Aznar cree «una tontería, un despropósito» el debate
de su sucesión y pidió al Pp que trabaje. «Quedan tres
años para cumplir un compromiso y no para
desperdiciarlos en especulaciones.
Defensa. El Ejército está en plena compra de material.
Los militares han criticado la decisión del Gobierno de
adquirir el «Tigre», ya que consideran que el
helicóptero «Apache» ha mostrado ser más eficaz. La
fábrica de armas Santa Bárbara ha sido adjudicada al
grupo norteamericano con notable disgusto de los
alemanes.
Defensa, según se ha hecho público, planea reclutar
emigrantes anuales para paliar el déficit de soldados
que se registra después del fracaso del reclutamiento de
soldados profesionales. Se estudia fijar un cupo de
emigrantes afines, ecuatorianos, hijos de emigrantes,
etc.
Catastro. Se va a revisar el valor catastral de la
propiedad en Madrid el próximo año, que será
finalmente un 129 por 100 de media, aunque en algunos
casos el valor de un edificio se incrementará en un 400
por 100 y otros en un 12 por 100. Para que no repercuta
de forma escandalosa sobre el Impuesto de Bienes
Inmuebles, el Ayuntamiento va a poner en marcha un
sistema automático con delimitaciones que limitarán el
aumento máximo a un 3,5 por 100 para la mayoría de los
pisos. Pánico general ante esta amenaza Tributaria.
Negociación colectiva. La negociación colectiva en la
que el Gobierno cifraba tantas esperanzas ha tenido que
dictarse por Decreto en vista de la falta de acuerdo de
las partes. Los sindicatos, patronales, están de acuerdo
con el de Pensiones, al que también muestran su
adhesión Comisiones Obreras. Esta división del grupo
sindical está facilitando argumentos al Gobierno contra
el Psoe, como promotor de la huelga general anunciada por
la Ugt.
Manuel Jiménez Quílez
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