El coste de las
autonomías
Desde
que los Reyes Católicos recuperaron, hace medio milenio,
la unidad de España, la decisión política más grave
ha sido la adoptada personalmente por Juan Carlos I y su
presidente Suárez de fragmentar el Estado en
autonomías. Esa decisión la tomaron por simple
Decreto-Ley, el primero de los cuales, el de Cataluña,
lleva la fecha de 29 de noviembre de 1977, es decir, un
año antes de que se promulgara la Constitución de
diciembre de 1978, cuyo título V configuraba el Estado
de las Autonomías en términos muy ambiguos. Esta
ambigüedad convirtió a los sucesivos Gobiernos y al
Tribunal Constitucional en auténticos poderes
constituyentes porque desarrollaron y ampliaron de modo
laxo los imprecisos preceptos constitucionales sobre el
modelo autonómico.
Al cabo de casi un cuarto de siglo, es obvio que el
Estado de las autonomías ha sido un inmenso error. No ha
resuelto la cuestión catalana ni la vasca, sino que las
ha agravado. Y ha creado y potenciado el centrifuguismo
cultural e institucional en el resto de España. En el
País Vasco, las ikastolas y la unilateral propaganda no
cesan de lanzar nuevas promociones de separatistas,
imbuidos de violento odio a España, y se ha creado un
clima de terror y ausencia de libertades reales. Y en
regiones donde el separatismo era inexistente, la subasta
autonómica ha creado corrientes de fragmentación y
enfrentamiento interregional (el trasvase del Ebro y el
tren de alta velocidasd a Levante son dos ejemplos entre
muchos).
La creación de 17 miniestados autonómicos ha tenido,
además, un altísimo coste presupuestario. En vez de
reducir la burocracia, la ha aumentado para satisfacer a
las clientelas regionales. Sólo en la última década,
las autonomías han incrementado en 275.000 personas el
número de em-pleados públicos, casi el 30 por 100 de
toda la burocracia pública existente en 1975. Y la
presión fiscal no ha cesado de aumentar hasta casi
duplicarse desde que se implantaron las autonomías. Al
contribuyente la operación presuntamente
descentralizadora le ha salido muy costosa.
Pero la multiplicación de la presión fiscal no ha sido
suficiente para colmar la voracidad autonómica, y todas
las regiones se han lanzado a la carrera de pedir dinero
prestado. En 1977 la deuda de las autonomías era
inexistente, es decir, cero; pero en septiembre del año
2000 se elevaba a más de seis billones de pesetas. Estos
eran los datos, según el Banco de España:
DEUDA AUTONOMICA EN MILES DE MILLONES
1991 1995 2000*
Andalucía 282 711 1.170
Aragón 22 109 58
Asturias 32 66 86
Baleares 22 46 38
Canarias 47 121 118
Cantabria 48 37 38
Castilla-La Mancha 16 70 100
Castilla y León 33 131 164
Cataluña 314 1.040 1.596
Extremadura 7 77 97
Galicia 127 345 423
La Rioja 16 22 19
Madrid 196 431 773
Murcia 60 91 102
Navarra 5 131 121
País Vasco 116 294 293
Valencia C. 162 434 901
TOTAL 1.503 4.156 6.196
* Hasta septiembre
De este impresionante cuadro se deduce que entre
Cataluña y Andalucía, que van a la cabeza del
endeudamiento con aval del Estado, asumen el 43 por 100,
o sea, casi la mitad del total, cuando su población suma
el 33,5 por 100. La Rioja, con una población del 0,66
por 100, es la menos endeudada, con 19.000 millones.
El año 2000 se ha cerrado con una deuda económica de
6,5 billones; ha crecido un 5% desde 1999.
La continuidad del incontrolado endeudamiento autonómico
es insostenible, pues contrarresta el esfuerzo estatal
por reducir el déficit en los términos exigidos por la
Unión Monetaria. Aunque tarde, el Gobierno del Pp ha
resuelto someter a lasCortes dos proyectos de ley de
estabilidad que frenen el desbocado endeudamiento de las
autonomías. Es de esperar que la mayoría parlamentaria
del Pp permita la aprobación de esas normas -bastante
minimalistas- sin enmiendas que las desvirtúen.
A la muerte de Franco, en 1975, España era el país
menos endeudado de Europa: en 1977 sólo 1.315 millones
de pesetas. El gobierno socialista dejó a España como
la nación europea más endeudada -el 65 por 100 del
PIB-, después de Bélgica, Italia y Grecia. En 1997 la
deuda pública ascendía a 53.644 millones, o lo que es
lo mismo, en las dos décadas subsiguientes a la muerte
de Franco en cuarenta veces superior En 1970 el gasto
público representaba el 22% del Pib y era inferior en
quince puntos a la media comunitaria, mientras que en
1996 llegó al 48% del Pib, osea, se duplicó y sólo era
menor en dos puntos a la media comunitaria.
Las nuevas generaciones, cada vez menos numerosas por la
baja natalidad, tendrán que pagar el dispendio anterior.
Hasta el año 2000, los balances hacendísticos de la II
Restauración han sido lamentables.
I. Flores
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