Causas de la
guerra de España
I. LA
CUESTION
La guerra civil sigue dando pie a polémicas en casi
todos sus detalles y aspectos, desde las cifras de la
represión al talento militar de Franco o la
intervención extranjera. Pero en el fondo de esas
discusiones se encuentra una cuestión esencial, que, en
la medida en que sea resuelta, da sentido a las demás o
las vuelve irrelevantes: la cuestión de cuáles fueron
las causas de la guerra. Esto lo expresa el nacionalista
catalán Joan Sales: «Por pueril que pueda parecer la
pregunta ¿quién empezó? es moralmente decisiva.» El
daba por supuesto que habían empezado los militares
sublevados en julio de 1936, pero la cuestión tiene
mayor complejidad.
Trataré el asunto sólo desde la historiografía,
dejando al criterio de cada uno la valoración moral.
Desde este punto de vista, las diferentes preguntas sobre
el origen de la guerra pueden reducirse a una: ¿llegó
la guerra civil como consecuencia de una presión
«fascista» a la cual se vio obligada la izquierda a
resistir, o, por el contrario, se trató de una presión
revolucionaria que la derecha hubo de repeler? Esta
podría ser la traducción de la pregunta de Joan Sales
en términos historiográficos. A esas presiones las
llamaré «peligros» o «amenazas», no en un sentido
peyorativo o descalificador, sino en el sentido de que
hacían peligrar a un régimen que se presentaba como
democrático, y de que eran percibidos como amenazas por
sus contrarios. Naturalmente, para un revolucionario sus
ideas y actos no constituían una amenaza, sino una
promesa de redención, y lo mismo los suyos para los
contrarrevolucionarios.
II. LA INTERPRETACION FRENTEPOPULISTA
La primera versión, es decir, que se trató de un
peligro fascista, es hoy día la más divulgada, y puede
resumirse así: la República llegó pacíficamente y, de
manera generosa, prescindió del «cortejo sangriento de
la represalia y la venganza», como decía Prieto,
instaurando una democracia parlamentaria progresista,
pero moderada. Sin embargo, la vieja oligarquía
reaccionaria vio en aquellos proyectos de modernización
del país un riesgo inminente para sus privilegios, y
comenzó desde el primer momento a conspirar contra el
régimen, abusando de su generosidad democrática.
Que así fue lo demostraría una serie de hechos. Los
monárquicos organizaron enseguida conjuras en el
ejército, los carlistas volvieron a armarse y a preparar
milicias, y la Iglesia inspiró un partido fascista o
fascistoide, Acción Popular, luego la CEDA, para acosar
a la república utilizando torcidamente su legalidad y
defendiendo los intereses oligárquicos. La importancia y
el peligro de esa reacción quedaría de relieve en el
golpe del general Sanjurjo, en agosto de 1932, apenas un
año y medio después de instaurado el nuevo régimen.
Vencido Sanjurjo y fracasada por el momento la vía
violenta, los enemigos de la república habrían
intensificado la demagogia, sobre todo por medio de la
CEDA, la cual, explotando los sentimientos religiosos
populares, atraía a masas considerables, a fin de ocupar
legalmente el poder, y desde él abolir el Parlamento y
la democracia. De paso entró en liza un partido más
abierta y violentamente fascista, la Falange. La CEDA
tuvo bastante éxito al principio, y consiguió una
lucida votación en las elecciones de 1933, elecciones
perdidas por las izquierdas a causa de haber acudido
desunidas a las urnas. El peligro «fascista» se hizo
inminente cuando en octubre de 1934, la CEDA entró en el
gobierno, con tres ministros. Ante esta situación, los
socialistas y la Esquerra catalana, secundados moralmente
por las izquierdas republicanas, tuvieron que reaccionar
con una insurrección precipitada, muy posiblemente
provocada por la propia derecha, y abocada a la derrota.
La «reacción» sacó partido del desastre para desatar
una feroz e inhumana represión, en particular contra los
mineros de Asturias.
Siguiendo con este esquema, al fracasar políticamente el
«bienio negro», dominado por la reacción, las
izquierdas volvieron a presentarse a las urnas, pero esta
vez unidas en el Frente Popular, y cosecharon un gran
triunfo. Su programa seguía siendo progresista, aunque
básicamente moderado, pero los partidos de la
oligarquía decidieron recurrir ya, de manera general, a
la subversión violenta. La mayoría de los historiadores
reconoce excesos de las izquierdas en los meses
siguientes, excesos lógicos, dada la brutal represión
que habían sufrido en el «bienio negro», pero en
conjunto consideran la situación soportable y que lo que
más enturbiaba el ambiente eran las provocaciones y
violencias principalmente a cargo de la Falange. Así,
provocando deliberadamente la inseguridad y la
subversión, y conspirando sin descanso en el Ejército,
se llegó a la rebelión militar de julio, que dio
comienzo a la guerra civil.
¿Por qué reaccionó desde un principio la oligarquía
de manera violenta o al menos subversiva, en lugar de
defenderse con moderación, como en otros países? Una
razón estaría en el carácter de la oligarquía
española, egoísta, falta de ilustración y acostumbrada
a usar una represión brutal.
En todos los países existe una literatura sobre la
bajeza de las clases altas, la innobleza de las
aristocracias y la miseria de los ricos. Aunque estas
críticas tienen, seguramente, un amplio fondo de verdad,
probablemente también exageran un poco, como advirtió
Madariaga. Después de todo, España había progresado de
forma lenta, pero constante, desde hacía sesenta años,
y eso se debía en cierta medida a la iniciativa de los
capitalistas. En todo caso, ha prevalecido la anterior
imagen de ellos.
Habría otra razón para que la oligarquía financiera y
terrateniente, como se la ha solido llamar, recurriera al
fascismo o algo parecido en defensa de sus intereses, y
es que los regímenes autoritarios se extendían
rápidamente por Europa, desde Finlandia a Italia, hasta
que en 1933, con su triunfo en Alemania, daba la
impresión de que el futuro era suyo. Nada más natural y
europeísta, que la alta burguesía española viese la
mejor defensa de sus intereses en un régimen de fuerza,
libre de las para ella inútiles y peligrosas
formalidades democráticas. Ello explicaría tanto la
subversión derechista bajo la república como la guerra
y el régimen venido después.
Este viene a ser en esquema la teoría que, con unos u
otros matices y complicaciones, han defendido Tuñón de
Lara, Preston, Jackson y otros, y es hoy día aceptada en
amplios círculos de la izquierda e incluso de la
derecha. Tiene un aspecto convincente por dos razones: en
primer lugar, porque se apoya en algunos hechos reales.
Pero lo que la hace más convincente no es tanto esos
hechos como la teoría general que los envuelve. Según
esa teoría, el fondo de la historia fue un conflicto de
intereses muy comprensible: los republicanos y las
izquierdas en general aspiraban a modernizar el país
defendiendo a los trabajadores y a los desfavorecidos por
medio de reformas que perjudicaban a los poderosos y a
los privilegiados. Y éstos reaccionaron con brutalidad.
Así todo encajaría.
III. ANALISIS
El esquema, analizado de más cerca, muestra fallas sobre
las que vale la pena hacer algunas observaciones,
centrándonos primero en los hechos, y luego en la
teoría.
A) Una primera observación ha de dirigirse a la llegada
pacífica de la República. Sin duda llegó ésta en paz
en abril de 1931…; pero sólo después de haber
intentado imponerse por la violencia cuatro meses antes,
mediante el pronunciamiento militar de Jaca. Fracasado el
golpe en diciembre de 1930, el nuevo régimen triunfó
por medio de unas elecciones. Por lo tanto no fueron los
republicanos, sino sus adversarios los que actuaron de
modo pacífico y permitieron la llegada tranquila de la
república. Todavía hay más: aquellas elecciones
tuvieron carácter municipal, no parlamentario, y fueron
perdidas por los republicanos. Sin embargo, los
monárquicos se apresuraron a entregar el poder a sus
enemigos. No importan aquí las causas del hecho, sino
señalar el hecho indudable, reconocido por todos los
historiadores y testimonios, empezando por Miguel Maura,
principal promotor entonces de la abolición monárquica.
Sorprendentemente, la oligarquía habría abierto el paso
a la república.
¿Cómo puede, en estas condiciones, sostenerse la tesis
de la generosidad republicana por no haber preparado el
«cortejo sangriento de la venganza y la represalia»?
Parece poco razonable que fueran a tomar represalias
contra quienes les habían entregado el poder, se lo
habían regalado, como dice Maura. La generosidad, si tal
es la palabra adecuada, estuvo en este caso del lado
monárquico, y por el contrario, los actos siguientes de
los republicanos tienen mucho de persecución y venganza,
por fortuna no sangrientas de momento. Así al declarar
al monarca fuera de la ley y confiscar sus bienes, o al
procesar a políticos por colaboración con la dictadura
de Primo, con la cual habían colaborado también varios
de los ahora republicanos, empezando por Largo Caballero
y el PSOE.
Enseguida ocurrió, además, otro suceso al que no cabe
atribuir generosidad ni ánimo pacífico: la gran quema
de iglesias, bibliotecas, escuelas, centros de formación
profesional y obras de arte a poco más de tres semanas
de proclamarse la República, y antes de que los
conservadores hubieran mostrado la menor hostilidad al
régimen. Es difícil ver en aquellos incendios otra cosa
que una explosión de fanatismo antireligioso, pero
también antidemocrático y anticultural, cosas que
suelen olvidarse. La actitud de los gobernantes ante los
sucesos, permisiva primero y de castigo a las víctimas
después, tampoco hay modo de entenderla como
democrática, ni de respeto a la legalidad o a los
derechos ciudadanos. Si a algo recuerda el acontecimiento
es a la noche de los cristales rotos, protagonizada por
los nazis.
B) Como segunda observación al esquema, debe señalarse
que si bien los monárquicos empezaron entonces a
conspirar en el ejército, y los carlistas a formar
milicias en Navarra, la respuesta muy mayoritaria de los
conservadores no fue violenta, sino al contrario,
pacífica y legalista, e iba a encontrar su cauce en la
CEDA. Hay que subrayar, en confirmación de lo anterior,
que la rebelión de Sanjurjo quedó casi completamente
aislada en la derecha, la cual no la secundó en ningún
momento, aunque algunos sectores simpatizaran con ella.
Por esa razón fracasó enseguida, dejando 10 muertos,
casi todos de los sublevados. Y también por esa razón
Azaña se felicitó abiertamente en las Cortes por dicha
rebelión, ya que ella había dado ocasión a desbaratar
a los enemigos de la república, y a fortalecer al
régimen. Así pues, no cabe argüir que Sanjurjo
representase a la «reacción», sino sólo a una mínima
parte de ella. Sin olvidar, por lo demás, que Sanjurjo
había tenido un papel decisivo en el pacífico
advenimiento del régimen, al negar el empleo de la
guardia civil contra las manifestaciones en la calle
después de las elecciones.
En cuanto a la CEDA, ciertamente no era republicana ni
demócrata, pero sin serlo, aceptaba la legalidad, y
poseía una cualidad que hubiera permitido la convivencia
ciudadana y el funcionamiento del sistema. Esa cualidad
era la moderación. Sus adversarios acusaban y acusan a
Gil-Robles de actuar con hipocresía y aspirar a destruir
el régimen desde las urnas. La experiencia indica algo
muy diferente. Así, por ejemplo, la CEDA no formó
milicias, ni predicó la violencia, ni respondió de la
misma manera a los atentados que sí sufrió de las
izquierdas. Por otra parte, cuando la izquierda se
sublevó, en octubre de 1934, la CEDAtuvo la mejor
oportunidad posible para replicar con un contragolpe,
desde el poder y con las mejores garantías de éxito,
contragolpe justificado, además, porque los otros
ha-bían recurrido primero a las armas. Pero no hizo nada
de eso. Al contrario, defendió y mantuvo la legalidad
republicana, que tan poco le gustaba, invocó la defensa
de las libertades y ni siquiera pidió ilegalizar a los
partidos rebeldes. Comportamiento demostrativo y
decisivo, a juicio de Madariaga, juicio que comparto y
creo que compartirá cualquier persona sin prejuicios.
Quedó en claro la falsedad de las acusaciones de
fascismo hechas a Gil-Robles, falsedad bien sabida de los
acusadores, según creo haber demostrado en un libro
reciente1. Los monárquicos pensaron en aprovechar la
ocasión para derribar el régimen, y según Ansaldo se
lo propusieron a Franco, el cual no aceptó.
A estas alturas puede relegarse a la categoría de mitos
propagandísticos el de la sanguinaria y brutal
represión en Asturias después de la revolución del 34.
Que se produjeron entonces algunos excesos es seguro, y
que ellos fueron inferiores a los cometidos por los
revolucionarios, también. En un libro que preparo
examino con algún detenimiento este asunto, y aquí me
limitaré a recordar que al volver las izquierdas al
poder en 1936 no aparecieron por ninguna parte las
reclamaciones por daños que tendrían que haberse
producido si hubieran tenido lugar los tan pregonados
asesinatos, saqueos y torturas masivos. Es más, las
izquierdas se negaron tenazmente a investigar las
supuestas atrocidades de Asturias, a pesar de que
Gil-Robles insistiese en ello. Se formó una comisión,
integrada por Dolores Ibárruri, Matilde de la Torre y
otros dos políticos menos conocidos; pero de ella nunca
más se supo, e Ibárruri la olvida discretamente en sus
memorias. Sin embargo, la campaña sobre la represión en
Asturias tuvo una importancia política fundamental, pues
creó un clima de odio y revancha antes inexistente, y se
convirtió en el eje de la alianza de partidos conocida
por Frente Popular.
Lo indicado permite establecer que los conservadores, en
su mayoría, no obstaculizaron, sino que facilitaron la
instauración republicana y que mantuvieron una actitud
moderada y legalista, a pesar de agresiones como la quema
de iglesias y bibliotecas, y otras muy graves. No se
percibe en esos primeros años ningún peligro fascista o
golpista real, pues la Falange y los monárquicos
constituían grupos minoritarios. Baste decir que en las
elecciones de 1933, la derecha moderada obtuvo más de
190 escaños en las Cortes, 115 de ellos la CEDA,
mientras que los monárquicos de ambas ramas no pasaron
de 36, incluyendo el del falangista José Antonio.
Así pues, el levantamiento militar de julio del 36 no
puede verse como la culminación de una larga y sorda
subversión antirrepublicana empezada con el mismo
nacimiento del régimen, sino como una rebelión in
extremis ante una situación juzgada insostenible. Que
fue esto último lo indican dos cosas: primera, que , al
revés que en octubre de l934, cuando un golpe así
tenía casi la garantía de imponerse, en 1936 la
mayoría de los factores estaba en contra: el poder en
manos de la izquierda y el ejército más dividido que
nunca; fue, por tanto, un movimiento, si no a la
desesperada, sí con probabilidades de fracasar. Segunda,
que, por primera vez, la conspiración implicó de manera
directa o indirecta a los principales partidos de la
derecha, incluida la CEDA; a diferencia del golpe de
Sanjurjo, la sublevación militar fue asumida
rápidamente como propia por buena parte de la
población. Por consiguiente, hay que buscar las causas
de esta sublevación, no en la República misma, como
sostiene el esquema que estamos analizando, sino en los
sucesos posteriores al triunfo del Frente Popular, en
febrero del 36.
¿Justificaban tales sucesos una rebelión armada? Para
los rebeldes sí, pero debemos buscar un criterio menos
partidista. En su momento, algunos de los sublevados
argumentaron que los comunistas tenían preparado un
golpe para fechas próximas y que, por lo tanto, los
militares no habían hecho otra cosa que adelantárseles.
Copias de los planes comunistas circularon por entonces
ampliamente. Hoy sabemos que se trata de una
falsificación. Pero el punto principal no está en
aquellos planes ficticios, sino en la situación de
conjunto y en los proyectos generales de las izquierdas,
que examinaremos.
Hay pocas dudas de que la situación era caótica, como
reconocen el socialista Prieto, el republicano Martínez
Barrio y otros. Los datos disponibles, expuestos en las
Cortes por Gil-Robles y Calvo-Sotelo, sin que nadie los
contradijese, contabilizaban una serie interminable y
creciente de asesinatos, incendios de iglesias, asaltos a
locales políticos y periódicos, y a domicilios
particulares, huelgas violentas, etc. Y los disturbios y
atentados no daban señales de remitir, sino que iban en
aumento, hasta culminar en el asesinato del jefe de la
oposición, Calvo Sotelo, por fuerza pública y elementos
socialistas.
Con respecto a estas convulsiones, que evidentemente
nadie niega, cabe una interpretación también muy
circulada: la de que eran los propios conservadores
quienes, por lo bajo, fomentaban los desórdenes con el
fin de crear la situación propicia para el golpe. Prueba
de ello serían los atentados realizados por la Falange.
Esta tesis, sin embargo, es difícil de sostener.
Diversos autores dan a entender que la Falange inició
los asesinatos, pero sabemos que no fue así. Al ganar
las elecciones el Frente Popular, Primo de Rivera ordenó
a los suyos mantenerse en actitud calmada y discreta.
Pero, al igual que había ocurrido en 1934, varios
falangistas fueron asesinados, y de ahí vinieron los
contraataques. Por otra parte, la inmensa mayoría de los
incendios y asaltos a periódicos y locales políticos
tenía como objetivo los de signo conservador.
Fueron Gil-Robles y Calvo-Sotelo quienes insistentemente
propusieron en las Cortes que el gobierno reprimiese la
oleada de crímenes. ¿Cómo iban a pedir eso si fueran
ellos quienes la promovían? Y un dato probatorio de que
las izquierdas conocían el origen de los desmanes,
aunque pretendiesen a veces lo contrario, es la respuesta
del Frente Popular a dichas peticiones: rechazarlas, con
amenazas públicas a sus promotores, incluidas amenazas
de muerte. Si los desmanes proviniesen de la derecha,
indudablemente el gobierno los habría reprimido, y así
lo hacía con la Falange, a la que persiguió con dureza
que incluso vulneraba la legalidad. No perseguía, en
cambio, a los grupos revolucionarios, evidentes autores
de la gran mayoría de los atentados.
Ya el 1 de mayo, Prieto había clamado, en su célebre
discurso de Cuenca, por lo demás extremadamente
demagógico: «¡Basta ya! Basta, basta. La convulsión
de una revolución, con un resultado u otro, la puede
soportar un país; lo que no puede soportar un país es
la sangría constante del desorden público sin finalidad
revolucionaria inmediata; lo que no soporta un país es
el desgaste de su poder público y de su propia vitalidad
económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la
intranquilidad. Podrán decir espíritus simples que este
desasosiego, esta zozobra, esta intranquilidad la padecen
sólo las clases dominantes. Eso, a mi juicio, constituye
un error». Estas palabras encierran un reconocimiento
cabal de lo insostenible de aquella situación, y de su
origen izquierdista. La exhortación de Prieto no fue
atendida por los suyos.
Parece, pues, claro que la derecha no realizó o provocó
el desorden caótico de aquellos meses con el fin de
justificar el golpe de Estado, sino que, por el
contrario, hizo reiterados intentos de que el propio
gobierno izquierdista le pusiera coto. Y que fue el
fracaso de esos intentos el que terminó por convencer a
muchas personas, incluso a la mayoría de los más
pacíficos y legalistas dirigentes de la CEDA, de que,
antes de ser completamente aplastados era preferible
sublevarse, aunque fuera en condiciones muy azarosas. A
partir de ahí, por el apasionamiento de la lucha, la
crisis mundial que por entonces sufría el liberalismo, y
el influjo de los totalitarismos y autoritarismos
europeos, la revuelta conservadora cobró algunos rasgos
más o menos fascistas, sin serlo nunca realmente al
estilo alemán o italiano. Pero eso ocurrió muy a
última hora, y como reacción contra los avances
revolucionarios, que ya nadie esperaba poder frenar
mediante la democracia liberal.
IV. LA INTERPRETACION REVOLUCIONARIA
Y con esto encontramos la segunda teoría sobre las
causas de la guerra: si no existió en aquellos años un
peligro fascista, ¿existió, al menos en 1936, un
peligro revolucionario? E. Malefakis ha escrito: «No
había en la España de 1936 revolución social alguna ni
inminente ni inevitable. Prevalecía, sin duda, un
espíritu revolucionario, pero de haber querido imponerse
por su propia fuerza, habría sido aplastado por el
Gobierno republicano de clase media exactamente igual que
había acabado con las revueltas obreras de 1933 y 1934.
Era mucho más probable que Azaña reaccionara como un
Ebert que como un Kerenski. Por una suprema ironía
histórica, fue la misma insurrección militar lo que
posibilitó la revolución social». Esta versión se ha
extendido en los últimos años, pero creo que tiene poca
consistencia y su especulación sobre la posible actitud
de Azaña presta insuficiente atención a los hechos.
V. ANALISIS
En primer lugar, si, como señala Malefakis, prevalecía
un espíritu revolucionario, la revolución estaba
entonces en el orden del día, aunque es verdad que eso
no la hacía inevitable. En segundo lugar, lo que la
desató directamente no fue la rebelión militar, sino el
reparto de armas a los sindicatos, realizada por Giral,
hombre de confianza de Azaña y de acuerdo con éste. El
reparto no era necesario, puesto que, como se vería
enseguida, la mayor parte de los medios militares, de la
aviación, la marina, casi la mitad de las tropas de
tierra, casi toda la industria, las principales ciudades
y comunicaciones y la práctica totalidad de recursos
financieros quedaron en manos del gobierno. Para colmo,
las tropas de Africa, única ventaja real de los
sublevados, se hallaban aisladas en Marruecos, por lo que
a la apabullante superioridad material del gobierno se
unía una superioridad no menor de posición
estratégica. En estas circunstancias, el reparto de
armas constituyó precisamente una reacción a lo
Kerenski, el político que abrió el paso a la
revolución bolchevique, y no a lo Ebert, el
socialdemócrata alemán que aplastó sin piedad las
revueltas comunistas después de la primera guerra
mundial.
La actitud kerenskiana de Azaña y su gobierno venía ya
por lo menos desde febrero, cuando ganaron las elecciones
e inmediatamente se vieron desbordados por sus aliados
revolucionarios. Estos impusieron, desde la calle, la
suelta de presos y la invasión de fincas, y el gobierno
no hizo más que legalizar, a rastras, esas medidas. Y
cuando los disturbios y crímenes políticos subieron de
tono, Azaña, y luego Casares Quiroga, se negaron a
reprimirlos, como les pedía la derecha. Al contrario,
los justificaban de diversos modos y contemporizaban con
ellos. Ningún Ebert hubiera actuado así, quizá ni
siquiera un Kerenski. Hay, además, otro dato en contra
de la tesis de Malefakis, y es la extraordinaria rapidez
y facilidad con que, una vez repartidas las armas, se
vinieron abajo los restos de la legalidad republicana.
Este hecho demuestra hasta qué punto estaba avanzado el
proceso revolucionario ya antes de julio.
En el Frente Popular, antes de la guerra, existían tres
estrategias revolucionarias: la de los anarquistas,
consistente en debilitar el sistema burgués de manera
persistente y sin tregua, para aprovechar un momento
favorable y destruirlo, como explica el dirigente ácrata
García Oliver; el de los socialistas de Largo Caballero,
que, como aclara el socialista Vidarte, actuaban de
manera similar a los anarquistas, pero con el propósito
de forzar una crisis que hiciera dimitir a los
republicanos y les llevara a ellos al poder sin el riesgo
de una insurrección como la del 34; y la de los
comunistas, la más elaborada, expuesta abundantemente
por su líder José Díaz. Esta consistía en presionar
al gobierno republicano, desde la calle y desde las
Cortes, para que destruyese, so pretexto de fascismo, a
la CEDA y a toda la derecha, y depurase a fondo el
ejército. Logrado eso, sería luego fácil dar cuenta
del propio poder republicano. En la guerra estas tres
estrategias se sucedieron una a la otra. El primer
movimiento revolucionario, desde julio, tuvo un carácter
marcadamente anarquista o anarquizante; a continuación
dimitió el gobierno republicano, dando paso a Largo
Caballero; y finalmente, los comunistas lograron la
hegemonía, hasta el fin de la guerra.
Todo indica que el elemento conservador del país se
rebeló en 1936 contra una amenaza revolucionaria real y
muy avanzada, y que su postura no puede equipararse a la
de la izquierda en 1934, sublevada contra un peligro
fascista que no existía y que ella sabía que no
existía.
La República, por estas razones, se hundió en julio, y
no debe despistar el hecho de que, por motivos
propagandísticos y de apoyo internacional, el Frente
Popular siguiera presentándose como continuador del
régimen fenecido. Santos Juliá da esta interpretación:
«No es que la República fuera liquidada, sino que el
Gobierno carecía de los recursos necesarios para imponer
su poder (...). Sólo lentamente, y tras levantar de la
nada un ejército en toda regla, pudo el Estado
republicano recomponerse». El aserto se apoya en
ficciones. El ejército del Frente Popular fue
abiertamente político, y sin nada o casi nada en común
con el diseñado por Azaña al comenzar la República. Y
suena verdaderamente extraño pretender que el Régimen
hundido en julio fuera recompuesto en septiembre o en
noviembre gracias a los esfuerzos de anarquistas
-inconciliables con la República, a la que asestaron
durísimos golpes desde su implantación-, de los
socialistas -que hicieron otro tanto, y con mayor
gravedad, desde 1934-, o de los comunistas, peones del
totalitarismo staliniano, como ha quedado probado desde
la derecha y desde la izquierda; sin olvidar a la
Esquerra catalana, coautora del golpe revolucioinario de
1934 o al propio Azaña, que en 1933 intentó oponerse al
veredicto de las urnas con un golpe de Estado. Esto
desafía a la lógica y a la inteligencia. Juliá tiene
derecho a presentar a esas fuerzas como ardientes
paladines de la democracia y de la república, pero tiene
menos derecho a esperar que se le tome en serio. No, la
república acabó de morir en julio de 1936, en los dos
bandos, y ya no resucitó.
Veamos ahora otro punto: la presión revolucionaria ¿se
condensó de súbito en 1936, o venía de antes? En
realidad, ya en octubre de 1934 había estallado un
movimiento revolucionario con el objetivo explícito de
organizar una guerra civil, destruir la República e
imponer la dictadura del proletariado. Esa intentona fue
la mejor armada y organizada, y la más sangrienta
ocurrida en Europa desde la revolución rusa, y alimentó
un comprensible nerviosismo en las fuerzas conservadoras,
tanto más cuanto que después de ser derrotada, la
agitación revolucionaria no cesó, y las organizaciones
subversivas se desarrollaron todavía más que antes. Por
ello puede afirmarse que en octubre de 1934 empezó,
literalmente, la guerra civil, por iniciativa de los
nacionalistas catalanes de izquierda y el PSOE. Queda
así contestada la pregunta de Joan Sales con que
iniciamos este estudio.
Otro fenómeno clave fue que entre octubre del 34 y
febrero del 36 el ambiente popular cambió, en gran
medida, a causa de la campaña sobre la represión de
Asturias, alimentada con enormes exageraciones y abiertas
falsedades. En 1934, la gente había hecho fracasar la
insurrección al desoír los llamamientos socialistas y
de la Esquerra, porque no había un clima de
enfrentamiento lo bastante generalizado. En 1936 el odio
se había extendido mucho.
La insurrección de 1934 culminaba, a su vez, un proceso
revolucionario comenzado con los grandes incendios de
mayo de 1931 y los atentados anarquistas contra obreros
desafectos, atentados consentidos por los nacionalistas
catalanes. Casi desde el primer momento se produjo en la
República una subversión sistemática por parte de los
anarquistas, con varias insurrecciones sangrientas. En el
primer bienio, Azaña, respaldado por el PSOE, respondió
a esa subversión no al estilo de Kerenski, sino de
Ebert, es decir, mediante una represión muy dura. No
obstante, la matanza de anarquistas y campesinos por la
fuerza públicas en Casas Viejas sumió al gobierno en
una crisis que llevaría a perder el poder meses más
tarde. Por lo tanto, no fueron las derechas las que
acosaron y debilitaron a Azaña en el primer bienio, sino
los anarquistas.
La subversión empeoró, hasta hacerse demoledora, desde
mediados de 1933, cuando los líderes del PSOE, a
excepción de Besteiro, optaron por la revolución.
Entonces Azaña ya nunca más fue un Ebert, sino un
perfecto Kerenski, por seguir con el tópico que atribuye
a éste, no sé si con plena justicia, haber favorecido
la revolución bolchevique. En noviembre de 1933, al
ganar el centro derecha las elecciones, por gran
mayoría, Azaña mismo tomó una postura subversiva al
proponer un golpe de Estado que impidiera cumplir la
decisión ciudadana. Volvió a intentar un golpe en el
verano del 34, y su partido adoptó ante la insurrección
de octubre una actitud más que equívoca, favorable a
los sublevados. Derrotada la insurrección, los
republicanos de izquierda, con el fin de recuperar el
poder, trataron de resucitar su alianza con un PSOE que
ya no era el del primer bienio, participaron en la
campaña sobre la represión de Asturias y justificaron
la pasada rebelión contra la legalidad republicana.
Elaboraron, finalmente, el programa de Frente Popular,
que a menudo es presentado como moderado, pero que no lo
fue, ya que proponía la revancha de los golpistas de la
revolución de octubre, con amnistía para ellos y
procesamiento de quienes habían defendido la legalidad,
y una llamada «republicanización de las
instituciones», destinada a romper la independencia de
los poderes del Estado e impedir así, definitivamente,
la vuelta de la derecha al poder. El resultado, de
haberse cumplido el programa, habría sido un régimen al
estilo del PRI mejicano, con la oposición limitada a un
papel testimonial y justificador de una democracia
ilusoria.
En los últimos años ha sido tan ensalzado Azaña como
supuesto liberal y demócrata, que estas cosas
sorprenderán a muchos. Pero la posición de Azaña,
extensible a Companys y a las izquierdas republicanas en
general, se inscribe en la tradición del liberalismo
jacobino, muy distinto del liberalismo moderado o
conservador. El siglo XIX fue, una vez descartados los
carlistas al perder la guerra, el siglo de la querella
entre los liberales moderados y los jacobinos (exaltados,
luego llamados progresistas y derivados en republicanos).
Los períodos de mayor influencia jacobina, como el
trienio liberal, la época de Mendizábal y la de
Espartero, el sexenio posterior a la expulsión de Isabel
II, y algún otro, resultaron convulsos, violentos y muy
poco productivos. La experiencia culminó en la I
República, que estuvo a punto de acabar con la
existencia de España como nación. Los períodos de
liberalismo conservador, como el de Narváez y, sobre
todo, la Restauración, fueron mucho más estables, y
permitieron un progreso mucho mayor en todos los
órdenes. Al margen de las buenas intenciones que
invocara la tradición jacobina, en España ha fomentado
la división y la violencia, y sistematizado la
intervención del ejército en la política. Uno de sus
legados característicos fue, contra lo que algunos
creen, el pronunciamiento militar. Bajo la Restauración,
los jacobinos intentaron nuevos pronunciamientos y no
vacilaron en aliarse con el terrorismo ácrata y con el
marxismo socialista, para derrocar aquel régimen
liberal. Por las razones que sean, el jacobinismo
español ha sido un movimiento de planfleto, proclama y
pólvora, que no ha producido una sola obra de
pensamiento político de alguna envergadura.
La II República, iniciada con un pronunciamiento
fallido, adoptó muy pronto, en rigor desde los incendios
de iglesias y bienes culturales, un tono jacobino, bien
representado en Azaña, cuyas ideas y las de las
izquierdas republicanas no pueden considerarse
democráticas en el sentido corriente. Ellos consideraban
la República un régimen de su propiedad, no una
democracia normal, con alternancia en el poder. Como
decía Azaña en frase expresiva, la República era para
todos los españoles, pero sólo debía ser gobernada por
los republicanos. No aceptó la victoria electoral de sus
adversarios en 1933, lo que hizo de los partidos
jacobinos un factor revolucionario más, pese a que,
contradictoriamente, se proclamaban parlamentarios y
burgueses. Sin tener esto en cuenta no se podrá entender
nada de lo ocurrido aquellos años.
En conclusión, es razonable sostener que existió una
presión revolucionaria muy fuerte y violenta desde el
comienzo de la República, por parte de distintos y
poderosos partidos de masas y de las propias izquierdas
republicanas. Esa presión no fue, por tanto, un pretexto
urdido por las fuerzas conservadoras para justificar su
propia subversión.
VI. LA TEORIA DE LA OLIGARQUIA
Trataré ahora la teoría del peligro fascista, según la
cual los conservadores representaban los privilegios de
una oligarquía, mientras que las izquierdas defendían
al pueblo trabajador. Desde luego, la propaganda
izquierdista sacralizaba al pueblo, o a la clase obrera,
y varios de esos partidos se proclamaban representantes
de ambos, aunque les votara sólo una fracción de los
supuestos representados. Además, la literatura de esos
partidos ha puesto enorme empeño en denunciar las
injusticias y miserias que sufrían los trabajadores, y
que ciertamente sufrían, como ocurría en casi todo el
mundo con la crisis económica de la época.
VII. ANALISIS
Sin embargo, este tipo de denuncias en boca de los
políticos no siempre es veraz, y se convierte en simple
demagogia si no va acompañado de propuestas razonables
para solucionar los males denunciados. Porque puede
ocurrir, y ocurre muy a menudo, que los remedios
propuestos sean peores que la enfermedad. Esta
contradición y demagogia quedan inmejorablemente
expresadas en unas frases de dos estudiosos, Villarroya y
Solé, autores, junto con otros, de un libro, Víctimas
de la guerra, elaborado con criterios de propaganda y no
de historiografía. Los autores mencionados, al tratar
los crímenes de la guerra, afirman en otra obra: «La
represión ejercida por jornaleros y campesinos, por
trabajadores y obreros y también por la aplicación de
la ley entonces vigente, era para defender los avances
sociales y políticos de uno de los países con más
injusticia social de Europa. Los muchos errores que
indudablemente se cometían, pretendían defender una
nueva sociedad. Más libre y más justa. La represión de
los sublevados y de sus seguidores era para defender una
sociedad de privilegios.»
Desde luego, dichos autores tienen derecho a
identificarse, si quieren, con la minoría de asesinos
ultrapolitizados que aprovecharon el hundimiento de la
ley para asesinar y robar a mansalva. Pero no tienen el
más mínimo derecho a identificar con aquellos asesinos
a los trabajadores y al pueblo en general. Y mucho menos
a pregonar que con tales métodos defendían una sociedad
libre y justa. No sólo porque resulta absolutamente
miserable defender tal cosa, sino porque, en los países
donde triunfaron ideas como las de los revolucionarios
españoles de la época, no advino nada parecido a una
sociedad libre y justa, sino un régimen policíaco en
que el pueblo perdió todas sus libertades y derechos, y
fue sometido férreamente al dictado de una casta
burocrática. Esto, después de la caída del
emblemático muro de Berlín, debería estar claro para
todo el mundo, pero al parecer algunos siguen añorando
tales paraísos, y opinan que el crimen es una buena vía
para alcanzarlos. Siento expresarme con dureza, pero esas
falacias se me hacen insoportables porque no dejan de
confundir a algunos.
En un terreno menos dramático, hay que decir que la
República empezó por elevar los salarios, sobre todo en
el campo, pero también es cierto que, por desatender la
productividad y crear inseguridad general, produjo un
aumento del paro y una parálisis de la iniciativa
privada. De hecho, la miseria aumentó, y esto lo revela
bastante bien la cifra oficial de muertos por hambre, que
subió rápidamente hasta 260 en 1933, cifra que volvía
a las de principios de siglo. Precisamente en el llamado
«bienio negro», los muertos por esa causa comenzaron a
descender, indicio, junto con otros, de que las
condiciones de vida de la población mejoraron, siquiera
fuese ligeramente. También es verdad que la República
llevó a la práctica la reforma agraria, de la que se
venía hablando desde tiempo atrás, pero lo hizo con
reconocida torpeza y demagogia, sin solucionar nada y
fomentando unas tensiones extremas en el campo. Y así
podría-mos seguir con muchas otras medidas. Las
denuncias sobre la situación de los jornaleros y
campesinos pobres son bien expresivas, y demostrativas de
la baja calidad moral y empresarial de las clases
pudientes; pero el remedio propuesto entonces, con
seguridades de mejorar drásticamente y de la noche a la
mañana las condiciones de vida, fue una mezcla explosiva
de oportunismo e ignorancia.
Tampoco resulta admisible la idea de que los millones de
personas de ideas conservadoras se identificaban con la
dichosa oligarquía. La inmensa mayoría de ellas eran de
condición modesta, incluyendo un número importante de
obreros, aunque en el medio obrero se centraba con
especial ahínco la propaganda revolucionaria, y
lógicamente conseguía más prosélitos. Los
conservadores, en general, no defendían los intereses de
los grandes capitalistas, sino la religión, la propiedad
privada, la familia y el Estado, precisamente las
instituciones que querían abolir los revolucionarios.
Para éstos, todas ellas constituían formas burguesas de
dominación, que mantendrían al hombre alienado y
explotado, sometido a mil males. Abolirlas permitiría
formar al «hombre nuevo», desalienado y emancipado de
las viejas taras. Los conservadores, en cambio, veían en
el Estado un instrumento necesario y perfectible de
ordenación colectiva, capaz de dar salida no violenta a
los conflictos propios de cualquier sociedad humana, y no
un simple aparato de dominación de una clase social;
consideraban a la familia como el núcleo básico de la
sociabilidad, transmisora de una moral que, bajo formas
variables, encerraría una ley fundamental, y no como un
medio de dominación sexual y transmisión de ideología;
encontraban en la propiedad privada la base de la
economía, y en su eliminación una vía segura hacia la
barbarie y la misera; entendían la religión, no como
una fantasmagoría nacida de la ignorancia y el miedo,
«opio del pueblo» para enturbiar la conciencia de las
masas con una moral servil, sino como expresión de una
verdad esencial. Para ellos, la impotencia humana ante el
mundo y el tiempo sería, no una situación
históricamente superable por la ciencia, sino una
manifestación de la propia condición humana, a la que
la religión aportaría un sentido y un consuelo veraz,
no ilusorio.
CONCLUSION
No vamos a decidir aquí quién tenía razón en estas
apreciaciones, si los revolucionarios o los
conservadores. Lo que sí cabe ya establecer con pocas
dudas es que fueron los revolucionarios los que, en
nombre de sus ideas, empujaron a la República hacia la
guerra civil, mientras que los conservadores mantuvieron
mayoritariamente una actitud moderada y proclive a la
convivencia con las izquierdas, hasta que la amenaza que
sentían por parte de éstas se les hizo cuestión de
vida o muerte.
Hoy en día a casi toda la gente le horroriza la guerra
civil, pero en aquel tiempo buena parte de la izquierda
la consideraba algo necesario y útil y, al emprenderse
las hostilidades, también muchos conservadores le
cantaron alabanzas como una empresa purificadora e
inevitable. También fuera de España, desde Estados
Unidos a Rusia, ha tenido la guerra civil sus
entusiastas.
Actualmente existe una tendencia a despreciar a las
generaciones que hicieron la guerra, por fanáticas,
sectarias u obcecadas. Es una necedad. Nosotros no
podemos juzgarlas, desde el momento en que no tenemos que
soportar las enormes tensiones psicológicas,
ideológicas y económicas que ellos sufrieron. Además,
la tranquilidad y el bienestar considerables que hoy
disfrutamos son bienes que hemos recibido sin especial
mérito nuestro. La mayor parte del mérito corresponde,
precisamente, al esfuerzo y al sacrificio de los
españoles de aquella época, con todos sus errores y sus
pasiones, en un bando y en el otro, y lo mejor que
podemos hacer es no echar a perder su legado. Si no
queremos vernos sometidos a una situación parecida a la
de ellos, nos conviene, entre otras cosas, tratar la
Historia como Historia, buscando comprenderla y
acercarnos lo más posible a la verdad, pero sin usar el
pasado como arma arrojadiza o para envenenar la aceptable
convivencia cívica que hoy tenemos. Debiera ser
innecesario decirlo, pero por desgracia no lo es.
Pío Moa
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