Razón Española, nº 106; La política

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La legitimidad de Bush indice La diplomacia

La política

Como si las abundantísimas lluvias caídas en los últimos tiempos hubiesen contribuido a acrecentar las dificultades al Gobierno, cabe regristrar serios problemas políticos.

El primero y más importante es Eta. Y después, el del País Vasco. Luego aparecen el problema catalán; el pago a los funcionarios de sus atrasos, según sentencia de la Audiencia Nacional; la del Tribunal Supremo negando al juez Liaño la posibilidad de reincorporarse a la carrera Judicial; los efectos catastróficos del síndrome de las «vacas locas»; las complicaciones de la recién aprobada Ley de Extranjería; las medidas conducentes a la reforma a fondo de la Justicia; las oposiciones al del Plan Hidrológico Nacional; la Ley de Armonización Económica de las Autonomías; la actitud de los obispos frente a numerosos contenciosos nacionales; la tensión con la Autonomía de Baleares; las relaciones con el Psoe; la presencia del submarino «Tireless» en el puerto de Gibraltar: las enfermedades de los soldados que permanecieron en Kosovo; las dificultades para la aplicación de la Ley del Ejército profesional; los casos de corrupción pendientes; la implicación de ex altos cargos de Interior en un asesinato de los Gal, según declaraciones del mercenario Lavade; las negociaciones sobre el tratado pesquero con Marruecos; dificultosas relaciones con Portugal que impiden un acuerdo sobre el terrorismo; el fracaso de los intentos de mediación del presidente Aznar en el conflicto judeo-palestino; la reforma pendiente del Cesid; las relaciones con Cuba; la lucha de competencias entre los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cultura; la Ley de Humanidades; la anunciada reforma del Senado y del Reglamento de lasCortes; etc.

Pero, sobre todo, la actitud del Psoe, que, en frase gráfica del presidente del Gobierno, «dispara sobre todo lo que se mueve», y sufre de falta de cohesión interna, que intenta solventar por el enfrentamiento agresivo con el Pp.

La reacción del Gobierno ante tal cúmulo de cuestiones ha sido lenta, lo que le ha ocasionado desgaste frente a la opinión pública, con la que no ha logrado conectar ni en la presentación ni en los proyectos de solución.



Eta. No solamente no ha perdido grados de intensidad, sino que el problema se ha agudizando. Víctimas por doquier, de todas las profesiones, especialmente en Cataluña adquirieron gravedad singular, pero el escenario ha sido múltiple: Granada, Sevilla, Barcelona, San Sebastián, Alava, Madrid, etc., No se trata ahora de reproducir la estadística siniestra de las víctimas ni volver a contarlas: exceden de mil, y podrán cometer cuantos desmanes les apetezcan. El Gobierno, que no ceja en la persecución de la banda, no logra darle el golpe definitivo.

Por otra parte, la Justicia no ayuda demasiado; está pendiente de tiquismiquis formales, y sus acciones no resultan definitivas; incluso se contradicen y emiten sentencias distintas sobre delitos similares.



Problema vasco. Es paralelo al de Eta y su gravedad va in crescendo. El Gobierno vasco, que está gobernando en minoría, intenta presentar toda clase de dificultades al Gobierno central, los escándalos son ya cotidianos y las sesiones del Parlamento regional muestran escenas verduleras. Es un ambiente poco fácil para discutir con la tranquilidad que requiere el concierto económico vasco. El señor Arzallus continúa con sus diatribas y alocadas salidas de tono. Le tienen sin cuidado los acuerdos graves de la Universidad vasca, y la ausencia de libertad en aquella tierra. Ahora Arzallus se siente engañado por Eta, lo que no sabemos qué quiere decir ni a qué conduce. Los del Pnv apelan al Parlamento de Estrasburgo y tratan de complicarlo todo, cuanto más mejor. Intensifican su totalitarismo vasco: el Ayuntamiento de Guecho acaba de imponer la enseñanza en vascuence. Han hecho una salida por «peteneras»: condenar después de 65 años el Alzamiento Nacional, pero ni eso lograron. Pierden apoyo popular y se han resistido durante meses a convocar elecciones. Con vistas a los comicios de mayo, ¿quién sabe a qué alianza acudirán; a qué trucos electoralistas, a qué artimañas?



Pacto antiterrorista. Al fin se logró. Se puede dudar mucho de su eficacia. Hasta ahora el Psoe ha dado muestras de incorporarlo plenamente a su estrategia y, pese a los Maragall de turno, el Pacto se mantiene. Constituye para los del Pnv el revés más importante; siempre han jugado con la posibilidad de entenderse con el Psoe, de llegar a un acuerdo con él y distribuirse carteras. Si el Pacto se cumple fielmente será de gran trascendencia.



Cataluña. Pujol viajó a Bilbao; no sabemos si para echar más leña al horno o para aconsejar prudencia. Ya le han salido acompañantes: la Iglesia. No el clásico obispo de Gerona, sino el valenciano cardenal de Barcelona, y el andaluz arzobispo de Sevilla han clamado porque los obispos de Cataluña sean catalanes, al propio tiempo que han recibido el estatuto de conferencia regional los obispos de la Iglesia catalana. No sabemos si el hecho de que los obispos de Cataluña necesiten ser catalanes obligará a que los catalanes no sean obispos en ninguna otra diócesis española. Es muy grave la división. España queda real y efectivamente dividida por la Iglesia. Este hecho plantea otros nuevos en las relaciones Iglesia-Estado. La enseñanza del catecismo, el aumento de la subvención estatal a los sueldos de los clérigos, son problemas que están ahí sin resolver y parece que ahora tienen menos solución que antes. Sobre todo, cuando ya existen movimientos ciudadanos que propugnan no consignar partidas en la declaración de la renta.



Justicia. La Justicia está de moda. Tanto por la sentencia de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional, que admitió la validez de un acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno sobre revisión de salarios, como por el famoso asunto Liaño. Todo ello bajo un clima de reforma general que pretende la agilización y modernización de la Justicia. Se propone una reforma crucial en la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial. El Psoe desea mantener el sistema actual, fruto de la reforma adoptada cuando estaban en el Gobierno, que ha entreverado de Psoe las Salas de Justicia, frente a la actitud del Pp, que propone la vuelta al sistema previsto en la Constitución, es decir, que la elección se haga por los propios jueces.

División del Psoe. El señor Zapatero no logra dominar el cotarro que solamente se apaciguará cuando se atreva a tomar plenamente medidas demagógicas que complazcan a los viejos «barones». Las diferencias esgrimidas en los casos del Plan Hidrológico y la Ley de Extranjería son una muestra de esa disparidad. Ahora los «barones», con Chaves a la cabeza, exigen voz propia en el pacto de financiación, y el señor Maragall sigue insistiendo en su enigmático «federalismo asimétrico».



Vacas locas. Que un país como Inglaterra comercie con piensos contaminados durante largo tiempo, a sabiendas del peligro cierto que entrañan, y nadie sea capaz de dirigir ni siquiera una reprimenda a los británicos, dice bastante. Aquí en España, se negó taxativamente la existencia de tal enfermedad. Ahora resulta que ya hay decenas de vacas en las que el mal ha sido detectado y centenares de miles de bóvidos van a ser sacrificados. Ha faltado información; ha sobrado confusión, y la situación tiene caracteres angustiosos. El consumo de carne de vacuno ha descendido notablemente, pero no así su precio.



Más problemas. Va a procederse a redactar una Ley de Humanidades. Ahora, el Gobierno posee mayoría absoluta.

Otro problema que el Gobierno tiene ante sí es el cumplimiento de la Ley de Transformación del Ejército. Se ve y se desea para cumplir la reforma ofrecida; la propuesta de formar un ejército profesional ha resultado quimérica, y acaso un ejército de color sea el que garantice la defensa española.

El Plan Hidrológico Nacional, que debiera registrar un consenso firme, ha enfrentado a Aragón con el resto de las comunidades. Se han esgrimido razones de toda índole para convencer a Aragón de su conducta equivocada, pero Aragón persiste y ha cometido el error de pedir a los organismos internacionales que no financien este Plan. Las comunidades de Extremadura y Castilla la Mancha, gobernadas por socialistas, se han mostrado favorables al Plan, originando un serio enfrentamiento con el socialismo catalán. Maragall llegó a hacer pública su sospecha de que Extremadura había vendido su adhesión al plan por la promesa de concesión de una línea de AVE, lo que hizo exclamar al señor Rodríguez Ibarra respecto del señor Maragall que «piensa el ladrón que todos son de su condición».

Sigue el submarino «Tireless» en el puerto de Gibraltar. Lo que no dice nada de la firmeza del Gobierno español. Hay que registrar el súbito cambio de actitud del ministro Piqué que ahora se siente muy picado, valga la frase, por la conducta de Inglaterra.

El Presidente del Gobierno ha dejado prueba de su buena voluntad en el pleito judeo-palestino viajando a Egipto, Israel y Palestina en un intento de mediación que, como estaba cantado, ha sido un fracaso.

La reforma del Cesid se prolonga, así como la de los Reglamentos del Senado y del Congreso de los Diputados.

La Ley de Extranjería ha sido tomada por la oposición como test de su firmeza opositora. Aprobada por las Cortes, Psoe e Iu se han agarrado a ella como madre de todos los males y han obligado al Gobierno ha revisar sus propias decisiones en relación con actitudes anteriores al resolver expedientes individuales de los emigrantes y ha concedido una amnistía. El Gobierno proclama que es una Ley modelo, pero muestra debilidad en su aplicación.



Ingerencias en política de otros países. El Gobierno español acordó dar veloz curso al antijurídico auto de un polémico magistrado para juzgar en España al ex Presidente de Chile, Augusto Pinochet. Esa decisión concluyó en un fracaso y sirvió para que el Gobierno inglés asumiera un papel de neutralidad y de hispanoamericanismo autorizando la repatriación del General, que había salvado a su país del socialismo real. Pero la ingerencia de Madrid en los asuntos internos de un país, tan sensible a su soberanía como los desgajados de nuestro Imperio, ha tenido altísimo coste económico y político no sólo en Chile, antes tan hispánico, sino en Argentina, Paraguay y otros de Suramérica. Las inversiones españolas en esa zona no han cesado de encontrar hostilidad con las consiguientes pérdidas y lucros cesantes. El último dato es el de Telefónica que ha perdido la astronómica cifra de 35.000 millones de pesetas en Chile durante el año 2000. Millares de abonados dieron la espalda a la empresa por ser española, y el Gobierno chileno dictó una severa regulación de tarifas que, si no es revocada, continuará ocasionando balances muy negativos a Telefónica en Chile, por lo menos hasta el 2004. La ingerencia, además de errónea en Derecho y en diplomacia, ha sido pésima para los intereses españoles.

En fin, un saco bien lleno de problemas de primer orden, y un Gobierno receloso de enfrentarse con el contenido del «paquetón». Este es el panorama del día de hoy de la política española que cabe registrar con viva preocupación por su progresiva gravedad.



Manuel Jiménez Quílez



 

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