La política
Como si
las abundantísimas lluvias caídas en los últimos
tiempos hubiesen contribuido a acrecentar las
dificultades al Gobierno, cabe regristrar serios
problemas políticos.
El primero y más importante es Eta. Y después, el del
País Vasco. Luego aparecen el problema catalán; el pago
a los funcionarios de sus atrasos, según sentencia de la
Audiencia Nacional; la del Tribunal Supremo negando al
juez Liaño la posibilidad de reincorporarse a la carrera
Judicial; los efectos catastróficos del síndrome de las
«vacas locas»; las complicaciones de la recién
aprobada Ley de Extranjería; las medidas conducentes a
la reforma a fondo de la Justicia; las oposiciones al del
Plan Hidrológico Nacional; la Ley de Armonización
Económica de las Autonomías; la actitud de los obispos
frente a numerosos contenciosos nacionales; la tensión
con la Autonomía de Baleares; las relaciones con el
Psoe; la presencia del submarino «Tireless» en el
puerto de Gibraltar: las enfermedades de los soldados que
permanecieron en Kosovo; las dificultades para la
aplicación de la Ley del Ejército profesional; los
casos de corrupción pendientes; la implicación de ex
altos cargos de Interior en un asesinato de los Gal,
según declaraciones del mercenario Lavade; las
negociaciones sobre el tratado pesquero con Marruecos;
dificultosas relaciones con Portugal que impiden un
acuerdo sobre el terrorismo; el fracaso de los intentos
de mediación del presidente Aznar en el conflicto
judeo-palestino; la reforma pendiente del Cesid; las
relaciones con Cuba; la lucha de competencias entre los
Ministerios de Asuntos Exteriores y Cultura; la Ley de
Humanidades; la anunciada reforma del Senado y del
Reglamento de lasCortes; etc.
Pero, sobre todo, la actitud del Psoe, que, en frase
gráfica del presidente del Gobierno, «dispara sobre
todo lo que se mueve», y sufre de falta de cohesión
interna, que intenta solventar por el enfrentamiento
agresivo con el Pp.
La reacción del Gobierno ante tal cúmulo de cuestiones
ha sido lenta, lo que le ha ocasionado desgaste frente a
la opinión pública, con la que no ha logrado conectar
ni en la presentación ni en los proyectos de solución.
Eta. No solamente no ha perdido grados de intensidad,
sino que el problema se ha agudizando. Víctimas por
doquier, de todas las profesiones, especialmente en
Cataluña adquirieron gravedad singular, pero el
escenario ha sido múltiple: Granada, Sevilla, Barcelona,
San Sebastián, Alava, Madrid, etc., No se trata ahora de
reproducir la estadística siniestra de las víctimas ni
volver a contarlas: exceden de mil, y podrán cometer
cuantos desmanes les apetezcan. El Gobierno, que no ceja
en la persecución de la banda, no logra darle el golpe
definitivo.
Por otra parte, la Justicia no ayuda demasiado; está
pendiente de tiquismiquis formales, y sus acciones no
resultan definitivas; incluso se contradicen y emiten
sentencias distintas sobre delitos similares.
Problema vasco. Es paralelo al de Eta y su gravedad va in
crescendo. El Gobierno vasco, que está gobernando en
minoría, intenta presentar toda clase de dificultades al
Gobierno central, los escándalos son ya cotidianos y las
sesiones del Parlamento regional muestran escenas
verduleras. Es un ambiente poco fácil para discutir con
la tranquilidad que requiere el concierto económico
vasco. El señor Arzallus continúa con sus diatribas y
alocadas salidas de tono. Le tienen sin cuidado los
acuerdos graves de la Universidad vasca, y la ausencia de
libertad en aquella tierra. Ahora Arzallus se siente
engañado por Eta, lo que no sabemos qué quiere decir ni
a qué conduce. Los del Pnv apelan al Parlamento de
Estrasburgo y tratan de complicarlo todo, cuanto más
mejor. Intensifican su totalitarismo vasco: el
Ayuntamiento de Guecho acaba de imponer la enseñanza en
vascuence. Han hecho una salida por «peteneras»:
condenar después de 65 años el Alzamiento Nacional,
pero ni eso lograron. Pierden apoyo popular y se han
resistido durante meses a convocar elecciones. Con vistas
a los comicios de mayo, ¿quién sabe a qué alianza
acudirán; a qué trucos electoralistas, a qué
artimañas?
Pacto antiterrorista. Al fin se logró. Se puede dudar
mucho de su eficacia. Hasta ahora el Psoe ha dado
muestras de incorporarlo plenamente a su estrategia y,
pese a los Maragall de turno, el Pacto se mantiene.
Constituye para los del Pnv el revés más importante;
siempre han jugado con la posibilidad de entenderse con
el Psoe, de llegar a un acuerdo con él y distribuirse
carteras. Si el Pacto se cumple fielmente será de gran
trascendencia.
Cataluña. Pujol viajó a Bilbao; no sabemos si para
echar más leña al horno o para aconsejar prudencia. Ya
le han salido acompañantes: la Iglesia. No el clásico
obispo de Gerona, sino el valenciano cardenal de
Barcelona, y el andaluz arzobispo de Sevilla han clamado
porque los obispos de Cataluña sean catalanes, al propio
tiempo que han recibido el estatuto de conferencia
regional los obispos de la Iglesia catalana. No sabemos
si el hecho de que los obispos de Cataluña necesiten ser
catalanes obligará a que los catalanes no sean obispos
en ninguna otra diócesis española. Es muy grave la
división. España queda real y efectivamente dividida
por la Iglesia. Este hecho plantea otros nuevos en las
relaciones Iglesia-Estado. La enseñanza del catecismo,
el aumento de la subvención estatal a los sueldos de los
clérigos, son problemas que están ahí sin resolver y
parece que ahora tienen menos solución que antes. Sobre
todo, cuando ya existen movimientos ciudadanos que
propugnan no consignar partidas en la declaración de la
renta.
Justicia. La Justicia está de moda. Tanto por la
sentencia de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional,
que admitió la validez de un acuerdo entre los
sindicatos y el Gobierno sobre revisión de salarios,
como por el famoso asunto Liaño. Todo ello bajo un clima
de reforma general que pretende la agilización y
modernización de la Justicia. Se propone una reforma
crucial en la elección de los miembros del Consejo del
Poder Judicial. El Psoe desea mantener el sistema actual,
fruto de la reforma adoptada cuando estaban en el
Gobierno, que ha entreverado de Psoe las Salas de
Justicia, frente a la actitud del Pp, que propone la
vuelta al sistema previsto en la Constitución, es decir,
que la elección se haga por los propios jueces.
División del Psoe. El señor Zapatero no logra dominar
el cotarro que solamente se apaciguará cuando se atreva
a tomar plenamente medidas demagógicas que complazcan a
los viejos «barones». Las diferencias esgrimidas en los
casos del Plan Hidrológico y la Ley de Extranjería son
una muestra de esa disparidad. Ahora los «barones», con
Chaves a la cabeza, exigen voz propia en el pacto de
financiación, y el señor Maragall sigue insistiendo en
su enigmático «federalismo asimétrico».
Vacas locas. Que un país como Inglaterra comercie con
piensos contaminados durante largo tiempo, a sabiendas
del peligro cierto que entrañan, y nadie sea capaz de
dirigir ni siquiera una reprimenda a los británicos,
dice bastante. Aquí en España, se negó taxativamente
la existencia de tal enfermedad. Ahora resulta que ya hay
decenas de vacas en las que el mal ha sido detectado y
centenares de miles de bóvidos van a ser sacrificados.
Ha faltado información; ha sobrado confusión, y la
situación tiene caracteres angustiosos. El consumo de
carne de vacuno ha descendido notablemente, pero no así
su precio.
Más problemas. Va a procederse a redactar una Ley de
Humanidades. Ahora, el Gobierno posee mayoría absoluta.
Otro problema que el Gobierno tiene ante sí es el
cumplimiento de la Ley de Transformación del Ejército.
Se ve y se desea para cumplir la reforma ofrecida; la
propuesta de formar un ejército profesional ha resultado
quimérica, y acaso un ejército de color sea el que
garantice la defensa española.
El Plan Hidrológico Nacional, que debiera registrar un
consenso firme, ha enfrentado a Aragón con el resto de
las comunidades. Se han esgrimido razones de toda índole
para convencer a Aragón de su conducta equivocada, pero
Aragón persiste y ha cometido el error de pedir a los
organismos internacionales que no financien este Plan.
Las comunidades de Extremadura y Castilla la Mancha,
gobernadas por socialistas, se han mostrado favorables al
Plan, originando un serio enfrentamiento con el
socialismo catalán. Maragall llegó a hacer pública su
sospecha de que Extremadura había vendido su adhesión
al plan por la promesa de concesión de una línea de
AVE, lo que hizo exclamar al señor Rodríguez Ibarra
respecto del señor Maragall que «piensa el ladrón que
todos son de su condición».
Sigue el submarino «Tireless» en el puerto de
Gibraltar. Lo que no dice nada de la firmeza del Gobierno
español. Hay que registrar el súbito cambio de actitud
del ministro Piqué que ahora se siente muy picado, valga
la frase, por la conducta de Inglaterra.
El Presidente del Gobierno ha dejado prueba de su buena
voluntad en el pleito judeo-palestino viajando a Egipto,
Israel y Palestina en un intento de mediación que, como
estaba cantado, ha sido un fracaso.
La reforma del Cesid se prolonga, así como la de los
Reglamentos del Senado y del Congreso de los Diputados.
La Ley de Extranjería ha sido tomada por la oposición
como test de su firmeza opositora. Aprobada por las
Cortes, Psoe e Iu se han agarrado a ella como madre de
todos los males y han obligado al Gobierno ha revisar sus
propias decisiones en relación con actitudes anteriores
al resolver expedientes individuales de los emigrantes y
ha concedido una amnistía. El Gobierno proclama que es
una Ley modelo, pero muestra debilidad en su aplicación.
Ingerencias en política de otros países. El Gobierno
español acordó dar veloz curso al antijurídico auto de
un polémico magistrado para juzgar en España al ex
Presidente de Chile, Augusto Pinochet. Esa decisión
concluyó en un fracaso y sirvió para que el Gobierno
inglés asumiera un papel de neutralidad y de
hispanoamericanismo autorizando la repatriación del
General, que había salvado a su país del socialismo
real. Pero la ingerencia de Madrid en los asuntos
internos de un país, tan sensible a su soberanía como
los desgajados de nuestro Imperio, ha tenido altísimo
coste económico y político no sólo en Chile, antes tan
hispánico, sino en Argentina, Paraguay y otros de
Suramérica. Las inversiones españolas en esa zona no
han cesado de encontrar hostilidad con las consiguientes
pérdidas y lucros cesantes. El último dato es el de
Telefónica que ha perdido la astronómica cifra de
35.000 millones de pesetas en Chile durante el año 2000.
Millares de abonados dieron la espalda a la empresa por
ser española, y el Gobierno chileno dictó una severa
regulación de tarifas que, si no es revocada,
continuará ocasionando balances muy negativos a
Telefónica en Chile, por lo menos hasta el 2004. La
ingerencia, además de errónea en Derecho y en
diplomacia, ha sido pésima para los intereses
españoles.
En fin, un saco bien lleno de problemas de primer orden,
y un Gobierno receloso de enfrentarse con el contenido
del «paquetón». Este es el panorama del día de hoy de
la política española que cabe registrar con viva
preocupación por su progresiva gravedad.
Manuel Jiménez Quílez
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