Razón Española, nº 105; Las Fuerzas Armadas entre la sucesión y la reforma

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Las Fuerzas Armadas entre la sucesión y la reforma

Por M. Alonso Baquer

Razón de la gratitud indice Franco al contraste

Las Fuerzas Armadas entre la sucesión y la reforma

Durante el último tercio del régimen del general Franco se vivió con intensidad creciente en el seno de las Fuerzas Armadas un conflicto entre la sucesión y la reforma, entre los guardianes celosos del cumplimiento de las previsiones sucesorias y los partidarios de la apertura de una reforma del sistema, con ruptura, aunque ésta se realizara a través de un pacto -una ruptura pactada.

En el seno de las Fuerzas Armadas (en su conjunto) era más fuerte la tendencia hacia el apoyo de una sucesión sin ruptura que la mera hipótesis de la tolerancia de una reforma sin sucesión. A lo sumo se daba por sentado que habría primero una sucesión y después -sin prisa pero sin pausa- una reforma. En el conjunto (restringido) de los generales y almirantes de Franco, claramente se prefería tomar al pie de la letra la frase «todo queda atado y bien atado» a admitir la apertura de un período de reformas. En el conjunto (algo más amplio) de los jefes y oficiales con más perspectivas de ascenso, la necesidad de la reforma estaba mucho mejor representada que en la élite militar del sistema.

No obstante, la coexistencia de algún núcleo de generales de Franco, guardianes de la sucesión sin reforma, con algún núcleo de oficiales, partidarios de la reforma sin sucesión, anunciaba algún grado de conflictividad y propiciaba por ambos extremos una recaída militar en la politicidad de antaño, es decir, en la politicidad más bien propia del primero de los tercios del «régimen» que del último. Pero la mayoría de los miembros de las escalas profesionales de las armas combatientes estaban a favor de lo que se consideraba bueno y normal: un renovado retorno a la profesionalidad de las armas análogo en todo a lo acaecido con relativo éxito durante el segundo tercio del citado «régimen».

Ahora bien, aun admitiendo que el retorno al cultivo preferente de la profesionalidad de los militares de carrera sintonizaba perfectamente con los sentimientos también predominantes en la sociedad, cabía matizar hasta tres posiciones diferentes incluso entre los inclinados a la convergencia de una sucesión y de una reforma. Se quería una de estas tres opciones:



a) Que la reforma se anticipara a la sucesión.

b) Que la reforma siguiera inmediatamente a la sucesión.

c) Que la reforma esperara al definitivo arraigo de la sucesión.



Hoy -veinticinco años después de la muerte de Francisco Franco- no nos cabe ninguna duda acerca de lo verdaderamente acaecido -la inmediatez del fenómeno de la sucesión con la acelerada puesta en marcha de una reforma política. Ni nos cabe tampoco equivocarnos acerca de las personalidades políticas y los mandos militares que apostaron por esta solución; pero durante el último tercio del régimen del general Franco se alimentó la falsa impresión de todo lo contrario, es decir, la inminencia del violento e inevitable choque entre los guardianes de la sucesión y los partidarios de la ruptura a ejemplo de la inestabilidad padecida en Portugal a partir de 1974.

Aquí, en esta breve glosa, vamos a aplicar nuestra atención al reducido grupo de los generales y almirantes de Franco en quienes la temida recaída en la politicidad de antaño era más probable y no vamos a decir nada en particular sobre el también reducido grupo de oficiales del Ejército de Tierra en quienes también se produjo una recaída en la politicidad de diferente signo. Porque lo históricamente dado, pese a quien pese, fue el fracaso simultáneo de ambas formas de recaída en la politicidad. Se impuso, pues, sin ningún paliativo, la aceptación del orden lógico de las cosas: sucesión seguida de reforma. No obstante, el quicio de la postura general de los militares de carrera durante la transición desde un régimen autoritario a la democracia, a mi modo de ver las cosas, estuvo en que quizás las Fuerzas Armadas en su conjunto hubieran preferido algo menos de inmediatez entre ambos fenómenos.





1. Voluntad de olvido y memoria histórica



Lo primero que conviene le quede aclarado al lector antes de penetrar en la diferencia entre el modo en que fue entendida la sucesión en 1975 por los mandos de las Fuerzas Armadas (en torno a la muerte del general Franco) y el modo como fue recibida por ellos mismos la reforma en 1978 (en torno a la entrada en vigor de la Constitución) es que, aquí y ahora, para quien escribe estas notas, ha resultado siempre preferible mantener viva la memoria histórica a sumergir los datos en una voluntad de olvido.

La memoria, personal o colectiva, es el fundamento de la esperanza. Nadie puede sentirse esperanzado si se sabe desasistido de una correcta interpretación de su pasado. La reconstrucción histórica del pretérito nunca debería incurrir en una descalificación plena o denigrante del pasado, ni debería dejarse llevar hacia posiciones del todo maniqueas para el juicio sobre el presente. El pretérito -cualquier pretérito- no es que deba ser idealizado: es que siempre reúne suficientes rasgos como para ser calificado de digno. ótra cosa es asumir la obligación de indicar cuanto se considere inoportuno o equivocado, dentro del mismo contexto esperanzador, en el modo de proceder de los protagonistas del cambio que se analice.

Desde el oficio de historiador no debería propiciarse, en ningún caso, la voluntad de olvido. Cada historiador debería ser un artista de la pluma que se siente moralmente obligado a recordar con preferencia todo aquello que alimenta las esperanzas. Nunca deberá incurrir en la recomendación de un olvido. Cada historiador selecciona, según su leal saber y entender, lo que entiende por memorable. El juego entre la fácil denigración del pasado y la (más fácil aún) apología del presente, tan habitual en las polémicas partidarias, no debe formar parte del oficio de historiador cualesquiera que sean sus preferencias.

La memoria histórica de lo acaecido en los primeros veinticinco años de nuestra democracia para mí debe quedar correctamente encuadrada entre el recuerdo de cuanto le precedió y la esperanza que todavía esta memoria suscita. No es preciso que se dé una concordancia suma entre los dos extremos; pero sí una línea de continuidad. Lo que importa es dejar aceptablemente explicado el proceso que condujo al cambio tal como éste fue realmente vivido por los miembros de las Fuerzas Armadas entre 1973 y 1978.





2. La sucesión, una reducción del cambio
a lo inevitable



La sucesión, entre todas las formas posibles de cambio político, es aquella que con más efectividad reduce el cambio a lo mínimo, es decir, a lo inevitable. El grito monárquico por excelencia que expresa nítidamente el trance es bien conocido: ¡El Rey ha muerto! ¡Viva el Rey!

La pretensión del cumplimiento al pie de la letra de unas previsiones sucesorias es algo inherente a la Monarquía. La República, en rigor, no establece líneas sucesorias para el ejercicio de su Presidencia. Los Presidentes de la República no se suceden, se relevan. Y los relevos, tanto en la Primera como en la Segunda República Española, habían arrojado un acelerado balance de sustituciones del todo imprevistas. En cambio, la sucesión monárquica - la que se abrió entre la muerte de Alfonso XII y la subida al trono de Alfonso XIII- fue viable, incluso en la espera del alumbramiento de un heredero varón por parte de la Reina Regente María Cristina, allá por 1885, gracias a la pervivencia del mismo principio monárquico.

El dato más decisivo de la situación en 1975 era que para la construcción del futuro de España había que superar un previo problema sucesorio. La existencia del problema venía de años atrás, exactamente del día 29 de septiembre de 1936, cuando una persona -el general Franco- asumió todos los poderes del Estado, sin especificar tiempos de permanencia. La expresión utilizada entonces -«todos los poderes del Estado»- era de hecho una expresión mucho más clara que el binomio de expresiones por entonces hecho público -«Jefe del Gobierno del Estado Español versus Jefe del Estado y del Gobierno Español».

Y es que eso de referirse los militares al tener éxito un pronunciamiento a «todos los poderes» de este modo asumidos no era una situación nueva. Recientemente habían utilizado esta expresión al pronunciarse tanto el capitán Fermín Galán (diciembre de 1930), en su intento de derribar a la Monarquía, como los miembros de la Junta de Defensa Nacional (sublevados contra la República en julio de 1936, bajo la presidencia del general Cabanellas). Al usarla se trataba, en general, de eliminar dudas. La expresión «todos los poderes del Estado» mezclaba dignidades, cargos y funciones. Y, en particular, el hecho de septiembre de 1936 fundía en una persona de condición militar estos cuatro conceptos o figuras:



- La Jefatura del Estado.

- La Presidencia del Consejo de Ministros.

- El Caudillaje de un Movimiento.

- El Mando supremo (Generalísimo) de una Fuerza Armada.



El 29 de septiembre de 1936, la persona -Franco- que había sido propuesta por el general Kindelán (simplemente como un Generalísimo que mandaría sólo mientras durara la guerra) se convirtió en la personalidad que llevaba sobre sus hombros la Jefatura del Estado. Nada le obligaba a restaurar la Monarquía ni le aconsejaba que prolongara la República. Estaba en ciernes de producirse la difícil victoria militar, la creación hipotética de un Estado Nuevo que no tendría que ser ni monárquico ni republicano. En aquellos años, la idea misma de «Estado Nuevo» era algo que también se podía encontrar en el léxico de más de un intelectual español de elevado prestigio internacional, generalmente republicanos. Y, desde luego, era una idea que había ganado a un sector de los militares mejor colocados en el escalafón.

En 1975 el único problema sucesorio era el que se derivaba de la inminencia de la muerte del Jefe del Estado. Todos los demás relevos (en cargos) o clausuras (en dignidades) habían quedado eliminados del horizonte político. Cualquier cambio en la titularidad del Consejo de Ministros (Presidente), en la Jefatura del Movimiento (Caudillo) o en el mando de las Fuerzas Armadas (Generalísimo) era una cuestión menor e inducida del problema sustancial, la sucesión en la Jefatura del Estado a título de Rey. Esta -y no las otras tres cuestiones- era la clave de la estabilidad política y social que los militares se prestaban a cuidar.

Aquellas cuatro cuestiones, diferentes en sí mismas, habían seguido (entre 1936 y 1975) vicisitudes muy distintas en el modo de ser aceptadas por los militares de carrera.



a) Se había considerado inalterable el principio de la unidad del poder, un correlato lógico del arranque fundacional del «régimen»: la asunción por una persona de «todos los poderes del Estado» en función de la quiebra de la Segunda República.

b) Se había desarrollado, lentamente por cierto, el precepto de la coordinación de funciones, una consecuencia razonable del criterio que desvinculaba (teóricamente al menos y prácticamente a partir de la Ley órgánica del Estado) las tareas de la Presidencia del Consejo de Ministros del ejercicio de la Jefatura del Estado.

c) Se había clausurado hasta las últimas consecuencias cuanto exhibía una procedencia de la teoría del caudillaje, un resultado, en su día inevitable, del afán unitario que prohibía la existencia de una autoridad carismática que no quedara encuadrada dentro de las responsabilidades del Gobierno de la Nación.

d) Se había debilitado hasta el extremo la doctrina del mando único, la única función que tradicionalmente había tenido carácter vitalicio en el marco de la dignidad de Capitán General de los Ejércitos de Tierra y Mar, históricamente reconocida de este modo tan irreversible también por la Monarquía de D. Alfonso XIII.



Conviene repetir que las cuatro cuestiones de algún modo sucesorias habían sido abordadas por el régimen anterior como esencialmente diferentes entre sí y que sólo la primera, la sucesión a la Jefatura del Estado, tenía el suficiente rango para constituirse en decisiva para el futuro más o menos democrático de España.





a) Lo inalterable: el principio de la unidad de poder



La Jefatura del Estado había cuidado el principio de la unidad de poder como si fuera lo único verdaderamente «inmutable» del régimen vigente en 1975. El ámbito previsto para ser en su día ocupado por la Corona del Reino de España era, exactamente, aquel en el que mejor se cumplirían las previsiones sucesorias. Aquí era donde tenía pleno sentido la preocupación militar por la reducción del cambio a lo inevitable, aunque se hace necesario señalar que en ninguna disposición legal del régimen anterior de alto rango constituyente se había afirmado que la Jefatura del Estado regentada por Franco fuera vitalicia. Lo que sí que se daba por firme era que la figura de Franco como Jefe del Estado en ningún modo se vería sucedida por un vacío de poder. Este era el principio inalterable, por excelencia, sobre el que se apoyaba el régimen anterior. La sucesión en la Jefatura del Estado a título de Rey, naturalmente, sí que se entendía vitalicia e irreversible.





b) Lo relevable: el precepto de la coordinación
de funciones



Desde la Presidencia del Consejo de Ministros se había entendido en todo momento que el precepto de la coordinación de funciones era una tarea «revocable» por su propia naturaleza, tan revocable como cada una de las credenciales de los ministros. Todo el que era nombrado ministro sería relevado por otro ministro. Nada había en la esfera del Gobierno que tuviera la menor condición de inmutable. El relevo formaba parte de la esencia del órgano ejecutivo del poder. Lo que de hecho resultaba más claro es que las Vicepresidencias, cuando las hubo, se sintieron menos permanentes que la Presidencia y que los Ministros siempre se supieron menos estables en sus cargos que los Vicepresidentes. El relevo (en 1967) de un Vicepresidente militar (Muñoz Grandes) por un Vicepresidente total (Carrero Blanco), es decir, civil y militar, anunciaba que también estaba preconizado el relevo de un Presidente carismático (Franco) en 1973 por otro Presidente temporal del Consejo de Ministros (Carrero Blanco) y en 1974 por un Presidente civil (Arias Navarro). En este punto, el sector militar de la sociedad española de 1975 mantenía una postura serena frente a los relevos acaecidos y por acaecer.





c) Lo irrepetible: la teoría del caudillaje



El Caudillaje en cuanto tal del Movimiento Nacional -no la mera Jefatura- se comprendía a sí mismo como «irrepetible». No habría, pues, una vez muerto Franco, ningún otro Caudillo. La venerable y vieja noción de líder carismático, que sirve sólo para resolver una coyuntura crítica -la guerra civil-, se había venido disolviendo en la misma medida en que se iba creyendo en los Ejércitos que no volvería a haber otra guerra civil. Aquel carisma «irrepetible» de Franco quedaba disuelto en la mera funcionalidad de una Jefatura Nacional del Movimiento; una estructura que, una vez aislada del poder, nada tuvo ni podía tener de vitalicia. Desde mucho antes de que la Ley órgánica del Estado dejara obsoleta la expresión misma de Movimiento-organización, el relevo del Jefe Nacional, que no la sucesión, tenía carácter subsidiario e iba asociado a la designación (revocable) de cada nuevo Presidente del Consejo de Ministros, según lo establecido en aquella Ley.





d) Lo innecesario: la doctrina del mando único



Sólo la figura del Generalísimo de los tres Ejércitos, contrariamente a las tres figuras simbólicas anteriores, respondía al concepto de dignidad militar (Príncipe de la Milicia) y era equiparable a una magistratura vitalicia. La dignidad de Capitán General -nunca el destino de un óficial General al frente de una territorialidad o Capitanía General- era una dignidad tradicionalmente vitalicia; pero quedaba excluida de toda idea de sucesión o de relevo. Lo curioso en la historia de España era que sólo en 1936, con ocasión de la última guerra civil y en la persona de Franco, se aproximaron en España los rasgos de la figura de un Capitán General vitalicio con la doctrina del mando único. Pero, en 1975, el régimen político del general Franco, lúcidamente abocado a la Restauración, ya no necesitaba para el presunto ejercicio del mando militar conjunto de los tres Ejércitos, ni de un relevo, ni de una sucesión. Era una función «innecesaria». En el futuro previsible no habría «generalísimo». Era «innecesario» que lo hubiera, además de inconveniente también respecto a los principios de la democracia orgánica.

Y así, los generales y almirantes que en 1975 ocupaban destinos o cargos de responsabilidad, tuvieron que tomar conciencia de que lo suyo en política interior se reducía a atender serenamente a un proceso que inicialmente simplificaba el cambio a lo «inevitable». La sugerencia de proceder legalmente a la designación de otro «generalísimo» (que fue realmente formulada sin la mejor publicidad) en absoluto fue admitida a trámite. El sucedáneo más fácil -un Jefe del Alto Estado Mayor de hecho considerado Comandante General de los tres Ejércitos- fue radicalmente descartado por el propio Presidente Arias Navarro, meses antes del cumplimiento de las previsiones sucesorias por muerte del general Franco.





3. La reforma una moderación del cambio acelerado



La patente unanimidad militar de 1975 -con muy contadas excepciones de carácter oculto o clandestino- en torno al exacto cumplimiento de las previsiones sucesorias no se logró del mismo modo en torno a la reforma de 1978. Y es que era mucho más complicado lograrla, dada la complejidad de las fuerzas ideológicas que habían sostenido durante cuatro décadas al anterior Jefe del Estado. ¡Nada digamos si se sumaba a ella la complejidad de las fuerzas políticas que siempre habían pretendido derribarle y que desde 1975 estaban nuevamente dotadas de poder por el hecho mismo de la instauración de una Monarquía con vocación constituyente!

Lo cierto es que las Fuerzas Armadas -entiéndase sus mandos- nunca tomaron en consideración la implantación de una Tercera República. Tenían la fundada impresión de que su simple anuncio como posibilidad entrañaba una inmediata ruptura de la paz social sin paliativos, lo que hubiera imposibilitado, primero, la sucesión monárquica, y segundo, la reforma pactada del sistema a favor de la democracia, que fue, en realidad, lo que siguió al primer acto sucesorio, el de la Jefatura del Estado.

Tampoco se tomaron los generales y almirantes del «régimen» en serio la reapertura de algunas posibilidades a favor de un Estado Nuevo, que no fuera enunciado ni como República ni como Monarquía. Era una hipótesis abandonada por el propio régimen anterior a partir de 1946. Las Fuerzas Armadas, ganadas para la Restauración, sólo distinguían entre dos formas de estar en la reforma que habría de producirse para así caminar serenas desde un régimen personal (autoritario y burocrático) hasta una monarquía Parlamentaria (en principio liberal y democrática): el cambio acelerado y la moderación del cambio. La aceleración de un cambio (que se detuviera al borde de la ruptura) o la moderación de un cambio (que sufriera las inevitables resistencias) eran la verdadera alternativa para las Fuerzas Armadas, una vez asegurado el éxito en la sucesión.

El reducido y joven sector militar que optó por la aceleración del cambio -la Unión Militar Democrática- operó por las líneas interiores crecientemente abiertas durante los primeros gobiernos de la Monarquía, sobre todo durante la Vicepresidencia del Teniente General Gutiérrez Mellado (Gobierno Suárez). El sector militar que prefirió la moderación del cambio había operado previamente, sin éxito, en el seno del primero de estos gobiernos, en torno a la Vicepresidencia del Teniente General De Santiago (Gobierno Arias Navarro). Colocada de hecho la reforma en uno de los dos límites, de producirse la ruptura, se le hubiera dado la razón al método revolucionario del movimiento de las Fuerzas Armadas de Portugal: el Ejército se convertía en el motor del cambio. Colocada en el otro límite, el de la resistencia al cambio, de consolidarse, se le hubiera negado al régimen anterior la capacidad de reforma y se hubiera dicho en el exterior de España que era el Ejército quien se comportaba como el freno más decisivo para el cambio democratizador.

El problema político consistió, pues, en descubrir el modo de mantener abierta para España una operación sin precedentes: la reforma más deseable para las Fuerzas Armadas era aquella en la que el Ejército no asumiera ningún papel promotor. Y en la que no se le pusiera al Ejército en trance de ser derrotado: una reforma sin el Ejército (que no se convirtiera en una reforma contra el Ejército, es decir, contra las Fuerzas Armadas, o mejor, contra todo lo que ellas significaban).

La envergadura del cambio deseable desde la política (en curso) de transición tenía prescritos hasta cuatro escenarios hasta entonces considerados ineludibles por la nueva clase política: primero: el cambio en la Constitución del Estado; segundo: el cambio en la órgánica de la Defensa; tercero: el cambio en la Estructura del Mando; cuarto: el cambio en la Política de Alianzas.



Primero: La Constitución del Estado. La Ley órgánica del Estado (LóE) se había cuidado, desde diez años antes del cumplimiento de las previsiones sucesorias, de dejar sentada la armonía entre todas y cada una de las misiones en ella encomendadas a las Fuerzas Armadas. Distinguía, no obstante, entre las instituciones al servicio de lo permanente (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire) y las organizaciones al cuidado de lo coyuntural (Fuerzas de órden Público). Esta distinción era el correlato lógico del principio de la unidad de poder, asociado en este punto con la doctrina del mando único.

La Constitución Española, tres años después de la muerte de Franco, establecía dos sistemas diferentes para mostrar la subordinación militar al poder civil, uno en el seno del Ministerio de Defensa y otro en el seno del Ministerio del Interior. Correspondía al Rey el mando de las Fuerzas Armadas, pero no su ejercicio. Desde la defensa del orden institucional se pasaba a la custodia del ordenamiento constitucional, como tema propio de las fuerzas armadas correspondientes, una vez adecuadas -se nos decía- a unos nuevos criterios básicos.



Segundo: La órgánica de la Defensa. El cambio que se fomentó en torno a 1978 reflejaba alteraciones notables que habían venido siendo incoadas a lo largo del período de vigencia del régimen anterior para lo que podríamos denominar tareas de la élite militar. Tres esferas -política exterior, política militar y política interior- habían absorbido en tiempo lejano el destino de un puñado de militares de carrera en los cargos de mayor confianza del anterior Jefe del Estado y Generalísimo. Pero el propio régimen, desde 1944, había prescindido de militares de carrera para las tareas de contenido internacional. No así en lo referente a la vida peculiar de los Ejércitos, que siempre se recomendó a Ministros militares. Ni tampoco en el ámbito de la política interior, donde se alternaron militares de arma combatiente, con jurídicos militares y con personalidades de condición civil en los puestos de mayor responsabilidad.

Para satisfacer la orgánica de la defensa, la Ley órgánica del Estado había dispuesto que la figura del ministro militar Ejército, Marina y Aire- se comportara como un híbrido de comandante general de su propia fuerza y de miembro del poder ejecutivo. La nueva Constitución Española pasó las atribuciones del mando militar al seno de hasta cuatro Cuarteles Generales en tanto Jefaturas que habrían de colegiarse bajo la denominación de Estados Mayores de la Defensa, del Ejército, de la Armada y del Ejército del Aire. Pero en absoluto les concedió forma alguna de participación en el poder político más allá de la formulación de propuestas. El poder político se adjudicó a la figura civil del Ministro de Defensa, sin sombra de dudas, tras la pronta desaparición de la figura de un Vicepresidente específico para asuntos de la defensa, en cuanto defensa militar, encarnado por un militar de carrera.



Tercero: La Estructura del Mando. El cambio preferido en este punto tendía hacia la homogeneidad de la fuerza más que hacia la disparidad de sus sectores. El binomio fuerzas de intervención inmediata - fuerzas de defensa operativa del territorio quedó subsumido en otro de origen más bien naval -fuerza y apoyo a la fuerza-. No es que las nuevas Jefaturas de los Estados Mayores -Cuarteles Generales- adquirieran las atribuciones que tuvieron los Ministros militares de antaño: es que se alteraron las relaciones de subordinación precisamente en los niveles regionales para desplazarlas de la dependencia directa del Ministerio de Defensa a la dependencia también directa de los Cuarteles Generales, sin que la autoridad de los antiguos Ministros militares fuera delegada a los nuevos Cuarteles Generales de ningún modo, sino asumida por el Ministro, o mejor aún, absorbida por un Poder tan civil como civilista.

La estructura del Mando militar resultante quedó diseñada como un instrumento que recibe misiones del Poder civil, nunca como el disfrute de atributos o de atribuciones para tomar decisiones por parte del Mando militar. Aunque en los medios de difusión se seguía hablando de una cúpula colegiada de los tres Ejércitos, en la realidad era la idea misma de cúpula lo que había sido totalmente difuminado. Ni el Jefe del Alto Estado Mayor de los gobiernos Arias Navarro, ni el Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos, ni, luego, el General Jefe del Estado Mayor de la Defensa, respectivamente de los gobiernos de Adolfo Suárez y de Felipe González, heredaban rasgo alguno de la doctrina del mando único que en 1936 había servido para designar un Generalísimo.



Cuarto: La Política de Alianzas. El régimen anterior se había definido, en su tratado, acuerdo o pacto con los Estados Unidos del año 1953 y siguientes, como pieza netamente disponible para la mejora de la resistencia occidental frente al expansionismo soviético. Con ello no hacía más que prolongar la clave de su principio fundacional, es decir, el Alzamiento armado contra la esencia de un frente-populismo instalado en el poder.

El cambio en la política de alianzas de la Nación española en absoluto arrojaba en 1975 la más mínima posibilidad de inversión de las alianzas. La reforma política de 1978 podía subrayar en su haber todo lo que le fuera posible la envergadura del salto dado desde un régimen autoritario a una democracia; pero no podía favorecer, pongo por caso, la hipótesis de un ingreso de España en el Pacto de Varsovia en lugar de una integración en la órganización del Tratado del Atlántico Norte. El techo de la reforma lo ponía el socialismo de Felipe González en la neutralidad respecto a la política de bloques como única alternativa a la plena integración, y el suelo de la reforma para el centrismo de Adolfo Suárez. En el centro de la estrecha banda techo-suelo se situó por referéndum en 1982 lo que sería por un decenio la limitada participación de España en la Alianza Atlántica.

Hoy, a los veinticinco años del cumplimiento de las previsiones sucesorias, se contempla lo sucedido con una enorme serenidad. La doctrina socialista de la integración limitada de 1982 terminó dejando el campo libre para la doctrina populista de la plena integración de 1998. La percepción del cambio habido en la Política de Alianzas no ofreció unas dificultades de contenido ideológico para ningún miembro de las Fuerzas Armadas Españolas. Había quedado trazada una línea sinuosa (pero contínua) entre lo que fue nuestra política exterior antes de 1953 y lo que era ahora, después de 1998 -cuarenta y cinco años, en suma-, esa misma política. El cuarto escenario para el cambio ha sido, sin duda alguna, el que ha sufrido menores perturbaciones entre 1936 y el año 2000.

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Hora es de concluir estas reflexiones. Lo verdaderamente dado para la verdadera historia es que triunfó, con mérito o demérito de unos y de otros, la tesis que aconsejaba la inmediatez de una reforma respecto al problema previo de una sucesión aceptada mayoritariamente. Y que fracasaron (también en el seno de las Fuerzas Armadas) tanto quienes hubieran preferido una reforma sin sucesión previa como quienes luego defendieron, a su modo, la sucesión sin reforma. Lo decisivo, a mi juicio, radica en la superior trascendencia del primero de los dos actos políticos -la sucesión- sobre las consecuencias trazadas a partir del segundo -la reforma.



Miguel Alonso Baquer



 

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