Razón Española, nº 105; Franco y orden de Derecho

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Franco y orden de Derecho

Por J. Zafra Valverde

La economía de guerra indice Lo que España debe a Franco

Franco y orden de Derecho

1. Un consejo de Confucio



Hace más de un año, en el Valle de los Caídos, comencé una conferencia recordando esta vieja frase de Ortega y Gasset: «España padecía, y padece, un déficit de orden intelectual. Había perdido el manejo de los conceptos, que son, ni más menos, los instrumentos con que andamos entre las cosas». Aquel juicio es un diagnóstico perfectamente aplicable, y por gran elevación, a nuestros días. Hemos caído nuevamente, tras el aceptable remanso intelectual de la época de Franco, en un estado penoso de confusión, tergiversación e incluso inanidad de numerosos conceptos fundamentales, cuya carencia o defectuosidad se disimulan malamente con gestos -que no pronunciamientos- verbocráticos.

Ultimamente he tenido la fortuna de conocer un texto memorable deConfucio, que, traducido al alemán, es empleado como puntal de apoyo por el profesor de Munich, Josef Subbrack, en un estudio sobre la idea de contemplación en Thomas Merton1. Como temo que muy pocos lectores de esta revista lo conozcan, voy a reproducirlo ateniéndome a esa versión alemana. Dice así:

«Cuando preguntan al Maestro qué cosa es lo primero que debe hacer el hombre de gobierno, responde lo siguiente:

-Sin duda, usar debidamente los conceptos.

Replica su interlocutor en tono desdeñoso:

-¿Eso es lo que hace falta? Creo que el Maestro está muy equivocado. ¿Para qué se necesita ese buen uso?

Confucio replica en estos términos:

-¡Qué corto eres, oh Yu!

El potentado se desentiende más o menos de lo que no tiende.

Si los conceptos no son justos, tampoco las palabras pueden ser adecuadas.

Cuando no son adecuadas las palabras, las obras necesarias no se cumplen.

Si no hay obras, el arte y la moral no pueden prosperar.

Si la moral y el arte no prosperan, los castigos no pueden ser certeros.

Y cuando los castigos no son certeros, el pueblo ya no sabe a qué atenerse.

Por tanto, el potentado no puede conseguir impropiedad en sus palabras.

Tal es lo que ante todo necesita.

Relacionemos estos pensamientos del sabio chino con algunos términos actuales tomados al azar: persona humana, matrimonio, «carisma». Ellos nos servirán de introductores para llegar, por vía de contraste, al corazón de nuestro asunto.

Desde la Constitución, ya nadie cuenta con apoyo legal fiable para defender una idea indiscutible de la persona humana y de su dignidad tan voceada. ¿Cuándo empieza la existencia de una persona humana? ¿Existe dignidad en lo que ahora llaman «pre-embrión» los traficantes de la «reproducción asistida», con su cortejo de políticos oportunistas? Dicen unos y otros que estamos progresando; pero ¿saben de qué progreso hablan? No pidamos que nos lo expliquen, porque nos tacharían de retrógrados, que no se han desprendido todavía de nociones atávicas alienantes como «fin último del hombre», «perfección en la virtud», etc.

Y extrememos la prudencia evitando preguntar a los políticos de izquierda pertinaz y a los «centristas» qué idea tienen ellos de lo que es el matrimonio. Se reirían de nosotros, y nos contestarían con aire de suficiencia: «Usted lo sabe mejor que yo, porque esa idea forma parte del caduco patrimonio de la derecha recalcitrante.» Para ellos, el ultimo grito del progreso es otorgar los máximos derechos comparativos a las parejas sodomíticas, que titulan -llevando al máximo su inconsciencia- «reuniones de hecho». Ni siquiera se dan cuenta de que están practicando una especie de parasitismo sobre la institución matrimonial, y que, cuando hayan terminado de sacarle los jugos para exportarlos hacia el vicio o el capricho, habrán perdido todos los recursos para poner algún remedio al desbaratamiento de las costumbres.

En cambio, parecen saber bien lo que es «carisma». No esperemos que hayan leído a Max Weber, el sociólogo responsable de trasladar a la política, por analogía, esa noción elaborada por la Teología, si bien con resonancias de antiguas creencias mágicas. A ellos les basta con saber que la palabra «carisma», en cuanto equivalente a «gracia» o «don», es importante solamente cuando indica gracejo personal o habilidad para encantar a un auditorio con gestos teatrales, palabras altisonantes o invectivas irónicas. Cuando incluso una excelente periodista incurre en el desliz de calificar al Papa Juan Pablo II como una de las figuras más carismáticas de nuestro tiempo -que lo es, pero en sentido muy específico, al igual que sus predecesores-, no debemos extrañarnos de que, a propósito de Franco, los indocumentados nieguen que fuera un «líder carismático». Para ellos, era sólo un dictador, inexpresivo y antipático, al que obedecía básicamente por temor, y que se dio el título de «Caudillo».

Ante este ejemplo, comprendemos cuán difícil es poner los conceptos en su punto haciendo frente a la incultura y la anticultura que nos asedian. Pero hay que hacerlo. Y comencemos por afirmar, sin la menor sombra de duda, que Franco fue, en el sentido político de la expresión, uno de los mayores jefes carismáticos de la Historia. Llegará cierto día en que se pueda decir algo parecido sobre él desde la perspectiva teológica. Estoy seguro de que la leyenda «Caudillo de España por la gracia de Dios» fue mucho más que una cláusula mimética impresa en las monedas. Pero vamos a dejar esto por ahora.

Franco fue un jefe carismático, sobre todo porque infundía seguridad, que es lo que más necesita el ser humano en sus relaciones con los demás. Y justamente por ello, su Estado no pudo ser sino un Estado de Derecho. Como saben los que tienen alguna idea del origen del concepto, Estado de Derecho es el que tiene leyes seguras, meditadas y aprobadas por personas razonables y responsables que dan la cara, y aplicadas con respeto y audiencia del interesado, y sin arbitrariedades. Por supuesto, en la época de Franco el Estado de Derecho tenía sus defectos como los tiene cualquier otro; pero sus fundamentos espirituales e institucionales, que son a fin de cuentas los que más interesan para la seguridad de las personas, las familias y otros grupos intermedios, estaban bien plantados. Y estaban bien plantados, porque los conceptos esenciales correspondientes eran inequívocos. Vamos a ver por qué.





II. el estado social de derecho ya existia



No debemos perder el tiempo previniéndonos contra la ingenua objección posible de que, en la época de Franco, es por lo menos dudoso que hubiera un Estado de Derecho, porque sus Leyes Fundamentales evitaron usar el término. La verdad es que no era necesario, si bien no habría causado trastorno alguno.Pero entonces tampoco se deseó imitar a los alemanes en algunos de sus inventos denominativos. En la Ley de Principios del Movimiento de 1958 (VII) se decía, sin embargo, que «el pueblo español, unido en una orden de Derecho...., constituye el Estado Nacional». Era expresar lo mismo.

Pero los autores de la Ley Fundamental de Alemania imitaron en 1949 -tal vez sin advertirlo- a la Ley de Sucesión Española de 1947, donde se decía que España era, entre otras cosas, un Estado «social». El origen próximo del término estuvo en la República Social Italiana establecida en 1943 por Mussolini. Pero entre los revolucionarios franceses de 1848, algunos ya propusieron que dicho calificativo figurase en la Constitución del mismo.

El pensamiento político de la época de Franco poseía una idea suficientemente clara de lo que significaba «Estado Social». Era un Estado que, respetando básicamente la propiedad privada y la libre iniciativa económica, procuraría, según las posibilidades de la renta nacional, ir mejorando progresivamente en la justicia distributiva para beneficiar a los estratos sociales menos favorecidos. Para ello se inspiraría -no sin cierto despecho entre los adeptos más fervientes de la «revolución nacional-sindicalista»- en los principios correspondientes de la Doctrina Social Católica. «El ideal cristiano de la justicia social, reflejado en el Fuero del Trabajo, inspirará la política y las leyes» decía la Ley de Principios del Movimiento (VIII, 2).

No es tan seguro que los aplicadores de la Constitución de 1978 hayan tenido la misma claridad. Aunque el Estado Social corroborado por los autores no pudiera ser sino heredero de las instituciones y leyes tutelares y asistenciales recibidas de Franco, se han dejado llevar en algunas ocasiones de cierta propensión al ideal colectivista, y aun diría que anarcoide. Me refiero, por ej., a la postura del Tribunal Constitucional en relación con dos recursos motivados por huelgas. Mientras en la primera de sus sentencias relativas al «derecho de huelga» -noción disparatada, por cuanto en un Estado de Derecho de raíces liberales la idea de huelga no puede ser considerada como un bien o valor fundamental de la persona- decía que tal derecho es un corolario del Estado Social; con posterioridad, al decidirse contra un empresario que había sustituido a los huelguistas recurriendo a otros operarios, llegó al extremo de afirmar que el empresario había defraudado a los primeros en sus expectativas de mejoras económicas. Esta doctrina lamentable subvertía juntamente las ideas de Estado Social y Estado de Derecho.

Pero entiéndaseme bien: no pretendo en modo alguno sugerir que en el Estado de Franco todo fuera ejemplar, y todo malo en el actual, sino poner de manifiesto que, inclusive a la luz de los postulados de Estado de Derecho y Estado Social, escasamente ha sido superado el primero por el régimen pluralista de partidos. (Aprovecho la ocasión para decir que la noción rigurosa de Estado de Derecho no exige que el Estado tenga un régimen de tales características).

Y no lo ha sido, aunque parezca sorprendente, porque incluso en el nivel de la legislación política fundamental se han cometido errores importantes, que no podían sino afectar a la seguridad jurídica de los españoles en sus expectativas primordiales como súbditos y ciudadanos. Prescindiendo de otros aspectos menos importantes, me parece de justicia subrayar la superioridad del sistema constituido por las Leyes Fundamentales en algunos de grandísima relevancia para el buen funcionamiento del Estado. Ello es tan cierto que inclusive podríamos hablar de una vigencia «póstuma» de algunas disposiciones.

Deseo resaltar dos aspectos concernientes a la seguridad jurídica de los españoles en cuanto súbditos-ciudadanos. Me parece indiscutible que las Leyes Fundamentales habían sido redactadas con todo esmero en lo que atañe a los perfiles estructurales y la estabilidad funcional de los jefes de Estado y del Gobierno. Tal vez por ello, los autores de la Constitución de 1978 descuidaron regular estos resortes esenciales de seguridad: cómo sustituir al Rey en caso de ausencia o enfermedad si no existiese sucesor en la Corona mayor de edad, y cómo hacer lo mismo respecto al Presidente deGobierno.

Acerca de lo primero, con anterioridad a la jura del Príncipe de Asturias habrían podido producirse situaciones desconcertantes. Al haber desaparecido la figura permanente del Consejo de Regencia, la única solución razonable habría sido recurrir a la persona de don Juan de Borbón, por ser el «padre del Rey» (CE, art. 51, que se refiere propiamente a la «incapacidad» del monarca). Pero esa solución habría sido verdaderamente kafkiana después de haber don Juan renunciado a sus «derechos» en favor de don Juan Carlos (1977).

En cuanto a lo segundo, la imprevisión es aún más clara: la Constitución no indica nada sobre aquella eventualidad, salvo decir que puede haber un vicepresidente del Gobierno o más de uno. Con buena voluntad, y ejercitando la interpretación comparativa, se podía suponer asignada implícitamente la facultad de sustitución interina al titular del cargo vicepresidencial, o al de más rango si hubise dos o más. Pero ¿qué hacer en el supuesto de no existir siquiera uno? Muy sencillo: aplicar sin más ni más la solución que había previsto la derogada Ley Orgánica de Franco, es decir, poner al frente del Consejo de Ministros, por el tiempo necesario, al ministro designado por el Jefe del Estado. Esto es precisamente lo que se hizo en más de una ocasión al ausentarse el Presidente en 1981. Menos mal que, desde 1985, una ley orgánica complementaria -no de reforma constitucional, como habría sido lo correcto- ha subsanado ese vacío.

En otros aspectos las Leyes Fundamentales necesitaban adaptaciones y retoques que diesen al sistema una mayor claridad, coherencia y funcionalidad en lo que atañe a participación política y relaciones entre los órganos superiores del Estado. Pero es muy lamentable que no se hayan respetado los elementos más valiosos que tenían, y que son precisamente las disposiciones capitales del Estado de Derecho según estaba configurado en 1975.

Tales disposiciones pueden ser agrupadas en dos campos: de una parte, las relativas a la concepción de la persona, la nación y el cuerpo político; de otra, las concernientes a la seguridad jurídica y las libertades de los ciudadanos en los asuntos ordinarios de la vida. Vamos a examinarlas brevemente y por separado.





iii. persona, nacion y reino



Se felicitan los entusiastas de la Constitución de 1978 porque su artículo 10, al enunciar los fundamentos del orden político, afirma «la dignidad de las persona», su «libre desarrollo» y «los derechos inviolables que le son inherentes». No está mal en términos de raigambre más o menos kantiana; pero queda en la sombra la necesaria fundamentación antropológica de los conceptos. Al no indicarse nada sobre el valor ontológico de la persona, la idea de su dignidad puede sufrir los más inesperados vaivenes.

Dos ejemplos. Ultimamente, son muchos los telespectadores que disfrutan con un programa que los franceses también han consentido, y que a los juristas alemanes tiene preocupados. Sin juzgar a las personas que se prestan a la exhibición, nos debe preocupar máximamente los efectos indirectos que su «prostitución visual» podría tener, en circunstancias imprevistas, para la dignidad de las personas que consideran degradante consentir o somete a semejantes espectáculos. Su dignidad podría ser interpretada, en un supuesto litigioso, simplemente como el derecho a decidir libremente sobre sí mismas como objetos.

Con las Leyes Fundamentales en la mano, jamás habría sido posible legalmente llegar a tales extremos. En el caso de que el autor de estas páginas hubiera podido asegurar la permanencia de una sola de sus disposiciones, habría escogido el artículo 1.º del Fuero de los Españoles: «El Estado español proclama como principio rector de sus actos el respeto a la dignidad, la integridad y la libertad de la persona humana, reconociendo al hombre, en cuanto portador de valores eternos y miembro de una comunidad nacional, titular de deberes y derechos, cuyo ejercicio garantiza en orden al bien común». La dignidad de la persona implicaba primeramente deberes hacia sí mismo y hacia los demás, y no tan sólo derechos frente a ellos.

El otro ejemplo se refiere al ejercicio del humor sobre la persona del Jefe del Estado en los medios informativos. Como sabe cualquier conocedor de la época, Franco se divertía con los chistes que hacían de él los españoles, y procuraba que se los contaran. Esto indica, evidentemente, que a nadie se perseguía por decir en la calle «un chiste de Franco». Pero hacer chanzas a su costa en un periódico era cosa distinta: porque así se lesionaría la dignidad, más que de su persona como ciudadano igual a otro, de su condición de autoridad máxima del Estado. Recordando aquella diferencia, he sentido repugnancia en más de una ocasión al encontrar en los periódicos un chiste gráfico mordaz sobre el rey, al que inclusive se ridiculizaba con caricaturas. ¿Acaso está privado de la seguridad jurídica en que lo atañe a su «buena imagen» pública entre los ciudadanos, salvo en casos de calumnia, injuria o infundada maledicencia?

Responder afirmativamente significaría un homenaje a la devaluación del rey a mero «símbolo del Estado», es decir, a mascarón proa del armazón gubernativo. No era esto, por cierto, lo que Cánovas tenía en el ánimo al organizar la Restauración; y mucho menos era esto lo que Franco, sobre huellas canovistas, intentaría con su restauración. Para uno y otro, la figura del monarca era ante todo la de padre espiritual de la Nación, y, como tal, persona merecedora de los máximos respetos por parte de los españoles: un respeto semejante, dado el caso, al que los hijos de Noé mostraron hacia su padre al verlo desnudo por embriaguez. Sabían ellos, indudablemente, que cubriendo a su padre se protegía a sí mismos como familia. La nación es un trasunto muy ampliado de la familia; y el que no entienda esto, no sabe lo que dice cuando emplea la palabra.

En los últimos 25 años ha sido manoseada irresponsablemente la idea de Nación española. El mismo Cánovas, y Franco sobre sus huellas, la entendieron justamente como una comunidad histórica, en que cada generación ha de sentirse deudora de las precedentes, obligada a conservar el patrimonio recibido, y responsable de transmitirlo enriquecido a las generaciones posteriores. Y al decir patrimonio, me refiero sobre todo a un gran depósito de valores espirituales, adecuados inclusive para ser comunicados a otros pueblos, con visión universalista y sin afanes dominativos. ¿Qué ha quedado de esto?

Poca cosa, después del frenesí regionalista, el europeísmo mercantil y el progresismo de baja estofa que se han ido imponiendo. Comparemos la situación con las palabras de la Ley de Principios del Movimiento cuando decía (V) que «la comunidad se funda en el hombre, como portador de valores eternos, y en la familia, como base de la vida social; pero los intereses individuales y colectivos han de estar subordinados siempre al bien común de la nación constituida por las generaciones pasadas, presentes y futuras».

Por si esto fuera poco, y como anticipándose con prisa por la importancia del asunto, en la Declaración II se dijo esto: «La nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana..., que inspirará su legislación». Dejando aparte la confesionalidad en relación con los aspectos dogmáticos y ceremoniales -que desde 1967, con el principio complementario de libertad religiosa, retornó al modelo moderado de Cánovas en la Constitución de 1876-, lo decisivo es la vinculación de la obra de gobierno a los preceptos explícitos de la moral cristiana y a los dictados del Derecho natural interpretados por el magisterio católico. ¿Acaso no daba esto una formidable seguridad jurídica, en cuanto a las expectativas de leyes, a todos los españoles responsables, incluidos los creyentes no católicos?

En función de los conceptos anteriores habría de ser entendida la idea de España como cuerpo político, que la Ley de Sucesión de 1947 había formulado en su artículo 1.º: «España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino». Cuando los de 1978 alumbraron su Constitución, mi sensibilidad como estudioso -independiente de mis gustos políticos personales, que nunca han sido monárquicos- fue lesionada por el gran desaguisado de ignorar la palabra «reino», y rebajar la institución regia a la pobre condición de simple gozne de la «monarquía parlamentaria». Esto significaba retornar -contra el espíritu de Cánovas, y más aún contra el de Franco- al pensamiento subyacente a la Constitución de 1869, que sería el paraninfo de las primeras bodas de España con la República.

No es lo mismo ser un reino que tener un Jefe del Estado con el título de rey. Ser un reino significa, políticamente, que la nación está organizada sobre la base primordial de unas relaciones efectivas y permanentes de confianza, lealtad y servicios mutuos entre el rey y el pueblo concreto de cada día. Esto ha de reflejarse sobre todo en que el monarca participe realmente de la potestad legislativa, y que de su prudencia superior, en cuanto defensor y representante nato de la comunidad histórica nacional, puedan los ciudadanos esperar un ejercicio de la firma, capaz de preservar y fomentar los ya indicados valores capitales.

A nadie ofendo si digo que la «sanción y promulgación» que al rey asigna la Constitución de 1978 son palabras vacías de contenido. España ya no es un reino, salvo en pobres niveles de carácter ceremonial, y aunque persista ese nombre -quizá como otro aspecto de aquella vigencia póstuma- en el encabezamiento de los tratados internacionales. Los devotos de laConstitución vigente deberían, al celebrar su imitación del régimen británico, leer atentamente las palabras con que la reina Ana procuró defender la dignidad de la realeza frente a las pretensiones de mediatización de los prohombres del Parlamento2. ¿Por qué sentirse tan ufanos de haber copiado lo que dudosamente puede enorgullecer a los británicos? Imaginemos la reacción de perplejidad con que recibirían la noticia de que Isabel II de Inglaterra se dispone a desagraviar a su predecesora Ana, y de paso a Tomás Moro. No lo creo improbable.

Resumiendo, parece deplorable que los españoles hayan perdido aquel resorte de seguridad jurídica colectiva que Franco dejó dispuesto: la palabra legislativa última de un Rey asistido y oportunamente moderado por el Consejo del Reino.



IV. Exclusión de la arbitrariedad y régimen
de libertades



En el Fuero de los Españoles aparecían las disposiciones principales relativas a los fundamentos del «orden de Derecho» que habría de amparar a cada uno de los españoles como ciudadano a título individual. El artículo 17 formulaba el doble principio de seguridad y legalidad en unos términos que, a mi juicio, no han sido superados estilísticamente por la Constitución de 1978: «Los españoles tienen derecho a la seguridad jurídica. Todos los órganos del Estado actuarán conforme a un orden jerárquico de normas preestablecidas, que no podrán arbitrariamente ser interpretadas ni alteradas». Aunque sólo hubiera sido por la modernidad científica de sus conceptos, esta disposición habría merecido perdurar con todos los honores. Es muy penoso que no haya sido conservada, posiblemente por mero espíritu de contradicción.

Dentro del marco de tan nítido principio, se insertaban las libertades y otros derechos fundamentales reconocidos a los españoles, cuyo sistema era coronado por el principio de igualdad: «La Ley ampara por igual el derecho de todos los españoles, sin preferencias de clases ni aceptación de personas» (art`. 3). No voy a dar detalles respecto a las concretas atribuciones, aunque sí a reconocer algún despiste que se pudo haber evitado. Me refiero a los vagos términos del art. 16: «Los españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido por las leyes». Mejor era el art. 12: «Todo español podrá expresar libremente sus ideas, mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado». Como sabe cualquier persona bien informada, en este campo de la libertad de expresión se fue ganando muchos a lo largo de los años, hasta llegar a la Ley de Prensa e Imprenta de 1966. En materia de reuniones y asociaciones, en cambio, se tardó demasiado en intentar una conciliación entre la idea básica de libertad y los principios fundamentales del Estado. Pero ¿cuáles eran éstos?

Además de lo indicado respecto a la concepción de la persona, la visión de la familia y la imagen de la organización política como reino y Estado social, tales principios aparecían quintaesenciados en el art. 33 del mismo Fuero de los Españoles: «El ejercicio de los derechos que se reconocen en esteFuero no podrá atentar contra la unidad espiritual, nacional y social de España».

Respecto a la unidad espiritual, no es necesario sino insistir en lo ya dicho sobre la fundamentación del Estado en la moral cristiana. No parece que, por ej., prohibir la pornografía desdijeran de la idea de Estado de Derecho en el régimen de Franco y el que habría podido sucederle. Y tampoco habría sido incompatible con el principio de unidad nacional alguna forma de autonomía regional. Sea suficiente recordar que, en la primera ley firmada por don Juan Carlos de Borbón cuando ejercía interinamente la Jefatura del Estado en el otoño de 1975, la de ordenación del Régimen Local, estaban ya previstas las mancomunidades interprovinciales.

En cuanto a la unidad social, hay que entender que se excluía sobre todo el ejercicio de las libertades que pudiesen fomentar la lucha de clases, propulsar ideas marxistas y otorgar los favores de la Ley a la idea de huelga como instrumento normal de resistencia y de conquista de los trabajadores. Y por lo que concierne a la libertad de asociación con fines políticos, el principio de unidad social no bendecía la existencia de un partido único -que, por lo demás, nunca existió en sentido riguroso-, y sí admitía que el carácter «representativo» del orden político se articulase mediante alguna forma de moderado pluralismo asociativo. Es bien sabido que, aunque se la hubiera establecido con retraso, al morir Franco había una ordenación de las asociaciones políticas, que había dado ya diversos frutos prometedores. Y otro tanto se diga del asociacionismo sindical. Unicamente se vedaba, junto al sindicalismo ideológico, la destrucción del sistema de unidad, en cuanto coronado principalmente por el Consejo Nacional de Empresarios y el de Trabajadores y Técnicos, con sus correspondientes provinciales.

¿Cómo se pudo consentir -me he preguntado muchas veces- que mientras el Consejo Nacional de Empresarios, en una suave transición, se convirtió en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la dispersión sindical de los trabajadores los privase de sus propios consejos nacional y provinciales, a cambio de contar con una esperanza quimérica en los frutos de las huelgas?

Pensando en estas cosas, y a la luz de los cambios acaecidos en el mundo desde 1978 -el año en que llegó precisamente Juan Pablo II-, he llegado al convencimiento de que fueron oscuros compromisos entre minorías dudosamente patrióticas y escasas de perspicacia para entrever el futuro, y no la urgencia de mejorar el sistema político legado por Franco, la causa principal de que su Estado de Derecho no fuera respetado y apreciado como merecía.

Sé muy bien que el realismo político nos exige navegar entre las aguas, bastante turbias, de la Constitución de 1978, y aprovecharla con nobleza lo mejor que podamos; pero nadie puede mirarnos lícitamente como enemigos de la ya no tan «joven democracia» si ejercemos el humor de vez en cuando a costa de ese texto. No quiero ni pensar que, a quienes hemos escuchado y contado tantos chistes de Franco, alguien pretenda impedirnos esta libertad.

En la confianza de que no sucederá, voy a cerrar estas páginas con otra comparación. En el artículo 29 de la Ley Orgánica del Estado se decía: «La Justicia gozará de completa independencia. Será administrada en nombre del Jefe del Estado, de acuerdo con las leyes, por jueces y magistrados», etc. Bien se advierte que la redacción es defectuosa, porque, si en la primera frase la palabra «Justicia» se refiere a la organización judicial, en la segunda la expresión «será administrada» supone otro sujeto: la función jurisdiccional como aplicación y prudente interpretación de las leyes. Había motivo, pues, para la crítica. Pero la impropiedad gramatical no iría en menoscabo del Estado de Derecho. Por su parte, nuestros constituyentes de 1978, en vez de mejorar aquella formulación, la cambiarían por otra peor y al mismo tiempo peligrosa. «La Justicia -dice el artículo 117 de la Constitución- emana del pueblo, y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados», etc. ¿De qué modo explorarán los jueces las entrañas del pueblo para extraer esa justicia? ¿Les bastará con aplicar a rajatabla las normas de las leyes, que se supone vienen del pueblo? ¿O podrán desentenderse más o menos de las leyes aplicando los dictámenes de justicia que les parezcan, según apreciaciones discrecionales y aleatorias, adecuados en cada caso al sentir del pueblo? ¡Menuda inseguridad! Y por si no fuera bastante, ¿qué pinta el nombre del Rey en esta historia? ¿Se supone que habrá de bendecir intermitentemente cualquiera de las vías que los jueces adopten para sus decisiones? Todo esto es lamentable. Si existiera todavía la revista La Codorniz es muy posible que nos hubiéramos divertido con una de sus famosas «cárceles de papel», en que se castigara a dicho artículo.

Su torpe redacción es un indicio muy significativo de que, en más de un aspecto de notable relevancia, los autores de la Constitución de 1978 no supieron practicar, al m enos como Franco, el consejo de Confucio.



José Zafra Valverde


1 Subbrack, Josef, «Kontemplation: Andacht zur Wirklichkeit», en Geist und Zeit, noviembre-diciembre del 2000, pp. 431 y ss.

2 Me refiero en concreto a la carta dramática dirigida por Ana de Inglaterra, en 1706, al jefe whig Sidney Godolphin. Por motivos de espacio resito la tentación de reproducirla; pero indico una fuente donde hallarla: JohnMiller, The Glorious Revolution, Nueva York, 1990, pp. 124 y ss.



 

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