Franco en la
Historia
1.
Preámbulo
Quien estas líneas escribe tenía diez años cuando
comenzó la guerra en 1936, y cuarenta y nueve cuando
murió el Generalísimo Franco. Pertenece, pues, a una
generación que sufrió la guerra sin participar en ella
más que como víctima, pasó por las vicisitudes
españolas de aquella dura posguerra, coincidente con la
II Guerra Mundial, vicisitudes que consistieron en el
miedo a una nueva guerra, el hambre, la pobreza y
privaciones de toda clase, y participó, como toda su
generación, en un increíble esfuerzo de reconstrucción
y recuperación que puso a España en 1975 entre las diez
naciones más avanzadas del mundo.
Con esa experiencia vital, y dado que a la muerte de
Franco en 1975, después de treinta y un años de
servicio, sólo había alcanzado en una muy lenta carrera
militar -debida a las consecuencias de ambas guerras y a
una desacertada política profesional- el modesto empleo
de comandante, ya pueden llover sobre mí todas las
falsedades que, desde su fallecimiento, vienen siendo
dirigidas a Franco, que nada me puede desviar de una
objetiva visión de lo que aquel gobernante supuso para
España y los españoles, dejando aparte cualesquiera
reservas personales que pudiese tener en cuanto a
determinados aspectos de su gobierno.
Como señalaba Tácito, a la muerte de un emperador,
muchos de quienes le habían adulado en vida con singular
vileza, le denostaban una vez muerto con una vileza aún
mayor. De esos tenemos abundantes muestras en la España
de hoy. ¡Ay de las hemerotecas! Si algunos pudieran las
quemarían.
No es cuestión de repetir aquí la biografía de Franco
antes del estallido de la guerra, pues es suficientemente
conocida por cuantos han tenido la curiosidad o el
interés de acercarse a su figura. Claro está que de
esas fuentes hay que eliminar aquellas -y son muchas-
que, faltando de la forma más descarada a la verdad de
unos hechos bien demostrados, sólo tratan de arrojar sus
propias frustraciones sobre Franco, a veces por odio
ideológico, otras por ganarse una rentable reputación
de izquierdismo y, en la mayoría de los casos, por la
búsqueda de ventajas. ¿Hace falta dar nombres? Los hay
nacionales, extranjeros y otros que no se sabe lo que
son. Existen también, y no hay por qué negarlo,
verdaderas hagiografías ad usum delphinis que tampoco
deben ser tenidas en cuenta. La mayoría son fruto de la
adulación a la que, por cierto, poco sensible era
Franco.
Franco se hizo siempre responsable de sus actos «ante
Dios y ante la Historia». Ante Dios ha comparecido hace
un cuarto de siglo y, si nos atenemos a las palabras de
su testamento -que tienen la sinceridad de un hombre
próximo a morir y que lo sabe-, podemos creer que la
misericordia de Dios se ha manifestado ya con él.
En cuanto a la Historia, no vamos a aplicar ese
calificativo a cuanto se publica. Es cierto que está
superada la concepción positivista de la
historia-ciencia y que hoy se admite generalmente la
imposibilidad de que exista un historiador totalmente
neutral, puesto que tal posición siempre tendrá algo de
ficticio. El historiador se encuentra con unos documentos
en los que se expresa la subjetividad de quienes los
producen, ya sean personas, gupos o instituciones. A su
vez, el historiador tiene una conciencia propia y del
mundo que necesariamente se refleja en la forma en que
lleva a cabo su trabajo y que supone otra subjetividad
imposible de abandonar. Lo que sí se puede y se debe
exigir al historiador es el mayor grado posible de
honestidad intelectual. Porque el hombre busca la
historia para comprenderse a sí mismo y a lo que le
rodea como ser histórico, fruto de unos hechos ya
acaecidos; para hallar en el pasado lecciones para
resolver los problemas del hoy y anticiparse a los de
mañana. Pues bien, la mayor parte de quienes escriben o
hablan sobre Franco nada tienen de historiadores y mucho
de folletinistas de la peor especie; de aquella que se
propone el engaño sistemático, muchas veces unido a la
propaganda bien retribuida. Porque aquellos hechos que
jamás han existido o sucedido como se les describe,
obviamente no tienen ningún valor, ni como pasado ni
como presente, ni como lección de nada, o, en todo caso,
no pasan de ser el ejemplo de la falta de ética de
quienes los proclaman. Claro es que aquellas doctrinas
que niegan la existencia de la verdad objetiva, niegan
consecuentemente la posibilidad de que exista la
Historia. Para esas doctrinas, la Historia se transforma
en un mero instrumento, instrumento ampliamente utilizado
por el actual sistema político, empeñado en fundamentar
su propaganda en la diatriba permanente contra Franco,
casi siempre sin fundamento objetivo alguno.
Un caso. Pedro Sáinz Rodríguez lanzó la especie de que
Franco mientras desayunaba firmaba sentencias de muerte.
Tal majadería dice su autor que la conoció por boca de
un ayudante al salir en Salamanca de una entrevista con
Franco en la que probablemente el Caudillo decidió que
tal personaje fuese el futuro ministro de Educación.
Jamás Franco ni ningún Jefe de Estado en España firmó
por sí sentencias de muerte; lo único que hizo fue
firmar, eso sí, indultos que supusieron la mitad de las
sentencias de muerte pronunciadas por los tribunales
competentes. ¿Qué historiador puede seguir repitiendo
la singular estulticia de Sáinz Rodríguez? Pues son
muchos los que lo hacen frecuentemente en prensa, radio y
televisión. Así es la mayor parte de la «historia»
que se cultiva e incluso se premia en España.
En consecuencia, la responsabilidad verdadera de Franco
ante la Historia tendrá que esperar por lo menos a que
pase esta generación de resentidos. Sálvense siempre
los escasos historiadores serios, españoles y
extranjeros, que trabajan sobre las auténticas fuentes y
sólo sirven a la verdad.
2. Franco antes del 18 de julio de 1936
En 1936, después de sus campañas marroquíes y de los
sucesivos mandos que desempeñó, Franco era uno de los
generales con más prestigio en España y fuera de ella.
A pesar de sus sentimientos de adhesión a la Monarquía,
había respetado la llamada legalidad republicana, nacida
de algo tan poco significativo para un cambio de régimen
como unas elecciones municipales. Acató el hecho
consumado por la defección de Alfonso XIII, se negó
categóricamente a participar en la intentona de
Sanjurjo, y tres años más tarde actuó en defensa de la
República, precisamente en oposición a quienes en
octubre de 1934 habían planeado un golpe de Estado
contra aquélla, que fue salvada precisamente por la
decisión de un gobierno y por la actuación decidida y
eficaz del propio Franco. Podrá parecer una paradoja,
pero fue Franco, que había recibido de los gobiernos
republicanos toda clase de agravios, quien actuó para
mantener el sistema en 1934. Sin duda su alto concepto
del deber y de la disciplina dictaron su conducta.
La República, después del fallido golpe de Estado de
1934, que originó no pocas víctimas, tenía otra
oportunidad que fue desaprovechada. Los políticos y
periódicos de ambos bandos, en lugar de moderarse,
siguieron cavando la fosa en que habían de hundir a
España. Los que, aún niños, vivimos aquella
ensangrentada primavera de 1936, en la que no se
vislumbraba, por una y otra parte, más que el deseo de
llegar cuanto antes a la guerra civil, sólo respondemos
con una mueca sarcástica cuando nos hablan -aunque sea
desde las Cortes de hoy- del «golpe fascista contra la
legalidad republicana» de 1936. La memoria no la hemos
perdido.
Franco se sumó a lo que inicialmente -y según el
pensamiento del general Mola, su organizador- iba a ser
una acción limitada para hacer posible la continuidad de
la República, después de apurar todas las posibilidades
de evitar la sublevación que se veía venir. Para
desencadenar el Alzamiento tuvo que ocurrir un hecho tan
increíble como que una patrulla de las Fuerzas de Orden
Público sacase de su domicilio y asesinase al jefe de la
oposición, José Calvo Sotelo.
Franco, a la vista de aquel asesinato de Estado,
demostrativo de que su noble advertencia de pocas semanas
antes al Presidente del Gobierno, Casares Quiroga, había
caído en el más profundo de los desprecios, consideró
que su deber hacia la nación pasaba por encima del ciego
acatamiento a unos gobernantes irresponsables, que
pretendían acabar, no ya con la «República burguesa»,
sino con media España. Para comprobarlo léanse las
memorias de Azaña, los discursos de Largo Caballero, las
feroces intervenciones de «La Pasionaria», las
estériles lamentaciones de Gil Robles, antes y después
de la guerra, o los textos de Claridad, entonces uno de
los órganos del PSOE. Esos fueron los principales
responsables de la guerra civil.
Todos menos Franco, quien nada tuvo que ver con los
primeros preparativos de la sublevación y que se unió a
ella muy al final, hasta tal punto que el «Director»,
es decir, el general Mola, llegó a considerar la
posibilidad de iniciar la sublevación sin contar con
Franco.
3. La guerra convertida en Cruzada
Franco era indiscutiblemente el general más capacitado
para hacer frente a una complicada situación creada por
el fracaso parcial de los planes de Mola. Así fue
reconocido desde el primer momento, tanto por los
sublevados como por quienes habían creado un caos que
destruyó en pocos días el régimen republicano; incluso
antes Indalecio Prieto había pronosticado el papel que
podía representar Franco en la anarquía en que vivía
España.
La situación estratégica era gravísima para los
alzados. Con un territorio desperdigado, con las ciudades
más importantes, incluida la capital, perdidas, las
principales unidades militares en Marruecos, la escuadra
cerrando el paso del Estrecho, medio Ejército en contra
de los sublevados y todos los recursos del Estado
-incluida la teórica legalidad- en manos de lo que
quedaba de la República, el panorama no podía ser peor.
Con el increíble paso del Estrecho y la organización
del avance hacia Madrid por el camino más largo pero
más adecuado a las fuerzas disponibles, fue Franco el
que tomó la decisión estratégica acertada.
Conscientes los generales alzados de lo que se estaba
jugando en el campo de batalla, hicieron lo que era más
conveniente en aquella situación: convertir a Franco en
Generalísimo y Jefe del Estado. Franco, que no había
presentado su candidatura para tal responsabilidad,
lógicamente exigió que, si se le daba toda la
responsabilidad, se le diese también todo el poder. Como
han demostrado fehacientemente Ricardo de la Cierva y
Luis Suárez, la decisión de sus compañeros de armas al
nombrar a Franco a la vez que Generalísimo, Jefe del
Estado, no fue -como se ha escrito- precedida por una
hábil maniobra de Nicolás Franco.
El Decreto de la Junta de Defensa que nombró a Franco
Generalísimo y Jefe del Estado decía que «... Razones
de todo linaje señalan la conveniencia de concentrar en
un solo poder todos aquellos que han de conducir a la
victoria final y establecimiento, consolidación y
desarrollo del nuevo Estado, con la asistencia fervorosa
de la nación...». Nada, pues, como han sostenido
indocumentados historiadores, de un golpe bonapartista.
Era lo necesario para ganar la guerra y construir un
nuevo Estado que evitase sus causas. No se trataba
precisamente de una concesión, era cargar a Franco con
una tremenda responsabilidad que nadie quería para sí.
El nombrado Generalísimo tenía que asumir la dirección
de la guerra pero también la dirección política del
momento y para el futuro. La unidad política de los
alzados era imprescindible pero difícil de obtener entre
carlistas, falangistas, restos de la antigua derecha,
monárquicos dinásticos y muchas gentes cuya única
signiflcación política era el rechazo del Frente
Popular y de la monarquía liberal caída en 1931.
Esta dificultad fue pronto superada por Franco gracias a
su enorme prestigio militar, que le daba la auctoritas
necesaria para la difícil unificación. Seguramente fue
aquella experiencia la que inspiró en lo sucesivo su
reconocida habilidad de gobernante que mantuvo casi hasta
su final- para, al compás de las circunstancias,
mantener una dosificación de fuerzas dentro del régimen
capaz de asegurar la confluencia de todos sus componentes
para hacer posible una eficaz gobernación de España.
Entretanto, la feroz persecución desatada contra la
Iglesia en la que, con toda propiedad comenzaba a
llamarse «zona roja», y que no tiene parangón alguno
en la historia, iba a convertir lo que ya era una guerra
civil en cruzada, no por petición o invento de Franco
sino por el no solicitado pronunciamiento del obispo de
Salamanca, Plá y Deniel, que lleva fecha de 30 de
septiembre de 1936, es decir, antes de que Franco fuese
Generalísimo. Las palabras del obispo de Salamanca
habían tenido ya antecedentes en las de los obispos de
Vitoria y Pamplona.
Hay más. En una fecha tan temprana como el 14 de
septiembre de 1936, S.S. Pío XI, en una alocución
dirigida en Castelgandolfo a unos 500 sacerdotes y monjas
españolas refugiados en Roma, decía: «... Obispos y
sacerdotes, vírgenes sagradas, laicos de toda clase y
condición, ancianos venerables, primeras flores de vida
y hasta el sagrado y solemne silencio de las tumbas, todo
ha sido asaltado, arruinado, destruido, de la manera más
villana y bárbara, con un desenfreno libertino jamás
visto de fuerzas salvajes y crueles, hasta el punto de
considerarlas incompatibles no digamos con la dignidad
humana, sino con la misma humana naturaleza, aún la más
miserable y que haya caído en lo más bajo...». Parece
ser que es de esto de lo que la actual Iglesia española
debería pedir perdón, según se propone hoy.
La Carta colectiva del Episcopado español, fechada el 1
de julio de 1937, aprobada por el Vaticano y firmada por
todos los obispos españoles con la excepción del de
Vitoria y del de Tarragona, afirmaba: «... Hoy por hoy
no hay en España más esperanzas para reconquistar la
justicia y la paz y los bienes que de ellas se derivan
que el triunfo del Alzamiento Nacional...». Se
ratificaba asimismo, aunque sin decirlo expresamente, el
carácter de cruzada que a la guerra había dado meses
antes el obispo de Salamanca. La Carta colectiva tuvo una
acogida favorable en la práctica totalidad del mundo
católico.
4. La conducción de la guerra
Numerosos estudios han aparecido sobre la dirección que
a la guerra le dio el Generalísimo. No faltan los
verdaderamente indocumentados, que en sus juicios apenas
superan la «estrategia de café» o el prejuicio
irracional. Todos atribuyen a Franco los mayores errores,
de tal manera que, si se da crédito a tales autores, no
se entiende cómo pudo ganar la guerra. El recurso que,
para explicar tal contradicción, estos «historiadores»
hacen a la ayuda italiana y alemana, no se tiene en pie,
puesto que los muy solventes estudios de Ramón Salas
Larrazábal han demostrado documentalmente que estas
ayudas fueron ligeramente inferiores a las recibidas por
el ahora llamado bando republicano.
Tesis contraria defiende Casas de la Vega, quien niega la
existencia de errores en la dirección de la guerra por
parte de Franco. En todo caso, este documentado autor
acude al argumento definitivo de que Franco ganó la
guerra a pesar de su inferioridad inicial, que era
evidente. Los errores, si los hubo por parte de Franco,
fueron despreciables al lado de los aciertos. Quienes
mantienen la tesis de la poca capacidad militar de Franco
desconocen la existencia de varios procedimientos para
conducir un conflicto bélico, utilizables según las
distintas situaciones. En conjunto, Franco dirigió la
guerra según su propio temperamento y aplicando de
manera muy acertada lo que Liddel Hart describiría más
tarde como «estrategia de aproximación indirecta»,
válida, sobre todo, para quienes parten de una
situación de gran inferioridad inicial. Este era el
caso.
Un historiador actual, nada inclinado a reconocer los
méritos de Franco como es Juan Pablo Fusi, dice
refiriéndose al Generalísimo en vísperas de la
campaña de Cataluña: «... había, además, recobrado
el pulso de sus mejores días: por su concepción global,
por la selección de los objetivos, por la distribución
de sus efectivos, por la oportunidad de los movimientos
asignados a cada uno de los Cuerpos de Ejército, por la
coordinación de las distintas Armas, por la
sincronización de todo el esfuerzo, la ofensiva sobre
Cataluña fue, junto a las de Santander y Alfambra, la
más brillante de las operaciones que Franco ordenó en
toda la guerra...».
Los aciertos de Franco fueron estratégicos, tácticos y
logísticos. Entre los primeros figuran el paso del
Estrecho -genial anticipación de las operaciones de
transporte aéreo-, la marcha hacia Madrid con su flanco
izquierdo apoyado en la frontera portuguesa, la unión de
las dos zonas y la liberación del Alcázar, objetivo de
gran alcance moral; la campaña de Málaga; los intentos
de aislar Madrid; la conquista del Norte; la ofensiva de
Aragón con la llegada al Mediterráneo en Vinaroz y la
ofensiva final en todos los frentes. En la cuenta de
errores estratégicos pueden ponerse el excesivo insistir
sobre Madrid, incluida la batalla de Guadalajara, cuya
iniciativa no fue precisamente de Franco; la detención
ante la línea del Segre, dictada seguramente por la
eventualidad de una intervención francesa sobre
Cataluña, dado lo delicado de la coyuntura internacional
en aquellos días, unida a dificultades logísticas; y la
fracasada ofensiva hacia Valencia, en julio de 1938,
seguramente fruto de aquella misma preocupación. Que el
temor no era infundado ha venido a saberse al conocer la
actuación ante el Gobierno republicano del Agregado
Militar francés, Teniente Coronel Henri Morel, que
llegó a preparar planes para una intervención del
Ejército francés en Cataluña si Franco penetraba en la
región.
En el campo táctico, las batallas de Brunete y Belchite
fueron un modelo de maniobra defensiva conservando la
libertad de acción en otros frentes. La ruptura del
cinturón de hierro de Bilbao y la maniobra para
reconquistar Teruel fueron dos ejemplos distintos pero
excelentes de maniobra ofensiva, como lo fue la decisiva
batalla de desgaste del Ebro y la antes aludida campaña
de Cataluña.
En cuanto a la logística, la creación de una excelente
industria de armamento capaz de satisfacer las
necesidades de su Ejército, el bloqueo marítimo de las
costas enemigas con una escuadra notablemente inferior y,
sobre todo, el rápido transporte de las unidades y
reservas a cualquier zona del frente, junto con el
mantenimiento durante toda la guerra de un excelente
abastecimiento a la población civil de la zona, fue
verdaderamente magistral y revela en Franco unas
extraordinarias condiciones de organizador.
Si hemos de creer el libro de un militar actual, Franco
era un profesional incompetente. Pues si llega a ser
medianamente competente, conquista media Europa.
Fruto precisamente de la gran capacidad que tuvo Franco
en la conducción de una dura guerra, a la vez que
cimentaba un nuevo régimen, fue una victoria absoluta
que ahora parece que se quiere transmutar en derrota.
Reescribir la historia en sentido contrario es una
necedad, pero ya Orwell predijo tales intentos.
5. Los problemas de la inmediata posguerra
Concluida la guerra, Franco se encontraba ante la enorme
tarea de reconstruir no sólo las enormes destrucciones
materiales en un país arruinado que había perdido sus
reservas de oro y tenía una deuda de guerra, sino
también de recuperar para la tarea común a una masa de
vencidos cuyo esfuerzo era necesario integrar.
Una de las primeras preocupaciones fue recobrar en el
exterior lo que los derrotados habían expatriado,
incluidos los mejores cuadros del Museo del Prado. Se
logró rápidamente, salvo con las reservas de oro
enviadas a Rusia y con excepción también de lo llevado
a Méjico -todo el tesoro del yate Vita-, que quedó en
poder de Prieto porque seguramente no habían comenzado
los cien años de honradez socialista. Naturalmente, fue
el gobierno de Méjico el único que no reconoció al
nuevo Estado español, alegando falta de pureza
democrática.
La exigencia de responsabilidades a los vencidos no se
fundamentaba en la derrota, sino en la necesidad de
castigar los tremendos crímenes que habían tenido lugar
en la zona roja; es cierto que los había habido también
en la zona nacional, aunque en mucho menor número según
las cifras de Salas Larrazábal, cuya falsedad de
conjunto nadie ha demostrado hasta ahora, si bien hayan
sido objeto de alguna revisión. Lamentablemente, muchos
de los crímenes registrados en la zona nacional quedaron
impunes, como han seguido quedando impunes hasta hoy los
cometidos por los vencedores de tantas guerras, algunas
bien recientes.
Franco fue consciente de la necesidad de concluir lo
antes posible y suavizar una represión que para muchos
de los familiares de las víctimas asesinadas era una
simple exigencia de justicia. Pronto comenzaron las
revisiones de penas impuestas por los tribunales
militares, que respetaban unas mínimas garantías para
los acusados. No poca parte en ello tuvo la acción de la
Iglesia, cuyo Primado, Cardenal Gomá, en su carta
pastoral Lecciones de la guerra y deberes de la paz,
decía que «... la paz no será durable ni verdadera si
cada español, si todos los españoles, no abrimos
nuestros brazos de hermano... y lo somos todos... de uno
y del otro lado...». Esto, dicho en 1939, demuestra que
no hubo que esperar a las consignas de «reconciliación
nacional» lanzadas treinta años más tarde por el PCE,
ni a la rechazada propuesta presentada a la Asamblea
Conjunta de 1971, ni a las actuales exigencias dirigidas
a la Iglesia para que pida perdón.
La indicación del Primado no cayó en saco roto; más de
la mitad de las aproximadamente cincuenta mil condenas a
muerte pronunciadas por los tribunales fueron conmutadas.
En el mensaje que Franco dirigió a los españoles en la
Navidad de 1939 expresó su propósito de terminar lo
antes posible la exigencia de responsabilidades por la
recién concluida guerra para disminuir la población
penal. En el Consejo de Ministros del 23 de noviembre de
1940 Franco se inclinó por la decisión más favorable a
los entonces detenidos, que eran 240.000. El 1 de abril
de 1941, mediante un indulto, 40.000 condenados
recuperaron la libertad; curiosamente, figuraba entre
ellos un agente soviético llamado Yefin Granowdiski, que
tenía una falsa documentación a nombre de Heriberto
Quiñones y que inmediatamente comenzó a establecer
células comunistas. Simultáneamente, se ordenó
imprimir rapidez a los procesos pendientes para ampliar
los efectos del indulto, a sabiendas de que ello tenía
sus riesgos. En 21 de mayo de 1943 la población penal
española se situaba en 70.000 presos, resultado
conseguido, según Franco le decía en carta al Conde de
Barcelona, «a fuerza de generosidad pero sin
claudicaciones ni mengua de ejemplaridad». La invasión
del valle de Arán y de otras zonas fronterizas a cargo
de comunistas en octubre de 1944 fue rápidamente
rechazada, pero aumentó las actividades violentas en
otras zonas de España. Según Suárez Fernández, estos
hechos dieron «al traste con las promesas que se habían
hecho de vaciar las cárceles de presos políticos,
acabar con las actuaciones de tribunales militares y
restablecer la paz. El Régimen necesitaba defenderse del
asalto violento de combatientes muy decididos y
ciertamente crueles».
Según las depuradas cifras de Martín Rubio, la
población penal, que al finalizar 1939 era de 270.719
presos, bajó a finales de 1945 a 43.812, quedando un
año más tarde reducida a 36.370 presos. Como
contrapunto baste añadir que sólo en 1944 hubo 1.069
choques entre la Guardia Civil y los llamados bandoleros.
Hasta 1950 se registraron 8.054 enfrentamientos con los
elementos infiltrados desde Francia; en ellos los
invasores perdieron 2.036 muertos y tuvieron 3.211
prisioneros, frente a 243 muertos de la Guardia Civil. Se
detuvo a 17.861 infiltrados o bandoleros del interior.
Esto corrobora el juicio de Suárez Fernández.
¿Pudo Franco ser más generoso? Los crímenes cometidos
eran muy grandes, las exigencias de castigo no lo eran
menos, y las amenazas que pendían sobre la paz
conseguida eran muy serias. Un gobernante prudente debía
tenerlas muy en cuenta.
6. La II Guerra Mundial
Cuando España había iniciado la reparación del inmenso
destrozo de la guerra civil, tanto en lo material como en
lo que suponía abrir un proceso de reconciliación entre
españoles, construyendo un nuevo sistema de convivencia,
estalló la II Guerra Mundial, que iba a obligar a Franco
a llevar a cabo un increíble ejercicio de prudencia
política para evitar que el nuevo conflicto supusiese
para España una invasión que hubiese supuesto su ruina
definitiva e incluso su disgregación como plantearon
primero los alemanes, luego los aliados, instigados por
algunos monárquicos, y siempre los separatistas vascos
con el PNV a la cabeza.
Ricardo de la Cierva y Luis Suárez Fernández han
estudiado este período histórico con un aparato
documental difícilmente superable que da a sus obras una
autoridad incuestionable.
La primera preocupación de Franco fue intentar evitar
que estallase la guerra mediante llamamientos a la
cordura que no fueron escuchados. Iniciado el conflicto,
España declaró su neutralidad mientras que continuaba
su esfuerzo de reconstrucción, para lo que necesitaba el
concurso exterior, singularmente de Inglaterra y los
EE.UU., que obtuvo inicialmente por medio de diversos
acuerdos, a la vez que se creaban los primeros
instrumentos para la reconstrucción, entre ellos la
Dirección General de Regiones Devastadas.
Los peligros a que estuvo sometida España en los años
de la II Guerra Mundial fueron muy graves y la forma en
que Franco hizo frente con éxito a aquella situación
constituye una verdadera lección de prudencia y acierto
en sus análisis de la situadón en cada momento.
Uno de los puntos culminantes lo constituyó la
entrevista de Hendaya con Hitler, celebrada el 23 de
octubre de 1940, cuando Alemania era prácticamente la
dueña de Europa. Ninguno de los Jefes de Estado del
continente había sido capaz de resistir a las exigencias
alemanas; sólo lo hizo Franco con éxito total. A la
vista de la enorme cantidad de documentación de que se
dispone sobre aquella entrevista podrá discutirse la
forma en que tuvo lugar y exponer hipótesis sobre la
actitud de Franco o sus intenciones, sobre si creía o no
en la victoria alemana. En todo caso, si Franco estaba
convencido de la victoria alemana y se negó a entrar en
la guerra o dio largas a su posible entrada y además
evitó el paso de fuerzas alemanas por España a
diferencia, por ejemplo, de lo que hizo Suecia, su
mérito sería mayor, y contrasta con la actitud de
Mussolini atacando a Francia cuando ya estaba derrotada.
Todo lo que los resentidos antifranquistas quieran decir
ha sido ya dicho hasta la saciedad, pero los hechos son
incontrovertibles: España ni entró en el conflicto ni
fue invadida, y planes para ello los hubo por uno y por
otro beligerante y, por supuesto, por los exiliados,
algunos monárquicos incluidos.
Compárese esta actitud con el pavor que ante Napoleón
sufrieron Carlos IV y Godoy, que dieron paso franco por
España a los ejércitos napoleónicos para después
abdicar el propio rey y su hijo en favor de Bonaparte.
La extensión del conflicto por la entrada de Italia en
guerra y las subsiguientes operaciones en el
Mediterráneo complicaron seriamente la posición de
España, que pasó a la «no beligerancia» como recurso
para evitar lo peor. Entonces las presiones de los
aliados se intensificaron hasta un bloqueo naval que
dejó a España al borde de la inanición. Luego llegaron
las seguridades de Roosevelt al «querido general
Franco» y las amables alusiones de Churchill en los
Comunes para facilitar el desembarco aliado en el Norte
de Africa, pero a medida que la victoria se inclinaba
hacia los aliados las promesas se trocaron en presiones
cada vez más amenazadoras, en tanto que Churchill
respondía con desdén a la advertencia de Franco sobre
la penetración soviética hacia el centro de Europa.
Seis años más tarde, en su famoso discurso en la
universidad de Fulton, el mismo Churchill denunciaba la
aparición del «telón de acero». La advertencia de
Franco se había confirmado.
Episodio inolvidable fue el salvamento de tantos
refugiados a través de España, actuación humanitaria
que fue poco reconocida y menos agradecida. Capítulo
especial fueron los riesgos que el gobierno de Franco y
los diplomáticos españoles corrieron en sus esfuerzos
para arrebatar a tantos judíos, sefardíes y no
sefardíes, de las garras de los alemanes en busca de la
«solución final». El Congreso Mundial Judío
reconoció los hechos y mostró un cierto agradecimiento
hacia Franco como lo han hecho varios historiadores
judíos, pero han tenido que pasar cincuenta años para
que en Budapest se rindiese homenaje a la heroica labor
del diplomático Sanz Briz, que cumplía instrucciones
superiores. Ha sido en España donde algún indocumentado
-otrora en la Prensa del Movimiento- ha negado la
intervención del gobiemo y de Franco personalmente en
tales actuaciones, que, según los documentados datos de
Suárez Fernández, salvaron la vida a un mínimo de
46.000 judíos. Ningún otro país o Jefe de Estado hizo
algo parecido.
Terminó la II Guerra Mundial sin que España participase
en ella gracias a Franco, y como pago no recibió más
que amenazas, bloqueos, condenas y fuertes campañas en
contra de su régimen. Hay que señalar que entre
quienes, de una u otra forma, habían intentado torcer la
voluntad de Franco para implicarnos en el conflicto a
favor de uno u otro bando figuran falangistas como
Ridruejo, Tovar, Laín, Merino o Serrano Súñer;
monárquicos como Gil Robles, Vegas Latapié o Sainz
Rodríguez; generales como Yagüe, Muñoz Grandes,
Kindelán o Aranda y tantos otros. Unos fueron
colaboradores de Franco y luego dejaron de serlo, otros
continuaron sus carreras y otros siguieron en su bien
ganado exilio. Contra ninguno actuó Franco con la
severidad que merecía su actuación contra su propia
Patria, llevados por el rencor, por la ambición, por sus
opciones partidistas o, en el caso más disculpable, por
un gravísimo error en la apreciación de la situación
interior y exterior.
No hay quien pueda desdecir las palabras de un
historiador como Stanley G. Payne quien escribía antes
de la muerte de Franco lo siguiente: «El Caudillo irá a
la tumba con el reconocimiento oficial de haber sido el
único estadista europeo en superar decisivamente a
Hitler en las negociaciones personales, pues otros se
vieron arrastrados a la muerte o a la destrucción, o a
pérdidas masivas y casi a la destrucción».
7. Del aislamiento a los Acuerdos de 1953
Las promesas de los vencedores en 1945, singularmente de
Churchill y Roosevelt, duraron muy poco y sus amenazas
contra Franco no fueron sólo palabras. Los historiadores
anglosajones tratan de justificar este cambio trayendo a
colación la inicial germanofilia de España y el retraso
en haber tomado posiciones a favor de los aliados en el
último tramo de la guerra. Simples pretextos para
justificar lo injustificable, puesto que el propio
desembarco de los aliados en el Norte de África sólo lo
hizo posible la neutralidad real de España, a la que en
aquellos momentos los Estados Unidos e Inglaterra no le
reprochaban lo que le reprocharon en la hora de su
victoria. El calificativo de «pérfida» dirigido a
Inglaterra se podía aplicar también en este caso a los
Estados Unidos.
Ya se ha aludido a la invasión de comunistas por los
Pirineos y a la dura lucha que tanto algunas unidades
militares como singularmente la Guardia Civil tuvieron
que librar contra aquellos forajidos que jamás
encontraron apoyo en la población civil, por lo que
recurrieron a extorsiones y asesinatos. Con ello
revelaron su verdadera faz.
La inclusión de la URSS entre los vencedores y el
tremendo error de Roosevelt acerca de las intenciones de
Stalin, plasmado en la catástrofe que supuso Yalta para
Europa al entregar su mitad oriental a la URSS,
necesariamente había de repercutir en un gobernante que
había combatido al comunismo con éxito.
Llegó un momento en el que España no contaba más que
con el Vaticano para hacer frente a tantas amenazas, y el
Vaticano, según pensaba Stalin, no tenía divisiones.
Ahora bien, además tenía España la serenidad y
resistencia de Franco, lo que, unido a la certeza de sus
previsiones en cuanto a la amenaza comunista, permitió a
España evitar una invasión y, a medio plazo, integrarse
en la comunidad internacional.
Durante una semana de febrero de 1945 tuvo lugar la
conferencia de Yalta, donde Stalin recibió a media
Europa y donde, sin citarlo, se condenaba al régimen
español. Ya Dulles, según ha revelado Ricardo de la
Cierva, había preparado un plan que suponía la
restauración de la monarquía en la persona del Conde de
Barcelona, previa la publicación por parte de Don Juan
de un manifiesto contra Franco. Siguiendo la opinión del
general Kindelán, Don Juan se dispuso a hacerlo, pocos
días después de aquella siniestra Conferencia,
siniestra sobre todo para la Europa del Este.
El Conde de Barcelona, según la documentación
fehaciente de que se dispone hoy, esperaba que Franco,
ante la presión de los vencedores, resignase sus
funciones y restableciese en el trono al propio Don Juan;
tremendo error el que padecían el Conde de Barcelona y
sus consejeros. Más grave era que, según el plan que
Dulles participó al Conde de Barcelona, se lanzaría una
invasión desde Francia a cargo de los republicanos y,
con el pretexto de imponer el orden, los aliados
enviarían fuerzas para colocar en el trono al que
fantasiosamente llamarían algunos Juan III.
Así nació el llamado Manifiesto de Lausana, que lleva
fecha de 19 de marzo de 1945 -fecha ésta del 19 de
marzo, curiosamente coincidente con la de la
Constitución de 1812, «la Pepa»-, redactado, al
parecer, por Vegas Latapié y López Oliván, y que,
entre otras cosas, decía que el régimen implantado
estaba «inspirado en los sistemas totalitarios de la
potencias del Eje» y que por ello «corre España el
riesgo de verse arrastrada a una nueva lucha
fratricida». En consecuencia, su firmante requería a
Franco para que «abandone el poder y dé libre paso a la
restauración del régimen tradicional de España».
Decir esto en aquellos momentos era sumarse a la presión
de los vencedores y, al revés de lo que se decía
pretender, provocar una nueva lucha entre españoles,
pues debería haber sido evidente a Don Juan y a sus
consejeros que ni Franco ni la gran mayoría de los
españoles que le apoyaban iban a entregarse sin lucha.
No obstante, el propio Franco diría años después que
la actitud del Conde de Barcelona en aquellos difíciles
momentos había sido «patriótica». El juicio parece
generosísimo hacia quién pretendía ser rey de España
apoyado en las bayonetas de los vencedores de la II
Guerra Mundial. El almirante Carrero comentó que el
maniflesto demostraba la falta de visión política de
Don Juan, juicio éste más fácil de compartir que el
anterior.
Franco declaró prescritos todos los delitos cometidos
durante la guerra civil y, en consecuencia, suprimió el
Tribunal de Responsabilidades Políticas, con fecha 24 de
abril de 1945. Esto supone que a los seis años de
concluida la guerra civil se ponía fin a la represión.
Compárese esta situación con lo que estamos viendo hoy
en relación con otros conflictos o regímenes y veremos
de qué parte está la generosidad.
La firme actitud de Franco había evitado una segunda
invasión del tipo de «Los cien mil hijos de San Luis»
pero la presión sobre España de los vencedores alcanzó
las mayores cotas hasta entonces conocidas, con lo cual
los españoles tuvieron que hacer frente a una depresión
económica inolvidable para quienes la hemos vivido y que
retrasó en un quinquenio la recuperación de los niveles
de renta de 1936.
Ni créditos ni ayudas ni casi comercio exterior tuvo
España, pues cuando los Estados Unidos lanzaron el Plan
Marshall para Europa los beneficiarios de aquella ayuda
excluyeron a España, al igual que ocurrió más tarde al
firmarse el Tratado de Roma en 1957, que dio origen a la
actual Unión Europea. El pretexto ideológico era muy
bueno para los intereses económicos de quienes lo
esgrimían contra España.
España tuvo que apretarse de nuevo el cinturón y
aceptar necesariamente un régimen de autarquía que un
cronista califica repetidamente de «cuartelera», lo que
demuestra que desconoce la más elemental historia de
aquellos años y que tampoco sabe qué es y cómo
funciona la logística de un cuartel.
A través de privaciones y con el trabajo denodado de los
españoles, España salió adelante con escasas ayudas
exteriores entre las que se debe destacar la de la
Argentina del general Perón, que, a través de la firma
de varios acuerdos, aseguró a los españoles los
suministros básicos para sobrevivir, representados
entonces por el trigo argentino.
Las Naciones Unidas, recién creadas bajo la égida de
los vencedores con su derecho de veto aún vigente,
condenó al régimen español en resolución aprobada el
12 de diciembre de 1946 y los embajadores se fueron, en
tanto que Franco, destinatario de la reacción de los
españoles contra lo que consideraban -con toda razón-
una inadmisible intervención extranjera en los asuntos
de España, continuó impertérrito su labor de
gobernante, acentuando la vertiente católica del
régimen, continuando la reconstrucción material y moral
de la nación y tratando de mejorar las condiciones
económicas y sociales. Su fortaleza estaba en que,
según Fusi, las manifestaciones populares que rechazaban
la condena de la ONU y aclamaban a Franco «no era un
plebiscito nacional; pero era la expresión de la amplia
adhesión popular que su figura tenía en España».
Franco iba consolidando la estructura de su régimen, uno
de cuyos jalones principales, junto al Fuero de los
Españoles (1945), la anterior creación de las Cortes
(1942) y la Ley del Referéndum (1945), fue la Ley de
Sucesión a la Jefatura del Estado de 26 de julio de
1946, aprobada por referéndum en 1947, que convertía a
España en un Reino, pero sin prejuzgar la titularidad
futura del trono. El Conde de Barcelona protestó a la
vez que iniciaba un nuevo viraje: esta vez para lograr un
entendimiento con el PSOE a través de Prieto, llegando
sus representantes, el 30 de agosto de 1948, a firmar en
San Juan de Luz un pacto con los socialistas. Era el
mismo Conde de Barcelona que, cinco días antes, se
había entrevistado con Franco y acordado el traslado a
España del Príncipe Juan Carlos para continuar sus
estudios. Se comprende la cólera de Prieto.
La situación internacional iba evolucionando de acuerdo
con las previsiones de Franco y muy en contra de las de
Roosevelt, Churchill, el Conde de Barcelona, los
exiliados y tantos otros. La Unión Soviética se había
engullido media Europa, mediante elecciones «libres y
democráticas», trataba de apoderarse de Berlín, y
exportaba el marxismo a Hispanoamérica, África y Asia,
donde ya contaba con la inmensa China. Había nacido la
«guerra fría».
Era la segunda victoria de Franco «el incompetente» y
España era muy necesaria para la recién nacida
«estrategia de contención», expuesta y adoptada por el
Presidente Truman, aquel a quien «no le gustaba»
Franco, en mayo de 1947. Como puede apreciarse, Franco no
entendía nada de estrategia ni había sido capaz de
adelantarse a los acontecimientos. Ironías aparte, la
visión y el talento de Franco en cuanto a los resultados
de la actuación de Churchill, Roosevelt y Truman en
Yalta y Postdam y a los problemas que se iban a presentar
a los aliados al terminar la II Guerra Mundial no podían
ser más deslumbrantes y daban la talla de su capacidad
de estadista no sólo ante las potencias anglosajonas,
sino también frente a los exiliados de Méjico,
Argentina o Estoril, convertidos en la versión moderna
de los llamados «ojalateros» en la corte de los
pretendientes carlistas del siglo XIX.
En la mayor potencia de Occidente, es decir, los Estados
Unidos, se comenzó a pensar muy seriamente que en
España había un gobernante que debía ser tenido en
cuenta y un territorio y unas fuerzas que eran necesarias
frente el comunismo y frente a la URSS. El aislamiento
que había sido impuesto a España y a Franco iba a
terminar.
8. Un año clave: 1953
En febrero de 1947, el almirante Sherman viajó a
España, cuando ya los Estados Unidos habían abandonado
en las Naciones Unidas su voto contra el régimen
español, y tomó contacto con el almirante Carrero. Un
año más tarde, Inglaterra y Francia excluyeron a
España del Plan Marshall, como tampoco se la invitó a
formar parte de la OTAN, nacida en 1949. La actitud
norteamericana comenzó a cambiar e incluso presionó a
sus aliados europeos en la OTAN para admitir a España.
Franco no mostró el menor interés y prefirió un
acuerdo directo con los Estados Unidos. El 16 de julio de
1950, en una entrevista entre el almirante Sherman y
Franco, aquél planteó el deseo norteamericano de contar
con bases estratégicas en España, en tanto que la VI
Flota era recibida en los puertos españoles con la mayor
hospitalidad.
Franco, según era su norma habitual, no pretendió
acelerar las negociaciones emprendidas; más bien las
retrasó cuanto pudo y presentó una a una todas sus
condiciones, incluidas las de una ayuda económica y
militar. Cuando Eisenhower llegó en noviembre de 1952 a
la presidencia norteamericana la suerte estaba echada y
los Acuerdos preparados para la firma. No eran Tratados
para evitar la posible oposición de las Cámaras
norteamericanas, pero su valor práctico para España era
el mismo.
Franco no se precipitó en aprobarlos, sino que prefirió
firmar antes un Concordato cuyas negociaciones habían
sido iniciadas por Ruiz Giménez y culminadas por
Castiella, ambos católicos destacados. El Concordato era
un conjunto de amplísimas concesiones del Estado a la
Iglesia que convertía a aquél en el Estado católico
más confesional de la historia moderna a cambio de una
intervención estatal en el nombramiento de obispos,
intervención que, según se vio años más tarde, era
fácilmente soslayable por el Vaticano mediante
artilugios jurídicos que, si no violaban abiertamente la
letra pactada, sí lo hacían con su espíritu.
Franco conseguía con ello quitarse de encima la repetida
acusación de mantener un régimen totalitario y fascista
-que nunca fue-, pues la inspiración católica de sus
estructuras, respaldada ahora por la Santa Sede y por la
mayor parte del catolicismo mundial, era evidente.
Firmado el Concordato el 27 de agosto de 1953, S.S. el
Papa Pío XII, además de elogiar el acuerdo alcanzado,
concedió a Franco el máximo honor que el Vaticano
podía otorgar: le hizo Caballero de la Orden de Cristo.
No se cuentan los elogios y parabienes que unánimemente
se prodigaron a Franco por parte de la jerarquía
eclesiástica y de los más distinguidos católicos
españoles y extranjeros. Veinte años después estas
cañas se tornarían lanzas.
Los Acuerdos con los Estados Unidos se firmaron casi
justamente un mes más tarde: el 27 de septiembre de
1953. Eran tres acuerdos: defensivo, de ayuda mutua y de
ayuda económica. España recibiría en total más de mil
millones de dólares como ayuda económica, sus
Ejércitos recibirían materiales modernos y ayudas a la
instrucción de sus cuadros, y se creaban tres bases «de
utilización conjunta» bajo bandera española.
Lo más importante no estaba escrito: era el espaldarazo
de los Estados Unidos al régimen, el reconocimiento de
la importancia estratégica de España y, en definitiva,
la aceptación de que Franco había tenido un pleno
acierto al considerar desde 1944 que Occidente tendría
que hacer frente alguna vez al expansionismo soviético.
Los Acuerdos no eran perfectos y ambas partes podían
poner reparos, pero se dice que los mejores acuerdos son
aquellos en los que ambas partes retienen alguna reserva.
Los críticos y enemigos de Franco, antes y ahora,
exponen los inconvenientes que, desde el punto de vista
español, podían presentar los acuerdos de 1953. Esa
crítica, como tantas, caen en el frecuente error de
olvidar las circunstancias históricas en que se firmaron
por ambas partes. Es incontrovertible que, en aquellos
años, ningún país obtuvo de los Estados Unidos más de
lo que obtuvo España, gracias a la visión a largo
plazo, a la serenidad y a la prudencia negociadora de
Franco. Por eso el año 1953 marca uno de los momentos
culminantes de la era de Franco.
9. La apertura económica y el desarrollo
Entretanto la economía española había progresado
aunque no con la decisión y rapidez deseadas. Franco
seguía apostando esencialmente por el INI como motor del
desarrollo. Se estableció Ensidesa como gran empresa
siderúrgica, y Seat para la producción de vehículos.
Se realizó un enorme esfuerzo en política hidráulica,
construyendo numerosos embalses para regadíos y
producción hidroeléctrica; se acometió el Plan Badajoz
de regadíos, se prosiguieron las obras de riegos en
Aragón y se acometió asimismo un Plan de Repoblación
Forestal que llegó a repoblar cien mil hectáreas
anuales.
Sobre estos cimientos y la apertura hacia el mundo
occidental que suponían los Acuerdos de 1953, completada
con el ingreso en las Naciones Unidas en diciembre de
1955, España había roto el cerco a que fue sometida y
podía contar con medios financieros para proseguir su
progreso económico.
El obligado reconocimiento de la independencia de
Marruecos, ocurrido en marzo de 1956, cogió a Franco con
el pie cambiado, pues esta vez no supo prever lo que iba
a suceder; fue un revés sensible especialmente para el
Ejército, que se vio obligado a abandonar un territorio
cuyo sometimiento tanto había costado, en condiciones
poco afortunadas y que dejó en situación complicada a
Ceuta y Melilla.
A ello se unieron los incidentes universitarios de
febrero del mismo año -causantes de mayor efervescencia
que su importancia real-, resueltos rápidamente por
Franco con el inmediato relevo de los dos ministros a
quienes consideraba responsables de los enfrentamientos.
Los incidentes en cuestión eran un síntoma de que
continuaban las luchas por el poder en el seno del
régimen, cosa que venía sucediendo desde 1937, pero que
siempre había sido resuelta por Franco.
Es entonces cuando tiene lugar el intento de Arrese de
«constitucionalizar» la preeminencia del Movimiento
dentro del sistema. El intento falló porque Franco no
estaba en esa sintonía y mucho menos cuando los obispos
españoles le hicieron saber que los proyectos en
cuestión no estaban en la línea de la doctrina de la
Iglesia.
Las Cortes promulgaron el 29 de mayo de 1958 la Ley de
Principios de Movimiento, como fruto de un nuevo gobierno
que registró la entrada en la dirección de la política
española, de la mano del almirante Carrero, de un nuevo
grupo de personas vinculadas al Opus Dei. Eran Ullastres,
ministro de Comercio, Navarro Rubio, ministro de
Hacienda, y, en un papel más discreto, López Rodó,
encargado de la nueva Oficina de Coordinación
Económica. Todos ellos recibieron pronto la poco exacta
denominación de «tecnócratas». Poner en orden una
economía que seguía presidida por las viejas ideas del
cerco internacional era el objetivo, no declarado
inicialmente, del nuevo equipo.
La
renta per cápita había aumentado notablemente desde
1951, pero la balanza de pagos a finales de 1957
presentaba un fuerte déficit que obligó al nuevo
gobierno a tomar medidas estabilizadoras como preludio al
abandono de la anterior política económica. Consta, por
testimonio del Ministro Navarro Rubio, que Franco
inicialmente no veía con claridad la necesidad de tal
cambio, que implicaba necesariamente, entre otras cosas,
el ingreso en el Fondo Monetario Internacional. Franco,
dice el ministro, «no tenía, en principio, la menor
confianza en el Plan de Estabilización. Creía que
nuestros recursos eran escasos y debían administrarse
conforme se había hecho hasta entonces. Dudaba de la
buena disposición hacia nosotros de los organismos
internacionales... Esto no obstante, había consentido
nuestras conversaciones a este fin con los organismos
internacionales e incluso permitió la realización de
una encuesta oficial a los principales organismos del
país... Estaba en Madrid el Sr. Ferrás, director para
Europa del FMI, que ya tenía anunciado su regreso a
Washington... Al enterarme de la próxima marcha de
Ferrás pedí rápidamente audiencia al Jefe del Estado y
le planteé la cuestión en términos tales que salí de
su despacho con el encargo de decirle a Ferrás que
suspendiese el viaje de vuelta». En ese momento Franco
tomó la decisión de apoyar plenamente el Plan de
Estabilización, y lo hizo, según el testimonio de
Navarro Rubio, con todo el impulso de que fue capaz, que
era mucho.
Una vez más, en aquella difícil circunstancia de 1959,
Franco puso de relieve sus singulares dotes de gobernante
capaz de renunciar a todo prejuicio, de no aferrarse a
concepciones superadas, de escuchar a sus asesores y
ministros y de aceptar sus razones, adaptándose
inteligentemente a lo que el interés de España
demandaba en cada momento.
El Plan de Estabilización fue un éxito tan rápido que
sorprendió a sus propios promotores; a él siguieron
tres Planes de Desarrollo, el primero en 1964, el segundo
en 1968 y el tercero, que ya se denominaría Plan de
Desarrollo Económico y Social, en 1972. Estos Planes,
obra en lo esencial de López Rodó, secundado por
excelentes ministros, constituyeron los instrumentos que,
sostenidos por el intenso trabajo de una entera
generación de españoles ilusionados con el futuro,
llevaron a España al crecimiento económico más rápido
de su historia hasta hoy. Fue lo que se llamó el
«milagro económico español», que creó en nuestra
Patria un espíritu de trabajo y de superación del que
todavía, un cuarto de siglo después, estamos recogiendo
los frutos.
La decisión inicial de Franco y la inteligente política
de sus ministros produjo un resultado espléndido,
convirtiendo a la década de los sesenta en la más
brillante en la historia de España del siglo XX. Fue un
ejemplo de lo que Fernández de la Mora acertadamente
denominó «Estado de obras» que, en definitiva, está
más cerca del siglo XXI que del XX.
Fue en aquellos años y hasta la desaparición de Franco
en 1975 cuando nuestra Patria puso fin a su enorme
retraso económico y social con respecto a los demás
países europeos e hizo su aparición, por fin, una clase
media, urbana en su mayor parte, más culta y moderada,
que había de estabilizar la vida política española y
de hacer posible una convivencia libre entre los
ciudadanos. Se ha dicho, y es muy cierto, que en aquellos
años se pusieron las bases de una España incorporada
finalmente a la modernidad. Sin subestimar las grandes
realizaciones materiales, la formación de aquella clase
media fue el más importante legado de Franco del que su
autor se mostraba orgulloso.
A la muerte de Franco, la renta nacional de España
suponía ya el 79,2% de la media de la Comunidad Europea;
años después este acercamiento se había convertido en
retroceso, pues en 1994 la misma comparación se situaba
en el 74,4%, es decir, por debajo de la situación dejada
por Franco. Según datos oficiosos, después de la
incorporación de la devastada Alemania del Este, en 1999
se ha logrado que la renta media española quede ya
situada en el 82% de la media europea.
Magro resultado el de veinticinco años de monarquía
parlamentaria, cuyos primeros veinte vieron un grave
retroceso con respecto al acercamiento a los demás
países de la Comunidad Europea que ya tenía España en
1975. Únicamente en los últimos cuatro años se ha
logrado disminuir esa distancia; nada digamos de los
niveles de paro producidos por la tan elogiada
«transición».
10. Los últimos años
La presentación en las Cortes y la posterior aprobación
por referéndum el 14 de diciembre de 1967 de la Ley
Orgánica del Estado que siguió a la nueva Ley de
Libertad Religiosa de 28 de junio de 1967, antecedidas
ambas por la Ley de Prensa de 1966, eran el
acompañamiento político al desarrollo económico que
estaba teniendo lugar en España y que, aunque ahora
alguno diga lo contrario, eran totalmente independientes
de los escasos incidentes que era capaz de organizar la
insignificante oposición. La población española
probaba los primeros frutos del bienestar económico,
seguía confiando en Franco y sentía superados los
traumas de la guerra civil.
Sin embargo, algunas esperanzas suscitadas por la Ley
Orgánica del Estado se vieron frustradas porque la
reacción en el seno del sistema contra la preponderancia
de los «tecnócratas» encontró ya a un Franco que
perdía con los años su capacidad de arbitraje, puesta a
prueba una vez más por el asunto Matesa, imprudentemente
sacado a la luz y utilizado contra los tecnócratas, que
poca o ninguna responsabilidad tenían en lo que no
había sido sino un fraude cometido por un empresario en
la percepción de determinadas ayudas a la exportación.
Por otro lado, la tenaz operación urdida por López Rodo
y el almirante Carrero para que Franco decidiese la
sucesión a favor de Juan Carlos dio sus frutos cuando,
ante las Cortes, el 22 de julio de 1969, Franco anunció
su decisión, previa jura por el Príncipe Juan Carlos de
lealtad a las Leyes Fundamentales. Aquellos hombres, en
lugar de reforzar sus propias instituciones y cuidar de
ponerlas -Fuerzas Armadas incluidas- en manos de absoluta
confianza para el futuro, prefirieron encomendar al
juramento de una sola persona la continuidad del
régimen. Craso error.
El nuevo gobierno de octubre de 1969 no era ya
equilibrado, sino más bien un conjunto de ministros
situados lejos del Movimiento como organización
política -la inclusión de Fernández Miranda era todo
un símbolo- y de quienes habían montado el «escándalo
Matesa», singularmente Fraga y Solís. Sólo la
continuación de Federico Silva Muñoz en Obras
Públicas, sustituido meses más tardé por Gonzalo
Fernández de la Mora, permitió la continuidad del
esfuerzo inversor, no mantenido luego, que dotaría a
España de unas excelentes infraestructuras.
Simultáneamente, España había ido recobrando un
importante papel en la escena internacional. Los acuerdos
con los Estados Unidos de 1953 eran revisados a los diez
años y posteriormente con condiciones cada vez mejores
para España, y el acercamiento al entonces llamado
Mercado Común tuvo como resultado la firma del Acuerdo
Preferencial de 1970, que supuso unas condiciones en
algunos aspectos mejores que las logradas con la
adhesión plena de 1986.
A Franco no se le perdonaría jamás su victoria sobre el
marxismo y, a medida que aumentaban sus éxitos de
gobernante, se intensificaba la acción del marxismo y,
en general, del izquierdismo internacional en su contra,
que veía en su inevitable desaparición la única forma
de ocupar el poder en España.
Grave fue la defección del Vaticano, donde Pablo VI,
convencido del triunfo del comunismo, buscaba las vías
de llegar a un acomodo que permitiese sobrevivir a la
Iglesia. Era la Ostpolitik vaticana que, en vista de la
edad de Franco, preconizaba la implantación en España
de un sistema similar al italiano, donde la Iglesia, por
vía de la Democracia Cristiana, había podido contener
al comunismo.
Tomando como base una cierta interpretación progresista
del II Concilio Vaticano y apoyándose en quienes la
sostenían, la Santa Sede encontró en Benelli y Dadaglio
los ejecutores de su nueva política de «desenganche»
de Franco. No podía contar con los obispos españoles,
en general buenos conocedores de la experiencia de la
guerra civil, pero encontró el ejecutor ideal de aquel
viraje en el desenvuelto Enrique y Tarancón, antiguo
admirador del Frente de Juventudes, dispuesto a ser el
peón de brega en aquella táctica.
Una descarada violación del Concordato por parte de la
Santa Sede permitió en poco tiempo cambiar radicalmente
la composición de la Conferencia Episcopal y, a partir
de ahí, la dirección de la Iglesia española se
convirtió en beligerante contra el régimen.
Nada podía herir más al anciano Franco, incapaz ya de
reaccionar ante una situación que no podía comprender.
La infeudación del régimen a la Iglesia había llegado
a tal extremo que en aquella partida el primero tenía
todas las de perder. Perdió efectivamente, pero es
seguro que la Iglesia española perdió mucho más,
puesto que cayó en una terrible crisis que ni siquiera
el largo y ejemplar pontificado de Juan Pablo II ha
logrado superar.
La presión terrorista, amparada por mucha parte del
clero vasco, trató de ser combatida mediante el recurso
a la declaración de estados de excepción y a los
tribunales militares. Era un método inadecuado, pues en
aquellos momentos la ejecución de duras sentencias,
incluidas las de muerte, se había hecho ya
contraindicada. Franco, puesto en aquella tesitura por
imprudencia de sus ministros políticos, se veía en la
necesidad de conmutarlas, como ocurrió con el famoso
proceso de Burgos.
Concurría a agravar la situación una clase política,
salvo algunas personalidades, demasiado acostumbrada a
que Franco resolviese todas las cuestiones complicadas. Y
que, con pocas excepciones, no tenía voluntad de
perfeccionar y acercar el sistema a los patrones
europeos, sino más bien se inclinaba a abandonarlo y
buscar nuevos acomodos personales. Adolfo Suárez, que
era un modelo de ambicioso, ignorante y sin principios,
podía ser su arquetipo. Fue el designado por el Rey.
El asesinato del almirante Carrero, ya Presidente del
Gobierno, a manos de ETA, junto con la declinante salud
de Franco, fueron el principio del fin. Por primera vez,
el entorno de Franco le suplantó y decidió el
nombramiento de sucesor de Carrero en la persona del
máximo responsable de su asesinato: Arias Navarro,
ejemplo de incompetencia y volubilidad.
A Franco sólo le quedaba afrontar el duro trance de la
muerte, lo que hizo con su habitual espíritu espartano y
religioso. Aún tuvo fuerzas para redactar un testamento
que le honra como cristiano, como español y como
gobernante. Hasta el final le acompañó el respeto y la
gratitud de la mayoría de los españoles, como se vio en
su capilla ardiente y en su sepelio, apresurado, por
cierto, por el miedo infundado de los responsables del
mismo. A un valeroso soldado iba a suceder una turba de
oportunistas.
11. El perfil del estadista
Sólo los grandes gobernantes y caudillos han suscitado
como Franco una enorme cantidad de libros, estudios,
juicios y, en resumen, análisis de su personalidad y de
su obra. Ha pasado un cuarto de siglo desde su muerte y
sigue siendo de actualidad referirse a él, venga o no
venga a cuento. Sin duda ha marcado el siglo XX español
y, como dijo el actual monarca en el momento de jurar por
segunda vez fidelidad a las Leyes Fundamentales y a los
principios del Movimiento Nacional: «...Una figura
excepcional entra en la Historia. El nombre de Francisco
Franco será ya un jalón del acontecer español y un
hito al que será imposible dejar de referirse para
entender la clave de nuestra vida política
contemporánea... Su recuerdo constituirá para mí una
exigencia de comportamiento y de lealtad para las
funciones que asumo al servicio de la Patria. Es de
pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes
dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca
podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha
consagrado toda su existencia a su servicio...».
Si comparamos estas palabras con lo que se lee, escucha o
ve casi diariamente en la España de hoy, además de
otras consideraciones, hemos de concluir que España no
es un pueblo noble, sino todo lo contrario, pues la
memoria de Franco es escarnecida continuamente.
Ricardo de la Cierva estima que los primeros años
después del fallecimiento de Franco hubo un cierto
respeto a su figura, pero cree que, a partir de
aproximadamente el año 1982, la difamación, el
exabrupto y la mentira acerca de Franco están a la orden
del día. Desde medios oficiales se premian y exaltan
toda clase de publicaciones hostiles a Franco; cualquier
ocasión es buena para denigrar su memoria. A esta
verdadera cruzada al revés se unen casi todos los que
tienen al alcance una pluma, un micrófono o una cámara,
y más si la pluma, el micrófono o la cámara están
subvencionados.
Muchos de ellos deben sus éxitos reales o supuestos al
régimen de Franco. Otros muchos, entre los que destacan
políticos y periodistas, tratan de hacernos olvidar que
sus padres y abuelos fueron piezas fundamentales en lo
que ahora sus descendientes inmediatos llaman la
«dictadura franquista», pintándola con negros trazos.
Alguno de ellos, bien conocido, hasta ha mutilado su
apellido para evitar que se le relacione con su padre,
importante personaje del régimen de Franco. «A moro
muerto, gran lanzada», y ¡ay de aquel español,
publicación, programa o persona que defienda su memoria!
Será rápidamente enviado al exilio interior del
«ninguneo» y de lo «políticamente incorrecto».
Una de las obsesiones que se le atribuyen a Franco era la
referida a la masonería. Aparte de que el mismo Ricardo
de la Cierva ha desvelado que la acción masónica contra
Franco está muy bien documentada y que tampoco es un
secreto histórico que la pérdida del imperio americano
y la llegada de la II República y su labor sectaria fue
obra de la masonería, esta persistente campaña tampoco
tiene explicación sólo en la ignorancia o el deseo de
medrar. Aunque quien esto escribe no participa de la
concepción de la historia como un conjunto de
conspiraciones debidas a fuerzas secretas, hay cosas que
requieren explicación. La continua «demonización» de
Franco, como lo fue la de Felipe II, alguna explicación
debe tener.
¿Qué se le reprocha a Franco? No era un demócrata ni
creía en los partidos políticos. Pues bien, en esa
increencia le acompañaban muchísimos españoles a
quienes las luchas de partidos condujeron a varias
guerras civiles y revoluciones sangrientas, la última en
1936-39. Y, saliendo de España, ¿qué explicación
tiene la proliferación de movimientos totalitarios y
autoritarios en la Europa de entreguerras? El fracaso de
los sistemas parlamentarios de partidos en la Europa de
entreguerras era evidente e influyó mucho en el
desencadenamiento de la II Guerra Mundial. Hasta Tusell,
que no entiende casi nada, admite que la aparición de
dictaduras «que rompían con el panorama habitual del
liberalismo europeo de la época... fue el producto de la
existencia de unas condiciones sociales y políticas que
no hacían fácilmente viable este tipo de
planteamientos». Resulta, pues, que el repudio del
parlamentarismo que mantenía Franco era, simplemente,
una de las ideas dominantes en su época.
¿Era Franco cruel como se dice? Nada lo prueba. Antes
bien, hay muchos momentos de su vida perfectamente
documentados en los que se inclinó por la clemencia
hacia los condenados por los tribunales, por ejemplo en
el famoso y mal planteado proceso de Burgos. No hay
ninguna prueba de que Franco persiguiese hasta el fin a
quienes eran sus adversarios; trataba, como es natural,
de responder a sus asechanzas y evitar que pusieran en
riesgo los valores que defendía, pero nada más. La vida
plácida de quienes desde el exilio y desde el interior
fraguaban contra su régimen conspiración tras
conspiración o lo que suponían determinados destierros
temporales a distintos puntos de la geografía nacional
son la prueba palpable de su falta de odio hacia sus
enemigos. Es archisabido que el general Vicente Rojo,
máximo exponente del Ejército rojo, terminó
apaciblemente sus días en Madrid después de haber
tenido varias conversaciones con Franco acerca de las
operaciones militares de la guerra. Algo parecido
aconteció con el coronel Segismundo Casado.
En cuanto a la represión de la posguerra, ya se han dado
las cifras más atendibles y las circunstancias que las
acompañaron. ¿Se pueden poner en la misma balanza los
asesinados en Paracuellos y la condena y ejecución de
alguno de sus asesinos? Franco era un ordenancista que
aplicaba la ley, a veces muy templada por la clemencia.
Algún condenado a muerte al final de la guerra,
recientemente fallecido, salió libre cinco años más
tarde y obtuvo un Premio Nacional en 1949,
representándose la obra premiada en el Teatro Español
de Madrid, teatro nacional, con un éxito que contribuyó
no poco a la posterior carrera literaria del premiado.
De su honradez personal nada se dice porque por ese lado
es imposible reprocharle nada. Posiblemente los mismos
que lanzaban durante su vida toda clase de infundios
sobre el particular no se han atrevido a tocar tal
cuestión, visto lo ocurrido en España recientemente.
Se acusa a Franco de haber sido un represor de las
libertades; depende de a qué libertades se refieran y
dónde se pongan sus límites. Después de una guerra
civil como la que sufrimos los españoles, seguida de los
peligros de una guerra mundial a la que se unieron
agresiones a través de la frontera pirenaica, era
absolutamente necesario un régimen no dictatorial pero
sí autoritario. Linz admite que «en un régimen
autoritario no existe la voluntad radical de la
ocupación de la sociedad por parte del Estado». Esa
voluntad jamás existió en el ánimo de Franco, que
mantuvo un régimen autoritario pero ni totalitario ni
dictatorial. Véase, por ejemplo, el enorme poder que
ostentó la Iglesia en su régimen, con las limitaciones
que ello suponía para el poder político.
Ahora bien, Franco, que quedó investido de todos los
poderes del Estado en 1936, acometió la puesta en marcha
de lo que Rodríguez Carvajal llamó «dictadura
constituyente» en un proceso de sucesiva transferencia
de poderes a las instituciones que iba creando; al final
Franco mantenía toda su autoridad de índole moral, pero
se había despojado de la mayoría de los poderes que
tuvo al principio.
Acaso el mayor de sus errores políticos fue su
desconfianza en aquellas instituciones que había creado
y a las que no hizo asumir sus responsabilidades en su
momento. En frase afortunada, un prestigioso intelectual
pedía que el régimen «sea lo que dice ser», es decir,
que sus instituciones supiesen asumir su papel legal. Ese
error explica, junto a la intervención regia -el «motor
del cambio»-, la debilidad de la gran mayoría de su
clase política y altos mandos militares, la rapidez con
que fue desmontado el régimen.
Es cierto que su reposo y meditación sosegada antes de
tomar una decisión importante, era una gran virtud, y
más en España, donde priva el apresuramiento y la falta
de meditación, pero se fue convirtiendo con el paso del
tiempo en un defecto del que se quejaba el almirante
Carrero. Ello tuvo un reflejo en aquella frase de Jesús
Fueyo «el tiempo nos ha devorado», pues el régimen, al
final, tomaba medidas tardías que no eran ya adecuadas a
las situaciones creadas por su propio desarrollo y
éxito.
Francisco Franco fue un gran español, un gran soldado
que conocía muy bien su oficio y que amaba con pasión a
España, a la que dedicó su vida entera. Fue un eximio
gobernante cuyos aciertos superaron con mucho a sus
errores y que sólo admite comparación con quienes
dirigieron a España en el siglo XVI y, tal vez, con
algunos de los gobernantes de la Ilustración cuyas ideas
y métodos siguió en cierto modo.
Obra de Franco es la España moderna, sacada de un atraso
que venía de siglo y medio atrás, convertida en una
nación liberada, esperemos que para siempre, de sus
luchas civiles y capaz de figurar en un puesto destacado
dentro de Occidente.
Los sectarios de toda índole, tan abundantes hoy en
España, están condenados irremisiblemente a pasar por
encima de la realidad histórica, a desfigurarla, a
negarla y a tratar de crear otra absolutamente falsa. La
gran mayoría de los juicios que se difunden hoy en
España sobre Franco son obra del sectarismo y, por ello,
su veracidad es nula. Tales sectarios, estimulados por un
régimen que trata de justificarse más que por sus
éxitos por el desprecio hacia el anterior que le dio
origen, hacen difícil que hoy se llegue a una
valoración justa de lo que fue Franco para España; esto
a pesar de los esfuerzos de unos pocos pero heroicos
historiadores que luchan contra molinos de viento, huecos
pero capaces de voltear a quien los desafíe.
Fusi advierte en la presentación de su libro sobre
Franco que «la literatura de denuncia del franquismo
-que puede ser, contra lo que parece, una fórmula de
comodidad intelectual- elude, a su vez, plantearse
problemas no menos inquietantes, como la voluntaria y
duradera acomodación de muy amplios sectores de la
sociedad española con el franquismo, la estabilidad casi
inatacable de éste durante varias décadas, la debilidad
de la oposición, la formidable transformación de
España y de su Estado desde 1939 a 1975».
Es lícito preguntar: ¿a quién molesta que la gran
mayoría de españoles apoyase a Franco?, ¿a qué
español no satisface «la formidable transformación de
España y de su Estado»?, ¿dónde reside el
«inquietante problema»? En todo caso, hay que agradecer
a Fusi su sinceridad.
Porque a quienes vivimos aquellos años y conocemos bien
la historia de España nadie nos va a engañar ni a
manipular. A los profesionales del antifranquismo y a los
sectarios de toda laya hay que dedicarles aquella
sentencia evangélica: «Deja que los muertos entierren a
sus muertos» (Mat. 8, 22). Los del antifranquismo
sistemático y sectario, además cargado de odio, que
entierren a sus fracasados predecesores.
Armando Marchante Gil
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