Alzamiento o
cruzada
1. La
Junta de Defensa
El golpe de Estado de 1936, dirigido por Mola, que
reconocía la suprema jefatura de Sanjurjo, no consiguió
los objetivos propuestos, como ya Franco sospechara en
conversación con algunos de los suyos, aunque tampoco
fracasó. España quedó dividida en dos partes
desiguales, la mayor en obediencia al Frente Popular y la
menor sometida a mandos militares entre los que, muerto
accidentalmente Sanjurjo, se produjo una especie de
división: Mola en el norte, Queipo de Llano en
Andalucía, Franco en Africa y Canarias. Los dos primeros
eran confesadamente republicanos mientras que Franco era
monárquico. Al fracasar la sublevación en Madrid, lo
mismo que en las principales ciudades, y continuar
funcionando un Gobierno de la República, aunque
cambiando sus miembros sin que en ello intervinieran las
Cortes, se hizo preciso para los militares establecer un
organismo que sustituyera la jefatura de Sanjurjo y
ejerciera la legalidad. En la zona republicana, que sus
protagonistas preferían entonces llamar «roja», cesó
toda vida religiosa, mientras que en la que a sí misma
comenzó a llamarse «nacional» se produjo una
exaltación de la religiosidad: todos los actos se
revestían de este carácter. Sin embargo, la Junta de
Defensa que los militares crearon estaba presidida por
Miguel Cabanellas, que había sido masón. El Partido
Nacionalista Vasco, que se presentaba a sí mismo como
católico, se dividió en dos: la parte mayoritaria,
residente en Vizcaya y Guipúzcoa, declaró que se
colocaba al lado de la «ciudadanía» contra el
«fascismo» y de la República contra la Monarquía; la
minoritaria, en Alava y Navarra, publicó un comunicado
(19 de julio) sobre su «ferviente catolicismo» y contra
el Frente Popular.
El Alzamiento militar, que se justificaba a sí mismo
como lucha contra el socialismo y el comunismo, no se
planteó de inmediato la cuestión de la forma de Estado,
pero sí, en cambio, la de la religión. Todos los
combatientes en sus filas alardeaban de catolicismo. Las
noticias que llegaban de la otra zona y de la
persecución implacable afirmaron ese hecho religioso
proyectándolo al primer plano. Los tradicionalistas
lanzaron la consigna de que luchaban por Dios y por
España, que todos los demás aceptaron. El cardenal
primado, Isidoro Gomá, que carecía de noticias previas
acerca del Alzamiento, salvó su vida por coincidir
aquellas fechas con sus vacaciones estivales en Tarazona.
El clero de su diócesis fue uno de los más
terriblemente castigados. Se trasladó a Pamplona, cuyo
obispo, Marcelino Olaechea, se convirtió en su principal
mentor. A ellos se sumó también en esta primera etapa
el de Vitoria, Mateo Múgica, cuya diócesis abarcaba las
tres provincias vascongadas.
Fue Olaechea el primero en definir la situación con
estas palabras: «No es una guerra la que se esta
librando sino una cruzada» (1). También los rojos
recurrían al término «cruzada» contra el fascismo.
Los tres prelados aceptaron la Junta de Defensa sin hacer
declaración expresa. Franco admitió también su
legitimidad y fue incorporado a ella como uno de sus
miembros, algunas semanas después de haberse
constituido. Aunque Portugal, Italia y Alemania mostraron
simpatía por el Alzamiento, la Junta no recibió
reconocimiento diplomático alguno. Tampoco por parte de
la Santa Sede. El Frente Popular, tras su victoria en las
elecciones, había designado embajador en el Vaticano a
Luis de Zulueta que, aunque afín a sus doctrinas
políticas, era considerado condescendiente y hábil para
mantener relaciones. Sin embargo, en la presentación de
credenciales, el 9 de mayo de 1936, Pío XI se había
referido en términos muy duros a «las tribulaciones de
la Iglesia en España y no por culpa nuestra». Eugenio
Pacelli, Secretario de Estado, en conversación
posterior, se mostró más explícito: la República
española estaba persiguiendo al catolicismo (2).
Años antes, el primer Gobierno republicano suspendió
unilateralmente la vigencia del Concordato de 1851 por el
que se regulaban las relaciones entre Iglesia y Estado,
muy favorable a la Monarquía, que, ejerciendo derecho
«de presentación», prácticamente nombraba los
obispos. Se pasaba, pues, al sistema ordinario de
comunicación previa del candidato por parte de Roma. La
Santa Sede consideró esto como buena solución y
decidió prescindir para siempre de aquel documento. Con
el Frente Popular en el poder surgió el conflicto: el 22
de mayo de 1936 el Papa comunicó el nombre de Víctor
Pildain Zapiain como obispo de Las Palmas de Gran
Canaria: era canónigo de Vitoria y había sido diputado
del PNV. El Gobierno rechazó el nombramiento,
interpretando el derecho ordinario como una especie de
prerrogativa de veto: la Santa Sede sólo podría nombrar
obispos que fuesen para él aceptables. Pildain no
podría tomar posesión hasta que Franco dispusiese que
así se hiciera. La Secretaría de Estado recomendó
entonces la vía indirecta de los obispos auxiliares o
coadjutores, para los que no era necesario comunicar el
nombre.
Con la guerra vino la persecución sistemática,
sangrienta e implacable. Se trata de un dato objetivo y
no de un juicio de valor. La Iglesia, que nada había
tenido que ver con el Alzamiento, no podía ser
indiferente (3) porque era víctima de aquella profunda
revolución que había destruido también la legalidad
republicana sustituyéndola por otra. El representante
español en el Congreso General del Ateísmo, celebrado
en Moscú en agosto de 1936, informó de que «la Iglesia
ha sido completamente aniquilada» porque «hemos
suprimido sus sacerdotes, las iglesias y el culto» (4).
Para usar de mayor precisión deberíamos decir que el
catolicismo fue sujeto pasivo en una situación en la que
no se le consentía elegir.
2. Gomá asume la dirección
Con la llegada del primado, Pamplona se convirtió en
centro eclesiástico para toda la zona nacional. En
aquellos momentos el arzobispo de Toledo era cabeza de la
Iglesia en España, ejerciendo una especie de
coordinación de los metropolitanos. En la capital
navarra se vivía muy cerca el problema que significaba
la existencia de un Gobierno vasco cuyos miembros se
declaraban católicos -lo que no impedía detenciones y
asesinatos de sacerdotes y laicos católicos no
nacionalistas- pero que estaba aliado con quienes de este
modo anunciaban el aniquilamiento de la Iglesia. El 6 de
agosto de 1936 Mateo Múgica y Marcelino Olaechea
publicaron una carta pastoral conjunta para oponerse a
las afirmaciones de J. A. Aguirre, el lehendakari,
miembro de la ACNP, que sostenía que aquella no era una
guerra religiosa sino simplemente política y social. En
esa carta se advertía a la población de ambas
diócesis, Vitoria y Pamplona, que era ilícita la
colaboración con los más crueles perseguidores de la
Iglesia. Los medios de comunicación del Gobierno vasco
se apresuraron a decir que la carta era falsa, pero
Múgica se acercó a los micrófonos de Radio Vitoria
para confirmar: «Nos, con la autoridad de que nos
hallamos investido, en la forma categórica de un
precepto que deriva de la doctrina clara e ineludible de
la Iglesia, os decimos: non licet».
Es bastante probable que Gomá haya intervenido en la
redacción de dicha carta. Por aquellos días preparaba
el que habría de ser su primer informe al Vaticano, que
no fue despachado hasta el 13 de agosto (5). Partiendo de
la tesis de que el catolicismo era víctima pasiva,
llegaba a la conclusión de que de no haberse producido
el Alzamiento se habría implantado en España una
dictadura comunista y extinguido la Iglesia en el caso de
que triunfase el Frente Popular. Este sería el
previsible resultado. Gomá evitaba incurrir en excesos
radicales: aparte de reconocer que también había
violencias en la zona nacional, le embargaban tres
preocupaciones fundamentales:
- En primer término , el separatismo vasco. Era
contrario a la doctrina de la Iglesia de anteponer los
intereses nacionales a los del catolicismo y, sin
embargo, ésta era la actitud adoptada por Aguirre y una
parte del clero de aquellas provincias.
- Tras la ola persecutoria y de desmantelamiento iniciada
en 1931, de cuya responsabilidad nadie podía declararse
absolutamente inocente, la Iglesia, aun en el caso de
victoria del bando que la protegía, iba a encontrarse
ante una formidable tarea de reconstrucción difícil de
llevar a cabo.
- Por último, detectaba influencias exteriores que
calificaba de «paganizantes» en el bando nacional.
Advertía la existencia de un sector que preconizaba una
especie de laicismo del Estado, tendencia que juzgaba
poco conveniente. «Falta ver el alcance que se dará a
esta proposición».
Las preocupaciones del cardenal irían creciendo en las
semanas siguientes: la Junta de Defensa se irritaba
contra el clero vasco y, al tiempo que llegaba el
material de guerra alemán e italiano, crecían las
influencias políticas nazis o fascistas. En Roma nadie
se engañaba ya acerca de lo que significaba el
nacional-socialismo.
3. Gomá plantea la cuestión vasca
Desde el 1 de octubre de 1936, la Junta de Defensa cesó
en sus funciones: Franco fue elegido por sus compañeros
de armas, especialmente por Mola y los monárquicos,
Generalísimo, Jefe de Estado y Jefe de Gobierno,
acumulando en su persona poderes como nadie ha tenido
nunca en España. Gomá se sintió favorablemente
impresionado por este nombramiento -un Jefe de Estado de
misa diaria-, pero no dejó de anotar una frase en el
discurso de toma de posesión definiendo el Estado como
«sin ser confesional» lo que entendía era una
concesión al laicismo. Resulta significativo que esta
frase se suprimiera en el texto publicado: bastaba, pues,
una indicación eclesiástica para que Franco
rectificase.
Sobre la mesa, el nuevo Generalísimo se encontraba con
el difícil problema vasco. Mientras que el objetivo de
la Lliga seguía siendo «catalanizar España» --por eso
Cambó y los suyos se habían colocado al lado del
Alzamiento-, el PNV, que comenzara siendo «autonomista,
cristiano y popular» (6), había invertido los términos
poniendo independencia por encima de España y
nacionalismo delante del catolicismo. La guerra civil
tenía su matiz vascongado de vascos contra vascos:
gudaris frente a brigadas de Navarra. Esto hacía
difícil cualquier entendimiento. La habilidad de Prieto,
sacrificando la unidad (Estatuto de Guernica del mismo
día 1 octubre 1936) a cambio de colaboración, había
hecho el resto.
Ambos bandos contribuyeron a envenenar una situación
difícil. Es natural que así fuera, pues se trataba de
una guerra civil. Los militares, que esperaban una
colaboración vasca que se les había ofrecido, se
acostumbraron a llamar provincias traidoras a Vizcaya y
Guipúzcoa, en contraste con las leales Álava y Navarra.
Los nacionalistas «se comportaron como si gobernaran un
Estado independiente» (Olabarri). Cuando comenzaron a
ser capturados eclesiásticos que figuraban en los
batallones de gudaris, los mandos militares no dudaron en
someterlos a consejos de guerra y mandarles fusilar.
Dieciséis sacerdotes serían muertos de este modo.
Podría establecerse una comparación: bajo el gobierno
de Aguirre en Vizcaya fueron asesinados cuarenta y siete.
Para el Vaticano, un tremendo conflicto.
Vayamos por partes. Hasta el 8 de septiembre de 1936 el
obispo de Vitoria se había mantenido en línea con
Olaechea y Gomá, pidiendo oraciones por el triunfo de
los nacionales y advirtiendo a sus súbditos que no
podían figurar en el mismo bando de los asesinos de la
Iglesia. El PNV y los sacerdotes que le apoyaban se
negaron a obedecer. Alberto Onaindía, canónigo que
haría famoso más tarde su seudónimo de P. Olaso,
redactó un documento que envió al Vaticano presentando
la cuestión como legítima defensa de las libertades
políticas vascas y rehuyendo comentar los aspectos
religiosos. «No creemos que los vascos hayan de ir
unidos con quienes pretenden privarles de sus derechos y
conculcar sus tradicionales costumbres y tradiciones».
Cabanellas, en nombre de la Junta -estamos aún en
septiembre de 1936-, apeló también al Vaticano
reclamando una sentencia canónica de excomunión y
entredicho contra quienes de este modo ayudaban a los
enemigos de Dios y de la Iglesia. Pero esto era algo que
ni la Secretaría de Estado podía recomendar ni el
obispo de Vitoria llevar a cabo.
Múgica, por consiguiente, se negó: no era lícito
aplicar penas espirituales a unos súbditos que, a lo
sumo, eran culpables de un error político. Podía
decirles que estaban equivocados y que no era lícito
colaborar, pero en modo alguno dejar de considerarles
parte de su Iglesia. Entonces la Junta de Defensa
reclamó la expulsión del obispo. Muchos términos
inconvenientes se utilizaron por una y otra parte. Las
cosas que se dijeron con posterioridad, especialmente por
parte del prelado, que ya había sido expulsado
anteriormente por el Gobierno de la República que le
tenía por radical tradicionalista, han contribuido mucho
a enturbiar el asunto que, sin embargo, en términos de
derecho, se presentaba con claridad. Cumpliendo sus
deberes de obispo, Múgica tuvo que desobedecer la
demanda.
En medio del debate, el Papa Pío XI hizo un gesto
clarificador. El 14 de septiembre de 1936, recibió a
peregrinos españoles en Castelgandolfo y, en el discurso
público, llamó a los rojos españoles «fuerzas
salvajes y crueles» desprovistas de «la misma
naturaleza humana, aun la más miserable». De este modo
desvirtuaba la propaganda que algunos sectores del clero
francés estaban haciendo para evitar que asomase,
descarnada, la gravísima persecución religiosa en
España. Este clero también se movía a impulsos del
sentimiento nacional, pues pensaba que una victoria de
los militares prestaría en España apoyo a Alemania e
Italia, enemigos de Francia. Por su parte, Gomá estaba
seguro de que, en aquellos momentos, la falta de
entendimiento con los «militares en campaña» no podía
conducir más que a un desastre: de no acudir a los
mandos nacionales, la Iglesia, en España, se
encontraría sin amparo. Para evitar la expulsión del
prelado, el cardenal, que ningún contacto tuviera con la
Junta, acudió a ella proponiendo una fórmula: ganar
tiempo, que Múgica viajara a Roma para explicar la
situación, y que los ánimos en el intermedio se
calmasen.
El primado fracasó. La Junta no quiso atenderle y
mantuvo su exigencia. Múgica, por su parte, se negaba a
tomar en consideración cuanto no fuera el asunto
concreto de su persona y de su diócesis, como si no le
importase la situación global. Su pensamiento estaba
evolucionando hacia una nueva postura: aquel problema
surgía porque Euzkadi seguía siendo parte de España.
Se volcó en favor de la separación. Cuando el Vaticano
le invitó a abandonar el territorio español para evitar
el indeseable conflicto, volvió sus rencores contra
Gomá, diciendo que no le había defendido, esto es, no
había sostenido sus propias ideas. El 14 de octubre,
según el mandato del Papa, Múgica cruzó la frontera y
no regresó; conservaría su titularidad.
4. «Por la gracia de Dios»
El mismo día en que Franco tomaba posesión, en Burgos,
de la Jefatura del Estado, el obispo de Salamanca,
Enrique Plá y Deniel, catalán de nacimiento, publicaba
una carta pastoral que titulaba Las dos ciudades. En
línea con el de Olaechea y Múgica del 6 de agosto, este
documento quería insistir en la obligación moral para
los católicos de negar cualquier clase de ayuda a los
perseguidores de la Iglesia. Tomando como base la
doctrina agustiniana sobre las dos ciudades -la de
aquellos que por amor a Dios llegan al menosprecio de sí
mismos, y aquella otra que por amor a sí mismos
desprecian a Dios-, llegaba a la conclusión de que
aquella contienda era, en realidad, una cruzada, pues se
estaba dirimiendo la supervivencia de la Iglesia en
España. De esta idea se apoderaron luego otros
eclesiásticos, incluyendo al Papa que, en más de una
ocasión, se refirió a los sucesos de España con este
nombre. La «cruzada» era, en sus intenciones, una
exigencia: el Alzamiento tenía el deber ineludible de
orientar su marcha hacia el restablecimiento de todas las
condiciones indispensables para asegurar los derechos y
la libertad de la Iglesia.
Franco también se apoderó de esta idea. Resolvía
muchas de sus dudas y preocupaciones iniciales. Conviene
recordar que él había «llegado» al Alzamiento que
otros organizaran. Ahora veía que ninguna legitimidad
puede aspirar a un origen más alto que aquel que procede
de la defensa del honor de Dios. Como en el caso de los
antiguos reyes, se dispuso que en algunos documentos y
monedas se incluyese el título de «Caudillo de España
por la gracia de Dios». Era, en cierto modo, un retorno
a tiempos pasados, pero era, sobre todo, un compromiso,
pues la expresión, lejos de ciertas exageraciones que se
cometieron por amigos y enemigos, significaba que la
autoridad de que se revestía dimanaba de una potestad
divina a la que se sometía, a través de la Iglesia.
Desde el materialismo positivo o dialéctico, esto no
significa nada; puede tomarse, a lo sumo, como un
disfraz. Pero desde la fe católica es una exigencia
superior a cualquier otra.
El 6 de octubre, al prestar juramento como lehendakari
-entonces se escribía así-, José A. Aguirre, que no se
sentía ya parte de la República española, tomó una
decisión semejante: incluyó en la fórmula un
compromiso radical a someterse a la Santa Madre Iglesia
Católica, Apostólica y Romana. El Vaticano iba a
encontrarse en un muy serio compromiso: no podía tomar
medidas contra quienes así se manifestaban. Eugenio
Pacelli consultó el tema con el Papa, al que sugirió
una línea de conducta. En el caso de los vascos -este
hecho no se planteaba en Cataluña, donde el arzobispo
cardenal Barraquer había salvado la vida en el último
momento por intervención directa del Presidente de la
Generalidad, que le envió embarcado a Italia- se podía
intentar una mediación, negociando entre dos bandos que
declaraban que el catolicismo era valor fundamental.
Durante el resto del año 1936 y los primeros meses de
1937 tal mediación resultaba impensable. Detenido Franco
ante Madrid y cobrando fuerza cada día el separatismo de
Euzkadi, Aguirre, autodenominado Generalísimo -lo que le
permitía prescindir de los mandos enviados desde Madrid-
se creía seguro de la victoria. Había perdido San
Sebastián, pero contaba con respaldos británicos y
preparaba ya su propia ofensiva. Pasaron, pues, meses
vitales.
La declaración de «cruzada» por parte de los obispos
españoles causó impacto en los ambientes católicos.
Produjo en Francia una profunda división. Este país
tenía intereses directos respecto a lo que estaba
sucediendo en España: junto a las cuestiones religiosas
estaban las consideraciones políticas, derechas frente a
izquierdas y germanofilia. En consecuencia, los
católicos se dividieron y Jacques Maritain, cuya
influencia sobre los monseñores vaticanos era muy
grande, se situó a la cabeza de un grupo de
intelectuales católicos empeñados en demostrar que era
falso el principio y que la República tenía razón.
Para los católicos, que experimentaban la más cruel de
las persecuciones, era un verdadero escándalo que
pudieran colocarse al lado de los verdugos. Pero en
realidad lo que a aquéllos importaba -todavía no había
escrito Maritain El campesino del Garona- era que no
triunfase en España la derecha (7).
5. Franco y Gomá: primera entrevista
Desde Pamplona, adonde iban llegando noticias, el
cardenal primado informaba puntualmente a la Secretaría
de Estado. Terminado el asedio del alcázar, decidió
hacer una visita a su sede, con escolta de requetés, y
comprobar sobre el terreno la realidad de los daños.
Quedó desolado: asesinatos, ruina y desolación reinaban
por doquier. Al mismo tiempo le llegaban las primeras
indicaciones de los sucesos en el País Vasco: también
aquí la Iglesia estaba siendo perseguida. Supo que
algunos sacerdotes nacionalistas habían sido condenados
y ejecutados; para uno de ellos había pedido a Dávila
la conmutación de la pena y se le había negado.
Informando de esto a Pacelli el 24 de octubre de 1936, le
explicó que había tomado la decisión de entrevistarse
con Franco, de quien ahora todo dependía. «Es católico
práctico de toda la vida» y «en mi opinión
personal... será un gran colaborador de la obra de la
Iglesia». En este mismo informe el cardenal primado se
expresaba en términos bastante preocupados respecto a
Falange.
La primera entrevista tuvo lugar en los últimos días de
octubre. Franco dijo que carecía de noticias acerca de
las ejecuciones de sacerdotes, todas las cuales eran
anteriores a su nombramiento (lo que no puede
considerarse como rigurosamente cierto, ya que uno de los
fusilamientos se produjo después del 1 de octubre,
aunque sin informarle) y prometió: «Tenga su eminencia
la seguridad de que esto queda cortado inmediatamente»
(8). La noticia había llegado antes al Vaticano, por
vía de religiosos y clérigos nacionalistas y franceses,
provocando amargos reproches de Pío XI al representante
español, Magaz (9). Pasaron muy pocos días y Gomá
recibió la visita de José Antonio Sangróniz, que le
comunicaba que, tomadas las medidas pertinentes, el caso
no se repetiría: en adelante, cuando hubiera que tomar
alguna medida contra sacerdotes, ésta se acordaría con
el ordinario de la diócesis, como tenía previsto el
Concordato, y consistiría en su incardinación en
diócesis distinta. Franco no pudo sin embargo evitar que
los católicos de la izquierda dispusiesen de un
argumento de peso en contra de sus pretensiones de
acaudillar una cruzada. El 8 de noviembre, en nuevo
informe, Gomá puso las cosas en claro y fue escuchado.
Pero eran fuertes las presiones que se ejercían sobre el
Vaticano con un argumento de tanto peso como era la
presencia de alemanes e italianos en España, que
parecían anunciar una inclinación política hacia
fórmulas cuya condena estaba preparando el Papa.
Faltaban menos de cuatro meses para la encíclica Mit
brennender Sorge.
Durante cinco años vitales, Isidoro Gomá iba a
desempeñar un papel de gran importancia, a veces mal
entendido. Canonista y teólogo de gran formación, como
acreditan los documentos pastorales por él redactados,
respondía bien al modelo de obispo que Roma preconizaba,
desvinculado de posturas políticas, realista en las
relaciones con el Estado, abierto a la caridad y
convencido de que en Roma, y únicamente en Roma, se
hallaba el fundamento de la Verdad.
6. El viaje del cardenal
Las relaciones entre la Iglesia y el Régimen nacido el
18 de julio resultan a veces difíciles de entender
porque nos empeñamos en contemplarlas desde una
perspectiva posterior muy diferente de aquélla. Quienes
asesoraban al Generalísimo en cuestiones religiosas,
especialmente monárquicos y tradicionalistas, partían
del hecho de que el Concordato de 1851 era justo y
adecuado; suspendido por la «sectaria» República,
debía considerarse vigente. Ya hemos visto cómo en el
problema planteado por los clérigos nacionalistas se
acudió a dicho documento. Por su parte, Franco deseaba
-necesitaba más bien- un reconocimiento oficial del
Vaticano que confirmase la postura confesional adoptada.
Para ambas misiones fue enviado a Roma el marqués de
Magaz, un convencido defensor del Concordato. Llegó en
buen momento: Luis de Zulueta, sin dejar su título de
embajador ante la Santa Sede, abandonó su residencia de
la plaza de España, de la que tomó posesión Magaz el
12 de octubre, izando la bandera bicolor.
Pronto descubrió Magaz las dificultades. La Secretaría
de Estado pensaba que un reconocimiento precipitado del
Régimen podía perjudicar todavía más a los católicos
residentes en zona roja y, sobre todo, impedir una
mediación cerca del Gobierno vasco. Gomá no difería
demasiado de esta postura. Pensaba que, tras los
desastres causados por la República, era necesario
contar con garantías de restauración de la Iglesia en
todos los extremos que afectaban a su desenvolvimiento,
sin precipitarse en el acto político del reconocimiento.
Desde el 20 de septiembre de 1936 el cardenal venía
indicando a Pacelli la conveniencia de que él viajara a
Roma para informar directamente. El viaje se retrasó a
causa del nombramiento de Franco y, después, de las
negociaciones arriba explicadas. En noviembre de 1936
envió a su secretario, Luis Despujol, a Burgos y
Salamanca, para sondear la opinión de las nuevas
autoridades acerca de los tres asuntos que, sin duda,
iban a surgir durante su estancia en la capital de la
Iglesia: restablecimiento inmediato de la enseñanza
católica en los dos ámbitos, religioso y civil,
atención espiritual a las Fuerzas Armadas, y regreso a
España del cardenal Vidal y Barraquer. La respuesta fue
que en los dos primeros asuntos se daría toda clase de
facilidades, pero en el caso del arzobispo de Tarragona
tanto Sangróniz como Joaquín Bau matizaron: podía ser
imprudente un regreso demasiado pronto de un prelado
significativamente nacionalista y que tanto había
trabajado en favor de la República (10).
El 23 de noviembre, desde Pamplona -era imposible fijar
su residencia en Toledo, frente de guerra-, Gomá
publicó la carta pastoral titulada El caso de España,
destinada especialmente a orientar a los católicos de
otras naciones. Franco, que no conoció el texto hasta
que estuvo impreso, la agradeció vivamente. Los
argumentos eran los mismos que se proponía esgrimir ante
la Secretaría de Estado: la Internacional comunista
había puesto en marcha una operación destinada a
implantar su dictadura en España destruyendo la
República, pero el Alzamiento militar se le había
adelantado; por esta razón la victoria de los
nacionales, sin ignorar violencias y crueldades
inherentes a toda guerra civil, era la única esperanza
para la Iglesia. A sus hermanos del episcopado europeo
dirigía una llamada de socorro para que comprendiesen
que, en España, la fe católica estaba librando una
batalla a vida o muerte.
El primado viajó de Pamplona a Roma los días 9 y 10 de
diciembre: llevaba consigo una carpeta de documentos que
debían permitir a la Secretaría de Estado disponer de
testimonios de primera mano, más allá de las
preocupaciones políticas. Gomá no era partidario de
restablecer el Concordato, sino de negociar uno acorde
con la realidad actual y más favorable para la Iglesia.
A Pacelli le explicó que Franco era un gobernante
católico en quien se podía confiar: rezaba
cotidianamente el rosario y era «enemigo irreconciliable
de la Masonería»; no estaba dispuesto a aceptar otra
forma de legitimidad que la que procediera del
catolicismo. Hablando de los falangistas señalaba que
«tienen considerable fondo de fe cristiana y de sentido
de Patria», pero le preocupaban dos cosas: el fuerte
impacto que en algunos sectores estaba causando el
«neopaganismo» nazi, que llegaba de la mano de
instructores alemanes, y el gran número de antiguos
socialistas y anarquistas que estaban llegando a sus
filas, de modo que se debería establecer cuidadosa
vigilancia. Era seguro el propósito de derogar las leyes
antirreligiosas de la República y de devolver a la
enseñanza religiosa su papel, incluyendo en éste a la
Compañía de Jesús, llamada a desempeñar tarea
esencial.
Magaz se disgustó con estas gestiones de Gomá,
«demasiado eclesiásticas», poco congruentes con su
tradicionalismo de alianza entre el Altar y el Trono. El
primado no ocultaba tampoco que alguna parte de la
responsabilidad en la tragedia desencadenada podía
corresponder al clero, que, descuidando su atención a la
religiosidad profunda del pueblo español, valor
esencial, había prestado demasiada atención a
cuestiones políticas. Esto, sin duda, podía
considerarse indirecta censura a Múgica, Barraquer y el
cardenal Segura, que preparaba sus maletas para el
regreso. Cuando la guerra llegase a su fin -ésta era la
tesis del primado- la Iglesia tendría que asumir una
gigantesca tarea de reconstrucción: para ello resultaba
imprescindible preparar mejores sacerdotes que los de
antes y, sobre todo, masas de laicos encuadrados en la
Acción Católica. Todavía se hallaban en embrión los
grandes movimientos laicales que caracterizarían al
siglo XX. A todo esto Pacelli asintió: era el discurso
que quería oír.
El 12 de diciembre de 1936, sin haber sacudido apenas el
polvo del viaje, Gomá fue recibido por el Papa. Captó
inmediatamente las dificultades que tendría que vencer
porque «en Roma predominan en este respecto las
conveniencias de la diplomacia sobre las exigencias de
esta expresión de fe y entusiasmo religioso que ha
acompañado al estallido de la guerra». Eran varios los
sectores que presionaban, usando como telón de fondo los
tambores de guerra que volvían a sonar en Alemania.
Múgica, vuelto al nacionalismo, esgrimía el asunto de
los sacerdotes vascos, obligando a Gomá a explicar la
diferencia esencial que existe entre desmanes de una
columna en marcha sobre enemigos capturados con uniforme
y el asesinato de unas monjas que no quieren renegar del
nombre de Cristo. Vidal y Barraquer estaba en línea
distinta: superando con gran nobleza los terrores por los
que pasara, ya ante los verdugos encargados de fusilarle,
volvía a su idea de una negociación que permitiese
alcanzar la paz religiosa. El clero francés se negaba a
ver en Franco otra cosa que un peligroso aliado de
Hitler.
La audiencia fue, pues, sumamente difícil. Apenas
regresado a su domicilio, el cardenal se puso a escribir
un largo informe que el día 15 pondría en manos del
Secretario de Estado. Con él ganó la más importante de
las batallas. La Iglesia -tal era la tesis- no es una
sociedad política sino una comunidad de fieles, Cuerpo
místico de Cristo cuya cabeza es el Papa: no puede andar
perdida por los pasillos de la diplomacia. No se juega en
España una baza política ante la que pudiera permanecer
indiferente: si no se hubiera producido el Alzamiento
militar, ese «Gobierno legítimo» de que hablaban los
franceses sería ahora una dictadura tan comunista como
la de los soviets, y los católicos estarían muertos,
prisioneros o sepultados en las catacumbas. ¿Era esto lo
que deseaba la diplomacia vaticana? Pacelli,
profundamente impresionado, conversó con el Papa y ambos
decidieron que era preciso enviar a Franco un mensaje de
aliento.
Este mensaje fue doble. Por una parte contenía una
petición de paciencia. Aunque la Iglesia «ha de estar
al lado de la autoridad contra la anarquía y de la
religión contra el ateísmo» y por consiguiente apoyaba
sin reservas la obra de restauración religiosa por él
emprendida, un reconocimiento oficial del Gobierno de
Burgos podía tener consecuencias terribles para los
católicos prisioneros o escondidos en la zona roja. El
Papa enviaba al Generalísimo una bendición apostólica
muy especial con indulgencia plenaria, como era norma
otorgar a los antiguos cruzados. Y a Gomá, el 19 de
diciembre, se hizo entrega de una credencial firmada y
sellada en calidad de representante oficioso, lo que
significaba que ningún asunto podía tratarse fuera de
sus manos. Acompañaban a la credencial instrucciones que
coincidían con la estrategia expuesta por el primado:
negociar cada uno de los artículos del viejo Concordato
de 1851 de tal modo que cuando dichas negociaciones
hubiesen terminado, se dispusiera de un texto enteramente
nuevo.
7. Magaz se irrita
La figura del arzobispo de Toledo se realzaba. De hecho,
e incluso después del establecimiento de relaciones
normales, la influencia del primado de España, que se
apoyaba en la conferencia de metropolitanos, sería muy
grande. La obra de Gomá, hombre de paz -de vigorosa paz
distinta del pacifismo- y obispo de plena vocación
pastoral, dejó profunda huella en la vida española.
Pero este éxito no podía dejar de molestar a Magaz, que
se sentía desbordado y fracasado. Sus despachos dan
evidencia de una creciente irritación. El 21 de
diciembre, aun reconociendo que había conseguido
despejar muchas difamaciones en torno a la causa
nacional, denunciaba que el primado no iba por la línea
que él consideraba única admisible, de la vigencia del
Concordato. El 22, cuando supo que habría un
representante oficioso -ignoraba quién era-, dijo que se
trataba de una típica trampa vaticana, que seguía
manteniendo en Madrid la nunciatura con un secretario,
monseñor Sericano. Luis de Zulueta, instalado ahora en
París, seguía titulándose embajador de España ante la
Santa Sede. De modo que la Secretaría de Estado había
conseguido aquello que más le complacía, disponer de
observadores en ambas partes y no comprometerse con
ninguna.
Para Magaz, que parece haber tenido en todo momento
información deficiente, todo era consecuencia de «la
política que ha desarrollado la Acción Católica,
siguiendo las inspiraciones del Vaticano y del nuncio,
monseñor Tedeschini, hoy cardenal, iniciada ya en los
últimos tiempos de la Monarquía en España, la
política en una palabra de la democracia cristiana que
tanto ha contribuido al derrumbamiento de España». Para
los monárquicos de tendencia tradicionalista cuanto no
significara el retorno a la alianza entre el Altar y el
Trono, era recusable. Había que exigir el
restablecimiento del Concordato de 1851 y mostrarse
inflexibles. Unos días después, al saber que el
representante oficioso era Gomá, el diplomático tuvo
que arrepentirse de algunos de sus juicios. Pero no se
pudo ya conseguir que Pacelli modificara el deplorable
concepto que Magaz le merecía.
8. Término de llegada: la entrevista del 29 de diciembre
En estos breves apuntes, limitados estrictamente al año
1936, el mes de diciembre señaló un término de
llegada: reconocimiento oficioso del Alzamiento. Tal
situación se prolongaría hasta marzo de 1937, en que se
hicieron públicas las dos encíclicas que condenaban los
dos totalitarismos, el nazi y el soviético. Pío XI, en
la bendición antes mencionada, usaba una frase -«a
Franco lo mismo que a cuantos contribuyen a la obra de
salvación del honor de Dios»- que permite referirnos a
Santo Tomás Becket. No está de más recordar que en la
catedral de Toledo, y por iniciativa de la reina Leonor,
hija de Enrique II, se había edificado la primera
capilla del mundo en honor de este santo. Tal indulgencia
no mencionaba al Gobierno, pues en la mente del Papa
seguían pesando los riesgos de una desviación. Había
una especie de rumor que iba a persistir en los pasillos
vaticanos. Gomá estaba convencido de que en Franco se
podía confiar, pero ¿después?...
En su mensaje de Navidad, el Papa aprovechó muchos de
los argumentos que le proporcionara el primado español:
allí en donde el marxismo se impone, directa o
indirectamente, el cristianismo, toda religión, son
inmediatamente desarraigados. Un día antes, el 29 de
diciembre, Franco había recibido a Gomá en su
condición de «representante oficioso». El
Generalísimo adquirió, en este encuentro, algunos
compromisos muy serios de los que es preciso reconocer
que no se apartó. Todas las libertades y prerrogativas
tradicionalmente reconocidas a la Iglesia en España
serían respetadas; para que no hubiera duda se ofreció
a negociar con las autoridades eclesiásticas, en lo
venidero, cualquier disposición gubernamental que de
algún modo afectara a la Iglesia. Al tratar del tema de
monseñor Pildain, vetado por el Gobierno del Frente
Popular, dijo que «habida cuenta de que no aparecen
contra él cargos probados de carácter político y
haberse hecho el nombramiento con anterioridad al actual
Movimiento Nacional», sería reconocido obispo de Las
Palmas con todas sus consecuencias. Monseñor Pildain no
se consideraría luego obligado a manifestar ninguna
gratitud por este gesto. En relación con el clero vasco
y el asunto de monseñor Múgica -cuestión que se
revestiría de nueva virulencia al conocerse los
asesinatos de sacerdotes no nacionalistas en Bilbao, el 4
de enero siguiente- recomendó Franco que se prolongara
la ausencia del obispo; estaban demasiado exaltados los
ánimos y no le era posible garantizar el debido respeto.
Cuando Gomá le comentó que el gobernador civil de
Guipúzcoa, por su propia cuenta, estaba expulsando de
aquella provincia a los sacerdotes tildados de
separatistas, Franco, que comenzó negando los hechos,
aceptó la fórmula propuesta por el propio cardenal: que
él, en cuanto representante de la Santa Sede, junto con
el ordinario, en este caso administrador, de la
diócesis, estudiase qué casos debían ser objeto de
excardinación. De nuevo, y con más énfasis que en la
primera entrevista, repitió el Generalísimo que todas
las leyes contrarias a la Iglesia iban a ser cambiadas y
que se buscaría la orientación de la jerarquía en
todas aquellas cuestiones que pudiesen afectar a la vida
religiosa. Esto es lo que, en nuestros días, sin duda,
se presenta como nacional catolicismo, sometimiento del
orden jurídico a los principios defendidos y sostenidos
por la Iglesia. Y se considera un mal. No corresponde al
historiador formular, al respecto, ninguna clase de
juicio de valor.
De esta gestión, primera toma de postura de la Iglesia
en relación con el Alzamiento, dio cuenta Gomá a todos
los obispos residentes en España o en el extranjero, en
un despacho que rebosaba satisfacción y contenía
también una advertencia: que nadie se engañara, pues el
camino iba a ser largo y difícil. Entre las cartas de
respuesta, todas positivas, me parece que es necesario
destacar la del cardenal Vidal y Barraquer: rogaba al
primado «se digne expresar, verbal y reservadamente,
sólo a la persona cerca de la cual ejerce su misión
altísima mis salutaciones y homenajes de simpatía y
afecto y mis sinceros votos de que se logre cuanto antes
alcanzar y establecer en nuestra España una paz sincera
y perdurable». Y concluía: «Ruego a Dios por el
triunfo de la causa de la Iglesia». Es importante
destacar las frases. También el cardenal de Tarragona,
en el exilio, era consciente de que se estaba librando la
causa de la Iglesia.
Un Ejército que pretende luchar dentro de estas
coordenadas necesitaba de asistencia religiosa. De modo
que se dió prioridad al tema del apostolado castrense.
El 3 de enero de 1937, al tiempo que encargaba esta tarea
a don Gregorio Modrego que estaba actuando ya como una
especie de obispo en la sombra de ese Madrid que alentaba
en medio de las ruinas- nombrándole vicario general,
Gomá advertía al Cuartel General que no tuviera prisa:
era preciso hacer las cosas bien. Como explicaría
directamente a Franco antes del 25 de febrero de 1937,
ese hacerlo bien significaba, en su conciencia, reservar
a Roma la última decisión en cuanto a seleccionar el
clero castrense, porque tenía que ser de alta calidad. Y
entonces la Junta Técnica se enfadó. Bajo el impacto de
los despachos de Magaz quería que se mantuviera lo
previsto en el Concordato. Gomá tuvo que acudir a Franco
para que éste diera la orden. El 6 de mayo la Junta
tendría que reconocer Vicario ad interin a Modrego.
No es necesario seguir. Interrumpo este relato en una
fecha en que muchas cosas habían cambiado ya: la Iglesia
no estaba únicamente en el espacio dominado por estos
«cruzados de la Causa» como podría llamarlos Valle
Inclán: en el silencio de la noche despertaba y en las
grandes ciudades como Madrid y Barcelona se celebraban
secretamente misas, se escuchaba la palabra de Dios, se
impartían los sacramentos. Desde luego, no iba a ser
vencida.
Luis Suárez Fernández
1 De Lizarza, F.: «Cómo se instrumentó el
alzamiento de 1936», en Navarra. Guerra y paz cincuenta
años después, Madrid, 1986, págs. 151-163.
2 Seguimos constantemente el trabajo de G. Redondo,
Historia de la Iglesia en España (1936-1939), II,
Madrid, 1939.
3 Guerra Campos, J.: La Iglesia en España
(1936-1939), págs. 440-441.
4 Montero, A.: Historia de la persecución religiosa
en España, Madrid, 1961, pág. 55.
5 El texto íntegro publicado por M. Luisa
Rodríguez Aisa, El cardenal Gomá y la guerra de
España, Madrid, 1981, págs. 371-378.
6 Olábarri, I.: La cuestión regional en España
(La España de las Autonomías, 1981).
7 No es esta cuestión que debamos tratar aquí.
Quien desee conocer más detalles puede hallarlos en J.
Tusell y G. GarcÍa Queipo de Llano, El catolicismo
mundial y la guerra de España, Madrid, 1933, págs.
96-124.
8 Dos testimonios irrefutables recogidos por A.
Granados en su biografía sobre Gomá y por L. Moreno
Nieto, Franco y Toledo, Toledo, 1972, págs. 188 y ss.
9 Marquina, A.: La diplomacia vaticana y la España
de Franco (1936-1945), Madrid, 1983, págs. 47-49.
10 Este artículo se apoya fundamentalmente en las
obras mencionadas de Rodríguez Aisa y de Marquina,
evitando repetir citas innecesarias.
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