Razón Española, nº 103; Los crímenes de la guerra de España

pag. principal Razón Española

Los crímenes de la guerra de España

Por Pío Moa

Lenguas y unidad nacional según Mella indice Informe sobre los textos de historia de enseñanza media

Los crímenes de la guerra de España

El siglo XX se inauguró con la invención de los campos de concentración, organizados por los británicos durante la guerra de los boers. En ellos fueron encerrados decenas de miles de mujeres y niños, tras ser despojadas sus familias de sus bienes, y a menudo incendiadas sus casas. La mortandad por agotamiento y maltrato fue muy elevada, y alzó una ola de indignación en Europa, indignación que no iba a impedir un próspero y tétrico futuro para esas instituciones.

Este siglo ha alcanzado, muy posiblemente, las más altas cotas de la historia en criminalidad de guerra. Muy groso modo, la proporción de bajas civiles respecto de las militares ofrece un buen indicio de la magnitud de estos crímenes en el siglo recién concluido. Así suele estimarse que de la I a la II Guerra Mundial el porcentaje de víctimas civiles saltó de acaso un 20 a un 50 por 100 o más, y ha seguido aumentando en las guerras subsiguientes como las de Argelia, Vietnam, etc. Aunque, obviamente, no todas las bajas civiles entran en esa categoría, y sí lo hacen muchas bajas militares: suelen considerarse crímenes de guerra los ataques deliberados a la población no combatiente, los asesinatos de retaguardia, el exterminio de prisioneros, el uso de armas de acción indiscriminada y especialmente destructiva, etc.

Los sucesos de la guerra civil española deben contemplarse en este marco histórico, si bien con rasgos especiales. Aquí hubo pocas víctimas civiles de bombardeos, o prisioneros exterminados por hambre y brutalidades. En cambio fue muy alto el número de asesinatos por motivos ideológicos.

Los bombardeos terroristas sobre la población civil repugnan especialmente, por implicar poco riesgo y aniquilar sobre todo a niños, mujeres, ancianos y trabajadores ajenos a la acción bélica. Un tópico archirrepetido presenta la contienda española como el ensayo sistemático de este tipo de crimen, pero las cifras no autorizan tal presunción: unos 15.000 civiles muertos en casi tres años y en centenares de acciones tanto por accidentes como en acciones deliberadas. El máximo de víctimas en un solo ataque (unas 800) correspondió a Barcelona, al caer una bomba sobre un camión de municiones, que magnificó la explosión (1).

Contra lo que suele decirse fue el Frente Popular el iniciador de estos bobardeos, de los cuales se jactó en numerosos partes de guerra, siendo Oviedo y Huesca las ciudades más masacradas. El mando nacional los prohibió, aunque no siempre. Pese a ello, los populistas denunciaron a todos los vientos los bombardeos nacionales, con el eco de escritores tan influyentes como Hemingway, sobre todo durante la batalla de Madrid (2). Allí, la Legión Cóndor fue autorizada a esos ataques, que en diez días causaron 244 muertos y 303 edificios destruidos o muy dañados. Guernica marcó otro hito, más que por los muertos -unos 120, como prueba la investigación, no superada, de Jesús Salas Larrazábal-, por su efecto internacional3. Habitualmente se citan para Guernica trece y hasta treinta veces más víctimas que las reales, siguiendo a la prensa conservadora inglesa, que buscaba, probablemente, impresionar a la opinión pública británica, influida por el pacifismo laborista, para que aceptase la necesidad del rearme frente a Alemania )4).

Estos hechos no admiten comparación con los bombardeos terroristas de la II Guerra Mundial, en los que destacaron norteamericanos e ingleses, mitificadores, por paradoja, de Guernica. Ambos multiplicaron casi por mil la mortandad de Guernica en sus gigantescas incursiones sobre los suburbios de Tokio o sobre Dresde, y lanzaron decenas de otras acciones de exterminio contra poblaciones, aparte de las bombas atómicas. Si bien el método lo iniciaron los nazis, también es cierto que éstos encontraron discípulos en extremo aventajados, y que los norteamericanos no pueden alegar el argumento inglés sobre quién empezó.

Otro crimen típico fue el asesinato de presos y prisioneros. El más masivo fue el de Paracuellos del Jarama, durante la batalla de Madrid, y también fue muy sangrienta la represión inicial en Badajoz, aunque más que dudosa la matanza indiscriminada de que suele hablarse (5). En los campos de concentración durante el conflicto, y en la inmediata posguerra, menudearon los malos tratos y la escasa alimentación, ocasionando un número de muertos difícil de estimar, quizá entre diez y veinte mil.

Estas atrocidades, con todo su horror, tampoco llegan a ser un precedente de lo ocurrido durante la guerra mundial, cuando masas de prisioneros fueron eliminadas por hambre, tratos brutales y trabajo agotador. Suele calcularse que los alemanes acabaron así con entre dos y cuatro millones de soldados soviéticos, y éstos con dos millones de alemanes. Tema apenas tratado ha sido el del exterminio de prisioneros en los campos franceses y norteamericanos. En su libro Other losses, el historiador canadiense James Bacque da la cifra, difícil de creer, de un mínimo de 850.000 prisioneros alemanes así aniquilados (6).

Tampoco tiene parangón en España el asesinato de seis millones de judíos, además de gitanos y otros, en los campos de concentración de Hitler. Crimen que en rigor no fue de guerra, pues ni los judíos ni las otras minorías habían declarado la guerra a Alemania. Se trató de uno de los genocidios más espeluznantes de la historia, hijo de las razones ideológicas.

El crimen practicado con preferencia en España consistió en el asesinato de enemigos políticos en la retaguardia, una «limpia», como se la llamó, hecha con saña por uno y otro bando. El tema, especialmente siniestro, conserva en parte, aun hoy, el carácter polémico y confuso que le prestó la propaganda. Ese terror dio a los contendientes una poderosa argucia para descalificar al adversario como esencialmente criminal, y para aplicarle la misma represalia. Y volvió más tenaz la lucha, por la seguridad de que quien venciese ejecutaría una cumplida venganza. Prieto lo anunció tres días antes de la sublevación: «Será una batalla a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel». Es evidente que se trató de una explosión del odio ideológico acumulado desde muy pronto en la República, y especialmente desde el año 1934, cuando se sublevaron el PSOE y los nacionalistas de izquierda catalanes, y más todavía en los meses siguientes a las elecciones del 36, como hemos visto (7).

En ese ambiente, no ya enrarecido, sino enloquecido, cada parte exageró sin tasa la barbarie del contrario. Al final de la guerra Franco creía que sus enemigos habían sacrificado a 400.000 personas. La investigación oficial de posguerra, la «causa general» bajó el número a 86.000, para decepción de quienes deseaban mayor excusa a su ansia vengativa. Y aun había de bajar bastante, pues muchos nombres aparecían repetidos en varios registros. Pero en cuanto a exagerar, los republicanos superaron a sus contrarios. Todavía en un libro publicado en 1977, Vidarte considera «quizá» exagerada la cifra difundida por el novelista R. Sender, de 750.000 ejecuciones de izquierdistas hasta mediados del 38, y atribuye unas 150.000 a Queipo de Llano en su zona de Andalucía sólo hasta principios de dicho año, o suma 7.000 en Vitoria (ciudad de 43.000 habitantes). Si fuera cierto, los nacionales habrían matado a no menos de un millón de izquierdistas, incluyendo 200.000 en la posguerra, cuentas que darían visos de realidad a la propaganda del Frente Popular, según la cual Franco planeaba exterminar literalmente a los trabajadores. En 1965 Jackson no dudaba en cargar 400.000 muertes a la represión franquista, aunque posteriormente las redujo a la mitad. Tamames hablaba, en 1977, de 208.000. Preston, en su biografía de Franco, de 1993, repetía el bulo de las 200.000 ejecuciones sólo en la inmediata posguerra. Estas desmesuras, típica arma de propaganda bélica, pierden toda justificación en la paz, salvo que se pretenda alimentar un espíritu de guerra civil (8).

En ese maremagnum empezó a poner orden, en 1977, Ramón Salas Larrazábal, el primero en abordar de forma seria el asunto, apartándolo de la propaganda e introduciéndolo en la historiografía. En su concienzudo estudio Pérdidas de la guerra, Salas empieza metódicamente por demostrar la inconsistencia de los cálculos vistos, y de otros aportados por historiadores franceses. Calcula luego la magnitud global de la mortandad en la guerra, mediante un detenido análisis de las estadísticas demográficas y teniendo en cuenta las deficiencias del censo de 1940. Esta aproximación global tiene el mayor interés, pues marca ciertos límites máximos y descarta numerosas fantasías. De otro modo, el único método posible consistiría en acumular testimonios documentales, orales, rumores, etc., con obvia imposibilidad de comprobarlos fehacientemente (9).

Según las diferencias de población, las víctimas de la guerra tenían que ascender a unas 625.000, incluyendo las causadas por combates, represión, enfermedades, ejecuciones de posguerra, maquis y participación en la II Guerra Mundial. Si excluimos las de posguerra (159.000 por enfermedad, 23.000 por ejecuciones y 10.000 por el maquis y por la guerra civil), la cuenta se reduce a 433.000. De ellas, 165.000 se deben a enfermedades, con lo que las muertes violentas sumarían unas 268.000. Computados con bastante seguridad los caídos en combate (unos 160.000), quedan las víctimas de la represión, que rondarían las 108.000. Cifras aproximadas, pero orientadas correctamente, incomparablemente más correctas que las hasta entonces manejadas. Salas, pues, introdujo la cuestión en el ámbito del debate racional (10).

En cuanto a la distribución de ejecuciones y asesinatos, Salas estima en 72.500 los realizados por el Frente Popular, y 58.000 por los nacionales (incluyendo 23.000 en la represión de posguerra). Otro dato es que el 95 por 100 de los muertos serían varones, salvo en Barcelona, donde la proporción femenina más que dobló la normal en el resto de la zona populista: 13,05 por 100 frente a un 6,32 por 100 en Valencia. La proporción sería menor aún en la zona nacional.

Salas funda estos datos en los del Movimiento Natural de la Población y en un muestreo en los registros municipales. Para ello supuso que todas las víctimas habían sido registradas (con bastante posterioridad al conflicto muchas de ellas), y que las inscripciones en los registros habían sido hechas de manera correcta. Estos supuestos han sido severamente criticados por varios autores (11), pero no parece fácil que las críticas alteren en lo fundamental las cifras de Pérdidas de la guerra.

Sin embargo, aun si los datos de Salas hubieran de ser corregidos con cierta amplitud, no hay duda de que su investigación introducía por primera vez, como hemos dicho, el rigor científico en cuestión tan vidriosa. Ahora bien, este decisivo mérito, a cuyo reconocimiento obliga la honradez intelectual, ha sido despreciado en bastantes medios, proclives, en cambio, a creer fantasías que apoyen sus ideas previas. De lo vivas que en esos medios continúan las pasiones da idea la acogida a Pérdidas de la guerra, obra silenciada en lo posible o atacada con lenguaje reminiscente de las viejas contiendas, impidiéndose al autor la réplica en ciertas publicaciones (12). Parece que la guerra no acaba de entrar en el campo del estudio desprejuiciado y sereno.

Así las cosas, en 1999, veintidós años después del libro de Salas, ha salido otro, intensamente promocionado, de los estudiosos Julián Casanova, José María Solé, Joan Villaroya y Francisco Moreno, coordinados por Santos Juliá y titulado Víctimas de la guerra civil (aunque trata sólo las víctimas de la represión). Vale la pena compararlo con el anterior para constatar cómo no siempre el paso del tiempo mejora la historiografía.

Las tesis básicas de Víctimas son:

a) El terrror desplegado por el Frente Popular fue una respuesta al de los sublevados.

b) Fue un terror popular y en gran medida espontáneo.

c) Su responsabilidad última y definitiva recae sobre los franquistas, que lo provocaron al alzarse contra la legalidad republicana y democrática.

d) Las víctimas del franquismo fueron muchas más (en torno al triple) que las causadas por la república.

Estos asertos, nada nuevos, son, precisamente, los de Vidarte, elaborados por la propaganda republicana ya durante la guerra. Si fueran veraces, la represión populista tendría toda clase de atenuantes -en rigor, no podría hablase de crímenes, sino apenas de excesos-, mientras que la represión contraria cargaría con todos los agravantes posibles. Sin embargo, el examen de los hechos muestra una realidad algo diferente.

¿Fue el frentepopulista un terror «de respuesta», como asegura Víctimas? J. Casanova lo expresa así: «Para respuesta brutal, la que se dio contra los militares sublevados que fracasaron en su intento, y a quienes se consideraba responsables de la violencia y la sangre que estaba esparciéndose por ciudades y campos de la geografía española» (13). La tesis tiene suma importancia, pues claro está que a quien se ve agredido y con su vida en peligro no puede exigírsele un ánimo tranquilo y ponderado, sino admitir que reaccione con lógica y justificable furia. Pero, como creo que ha quedado claro en estas páginas, el terror populista tenía unas raíces propias y nada debía a las violencias franquistas. Fue practicado ya desde 1933 y sobre todo en 1934 y después de las elecciones de 1936, y nacía de una propaganda que cultivaba abiertamente el odio como una imprescindible virtud revolucionaria. Hemos visto el papel crucial que desempeñó la campaña sobre la represión en Asturias, eje de la política de las izquierdas hasta las elecciones de 1936 y aun después. Si el terror populista respondió a algo, fue justamente a esa propaganda martilleante, y Besteiro sabía de qué hablaba al prevenir contra aquellas prédicas que, a su entender, «envenenaban» a los trabajadores y preludiaban la mantanza. Un estudio que olvide estas cosas queda también privado de cualquier rigor historiográfico.

Ese odio se manifestó en la primera mitad de 1936 en forma de varios cientos de asesinatos, en su mayoría cometidos por fuerzas afectas al Frente Popular, y en la destrucción de innumerables iglesias, obras de arte, asaltos a locales y prensa derechista, etc., no correspondidos por las derechas. Al estallar la guerra y derrumbarse los restos de legalidad republicana debido al reparto de armas a los sindicatos, ese ambiente se transformó en terror masivo, y la ola de incendios y asesinatos comenzó el mismo 18 de julio, sin aguardar noticias fehacientes de la represión en el campo contrario. Los dos bandos actuaban, ante todo, porque consideraban llegada la hora de una «limpieza» definitiva. El terror ha sido un rasgo acentuadísimo en todos los países y momentos en que se han desatado revoluciones socialistas o anarquistas, y España no fue excepción.

En cuanto a la derecha, el examen de su prensa y documentación a lo largo de la república no muestra, ni en intensidad ni en sistematicidad, y salvo excepciones, una comparable incitación al odio. Parece más veraz, entonces, sostener que si hubo un terror «de respuesta» éste fue más bien el de las derechas frente al que sus adversarios venían predicando y ejerciendo durante más de dos años, con numerosísimos atentados, incendios y amenazas, y una insurrección que en 1934 causó 1.300 muertos.

También alentó esas conductas la creencia -que ahuyentaba el escrúpulo o el remordimiento-, en una pronta derrota de los franquistas. Como por entonces escribía Araquistáin a su hija, «la victoria es indudable, aunque todavía pasará algún tiempo en barrer del país a todos los sediciosos. La limpia va a ser tremenda. Lo está siendo ya. No va a quedar un fascista ni para un remedio (14)». Idea sin duda muy generalizada.

El carácter «popular» de la represión republicana tiene similar sustancia propagandística: el lector tiende a alinearse instintivamente con «el pueblo», aunque sea «el pueblo en armas», como reza un epígrafe de Casanova. Así, los crimenes populistas constituirían una especie de «justicia popular», justicia histórica, acaso irregular y brutal, pero explicable y en definitiva justificable, máxime si era una respuesta a las fechorías contrarias. Esta idea, que empapa el libro citado, la exponen francamente en otro lugar dos de los autores, J. Villarroya y J. M. Solé: «La represión ejercida por jornaleros y campesinos, por trabajadores y obreros y también por la aplicación de la ley entonces vigente, era para defender los avances sociales y políticos de uno de los países con más injusticia social de Europa. Los muchos errores que indudablemente se cometína, pretendían defender una nueva sociedad. Más libre y más justa. La represión de los sublevados y de sus seguidores era para defender una sociedad de privilegios» (15). Estas frases renuevan el tono bélico, aunque mencionen «errores», bien comprensibles dadas las circunstancias. De ahí a gritar «¡Bien por la represión contra los explotadores!» no media ni un paso, pues la conclusión está implícita.

Claro que con ello Solé y Villarroya identifican al pueblo -¿y en cierto modo a sí mismos?- con la minoría de sádicos y ladrones (los crímenes solían acompañarse de robo) que al hundirse la ley obraron a su antojo (16). Ejercieron el terror popular los partidos y sindicatos, y dentro de ellos sujetos politizados y fanáticos, a veces también delincuentes comunes liberados por aquellos. No fue el pueblo, ciertamente. En las elecciones del 16 de febrero, los votantes se dividieron mitad por mitad, aparte un tercio de abstenciones, no identificables con ningún bando. Sólo apoyaba al Frente Popular, pues, una fracción del pueblo, alrededor de un tercio, y es probable que esta proporción disminuyese en los meses siguientes a las elecciones. Desde luego, ni siquiera ese tercio fue el que tomó las armas, sino, básicamente, los miembros de las organizaciones obreristas, de los cuales sólo una minoría, a su vez, cometió atrocidades: los que permanecieron en retaguardia, más bien que los que marcharon a los frentes.

Lo mismo vale el tópico de la espontaneidad. Nada de espontáneo tuvo el largo e intenso cultivo de una propaganda irreconciliable, llegada al paroximo ante la sublevación del 36, como refleja la prensa republicana de entonces. La rabia, apenas contenida durante meses, se desató por fin gracias al reparto de armas, acuerdo político con efectos de sobra previsibles. No sin razones de peso rechazó Casares el reparto mientras tuvo fuerzas. La decisión de armar a los sindicatos hace al último gobierno republicano, el de Giral, plenamente responsable de sus consecuencias, tanto si éstas se tienen por buenas (así lo pensaron y lo piensan muchos políticos e historiadores), como si se las juzga nefastas. Pero, además, ocurre que el terror fue organizado por los organismos oficiales del gobierno Giral, en rivalidad con los partidos y sindicatos del Frente Popular. Así aparece con claridad en la lista de «checas» que ofrece Javier Cervera en su documentado libro Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1926-1939. La «checa de Fomento», «la más importante de Madrid y sólo su mención producía escalofríos a los madrileños», fue montada por el director general de Seguridad de Giral. La disolvió Santiago Carrillo en noviembre, y no precisamente para disminuir el terror. La «checa de Marqués de Riscal» funcionaba bajo los auspicios de la Primera Compañía de enlace del Ministerio de Gobernación. Otras checas tenían carácter anarquista, comunista o socialista, y a menudo se interrelacionaban entre sí (17).

La tesis de que la responsabilidad de las atrocidades, incluso las realizadas por los republicanos, recae sobre los rebeldes, ya que éstos se habrían alzado, sin la menor justificación moral y política, contra una legalidad democrática y normal, es otra forma de decir lo anterior. En referencia tanto al golpe de Primo de Rivera en 1923 como al de julio del 36, S. Juliá dice: «La historia comienza realmente cuando los militares vuelven a intervenir en el normal desarrollo de la política con el propósito de imponer por las armas un cambio de Gobierno» (18). Definir como «normal desarrollo» la política española después de las elecciones de 1933, y sobre todo después de febrero del 36, debe ser una humorada. Hay que esperar que el propio Juliá no desee una vuelta de España a tales normalidades.

Vale la pena observar que casi todos los historiadores y políticos que defienden con puntillosidad extrema la legalidad republicana de 1936, muestran total desprecio por esa misma legalidad cuando se trata de la revolución de 1934, muy justificada a su entender. Pero todo indica que, desde ésta última, aquel régimen no volvió a ser normal: quedó tambaleante, y los hechos siguientes lo llevaron al colapso. Madariaga ha escrito que con la insurrección de Asturias las izquierdas habían perdido cualquier derecho moral a condenar el alzamiento derechista de 1936, pero hay que añadir que no sólo porque fueran las izquierdas las que empezaron a dinamitar la legalidad, sino, sobre todo, porque no cejaron luego en su actitud. ¿Puede escribirse la historia olvidando estos desarrollos?

Los autores de Victimas van más allá. Admiten que en julio del 36 se produjo una revolución en la zona populista, pero no ven en ella nada irreparable: la república del 14 de abril se habría rehecho a los pocos meses, cuando Largo Caballero sustituyó a Giral: «El golpe no derribó al Estado republicano, pero (...) destruyó su cohesión y le hizo tambalearse», opina J. Casanova; y detalla S. Juliá: «No es que la República quedara liquidada, sino que su Gobierno carecía de los recursos necesarios para imponer su poder, que se dispersó(sic) entre las manos de los comités sindicales (...). Sólo lentamente, y tras levantar de la nada un ejército en toda regla, pudo el Estado republicano recomponerse» (19). Ese ejército, el verdadero órgano de poder y única gran institución que funcionó con eficacia en el Frente Popular, era abiertamente político, y sin nada o casi nada en común con el que diseñó Azaña. Hay algo de extravagancia y de insulto a la inteligencia en la pretensión de que el régimen del 14 de abril fue recompuesto en septiembre o noviembre del 36 gracias a los esfuerzos conjugados de anarquistas -inconciliables con la república, a la que asestaron gravísimos golpes desde su implantación-, los socialistas -que hicieron otro tanto a partir de 1934-, o los comunistas, simples peones de Stalin como ha quedado demostrado desde la izquierda y desde la derecha; sin olvidar a la Esquerra catalana, coautora del golpe revolucionario de 1934. Santos Juliá y sus compañeros no vacilan en presentar a esos partidos como ardientes paladines de la democracia, quizá porque sea ése el tipo de democracia con que ellos simpatizan. Pero los tozudos hechos demuestran que la revolución de julio del 36 destruyó a la República en tal medida que el gobierno de Giral quedó como un simple adorno, y cuando en septiembre surgió un gobierno adecuado a la realidad, sus fuerzas determinantes eran precisamente las que con mayor insistencia y dureza habían vapuleado a la república los años anteriores.

El gobierno de Largo, que sucedió al de Giral, significaba el intento de asentar un nuevo régimen, no la república del 14 de abril. Necesitado de imponer su autoridad y consciente del enorme perjuicio moral que fuera de España le estaba causando la oleada represiva, procuró racionar ésta y someterla a trámites jurídicos. El fenómeno ocurrió en los dos campos después de la feroz siega de verano y otoño del 36, cuando cayeron la mayoría de las víctimas de uno y otro color. Ello no impidió que hasta el final mismo de la contienda siguiesen siendo frecuentes los asesinatos y muy discutible la legalidad de muchas ejecuciones, también en los dos bandos.

¿Cómo se distribuyeron las ejecuciones y asesinatos entre las partes? El estudio de Salas, pese a la hostilidad con que fue acogido por historiadores apasionados y de dudosa solvencia -aunque a menudo influyentes-, ha pesado por fuerza en los investigadores posteriores, destruyendo las exageraciones tradicionales. Aun así, a partir de él se desató en diversos sectores una carrera por recontar las víctimas y probar que en realidad los nacionales habían matado en retaguardia más que los populistas. Víctimas, en concreto, reduce las causadas por los populistas a 50.000 (72.000 en Salas), y aumenta las de los nacionales a unas 150.000 (58.000 en Salas), lo que hace sumando resultados obtenidos a menudo con métodos dudosos (informes orales, rumores, etc.) y sumando los obtenidos en diversas provincias, cuando es frecuente la doble contabilidad, al estar registrada una misma persona en la localidad de su ejecución y en la de su nacimiento. El investigador don Martín Rubio ha echado por tierra esas cifras y, más comedido, calcula en 60.000 las víctimas populistas y en 80.000 las de sus contrarios, cifras siempre aproximadas y nunca del todo concluyentes (20).

La dificultad para establecer los datos precisos es muy grande, pues las estadísticas demográficas dejan un cierto margen de error, y el recuento caso por caso se funda a menudo en rumores o testimonios dudosos. Además, no son cifras bien comparables, porque la represión frentepopulista sólo pudo afectar a algo más de la mitad del país, en disminución según avanzaba la guerra, mientras que la contraria se extendió por el país entero, lo que significa menos víctimas relativas. También resulta incomparable la represión de posguerra, al verse los populistas imposibilitados de ejercerla. Cabría presumir que tampoco la hubieran ejercido de ser ellos vencedores, pero la presunción es más que aventurada si tenemos en cuenta los precedentes, las ideas de «limpieza» con que se planteó ya la insurrección del 34, y la llamada permanente al odio, mucho más masiva y tenaz que las ocasionales apelaciones de Azaña y otros a la piedad y el perdón.

Al establecer las cifras se detecta otro fallo importante en Víctimas, que pinta un cuadro, perfectamente irreal, de básica armonía entre los republicanos, y dedica muy escasa atención al terror desatado entre ellos mismos. Ese terror dejó, sin embargo una trágica carga de torturas y muertes, con frecuencia encubiertas con bajas en el frente o en intentos de deserción. Por ejemplo, el SIM (Servicio de Información Militar), fundado por Prieto y dominado por los comunistas y un sector socialista, destacó como una maquinaria especialmente cruel y mortífera, según testimonios anarquistas y socialistas. Véase, por contraste, cómo lo enfocan Solé y Villarroya: El SIM «ha sido juzgado de forma crítica incluso desde el propio sector republicano, pero lo cierto es que logró desenmascarar y desarticular casi todas las redes quintacolumnistas, o las dejó semiparalizadas. Sus éxitos se deben a la incorporación de técnicas rusas de contraespionaje, a la utilización de elementos tecnológicos innovadores en su tiempo, a la adecuada selección de personal policial y, quizá lo más importante, al uso del terror. En conclusión, técnica y terror al servicio judicial» (21). Descripción eufemística y burocrática donde las haya, en la línea, muy stalinista, de recalcar la eficacia. Pero si diversos republicanos, juzgaron al SIM y «de forma crítica», como dice también eufemísticamente, no se debió a sus éxitos contra la quinta columna, sino al uso de una extraordinaria brutalidad y provocación contra otros frentepopulistas, de la que hay casos significativos.

En fin, me inclino a creer básicamente correctos los datos de Salas, aun considerándolos más inseguros de lo que él los creyó. Pero sean cuales fueren los datos precisos, sabemos con certeza que en una y otra zona el terror fue masivo. Si resultase que uno de los bandos hubiera asesinado poco y el otro mucho, ello sería un poderoso argumento histórico, moral y político en favor del menos sanguinario. pero tal cosa no ocurrió. De ahí que sea escaso el valor historiográfico de esta carrera por demostrar quién derramó más sangre, y desproporcionada la energía que le han consagrado tantos estudiosos. Lo cual sugiere que en esa pugna ha influido menos el deseo de clarificar la historia que una motivación de otra de índole: política y propagandística. En contraste con los autores de Víctimas, Salas, bien consciente de una realidad lo bastante horrible, imposible de justificar con argumentos morales o políticos, no utiliza sus cálculos para disimular o justificar la represión nacional. Si alguna lección extrae es una llamada a la reconciliación: «Todos tenemos mucho de qué avergonzarnos y muy poco que reprocharnos» (22) en su conclusión, con la que nadie medianamente objetivo puede estar en desacuerdo. Actitud muy distinta, como digo, de la de Santos Juliá y sus compañeros, que justifican la represión izquierdista al extremo de cargar su responsabilidad sobre el bando contrario, en una retórica que quiere mantener la llaga en carne viva.

Sean cuales fueren sus inexactitudes o errores, Pérdidas de la guerra fue un trabajo científico y pionero, mientras que Víctimas tiene un carácter diferente. Ello se percibe desde el mismo lenguaje, sobrio, ponderado, cuidadoso de los posibles fallos u objecciones a su método, en el primer libro; apasionado en extremo, a menudo panfletario en el segundo. Y no es que un historiador deba ocultar su idignación ante sucesos crueles o injustos, pero cabe dudar de la sinceridad del sentimiento cuando el mismo se esfuma ante hechos semejantes si los comete el bando con que el historiador simpatiza.

Ya la portada de Víctimas busca un impacto político: un grupo de prisioneros atados y humillados entre soldados franquistas que les apuntan con fusiles. Ya la frase con que empieza el libro: «¿Cómo fue posible tanta crueldad, tanta muerte?», suena falsa en un historiador, que por su oficio sabe que la crueldad y la muerte están demasiado presentes en la historia de todos los países como para afectar tan especial aflición en este caso. Aunque el libro admite -no podría dejar de hacerlo sin desacreditarse por completo-, la ola de sangre causada por los republicanos, el relato de la crueldad y la muerte se centra con total preferencia en los franquistas, y lo hace con métodos típicos de la propaganda: sus crímenes son expuestos con constantes detalles personales y macabros, destinados a impresionar al lector desprevenido. El método sería admisible si lo aplicaran también a los crímenes contrarios, pero de éstos se habla en un estilo impersonal y general, y en un marco de esencial justificación.

El sectarismo llega al extremo de que las víctimas republicanas reciben constante encomio, mientras las otras llegan a ser tratadas con verdadero escarnio. Así, Maeztu es «el intelectual de mayor prestigio que pudieron pasear como mártir los franquistas». Cabe destacar que las derechas en España han condenado el asesinato de García Lorca y se han sumado a las conmemoraciones del autor, mientras que nada parecido han hecho las izquierdas con Maeztu o Muñoz Seca; todo lo contrario. De Ledesma Ramos dice el libro: «el magro pensamiento fascista español (el autor parece creer que el pensamiento socialista o republicano era muy fértil) andaba necesitado de mitos, de jóvenes fogosos caídos por la Patria en la flor de sus vidas». Como si su asesinato hubiera respondido a tal supuesta necesidad. José Antonio resulta «el más insigne de los asesinados por los rojos, el mártir de la Cruzada, el «ausente» en cuyo honor se levantaron edificios, a la vez que se designaba con su nombre cientos de calles, plazas y escuelas». Y lo caracteriza como jefe del «partido que mejor incorporó la violencia a su retórica y más la practicó en la calle en la atmósfera cargada de la España de los años treinta». «En el mes que siguió a las elecciones (de febrero del 36) él y su partido calentaron el ambiente, inyectándole buenas dosis de violencia política». La conclusión lógica de un lector que sólo tenga informes como los de este libro será: ¿por qué no había entonces de ser ejecutado José Antonio, y más en situación de guerra? Claro está que los autores ocultan al lector dos datos esenciales para que éste forme su juicio: que los atentados falangistas, en 1934 y en 1936, no fueron de iniciativa, sino de respuesta a los sufridos por la Falange a manos de socialistas y comunistas; y que, lejos de ser el partido más violento por entonces, fue superado en mucho tanto por el PSOE como por la CNT. Estos son hechos indudables que un historiador, si pretende serlo en serio, no puede pasar por alto. Y parece claro que los autores se suman disimuladamente al «Espectacular (...) mofa carnavalesca de la parafernalia eclesiástica». Aparte de lo extremdamente ofensivas que eran para los creyentes esas mofas, los autores desdeñan la enorme destrucción de libros y obras de arte producida en los «espectáculos» de la «parafernalia». Aunque atenuados, en esas frases se perciben los ecos de la propaganda que creó el ambiente político de 1934 a 1936 (23).

En la misma línea, las frases feroces de personajes franquistas reciben constante atención, olvidando las correspondientes del Frente Popular, que podrían llenar muchas páginas. Frases, por lo demás, corrientes en todas las guerras. En cambio son destacadas las llamadas humanitarias de algunos populistas: «Hubo abundantes voces que se alzaron desde el principio contra la masacre, algo muy raro entre los cruzados del otro bando». De hecho fueron muy poco abundantes, en comparación con las prédicas del terror, y, como recoge el citado Martín Rubio, tampoco faltaron las apelaciones humanitarias entre los nacionales. Pero lo cierto es que para 1936 las cosas habían llegado a tal extremo que tales exhortaciones fueron escasas y poco atendidas en los dos campos. A este respecto conviene poner en su contexto el discurso de Azaña pidiendo paz, piedad y perdón. Fue sin duda un noble ruego, que reverdeció su popularidad entre la gente harta de la sangre y sacrificios impuestos por la lucha, pero también llegaba demasiado tarde: el 18 de julio del 38, cuando los suyos encaraban un porvenir sombrío. Los que iban ganando la guerra sólo podían considerar aquellas palabras como un intento de distracción, y los que la iban perdiendo, pero querían resistir para enlazar la guerra civil con la guerra mundial, tenían que ver en la frase azañista poco menos que una traición: «A los ocho días de hablar de piedad y perdón me refriegan 58 muertos», clama aquél en sus diarios, refiriéndose a unos fusilamientos en Montjuich (24).

Abundan en el libro errores y omisiones como los citados sobre José Antonio. Así, «el intenso anticlericalismo del primer bienio republicano y de la primavera de 1936 nunca había sido acompañado de actos de violencia». ¿Cómo llamar entonces a la quema de templos, bibliotecas, escuelas y laboratorios y obras de arte, a las agresiones a clérigos o sucesos como el de los «caramelos envenenados»? El golpe de Primo, en 1923, aparece como la «primera lección que los españoles del siglo XX recibían acerca de la legitimidad del recurso a la violencia y a las armas para derribar un Gobierno y alcanzar el poder y cambiar de hecho un régimen político» ¿Debemos creer que la huelga revolucionaria de 1917, seis años antes, no tenía esos objetivos ni recurrió a la violencia? «El exilio de 400.000 personas, la mayoría catalanas (...) marcará generaciones», provocando un «vacío cultural y social». Pero los estudios de J. Rubio muestran que el grueso de esos exiliados (más de dos tercios), regresó a España antes de un año, y otros siguieron luego en un goteo permanente. Contradiciéndose, el mismo Víctimas suma, entre Francia y América, unos 160.000 exiliados para 1949. La vasta mayoría de los catalanes huidos volvieron enseguida, no siendo su presencia en el exilio más significativa que la de otros españoles; y el «vacío social y cultural» fue mucho menor de lo que da a entender el libro. También, a juicio de Solé y Villarroya, el SIM era cosa de «Madrid», aunque fue montado desde Valencia y Barcelona: «policía novel, conversa de nuevo cuño al comunismo estalinista, fuera de Madrid no entendía la compleja vida sociopolítica de la sociedad catalana». Esa «incomprensión», como la llaman eufemísticamente, se manifestó en forma general, y no sólo en la «compleja» sociedad catalana, tan incomprensible, según la ingenua vanidad de Solé y Villarroya, para el «madrileño» SIM. Para dichos autores, los franquistas practicaron una «represión general sobre Cataluña, considerada el baluarte de la República», aunque lo cierto es que la represión no afectó a Cataluña en mayor medida que a otras regiones. Choca además, en unos historiadores, el anacronismo del «baluarte de la República», consigna en desuso desde octubre de 1934. Audaz, a la vista de lo ocurrido, resulta su presunción de que la sociedad catalana «era la más entregada al espíritu republicano, por su talante liberal». La Esquerra catalana fue probablemente el más exaltado de los partidos republicanos, y ya en 1934 organizó la insurrección y la guerra civil con propósitos que nada tenían de liberales. En la misma línea se atribuye al régimen de Franco una «voluntad de desindustrializar Cataluña para empobrecerla», cuando la indiscutible realidad histórica, al margen de cualquier propaganda, es que la industria catalana fue protegida durante la era de Franco y prosperó como nunca antes. F. Moreno pasa buenamente por alto los sucesos de España desde 1934 y los de julio del 36: «Han caído ya, con la victoria militar, las instituciones democráticas». O descubre que «La violencia fue un elemento estructural del franquismo»: lo es de todos los regímenes políticos. Etc. (25).

Estos errores tienen traza de no ser involuntarios y van más allá de los inevitables yerros de detalle que se cuelan en cualquier libro de historia. Su sentido coincide con el de otras apreciaciones repetidas machaconamente. El terror «fue una parte integral del glorioso Movimiento Nacional, de su asalto a la República y de la conquista gradual del poder, palmo a palmo, masacre tras masacre, batalla tras batalla». «La represión y el terror (...) no eran algo episódico, sino el pilar central del nuevo Estado, una especie de principio fundamental del Movimiento». «A las personas de izquierda, a los vencidos, que anhelaban reconstruir sus vidas, se les negó por completo tal derecho, se les condenó a la humillación y a la marginación (social, económica, laboral). El franquismo les negó la consideración de personas». «Se puede afirmar que Franco convirtió a Madrid en un gran presidio». «El fenómeno de la tortura fue masivo y generalizado», etc. Estas frases son de Moreno, cuyo lenguaje, panfletario sin disimulo, sigue la tónica de sus estudios sobre la represión en Córdoba, según los cuales la política franquista fue «de exterminio», de «exterminio de clase», con una represión, además, «muy diferente de la represión republicana», en el sentido que ya vimos en Solé y Villarroya. «Las declaraciones de Franco y de sus generales no disimularon nunca su propósito de exterminio», mientras que, asegura osadamente, entre los dirigentes republicanos «jamás se escucharon las rotundas llamadas a la violencia que realizaron, en cambio, los principales militares del franquismo». «Cárceles, torturas y muerte, lejos de disminuir al término de la guerra, se incrementaron al máximo». «Por todas partes se humilla a la gente sencilla», y especialmente, dice él, a las mujeres. S. Juliá tampoco se queda corto: durante años, «el fusilamiento de los derrotados continuó siendo un fin en sí mismo (...). Los enemigos sólo gozaban de un destino seguro: el exilio o la muerte» (26).

Esta retórica recuerda a la de la campaña de 1935 sobre la represión en Asturias, falsa en un porcentaje elevadísimo, pero que forjó el espíritu del terror de 1936. Y, desde luego, desafía a la experiencia y a la estadística. Aunque hubo una dura represión en los primeros años de posguerra, en la que debieron caer responsables de crímenes junto con inocentes, ni de lejos existió tal exterminio, de clase o no de clase. La inmensa mayoría de quienes lucharon a favor del Frente Popular (1.750.000 hombres, en principio), de quienes lo votaron en las elecciones (4.600.000) o vivieron en su zona (14 millones), no fueron fusilados ni se exiliaron; se reintegraron pronto en la sociedad y rehicieron sus vidas, dentro de las penurias que en aquellos años afectaron a casi todos los españoles. Esto es tan obvio que resulta increíble leer a estas alturas semejantes diatribas, quizá pensadas para «envenenar», en expresión de Besteiro, a jóvenes que no vivieron la guerra ni el franquismo.

Ello no impide que el libro proclame nobles y enjundiosos objetivos: que «el dolor de tantas y tantas víctimas anónimas del odio más irracional no sea inútil y, establecida la verdad tras el necesario debate, la guerra civil se incorpore definitivamente a nuestra historia» (27). No es nada seguro que los apasionados enfoques y desenfoques vistos cumplan tan loable propósito; ni cabe tomar muy en serio su propósito de «establecer la verdad», y mucho menos la reconciliación, a la que también dicen aspirar los autores. Queda la impresión de que esta obra, al contrario que la de Salas, entra en la categoría de propaganda con un punto de vista político muy definido, y no en la de la investigación histórica.

Para establecer la verdad en lo posible, unas conclusiones como las del historiador José García Escudero parecen más a propósito: ambas zonas sufrieron represión oficial e incontrolada, en las dos se alzaron peticiones de humanidad y clemencia, y las dos llegaron a superar las manifestaciones más brutales del terror, sin acabar del todo con él. La pesadumbre producida por este fenómeno en la conciencia española sólo puede quedar mitigada por el testimonio de la dignidad y el valor que en general demostraron las víctimas, y no por un grotesco pugilato en torno a cuál de los bandos vertió más sangre (28).

Siendo la causa del terror la tensión y odios ideológicos típicos de la época, España no podía ser un caso aislado. Francia e Italia, por ejemplo, sufrieron en 1943-45 y dentro de la guerra mundial, una especie de contienda civil. R. Salas calcula, analizando las estadísticas oficiales de mortalidad, que en esos años la represión y los ajustes de cuentas se llevaron por delante a 87.000 franceses y a 67.000 italianos. Teniendo en cuenta que la guerra civil en esos dos países fue mucho menos intensa y prolongada que en España, sus cifras de la represión superan proporcionalmente a las españolas. Recientemente, el periodista norteamericano Herbert Lottman, estudiando la depuración realizada en Francia en los últimos tiempos de la guerra mundial, estima en 10.000 el número de los homicidios y ejecuciones, cometidos por los franceses antinazis. Sumados a los 60.000 en que De Gaulle cifraba los cometidos por los alemanes y colaboradores, da un total cercano al de Salas, aunque parece muy improbable que la proporción fuera realmente de 6 a 1. Otro aspecto de la depuración fue la humillación de miles de mujeres acusadas de «colaboración horizontal» con los alemanes (29).

Una vez más comprobamos que los sucesos de España, con todas sus peculiaridades, no se entienden si no son enmarcados en los que caracterizaron aquella época en el mundo, y especialmente en Europa.

Notas

1 Salas Larrazábal, R.: Los datos exactos de la guerra civil, Madrid, Drácena, 1980, p. 310.

2 Durante la batalla de Madrid, «Franco ordenó un ensayo de actuación desmoralizadora de la población mediante bombardeos aéreos», desistiendo a los diez días, según el jefe de la aviación nacional, Kindelán. En todo noviembre los bombardeos causaron en Madrid 312 muertos. Ejemplos de partes populistas: «La aviación y el intenso fuego de artillería sobre la ciudad de Oviedo aumenta por horas la desmoralización de los sitiados y de la población civil» (5-9-36). «En las primeras horas de la mañana se ha iniciado un terrible fuego sobre Oviedo (...), cuyos efectos pueden apreciarse a simple vista» (8-9-36). «La aviación republicana ha bombardeado Córdoba y Granada» (12-9). Y así otros muchos, incluyendo Teruel, Huesca, etc. Constan, por el bando contrario, una instrucción de 6-1-37: «Cuando se bombardeen objetivos militares en las poblaciones o próximos a ellas, se cuidará de la precisión del tiro con objeto de evitar víctimas en la población no combatiente». De 10-5-37 es este telegrama: «Por indicación del Generalísimo (...) no deberá ser bombardeada ninguna población abierta y sin tropas o industrias militares, sin orden expresa del Generalísimo o del General Jefe del Aire». Otra instrucción del 28-3-38: «En lo sucesivo (...) no se efectuarán bombardeos del casco urbano de poblaciones sin una orden expresa de la Jefatura del Aire». La reiteración de la orden obedece a los bombardeos de Guernica, en abril de 1937, y de Barcelona, en marzo del 38, realizados por alemanes e italianos, al margen de las instrucciones del mando franqista, que corrigió tales hechos. Salas Larrazábal, R.: Historia del Ejército Popular de la República, I, Madrid, Editora Nacional, 1973, p. 624-5. J. Salas: Guernica, p. 236 y ss; 324 y ss.

3 Salas Larrazábal, R.: Historia del Ejército Popular de la República, I, Madrid, Editora Nacional, 1973, p. 624-5. Salas, J.: Guernica, p. 236 y ss.; 324 y ss. No obstante, algunos historiadores pasan arbitrariamente por alto la investigación de Salas y ofrecen datos sin base alguna, como el de 1.600 muertos que da Avilés Farré todavía en 1996. No hubo, como afirmó la propaganda, el propósito de destruir los edificios simbólicos de la tradición vasca, que ni fueron atacados ni sufrieron daños, pese a haber situado el PNV cuarteles en sus cercanías. Al principio, la prensa vizcaína se abstuvo de reproducir las exageraciones difundidas en Inglaterra y Estados Unidos, hasta que el gobierno de Aguirre comprendió su utilidad propagandística. La estudiosa P. Aguilar recoge sin crítica y olvidando a Salas, la versión de que el bombardeo trataba de destruir los símbos de las libertades vascas y tuvo que ver con la crueldad de Franco. ¿En qué grado de crueldad clasificaría para ser coherente, a Churchill, Roosevelt o Truman? Los franquistas achacaron el incendio de Guernica a los propios populistas, falsedad que apenas fue creida, aunque se apoyaba en los precedentes de Irún y Eibar, donde los populistas en retirada sí provocaron vastos incendios. A. Viñas ha hecho consideraciones muy elaboradas sobre la responsabilidad que pudo caber en el bombardeo a las autoridades franquistas—que no lo habían autorizado—, pero olvida mencionar la cifra de víctimas, aunque conoce el estudio de Salas, a quien cita secundariamente. La indignación de Viñas no se extiende, lamentablemente, a las responsabilidades por los bombardeos de Oviedo y Huesca.

4 J. Salas Larrazábal, J.: Guernica, Madrid, Rialp, 1987, pp. 163 y ss.; 263 y ss. Avilés Farré, J.: Las grandes potencias ante la guerra de España, Madrid, Arco, 199, p. 40. Viñas, A.: Guerra, dinero y dictadura, Barcelona, Crítica, 1984, p. 98 y ss.

5 Según muestra A. D. Martín Rubio, las noticias iniciales sobre la matanza no son fiables, y la cifra habitual, de en torno a 1.200 víctimas, menos aún: las inscripciones de muertes atribuibles a la represión correspondientes a agosto de 1936 son 172, y 493 hasta diciembre. Ello indica la dureza represiva, pero no autoriza la idea de una carnicería indiscriminada. La versión de tal carnicería fue difundida especialmente por el periodista norteamericano Jay Allen, incondicional del Frente Popular, ausente de la ciudad en aquellos días y que inventó los detalles más escabrosos. La sensibilidad de Allen por la matanza que no presenció, desaparecería ante las que sí pudo comprobar en el bando de sus preferencias. Ricardo de la Cierva sugiere, razonablemente, que el reportaje de Allen fue elaborado para contrarrestar la impresión mundial causada por la matanza de presos de la cárcel Modelo madrileña. MartÍn Rubio, A. D.: Salvar la memoria, Badajoz, 1999, p´. 140 y ss. De la Cierva, R.: Historia esencial de la guerra española, Madrid, Fénix, 1996, p. 224-6.

6 Cito el dato indirectamente, de una recensión del libro en el número 49 de Razón Española, de septiembre-octubre de 1991. The economist del 17 al 23 de julio de 1999 reseñaba otro libro, An intimate history of killing, por Joanna Bourke, en el que habla de las «orgías de violaciones y asesinatos» practicadas por tropas norteamericanas en Alemania. Como es sabido, la propaganda soviética llegó a incitar a sus soldados a matar alemanes y violar a sus mujeres (se ha dicho que los rusos las violaban y los norteamericanos las prostituían). La actitud rusa, con todo, resulta en cierto modo más explicable, dados los extraordinarios sufrimientos ocasionados en Rusia por los nazis

7 El Liberal, Bilbao, 14-7-1936.

8 Salas, R.: Los fusilados en Navarra en la guerra civil de 1936, Madrid, 1983, p.13. Vidarte, J. S.: Todos fuimos culpables, Barcelona, Grijalbo, 1978, p. 418. Jackson, G., en R. Salas: Pérdidas de la guerra, Barcelona, Planeta, 1977, p. 116 y ss. Tamames, R.: La República. La era de Franco, Madrid, Alianza, 1977, p. 323.

9 El historiador marxista Pierre Vilar desconfía de los testimonios orales: «Tres aragoneses me brindaron respectivamente, como balence de las ejecuciones en Zaragoza, tres fusilados, 10.0000 víctimas, ¡por lo menos 30.000 (!)». No obstante, este pésimo método es aplicado con frecuencia. Tengo experiencia sobre el influjo de la propaganda en la memoria de muchos testigos. En una conferencia que di en el Ateneo madrileño acerca de la batalla de Madrid, al citar la presencia de tanques y aviones rusos, dos de los presentes se levantaron airados asegurando que no había habido tal cosa, pues los republicanos apenas disponían de unos pocos fusiles. ¡Ellos habían vivido aquellas jornadas y podían dar fe! También han sido típicas de años recientes las personas, que sin haber movido un dedo contra el franquismo, «recordaban» de pronto hazañas que habrían protagonizado en manifestaciones estudiantiles, etc. La memoria engaña a menudo, incluso sin intención.Vilar, P.: La guerra civil española, Barcelona, Crítica, 1986, p. 151.

10 En 1964, Jesús Salas, hermano del anterior, hizo una investigación de la sobremortalidad masculina, mediante análisis comparativos de los decenios 1930-40 y 1940-50. Puesto que las víctimas femeninas directas de la guerra fueron escasas, debía obtenerse así una buena aproximación al total de muertos. El resultado coincide grosso modo con los datos más precisos de su hermano Ramón: un cuarto de millón de víctimas varones. De ellos, J. Salas estima en 165.000 los caídos en combate y 85.000 los represaliados. La semejanza de las cifras logradas con métodos distintos es un indicio a favor de la corrección de ambos. En Salas, R.: Pérdidas, p.139-40.


11 Se ha aducido que muchas víctimas de la represión franquista están registradas con causas de muerte ficticias, como en el caso de García Lorca, cuya defunción atribuye el registro a «hecho de guerra». También se cita el caso de 150 ejecutados por los populistas y fallecidos oficialmente por «anemia aguda». Según Salas, esta crítica nace de un desconocimiento de las reglas registrales, que exponen las causas clínicas de la muerte, y no las circunstancias de ella, por ley de 1870, cuyo objeto es salvaguardar la intimidad y el honor de los individuos. Esa regla obliga a un esfuerzo de interpretación de los registros, que Salas considera casi siempre factible. También se ha dicho que la mayoría de las víctimas del franquismo no se habrían inscrito nunca, por temer represalias sus familiares. Salas descarta esta crítica señalando las facilidades registrales ofrecids años después de la contienda, cuando ya no eran de temer represalias, y que fueron aprovechadas por numerosas personas. Además, el historiador hizo un estudio especial sobre Navarra, donde, según él, los nacionales habían fusilado a algo menos de un millar de personas, que multiplicaban por quince los historiadores nacionalistas próximos a ETA, y por ocho o nueve los del PNV, cifra esta última acogida sin crítica por historiadores más serios. Otros se han visto obligados a multiplicarla, finalmente, «sólo» por tres. La investigación de Salas ratificó sus cifras originales, con pequeñas correcciones. Sin embargo, algo de razón hay en esta crítica, pues tras la muerte de Franco se produjeron nuevas inscripciones, aunque ni de lejos la riada de ellas que suponían los adversarios de Salas.

12 «Resultaba descorazonador que quienes acogían con fe de carbonero las cifras aireadas por el rumor, el rencor o el revanchismo, fueran tan puntillososo a la hora de enjuiciar un trabajo con firme apoyatura documental y rigor científico», lamenta Salas. Este historiador, indudablemente uno de los mejores entre los que han tratado la guerra, simplemente «no existe» en muchos ámbitos universitarios. La revista barcelonesa Destino, que pasaba por imparcial y seria, le impidió contestar en igualdad de condiciones al escritor Carlos Rojas, que en un artículo le atacaba desvirtudando sus argumentos. Salas, R: Los fusilados, p.19-20 y 17.

13 JuliÁ, S. y otros: Víctimas de la guerra, Madrid, Alianza, 1999, p. 68

14 La actitud de euforia, o al menos despreocupación por estas cosas estaba muy extendida entre los dirigentes. Cuenta Vidarte: «Cuando le dije (a Companys) que hacía el viaje acompañando a un fraile, soltó la carcajada. «De esos ejemplares, aquí no quedan». Araquistáin, L.: Sobre la guerra civil y en la emigración, edic. de J. Tusell, Madrid, Austral, 1983, p. 22. Vidarte, J. S.: Todos fuimos, p. 503.

15 En MartÍn Rubio, A. D.: Paz, piedad, perdón... y verdad, Madrid, Fénix, 1997, p. 71.

16 Y tampoco los revolucionarios defendían avances sociales y políticos o una sociedad «más libre y más justa», como afirman dichos estudiosos en contra de una abrumadora experiencia histórica. En los países en que triunfaron los correligionarios de los frentepopulistas españoles, la población perdió cualquier libertad y derecho, sometida al poder omnímodo de una minoría burocrática dueña de un estado policial. Que España fuera «uno de los países con más injusticia social de Europa» es aserto muy discutible, pero de lo que no hay duda es de que el remedio propuesto por los revolucionarios era mucho peor que la enfermedad, si de libertad, justicia y riqueza hablamos. Solé y Villarroya tienen derecho a preferir remedios tales, pero quizá no tanto a invocar en su beneficio la libertad y la justicia.

17 Cervera, J.: Madrid en la guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939, Madrid, Alianza, 1998, p. 62 y ss.

18 JuliÁ, S.: Víctimas, p.14.

19 JuliÁ, S.: p. 60-1 y 21.

20 Martín Rubio considera, no obstante, más alta la tasa de la represión populista, al no haberse podido ejercer ésta más que sobre la mitad del país.Juliá, S.: p. 410. Salas, R.: Pérdidas, p. 362 y 371. Martín Rubio, A. D.: Paz, p. 371-5.

21 JuliÁ, S. Víctimas, p. 244.

22 Salas, R. Pérdidas, p. 442.

23 JuliÁ, S. Víctimas, p. 133, 142-3 y 154.

24 Según la propaganda, los gobiernos populistas trataron de evitar los crímenes de los incontrolados, en otros momentos identificados con el pueblo. Así lo decía Vidarte a un periodista francés, a quien informaba de la siguiente manera, recogida en el capítulo «Desvaneciendo falsedades»: «En un solo año, el Tribunal de la Inquisición de Toledo pronunció más de 3.000 condenas, la mayoría a muerte», a lo que comenta el francés: «Y todavía les preocupa a ustedes el que se destruya una iglesia de más o de menos?» «Nos preocupa la protección de nuestro tesoro artístico. Las iglesias pertenecen a la nación y es deber nuestro el conservarlas». Vidarte hablaba en agosto de 1936, cuando desde mucho antes de julio se venía destrozando «nuestro tesoro artístico» entre la indiferencia o complicidad de los gobiernos. No vale más el dato sobre las muertes de la Inquisición, la cual, como se sabe, hizo ejecutar a un millar de personas en tres siglos. A ese respecto no hay duda de que fue una institución muy atrasada, por decir así, en comparación con las modernas policías políticas de las dictaduras de izquierdas o de derechas, capaces de superar esa cifra en cuestión de meses. Ibid.: p. 121. Martín, A. D.: Paz, p. 449 y ss. Azaña, M.: Memorias de guerra, Barcelona, Grijalbo, 1978, p. 400. JuliÁ, S.: Víctimas, 159, 227-8, 290, 303 y 27. Moreno, F.: Córdoba en la posguerra. La represion y el maquis. Madrid, 1987, p. 18 y ss.

25 JuliÁ, S. Víctimas, pp. 156, 14, 238, 256, 226, 238 y 277. En Salas, R.: Pérdidas, p. 82 y ss.

26 JuliÁ, S. Víctimas, 159, 227-8, 290, 303 y 27. Moreno, F.: Córdoba en la posguerra. La represión y el maquis. Madrid, 1987, p. 18 y ss.

27 JuliÁ, S.: Víctimas, contraportada.

28 GarcÍa Escudero, J. M.: Historia política de las dos Españas, Madrid, Editora Nacional, 1976.

29 Salas, R.: Pérdidas, p. 433 y ss. Lotman, H.: La depuración, Barcelona. Tusquets, 1998, p. 466 y ss.



 

Lenguas y unidad nacional según Mella indice Informe sobre los textos de historia de enseñanza media

Cartas a Razón Española

Buzon Pulse aquí para enviar correo


La obra de Razón Española es propiedad registrada
Prohibida la reproducción total o parcial de estos documentos sin previa autorización y acuerdo.