Los crímenes de
la guerra de España
El
siglo XX se inauguró con la invención de los campos de
concentración, organizados por los británicos durante
la guerra de los boers. En ellos fueron encerrados
decenas de miles de mujeres y niños, tras ser despojadas
sus familias de sus bienes, y a menudo incendiadas sus
casas. La mortandad por agotamiento y maltrato fue muy
elevada, y alzó una ola de indignación en Europa,
indignación que no iba a impedir un próspero y tétrico
futuro para esas instituciones.
Este siglo ha alcanzado, muy posiblemente, las más altas
cotas de la historia en criminalidad de guerra. Muy groso
modo, la proporción de bajas civiles respecto de las
militares ofrece un buen indicio de la magnitud de estos
crímenes en el siglo recién concluido. Así suele
estimarse que de la I a la II Guerra Mundial el
porcentaje de víctimas civiles saltó de acaso un 20 a
un 50 por 100 o más, y ha seguido aumentando en las
guerras subsiguientes como las de Argelia, Vietnam, etc.
Aunque, obviamente, no todas las bajas civiles entran en
esa categoría, y sí lo hacen muchas bajas militares:
suelen considerarse crímenes de guerra los ataques
deliberados a la población no combatiente, los
asesinatos de retaguardia, el exterminio de prisioneros,
el uso de armas de acción indiscriminada y especialmente
destructiva, etc.
Los sucesos de la guerra civil española deben
contemplarse en este marco histórico, si bien con rasgos
especiales. Aquí hubo pocas víctimas civiles de
bombardeos, o prisioneros exterminados por hambre y
brutalidades. En cambio fue muy alto el número de
asesinatos por motivos ideológicos.
Los bombardeos terroristas sobre la población civil
repugnan especialmente, por implicar poco riesgo y
aniquilar sobre todo a niños, mujeres, ancianos y
trabajadores ajenos a la acción bélica. Un tópico
archirrepetido presenta la contienda española como el
ensayo sistemático de este tipo de crimen, pero las
cifras no autorizan tal presunción: unos 15.000 civiles
muertos en casi tres años y en centenares de acciones
tanto por accidentes como en acciones deliberadas. El
máximo de víctimas en un solo ataque (unas 800)
correspondió a Barcelona, al caer una bomba sobre un
camión de municiones, que magnificó la explosión (1).
Contra lo que suele decirse fue el Frente Popular el
iniciador de estos bobardeos, de los cuales se jactó en
numerosos partes de guerra, siendo Oviedo y Huesca las
ciudades más masacradas. El mando nacional los
prohibió, aunque no siempre. Pese a ello, los populistas
denunciaron a todos los vientos los bombardeos
nacionales, con el eco de escritores tan influyentes como
Hemingway, sobre todo durante la batalla de Madrid (2).
Allí, la Legión Cóndor fue autorizada a esos ataques,
que en diez días causaron 244 muertos y 303 edificios
destruidos o muy dañados. Guernica marcó otro hito,
más que por los muertos -unos 120, como prueba la
investigación, no superada, de Jesús Salas
Larrazábal-, por su efecto internacional3. Habitualmente
se citan para Guernica trece y hasta treinta veces más
víctimas que las reales, siguiendo a la prensa
conservadora inglesa, que buscaba, probablemente,
impresionar a la opinión pública británica, influida
por el pacifismo laborista, para que aceptase la
necesidad del rearme frente a Alemania )4).
Estos hechos no admiten comparación con los bombardeos
terroristas de la II Guerra Mundial, en los que
destacaron norteamericanos e ingleses, mitificadores, por
paradoja, de Guernica. Ambos multiplicaron casi por mil
la mortandad de Guernica en sus gigantescas incursiones
sobre los suburbios de Tokio o sobre Dresde, y lanzaron
decenas de otras acciones de exterminio contra
poblaciones, aparte de las bombas atómicas. Si bien el
método lo iniciaron los nazis, también es cierto que
éstos encontraron discípulos en extremo aventajados, y
que los norteamericanos no pueden alegar el argumento
inglés sobre quién empezó.
Otro crimen típico fue el asesinato de presos y
prisioneros. El más masivo fue el de Paracuellos del
Jarama, durante la batalla de Madrid, y también fue muy
sangrienta la represión inicial en Badajoz, aunque más
que dudosa la matanza indiscriminada de que suele
hablarse (5). En los campos de concentración durante el
conflicto, y en la inmediata posguerra, menudearon los
malos tratos y la escasa alimentación, ocasionando un
número de muertos difícil de estimar, quizá entre diez
y veinte mil.
Estas atrocidades, con todo su horror, tampoco llegan a
ser un precedente de lo ocurrido durante la guerra
mundial, cuando masas de prisioneros fueron eliminadas
por hambre, tratos brutales y trabajo agotador. Suele
calcularse que los alemanes acabaron así con entre dos y
cuatro millones de soldados soviéticos, y éstos con dos
millones de alemanes. Tema apenas tratado ha sido el del
exterminio de prisioneros en los campos franceses y
norteamericanos. En su libro Other losses, el historiador
canadiense James Bacque da la cifra, difícil de creer,
de un mínimo de 850.000 prisioneros alemanes así
aniquilados (6).
Tampoco tiene parangón en España el asesinato de seis
millones de judíos, además de gitanos y otros, en los
campos de concentración de Hitler. Crimen que en rigor
no fue de guerra, pues ni los judíos ni las otras
minorías habían declarado la guerra a Alemania. Se
trató de uno de los genocidios más espeluznantes de la
historia, hijo de las razones ideológicas.
El crimen practicado con preferencia en España
consistió en el asesinato de enemigos políticos en la
retaguardia, una «limpia», como se la llamó, hecha con
saña por uno y otro bando. El tema, especialmente
siniestro, conserva en parte, aun hoy, el carácter
polémico y confuso que le prestó la propaganda. Ese
terror dio a los contendientes una poderosa argucia para
descalificar al adversario como esencialmente criminal, y
para aplicarle la misma represalia. Y volvió más tenaz
la lucha, por la seguridad de que quien venciese
ejecutaría una cumplida venganza. Prieto lo anunció
tres días antes de la sublevación: «Será una batalla
a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que el
adversario, si triunfa, no le dará cuartel». Es
evidente que se trató de una explosión del odio
ideológico acumulado desde muy pronto en la República,
y especialmente desde el año 1934, cuando se sublevaron
el PSOE y los nacionalistas de izquierda catalanes, y
más todavía en los meses siguientes a las elecciones
del 36, como hemos visto (7).
En ese ambiente, no ya enrarecido, sino enloquecido, cada
parte exageró sin tasa la barbarie del contrario. Al
final de la guerra Franco creía que sus enemigos habían
sacrificado a 400.000 personas. La investigación oficial
de posguerra, la «causa general» bajó el número a
86.000, para decepción de quienes deseaban mayor excusa
a su ansia vengativa. Y aun había de bajar bastante,
pues muchos nombres aparecían repetidos en varios
registros. Pero en cuanto a exagerar, los republicanos
superaron a sus contrarios. Todavía en un libro
publicado en 1977, Vidarte considera «quizá» exagerada
la cifra difundida por el novelista R. Sender, de 750.000
ejecuciones de izquierdistas hasta mediados del 38, y
atribuye unas 150.000 a Queipo de Llano en su zona de
Andalucía sólo hasta principios de dicho año, o suma
7.000 en Vitoria (ciudad de 43.000 habitantes). Si fuera
cierto, los nacionales habrían matado a no menos de un
millón de izquierdistas, incluyendo 200.000 en la
posguerra, cuentas que darían visos de realidad a la
propaganda del Frente Popular, según la cual Franco
planeaba exterminar literalmente a los trabajadores. En
1965 Jackson no dudaba en cargar 400.000 muertes a la
represión franquista, aunque posteriormente las redujo a
la mitad. Tamames hablaba, en 1977, de 208.000. Preston,
en su biografía de Franco, de 1993, repetía el bulo de
las 200.000 ejecuciones sólo en la inmediata posguerra.
Estas desmesuras, típica arma de propaganda bélica,
pierden toda justificación en la paz, salvo que se
pretenda alimentar un espíritu de guerra civil (8).
En ese maremagnum empezó a poner orden, en 1977, Ramón
Salas Larrazábal, el primero en abordar de forma seria
el asunto, apartándolo de la propaganda e
introduciéndolo en la historiografía. En su concienzudo
estudio Pérdidas de la guerra, Salas empieza
metódicamente por demostrar la inconsistencia de los
cálculos vistos, y de otros aportados por historiadores
franceses. Calcula luego la magnitud global de la
mortandad en la guerra, mediante un detenido análisis de
las estadísticas demográficas y teniendo en cuenta las
deficiencias del censo de 1940. Esta aproximación global
tiene el mayor interés, pues marca ciertos límites
máximos y descarta numerosas fantasías. De otro modo,
el único método posible consistiría en acumular
testimonios documentales, orales, rumores, etc., con
obvia imposibilidad de comprobarlos fehacientemente (9).
Según las diferencias de población, las víctimas de la
guerra tenían que ascender a unas 625.000, incluyendo
las causadas por combates, represión, enfermedades,
ejecuciones de posguerra, maquis y participación en la
II Guerra Mundial. Si excluimos las de posguerra (159.000
por enfermedad, 23.000 por ejecuciones y 10.000 por el
maquis y por la guerra civil), la cuenta se reduce a
433.000. De ellas, 165.000 se deben a enfermedades, con
lo que las muertes violentas sumarían unas 268.000.
Computados con bastante seguridad los caídos en combate
(unos 160.000), quedan las víctimas de la represión,
que rondarían las 108.000. Cifras aproximadas, pero
orientadas correctamente, incomparablemente más
correctas que las hasta entonces manejadas. Salas, pues,
introdujo la cuestión en el ámbito del debate racional
(10).
En cuanto a la distribución de ejecuciones y asesinatos,
Salas estima en 72.500 los realizados por el Frente
Popular, y 58.000 por los nacionales (incluyendo 23.000
en la represión de posguerra). Otro dato es que el 95
por 100 de los muertos serían varones, salvo en
Barcelona, donde la proporción femenina más que dobló
la normal en el resto de la zona populista: 13,05 por 100
frente a un 6,32 por 100 en Valencia. La proporción
sería menor aún en la zona nacional.
Salas funda estos datos en los del Movimiento Natural de
la Población y en un muestreo en los registros
municipales. Para ello supuso que todas las víctimas
habían sido registradas (con bastante posterioridad al
conflicto muchas de ellas), y que las inscripciones en
los registros habían sido hechas de manera correcta.
Estos supuestos han sido severamente criticados por
varios autores (11), pero no parece fácil que las
críticas alteren en lo fundamental las cifras de
Pérdidas de la guerra.
Sin embargo, aun si los datos de Salas hubieran de ser
corregidos con cierta amplitud, no hay duda de que su
investigación introducía por primera vez, como hemos
dicho, el rigor científico en cuestión tan vidriosa.
Ahora bien, este decisivo mérito, a cuyo reconocimiento
obliga la honradez intelectual, ha sido despreciado en
bastantes medios, proclives, en cambio, a creer
fantasías que apoyen sus ideas previas. De lo vivas que
en esos medios continúan las pasiones da idea la acogida
a Pérdidas de la guerra, obra silenciada en lo posible o
atacada con lenguaje reminiscente de las viejas
contiendas, impidiéndose al autor la réplica en ciertas
publicaciones (12). Parece que la guerra no acaba de
entrar en el campo del estudio desprejuiciado y sereno.
Así las cosas, en 1999, veintidós años después del
libro de Salas, ha salido otro, intensamente
promocionado, de los estudiosos Julián Casanova, José
María Solé, Joan Villaroya y Francisco Moreno,
coordinados por Santos Juliá y titulado Víctimas de la
guerra civil (aunque trata sólo las víctimas de la
represión). Vale la pena compararlo con el anterior para
constatar cómo no siempre el paso del tiempo mejora la
historiografía.
Las tesis básicas de Víctimas son:
a) El terrror desplegado por el Frente Popular fue una
respuesta al de los sublevados.
b) Fue un terror popular y en gran medida espontáneo.
c) Su responsabilidad última y definitiva recae sobre
los franquistas, que lo provocaron al alzarse contra la
legalidad republicana y democrática.
d) Las víctimas del franquismo fueron muchas más (en
torno al triple) que las causadas por la república.
Estos asertos, nada nuevos, son, precisamente, los de
Vidarte, elaborados por la propaganda republicana ya
durante la guerra. Si fueran veraces, la represión
populista tendría toda clase de atenuantes -en rigor, no
podría hablase de crímenes, sino apenas de excesos-,
mientras que la represión contraria cargaría con todos
los agravantes posibles. Sin embargo, el examen de los
hechos muestra una realidad algo diferente.
¿Fue el frentepopulista un terror «de respuesta», como
asegura Víctimas? J. Casanova lo expresa así: «Para
respuesta brutal, la que se dio contra los militares
sublevados que fracasaron en su intento, y a quienes se
consideraba responsables de la violencia y la sangre que
estaba esparciéndose por ciudades y campos de la
geografía española» (13). La tesis tiene suma
importancia, pues claro está que a quien se ve agredido
y con su vida en peligro no puede exigírsele un ánimo
tranquilo y ponderado, sino admitir que reaccione con
lógica y justificable furia. Pero, como creo que ha
quedado claro en estas páginas, el terror populista
tenía unas raíces propias y nada debía a las
violencias franquistas. Fue practicado ya desde 1933 y
sobre todo en 1934 y después de las elecciones de 1936,
y nacía de una propaganda que cultivaba abiertamente el
odio como una imprescindible virtud revolucionaria. Hemos
visto el papel crucial que desempeñó la campaña sobre
la represión en Asturias, eje de la política de las
izquierdas hasta las elecciones de 1936 y aun después.
Si el terror populista respondió a algo, fue justamente
a esa propaganda martilleante, y Besteiro sabía de qué
hablaba al prevenir contra aquellas prédicas que, a su
entender, «envenenaban» a los trabajadores y
preludiaban la mantanza. Un estudio que olvide estas
cosas queda también privado de cualquier rigor
historiográfico.
Ese odio se manifestó en la primera mitad de 1936 en
forma de varios cientos de asesinatos, en su mayoría
cometidos por fuerzas afectas al Frente Popular, y en la
destrucción de innumerables iglesias, obras de arte,
asaltos a locales y prensa derechista, etc., no
correspondidos por las derechas. Al estallar la guerra y
derrumbarse los restos de legalidad republicana debido al
reparto de armas a los sindicatos, ese ambiente se
transformó en terror masivo, y la ola de incendios y
asesinatos comenzó el mismo 18 de julio, sin aguardar
noticias fehacientes de la represión en el campo
contrario. Los dos bandos actuaban, ante todo, porque
consideraban llegada la hora de una «limpieza»
definitiva. El terror ha sido un rasgo acentuadísimo en
todos los países y momentos en que se han desatado
revoluciones socialistas o anarquistas, y España no fue
excepción.
En cuanto a la derecha, el examen de su prensa y
documentación a lo largo de la república no muestra, ni
en intensidad ni en sistematicidad, y salvo excepciones,
una comparable incitación al odio. Parece más veraz,
entonces, sostener que si hubo un terror «de respuesta»
éste fue más bien el de las derechas frente al que sus
adversarios venían predicando y ejerciendo durante más
de dos años, con numerosísimos atentados, incendios y
amenazas, y una insurrección que en 1934 causó 1.300
muertos.
También alentó esas conductas la creencia -que
ahuyentaba el escrúpulo o el remordimiento-, en una
pronta derrota de los franquistas. Como por entonces
escribía Araquistáin a su hija, «la victoria es
indudable, aunque todavía pasará algún tiempo en
barrer del país a todos los sediciosos. La limpia va a
ser tremenda. Lo está siendo ya. No va a quedar un
fascista ni para un remedio (14)». Idea sin duda muy
generalizada.
El carácter «popular» de la represión republicana
tiene similar sustancia propagandística: el lector
tiende a alinearse instintivamente con «el pueblo»,
aunque sea «el pueblo en armas», como reza un epígrafe
de Casanova. Así, los crimenes populistas constituirían
una especie de «justicia popular», justicia histórica,
acaso irregular y brutal, pero explicable y en definitiva
justificable, máxime si era una respuesta a las
fechorías contrarias. Esta idea, que empapa el libro
citado, la exponen francamente en otro lugar dos de los
autores, J. Villarroya y J. M. Solé: «La represión
ejercida por jornaleros y campesinos, por trabajadores y
obreros y también por la aplicación de la ley entonces
vigente, era para defender los avances sociales y
políticos de uno de los países con más injusticia
social de Europa. Los muchos errores que indudablemente
se cometína, pretendían defender una nueva sociedad.
Más libre y más justa. La represión de los sublevados
y de sus seguidores era para defender una sociedad de
privilegios» (15). Estas frases renuevan el tono
bélico, aunque mencionen «errores», bien comprensibles
dadas las circunstancias. De ahí a gritar «¡Bien por
la represión contra los explotadores!» no media ni un
paso, pues la conclusión está implícita.
Claro que con ello Solé y Villarroya identifican al
pueblo -¿y en cierto modo a sí mismos?- con la minoría
de sádicos y ladrones (los crímenes solían
acompañarse de robo) que al hundirse la ley obraron a su
antojo (16). Ejercieron el terror popular los partidos y
sindicatos, y dentro de ellos sujetos politizados y
fanáticos, a veces también delincuentes comunes
liberados por aquellos. No fue el pueblo, ciertamente. En
las elecciones del 16 de febrero, los votantes se
dividieron mitad por mitad, aparte un tercio de
abstenciones, no identificables con ningún bando. Sólo
apoyaba al Frente Popular, pues, una fracción del
pueblo, alrededor de un tercio, y es probable que esta
proporción disminuyese en los meses siguientes a las
elecciones. Desde luego, ni siquiera ese tercio fue el
que tomó las armas, sino, básicamente, los miembros de
las organizaciones obreristas, de los cuales sólo una
minoría, a su vez, cometió atrocidades: los que
permanecieron en retaguardia, más bien que los que
marcharon a los frentes.
Lo mismo vale el tópico de la espontaneidad. Nada de
espontáneo tuvo el largo e intenso cultivo de una
propaganda irreconciliable, llegada al paroximo ante la
sublevación del 36, como refleja la prensa republicana
de entonces. La rabia, apenas contenida durante meses, se
desató por fin gracias al reparto de armas, acuerdo
político con efectos de sobra previsibles. No sin
razones de peso rechazó Casares el reparto mientras tuvo
fuerzas. La decisión de armar a los sindicatos hace al
último gobierno republicano, el de Giral, plenamente
responsable de sus consecuencias, tanto si éstas se
tienen por buenas (así lo pensaron y lo piensan muchos
políticos e historiadores), como si se las juzga
nefastas. Pero, además, ocurre que el terror fue
organizado por los organismos oficiales del gobierno
Giral, en rivalidad con los partidos y sindicatos del
Frente Popular. Así aparece con claridad en la lista de
«checas» que ofrece Javier Cervera en su documentado
libro Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1926-1939.
La «checa de Fomento», «la más importante de Madrid y
sólo su mención producía escalofríos a los
madrileños», fue montada por el director general de
Seguridad de Giral. La disolvió Santiago Carrillo en
noviembre, y no precisamente para disminuir el terror. La
«checa de Marqués de Riscal» funcionaba bajo los
auspicios de la Primera Compañía de enlace del
Ministerio de Gobernación. Otras checas tenían
carácter anarquista, comunista o socialista, y a menudo
se interrelacionaban entre sí (17).
La tesis de que la responsabilidad de las atrocidades,
incluso las realizadas por los republicanos, recae sobre
los rebeldes, ya que éstos se habrían alzado, sin la
menor justificación moral y política, contra una
legalidad democrática y normal, es otra forma de decir
lo anterior. En referencia tanto al golpe de Primo de
Rivera en 1923 como al de julio del 36, S. Juliá dice:
«La historia comienza realmente cuando los militares
vuelven a intervenir en el normal desarrollo de la
política con el propósito de imponer por las armas un
cambio de Gobierno» (18). Definir como «normal
desarrollo» la política española después de las
elecciones de 1933, y sobre todo después de febrero del
36, debe ser una humorada. Hay que esperar que el propio
Juliá no desee una vuelta de España a tales
normalidades.
Vale la pena observar que casi todos los historiadores y
políticos que defienden con puntillosidad extrema la
legalidad republicana de 1936, muestran total desprecio
por esa misma legalidad cuando se trata de la revolución
de 1934, muy justificada a su entender. Pero todo indica
que, desde ésta última, aquel régimen no volvió a ser
normal: quedó tambaleante, y los hechos siguientes lo
llevaron al colapso. Madariaga ha escrito que con la
insurrección de Asturias las izquierdas habían perdido
cualquier derecho moral a condenar el alzamiento
derechista de 1936, pero hay que añadir que no sólo
porque fueran las izquierdas las que empezaron a
dinamitar la legalidad, sino, sobre todo, porque no
cejaron luego en su actitud. ¿Puede escribirse la
historia olvidando estos desarrollos?
Los autores de Victimas van más allá. Admiten que en
julio del 36 se produjo una revolución en la zona
populista, pero no ven en ella nada irreparable: la
república del 14 de abril se habría rehecho a los pocos
meses, cuando Largo Caballero sustituyó a Giral: «El
golpe no derribó al Estado republicano, pero (...)
destruyó su cohesión y le hizo tambalearse», opina J.
Casanova; y detalla S. Juliá: «No es que la República
quedara liquidada, sino que su Gobierno carecía de los
recursos necesarios para imponer su poder, que se
dispersó(sic) entre las manos de los comités sindicales
(...). Sólo lentamente, y tras levantar de la nada un
ejército en toda regla, pudo el Estado republicano
recomponerse» (19). Ese ejército, el verdadero órgano
de poder y única gran institución que funcionó con
eficacia en el Frente Popular, era abiertamente
político, y sin nada o casi nada en común con el que
diseñó Azaña. Hay algo de extravagancia y de insulto a
la inteligencia en la pretensión de que el régimen del
14 de abril fue recompuesto en septiembre o noviembre del
36 gracias a los esfuerzos conjugados de anarquistas
-inconciliables con la república, a la que asestaron
gravísimos golpes desde su implantación-, los
socialistas -que hicieron otro tanto a partir de 1934-, o
los comunistas, simples peones de Stalin como ha quedado
demostrado desde la izquierda y desde la derecha; sin
olvidar a la Esquerra catalana, coautora del golpe
revolucionario de 1934. Santos Juliá y sus compañeros
no vacilan en presentar a esos partidos como ardientes
paladines de la democracia, quizá porque sea ése el
tipo de democracia con que ellos simpatizan. Pero los
tozudos hechos demuestran que la revolución de julio del
36 destruyó a la República en tal medida que el
gobierno de Giral quedó como un simple adorno, y cuando
en septiembre surgió un gobierno adecuado a la realidad,
sus fuerzas determinantes eran precisamente las que con
mayor insistencia y dureza habían vapuleado a la
república los años anteriores.
El gobierno de Largo, que sucedió al de Giral,
significaba el intento de asentar un nuevo régimen, no
la república del 14 de abril. Necesitado de imponer su
autoridad y consciente del enorme perjuicio moral que
fuera de España le estaba causando la oleada represiva,
procuró racionar ésta y someterla a trámites
jurídicos. El fenómeno ocurrió en los dos campos
después de la feroz siega de verano y otoño del 36,
cuando cayeron la mayoría de las víctimas de uno y otro
color. Ello no impidió que hasta el final mismo de la
contienda siguiesen siendo frecuentes los asesinatos y
muy discutible la legalidad de muchas ejecuciones,
también en los dos bandos.
¿Cómo se distribuyeron las ejecuciones y asesinatos
entre las partes? El estudio de Salas, pese a la
hostilidad con que fue acogido por historiadores
apasionados y de dudosa solvencia -aunque a menudo
influyentes-, ha pesado por fuerza en los investigadores
posteriores, destruyendo las exageraciones tradicionales.
Aun así, a partir de él se desató en diversos sectores
una carrera por recontar las víctimas y probar que en
realidad los nacionales habían matado en retaguardia
más que los populistas. Víctimas, en concreto, reduce
las causadas por los populistas a 50.000 (72.000 en
Salas), y aumenta las de los nacionales a unas 150.000
(58.000 en Salas), lo que hace sumando resultados
obtenidos a menudo con métodos dudosos (informes orales,
rumores, etc.) y sumando los obtenidos en diversas
provincias, cuando es frecuente la doble contabilidad, al
estar registrada una misma persona en la localidad de su
ejecución y en la de su nacimiento. El investigador don
Martín Rubio ha echado por tierra esas cifras y, más
comedido, calcula en 60.000 las víctimas populistas y en
80.000 las de sus contrarios, cifras siempre aproximadas
y nunca del todo concluyentes (20).
La dificultad para establecer los datos precisos es muy
grande, pues las estadísticas demográficas dejan un
cierto margen de error, y el recuento caso por caso se
funda a menudo en rumores o testimonios dudosos. Además,
no son cifras bien comparables, porque la represión
frentepopulista sólo pudo afectar a algo más de la
mitad del país, en disminución según avanzaba la
guerra, mientras que la contraria se extendió por el
país entero, lo que significa menos víctimas relativas.
También resulta incomparable la represión de posguerra,
al verse los populistas imposibilitados de ejercerla.
Cabría presumir que tampoco la hubieran ejercido de ser
ellos vencedores, pero la presunción es más que
aventurada si tenemos en cuenta los precedentes, las
ideas de «limpieza» con que se planteó ya la
insurrección del 34, y la llamada permanente al odio,
mucho más masiva y tenaz que las ocasionales apelaciones
de Azaña y otros a la piedad y el perdón.
Al establecer las cifras se detecta otro fallo importante
en Víctimas, que pinta un cuadro, perfectamente irreal,
de básica armonía entre los republicanos, y dedica muy
escasa atención al terror desatado entre ellos mismos.
Ese terror dejó, sin embargo una trágica carga de
torturas y muertes, con frecuencia encubiertas con bajas
en el frente o en intentos de deserción. Por ejemplo, el
SIM (Servicio de Información Militar), fundado por
Prieto y dominado por los comunistas y un sector
socialista, destacó como una maquinaria especialmente
cruel y mortífera, según testimonios anarquistas y
socialistas. Véase, por contraste, cómo lo enfocan
Solé y Villarroya: El SIM «ha sido juzgado de forma
crítica incluso desde el propio sector republicano, pero
lo cierto es que logró desenmascarar y desarticular casi
todas las redes quintacolumnistas, o las dejó
semiparalizadas. Sus éxitos se deben a la incorporación
de técnicas rusas de contraespionaje, a la utilización
de elementos tecnológicos innovadores en su tiempo, a la
adecuada selección de personal policial y, quizá lo
más importante, al uso del terror. En conclusión,
técnica y terror al servicio judicial» (21).
Descripción eufemística y burocrática donde las haya,
en la línea, muy stalinista, de recalcar la eficacia.
Pero si diversos republicanos, juzgaron al SIM y «de
forma crítica», como dice también eufemísticamente,
no se debió a sus éxitos contra la quinta columna, sino
al uso de una extraordinaria brutalidad y provocación
contra otros frentepopulistas, de la que hay casos
significativos.
En fin, me inclino a creer básicamente correctos los
datos de Salas, aun considerándolos más inseguros de lo
que él los creyó. Pero sean cuales fueren los datos
precisos, sabemos con certeza que en una y otra zona el
terror fue masivo. Si resultase que uno de los bandos
hubiera asesinado poco y el otro mucho, ello sería un
poderoso argumento histórico, moral y político en favor
del menos sanguinario. pero tal cosa no ocurrió. De ahí
que sea escaso el valor historiográfico de esta carrera
por demostrar quién derramó más sangre, y
desproporcionada la energía que le han consagrado tantos
estudiosos. Lo cual sugiere que en esa pugna ha influido
menos el deseo de clarificar la historia que una
motivación de otra de índole: política y
propagandística. En contraste con los autores de
Víctimas, Salas, bien consciente de una realidad lo
bastante horrible, imposible de justificar con argumentos
morales o políticos, no utiliza sus cálculos para
disimular o justificar la represión nacional. Si alguna
lección extrae es una llamada a la reconciliación:
«Todos tenemos mucho de qué avergonzarnos y muy poco
que reprocharnos» (22) en su conclusión, con la que
nadie medianamente objetivo puede estar en desacuerdo.
Actitud muy distinta, como digo, de la de Santos Juliá y
sus compañeros, que justifican la represión
izquierdista al extremo de cargar su responsabilidad
sobre el bando contrario, en una retórica que quiere
mantener la llaga en carne viva.
Sean cuales fueren sus inexactitudes o errores, Pérdidas
de la guerra fue un trabajo científico y pionero,
mientras que Víctimas tiene un carácter diferente. Ello
se percibe desde el mismo lenguaje, sobrio, ponderado,
cuidadoso de los posibles fallos u objecciones a su
método, en el primer libro; apasionado en extremo, a
menudo panfletario en el segundo. Y no es que un
historiador deba ocultar su idignación ante sucesos
crueles o injustos, pero cabe dudar de la sinceridad del
sentimiento cuando el mismo se esfuma ante hechos
semejantes si los comete el bando con que el historiador
simpatiza.
Ya la portada de Víctimas busca un impacto político: un
grupo de prisioneros atados y humillados entre soldados
franquistas que les apuntan con fusiles. Ya la frase con
que empieza el libro: «¿Cómo fue posible tanta
crueldad, tanta muerte?», suena falsa en un historiador,
que por su oficio sabe que la crueldad y la muerte están
demasiado presentes en la historia de todos los países
como para afectar tan especial aflición en este caso.
Aunque el libro admite -no podría dejar de hacerlo sin
desacreditarse por completo-, la ola de sangre causada
por los republicanos, el relato de la crueldad y la
muerte se centra con total preferencia en los
franquistas, y lo hace con métodos típicos de la
propaganda: sus crímenes son expuestos con constantes
detalles personales y macabros, destinados a impresionar
al lector desprevenido. El método sería admisible si lo
aplicaran también a los crímenes contrarios, pero de
éstos se habla en un estilo impersonal y general, y en
un marco de esencial justificación.
El sectarismo llega al extremo de que las víctimas
republicanas reciben constante encomio, mientras las
otras llegan a ser tratadas con verdadero escarnio. Así,
Maeztu es «el intelectual de mayor prestigio que
pudieron pasear como mártir los franquistas». Cabe
destacar que las derechas en España han condenado el
asesinato de García Lorca y se han sumado a las
conmemoraciones del autor, mientras que nada parecido han
hecho las izquierdas con Maeztu o Muñoz Seca; todo lo
contrario. De Ledesma Ramos dice el libro: «el magro
pensamiento fascista español (el autor parece creer que
el pensamiento socialista o republicano era muy fértil)
andaba necesitado de mitos, de jóvenes fogosos caídos
por la Patria en la flor de sus vidas». Como si su
asesinato hubiera respondido a tal supuesta necesidad.
José Antonio resulta «el más insigne de los asesinados
por los rojos, el mártir de la Cruzada, el «ausente»
en cuyo honor se levantaron edificios, a la vez que se
designaba con su nombre cientos de calles, plazas y
escuelas». Y lo caracteriza como jefe del «partido que
mejor incorporó la violencia a su retórica y más la
practicó en la calle en la atmósfera cargada de la
España de los años treinta». «En el mes que siguió a
las elecciones (de febrero del 36) él y su partido
calentaron el ambiente, inyectándole buenas dosis de
violencia política». La conclusión lógica de un
lector que sólo tenga informes como los de este libro
será: ¿por qué no había entonces de ser ejecutado
José Antonio, y más en situación de guerra? Claro
está que los autores ocultan al lector dos datos
esenciales para que éste forme su juicio: que los
atentados falangistas, en 1934 y en 1936, no fueron de
iniciativa, sino de respuesta a los sufridos por la
Falange a manos de socialistas y comunistas; y que, lejos
de ser el partido más violento por entonces, fue
superado en mucho tanto por el PSOE como por la CNT.
Estos son hechos indudables que un historiador, si
pretende serlo en serio, no puede pasar por alto. Y
parece claro que los autores se suman disimuladamente al
«Espectacular (...) mofa carnavalesca de la parafernalia
eclesiástica». Aparte de lo extremdamente ofensivas que
eran para los creyentes esas mofas, los autores desdeñan
la enorme destrucción de libros y obras de arte
producida en los «espectáculos» de la
«parafernalia». Aunque atenuados, en esas frases se
perciben los ecos de la propaganda que creó el ambiente
político de 1934 a 1936 (23).
En la misma línea, las frases feroces de personajes
franquistas reciben constante atención, olvidando las
correspondientes del Frente Popular, que podrían llenar
muchas páginas. Frases, por lo demás, corrientes en
todas las guerras. En cambio son destacadas las llamadas
humanitarias de algunos populistas: «Hubo abundantes
voces que se alzaron desde el principio contra la
masacre, algo muy raro entre los cruzados del otro
bando». De hecho fueron muy poco abundantes, en
comparación con las prédicas del terror, y, como recoge
el citado Martín Rubio, tampoco faltaron las apelaciones
humanitarias entre los nacionales. Pero lo cierto es que
para 1936 las cosas habían llegado a tal extremo que
tales exhortaciones fueron escasas y poco atendidas en
los dos campos. A este respecto conviene poner en su
contexto el discurso de Azaña pidiendo paz, piedad y
perdón. Fue sin duda un noble ruego, que reverdeció su
popularidad entre la gente harta de la sangre y
sacrificios impuestos por la lucha, pero también llegaba
demasiado tarde: el 18 de julio del 38, cuando los suyos
encaraban un porvenir sombrío. Los que iban ganando la
guerra sólo podían considerar aquellas palabras como un
intento de distracción, y los que la iban perdiendo,
pero querían resistir para enlazar la guerra civil con
la guerra mundial, tenían que ver en la frase azañista
poco menos que una traición: «A los ocho días de
hablar de piedad y perdón me refriegan 58 muertos»,
clama aquél en sus diarios, refiriéndose a unos
fusilamientos en Montjuich (24).
Abundan en el libro errores y omisiones como los citados
sobre José Antonio. Así, «el intenso anticlericalismo
del primer bienio republicano y de la primavera de 1936
nunca había sido acompañado de actos de violencia».
¿Cómo llamar entonces a la quema de templos,
bibliotecas, escuelas y laboratorios y obras de arte, a
las agresiones a clérigos o sucesos como el de los
«caramelos envenenados»? El golpe de Primo, en 1923,
aparece como la «primera lección que los españoles del
siglo XX recibían acerca de la legitimidad del recurso a
la violencia y a las armas para derribar un Gobierno y
alcanzar el poder y cambiar de hecho un régimen
político» ¿Debemos creer que la huelga revolucionaria
de 1917, seis años antes, no tenía esos objetivos ni
recurrió a la violencia? «El exilio de 400.000
personas, la mayoría catalanas (...) marcará
generaciones», provocando un «vacío cultural y
social». Pero los estudios de J. Rubio muestran que el
grueso de esos exiliados (más de dos tercios), regresó
a España antes de un año, y otros siguieron luego en un
goteo permanente. Contradiciéndose, el mismo Víctimas
suma, entre Francia y América, unos 160.000 exiliados
para 1949. La vasta mayoría de los catalanes huidos
volvieron enseguida, no siendo su presencia en el exilio
más significativa que la de otros españoles; y el
«vacío social y cultural» fue mucho menor de lo que da
a entender el libro. También, a juicio de Solé y
Villarroya, el SIM era cosa de «Madrid», aunque fue
montado desde Valencia y Barcelona: «policía novel,
conversa de nuevo cuño al comunismo estalinista, fuera
de Madrid no entendía la compleja vida sociopolítica de
la sociedad catalana». Esa «incomprensión», como la
llaman eufemísticamente, se manifestó en forma general,
y no sólo en la «compleja» sociedad catalana, tan
incomprensible, según la ingenua vanidad de Solé y
Villarroya, para el «madrileño» SIM. Para dichos
autores, los franquistas practicaron una «represión
general sobre Cataluña, considerada el baluarte de la
República», aunque lo cierto es que la represión no
afectó a Cataluña en mayor medida que a otras regiones.
Choca además, en unos historiadores, el anacronismo del
«baluarte de la República», consigna en desuso desde
octubre de 1934. Audaz, a la vista de lo ocurrido,
resulta su presunción de que la sociedad catalana «era
la más entregada al espíritu republicano, por su
talante liberal». La Esquerra catalana fue probablemente
el más exaltado de los partidos republicanos, y ya en
1934 organizó la insurrección y la guerra civil con
propósitos que nada tenían de liberales. En la misma
línea se atribuye al régimen de Franco una «voluntad
de desindustrializar Cataluña para empobrecerla»,
cuando la indiscutible realidad histórica, al margen de
cualquier propaganda, es que la industria catalana fue
protegida durante la era de Franco y prosperó como nunca
antes. F. Moreno pasa buenamente por alto los sucesos de
España desde 1934 y los de julio del 36: «Han caído
ya, con la victoria militar, las instituciones
democráticas». O descubre que «La violencia fue un
elemento estructural del franquismo»: lo es de todos los
regímenes políticos. Etc. (25).
Estos errores tienen traza de no ser involuntarios y van
más allá de los inevitables yerros de detalle que se
cuelan en cualquier libro de historia. Su sentido
coincide con el de otras apreciaciones repetidas
machaconamente. El terror «fue una parte integral del
glorioso Movimiento Nacional, de su asalto a la
República y de la conquista gradual del poder, palmo a
palmo, masacre tras masacre, batalla tras batalla». «La
represión y el terror (...) no eran algo episódico,
sino el pilar central del nuevo Estado, una especie de
principio fundamental del Movimiento». «A las personas
de izquierda, a los vencidos, que anhelaban reconstruir
sus vidas, se les negó por completo tal derecho, se les
condenó a la humillación y a la marginación (social,
económica, laboral). El franquismo les negó la
consideración de personas». «Se puede afirmar que
Franco convirtió a Madrid en un gran presidio». «El
fenómeno de la tortura fue masivo y generalizado», etc.
Estas frases son de Moreno, cuyo lenguaje, panfletario
sin disimulo, sigue la tónica de sus estudios sobre la
represión en Córdoba, según los cuales la política
franquista fue «de exterminio», de «exterminio de
clase», con una represión, además, «muy diferente de
la represión republicana», en el sentido que ya vimos
en Solé y Villarroya. «Las declaraciones de Franco y de
sus generales no disimularon nunca su propósito de
exterminio», mientras que, asegura osadamente, entre los
dirigentes republicanos «jamás se escucharon las
rotundas llamadas a la violencia que realizaron, en
cambio, los principales militares del franquismo».
«Cárceles, torturas y muerte, lejos de disminuir al
término de la guerra, se incrementaron al máximo».
«Por todas partes se humilla a la gente sencilla», y
especialmente, dice él, a las mujeres. S. Juliá tampoco
se queda corto: durante años, «el fusilamiento de los
derrotados continuó siendo un fin en sí mismo (...).
Los enemigos sólo gozaban de un destino seguro: el
exilio o la muerte» (26).
Esta retórica recuerda a la de la campaña de 1935 sobre
la represión en Asturias, falsa en un porcentaje
elevadísimo, pero que forjó el espíritu del terror de
1936. Y, desde luego, desafía a la experiencia y a la
estadística. Aunque hubo una dura represión en los
primeros años de posguerra, en la que debieron caer
responsables de crímenes junto con inocentes, ni de
lejos existió tal exterminio, de clase o no de clase. La
inmensa mayoría de quienes lucharon a favor del Frente
Popular (1.750.000 hombres, en principio), de quienes lo
votaron en las elecciones (4.600.000) o vivieron en su
zona (14 millones), no fueron fusilados ni se exiliaron;
se reintegraron pronto en la sociedad y rehicieron sus
vidas, dentro de las penurias que en aquellos años
afectaron a casi todos los españoles. Esto es tan obvio
que resulta increíble leer a estas alturas semejantes
diatribas, quizá pensadas para «envenenar», en
expresión de Besteiro, a jóvenes que no vivieron la
guerra ni el franquismo.
Ello no impide que el libro proclame nobles y enjundiosos
objetivos: que «el dolor de tantas y tantas víctimas
anónimas del odio más irracional no sea inútil y,
establecida la verdad tras el necesario debate, la guerra
civil se incorpore definitivamente a nuestra historia»
(27). No es nada seguro que los apasionados enfoques y
desenfoques vistos cumplan tan loable propósito; ni cabe
tomar muy en serio su propósito de «establecer la
verdad», y mucho menos la reconciliación, a la que
también dicen aspirar los autores. Queda la impresión
de que esta obra, al contrario que la de Salas, entra en
la categoría de propaganda con un punto de vista
político muy definido, y no en la de la investigación
histórica.
Para establecer la verdad en lo posible, unas
conclusiones como las del historiador José García
Escudero parecen más a propósito: ambas zonas sufrieron
represión oficial e incontrolada, en las dos se alzaron
peticiones de humanidad y clemencia, y las dos llegaron a
superar las manifestaciones más brutales del terror, sin
acabar del todo con él. La pesadumbre producida por este
fenómeno en la conciencia española sólo puede quedar
mitigada por el testimonio de la dignidad y el valor que
en general demostraron las víctimas, y no por un
grotesco pugilato en torno a cuál de los bandos vertió
más sangre (28).
Siendo la causa del terror la tensión y odios
ideológicos típicos de la época, España no podía ser
un caso aislado. Francia e Italia, por ejemplo, sufrieron
en 1943-45 y dentro de la guerra mundial, una especie de
contienda civil. R. Salas calcula, analizando las
estadísticas oficiales de mortalidad, que en esos años
la represión y los ajustes de cuentas se llevaron por
delante a 87.000 franceses y a 67.000 italianos. Teniendo
en cuenta que la guerra civil en esos dos países fue
mucho menos intensa y prolongada que en España, sus
cifras de la represión superan proporcionalmente a las
españolas. Recientemente, el periodista norteamericano
Herbert Lottman, estudiando la depuración realizada en
Francia en los últimos tiempos de la guerra mundial,
estima en 10.000 el número de los homicidios y
ejecuciones, cometidos por los franceses antinazis.
Sumados a los 60.000 en que De Gaulle cifraba los
cometidos por los alemanes y colaboradores, da un total
cercano al de Salas, aunque parece muy improbable que la
proporción fuera realmente de 6 a 1. Otro aspecto de la
depuración fue la humillación de miles de mujeres
acusadas de «colaboración horizontal» con los alemanes
(29).
Una vez más comprobamos que los sucesos de España, con
todas sus peculiaridades, no se entienden si no son
enmarcados en los que caracterizaron aquella época en el
mundo, y especialmente en Europa.
Notas
1 Salas
Larrazábal, R.: Los datos exactos de la guerra civil,
Madrid, Drácena, 1980, p. 310.
2 Durante la batalla de Madrid, «Franco ordenó un
ensayo de actuación desmoralizadora de la población
mediante bombardeos aéreos», desistiendo a los diez
días, según el jefe de la aviación nacional,
Kindelán. En todo noviembre los bombardeos causaron en
Madrid 312 muertos. Ejemplos de partes populistas: «La
aviación y el intenso fuego de artillería sobre la
ciudad de Oviedo aumenta por horas la desmoralización de
los sitiados y de la población civil» (5-9-36). «En
las primeras horas de la mañana se ha iniciado un
terrible fuego sobre Oviedo (...), cuyos efectos pueden
apreciarse a simple vista» (8-9-36). «La aviación
republicana ha bombardeado Córdoba y Granada» (12-9). Y
así otros muchos, incluyendo Teruel, Huesca, etc.
Constan, por el bando contrario, una instrucción de
6-1-37: «Cuando se bombardeen objetivos militares en las
poblaciones o próximos a ellas, se cuidará de la
precisión del tiro con objeto de evitar víctimas en la
población no combatiente». De 10-5-37 es este
telegrama: «Por indicación del Generalísimo (...) no
deberá ser bombardeada ninguna población abierta y sin
tropas o industrias militares, sin orden expresa del
Generalísimo o del General Jefe del Aire». Otra
instrucción del 28-3-38: «En lo sucesivo (...) no se
efectuarán bombardeos del casco urbano de poblaciones
sin una orden expresa de la Jefatura del Aire». La
reiteración de la orden obedece a los bombardeos de
Guernica, en abril de 1937, y de Barcelona, en marzo del
38, realizados por alemanes e italianos, al margen de las
instrucciones del mando franqista, que corrigió tales
hechos. Salas Larrazábal, R.: Historia del Ejército
Popular de la República, I, Madrid, Editora Nacional,
1973, p. 624-5. J. Salas: Guernica, p. 236 y ss; 324 y
ss.
3 Salas Larrazábal, R.: Historia del Ejército
Popular de la República, I, Madrid, Editora Nacional,
1973, p. 624-5. Salas, J.: Guernica, p. 236 y ss.; 324 y
ss. No obstante, algunos historiadores pasan
arbitrariamente por alto la investigación de Salas y
ofrecen datos sin base alguna, como el de 1.600 muertos
que da Avilés Farré todavía en 1996. No hubo, como
afirmó la propaganda, el propósito de destruir los
edificios simbólicos de la tradición vasca, que ni
fueron atacados ni sufrieron daños, pese a haber situado
el PNV cuarteles en sus cercanías. Al principio, la
prensa vizcaína se abstuvo de reproducir las
exageraciones difundidas en Inglaterra y Estados Unidos,
hasta que el gobierno de Aguirre comprendió su utilidad
propagandística. La estudiosa P. Aguilar recoge sin
crítica y olvidando a Salas, la versión de que el
bombardeo trataba de destruir los símbos de las
libertades vascas y tuvo que ver con la crueldad de
Franco. ¿En qué grado de crueldad clasificaría para
ser coherente, a Churchill, Roosevelt o Truman? Los
franquistas achacaron el incendio de Guernica a los
propios populistas, falsedad que apenas fue creida,
aunque se apoyaba en los precedentes de Irún y Eibar,
donde los populistas en retirada sí provocaron vastos
incendios. A. Viñas ha hecho consideraciones muy
elaboradas sobre la responsabilidad que pudo caber en el
bombardeo a las autoridades franquistas—que no lo
habían autorizado—, pero olvida mencionar la cifra
de víctimas, aunque conoce el estudio de Salas, a quien
cita secundariamente. La indignación de Viñas no se
extiende, lamentablemente, a las responsabilidades por
los bombardeos de Oviedo y Huesca.
4 J. Salas Larrazábal, J.: Guernica, Madrid, Rialp,
1987, pp. 163 y ss.; 263 y ss. Avilés Farré, J.: Las
grandes potencias ante la guerra de España, Madrid,
Arco, 199, p. 40. Viñas, A.: Guerra, dinero y dictadura,
Barcelona, Crítica, 1984, p. 98 y ss.
5 Según muestra A. D. Martín Rubio, las noticias
iniciales sobre la matanza no son fiables, y la cifra
habitual, de en torno a 1.200 víctimas, menos aún: las
inscripciones de muertes atribuibles a la represión
correspondientes a agosto de 1936 son 172, y 493 hasta
diciembre. Ello indica la dureza represiva, pero no
autoriza la idea de una carnicería indiscriminada. La
versión de tal carnicería fue difundida especialmente
por el periodista norteamericano Jay Allen, incondicional
del Frente Popular, ausente de la ciudad en aquellos
días y que inventó los detalles más escabrosos. La
sensibilidad de Allen por la matanza que no presenció,
desaparecería ante las que sí pudo comprobar en el
bando de sus preferencias. Ricardo de la Cierva sugiere,
razonablemente, que el reportaje de Allen fue elaborado
para contrarrestar la impresión mundial causada por la
matanza de presos de la cárcel Modelo madrileña.
MartÍn Rubio, A. D.: Salvar la memoria, Badajoz, 1999,
p´. 140 y ss. De la Cierva, R.: Historia esencial de la
guerra española, Madrid, Fénix, 1996, p. 224-6.
6 Cito el dato indirectamente, de una recensión del
libro en el número 49 de Razón Española, de
septiembre-octubre de 1991. The economist del 17 al 23 de
julio de 1999 reseñaba otro libro, An intimate history
of killing, por Joanna Bourke, en el que habla de las
«orgías de violaciones y asesinatos» practicadas por
tropas norteamericanas en Alemania. Como es sabido, la
propaganda soviética llegó a incitar a sus soldados a
matar alemanes y violar a sus mujeres (se ha dicho que
los rusos las violaban y los norteamericanos las
prostituían). La actitud rusa, con todo, resulta en
cierto modo más explicable, dados los extraordinarios
sufrimientos ocasionados en Rusia por los nazis
7 El Liberal, Bilbao, 14-7-1936.
8 Salas, R.: Los fusilados en Navarra en la guerra civil
de 1936, Madrid, 1983, p.13. Vidarte, J. S.: Todos fuimos
culpables, Barcelona, Grijalbo, 1978, p. 418. Jackson,
G., en R. Salas: Pérdidas de la guerra, Barcelona,
Planeta, 1977, p. 116 y ss. Tamames, R.: La República.
La era de Franco, Madrid, Alianza, 1977, p. 323.
9 El historiador marxista Pierre Vilar desconfía de los
testimonios orales: «Tres aragoneses me brindaron
respectivamente, como balence de las ejecuciones en
Zaragoza, tres fusilados, 10.0000 víctimas, ¡por lo
menos 30.000 (!)». No obstante, este pésimo método es
aplicado con frecuencia. Tengo experiencia sobre el
influjo de la propaganda en la memoria de muchos
testigos. En una conferencia que di en el Ateneo
madrileño acerca de la batalla de Madrid, al citar la
presencia de tanques y aviones rusos, dos de los
presentes se levantaron airados asegurando que no había
habido tal cosa, pues los republicanos apenas disponían
de unos pocos fusiles. ¡Ellos habían vivido aquellas
jornadas y podían dar fe! También han sido típicas de
años recientes las personas, que sin haber movido un
dedo contra el franquismo, «recordaban» de pronto
hazañas que habrían protagonizado en manifestaciones
estudiantiles, etc. La memoria engaña a menudo, incluso
sin intención.Vilar, P.: La guerra civil española,
Barcelona, Crítica, 1986, p. 151.
10 En 1964, Jesús Salas, hermano del anterior, hizo una
investigación de la sobremortalidad masculina, mediante
análisis comparativos de los decenios 1930-40 y 1940-50.
Puesto que las víctimas femeninas directas de la guerra
fueron escasas, debía obtenerse así una buena
aproximación al total de muertos. El resultado coincide
grosso modo con los datos más precisos de su hermano
Ramón: un cuarto de millón de víctimas varones. De
ellos, J. Salas estima en 165.000 los caídos en combate
y 85.000 los represaliados. La semejanza de las cifras
logradas con métodos distintos es un indicio a favor de
la corrección de ambos. En Salas, R.: Pérdidas,
p.139-40.
11 Se ha aducido que muchas víctimas de la represión
franquista están registradas con causas de muerte
ficticias, como en el caso de García Lorca, cuya
defunción atribuye el registro a «hecho de guerra».
También se cita el caso de 150 ejecutados por los
populistas y fallecidos oficialmente por «anemia
aguda». Según Salas, esta crítica nace de un
desconocimiento de las reglas registrales, que exponen
las causas clínicas de la muerte, y no las
circunstancias de ella, por ley de 1870, cuyo objeto es
salvaguardar la intimidad y el honor de los individuos.
Esa regla obliga a un esfuerzo de interpretación de los
registros, que Salas considera casi siempre factible.
También se ha dicho que la mayoría de las víctimas del
franquismo no se habrían inscrito nunca, por temer
represalias sus familiares. Salas descarta esta crítica
señalando las facilidades registrales ofrecids años
después de la contienda, cuando ya no eran de temer
represalias, y que fueron aprovechadas por numerosas
personas. Además, el historiador hizo un estudio
especial sobre Navarra, donde, según él, los nacionales
habían fusilado a algo menos de un millar de personas,
que multiplicaban por quince los historiadores
nacionalistas próximos a ETA, y por ocho o nueve los del
PNV, cifra esta última acogida sin crítica por
historiadores más serios. Otros se han visto obligados a
multiplicarla, finalmente, «sólo» por tres. La
investigación de Salas ratificó sus cifras originales,
con pequeñas correcciones. Sin embargo, algo de razón
hay en esta crítica, pues tras la muerte de Franco se
produjeron nuevas inscripciones, aunque ni de lejos la
riada de ellas que suponían los adversarios de Salas.
12 «Resultaba descorazonador que quienes acogían con fe
de carbonero las cifras aireadas por el rumor, el rencor
o el revanchismo, fueran tan puntillososo a la hora de
enjuiciar un trabajo con firme apoyatura documental y
rigor científico», lamenta Salas. Este historiador,
indudablemente uno de los mejores entre los que han
tratado la guerra, simplemente «no existe» en muchos
ámbitos universitarios. La revista barcelonesa Destino,
que pasaba por imparcial y seria, le impidió contestar
en igualdad de condiciones al escritor Carlos Rojas, que
en un artículo le atacaba desvirtudando sus argumentos.
Salas, R: Los fusilados, p.19-20 y 17.
13 JuliÁ, S. y otros: Víctimas de la guerra, Madrid,
Alianza, 1999, p. 68
14 La actitud de euforia, o al menos despreocupación por
estas cosas estaba muy extendida entre los dirigentes.
Cuenta Vidarte: «Cuando le dije (a Companys) que hacía
el viaje acompañando a un fraile, soltó la carcajada.
«De esos ejemplares, aquí no quedan». Araquistáin,
L.: Sobre la guerra civil y en la emigración, edic. de
J. Tusell, Madrid, Austral, 1983, p. 22. Vidarte, J. S.:
Todos fuimos, p. 503.
15 En MartÍn Rubio, A. D.: Paz, piedad, perdón... y
verdad, Madrid, Fénix, 1997, p. 71.
16 Y tampoco los revolucionarios defendían avances
sociales y políticos o una sociedad «más libre y más
justa», como afirman dichos estudiosos en contra de una
abrumadora experiencia histórica. En los países en que
triunfaron los correligionarios de los frentepopulistas
españoles, la población perdió cualquier libertad y
derecho, sometida al poder omnímodo de una minoría
burocrática dueña de un estado policial. Que España
fuera «uno de los países con más injusticia social de
Europa» es aserto muy discutible, pero de lo que no hay
duda es de que el remedio propuesto por los
revolucionarios era mucho peor que la enfermedad, si de
libertad, justicia y riqueza hablamos. Solé y Villarroya
tienen derecho a preferir remedios tales, pero quizá no
tanto a invocar en su beneficio la libertad y la
justicia.
17 Cervera, J.: Madrid en la guerra. La ciudad
clandestina, 1936-1939, Madrid, Alianza, 1998, p. 62 y
ss.
18 JuliÁ, S.: Víctimas, p.14.
19 JuliÁ, S.: p. 60-1 y 21.
20 Martín Rubio considera, no obstante, más alta la
tasa de la represión populista, al no haberse podido
ejercer ésta más que sobre la mitad del país.Juliá,
S.: p. 410. Salas, R.: Pérdidas, p. 362 y 371. Martín
Rubio, A. D.: Paz, p. 371-5.
21 JuliÁ, S. Víctimas, p. 244.
22 Salas, R. Pérdidas, p. 442.
23 JuliÁ, S. Víctimas, p. 133, 142-3 y 154.
24 Según la propaganda, los gobiernos populistas
trataron de evitar los crímenes de los incontrolados, en
otros momentos identificados con el pueblo. Así lo
decía Vidarte a un periodista francés, a quien
informaba de la siguiente manera, recogida en el
capítulo «Desvaneciendo falsedades»: «En un solo
año, el Tribunal de la Inquisición de Toledo pronunció
más de 3.000 condenas, la mayoría a muerte», a lo que
comenta el francés: «Y todavía les preocupa a ustedes
el que se destruya una iglesia de más o de menos?»
«Nos preocupa la protección de nuestro tesoro
artístico. Las iglesias pertenecen a la nación y es
deber nuestro el conservarlas». Vidarte hablaba en
agosto de 1936, cuando desde mucho antes de julio se
venía destrozando «nuestro tesoro artístico» entre la
indiferencia o complicidad de los gobiernos. No vale más
el dato sobre las muertes de la Inquisición, la cual,
como se sabe, hizo ejecutar a un millar de personas en
tres siglos. A ese respecto no hay duda de que fue una
institución muy atrasada, por decir así, en
comparación con las modernas policías políticas de las
dictaduras de izquierdas o de derechas, capaces de
superar esa cifra en cuestión de meses. Ibid.: p. 121.
Martín, A. D.: Paz, p. 449 y ss. Azaña, M.: Memorias de
guerra, Barcelona, Grijalbo, 1978, p. 400. JuliÁ, S.:
Víctimas, 159, 227-8, 290, 303 y 27. Moreno, F.:
Córdoba en la posguerra. La represion y el maquis.
Madrid, 1987, p. 18 y ss.
25 JuliÁ, S. Víctimas, pp. 156, 14, 238, 256, 226, 238
y 277. En Salas, R.: Pérdidas, p. 82 y ss.
26 JuliÁ, S. Víctimas, 159, 227-8, 290, 303 y 27.
Moreno, F.: Córdoba en la posguerra. La represión y el
maquis. Madrid, 1987, p. 18 y ss.
27 JuliÁ, S.: Víctimas, contraportada.
28 GarcÍa Escudero, J. M.: Historia política de las dos
Españas, Madrid, Editora Nacional, 1976.
29 Salas, R.: Pérdidas, p. 433 y ss. Lotman, H.: La
depuración, Barcelona. Tusquets, 1998, p. 466 y ss.
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